Procedimiento : 2018/2853(RSP)
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B8-0450/2018

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P8_TA(2018)0383

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.128v01-00
 
B8-0450/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la situación en Yemen (2018/2853(RSP))


Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Yemen (2018/2853(RSP))  
B8-0450/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las Resoluciones sobre Yemen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

–  Vista la declaración del enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para Yemen, de 6 de septiembre de 2018,

–  Visto el informe, de 28 de agosto de 2018, del presidente del Grupo de expertos eminentes regionales e internacionales de las Naciones Unidas sobre Yemen, Kamal Yandubi, sobre la situación de los derechos humanos en Yemen, dirigido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de junio de 2018, sobre Yemen,

–  Vista la declaración conjunta, de 4 de agosto de 2018, de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y el comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, sobre los ataques aéreos en Al-Hudaida,

–  Vista la declaración del director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, de 19 de septiembre de 2018,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Yemen, en particular las de los días 9 de julio de 2015(1), 25 de febrero de 2016(2), 15 de junio de 2017(3) y 30 de noviembre de 2017(4),

–  Vista su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre el uso de drones armados(5),

–  Vistos la Carta de las Naciones Unidas y los principios del Derecho internacional humanitario,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el prolongado enfrentamiento entre los rebeldes hutíes y el Gobierno yemení ha entrado en su cuarto año, ha empujado al país a una gravísima crisis humanitaria y amenaza con precipitarlo en una guerra interminable;

B.  Considerando que, desde marzo de 2017, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas considera que Yemen es el escenario de la mayor crisis humanitaria del mundo; que, de una población de 29,3 millones de habitantes, necesitan ayuda humanitaria 22,2 millones, de los cuales 11,3 millones necesitan ayuda urgente en todos los ámbitos, incluidas la atención sanitaria, la alimentación, las instalaciones sanitarias y el agua, la vivienda y la protección;

C.  Considerando que, de marzo de 2015 a junio de 2018, el Grupo de expertos eminentes sobre Yemen comunicó al menos 16 706 víctimas civiles en el conflicto, con 6 475 muertos y 10 231 heridos; que la cifra real será probablemente muy superior, más de 55 000 según las estimaciones de las Naciones Unidas;

D.  Considerando que la coalición encabezada por Arabia Saudí (que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, e incluye a los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Senegal, Jordania, Egipto, Marruecos y Sudán) ha sido la principal responsable de la muerte de civiles yemeníes desde el inicio, el 26 de marzo de 2015, de la ofensiva aérea destinada a restablecer en el poder al presidente Abderrabuh Mansur al-Hadi; que esta coalición ha cometido graves violaciones del Derecho humanitario internacional que constituyen crímenes de guerra, entre los que figuran ataques a zonas residenciales, mercados, hospitales y escuelas que han provocado la muerte de miles de civiles, en su mayor parte mujeres y niños;

E.  Considerando que el 13 de junio de 2018 Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos lanzaron la operación «Victoria Dorada» con el objetivo de ocupar el puerto yemení de Al-Hudaida en el mar Rojo, que estaba ocupado por las fuerzas hutíes desde 2014; que Al-Hudaida es el puerto yemení más importante y el lugar por donde pasa hasta el 70 % de la ayuda alimentaria y humanitaria esencial que recibe el país; que, según las Naciones Unidas, desde principios de junio, han huido de la provincia de Al-Hudaida casi 470 000 personas;

F.  Considerando que, el 9 de agosto de 2018, un ataque aéreo perpetrado por la coalición liderada por Arabia Saudí alcanzó un autobús escolar en un mercado de la provincia septentrional de Sada, y causó numerosas víctimas, entre ellas, al menos cuarenta niños, la mayoría de ellos menores de diez años; que este ataque fue seguido dos semanas más tarde, el 24 de agosto de 2018, por un nuevo ataque de la coalición liderada por Arabia Saudí que causó la muerte a veintisiete civiles, la mayor parte niños, que huían de la violencia que asuela la ciudad meridional sitiada de Al-Hudaida;

G.  Considerando que, desde marzo de 2015, la coalición ha impuesto severas restricciones navales y aéreas, en mayor o menor medida, en Yemen; que antes del conflicto Yemen importaba casi el 90 % de sus alimentos, suministros médicos y combustibles; que estos bloqueos de hecho han tenido efectos generalizados y devastadores en la población civil; que, a pesar de su gran impacto en la población civil, es probable que estas restricciones no consigan sus objetivos militares declarados dada la ausencia de una lista clara y pública de artículos prohibidos; que en los tres años en que han estado en vigor las restricciones navales, ni el mecanismo de verificación e inspección de las Naciones Unidas ni las fuerzas de la coalición han descubierto armas;

H.  Considerando que más de 2 millones de personas son desplazados internos; que Yemen es ahora el escenario de la mayor crisis de seguridad alimentaria del mundo; que más de 17,8 millones de personas precisan ayuda alimentaria, y 8,4 millones se encuentran al borde de la hambruna; que las estructuras sanitarias no funcionan, el agua limpia es menos accesible y Yemen sigue sufriendo el mayor brote de cólera de la historia reciente;

I.  Considerando que el enviado especial de las Naciones Unidas a Yemen visitó Saná el 16 de septiembre de 2018, para retomar las conversaciones de paz y las medidas de fomento de la confianza, como la reapertura total del aeropuerto de Saná a los vuelos comerciales y de pasajeros y el pago, y el pago por el Gobierno de los salarios de los funcionarios en todas las regiones de Yemen; que las conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas han fracasado hasta ahora y la solución política al conflicto parece lejana;

J.  Considerando que se han notificado violaciones generalizadas cometidas por los rebeldes hutíes, entre ellas el uso de minas terrestres; que también se han producido casos de ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas progubernamentales y los partidos y grupos armados aliados; que las partes yemeníes en el conflicto son responsables del bombardeo indiscriminado de civiles y de instalaciones civiles, y de la denegación de acceso humanitario, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas;

K.  Considerando que el Grupo de expertos eminentes sobre Yemen ha recibido importante información que señala que el Gobierno, las fuerzas respaldadas por la coalición y las fuerzas hutíes de Saleh cuentan todos ellos con niños movilizados o alistados en las fuerzas armadas o en grupos que los utilizan para participar activamente en las hostilidades; que al menos 1,8 millones de niños han tenido que abandonar la escuela, además de los 1,6 millones que no estaban escolarizados antes de que comenzase el conflicto;

L.  Considerando que, en Yemen, las mujeres han sido tradicionalmente muy vulnerables a abusos como los matrimonios infantiles y la violencia, ya que la legislación del país no establece una edad mínima de consentimiento; que las mujeres tienen menos acceso que los hombres a la asistencia médica, el régimen de propiedad, la educación y la formación; que su situación ha empeorado con el conflicto y que se estima que 2,6 millones de mujeres y niñas corren el riesgo de ser víctimas de la violencia de género; que el número de matrimonios infantiles ha aumentado considerablemente en los dos últimos años; que un 30 % de los hogares de desplazados están gobernados por mujeres; que ya no se dispone de medicamentos para tratar numerosas enfermedades crónicas y que Yemen tiene una de las tasas de mortalidad materna más elevadas; que las mujeres embarazadas y lactantes que están malnutridas tienen una mayor probabilidad de contraer el cólera y corren un mayor riesgo de sufrir hemorragias, lo que aumenta considerablemente el riesgo de complicaciones y de fallecimiento durante el parto;

M.  Considerando que unos 280 000 refugiados, procedentes principalmente de Somalia, se encuentran en Yemen, el único país de la Península Arábiga que es signatario de la Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados; que dichos refugiados también necesitan protección debido al agravamiento del conflicto; que, según se informa, unos 30 600 somalíes ya han regresado a Somalia y que el ACNUR ha creado oficinas de ayuda al retorno;

N.  Considerando que el conflicto y la consiguiente falta de seguridad han permitido una expansión peligrosa de los grupos extremistas en el país; que Al-Qaeda de la Península Arábiga ha consolidado su presencia y el Dáesh ha continuado su campaña de ataques y asesinatos;

O.  Considerando que Yemen es uno de los países más pobres del mundo; que, antes de que comenzara la guerra, la mitad de la población yemení vivía ya por debajo del umbral de la pobreza, dos tercios de los jóvenes estaban desempleados y los servicios sociales básicos estaban al borde del colapso;

P.  Considerando que este conflicto se ha descrito como un conflicto entre chiitas y sunitas, en lo que constituye un intento de ocultar las verdaderas razones geopolíticas que lo motivan; que Arabia Saudí acusa a los rebeldes hutíes de recibir el apoyo de Irán y los considera una amenaza para su seguridad; que la complejidad del conflicto yemení presenta algunos de los elementos característicos de una guerra subsidiaria; que el conflicto ha fomentado la expansión de grupos afiliados al Dáesh en el país;

Q.  Considerando que la Unión y las Naciones Unidas han impuesto un embargo de armas a Yemen, y que la primera ha impuesto sanciones específicas a líderes hutíes; que el año pasado algunos países europeos, como Bélgica, Alemania, Noruega y Grecia, respondieron a la presión pública con la suspensión total o parcial de los envíos de armas a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, pero que muchos países, en particular el Reino Unido, Francia y España, han aumentado sus envíos de armas incumpliendo así el Tratado sobre el Comercio de Armas y la Posición Común del Consejo 2008/944/CSP de 8 de diciembre de 2008;

R.  Considerando que los Estados Unidos cuentan en Yemen con la base aérea militar de Al-Anad, cerca de la ciudad meridional de Huta; que el número de operaciones con drones letales y de matanzas extrajudiciales perpetradas por los Estados Unidos en Yemen desde 2002 ha aumentado de forma espectacular desde la toma de posesión del Gobierno Trump; que existen pruebas de que algunos Estados miembros como el Reino Unido, Italia y Alemania prestan apoyo directo e indirecto a estas operaciones letales mediante el suministro de información y otros tipos de ayuda operativa;

S.  Considerando que la situación geográfica de Yemen, en la embocadura del mar Rojo que conduce al canal de Suez y bordea el golfo de Adén, tiene una relevancia estratégica vinculada a importantes rutas marítimas y recursos energéticos;

1.  Condena taxativamente la violencia que asuela Yemen y todos los ataques dirigidos contra la población y las infraestructuras civiles; manifiesta su profunda preocupación por la intensificación del conflicto en Yemen que ha desembocado en la actual crisis humanitaria, habiéndose exacerbado todavía más la situación debido a la prolongación del bloqueo impuesto de hecho por Arabia Saudí y a los combates por el puerto de Al-Hudaida;

2.  Condena el uso de la violencia contra civiles por cualquiera de las partes en el conflicto o por los terroristas u otros grupos armados, ya que estos actos han abocado al país a una grave crisis humanitaria y han provocado miles de muertos y heridos y más de dos millones de desplazados entre la población civil; expresa su más profunda solidaridad y transmite su pésame a las familias de las víctimas;

3.  Condena las ofensivas militares y los ataques aéreos indiscriminados contra la población civil lanzados por la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, y el bloqueo de hecho que sigue siendo la principal causa de muerte entre la población civil; condena, asimismo, el bloqueo restablecido por Arabia Saudí en Yemen e insta a su total levantamiento; pide a Arabia Saudí y a su coalición que garanticen la apertura permanente de todos los puertos y rutas terrestres para permitir que la ayuda humanitaria urgente llegue a la población yemení;

4.  Advierte de las consecuencias de la nueva ofensiva militar contra el puerto de Al-Hudaida, que debe seguir abierto; manifiesta su preocupación por que una alteración todavía mayor pueda favorecer la hambruna y el desplazamiento de un gran número de civiles, incluidos los niños;

5.  Lamenta la hipocresía de la Unión y de los Estados Unidos y pide paz, justicia y que se ponga fin al grave crimen cometido contra la población yemení; manifiesta su convicción de que una solución política es el único medio de poner fin al conflicto en Yemen;

6.  Recuerda a todas las partes, especialmente a Arabia Saudí y su coalición, su responsabilidad de garantizar el cumplimiento del Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional en materia de derechos humanos, lo que significa proteger a los civiles, abstenerse de atacar infraestructuras civiles y facilitar a las organizaciones humanitarias un acceso seguro y sin obstáculos al país;

7.  Lamenta el fracaso de la primera ronda de consultas en Ginebra (6-9 de septiembre de 2018); manifiesta su pleno apoyo a los esfuerzos de las Naciones Unidas y del enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para Yemen; pide encarecidamente, por lo tanto, a todas las partes implicadas en la situación en Yemen que reanuden las conversaciones de paz y las medidas de fomento de la confianza, y que acuerden con carácter de urgencia el cese de las hostilidades, que deberá ser supervisado por las Naciones Unidas, como primera medida hacia unas negociaciones políticas integradoras conducidas por Yemen con vistas a restablecer la paz en el país;

8.  Acoge con optimismo la renovación del mandato del Grupo de expertos eminentes sobre Yemen, y pide a todos los Estados miembros que le presten un apoyo cohesionado, rápido y efectivo en todos los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, en particular en el Consejo de Derechos Humanos;

9.  Pide a las partes en el conflicto que tomen todas las medidas necesarias para prevenir y abordar todas las formas de violencia contra la población civil, incluida la violencia sexual y de género; condena enérgicamente las violaciones de los derechos de los niños; manifiesta su profunda preocupación por las informaciones sobre la utilización de niños soldados por parte de las fuerzas hutíes y progubernamentales, y por el limitado acceso de los niños a los servicios básicos de atención sanitaria y a la educación; pide que los responsables de violaciones y de abusos de los derechos humanos o violaciones del Derecho internacional humanitario rindan cuentas de sus actos;

10.  Pide a todas las partes en el conflicto que pongan fin al reclutamiento o utilización de niños como soldados y a otras graves violaciones cometidos contra ellos en violación del Derecho internacional y de las normas aplicables; pide a todas las partes que liberen a los niños que ya han sido reclutados y que cooperen con las Naciones Unidas en su rehabilitación y reinserción en sus comunidades.

11.  Condena enérgicamente el intenso comercio de armas de los Estados miembros con varios países de la región, como en los casos del Reino Unido, España, Francia, Alemania y Suecia; pide la inmediata suspensión de los envíos de armas y del apoyo militar a Arabia Saudí y a sus socios de coalición; Reitera al Consejo su petición de que imponga un embargo de armas de la Unión contra Arabia Saudí, habida cuenta de las graves acusaciones de incumplimiento del Derecho internacional humanitario por este país en Yemen, lo que significa que la continuación de la autorización de la venta de armas a Arabia Saudí supone una violación de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo;

12.  Pide a la comunidad internacional y, en particular, a Estados miembros como el Reino Unido, Francia, España, Alemania y Suecia que pongan fin a los envíos de armas a cualquiera de las partes enfrentadas en el país, y, por consiguiente, que tomen las medidas necesarias para evitar su suministro directo o indirecto, venta o transferencia, a individuos y entidades señalados y a quienes actúen en su nombre o dirigidos por ellos en Yemen, o en su beneficio, con arreglo al embargo de armas de las Naciones Unidas a Yemen, tal como se define en el apartado 14 de la Resolución 2216 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

13.  Manifiesta su preocupación por la capacidad de Al-Qaeda de la Península Arábiga y del Dáesh de aprovecharse del deterioro de la situación política y en materia de seguridad en Yemen; recuerda que todos los actos de terrorismo son actos criminales e injustificables, independientemente de su motivación, del momento y del lugar en que se cometan y de quiénes sean sus autores;

14.  Se muestra convencido de que la intervención saudí tiene por objeto reforzar su control de la región y de que esto únicamente causará más sufrimiento a la población yemení y mayores divisiones entre los pueblos de Oriente Próximo;

15.  Está convencido de que cualquier solución a largo plazo debe abordar las causas subyacentes de la pobreza y la inestabilidad en el país, además de satisfacer las demandas y aspiraciones legítimas de la población yemení; reitera su apoyo a todo esfuerzo político pacífico por proteger la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Yemen;

16.  Lamenta profundamente la falta de atención de la comunidad internacional en los cuatro últimos años a la catástrofe humanitaria en Yemen; denuncia el silencio de los medios de comunicación sobre los diferentes crímenes de guerra cometidos en Yemen que muestra un claro esfuerzo por ocultar las trágicas consecuencias de una guerra respaldada por los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido;

17.  Se opone a toda intervención militar extranjera en el país, ya sea saudí o iraní, árabe u occidental; manifiesta su profunda preocupación por el agravamiento de las tensiones en la región; subraya que la guerra en Yemen no es tan solo un conflicto entre chiitas y sunitas; denuncia la instrumentalización de las diferencias religiosas para fomentar crisis políticas y guerras sectarias;

18.  Condena la connivencia y la complicidad de la Unión con las dictaduras de la región; critica vehementemente el efecto que han tenido las distintas intervenciones occidentales de los últimos años en la radicalización de los conflictos en la región; afirma que la solución a los conflictos de la región no puede ser militar; rechaza el uso del principio de «responsabilidad de proteger», también como pretexto de las diferentes partes en el conflicto yemení, ya que supone una violación del Derecho internacional y no ofrece una base jurídica adecuada para justificar el uso unilateral de la fuerza;

19.  Condena el creciente uso de drones para operaciones extraterritoriales por los Estados Unidos con el Gobierno Obama y el radical incremento de dicho uso con el Gobierno Trump; manifiesta su firme oposición al uso de drones en ejecuciones extrajudiciales y extraterritoriales; pide que se prohíba el uso de drones con estos fines, de conformidad con su mencionada Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre el uso de drones armados en cuyo apartado 2, letras a) y b), se pide a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros y al Consejo que «se opongan a la práctica de los asesinatos selectivos extrajudiciales y los prohíban» y que « velen por que los Estados miembros, en cumplimiento de sus obligaciones jurídicas, no perpetren homicidios ilegales deliberados ni faciliten que lo hagan otros Estados»;

20.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno de Yemen, a los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Asamblea General de las Naciones Unidas y al Grupo de expertos eminentes regionales e internacionales de las Naciones Unidas sobre Yemen.

 

(1)

DO C 265 de 11.8.2017, p. 93.

(2)

DO C 35 de 31.1.2018, p. 142.

(3)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0273.

(4)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0473.

(5)

DO C 285 de 29.8.2017, p. 110.

Última actualización: 3 de octubre de 2018Aviso jurídico