Procedimiento : 2019/2615(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0168/2019

Textos presentados :

B8-0168/2019

Debates :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Votaciones :

PV 14/03/2019 - 11.18
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0168/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 47k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la situación en Nicaragua</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas</Depute>

<Commission>{EFDD}en nombre del Grupo EFDD</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0165/2019

B8‑0168/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Nicaragua

(2019/2615(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus Resoluciones anteriores sobre Nicaragua, en particular las de 16 de febrero de 2017[1] y de 31 de mayo de 2018[2],

 Vista la declaración realizada el 2 de octubre de 2018 por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre la situación en Nicaragua,

 Vistas las Conclusiones del Consejo, de 21 de enero de 2019, sobre Nicaragua,

 Vista la declaración de la portavoz de la VP/AR, de 1 de marzo de 2019, sobre el diálogo nacional en Nicaragua,

 Visto el llamamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de 28 de febrero de 2019, en pro de unas condiciones propicias para el goce de los derechos humanos en Nicaragua durante el proceso de diálogo,

 Vista su delegación ad hoc a Nicaragua del 23 al 26 de enero de 2019,

 Vista la carta enviada por su presidente al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,

 Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica de 2012,

 Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos, de junio de 2004, actualizadas en 2008,

 Vista la Constitución de Nicaragua,

 Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, desde el estallido de las protestas, el 18 de abril de 2018, contra las reformas del sistema de seguridad social previstas en Nicaragua y las derivas cada vez más autocráticas de la pareja presidencial compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo, la situación en Nicaragua ha degenerado en una grave crisis de profundo calado a raíz de la inusitada violencia y represión con la que el régimen de Ortega ha reaccionado ante las protestas, recurriendo tanto a fuerzas paramilitares y antidisturbios como a fuerzas de seguridad regulares;

B. Considerando que la represión se ha saldado con más de trescientos muertos, más de tres mil heridos, más de setecientos detenidos, y miles de exiliados o huidos a países vecinos;

C. Considerando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) señalaron una serie de violaciones de los derechos humanos en el marco de la respuesta del Gobierno a las protestas, tales como el uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza por parte de la policía (incluido el uso de armas de fuego y ejecuciones extrajudiciales), las detenciones arbitrarias e ilegales y las desapariciones forzosas, los malos tratos y la tortura de manifestantes detenidos (incluida la violencia sexual), el uso de francotiradores, las acciones de grupos de civiles armados que participaron en la represión violenta de las protestas en cooperación o connivencia con las autoridades y la obstrucción del acceso a la asistencia sanitaria a las personas heridas en los enfrentamientos;

D. Considerando que esta estrategia de represión también implica graves ataques a la prensa y los medios de comunicación libres, en particular la censura y el cierre de medios de comunicación, así como la detención arbitraria de periodistas;

E. Considerando que, en diciembre de 2018, el Gobierno de Nicaragua suspendió la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) del CIDH;

F. Considerando que la crisis política ha sumido en una recesión todavía más profunda a la maltrecha economía nicaragüense, lo que ha entrañado un aumento del desempleo y otras graves consecuencias para la población de un país que ya se encontraba entre los más pobres de la región;

G. Considerando que una delegación ad hoc del Parlamento Europeo visitó Nicaragua del 23 al 26 de enero de 2019 para evaluar la situación; que la delegación formuló tres peticiones claras a las autoridades: la puesta en libertad de todos los presos políticos, el fin de la represión y la autorización del regreso de las organizaciones de derechos humanos al país;

H. Considerando que a lo largo del último decenio Nicaragua ha sufrido un deterioro de la democracia y el Estado de Derecho; que el desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, deben formar parte integrante de las políticas exteriores de la Unión, incluido el Acuerdo de Asociación celebrado entre la Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica de 2012;

I. Considerando que, desde 2007, Daniel Ortega ha sido elegido presidente en tres ocasiones consecutivas, a pesar de que la Constitución de Nicaragua prohibía la reelección consecutiva, lo que demuestra la corrupción y el autoritarismo en los que se ha sumido el Estado; que las elecciones de 2011 y de 2016 fueron objeto de fuertes críticas debido a las irregularidades denunciadas por las instituciones de la Unión y la Organización de Estados Americanos, tras celebrarse sin la presencia de observadores de ninguna de estas organizaciones ni de otros observadores internacionales creíbles;

1. Condena la represión y las graves violaciones de los derechos humanos, la criminalización de los miembros de la sociedad civil y de la prensa, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y de grupos paramilitares armados para sofocar las protestas sociales, así como los casos de acoso, y las detenciones ilegales y arbitrarias de los participantes en las protestas de la oposición que se están dando en Nicaragua;

2. Manifiesta su preocupación por las crecientes restricciones del espacio cívico y de las expresiones de disidencia en Nicaragua, en particular el cierre de medios de comunicación independientes, la revocación de la personalidad jurídica a organizaciones de la sociedad civil y el embargo de sus bienes y activos;

3. Condena la decisión del Gobierno de Nicaragua de expulsar del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) del CIDH y de retirar la invitación al Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que visitara el país; insta a las autoridades a permitir su regreso al país y reanudar la cooperación con ellos;

4. Celebra el alivio de la condena de cien presos detenidos tras el estallido de las protestas sociales en el país, pero lamenta que cientos de personas permanezcan detenidos ilícitamente; pide la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos, y reitera que todos los prisioneros han de gozar en todo momento del respeto de las garantías procesales y de las demás garantías jurídicas consagradas en la Constitución de Nicaragua;

5. Resalta la importancia del diálogo político entre el Gobierno y la oposición en el país; celebra la reanudación del diálogo nacional entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica como un primer paso positivo para superar la actual crisis política a través de una solución negociada, que sigue siendo la única solución posible a la crisis actual;

6. Pide a las partes que negocien de buena fe y de forma transparente e inclusiva, permitiendo la participación de los actores de la sociedad civil; considera que la situación de los presos debería ser una cuestión prioritaria de cara a las negociaciones, ya que cientos de inocentes permanecen en prisión;

7. Lamenta que las autoridades nicaragüenses no respetaran las garantías dadas durante la visita de la delegación del Parlamento Europeo, en particular mediante el acoso a los presos políticos que se reunieron con la delegación;

8. Expresa su profunda preocupación por la nueva Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobada el 16 de julio de 2018, en cuyos artículos 394 y 395 se recoge una vaga definición de terrorismo que parece diseñada para criminalizar a manifestantes pacíficos; denuncia que se ha recurrido a esta ley en repetidas ocasiones para detener a manifestantes, periodistas y activistas;

9. Pide a la Unión que siga supervisando la situación en Nicaragua, y pide al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que sopesen la posibilidad de imponer sanciones individuales específicas contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos acaecidas en Nicaragua en caso de que no prosperen las negociaciones ni el cumplimiento de las condiciones establecidas por la delegación del Parlamento Europeo, en concreto la liberación de los presos políticos, el fin de la represión y la autorización del regreso de las organizaciones de derechos humanos;

10. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al Parlamento Centroamericano, al Grupo de Lima y al Gobierno y al Parlamento de la República de Nicaragua.

 

[1] DO C 252 de 18.7.2018, p. 189.

[2] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0238.

Última actualización: 13 de marzo de 2019Aviso jurídico