Procedimiento : 2019/2628(RSP)
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B8-0226/2019

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PV 28/03/2019 - 8.9
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Textos aprobados :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0226/2019</NoDocSe>
PDF 143kWORD 59k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la situación de emergencia en Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0226/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de emergencia en Venezuela

(2019/2628(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela[1]; de 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela[2]; de 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela[3]; de 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela[4]; de 27 de abril de 2017, sobre la situación en Venezuela[5]; de 8 de febrero de 2018, sobre la situación en Venezuela[6]; de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela[7]; de 5 de julio de 2018, sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil[8]; de 25 de octubre de 2018, sobre la situación en Venezuela[9]; y de 31 de enero de 2019, sobre la situación en Venezuela[10],

 Visto el mandato del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, tal y como fue aprobado por la Secretaría General del Consejo el 30 de enero de 2019,

 Vistas las observaciones formuladas el 7 de febrero de 2019 por la alta representante / vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, en la conferencia de prensa celebrada tras la reunión inaugural del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela,

 Vistas las observaciones formuladas el 12 de marzo de 2019 por el comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, en nombre de la alta representante / vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, sobre la situación en Venezuela,

 Vistas las declaraciones del portavoz del SEAE, de 21 de marzo de 2019, sobre los últimos sucesos registrados en Venezuela,

 Vista la Decisión (PESC) 2018/1656 del Consejo, de 6 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela[11], por la que se prorrogan hasta el 14 de noviembre de 2019 las medidas restrictivas específicas actualmente en vigor,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

 Vista la Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de septiembre de 2001,

 Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

 Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

 Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),

 Vista la Constitución de Venezuela,

 Visto el informe de la Asamblea Nacional de Venezuela sobre los sucesos ocurridos en puntos de frontera relacionados con el intento de ingreso de la ayuda humanitaria[12],

 Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela continúan deteriorándose; que cada vez son más las personas que abandonan Venezuela por distintos motivos, entre ellos, la inseguridad y la violencia, las violaciones de los derechos humanos y el deterioro del Estado de Derecho, la falta de alimentos, de medicamentos o de acceso a servicios sociales esenciales, la pérdida de ingresos y los crecientes índices de pobreza;

B. Considerando que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el 87 % de la población venezolana está afectada por la pobreza, y que el nivel de pobreza extrema alcanza el 61,2 %; que en 2018 un estudio realizado a escala nacional por tres prestigiosas universidades venezolanas concluyó que la inseguridad alimentaria afecta al 80 % de los hogares venezolanos y que las personas entrevistadas en 2017 habían perdido una media de 11 kilos de peso;

C. Considerando que, a raíz de la invitación del presidente interino, Juan Guaidó, los Estados Unidos intentaron introducir el 23 de febrero ayuda humanitaria por valor de 20 millones de dólares estadounidenses en Venezuela a través de sus fronteras con Colombia y Brasil pero que la operación, en última instancia, no tuvo éxito; que el Gobierno de Venezuela había cerrado sus fronteras con sus países vecinos 48 horas antes de esta intervención; que Venezuela también bloqueó las vías marítimas entre Venezuela y la vecina isla caribeña neerlandesa de Curazao, donde también se estaba almacenando ayuda; que, en su declaración conjunta, el Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja declararon que no podían participar, citando sus principios fundamentales de imparcialidad, neutralidad e independencia;

D. Considerando que el 28 de enero de 2019 los Estados Unidos adoptaron un nuevo conjunto de sanciones contra Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA); que hasta el 28 de abril de 2019 los ciudadanos estadounidenses estaban autorizados a realizar todo tipo de transacciones y actividades relacionadas con la compra e importación de petróleo y de productos derivados del petróleo de la empresa PdVSA; que, una vez finalizado el período de liquidación de 90 días, y a menos que cuenten con la autorización de la Oficina de control de activos extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), los ciudadanos estadounidenses no estarán autorizados a comprar petróleo ni productos derivados del petróleo de la empresa PdVSA o de cualquier otra entidad de su propiedad, ya sea directa o indirectamente; que, antes de estos hechos, los Estados Unidos recibían aproximadamente el 40 % de las exportaciones venezolanas y que eran el mayor cliente de pagos en efectivo de la empresa PdVSA y una fuente clave de insumos; que el 31 de enero de 2019, al referirse a Venezuela, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales declaró que la coacción, ya sea a escala militar o económica, no debe utilizarse nunca para conseguir un cambio de gobierno en un Estado soberano y que el recurso a sanciones por parte de potencias exteriores para derrocar a un gobierno elegido viola todas las normas del Derecho internacional[13];

E. Considerando que un corte de electricidad registrado en todo el país el 7 de marzo de 2019 provocó una situación de caos en todo el país, paralizó aeropuertos y hospitales e interrumpió los servicios telefónicos y de internet, así como el suministro de agua; que, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, unos 500 comercios fueron saqueados durante los disturbios, y que numerosas personas resultaron heridas en enfrentamientos entre saqueadores, guardias de seguridad, miembros de bandas y fuerzas de seguridad;

F. Considerando que el corte de electricidad ha empeorado la infraestructura sanitaria del país y ha puesto en peligro la salud pública y la seguridad de sus habitantes; que la escasez de medicamentos y de productos sanitarios, el cierre de instalaciones básicas en centros sanitarios y la emigración de los trabajadores sanitarios han provocado una disminución progresiva de la capacidad operativa de la asistencia sanitaria;

G. Considerando que es difícil cuantificar el impacto de la crisis en la salud pública puesto que el Ministerio de Sanidad venezolano dejó de publicar estadísticas esenciales de salud pública en 2016; que entre 2012 y 2016 la mortalidad infantil aumentó en un 63 % y la mortalidad materna ha aumentado en más del doble; que desde 2016 los brotes de enfermedades que se previenen mediante vacunación, como el sarampión y la difteria, se han propagado por toda la región; que entre 2016 y 2017 Venezuela registró la mayor tasa de incremento de casos de malaria en el mundo y que en 2015 los índices de tuberculosis registrados en el país fueron los más elevados en 40 años; que, entre 2017 y 2018, el tratamiento de la mayoría de los pacientes infectados con el VIH tuvo que interrumpirse debido a la falta de medicamentos[14];

H. Considerando que los brotes y la propagación de las epidemias de enfermedades infecciosas junto a la disminución de los servicios básicos de salud pública amenazan la salud del país y de la región, que alberga al 90 % de los tres millones de migrantes venezolanos que han migrado desde 2015; que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) prevé que el número de migrantes alcance los cinco millones antes de finales de 2019 en caso de que la situación persista;

I. Considerando que el 18 de febrero de 2019 se denegó la entrada al país a tres diputados al Parlamento Europeo del Grupo PPE; que el 7 de marzo de 2019 se concedieron al embajador alemán en Venezuela 48 horas para abandonar el país;

J. Considerando que el 31 de enero de 2019 el Consejo Europeo decidió crear el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela; que en su mandato afirmaba que su objetivo era, dentro de un plazo limitado de 90 días « promover un entendimiento común y un enfoque más concertado entre las partes internacionales clave en lo que respecta a la situación en Venezuela, con el objetivo de alcanzar una solución pacífica y democrática a la crisis actual [...] a través de la celebración de unas nuevas elecciones con todas las garantías para un proceso electoral libre y justo, bajo la supervisión de observadores internacionales independientes. El objetivo no es hacer las veces de mediador, sino apoyar el surgimiento de una dinámica política que el Grupo podrá seguir acompañando y consolidando»;

K. Considerando que la Unión sigue convencida de que la única salida sostenible a la crisis en Venezuela pasa por una solución política, democrática y pacífica, que está en contacto con otras partes internacionales y regionales a través del Grupo Internacional de Contacto; que los anteriores intentos de abordar la crisis mediante un proceso de negociación y diálogo no han producido resultados tangibles;

L. Considerando que, al contrario que el Grupo de Lima o el Mecanismo de Montevideo, el Grupo Internacional de Contacto es la única iniciativa política vigente que tiene acceso a todas las partes en Venezuela así como en la región y en la comunidad internacional; que actualmente se está trabajando en la creación de un «Grupo de trabajo para la aplicación de la ayuda internacional», que se situaría bajo el égida de las Naciones Unidas, con el fin de garantizar el suministro de ayuda humanitaria por parte de organismos especializados de conformidad con los principios internacionales y siguiendo un enfoque estricto basado en las necesidades; que el objetivo consiste en garantizar y ampliar el espacio para la prestación de una ayuda neutral e imparcial a quienes la necesitan, de acuerdo con los principios acordados a escala internacional;

M. Considerando que el Grupo Internacional de Contacto también ha creado un «Grupo de trabajo sobre elecciones», asistido por expertos electorales; que para celebrar elecciones libres y justas deben ser designados, en primer lugar, nuevos miembros de las instituciones venezolanas que desempeñan un papel clave en la supervisión de las elecciones, en particular el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como, posiblemente, de otras instituciones, como la Contraloría General; que otro aspecto clave sería el restablecimiento de los derechos de todos los dirigentes políticos y partidos a presentarse y participar;

N. Considerando que, en los últimos días, las fuerzas de seguridad de Venezuela han detenido a varios miembros del gabinete del presidente interino, Juan Guaidó, entre los que figuran familiares, en un intento por debilitar su entorno político; que el 21 de marzo de 2019 las fuerzas de seguridad de Venezuela detuvieron a Roberto Marrero, jefe del Gabinete de Juan Guaidó, y entraron de forma violenta en el domicilio de Sergio Vergara, miembro de la Asamblea Nacional por el Estado de Táchira, haciendo caso omiso de su inmunidad parlamentaria;

1. Expresa su solidaridad y pleno apoyo a las personas de Venezuela que están sufriendo las consecuencias de una grave crisis humanitaria y política;

2. Recuerda su posición anterior de rechazar categóricamente cualquier propuesta o intento de resolución de la crisis que pudiera implicar el uso de la violencia o una intervención militar; reitera sus anteriores posiciones en el sentido de que una solución pacífica, democrática e integradora es la única vía sostenible para salir del actual estancamiento político y de la grave crisis social y humanitaria que ha generado;

3. Reitera su pleno apoyo a la Asamblea Nacional, que es el único órgano democrático legítimo de Venezuela, cuyas competencias deben restablecerse y respetarse, incluidas las prerrogativas y la seguridad de sus miembros; recuerda el reconocimiento y el respeto del papel constitucional de la Asamblea Nacional; apoya la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consistente en la adopción de medidas cautelares en favor de los miembros de la Asamblea;

4. Solicita la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por ser familiares del presidente interino, Juan Guaidó, o miembros de su equipo: recuerda sus anteriores llamamientos al Gobierno de Venezuela para que ponga fin con carácter inmediato a la represión contra dirigentes políticos, periodistas y miembros de la oposición;

5. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que continúe colaborando con la oposición, el gobierno y las partes internacionales y regionales a través del Grupo Internacional de Contacto, para alcanzar dos objetivos principales: apoyar, en primer lugar, el suministro de ayuda humanitaria a Venezuela en consonancia con los principios acordados a escala internacional y, en segundo lugar, establecer un entendimiento común entre los principales actores implicados en relación con los parámetros para una salida pacífica de la crisis y las vías por las que el país pueda alcanzar una solución pacífica y democrática a través de unas nuevas elecciones presidenciales dignas de crédito;

6. Pide al SEAE que promueva activamente un acuerdo sobre el despliegue de la ayuda humanitaria y que garantice que la canalicen las Naciones Unidas con arreglo a los principios acordados a escala internacional; expresa su apoyo al «Grupo de trabajo para la aplicación de la ayuda internacional» y recuerda sus llamamientos anteriores para que se garantice el suministro urgente de ayuda humanitaria al país para aliviar el sufrimiento de la población; pide a las instituciones de la Unión que hagan todo lo que esté en sus manos para garantizar que la ayuda de la Unión se suministre sobre el terreno y condena al Gobierno venezolano por no permitir su entrada en el país a pesar de las necesidades de la población;

7. Recomienda que el SEAE, en el marco de sus esfuerzos, se empeñe por obtener el máximo apoyo por parte de los países de la región e intente lograr la participación activa de las Naciones Unidas cuando se trate de la ayuda humanitaria y de los acuerdos políticos que estableció para resolver la crisis en Venezuela;

8. Reconoce el papel fundamental que han desempeñado las autoridades cubanas en el pasado en relación con las crisis regionales y pide al SEAE que explore conjuntamente con Cuba la apertura de espacios para una solución pacífica, democrática y negociada a la crisis;

9. Apoya las labores del «Grupo de trabajo sobre elecciones» del Grupo Internacional de Contacto y pide a todas las partes que cooperen en el desarrollo de medidas de fomento de la confianza, como la liberación de presos políticos, el levantamiento de la prohibición a los políticos de la oposición y el establecimiento de un Consejo Nacional Electoral equilibrado; espera que, una vez que se den las condiciones favorables y estén abierto espacios para alcanzar una salida política, democrática y pacífica a la crisis, se pueda poner en marcha un proceso de mediación en favor de un diálogo político entre los venezolanos como única solución posible para resolver la crisis;

10. Pide a las autoridades venezolanas que pongan en marcha una investigación sobre los hechos acaecidos los días 23 y 24 de febrero de 2019 para aclarar la responsabilidad en relación con las presuntas víctimas entre el pueblo indígena de los pemones; apoya la solicitud de la Asamblea Nacional dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que adopte medidas cautelares en favor del pueblo indígena de los pemones;

11. Elogia el trabajo realizado por las organizaciones internacionales, las plataformas cívicas y los profesionales de la sanidad por el apoyo brindado para aliviar la situación; apoya la solicitud de la Asamblea Nacional dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que adopte medidas cautelares en favor de los profesionales de la sanidad y recuerda al Gobierno de Venezuela que debe proteger a las organizaciones humanitarias y a su personal sobre el terreno;

12. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente interino legítimo de la República y de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los Gobiernos y Parlamentos del Grupo de Lima, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

 

[1] DO C 285 de 29.8.2017, p. 145.

[2] DO C 294 de 12.8.2016, p. 21.

[3] DO C 316 de 30.8.2016, p. 190.

[4] DO C 86 de 6.3.2018, p. 101.

[5] DO C 298 de 23.8.2018, p. 137.

[6] DO C 463 de 21.12.2018, p. 61.

[7] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.

[8] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0313.

[9] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0436.

[10] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0061.

[11] DO L 276 de 7.11.2018, p. 10.

[12] República Bolivariana de Venezuela, 2019, «Informe sobre los sucesos ocurridos en puntos de frontera relacionados con el intento de ingreso de la ayuda humanitaria» https://comunidadenmovimiento.cl/wp-content/uploads/2019/03/Informe-AN-sobre-hechos-ocurridos-el-23-y-24F-1.pdf

Última actualización: 27 de marzo de 2019Aviso jurídico