Procedimiento : 2018/2891(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0507/2018

Textos presentados :

B8-0507/2018

Debates :

Votaciones :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Textos aprobados :


PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 165kWORD 47k
22.10.2018
PE624.203v01-00
 
B8-0507/2018

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la situación en Venezuela (2018/2891(RSP))


Molly Scott Cato, Bodil Valero en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0507/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el informe de la Oficina del alto comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de junio de 2018, titulado «Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin»,

–  Vista la Decisión del Consejo (CFSP) 2018/901, de 25 de junio de 2018(1), de incluir a once funcionarios venezolanos en la lista de sanciones de la Unión,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de 15 de octubre de 2018,

–  Visto el informe de Amnistía Internacional, de 20 de septiembre de 2018, titulado «Esto no es vida: seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela»,

–  Visto el informe del defensor del pueblo de Curazao, de junio de 2018, sobre política de refugiados,

–  Vista la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, aprobada por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de septiembre de 2016,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Venezuela,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la profunda crisis humanitaria y económica actual en Venezuela, con una enorme escasez de alimentos y medicinas, ha provocado que la población emigre en un número sin precedentes y ha inducido la fuga de capitales;

B.  Considerando que la entrada de migrantes venezolanos supone un reto en términos de acogida y de obtención de permisos de residencia y de acceso al mercado de trabajo para los países vecinos, incluidas las regiones ultraperiféricas de la Unión, como las islas holandesas de Aruba, Bonaire y Curazao, y posiblemente las regiones francesas de ultramar de Guadalupe y Martinica y el departamento de ultramar de Guayana.

C.  Considerando que el defensor del pueblo de Curazao afirmó en su último informe, de junio de 2018, que la política actual de deportación de venezolanos que llegan a las costas o aeropuertos de Curazao constituye una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH);

D.  Considerando que las decisiones del Consejo de la Unión Europea relativas a la imposición de sanciones a funcionarios venezolanos por su papel en el grave deterioro de la situación económica del país y las numerosas violaciones de los derechos humanos que han supervisado deben completarse con procedimientos ágiles y simples de visado y asilo para las personas que abandonan el país con el fin de lograr protección en territorios europeos;

E.  Considerando que la comunidad internacional comparte un sentimiento de urgencia en el intento de apoyar la reapertura de una perspectiva democrática pacífica para el país;

F.  Considerando que existe un temor extendido a que un enfoque de confrontación de la crisis pueda impedir la adopción de una solución estabilizadora legitimada democráticamente por el país;

G.  Considerando que el Consejo de Asuntos Generales, en su sesión del 15 de octubre de 2018, debatió los modos de reabrir el camino a un diálogo político en Venezuela;

H.  Considerando que la comunidad internacional quedó impresionada el 8 de octubre de 2018 por la caída fatal desde una ventana de la sede del servicio de inteligencia nacional (SEBIN) de Fernando Albán, un activista de la oposición que estaba detenido por su supuesta participación en un ataque fallido con un dron al presidente Nicolás Maduro el 2 de agosto de 2018;

1.  Manifiesta su convicción, en referencia a sus numerosas resoluciones sobre Venezuela en la presente legislatura, de que el futuro de ese país está en manos del pueblo de Venezuela y de que solo se puede encontrar una solución a las múltiples crisis actuales y lograr estabilidad política a través de negociaciones pacíficas; sugiere que una misión de supervisión externa, dirigida, por ejemplo, por las Naciones Unidas, podría ser de gran valor;

2.  Subraya que, aunque la seguridad supone un enorme reto para Venezuela, la lucha contra la delincuencia y las bandas criminales no puede en ningún caso justificar la impunidad para los homicidios, la represión o cualquier otra acción del ejército y la policía; opina que todas las violaciones de los derechos fundamentales y humanos deben investigarse en profundidad y castigar a sus autores materiales e intelectuales;

3.  Manifiesta su consternación por que el recientemente liberado Lorent Saleh, uno de los galardonados con el premio Sájarov 2017, haya mostrado sus vínculos con círculos identitarios, de extrema derecha y paramilitares en Colombia, de donde fue expulsado y entregado a las autoridades venezolanas por razones de seguridad nacional colombiana en virtud del artículo 105 del Decreto 4 000 de 2004, tras su participación en acciones con uso de uniformes militares y armas de combate;

4.  Insiste en que la caída fatal del miembro de la oposición Fernando Albán desde una ventana de la sede del SEBIN debe ser investigada y aclarada plenamente por el sistema judicial venezolano, y recomienda una investigación internacional independiente para determinar todos los factores que condujeron a su muerte;

5.  Pide que la Unión Europea apoye firmemente a los países vecinos de Venezuela en sus esfuerzos por ofrecer una acogida adecuada a los migrantes y refugiados procedentes de Venezuela, que responda adecuadamente a todas sus solicitudes de asistencia y, al mismo tiempo, que establezca canales para un acceso seguro y legal a la Unión de las personas que busquen protección; recomienda encarecidamente a la Unión Europea que busque medios y recursos para que las autoridades de sus regiones ultraperiféricas cercanas a Venezuela reciban de forma digna a todos los venezolanos que migran a su territorio;

6.  Respalda firmemente los esfuerzos de la AR/VP Federica Mogherini, como lo expresó en el último Consejo de Asuntos Generales, por facilitar un proceso político en Venezuela hacia una solución pacífica a la crisis;

7.  Anima a la AR/VP y al Consejo a explorar posibilidades para crear un grupo de contacto sobre Venezuela;

8.  Reitera su petición de que se impulse y establezca un diálogo nacional auténticamente duradero por cualquier medio pacífico, incluida la participación de todas las fuerzas pertinentes, a fin de llegar a una solución consensuada para todos los intereses en conflicto en Venezuela y resolver los litigios entre los distintos poderes del Estado en un espíritu de confianza;

9.  Recomienda que, con carácter urgente, este diálogo político incluya un acuerdo nacional relativo a la política económica para estabilizar la situación;

10.  Pide a los agentes políticos del exterior de Venezuela que se abstengan de utilizar la situación del país con fines políticos nacionales;

11.  Está convencido de que la estabilidad política y social de Venezuela es un factor decisivo para salvaguardar la paz en toda la región;

12.  Rechaza firmemente toda especulación o propuesta de intervención militar en Venezuela, que agravaría enormemente la escalada de violencia en Venezuela y tendría un efecto desastroso en toda la región; recuerda que toda incitación a la violencia, o la propia violencia, solo puede contribuir a desestabilizar más y podría, en último término, hacer descarrilar el país y la región;

13.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno y las autoridades de Venezuela, y a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

 

 

(1)

DO L 160 I de 25.6.2018, p. 12.

Última actualización: 24 de octubre de 2018Aviso jurídico