Procedimiento : 2019/2582(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0199/2019

Textos presentados :

B8-0199/2019

Debates :

Votaciones :

PV 14/03/2019 - 11.15
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0217

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0199/2019</NoDocSe>
PDF 191kWORD 69k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre el cambio climático</Titre>

<DocRef>(2019/2582(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0195/2019

B8‑0199/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre el cambio climático

(2019/2582(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, titulada «Un planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra» (COM (2018)0773),

 Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto,

 Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP.21, la 21.ª Conferencia de las Partes (COP21) en la CMNUCC y la 11.ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP11), celebradas en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015,

 Vistos la 24.ª Conferencia de las Partes (COP24) en la CMNUCC, el 14.º periodo de sesiones de la reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP14) y la tercera parte del primer periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CMA1.3), celebrada en Katowice (Polonia), del 2 al 14 de diciembre de 2018,

 Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

 Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24) celebrada en Katowice (Polonia)[1],

 Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de marzo de 2018,

 Visto el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) titulado «Global Warming of 1.5 ºC» (Calentamiento global de 1,5 ºC), su quinto informe de evaluación y su informe de síntesis,

 Visto el noveno informe sobre la disparidad en las emisiones publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aprobado el 27 de noviembre de 2018,

 Vista la propuesta de resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía,

 Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la COP24 celebrada en Katowice dio lugar a la aprobación del Código normativo de Katowice, que aporta claridad jurídica a la hora de aplicar el Acuerdo de París;

1. Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión titulada «Un planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra», en la que, además de ponerse de relieve las oportunidades y los retos que para los ciudadanos y la economía europeos entraña la transformación hacia una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, se asientan las bases para un amplio debate que ha de contar con la participación de las instituciones de la Unión, los Parlamentos nacionales, el sector empresarial, las organizaciones no gubernamentales, el mundo académico y otras organizaciones de investigación, los sindicatos, las regiones, las ciudades y las comunidades, así como de la ciudadanía; respalda el objetivo de un nivel cero de emisiones netas de gases de efecto invernadero a más tardar en 2050, e insta a los Estados miembros a que hagan lo mismo como parte del debate sobre el futuro de Europa, en la cumbre especial de la Unión que se celebrará en Sibiu en mayo de 2019; pide a los Estados miembros que se comprometan con la ambición necesaria para alcanzar este objetivo;

2. Destaca que los ciudadanos europeos ya tienen que enfrentarse a los efectos directos del cambio climático; subraya que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las pérdidas medias anuales causadas por los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en la Unión ascendieron a unos 12 800 millones de euros entre 2010 y 2016, y que, de no tomarse medidas adicionales, el daño climático en la Unión podría ascender, como mínimo, a 190 000 millones de euros en 2080, lo que supone una pérdida neta de bienestar del 1,8 % de su PIB actual; hace hincapié en que, de cumplirse la hipótesis de emisiones elevadas, los costes anuales causados por las inundaciones en la Unión podrían ascender a un billón de euros para 2100, y que las catástrofes provocadas por fenómenos meteorológicos podrían afectar aproximadamente a dos tercios de los ciudadanos europeos para 2100, frente al 5 % actual; hace hincapié asimismo en que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el 50 % de las zonas pobladas de la Unión se verán afectadas por una grave escasez de agua de aquí a 2030;

3. Hace hincapié en que, según el informe especial del GIECC sobre el calentamiento global de 1,5 ºC, limitar el calentamiento global a 1,5 ºC con un rebasamiento nulo o limitado implica alcanzar a más tardar en 2067 un nivel neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero, así como reducir las emisiones anuales de estos gases de aquí a 2030 a un máximo de 27,4 GtCO2eq al año en todo el mundo; subraya, en vista de dichas conclusiones, que, en calidad de líder mundial y con objeto de tener una oportunidad segura de mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 1,5 ºC para 2100, la Unión debe esforzarse por lograr un nivel neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible y para 2050 a más tardar;

4. Manifiesta su preocupación por el informe de las Naciones Unidas sobre la disparidad en las emisiones en 2018, en el que se concluye que las contribuciones determinadas a nivel nacional actuales sobrepasan con creces el límite del calentamiento del Acuerdo de París de muy por debajo de 2 ºC, y se estima que se llegará en cambio a un calentamiento de 3,2 ºC[2] para 2100; recalca la urgencia de que todas las Partes aumenten notablemente su ambición en materia de lucha contra el cambio climático de aquí a 2020;

Vías para la estrategia europea de cero emisiones para mediados de siglo

5. Considera que Europa debe abanderar la búsqueda de la neutralidad climática invirtiendo en sistemas tecnológicos sostenibles e innovadores, capacitando a la ciudadanía y armonizando las acciones adoptadas en ámbitos clave como la energía, la política industrial y la investigación, evitando al mismo tiempo la pobreza energética y velando por la justicia social de modo que la transición resulte equitativa, incluidos programas de reciclaje y mejora de las cualificaciones, clave para el éxito de la transición a una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 a más tardar;

6. Observa que la estrategia de emisiones cero de la Unión presenta ocho vías con vistas a la transformación económica, tecnológica y social necesaria para que la Unión cumpla el objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París; lamenta que en la estrategia no se considerara ninguna vía para lograr un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero antes de 2050; observa que solo dos de dichas vías permitirían a la Unión alcanzar un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 a más tardar; pone de relieve que para ello se requiere una acción rápida y coordinada, además de esfuerzos considerables no solo a escala local y regional, sino también nacional y europea, en que participen también todos los agentes no pertenecientes al sector público; reconoce que las contribuciones determinadas a nivel regional y las determinadas a nivel local podrían constituir importantes herramientas a la hora de reducir la disparidad de las emisiones; recuerda la obligación de los Estados miembros de adoptar estrategias nacionales a largo plazo, según lo establecido en el Reglamento relativo a la gobernanza[3]; pide, por tanto, a los Estados miembros que establezcan objetivos y políticas claros, a corto y largo plazo, coherentes con los objetivos del Acuerdo de París, y que presten apoyo a las inversiones en las vías para lograr un nivel de cero emisiones netas;

7. Señala que, de acuerdo con las previsiones de la Comisión, se espera que el PIB de la Unión aumente más de cumplirse las hipótesis que comportan cero emisiones que de hacerlo las hipótesis con una menor reducción de las emisiones, si bien en ambos casos los efectos se distribuirían de forma desigual en la Unión debido a la diferencia entre Estados miembros en materia de, entre otras cosas, PIB per cápita e intensidad de carbono de la combinación energética; considera que la inacción sería con mucha diferencia la hipótesis más gravosa y no solo daría lugar a una enorme pérdida de PIB en Europa, sino que también agudizaría las desigualdades económicas entre los Estados miembros y las regiones y en su interior, ya que se espera que las consecuencias de la inacción afecten a algunos más que a otros;

8. Señala con preocupación que actualmente la Unión depende en un 55 % de la importación de energía; subraya que, de cumplirse una hipótesis de cero emisiones netas, la dependencia se reduciría a un 20 % de aquí a 2050, lo que tendría efectos positivos en la balanza comercial y la posición geopolítica de la Unión; observa que el ahorro acumulado de los costes derivados de la importación de combustible fósil entre 2031 y 2050 ascendería a dos o tres billones de euros, que podrían destinarse a inversiones sostenibles y equitativas;

9. Pone de relieve que la reducción de la contaminación atmosférica en una hipótesis de cero emisiones netas reduciría las muertes prematuras ocasionadas por partículas finas en más de un 40 %; señala que, de cumplirse dicha hipótesis, los costes de los daños ocasionados a la salud se reducirían en unos 200 000 millones de euros anuales;

10. Señala que las vías propuestas en la estrategia comportan el uso de una serie de tecnologías de eliminación de carbono, en particular la captura y el almacenamiento o utilización del carbono y la captura directa del aire, que aún deben desplegarse a gran escala; considera, no obstante, que la estrategia de cero emisiones netas de la Unión debe dar prioridad a las reducciones directas de las emisiones y a las acciones orientadas a la conservación y mejora de los sumideros y depósitos naturales de la Unión, y solo debe aspirar al uso de tecnologías de eliminación de carbono cuando no se disponga de opciones para la reducción directa de las emisiones; considera necesario llevar a cabo actuaciones adicionales de aquí a 2030 para evitar que la Unión dependa de tecnologías de eliminación de carbono que entrañan riesgos significativos para los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad alimentaria, como confirma también el informe del GIECC sobre el calentamiento global de 1,5 ºC;

Aspectos sociales del cambio climático y una transición justa

11. Celebra que la Comisión afirme que es posible alcanzar el nivel cero de emisiones netas sin pérdida de empleo neto, y observa de manera positiva la detallada evaluación de la transición de las industrias de gran consumo de energía; destaca que, si se gestiona bien, con el apoyo adecuado para las regiones, los sectores y las personas más vulnerables, una transición justa hacia cero emisiones netas de gases de efecto invernadero tiene el potencial de lograr un aumento neto del empleo en la Unión —en el conjunto de la economía, el empleo aumentaría en 2,1 millones de puestos de trabajo para 2050 de cumplirse una hipótesis de cero emisiones netas, frente a un aumento del empleo de 1,3 millones de puestos de trabajo de cumplirse una hipótesis de reducción de las emisiones en un 80 %—; considera, por tanto, que la Comisión debe llevar a cabo un balance de competencias renovado en el marco del Panorama de cualificaciones de la UE con datos regionales sobre las capacidades necesarias para lograr una Europa climáticamente neutra a fin de apoyar a las regiones, los sectores y las personas más vulnerables a fin de actualizar y mejorar sus capacidades con vistas a un empleo de calidad, preparado para el futuro, en las mismas regiones;

12. Recalca la necesidad de que se adopte un enfoque anticipatorio al objeto de garantizar una transición justa para los ciudadanos de la Unión y apoyar a aquellas regiones cuyas economías dependan de actividades vinculadas a sectores o tecnologías que se prevé que mengüen o que tendrán que transformarse en el futuro;

13. Considera que la transición climática europea debe ser ecológica, económica y socialmente sostenible; subraya que, a fin de garantizar la aceptación política por parte de todos los ciudadanos, es importante tener en cuenta los efectos distributivos de las políticas relativas al clima y la descarbonización, en particular para las personas con ingresos bajos; considera, por tanto, que, en todas las políticas climáticas nacionales y de la Unión, deben tenerse plenamente en cuenta las repercusiones sociales con miras a garantizar la transformación social y ecológica en Europa; subraya, a este respecto, que deberán diseñarse estrategias a medida y con financiación suficiente en todos los niveles, sobre la base de unos procesos inclusivos y en estrecha colaboración con las autoridades públicas locales y regionales, los sindicatos, las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, con objeto de garantizar que se ofrece justicia social e igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos europeos durante dicha transición, a la vez que se evitan los efectos desproporcionados en las personas con ingresos bajos;

14. Recuerda que aproximadamente entre 50 y 125 millones de ciudadanos europeos corren el riesgo de sufrir pobreza energética[4]; destaca que la transición energética puede afectar de forma desproporcionada a las personas con ingresos bajos y aumentar aún más la pobreza energética; reconoce que la política energética debe incorporar una dimensión social y garantizar que no se deja a nadie atrás; pide a los Estados miembros que emprendan acciones prospectivas para velar por una transición energética justa y el acceso a la energía para todos los ciudadanos de la Unión;

15. Considera que los jóvenes tienen una conciencia social y ambiental cada vez mayor, lo que tiene la capacidad de transformar nuestras sociedades con vistas a un futuro resistente al clima, y que la educación de los jóvenes constituye uno de los instrumentos más eficaces para combatir el cambio climático; subraya la necesidad de implicar activamente a las generaciones más jóvenes en la creación de relaciones internacionales, interculturales e intergeneracionales que sustenten el cambio cultural que respaldará los esfuerzos globales en pos de un futuro más sostenible;

16. Celebra el hecho de que los ciudadanos en toda Europa sean cada vez más activos al manifestarse a favor de la justicia climática, en particular mediante huelgas escolares; acoge con satisfacción la exigencia de una mayor ambición manifestada por estos activistas, y considera que los gobiernos nacionales, regionales y locales, así como la Unión, deben prestar atención a dichas exigencias;

17. Hace hincapié en que la inclusión y la participación de los ciudadanos europeos es vital para hacer posible que Europa alcance un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero a más tardar en 2050; alienta a todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local) a que introduzcan medidas concretas para estimular y facilitar la participación de los ciudadanos en la transición hacia una sociedad descarbonizada;

Objetivos intermedios

18. Reconoce que la década que va de 2020 a 2030 será la más importante si la Unión desea conseguir un nivel de cero emisiones netas para 2050; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen un objetivo a medio plazo sólido para 2030, pues es necesario para lograr una estabilidad de inversiones suficiente en el mercado, aprovechar plenamente el potencial de la innovación tecnológica y aumentar las posibilidades de las empresas europeas de convertirse en líderes mundiales en el mercado en materia de producción de bajas emisiones;

19. Destaca que, para alcanzar un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050 de la forma más rentable, es necesario aumentar el nivel de ambición para 2030 y adaptarlo a las hipótesis de cero emisiones netas para 2050; considera sumamente importante que la Unión envíe un mensaje claro, a más tardar durante la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas que se celebrará en Nueva York en septiembre de 2019, acerca de su inclinación a revisar su contribución al Acuerdo de París;

20. Apoya la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión con un objetivo de reducción de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero del 55 % para 2030 con respecto a los niveles de 1990; pide, por tanto, a los líderes de la Unión que apoyen una mayor ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional durante la cumbre especial de la Unión que se celebrará en Sibiu en mayo de 2019, con vistas a la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas en septiembre de 2019;

21. Considera, por tanto, que la Comisión debe, a más tardar durante las revisiones del paquete de medidas sobre el clima para 2030 y demás legislación pertinente del periodo 2022-2024, presentar propuestas legislativas que eleven el nivel de ambición en consonancia con las contribuciones determinadas a nivel nacional actualizadas y al objetivo de cero emisiones netas; opina que un nivel de ambición insuficiente para 2030 limitaría las opciones futuras y quizás incluiría la disponibilidad de determinadas opciones de descarbonización rentable; considera que estas revisiones constituyen un hito importante a la hora de garantizar los compromisos de la Unión en materia de lucha contra el cambio climático;

22. Considera que, para seguir garantizando una mayor estabilidad de los mercados, también será beneficioso que la Unión establezca un objetivo adicional de reducción de las emisiones para 2040 que pueda aportar más estabilidad y garantizar el cumplimiento del objetivo a largo plazo para 2050;

23. Estima necesario examinar periódicamente la estrategia de la Unión de cero emisiones netas; considera que dicho examen debe basarse en el balance mundial quinquenal establecido en el Acuerdo de París, así como tener en cuenta los avances tecnológicos y sociales, y las aportaciones de agentes no estatales y del Parlamento Europeo;

Contribuciones sectoriales

24. Hace hincapié en que las emisiones netas deberán reducirse casi a cero en todos los sectores de la economía, que deben contribuir a los esfuerzos conjuntos en materia de reducción de emisiones; pide, así pues, a la Comisión que desarrolle vías hacia la neutralidad climática de todos los sectores; subraya, a este respecto, la importancia del principio de «quien contamina paga»;

25. Destaca la importancia de las distintas medidas y leyes en materia de clima que se han adoptado en varios ámbitos de actuación, pero advierte de que, si se sigue un planteamiento fragmentado, pueden surgir incoherencias y no lograrse en la Unión para 2050 una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero; considera que será necesario un enfoque global en forma de legislación de la Unión sobre el clima y pide a la Comisión que estudie la cuestión sin demora;

26. Señala el impacto que ha ejercido la reforma del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) sobre los precios de los derechos de emisión de la Unión, y celebra que aumente la confianza en el sistema;

27. Reconoce el papel atribuido a la captura y la retención de carbono en la mayoría de hipótesis con un aumento de temperaturas de 1,5 ºC del informe especial del GIECC sobre la cuestión; considera necesario incrementar el uso, en los procesos industriales, de la captura y retención de carbono y la captura y la utilización de carbono seguros para el medio ambiente, que generen una reducción neta de las emisiones mediante la evitación de emisiones o el almacenamiento permanente del CO2; observa con preocupación que, en la actualidad, muchas tecnologías de captura y utilización de carbono no consiguen reducciones permanentes de emisiones; pide, por tanto, a la Comisión que elabore criterios técnicos que garanticen apoyo únicamente a aquellas tecnologías que produzcan resultados verificables;

Política energética

28. Recuerda que la Unión ha logrado con buen resultado estas últimas décadas desvincular las emisiones de gases de efecto invernadero del crecimiento económico y ha reducido las emisiones, en particular gracias a la eficiencia energética y la penetración de las energías renovables;

29. Considera que el liderazgo de la Unión en materia de energías renovables y eficiencia energética demuestra a otras partes del mundo que la transición a la energía limpia es posible y beneficiosa más allá de la lucha contra el cambio climático;

30. Señala que, para lograr una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, harán falta importantes inversiones adicionales en el sistema energético de la Unión y las infraestructuras conexas, de entre 175 000 y 290 000 millones de euros al año, con respecto a la situación de referencia actual;

31. Destaca la importancia de adoptar un enfoque integrado y multisectorial con objeto de favorecer los esfuerzos de descarbonización en todo el sistema energético y otros sectores asociados, y de obtener beneficios de la mayor eficiencia; reconoce que la integración de sistemas energéticos puede ofrecer una mayor flexibilidad, mejor eficiencia del sistema, un mayor consumo de energía renovable en todos los vectores energéticos y, en último término, una transición energética rentable;

32. Destaca el papel crucial de las fuentes de energía renovables en la transición hacia una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, puesto que la energía es responsable actualmente del 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa;

33. Aboga por un sistema energético altamente eficiente y basado en las energías renovables; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias a este respecto, ya que tendrán efectos indirectos en todos los sectores económicos; destaca que todas las vías suponen una descarbonización total del sector de la energía en 2050 a más tardar, lo que representa una reducción drástica de los combustibles fósiles y un fuerte aumento de las energías renovables;

34. Resalta la contribución de la eficiencia energética a la seguridad del suministro, la competitividad económica, la protección del medio ambiente, la reducción de la factura energética y la mejora de la calidad de las viviendas; confirma el importante papel que desempeña la eficiencia energética en la creación de oportunidades empresariales y de empleo, así como sus beneficios en los ámbitos mundial y regional; recuerda, en este contexto, la introducción del principio de «primero, la eficiencia energética» mediante el Reglamento relativo a la gobernanza, y que debe aplicarse plenamente en toda la cadena de la energía, además de considerarse la base de cualquier vía hacia el objetivo de cero emisiones netas para 2050;

35. Subraya la necesidad de garantizar una mayor integración del mercado europeo de la energía con el fin de descarbonizar el sector de la energía de la manera más eficaz, facilitar las inversiones allá donde pueda realizarse una mayor producción de energías renovables y fomentar la participación activa de los ciudadanos, con el objetivo de acelerar la transición energética hacia una economía neutra en cuanto al carbono y sostenible, al tiempo que se reduce la pobreza energética; estima fundamental elevar el nivel de interconectividad entre los Estados miembros, por ejemplo fomentando más sistemas de ayuda transfronterizos;

36. Señala que el sector europeo de la construcción es actualmente responsable del 40 % del consumo final de energía y del 36 % de las emisiones de CO2[5]; pide que se aproveche su potencial de ahorro energético y que se reduzca la huella de carbono, en consonancia con el objetivo de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios[6] de lograr un parque inmobiliario descarbonizado y muy eficiente desde el punto de vista energético a más tardar en 2050; recalca que un consumo de energía más eficiente en los edificios alberga un potencial considerable para la reducción adicional de las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa; considera, además, que el logro de unos edificios de bajo uso energético, plenamente abastecidos de energía renovable, es una condición indispensable del Acuerdo de París y de una agenda de la Unión para el crecimiento, el empleo local y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de toda Europa;

37. Pide a todos los niveles de gobierno, ya sea nacional, regional o local, que implanten medidas tendentes al fomento de la participación de los ciudadanos en la transición energética y al impulso del intercambio de buenas prácticas;

Política industrial

38. Considera que la prosperidad económica, la competitividad industrial mundial y una acción climática ambiciosa se retroalimentan;

39. Insiste en que la transición hacia una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero entraña retos y oportunidades para la Unión, y en que harán falta inversiones tanto en innovación industrial, incluidas las tecnologías digitales, como en tecnología limpia para estimular el crecimiento sostenible, reforzar la competitividad a escala mundial, fomentar las futuras capacidades y crear millones de puestos de trabajo de calidad, por ejemplo, en el marco de una economía circular en crecimiento, la bioeconomía y el transporte con emisiones cero;

40. Pone de relieve la importancia de las industrias de gran consumo de energía para lograr reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo; considera que mantener el liderazgo industrial de la Unión con bajas emisiones de carbono y la producción industrial en la Unión, al tiempo que se preserva la competitividad de las industrias europeas y se previene el riesgo de fuga de carbono, requiere marcos políticos inteligentes y específicos; pide a la Comisión que presente una nueva estrategia industrial integrada de la Unión en materia de clima para las industrias de gran consumo de energía que respalde una transición competitiva de la industria pesada hacia un nivel de cero emisiones netas;

41. Pide a la Comisión que desarrolle una estrategia industrial con medidas que permitan a la industria de la Unión competir en la esfera mundial en igualdad de condiciones; estima que, como parte de esta política, la Comisión debe examinar la eficacia y la compatibilidad con las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio, así como con las medidas adicionales para proteger las industrias en riesgo de fuga de carbono en relación con las importaciones de productos que sustituyan, adapten o complementen cualquier medida existente sobre la fuga de carbono;

42. Subraya que las emisiones generadas por procesos industriales deben atajarse a una escala mucho mayor; señala que, según el Informe Especial del GIECC sobre el calentamiento global de 1,5 ºC, las emisiones de CO2 procedentes de la industria han de ser entre un 65 % y un 90 % más bajas en 2050 con respecto a 2010, y dichas reducciones solo pueden lograrse mediante combinaciones de tecnologías nuevas y existentes, incluida la captura y utilización de carbono y la captura y almacenamiento de carbono;

43. Recuerda que, al formar parte de la primera economía importante en perseguir la neutralidad climática, las empresas europeas podrán obtener una ventaja como pioneras en los mercados internacionales para convertirse en líderes mundiales en la producción sostenible y eficiente en el uso de los recursos; hace hincapié en que una actuación tardía o insuficiente para lograr un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 a más tardar se traducirá en unos costes inexcusables desde el punto de vista ecológico, económico y social, y obstaculizará en la práctica la futura competitividad del sector industrial europeo;

44. Opina, además, que la Unión debe crear cadenas de valor sólidas para los productos y tecnologías innovadores con bajas emisiones de carbono;

Contribuciones de otros sectores

45. Señala que la estrategia confirma que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector del transporte siguen en aumento, y que las políticas actuales no bastarán para descarbonizar este sector de aquí a 2050; subraya la importancia de garantizar una transición modal del transporte aéreo al transporte por ferrocarril, y hacia el transporte público y la movilidad compartida; observa que el transporte por carretera contribuye a aproximadamente un quinto del total de emisiones de dióxido de carbono de la Unión; pide, por tanto, a los Estados miembros y a la Comisión que adopten medidas decisivas para permitir el acceso de los consumidores a vehículos de cero y bajas emisiones en todos los Estados miembros, evitando al mismo tiempo una mayor recurso a vehículos más viejos y contaminantes en los Estados miembros de renta baja; pone asimismo de relieve el papel de las tecnologías inteligentes, como las infraestructuras de carga inteligente, para establecer sinergias entre la electrificación del transporte y el despliegue de las fuentes de energía renovables;

46. Subraya que, a fin de lograr la neutralidad climática en la economía de la Unión en su conjunto, todos los sectores deben contribuir a ello, incluidas la aviación y la navegación internacionales; observa que el análisis de la Comisión refleja que los objetivos y las medidas globales actuales previstos por la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incluso si se aplicaran íntegramente, no lograrían las reducciones necesarias de las emisiones, y que son necesarias significativas actuaciones adicionales coherentes con el objetivo de cero emisiones netas en todos los sectores de la economía; recalca la necesidad de invertir en tecnologías y combustibles de emisión cero y de baja emisión de carbono en dichos sectores; pide a la Comisión que lleve a la práctica el principio de «quien contamina paga» en estos sectores, en particular con respecto al impuesto sobre el queroseno y los precios de los billetes de avión; recuerda que se prevé que las emisiones de gases de efecto invernadero de la navegación internacional aumenten hasta en un 250 % de aquí a 2050; celebra que el sector de la navegación internacional se haya fijado un objetivo de reducción absoluta de las emisiones de gases de efecto invernadero; señala con preocupación la falta de progresos en cuanto a la traducción de este objetivo en medidas a corto y medio plazo y otras acciones concretas;

47. Señala que aproximadamente el 60 % del metano mundial es emitido por fuentes como la agricultura, los vertederos y las aguas residuales, y por la producción y el transporte por tubería de combustibles fósiles; recuerda que el metano es un potente gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global en un horizonte temporal de 100 años 28 veces superior al del CO2[7], y que las reducciones de las emisiones de metano pueden desempeñar un importante papel en la reducción de las concentraciones de ozono troposférico y su impacto negativo en la calidad del aire y la salud humana; acoge favorablemente la intención de la Comisión de reducir las emisiones de metano en los sectores afectados, lo que podría traducirse en una reducción adicional de las concentraciones de ozono en la Unión, así como de promover la reducción de las emisiones de metano en el ámbito internacional;

48. Reitera su llamamiento a la Comisión para que explore lo antes posible opciones para llevar a cabo políticas que aborden rápidamente las emisiones de metano como parte de un plan estratégico de la Unión para el metano, y para que presente propuestas legislativas al Parlamento y al Consejo a tal efecto; subraya que la agricultura será una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión en 2050 debido, en particular, a las emisiones de metano y óxido nitroso; subraya el potencial del sector agrario para afrontar los retos del cambio climático, por ejemplo mediante innovaciones ecológicas y tecnológicas, así como mediante la captura de carbono en los suelos;

49. Aboga por una política agrícola común que contribuya a las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con la transición a una economía neutra desde el punto de vista climático; pide a la Comisión que garantice que las políticas agrícolas, en particular los fondos nacionales y de la Unión, están en consonancia con los objetivos y metas del Acuerdo de París;

50. Considera que la estrategia a largo plazo no presta la atención adecuada a los sectores de producción primaria de la economía, y que los sectores forestal y agrario y sus respectivas comunidades afrontan un riesgo desproporcionadamente mayor de sufrir las consecuencias adversas del cambio climático; recomienda que la estrategia indique claramente el camino que deben seguir estos sectores para aumentar su resiliencia, mejorar la prevención de riesgos y mantener los ecosistemas y los servicios de los ecosistemas, de los cuales depende la economía;

51. Insiste en la importancia de agilizar modelos agrarios que apoyen sistemas agrícolas resilientes a los fenómenos meteorológicos extremos y a la infestación por plagas, y que aporten mejoras en la captura de carbono en el suelo, la retención de agua y la agrobiodiversidad;

52. Pone de relieve que existe más carbono almacenado en los suelos a escala mundial que en la biosfera y la atmósfera juntas; subraya, así pues, la importancia de frenar la degradación del suelo en la Unión y de garantizar una actuación común de la Unión para preservar y mejorar la calidad de los suelos y su capacidad para almacenar carbono;

53. Lamenta que no se haya incluido en la estrategia de la Comisión la posibilidad de reforzar la acción de la Unión relativa a los gases fluorados de efecto invernadero; recalca que impedir el comercio ilegal de hidrofluorocarburo (HFC) por medio de la adopción de un sistema de licencias de HFC, prohibir su uso en los sectores que ya no los necesiten, asignar cuotas de HFC por medio de un sistema de subasta, y aplicar plenamente el Reglamento sobre los gases fluorados[8] prohibiendo todos los usos innecesarios del SF6 constituyen claras oportunidades de ayudar a la Unión a cumplir sus objetivos en virtud del Acuerdo de París;

54. Recalca la necesidad de integrar la ambición en materia de cambio climático en todas las políticas de la Unión, incluida la política comercial; insta a la Comisión a que garantice que todos los acuerdos comerciales firmados por la Unión sean plenamente compatibles con el Acuerdo de París, pues esto no solo reforzaría la acción global por el clima, sino que además garantizaría una igualdad de condiciones para los sectores afectados;

Maximización del potencial climático de los bosques en el contexto de una bioeconomía sostenible

55. Apoya una gestión forestal activa y sostenible a escala nacional, que se sume a medios concretos para incentivar una bioeconomía de la Unión eficiente y sostenible, dado el considerable potencial que tienen los bosques a la hora de contribuir a consolidar los esfuerzos de Europa por el clima (mediante los efectos de retención, almacenamiento y sustitución) y alcanzar el objetivo de cero emisiones de aquí a 2050 a más tardar; reconoce la necesidad de adaptarse al cambio climático y de detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos en la Unión de aquí a 2020, así como la necesidad de desarrollar políticas basadas en hechos que ayuden a aplicar y financiar las medidas de conservación de la biodiversidad de la Unión;

56. Destaca la necesidad de lograr que la gestión forestal sostenible sea más competitiva desde un punto de vista comercial y de apoyar medidas prácticas con efectos significativos de almacenamiento y retención, como el uso de la madera como material de construcción tanto en ciudades como en zonas rurales, como sustituta de los combustibles fósiles y como herramienta para una mejor retención del agua;

57. Reconoce el potencial significativo, pero en última instancia limitado, de la forestación en Europa; opina, por tanto, que las iniciativas en materia de forestación deben complementarse con iniciativas e incentivos concretos destinados a mejorar el potencial de captura, garantizando y mejorando al mismo tiempo la salud de las tierras forestales existentes, con objeto de obtener beneficios para el clima, para la bioeconomía sostenible y para la biodiversidad; apoya, por consiguiente, la repoblación forestal de las tierras agrícolas abandonadas y marginalmente productivas, la agrosilvicultura y la minimización de la conversión de zonas forestales para otros usos de la tierra;

58. Señala que las acciones y políticas de la Unión también tienen repercusiones sobre los sumideros naturales, la tierra y los bosques situados fuera de Europa, y que la estrategia de cero emisiones netas de la Unión debe evitar que las acciones de esta tengan unos efectos climáticos nocivos en terceros países; pide a la Comisión y a los Estados miembros, a este respecto, que propugnen unas normas internacionales sólidas en el marco del Código normativo del Acuerdo de París, especialmente en lo que se refiere al artículo 6 del Acuerdo de París, para evitar lagunas en la contabilidad así como el doble cómputo de medidas de forestación que podría debilitar los esfuerzos mundiales por el clima;

59. Hace hincapié en la necesidad de maximizar la protección y la restauración de humedales como sumideros naturales de carbono;

60. Pone de relieve el papel de los productos de madera recolectada de larga vida y su papel en el sector del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS) hasta 2030; recalca que el futuro marco debe tener en cuenta la contribución de estos productos, también en las categorías de suelo agrícola, y no solo de terrenos forestados y de bosque gestionado;

Investigación e innovación

61. Subraya la necesidad de desarrollar una agenda europea de investigación e innovación coherente y estratégica que se centre en cómo lograr una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, y que los programas de investigación e innovación nacionales y de la Unión prestan un apoyo fundamental a la UE en su liderazgo en la lucha contra el cambio climático;

62. Considera que la dimensión climática ha de integrarse adecuadamente en la preparación y ejecución de los programas de investigación e innovación;

63. Considera que en las dos próximas décadas serán necesarios importantes esfuerzos en materia de investigación e innovación para lograr que las soluciones hipocarbónicas o sin carbono estén al alcance de todos y sean social y económicamente viables, así como para obtener nuevas soluciones tendentes a una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero;

64. Subraya su posición en el sentido de que Horizonte Europa debe destinar como mínimo el 35 % de su gasto al apoyo de los objetivos climáticos como corresponda y como parte del objetivo general de la Unión de integrar la lucha contra el cambio climático;

Financiación

65. Pide la rápida aplicación del Fondo de Innovación del RCDE y el inicio de la primera convocatoria de propuestas en 2019, con el fin de impulsar las inversiones en la demostración de tecnologías industriales de vanguardia con bajas emisiones de carbono en una amplia gama de sectores, no solo la producción de electricidad, sino también la calefacción urbana y los procesos industriales; pide que el marco financiero plurianual 2021-2027 y todos sus programas guarden plena coherencia con el Acuerdo de París;

66. Considera que, para que la Unión alcance un nivel de cero emisiones netas de aquí a 2050 a más tardar, es necesario movilizar cuantiosas inversiones privadas; opina que ello requerirá una planificación a largo plazo, estabilidad normativa y previsibilidad para los inversores, y que, por tanto, la futura normativa de la Unión debe tenerlo debidamente en cuenta; subraya, en este sentido, que debe darse prioridad a la aplicación del Plan de Acción en materia de finanzas sostenibles, adoptado en marzo de 2018, incluida una calibración de los requisitos de capital de los bancos y un tratamiento prudencial de los activos con alta emisión de carbono, normas cautelares para las compañías de seguros y una actualización de las obligaciones de los inversores institucionales y de los gestores de activos;

67. Considera que el MFP 2021-2027 debe ser evaluado antes de su adopción a la luz del objetivo de alcanzar una economía climáticamente neutra de aquí a 2050, y que debe establecerse una prueba normalizada para garantizar que los gastos con cargo al presupuesto de la Unión sean resilientes al cambio climático;

68. Lamenta que las subvenciones a los combustibles fósiles aún sigan aumentando y asciendan a unos 55 000 millones de euros al año; pide a la Unión y a los Estados miembros[9] que eliminen inmediatamente todas las subvenciones europeas y nacionales a los combustibles fósiles;

69. Destaca la importancia de crear un fondo de transición justa, especialmente para las regiones más afectadas por la descarbonización, en particular las regiones mineras, combinado con una consideración general de los aspectos sociales en la financiación actual de la lucha contra el cambio climático; hace hincapié, a este respecto, en la necesidad de una aceptación pública generalizada de la estrategia a largo plazo, habida cuenta de las transformaciones necesarias en algunos sectores;

El papel de los consumidores y la economía circular

70. Destaca el impacto significativo que ha tenido el cambio de comportamiento en el logro de reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular en todo el sistema agroalimentario, en el sector del transporte y, en especial, en la aviación; pide a la Comisión que explore opciones políticas cuanto antes, incluidos los impuestos ambientales, que fomenten un cambio de comportamiento; subraya la importancia de las iniciativas ascendentes, como el Pacto de los Alcaldes, a la hora de fomentar un cambio de comportamiento;

71. Observa que las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación muestran que el consumo total de carne y productos animales per cápita en la UE-28 ha disminuido desde la década de 1990 y que apoyar esta tendencia actual, junto con medidas técnicas de mitigación del lado de la oferta, podría reducir las emisiones de la producción agrícola de manera significativa;

72. Hace hincapié en la importancia de que la Unión logre, no solo la sustitución de la energía, sino también la sustitución de productos y materiales, es decir, la sustitución de productos y materiales de origen fósil o cuya producción causa altas emisiones de carbono por productos procedentes de recursos renovables;

73. Subraya que una gran parte del uso energético y, por tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero guardan una relación directa con la adquisición, el tratamiento, el transporte, la transformación, el uso y la eliminación de los recursos; resalta que podrían lograrse ahorros muy significativos en cada etapa de la cadena de gestión de recursos; recalca, por consiguiente, que el aumento de la productividad de los recursos mediante la mejora de la eficiencia y la reducción del despilfarro de recursos con medidas como la reutilización, el reciclado y la reelaboración pueden reducir significativamente tanto el consumo de recursos como las emisiones de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo que se desarrolla la competitividad y se crean oportunidades de negocio y de empleo; destaca la rentabilidad de las medidas de la economía circular; subraya que una mejor eficiencia de los recursos y los enfoques de la economía circular, junto al diseño circular de productos, contribuirán a lograr un cambio en las pautas de producción y consumo y a reducir la cantidad de residuos;

74. Hace hincapié en la importancia de la política de productos, como la contratación pública ecológica y el diseño ecológico; subraya que la Directiva sobre el diseño ecológico[10] ha contribuido de forma significativa a los objetivos climáticos de la Unión al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 320 millones de toneladas equivalentes de CO2 anuales, y que se calcula que para 2020 los consumidores de la Unión ahorrarán un total de hasta 112 000 millones de euros, o unos 490 euros anuales por unidad familiar, como consecuencia de dicha Directiva; insiste en la necesidad de establecer requisitos de economía circular como parte de las normas de diseño ecológico de la Unión, así como de ampliar la metodología actual de diseño ecológico a otras categorías de productos aparte de los productos relacionados con la energía;

La Unión en la acción mundial por el clima

75. Subraya la importancia de aumentar las iniciativas y el diálogo en los foros internacionales pertinentes, y de una diplomacia climática eficaz, con el objetivo de estimular decisiones políticas similares que aumenten el nivel de ambición de otras regiones y terceros países en materia de lucha contra el cambio climático; pide a la Unión que aumente su propia financiación en materia de lucha contra el cambio climático y que trabaje activamente para animar a los Estados miembros a aumentar su ayuda financiera en favor del clima (preferiblemente en forma de ayuda al desarrollo en vez de préstamos) en terceros países, la cual debe sumarse a la ayuda exterior al desarrollo en lugar de contabilizarse por partida doble como ayuda financiera al desarrollo y como ayuda financiera a la lucha contra el cambio climático;

76. Lamenta que muchas otras economías importantes no trabajen todavía en estrategias para 2050; pide, por tanto, al Consejo y a la Comisión que intensifiquen la diplomacia climática y adopten otras medidas adecuadas para alentar a otras grandes economías, de modo que podamos lograr juntos los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París;

77. Destaca la importancia de un liderazgo y una diplomacia de la Unión sólidos en materia de clima y energía a fin de reforzar la ambición y la cooperación multilaterales globales en la lucha contra el cambio climático y por un desarrollo sostenible; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aboguen por acciones y marcos comunes dentro de las estructuras de las Naciones Unidas;

78. Hace hincapié en que la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas de septiembre de 2019 es el momento ideal para que los líderes anuncien una mayor ambición en relación con las contribuciones determinadas a nivel nacional; opina que la Unión debe adoptar con suficiente antelación una posición sobre la actualización de estas contribuciones, a fin de llegar a la Cumbre bien preparada y con la estrecha cooperación con una coalición internacional de las Partes para apoyar una mayor ambición en cuanto al clima;

79. Destaca las ventajas de reforzar la interoperabilidad entre los instrumentos políticos de la Unión y los equivalentes en los terceros países, en particular los mecanismos de tarificación del carbono; pide a la Comisión que prosiga e intensifique la cooperación y el apoyo en el desarrollo de mecanismos de tarificación del carbono fuera de Europa para lograr mayores reducciones de las emisiones y la mejora de la igualdad de condiciones a escala mundial; subraya la importancia de establecer salvaguardias ambientales a fin de garantizar una reducción real y adicional de los gases de efecto invernadero; pide, por tanto, a la Comisión que defienda unas normas internacionales estrictas y sólidas en relación con el artículo 6 del Acuerdo de París, a fin de evitar lagunas en la contabilidad o el doble cómputo de las reducciones de emisiones;

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80. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

[1] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0430.

[2] Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: «The Emissions Gap Report 2018» (Informe sobre la disparidad en las emisiones en 2018), p. 10.

[3] Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).

[4] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563472/IPOL_STU(2015)563472_EN.pdf

[5] https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings

[6] Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética (DO L 156 de 19.6.2018, p. 75).

[7] Van Dingenen, R., Crippa, M., Maenhout, G., Guizzardi, D., Dentener, F., Global trends of methane emissions and their impacts on ozone concentrations (Tendencias globales de las emisiones de metano y su impacto en las concentraciones de ozono), EUR 29394 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2018, ISBN 978-92-79-96550-0, DOI: 10.2760/820175, JRC113210.

[8] Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 842/2006, DO L 150 de 20.5.2014, p. 195.

[9] Precios y costes de la energía en Europa, COM(2019)0001, página 10.

[10] Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (DO L 285 de 31.10.2009, p. 10).

Última actualización: 13 de marzo de 2019Aviso jurídico