Procedimiento : 2018/2849(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0389/2018

Textos presentados :

B8-0389/2018

Debates :

Votaciones :

PV 13/09/2018 - 10.9

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0351

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 375kWORD 52k
Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.098v01-00
 
B8-0389/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la amenaza de demolición de Jan al-Ahmar y otros poblados beduinos  (2018/2849(RSP))


Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre la amenaza de demolición de Jan al‑Ahmar y otros poblados beduinos  (2018/2849(RSP))  
B8‑0389/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación de Israel y Palestina,

–  Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, sobre los últimos acontecimientos en relación con la comunidad palestina de Jan al-Ahmar, en particular los del 18 de julio y 7 de septiembre de 2018,

–  Visto el Cuarto Convenio de Ginebra, en particular sus artículos 49 y 53,

–  Vistas la Resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Resoluciones 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980), 1860 (2009) y 2334 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

–  Vista la Resolución 67/19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

–  Vistas las Convenciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, de las que Israel y Palestina son Estados Partes, incluidos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), que Israel ha firmado,

–  Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas titulada «Asegurar la rendición de cuentas y la justicia por todas las vulneraciones del derecho internacional en el Territorio Palestino Ocupado», aprobada el 3 de julio de 2015 con el apoyo unánime de la Unión,

–  Vista la Carta de las Naciones Unidas,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Visto el Acuerdo de Asociación UE-Israel, y, en particular, su artículo 2,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, 51 años después de la guerra de 1967, Israel sigue ocupando Palestina, en violación del Derecho internacional y de todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que el Estado de Palestina, con las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como su capital, aún está pendiente de convertirse en miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, de conformidad con la Resolución de 1948 de las Naciones Unidas;

B.  Considerando que el Parlamento ha manifestado reiteradamente su firme apoyo a la solución de dos Estados, el Estado de Israel y un Estado palestino independiente, soberano, libre, contiguo y viable, con Jerusalén Este como su capital y con las fronteras de 1967, conviviendo en paz;

C.  Considerando que, con arreglo al Derecho internacional, los asentamientos israelíes son ilegales y constituyen un obstáculo de primera magnitud para los esfuerzos de paz, y lo llevan siendo muchos años; que las políticas de ocupación y colonización del Gobierno israelí violan el Cuarto Convenio de Ginebra y están mermando aún más y conduciendo a la total destrucción de las perspectivas de una solución de dos Estados, como establecen todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas así como las conclusiones relevantes del Consejo de la Unión;

D.  Considerando que Jan al-Ahmar es una de los dieciocho comunidades beduinas que las Naciones Unidas consideran que están en peligro de traslado forzoso; que esta comunidad está compuesta por 32 familias, que suman 173 personas, incluidos 93 niños y adolescentes; que el ejército israelí ha emitido órdenes de demolición contra todas y cada una de las estructuras de Jan al-Ahmar, incluidas la escuela (a la que asisten también niños de otras comunidades), la clínica, la mezquita y todas las viviendas; que la Unión ha prestado ayuda humanitaria a Jan al-Ahmar, pero que el ejército israelí ha destruido edificios construidos con la ayuda de la Unión y se ha negado a pagar indemnizaciones; que diversos Estados miembros (Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido) instaron a Israel a no demoler el poblado beduino de Jan al-Ahmar en la Cisjordania ocupada después de que el Tribunal Supremo de Israel diera vía libre a su demolición;

E.  Considerando que Jan al Ahmar se encuentra en la entrada oriental de Jerusalén, entre diversos asentamientos israelíes, en una zona estratégica en lo referente a la contigüidad territorial y el desarrollo económico del Estado de Palestina; que la población de Palestina se enfrenta a flagrantes violaciones de sus derechos, incluidos la violencia de los colonos, la desviación del agua, graves restricciones a la libre circulación, la demolición de viviendas y desalojos forzados; que el traslado forzoso de residentes de un territorio ocupado constituye una grave violación del Derecho internacional humanitario y un crimen de guerra; que, desde 1967, Israel ha expulsado y desplazado por la fuerza a comunidades enteras, así como demolido más de 50 000 viviendas y estructuras palestinas; que la política de planificación se utiliza como medio para expulsar a los palestinos y expandir las actividades de los asentamientos coloniales;

F.  Considerando que, de conformidad con el Derecho internacional, toda tercera parte, incluidos los Estados miembros de la Unión, tiene la obligación de no reconocer, ayudar o apoyar los asentamientos, así como de oponerse efectivamente a ellos; que se siguen importando productos procedentes de los asentamientos israelíes a los Estados miembros de la Unión y, por tanto, al mercado europeo en el marco de acuerdos de trato preferencial, pese al hecho de que la legislación actual de la Unión no permite la importación de dichos productos en el marco del régimen preferencial del Acuerdo de Asociación UE-Israel; que el comercio con los asentamientos israelíes, incluida la participación de empresas extranjeras en las actividades de los asentamientos coloniales, constituye un incentivo para la colonización del territorio ocupado;

G.  Considerando que el Acuerdo de Asociación UE-Israel, y en particular su artículo 2, establece que «las relaciones entre las Partes […] se fundamentan en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, que inspira sus políticas interiores y exteriores y constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo»;

1.  Pide que se ponga fin a los 51 años de ocupación israelí de Palestina, incluida Jerusalén Este, allanando de ese modo el camino a la paz;

2.  Considera que un acuerdo sobre un estatuto definitivo entre Israel y Palestina que aplique el Derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas aportaría una importante contribución a la paz y la estabilidad de toda la región;

3.  Recuerda que Israel, como potencia ocupante, es plenamente responsable de la prestación de los servicios necesarios —educación, asistencia sanitaria y social— a las personas que viven bajo su ocupación;

4.  Lamenta la reciente decisión del Tribunal Supremo de Israel de rechazar los recursos contra la demolición del poblado de Jan Al-Ahmar, lo que socava gravemente aún más las perspectivas de una solución viable de dos Estados;

5.  Condena firmemente la implantación de asentamientos coloniales por parte de Israel y su continua expansión, que viola el Derecho internacional y alimenta el resentimiento palestino;

6.  Subraya que, de conformidad con el Derecho internacional humanitario, la demolición de estructuras, incluidas viviendas, escuelas y otras infraestructuras vitales en el territorio palestino ocupado, es ilegal; reitera el llamamiento realizado por el secretario general de las Naciones Unidas sobre la necesidad de que rindan cuentas quienes violan el Derecho internacional humanitario;

7.  Recuerda que la diferenciación desincentiva la ocupación ilegal por parte de Israel y reafirma la base territorial de una solución de dos Estados con las fronteras de 1967; pide a la Unión que garantice que todos los acuerdos entre la Unión e Israel indiquen de forma explícita e inequívoca su inaplicabilidad a los territorios ocupados por Israel en 1967, como se reiteró en las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores; pide la correcta aplicación, en el mercado de la Unión, del etiquetado de los productos procedentes de los asentamientos israelíes, con arreglo a la vigente legislación de la Unión y a la política que esta viene aplicando desde hace tiempo al respecto; opina que esto debe llevar a la prohibición de los productos procedentes de los asentamientos israelíes, dado que constituyen una flagrante violación del Derecho internacional humanitario; pide al mismo tiempo a la Unión que adopte medidas sobre la base de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos por lo que respecta a las empresas europeas que participan en las actividades de los asentamientos coloniales ilegales israelíes, también en Jerusalén Este y alrededores, como ocurre en el caso de Jan Al-Ahmar;

8.  Insta a las Naciones Unidas a que asuman su responsabilidad y adopten medidas concretas con respecto a la ocupación israelí de Palestina, con objeto de salvar las perspectivas de paz sobre la base de la solución de dos Estados, y a que se conviertan en un auténtico actor político y facilitador en el proceso de paz de Oriente Medio;

9.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la Unión para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas, a la Knesset, al Consejo Legislativo Palestino, al presidente y al Gobierno del Estado de Palestina, al presidente y al Gobierno de Israel, al secretario general de la Liga de los Estados Árabes, al secretario general de la Unión por el Mediterráneo y al comisario general del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas.

Última actualización: 13 de septiembre de 2018Aviso jurídico