Procedimiento : 2018/2891(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0506/2018

Textos presentados :

B8-0506/2018

Debates :

Votaciones :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0436

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 278kWORD 57k
Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.202v01-00
 
B8-0506/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la situación en Venezuela (2018/2891(RSP))


Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en nombre del Grupo ALDE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0506/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela(1), de 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela(2), de 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela(3), de 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela(4), de 27 de abril de 2017, sobre la situación en Venezuela(5), de 8 de febrero de 2018, sobre la situación en Venezuela(6), de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela(7), y de 5 de julio de 2018, sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil(8),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

–  Vista la declaración, de 8 de febrero de 2018, de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, sobre la apertura de exámenes preliminares de las situaciones en Filipinas y Venezuela, y de 27 de septiembre de 2018, sobre la remisión de un grupo de seis Estados parte en relación con la situación en Venezuela,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 15 de octubre de 2018,

–  Vista la Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, de 4 de septiembre de 2018,

–  Visto el nombramiento, de 19 de septiembre de 2018, de Eduardo Stein como representante especial conjunto de la OIM y de la ACNUR para los refugiados y migrantes venezolanos en la región,

–  Vista la declaración conjunta de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, de 28 de abril de 2017,

–  Vista la declaración de los líderes del G-7, de 23 de mayo de 2018,

–  Vistas las declaraciones del Grupo de Lima de 23 de enero de 2018, 14 de febrero de 2018, 21 de mayo de 2018, 2 de junio de 2018 y 15 de junio de 2018,

–  Vista la declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el agravamiento de la situación humanitaria en Venezuela, de 20 de abril de 2018,

–  Vista la declaración realizada el 9 de octubre de 2018 por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre la muerte del concejal Fernando Albán en Venezuela,

–  Vista la declaración realizada el 10 de octubre de 2018 por su Comisión de Asuntos Exteriores y su Subcomisión de Derechos Humanos sobre la muerte de Fernando Albán,

–  Visto el informe de su misión centrada en la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil,

–  Vista su decisión de conceder el Premio Sájarov 2017 a la oposición democrática y a los presos políticos de Venezuela,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela sigue deteriorándose gravemente; que Venezuela se enfrenta a una crisis social, económica y humanitaria sin precedentes, como consecuencia de una crisis política, lo que ha provocado un gran número de muertes y la huida de unos 2,3 millones de migrantes y refugiados;

B.  Considerando que el 87 % de la población venezolana se ve afectada por la pobreza, con un nivel de pobreza extrema que alcanza el 61,2 %; que la mortalidad materna ha aumentado un 60 % y la mortalidad infantil, un 30 %; que el 89 % de los venezolanos declaran que no tienen suficiente dinero para comprar alimentos para sus familias;

C.  Considerando que la mala gestión y las decisiones económicas partidistas erráticas en Venezuela han conducido a su quinto año de recesión económica y que se espera que su PIB real se reduzca un 18 % en 2018, tras una reducción del 14 % en 2017; que Venezuela es actualmente el único país del mundo que sufre hiperinflación, con una previsión de inflación este año del 1 400 000 %, según el Fondo Monetario Internacional, y de 10 000 000 % en 2019; que los precios han aumentado un 65 000 % en un año;

D.  Considerando que el Gobierno venezolano no ha realizado ningún intento serio de hacer frente a la alarmante y extendida crisis humanitaria, faltando así a la responsabilidad que tiene hacia sus propios ciudadanos de proteger y atender a las necesidades de su pueblo; que, a pesar de la buena disposición de la comunidad internacional, el Gobierno venezolano se sigue negando, por desgracia, a recibir abiertamente ayuda humanitaria internacional y facilitar su distribución a la población, que la necesita desesperadamente;

E.  Considerando que, el 8 de octubre de 2018, el político de la oposición venezolana Fernando Albán fue presuntamente torturado y asesinado en los locales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la policía política venezolana; que, a pesar de las peticiones de las Naciones Unidas y de la Unión, las autoridades se han negado a permitir una investigación independiente de las causas de su muerte, incluida una autopsia internacional a cargo de un equipo forense independiente; que el Sr. Albán estaba detenido en los locales del SEBIN; que, en consecuencia, se debe considerar a las autoridades venezolanas responsables de su paradero;

F.  Considerando que el 13 de octubre de 2018, Lorent Saleh, galardonado con el Premio Sájarov 2017, fue liberado, conducido directamente al aeropuerto y expulsado inmediatamente a España en un acto de exilio forzoso; que había permanecido en prisión durante cuatro años sometido a horribles torturas, sin juicio ni vista preliminar, que debería haberse celebrado en un plazo máximo de 45 días a partir de la presentación de la causa ante los tribunales, pero fue pospuesta al menos 53 veces; que sus testimonios, junto a los de miles de otras víctimas, incluidos los presentados en causas iniciadas ante la Corte Penal Internacional (CPI), confirman el trato cruel e inhumano de los presos políticos en Venezuela y la represión sistemática por parte de las autoridades venezolanas;

G.  Considerando que en Venezuela hay actualmente detenidos más de trescientos presos políticos; que el diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens fue detenido de forma arbitraria y sometido a tortura y permanece incomunicado en violación permanente e ilegal de su inmunidad política;

H.  Considerando que Julio Borges, antiguo presidente de la Asamblea Nacional y galardonado con el Premio Sájarov 2017, fue acusado sin pruebas de conspirar para asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; que las autoridades venezolanas emitieron una orden de detención internacional para él a través de Interpol;

I.  Considerando que existe un clima de violencia generalizada y completa impunidad en Venezuela, debido en gran parte a que las autoridades no llevan ante la justicia a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, incluido el asesinato, el uso de una fuerza excesiva contra manifestantes, la detención arbitraria, la tortura y otros tratos degradantes e inhumanos, pero también la violencia criminal;

J.  Considerando que las condiciones precarias de los migrantes y refugiados venezolanos generan costes adicionales para los países receptores, lo que ha generado una crisis sin precedentes en América Latina y el Caribe;

K.  Considerando que el 8 de febrero de 2018 la fiscal de la Corte Penal Internacional inició un examen preliminar de la situación en Venezuela, apoyado por las reclamaciones recibidas de ONG y particulares; que el 27 de septiembre de 2018 un grupo de seis Estados parte de la CPI (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) solicitaron a la fiscal el inicio de una investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Venezuela, sobre la base del informe del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; que Francia y Costa Rica también se sumaron más tarde a esta solicitud; que esto constituye la primera remisión por un grupo de Estados parte relativa a una situación en el territorio de otro Estado parte; que el Parlamento Europeo ha realizado esta misma petición en dos ocasiones, en su Resolución, de 8 de febrero de 2018, sobre la situación en Venezuela y en su Resolución, de 13 de septiembre de 2017, sobre las relaciones políticas con América Latina; que no puede existir solución pacífica duradera o reconciliación sin justicia;

L.  Considerando que, en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre de 2005, todos los Estados miembros aceptaron oficialmente la responsabilidad de cada Estado de proteger a su población contra los crímenes contra la humanidad; que los Estados miembros acordaron que, cuando un Estado no cumpla con su responsabilidad, la comunidad internacional tiene el deber de ayudar a proteger a la población amenazada por esos crímenes;

M.  Considerando que el 13 de noviembre de 2017 el Consejo decidió adoptar un embargo de armas contra Venezuela y una prohibición de material relacionado que pudiera utilizarse para la represión interna; que el 22 de enero de 2018 decidió, por unanimidad, imponer sanciones contra siete ciudadanos venezolanos que ocupan cargos oficiales, a través de medidas restrictivas, como la prohibición de viajar o la inmovilización de activos, por haber vulnerado los principios democráticos; que el 25 de junio de 2018 se ampliaron las sanciones a otros once funcionarios venezolanos; que aunque se han congelado las cuentas de esas personas, las de sus cónyuges y otros familiares cercanos permanecen accesibles;

N.  Considerando que la Unión, junto a otros organismos democráticos, no reconoció ni las elecciones presidenciales ni las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, ni a las autoridades nombradas por estos procesos ilegítimos;

O.  Considerando que los resultados de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores del 15 de octubre de 2018 incluyeron una referencia a una solución política a la crisis actual, mediante la consideración de la posibilidad de crear un grupo de contacto para facilitar un proceso político;

P.  Considerando que dos intentos de construir un diálogo nacional entre el Gobierno y la oposición, facilitados por el Vaticano y mediadores internacionales con vistas a encontrar una salida a la crisis, fracasaron a causa de la falta de seriedad de las autoridades venezolanas, que no realizaron concesiones durante las conversaciones y se centraron exclusivamente en intentar ganar tiempo y reconocimiento internacional;

1.  Expresa sus sinceras condolencias a la familia y amigos de Fernando Albán; condena, a este respecto, los crímenes cometidos por las autoridades venezolanas y pide una investigación inmediata e independiente del Gobierno, incluida una autopsia internacional llevada a cabo por un equipo forense independiente;

2.  Recuerda que dos intentos previos de llegar a una solución política a la crisis en Venezuela con la mediación del Vaticano y mediante un diálogo político nacional efectuado en la República Dominicana fracasaron claramente; recuerda, en este sentido, que el papel de la mediación internacional o de un grupo facilitador de contacto debe ser imparcial y ser aceptado por ambas partes;

3.  Pide a la Unión, en particular al Consejo y a la VP/AR, que garanticen que los pasos futuros hacia una solución política incluyan las siguientes peticiones irrevocables: la liberación inmediata de todos los presos políticos y el fin de la represión, la tortura, los malos tratos y el acoso a los opositores políticos, los activistas de derechos humanos y los manifestantes pacíficos; un nuevo Consejo Nacional Electoral elegido por la Asamblea Nacional; la celebración de elecciones libres y justas conformes con las normas internacionales para un proceso creíble que respete el pluralismo político, con la presencia de observadores internacionales democráticos; el reconocimiento de los poderes de la Asamblea Nacional legítima; y la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente;

4.  Reitera su pleno apoyo a la apertura de una investigación de la CPI sobre los crímenes generalizados sometidos a examen preliminar por dicha Corte y perpetrados por el régimen venezolano en el marco de la represión sistemática ejercida por el Estado contra sus propios ciudadanos; insta a la Unión en su conjunto y a sus Estados miembros a unirse a la petición realizada por los Gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Francia y Costa Rica de denunciar al Gobierno venezolano ante la CPI para que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos por funcionarios del régimen venezolano y determine la responsabilidad de dichos crímenes;

5.  Reitera la petición de junio de 2018 de la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos para que creen una comisión de investigación internacional para investigar las violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela y para profundizar la participación de la CPI;

6.  Recuerda al Gobierno venezolano su responsabilidad en la protección de su propia población frente a, entre otras cosas, los crímenes contra la humanidad; recuerda, además, a la Unión y a la comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, el principio del «deber de proteger» a la población venezolana contra los crímenes contra la humanidad cometidos por el Estado; recuerda que esto es un compromiso colectivo acordado por los Estados miembros de las Naciones Unidas, para evitar una catástrofe humanitaria de enormes consecuencias; pide a la comunidad internacional que estudie todas las opciones diplomáticas, humanitarias y pacíficas, de forma coordinada y en el marco de las Naciones Unidas, con el fin de hacer efectivo el principio del «deber de protección»;

7.  Acoge con satisfacción la imposición por la Unión de sanciones adicionales específicas y reversibles, que no perjudicarán a la población venezolana, por la celebración, el 20 de mayo de 2018, de unas elecciones ilegítimas y no reconocidas internacionalmente; subraya que debe estudiarse prontamente la ampliación de la lista de sanciones a otros miembros de las autoridades venezolanas y sus familiares; pide que el Consejo examine la posibilidad de imponer sanciones sobre el petróleo venezolano, incluidas las transacciones con la empresa estatal PDVSA;

8.  Reitera su apoyo a la labor realizada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en favor de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, así como a los esfuerzos del Grupo de Lima por alcanzar una solución democrática a la crisis política y humanitaria actual;

9.  Elogia a Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y otros países de la región, a las organizaciones regionales e internacionales, a las entidades privadas y públicas, a la Iglesia católica y a los ciudadanos particulares del conjunto de la región por su ayuda y solidaridad hacia los refugiados y migrantes venezolanos; recuerda a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros su deber de proteger a los galardonados con el Premio Sájarov y reconocer su papel como actores clave en la situación actual, algo legitimado por su compromiso democrático y los valores por los que recibieron el galardón;

10.  Pide a los Estados miembros que den respuestas inmediatas de protección a los migrantes o refugiados venezolanos en su territorio a través, por ejemplo, de visados humanitarios, disposiciones especiales de estancia u otros marcos migratorios regionales, con las correspondientes garantías de protección; pide, no obstante, de nuevo a las autoridades venezolanas que faciliten y agilicen la expedición y la renovación de documentos de identificación a sus propios nacionales, ya sea en Venezuela o en el extranjero;

11.  Reitera las conclusiones, enormemente preocupantes, de su misión de junio de 2018 a las fronteras terrestres de Colombia y Brasil con Venezuela; pide una vez más a las autoridades venezolanas que, con carácter de urgencia, permitan la llegada sin trabas de ayuda humanitaria al país para evitar el agravamiento de las crisis humanitaria y de salud pública;

12.  Acoge con satisfacción el reciente nombramiento, el 19 de septiembre de 2018, de Eduardo Stein como representante especial conjunto de la OIM y de la ACNUR para los refugiados y migrantes venezolanos en la región y señala que dicho nombramiento refleja el reconocimiento de las dimensiones regionales y mundiales de la crisis migratoria; pide al Consejo y a la VP/AR que movilicen más fondos y ayuda en coordinación con el representante especial conjunto;

13.  Recuerda que Interpol es la organización policial internacional dedicada principalmente a la lucha contra la delincuencia internacional; pide a Interpol que no responda a las peticiones del Gobierno de Venezuela contra el Sr. Borges, la Sra. Ortega Díaz y el Sr. Mundaray Rodríguez, dado que las acusaciones son del todo infundadas y puramente políticas;

14.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los Gobiernos y Parlamentos de la República de Colombia, la República de Brasil, la República del Perú y la República de Ecuador, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos y al Grupo de Lima.

 

(1)

DO C 285 de 29.8.2017, p. 145.

(2)

DO C 294 de 12.8.2016, p. 21.

(3)

DO C 316 de 30.8.2016, p. 190.

(4)

DO C 86 de 6.3.2018, p. 101.

(5)

DO C 298 de 23.8.2018, p. 137.

(6)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0041.

(7)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.

(8)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0313.

Última actualización: 24 de octubre de 2018Aviso jurídico