Procedimiento : 2019/2615(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0170/2019

Textos presentados :

B8-0170/2019

Debates :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Votaciones :

PV 14/03/2019 - 11.18
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0170/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 52k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la situación en Nicaragua </Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki</Depute>

<Commission>{ECR}en nombre del Grupo ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0165/2019

B8‑0170/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Nicaragua

(2019/2615(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores resoluciones sobre Nicaragua,

 Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión y Centroamérica, de 29 de junio de 2012,

 Vistas las declaraciones efectuadas por la alta representante en nombre de la Unión sobre la situación en Nicaragua los días 2 de octubre de 2018, 15 de mayo de 2018, 22 de abril de 2018 y 15 de diciembre de 2018, y sobre la reanudación del diálogo nacional el 1 de marzo de 2019,

 Vistos el Documento de Estrategia Nacional y el Programa Indicativo Plurianual 2014-2020 de la Unión sobre Nicaragua,

 Vista la Constitución de Nicaragua,

 Visto el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de 20 de diciembre de 2018, sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo en Nicaragua,

 Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Nicaragua en 1980,

 Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, de la que Nicaragua es parte,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

 Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que Nicaragua está sumida en la inestabilidad política desde el 18 de abril de 2018, después de que el presidente Daniel Ortega propusiera medidas de austeridad en relación con el sistema de seguridad social del país;

B. Considerando que la violenta respuesta del Gobierno de Nicaragua, con las fuerzas de seguridad disparando munición real para acabar con las protestas en todo el país, provocó cientos de muertos y heridos;

C. Considerando la regresión experimentada en los últimos años, en los que se han conculcado la libertad de expresión y de reunión en el país, con restricciones casi totales desde abril de 2018; considerando que periodistas, líderes de la sociedad civil, activistas políticos, sociales y medioambientales y otros agentes cívicos han sido fuertemente acosados y perseguidos; que miles de nicaragüenses han huido del país ante la persistencia de una dura represión gubernamental y la consiguiente recesión económica;

D. Considerando que el Gobierno de Nicaragua recortó el estatuto jurídico de numerosas organizaciones locales e internacionales a finales de 2018; que ello supuso privar en gran medida a la población nicaragüense del derecho de organización, asociación, participación y libre expresión de sus opiniones, intentando el Gobierno silenciar a los defensores de los derechos humanos con la amenaza constante de utilizar el Derecho penal para tomar represalias contra su labor;

E. Considerando que el 16 de mayo de 2018 se inició un diálogo nacional con la Iglesia católica como mediadora, pero que se suspendió poco después; que el 27 de febrero de 2019 se intentó reanudar el diálogo nacional, pero este diálogo fracasó el 10 de marzo de 2019, tras la retirada de la Alianza Cívica de las negociaciones;

F. Considerando que más de 700 personas han sido detenidas desde los disturbios de abril de 2018; que 112 personas fueron liberadas y mantenidas bajo arresto domiciliario el 27 de febrero de 2019, en el contexto más amplio del nuevo diálogo nacional;

G. Considerando que los disturbios han exacerbado la incertidumbre económica en el país, lo que a su vez llevado a una mayor inestabilidad social y política;

H. Considerando que la democracia y el Estado de Derecho se han deteriorado en Nicaragua en los últimos años, a medida que el presidente ha reafirmado su control sobre el Parlamento, el poder judicial, el ejército, la policía y los medios de comunicación, y que el espacio de la sociedad civil ha ido disminuyendo de forma constante;

I. Considerando que una delegación ad hoc del Parlamento Europeo visitó Nicaragua en enero de 2019 y rechazó la posición oficial del Gobierno sobre los disturbios en el país; que la represión se ha intensificado en Nicaragua desde la visita de esta delegación;

J. Considerando que el desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, deben formar parte integrante de las políticas exteriores de la Unión, incluido el Acuerdo de Asociación celebrado en 2012 entre la Unión Europea y los países de Centroamérica;

1. Condena la dura violencia ejercida contra manifestantes pacíficos y la represión del derecho a la libertad de expresión y de reunión en el país; expresa su solidaridad con el pueblo nicaragüense y transmite sus condolencias a las familias de quienes han perdido la vida desde abril de 2018;

2. Insta al Gobierno nicaragüense a poner en marcha una investigación imparcial e independiente y a llevar ante la justicia a quienes hayan cometido violaciones de los derechos humanos durante las protestas;

3. Lamenta que los esfuerzos por entablar un nuevo diálogo nacional hayan fracasado; destaca que la única forma de salir de la crisis actual es el diálogo integrador con representantes de todos los agentes y grupos de la sociedad;

4. Pide al Gobierno nicaragüense que respete la libertad de expresión y de reunión ejercidas de forma pacífica, en consonancia con el Derecho nacional e internacional, como elemento esencial de una sociedad democrática; pide asimismo a las autoridades que respeten la libertad de prensa y de los medios de comunicación como elemento fundamental de una sociedad abierta, tal y como garantiza la Constitución de Nicaragua;

5. Exige la liberación inmediata de todos los presos políticos y de todos aquellos que han ejercido su libertad de expresión y de reunión de forma pacífica; pide a las autoridades que garanticen el respeto de los derechos y la integridad de los presos políticos;

6. Pide al Gobierno de Nicaragua que restablezca el estatuto jurídico de aquellas organizaciones nacionales e internacionales a las que se lo recortó a partir de abril de 2018;

7. Pide una reforma electoral inmediata que garantice unas elecciones justas, libres y transparentes; recomienda que la oposición supere sus divisiones internas;

8. pide al Gobierno nicaragüense que respete plenamente los valores democráticos, incluida la separación de poderes; recuerda que la plena participación de la oposición, la despolarización del poder judicial, el fin de la impunidad y una sociedad civil independiente son factores esenciales para el éxito de cualquier democracia;

9. Respalda la aspiración de la mayoría de ciudadanos nicaragüenses que desean el establecimiento de una nación libre, estable, próspera, integradora y democrática que respete sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales;

10. Recuerda que, en virtud del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica, Nicaragua debe respetar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos tal y como los defiende y promueve la Unión; insta a activar la cláusula democrática, que suspendería la participación de Nicaragua en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica;

11. Insta a la Unión y a los Estados miembros a seguir de cerca la situación y a considerar la aplicación urgente de sanciones específicas e individuales contra el Gobierno y contra los responsables de violaciones de los derechos humanos, de conformidad con las Conclusiones del Consejo de 21 de enero de 2019; subraya que las sanciones no deben perjudicar a la población;

12. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Estados miembros y al Gobierno y el Parlamento de Nicaragua.

Última actualización: 13 de marzo de 2019Aviso jurídico