Procedimiento : 2019/2543(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0087/2019

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B8-0087/2019

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Votaciones :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0061

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 139kWORD 48k
30.1.2019
PE631.688v01-00
 
B8-0087/2019

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno


sobre la situación en Venezuela (2019/2543(RSP))


Molly Scott Cato, Tilly Metz en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (2019/2543(RSP))  
B8‑0087/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vista la declaración de 24 de enero de 2019 atribuible al portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, sobre la nueva oleada de violencia en Venezuela(1),

–  Vista la declaración realizada el 25 de enero de 2019 por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,

–  Vista la declaración del Parlamento Latinoamericano y Caribeño de 28 de enero de 2019, firmada por su presidente, Elías Castillo,

–  Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de junio de 2018, titulado «Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin»,

–  Vista la Decisión (PESC) 2018/901 del Consejo, de 25 de junio de 2018(2), de incluir a once funcionarios venezolanos en la lista de sanciones,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de 15 de octubre de 2018,

–  Visto el informe completo de Amnistía Internacional sobre Venezuela, de 20 de septiembre de 2018, titulado «Esto no es vida: seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela», y los documentos más recientes sobre Venezuela publicados por Amnistía Internacional,

–  Visto el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Venezuela,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la semana pasada se produjo un agravamiento de las tensiones y una dramática escalada de la violencia en relación con las protestas en Venezuela, con el resultado de al menos veinte muertos, numerosos heridos y detenciones a gran escala;

B.  Considerando que existe una necesidad imperiosa de superar y encontrar una salida negociada a la situación actual de malestar social, dificultades económicas y éxodo de millones de venezolanos, grave escasez de alimentos, carencia de medicamentos y falta de servicios médicos adecuados, e insuficiente protección de los derechos humanos, inseguridad y violencia en las calles, todo como consecuencia de la mala gestión política y del comportamiento autocrático del Gobierno de Maduro;

C.  Considerando que la respuesta de las autoridades gubernamentales a las manifestaciones legítimas ha desatado la peor oleada represiva contra de la oposición padecida hasta la fecha, con un uso excesivo de la fuerza policial que no muestra respeto alguno por la integridad física de los manifestantes, detenciones arbitrarias masivas, intimidaciones y malos tratos, incluida la violencia sexual; que acallar a los manifestantes no aporta solución sostenible alguna al conflicto y contraviene todas las obligaciones internacionales en lo que se refiere al derecho a manifestarse de forma pacífica;

D.  Considerando que las condenas de civiles por parte de tribunales militares, así como la impunidad y el acoso y la criminalización de los defensores de los derechos humanos por parte del Gobierno de Maduro han sido denunciados y condenados ampliamente por parte de organizaciones nacionales e internacionales;

E.  Considerando que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidió en febrero de 2018 iniciar un examen preliminar de la situación en Venezuela, con el fin de analizar los delitos presuntamente cometidos en el país desde abril de 2017 en el contexto de las manifestaciones y los disturbios políticos conexos;

F.  Considerando que el derecho a manifestarse de forma la pacífica es un derecho humano fundamental, al tiempo que cualquier llamamiento a manifestarse ha de ser gestionado de forma cuidadosa en aras de evitar un incremento de la violencia o de las provocaciones a la luz de las tensiones actuales;

G.  Considerando que cualquier solución de este conflicto profundo y múltiple debe hallarse en el marco del Estado de Derecho, ser conforme con las normas internacionales, y respetar plenamente la democracia y los derechos humanos;

H.  Considerando que el reconocimiento internacional de cualquier nuevo gobierno formado sobre la base de una autoproclamación amenaza seriamente con agravar una situación ya incendiaria, incluso con una guerra civil, y podría generar efectos colaterales fuera de Venezuela, dado el riesgo de que se incremente el número de migrantes que huyen a países vecinos;

I.  Considerando que se han hecho llegar a Venezuela en los últimos días diversas propuestas de mediación por parte de México, Uruguay y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, junto con una oferta de creación de un grupo de contacto internacional, respaldado por la Unión Europea;

J.  Considerando que el papel de la Unión Europea debe ser ofrecer una mediación entre todos los actores implicados en el conflicto dentro del país, un papel que puede desempeñar de forma útil dados los estrechos vínculos entre varios Estados miembros de la Unión y Venezuela;

K.  Considerando que, según las cifras facilitadas por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), integrante del sistema de las Naciones Unidas, el número de refugiados venezolanos, la mayoría de cuales se encuentran en países vecinos, ha sobrepasado claramente los tres millones de personas, lo que genera una presión sin precedentes sobre los recursos humanitarios y económicos de los países de acogida;

1.  Condena la respuesta del presidente Maduro y de las autoridades a las manifestaciones en el país; condena la escalada de violencia y todos los casos de ejecuciones extrajudiciales, lesiones y detenciones ilegales; lamenta la actual escalada de disturbios y expresa sus condolencias a los amigos y las familias de los muertos, heridos y detenidos;

2.  Reitera su firme condena de estas y de anteriores violaciones de los derechos humanos por parte del presidente Maduro y de su Gobierno, y reitera su llamamiento para que se ponga fin a la impunidad por delitos cometidos en el pasado, así como durante la actual oleada de protestas; pide, a este respecto, que se realicen investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre estos delitos y violaciones, y que los autores de todos estos casos sean llevados ante la justicia;

3.  Previene ante cualquier repetición de la violencia denunciada en 2017; insiste en la necesidad de que las autoridades venezolanas respeten la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica; reitera su preocupación por la desautorización por parte del Gobierno de Maduro del mandato democrático de la asamblea elegida, cuyas atribuciones y prerrogativas deben reconocerse y respetarse; pide a todos los actores que renuncien al uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, que está clara e inequívocamente prohibido en virtud del Derecho internacional;

4.  Reitera su profunda preocupación por la falta de legitimidad de las elecciones presidenciales de mayo de 2018, ya que dichas elecciones no fueron ni libres, ni justas ni creíbles; destaca la importancia de la autodeterminación del pueblo venezolano y de una verdadera expresión de su voluntad democrática; pide, por tanto, que se organicen elecciones libres y justas lo antes posible; pide a los líderes políticos que se abstengan de reconocer a un nuevo presidente que carezca de mandato electoral, ya que dicho reconocimiento podría avivar los disturbios y la inestabilidad política; señala que este reconocimiento viola el principio de autodeterminación y socava las normas democráticas;

5.  Insta a todas las partes a que entablen de forma inmediata un Diálogo Nacional integrador y creíble destinado a encontrar una solución duradera y a largo plazo a la crisis venezolana; recomienda que este diálogo sea apoyado por una mediación internacional, como la ofrecida por México y Uruguay; invita a los agentes de la Unión Europea a comprometerse plenamente con los esfuerzos de mediación; subraya el importante papel que deben desempeñar las Naciones Unidas y un marco internacional en este contexto;

6.  Acoge con satisfacción la sugerencia del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de crear un grupo de contacto internacional con los países de la región y cualquier otro actor clave, como se afirma en las conclusiones del Consejo de 15 de octubre de 2018, con el objetivo de facilitar un Diálogo Nacional entre todas las partes, incluidos la Asamblea Nacional y el Gobierno de Venezuela; insiste en la necesidad de que se celebren unas nuevas elecciones lo antes posible y en consonancia con las normas internacionales, como parte de un proceso de estabilización y transición;

7.  Expresa su profunda preocupación por que las recientes acciones por parte de agentes venezolanos y extranjeros alienten una mayor polarización, también a nivel internacional, y amenacen con convertir el conflicto venezolano en un campo de batalla entre potencias internacionales, como los Estados Unidos, Rusia y China, con el fin de reivindicar el control sobre las reservas petroleras venezolanas; manifiesta su alarma por el riesgo de que la violencia y los disturbios en Venezuela se extiendan a países vecinos y por que esta situación pueda conducir en último término a una guerra en la región;

8.  Insiste en que debe evitarse todo doble rasero con respecto a terceros países y en que la Unión Europea y sus Estados miembros deben ser coherentes en sus posiciones frente a terceros países; recuerda la importancia de contar con una respuesta unificada que permita que la voz de la Unión sea fuerte y más creíble;

9.  Pide al ejército y a las fuerzas de seguridad que se ciñan estrictamente su mandato, de modo que el ejército pueda desempeñar un papel constructivo en consonancia con su deber constitucional; condena la creación y las acciones de las fuerzas paramilitares, quienquiera que las comande, y pide su desmantelamiento inmediato para que todos sus crímenes sean investigados rápidamente y los autores, llevados ante la justicia de conformidad con las normas internacionales;

10.  Recuerda que la situación de los refugiados venezolanos exige soluciones a largo plazo; es consciente de los numerosos esfuerzos de los países vecinos para proporcionar no solo alimentos y vivienda, sino también documentación legal regular, escolarización y asistencia médica, y pide a los agentes de la Unión Europea que hagan lo propio con respecto a todos los refugiados;

11.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno y las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, y a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

 

(1)

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-01-24/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-venezuela-scroll-down-for-spanish

(2)

DO L 160 I de 25.6.2018, p. 12.

Última actualización: 31 de enero de 2019Aviso jurídico