Procedimiento : 2018/2891(RSP)
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B8-0502/2018

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PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 175kWORD 54k
22.10.2018
PE624.198v01-00
 
B8-0502/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la situación en Venezuela (2018/2891(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo en nombre del Grupo S&D

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0502/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela(1), de 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela(2), de 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela(3), de 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela(4), de 27 de abril de 2017, sobre la situación en Venezuela(5), de 8 de febrero de 2018, sobre la situación en Venezuela(6), de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela(7), y de 5 de julio de 2018, sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil(8),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vista la Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de septiembre de 2001,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

–  Vista la declaración realizada el 1 de octubre de 2018 por expertos de las Naciones Unidas sobre la crisis del sistema sanitario en Venezuela,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 de mayo de 2018, sobre Venezuela,

–  Vista la declaración realizada el 9 de agosto de 2018 por la portavoz de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), sobre los últimos acontecimientos en Venezuela,

–  Vista la declaración realizada el 9 de octubre de 2018 por la portavoz de la vicepresidenta de la VP/AR sobre la muerte del concejal Fernando Albán en Venezuela,

–  Visto el comunicado conjunto del Grupo de Lima sobre Venezuela, de 15 de septiembre de 2018,

–  Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 27 de septiembre de 2018, sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela,

–  Vista la declaración realizada el 10 de octubre de 2018 por los presidentes de su Subcomisión de Derechos Humanos y su Comisión de Asuntos Exteriores sobre la muerte de Fernando Albán,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el Gobierno de Venezuela puso en marcha, el 20 de agosto de 2018, un plan económico que incluía la introducción de una nueva moneda, una importante devaluación de la moneda, un aumento de los precios del combustible hasta los niveles de los precios internacionales y un aumento del 5 900 % del salario mínimo; considerando que estas últimas medidas económicas han acentuado el desplome de la economía y están teniendo un impacto devastador en las pymes;

B.  Considerando que la situación económica y social también sigue empeorando en Venezuela, debido al impacto de las sanciones internacionales; que, según el Gobierno de Venezuela, Euroclear ha inmovilizado activos públicos por valor de hasta 1 200 millones de euros tras la imposición de sanciones económicas internacionales; que estos fondos estaban destinados a la compra de medicamentos y productos alimenticios para el país, que está sufriendo una escasez de medicamentos del 90 %, cortes frecuentes de electricidad y el colapso de los servicios públicos;

C.  Considerando que, el 8 de febrero de 2018, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el inicio de una investigación preliminar de los presuntos crímenes cometidos en Venezuela desde abril de 2017; que se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado han utilizado con frecuencia una fuerza excesiva para dispersar y sofocar manifestaciones, y han detenido y privado de libertad a miles de opositores, reales o supuestos, varios de los cuales han sido presuntamente sometidos a abusos graves y malos tratos durante su detención; que también se ha informado de que algunos grupos de manifestantes han recurrido a medios violentos, lo que ha provocado varios heridos y muertos entre los miembros de las fuerzas de seguridad;

D.  Considerando que, el 27 de septiembre de 2018, un grupo de Estados parte de la CPI —a saber, la República Argentina, Canadá, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Paraguay y la República del Perú— remitió el caso de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a la Oficina del Fiscal de la CPI; que, de conformidad con el artículo 14 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los Estados remitentes han solicitado que la fiscal abra una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, con el fin de determinar si debe imputársele a una o varias personas la comisión de tales crímenes;

E.  Considerando que, el 28 de mayo de 2018, el Consejo adoptó un conjunto de conclusiones sobre Venezuela en las que se pide que se celebren nuevas elecciones presidenciales conformes con las normas democráticas reconocidas y con el ordenamiento constitucional venezolano; que, el 25 de junio de 2018, el Consejo Europeo amplió la lista de medidas restrictivas a un total de 18 venezolanos que ocupan cargos oficiales y que son responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela; que entre las medidas previstas figuran la prohibición de viajar y la inmovilización de activos;

F.  Considerando que, el 4 de agosto de 2018, el presidente Maduro fue víctima de un atentado con dron durante su intervención en un acto para conmemorar el 81.º aniversario del Ejército Nacional; que la Unión y sus Estados miembros rechazan cualquier forma de violencia y esperan que se lleve a cabo una investigación completa y transparente del ataque con dron para esclarecer los hechos, desde el pleno respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos;

G.  Considerando que, a raíz del atentado con dron, Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, y Fernando Albán, concejal opositor, fueron detenidos por el servicio de inteligencia venezolano (SEBIN); que, el 8 de octubre de 2018, Fernando Albán falleció mientras se encontraba bajo la custodia del SEBIN; que la comunidad internacional, incluidos el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Parlamento Europeo, ha solicitado una investigación completa e independiente para esclarecer las circunstancias de su muerte;

H.  Considerando que, según la organización Foro Penal, hay actualmente 183 presos políticos en el país; que Lorent Saleh, líder estudiantil detenido desde 2014 que formó parte de la oposición democrática venezolana y uno de los que recibieron el Premio Sájarov en 2017, fue liberado por el Gobierno de Venezuela el 12 de octubre de 2018 y se le permitió viajar a España para recibir tratamiento médico;

I.  Considerando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha fijado la fecha de las elecciones de concejos municipales para el 9 de diciembre de 2018; que el CNE ha anunciado que se permitirá a 37 partidos políticos concurrir a estas elecciones: 21 partidos nacionales, incluidos cinco nuevos; 11 partidos regionales; y cinco partidos indígenas; que no se permitirá la participación de los principales partidos políticos, a saber, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular;

J.  Considerando que, en la última reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, del 15 de octubre de 2018, la Unión Europea y sus Estados miembros reiteraron su firme posición en lo que respecta a la crisis política de Venezuela, afirmando al mismo tiempo que la solución a la crisis actual en la que está inmersa el país solo puede ser una solución política democrática; que se decidió estudiar la posibilidad de crear un grupo de contacto, cuyo objetivo sería promover una iniciativa dirigida conjuntamente con socios regionales e internacionales clave, con vistas a crear las condiciones que pudieran dar lugar a un proceso político;

1.  Señala que ha expresado su posición sobre Venezuela en ocho resoluciones anteriores durante la legislatura actual, la última de las cuales es su Resolución, de 5 de julio de 2018, sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil;

2.  Reitera su profunda preocupación por las repetidas violaciones de los derechos y libertades fundamentales en Venezuela y expresa su solidaridad con todos los venezolanos; insta a las autoridades venezolanas a que velen por que se ponga fin de inmediato a todas las violaciones de los derechos humanos, incluidas las cometidas contra civiles, y por que se respeten plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluidas la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión; insta a las autoridades venezolanas a que respeten todas las instituciones democráticamente elegidas, en particular la Asamblea Nacional, liberen a todos los presos políticos y defiendan los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos;

3.  Rechaza cualquier forma de violencia y transmite sus condolencias a los familiares de Fernando Albán; recuerda que es el deber del Estado garantizar la seguridad y la integridad física de las personas detenidas, y apoya las peticiones para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente para aclarar las circunstancias del fallecimiento del Sr. Albán;

4.  Expresa su profunda preocupación por el empeoramiento de la situación humanitaria en Venezuela, que ha provocado una grave escasez de alimentos y medicamentos esenciales, y una afluencia sin precedentes y creciente de refugiados y migrantes a países vecinos y a países más alejados; pide que se alcance inmediatamente un acuerdo sobre un plan de acceso de emergencia humanitaria para el país y solicita a las autoridades venezolanas que permitan con carácter de urgencia la entrada sin trabas de ayuda humanitaria y den acceso a las organizaciones internacionales que deseen prestar asistencia a la población; pide que se ponga en práctica rápidamente una respuesta a corto plazo para combatir la desnutrición;

5.  Hace hincapié en su pleno respeto de la independencia de la valoración de la fiscal de la CPI respecto a si el Estatuto de Roma es aplicable al inicio de una investigación en el caso de Venezuela; recuerda los compromisos de la Unión con el multilateralismo y el papel de la CPI en la lucha contra la impunidad por los crímenes graves contra la humanidad y a la hora de llevar a los autores ante la justicia;

6.  Apoya la doble estrategia de la UE para Venezuela, expuesta por la VP/AR el 15 de octubre de 2018; reafirma su posición sobre las personas responsables de violaciones de los derechos humanos y apoya la iniciativa de entablar contactos exploratorios con socios regionales e internacionales para estudiar la posibilidad de crear un grupo de contacto; recuerda que la única solución posible de la crisis venezolana es una solución política, democrática y negociada;

7.  Reitera que la celebración de nuevas elecciones es la única manera de devolver la legitimidad a las principales instituciones del país; recuerda que la comunidad internacional no aceptará los resultados electorales mientras haya dirigentes de la oposición encarcelados y partidos políticos a los que se les prohíba presentarse; recuerda sus anteriores peticiones para que se libere a todos los presos políticos y se defiendan los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela;

8.  Recuerda que envió una delegación a las fronteras terrestres de Venezuela con Colombia y Brasil en mayo de 2018, y pide que se envíe una delegación ad hoc a Perú en 2019 para evaluar el impacto de la crisis migratoria venezolana sobre el terreno;

9.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

 

(1)

DO C 285 de 29.8.2017, p. 145.

(2)

DO C 294 de 12.8.2016, p. 21.

(3)

DO C 316 de 30.8.2016, p. 190.

(4)

DO C 86 de 6.3.2018, p. 101.

(5)

DO C 298 de 23.8.2018, p. 137.

(6)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0041.

(7)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.

(8)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0313.

Última actualización: 24 de octubre de 2018Aviso jurídico