Procedimiento : 2019/2628(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0228/2019

Textos presentados :

B8-0228/2019

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Votaciones :

PV 28/03/2019 - 8.9
Explicaciones de voto

Textos aprobados :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0228/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 54k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la situación de emergencia en Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}en nombre del Grupo GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0228/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de emergencia en Venezuela

(2019/2628(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Visto el capítulo 1, artículo 1, apartado 2, de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en el que se declara el propósito de «fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal»,

 Vistos el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los que se afirma que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación» y que, «en virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural»,

 Visto el principio de no intervención establecido en la Carta de las Naciones Unidas,

 Visto el capítulo 1, artículo 2, apartado 4, de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que todos los miembros de las Naciones Unidas se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas,

 Vistas las nuevas preocupaciones sobre los intentos de intervenir en asuntos que son esencialmente competencia de la República Bolivariana de Venezuela, contraviniendo lo dispuesto en el capítulo 1, artículo 2, apartado 7, de la Carta de las Naciones Unidas,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

 Vista la declaración realizada en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión, de los días 10 y 11 de junio de 2015, en la que los signatarios reafirmaron su compromiso con todos los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así como su respaldo a todos los esfuerzos por defender la igualdad soberana de todos los Estados y respetar su integridad territorial y su independencia política,

 Vista la Constitución de Venezuela,

 Vista la Declaración del Parlamento Latinoamericano y, en particular, su rechazo a cualquier intento de intervención extranjera, directa o indirecta, en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, y sus llamamientos en favor de un diálogo constructivo,

 Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, el 10 de enero de 2019, el presidente Nicolás Maduro Moros asumió legítima y constitucionalmente la Presidencia de la República para la legislatura 2019-2025;

B. Considerando que las elecciones presidenciales fueron adelantadas a petición de la oposición; que hasta el último momento la oposición no firmó un acuerdo político y electoral elaborado en la República Dominicana y moderado por el antiguo presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero;

C. Considerando que las elecciones cumplieron unas condiciones de participación equitativas, justas y transparentes, fueron supervisadas por un Consejo Nacional Electoral equilibrado, y ofrecieron garantías suficientes para todos los participantes;

D. Considerando que las elecciones en Venezuela contaron con la presencia de doscientos observadores internacionales independientes, como el antiguo presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Chipre, Marcos Cipriani, y el antiguo presidente del Senado francés, Jean-Pierre Bel, por invitación de las autoridades venezolanas pertinentes;

E. Considerando que Nicolás Maduro ganó las elecciones el 20 de mayo de 2018 con un 68 % de los votos;

F. Considerando que el reconocimiento unilateral de Juan Guaidó por los Estados Unidos, algunos Estados miembros de la Unión y el Grupo de Lima, por no mencionar las amenazas de intervención y los intentos de golpe de Estado, solo servirá para exacerbar aún más la situación;

G. Considerando que la llamada ayuda humanitaria está siendo explotada y utilizada con fines políticos; que la ayuda humanitaria debe estar en consonancia con los principios internacionales de neutralidad e independencia;

H. Considerando que el actual estancamiento solo dará lugar a más sufrimiento para el pueblo de Venezuela;

I. Considerando la imperiosa necesidad de superar y encontrar una salida negociada a la actual situación en Venezuela a través del diálogo y la vía pacífica;

J. Considerando que los Estados Unidos están violando e ignorando continuamente la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho internacional y, en particular, el principio de no intervención;

K. Considerando que los Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a Venezuela;

1. Expresa su solidaridad con el pueblo de Venezuela; recuerda que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación» y que «en virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural»; rechaza todos los ataques a la democracia y la soberanía de Venezuela;

2. Mantiene la convicción de que la única manera de salir de la crisis actual es invertir en el diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición, y de que el diálogo político sigue siendo el único camino hacia la paz en Venezuela y la región circundante; apoya todas las iniciativas destinadas a lograr una solución política a la situación actual del pueblo venezolano, incluido el Mecanismo de Montevideo, mediante un proceso genuino e inclusivo de diálogo nacional;

3. Pide que se respeten la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho internacional y los principios de no intervención y de multilateralismo;

4. Insiste en que se solucione la situación actual en la República Bolivariana de Venezuela por medios pacíficos, en el marco de su Constitución nacional, y respetando plenamente su soberanía e integridad territorial así como el derecho de sus ciudadanos a la autodeterminación; acoge con satisfacción los llamamientos del secretario general de las Naciones Unidas a este respecto;

5. Condena enérgicamente el reconocimiento unilateral de Juan Guaidó como presidente interino por parte de los Estados Unidos, algunos Estados miembros de la Unión Europea y el Grupo de Lima;

6. Condena las amenazas de intervención y tentativas de golpe de Estado, que resultan totalmente inaceptables y solo servirán para exacerbar aún más la situación;

7. Lamenta la explotación y el uso continuos de la llamada ayuda humanitaria con fines políticos; recuerda que la ayuda humanitaria debe desembolsarse conforme a los principios internacionales de neutralidad e independencia;

8. Hace hincapié en que el estancamiento actual es insostenible y solo dará lugar a más sufrimiento para el pueblo de Venezuela;

9. Expresa su preocupación por el grave peligro de una guerra civil y su posible repercusión en el resto de América Latina;

10. Pide a los Estados Unidos y a la Unión Europea que levanten las sanciones económicas y financieras contra Venezuela, que agravan las dificultades a las que se enfrentan las personas, y que respeten el Derecho internacional y los derechos humanos;

11. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al Parlamento del Mercosur, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y a los organismos regionales latinoamericanos, incluidos la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

 

Última actualización: 27 de marzo de 2019Aviso jurídico