Procedimiento : 2019/2615(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0167/2019

Textos presentados :

B8-0167/2019

Debates :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Votaciones :

PV 14/03/2019 - 11.18
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0167/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 53k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la situación en Nicaragua</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep‑Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato, Bart Staes</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}en nombre del Grupo Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0167/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Nicaragua

(2019/2615(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Nicaragua, y en particular las de 18 de diciembre de 2008[1], 26 de noviembre de 2009[2], 16 de febrero de 2017[3] y 31 de mayo de 2018[4],

 Vista la declaración realizada el 2 de octubre de 2018 por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), en nombre de la Unión Europea, sobre la situación en Nicaragua,

 Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Nicaragua, de 21 de enero de 2019,

 Vista la declaración de la portavoz de la VP/AR, de 1 de marzo de 2019, sobre la reanudación del diálogo nacional en Nicaragua,

 Visto el llamamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de 28 de febrero de 2019, en pro de unas condiciones propicias para el goce de los derechos humanos en Nicaragua durante el proceso de diálogo,

 Vista la misión de su delegación ad hoc en Nicaragua del 23 al 26 de enero de 2019,

 Visto el Acuerdo de Asociación de 2012 entre la Unión Europea y Centroamérica,

 Vistos el Documento de Estrategia Nacional y el Programa Indicativo Plurianual 2014-2020 de la Unión sobre Nicaragua,

 Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos, de junio de 2004, actualizadas en 2008,

 Vista la Constitución de Nicaragua,

 Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, desde el estallido de las protestas sociales, el 18 de abril de 2018, contra las reformas del sistema de seguridad social previstas en Nicaragua y la deriva cada vez más autocrática de la pareja presidencial compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo, la situación en Nicaragua ha degenerado en una grave crisis de profundo calado a raíz de la inusitada violencia y represión con la que ha reaccionado el régimen de Ortega, recurriendo tanto a fuerzas paramilitares y antidisturbios como a fuerzas de seguridad regulares;

B. Considerando que otras fuentes de descontento y conflicto declarado son el drástico aumento de las actividades extractivas destinadas a la exportación en los sectores minero, de la caña de azúcar y del aceite de palma, así como de las explotaciones ganaderas, el proyecto de canal interoceánico, que está provocando reubicaciones y daños medioambientales graves e irreversibles, y la continua represión de las protestas contra dichas actividades;

C. Considerando que la represión se habría saldado con más de cuatrocientos muertos, más de tres mil heridos, un sinnúmero de desaparecidos o encarcelados —los cuales, en su mayoría, siguen detenidos en condiciones deplorables— y muchos otros en el exilio;

D. Considerando que, tras haber participado en manifestaciones pacíficas, estudiantes, campesinos, exmiembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), defensores del medio ambiente y otros activistas siguen en la cárcel acusados de terrorismo, obstrucción de los servicios públicos y daños y robos con circunstancias agravantes, y que su juicio está previsto para el 1 de abril de 2019;

E. Considerando que las mujeres son especialmente vulnerables en tiempos de crisis; que solo entre enero y diciembre de 2018 se perpetraron cincuenta y cinco femicidios, según la rama nicaragüense de la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir; que, según la información disponible, estos femicidios fueron incluso más brutales que en años anteriores y sus autores, en la mayoría de los casos, actuaron en grupo;

F. Considerando que, en junio de 2017, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una enmienda a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres que restringía la definición de femicidio a la esfera privada, reduciéndolo a un delito entre cónyuges, a pesar de que gran parte de los femicidios se cometen en el ámbito público;

G. Considerando que Nicaragua posee uno de los índices más elevados de embarazo adolescente y mortalidad materna de América, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas; que en este país el aborto está prohibido en cualquier circunstancia;

H. Considerando que, el 29 de noviembre de 2018, la Asamblea Nacional aprobó por decreto la cancelación de la personalidad jurídica de varias ONG nacionales; que el decreto se basaría en disposiciones demasiado vagas e imprecisas y no respetaría las debidas garantías procesales; que, al parecer, se pretende restringir la capacidad de actuación de tales organizaciones y de los defensores de los derechos humanos, impidiéndoles llevar a cabo su legítima labor de defensa de los derechos humanos en Nicaragua;

I. Considerando que, por desgracia, el Gobierno de Nicaragua interrumpió la cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus órganos después de que esta publicase su informe sobre Nicaragua, así como con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH); que ordenó además que se suspendiese la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);

J. Considerando que el 27 de febrero de 2019 Nicaragua anunció la concesión de la libertad condicional a cien de las personas detenidas desde el 18 de abril de 2018; que estas personas se encuentran actualmente bajo arresto domiciliario; que, poco después, el Gobierno de Nicaragua y miembros de la oposición coaligados en la Alianza Cívica entablaron un diálogo nacional, lo que supuso un paso positivo en la búsqueda de una solución negociada a la crisis;

K. Considerando que este diálogo se interrumpió en la tarde del 4 de marzo de 2019; que al día siguiente ambas partes firmaron una hoja de ruta en presencia de la Iglesia Católica, y que prosiguieron el diálogo el 6 de marzo, habiéndose fijado el 28 de marzo como fecha límite para concluir las negociaciones;

1. Condena firmemente cualquier forma de represión y criminalización de la sociedad civil, incluida la prensa, y el uso de la legislación antiterrorista y de las fuerzas antidisturbios para acallar las voces disidentes en Nicaragua, así como los continuos casos de intimidación, acoso, detención y secuestro de quienes participan en las protestas de la oposición;

2. Manifiesta su preocupación por las crecientes restricciones impuestas al espacio cívico y a la manifestación de opiniones disidentes; recuerda el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica; insiste en que el Estado de Derecho debe proteger y amparar en primer lugar a los defensores de los derechos humanos, tal como se establece en las Directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos;

3. Condena la cancelación de la personalidad jurídica de varias ONG nacionales por la Asamblea Nacional de Nicaragua; considera necesario que se restablezca rápidamente la personalidad jurídica de las organizaciones afectadas por el decreto;

4. Pide a la VP/AR, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros que velen por la plena aplicación de las Directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos y que extiendan su protección y apoyo a los defensores de los derechos humanos, y en particular a las mujeres defensoras de los derechos humanos;

5. Insta enérgicamente a que continúe el diálogo nacional sobre la base de la hoja de ruta firmada por ambas partes, de forma transparente, inclusiva y constructiva, a fin de preparar una solución negociada, que cuente con un amplio apoyo, para la crisis actual en todas sus facetas;

6. Considera que la crisis actual solo puede abordarse y resolverse mediante un diálogo pacífico entre los ciudadanos nicaragüenses y negociando una reforma institucional, que abarque también las instituciones electorales; reafirma que, en caso necesario, la Unión está dispuesta a actuar como mediadora;

7. Pide la liberación inmediata de todos los presos detenidos ilegalmente; pide que se ponga fin al maltrato de quienes sigan detenidos, que se les facilite atención médica y garantías jurídicas y que sus condiciones carcelarias sean acordes con el Derecho internacional humanitario, así como que se les garantice un proceso justo y con las debidas garantías; recuerda además que es necesario que se lleven a cabo con los medios apropiados investigaciones exhaustivas, transparentes e independientes en relación con todas las infracciones legales, delitos y violaciones de los derechos humanos, que se castigue a los responsables y que las víctimas obtengan reparación;

8. Considera que una comisión nacional de la verdad, apoyada, en su caso, por expertos internacionales, sería la mejor manera de garantizar la rendición de cuentas por todas las violaciones de los derechos humanos cometidas, superar la impunidad y restablecer la confianza con miras a lograr la reconciliación;

9. Insiste en que las organizaciones internacionales como la CIDH y su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), los organismos de las Naciones Unidas y el GIEI puedan regresar a Nicaragua y sean rehabilitadas, y en que se establezcan las condiciones necesarias para su regreso;

10. Subraya que es preciso revocar todas las medidas que tengan en su punto de mira a las organizaciones de la sociedad civil y los medios independientes con el fin de que cesen su actividad, como la confiscación de sus activos;

11. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno de Nicaragua, al Parlamento Centroamericano, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

 

[1] DO C 45 E de 23.2.2010, p. 89.

[2] DO C 285 E de 21.10.2010, p. 74.

[3] DO C 252 de 18.7.2018, p. 189.

[4] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0238.

Última actualización: 13 de marzo de 2019Aviso jurídico