Procedimiento : 2019/2628(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0229/2019

Textos presentados :

B8-0229/2019

Debates :

Votaciones :

PV 28/03/2019 - 8.9
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0229/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 58k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la situación de emergencia en Venezuela </Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}en nombre del Grupo ALDE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0225/2019

B8-0229/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de emergencia en Venezuela

(2019/2628(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Venezuela, en particular las de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela[1], de 5 de julio de 2018, sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil[2], y de 25 de octubre de 2018[3] y 31 de enero de 2019[4], sobre la situación en Venezuela,

 Vistas las declaraciones realizadas recientemente en nombre de la Unión Europea por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre la situación en Venezuela,

 Vistas las últimas Conclusiones del Consejo,

 Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),

 Vista la Constitución de Venezuela, y en particular su artículo 233,

 Visto el Informe de Amnistía Internacional de 20 de febrero de 2019[5],

 Vistas las Declaraciones del Grupo de Lima, y en particular la de 25 de febrero de 2019[6],

 Vistos el mensaje del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 20 de abril de 2018, sobre el empeoramiento de la situación humanitaria en Venezuela[7], y la Declaración común de los Estados miembros de la OEA, de 24 de enero de 2019, sobre Venezuela[8],

 Vistas las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a Juan Guaidó,

 Vista la información verbal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 20 de marzo de 2018, sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela,

 Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que Venezuela afronta una situación de crisis humanitaria profunda, escasez de medicamentos y alimentos, violaciones masivas de los derechos humanos, hiperinflación, opresión política, corrupción y violencia; que las condiciones de vida se han deteriorado seriamente y hoy en día el 87 % de la población vive en una situación de pobreza;

B. Considerando que el apagón ocurrido recientemente que sigue afectando a algunos Estados está contribuyendo a un agravamiento espectacular del nivel de deterioro de los servicios sanitarios y del abastecimiento de alimentos y agua; que se teme que en los próximos días se registren nuevos cortes en la red eléctrica y el suministro de agua, y que el régimen no puede garantizar esos servicios a su propia población;

C. Considerando que la falta de electricidad ha acentuado la grave crisis existente en los hospitales venezolanos, en los que, además de no disponerse de medicamentos suficientes, faltan inversiones y mantenimiento; Considerando que durante el apagón han fallecido en los hospitales públicos decenas de personas;

D. Considerando que las ya limitadas existencias de alimentos en Venezuela corren el riesgo de estropearse;  que la población tiene serios problemas para conseguir agua, alimentos y medicamentos;

E. Considerando que los apagones son consecuencia de la mala gestión, la falta de mantenimiento y la corrupción del régimen ilegal de Nicolás Maduro;

F. Considerando que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde 2015 han abandonado el país más de 2,7 millones de venezolanos, cifra que podría llegar a cinco millones para finales de año si la crisis sigue agravándose;

G. Considerando que la población venezolana se enfrenta a una crisis social, económica y democrática sin precedentes, habiendo abandonado el país más de 3 millones de personas y registrándose una tasa de inflación que supera el 1 650 000 %; que más de un millón de niños han dejado de estar escolarizados;

H. Considerando que se siguen produciendo enfrentamientos en las fronteras con Brasil y Colombia; que las fronteras terrestres y marítimas de Venezuela con Colombia, Brasil y las islas de Aruba, Bonaire y Curazao están cerradas de hecho;

I. Considerando que en varios puntos de las fronteras con Colombia y Brasil se ha depositado ayuda internacional a la espera de introducirla en el país; que Nicolás Maduro ha rechazado en repetidas ocasiones la ayuda internacional, dejando que parte de ella se eche a perder y causando con ello más sufrimiento entre la población y una tensión creciente en las fronteras;

J. Considerando que, el 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro usurpó ilegítimamente el poder presidencial ante el Tribunal Supremo de Justicia, infringiendo el orden constitucional;

K. Considerando que, el 31 de enero de 2019, el Parlamento Europeo y una parte significativa de la comunidad internacional reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino legítimo, si bien Nicolás Maduro sigue teniendo el control de las fuerzas armadas y las instituciones estatales;

L. Considerando que España, Francia, Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido, Austria, Suecia, Dinamarca, Portugal, Finlandia, Luxemburgo, Letonia, Lituania, Chequia y Estonia reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino después de que el presidente titular Nicolás Maduro mostrase no tener intención alguna de convocar nuevas elecciones; Considerando que más de cincuenta países, incluidos veinticuatro Estados miembros de la Unión, han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino;

M. Considerando que, el 8 de febrero de 2018, la fiscal de la CPI inició un examen preliminar de la situación en Venezuela;

N. Considerando que, en los últimos dos años, la Unión ha comprometido más de 67 millones de euros en asistencia humanitaria y al desarrollo para Venezuela, y está dispuesta a incrementar la cuantía de dicha asistencia;

O. Considerando que siguen registrándose manifestaciones de protesta en Venezuela, particularmente en Caracas; que se han intensificado los ataques y los actos de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados irregulares contra civiles, miembros de la oposición y legisladores;

P. Considerando que los vídeos dados a conocer por Roberto Dugarte, antiguo oficial y teniente de aviación, y transmitidos a la OAS detallan y demuestran que entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 se registraron casos de tortura constitutivos de crímenes contra la humanidad;

Q. Considerando que, desde comienzos de 2019, se ha detenido a cuarenta periodistas como parte de una campaña creciente contra la disidencia y la libertad de la prensa que dura desde hace varios años pero se ha intensificado desde el 10 de enero de 2019;

R. Considerando que el 21 de marzo de 2019 el servicio de inteligencia policial de Venezuela detuvo a Roberto Marrero, jefe del Gabinete de Juan Guaidó, y penetró de forma violenta en el domicilio de Sergio Vergara, miembro de la Asamblea Nacional del Estado de Táchira, haciendo caso omiso de su inmunidad parlamentaria;

S. Considerando que las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia cubanos son un elemento estratégico que permite al régimen ilegal de Nicolás Maduro seguir existiendo;

T. Considerando que, el sábado 23 de enero, dos aparatos pertenecientes a las Fuerzas Aéreas rusas aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar con al menos un centenar de soldados a bordo, y que en los últimos meses se han producido varias veces acciones de ese tipo;

1. Expresa su gran inquietud a la vista de la grave situación de urgencia humanitaria en Venezuela que está dañando profundamente la vida de la población del país;

2. Apoya a Juan Guaidó, presidente interino de conformidad con el artículo 233 de la Constitución de Venezuela, y hace un llamamiento a la VP/HR, junto con todos los Estados miembros, para que reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela y apoyen su hoja de ruta para la celebración de nuevas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, y la restauración de la democracia; celebra que una parte significativa de la comunidad internacional y la mayoría de los Estados miembros de la Unión ya hayan reconocido la nueva Presidencia interina; lamenta que en el Consejo no se haya llegado a una posición común al respecto;

3. Reitera su pleno apoyo a la Asamblea Nacional, que actualmente es el único órgano democrático legítimo de Venezuela y cuyos poderes han de restaurarse y respetarse, incluidas las prerrogativas y la seguridad de sus miembros;

4. Reitera su llamamiento para que se reconozca plenamente como embajadores ante la Unión y sus Estados miembros a los representantes diplomáticos designados por el presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó; acoge positivamente el reconocimiento por parte de la Junta de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) de Ricardo Hausmann como gobernador de Venezuela en esas instituciones;

5. Manifiesta su consternación a la vista de la reciente y grave crisis eléctrica provocada por la mala gestión, la falta de inversiones y la corrupción y que culminó en un apagón a escala nacional a primeros de marzo de 2019 que duró más de cien horas, lo que ha exacerbado la crisis humanitaria, ha provocado varias muertes, ha generado una situación de caos en todo el país, ha paralizado aeropuertos y hospitales, ha interrumpido los servicios telefónicos y de internet y ha provocado el cierre del suministro de agua;

6. Condena el bloqueo que aplica el régimen ilegal de Nicolás Maduro al suministro de la ayuda humanitaria que se necesita con urgencia; reitera que es necesario que la asistencia humanitaria entre en el país sin trabas y llegue hasta las personas necesitadas que viven en condiciones de vulnerabilidad extrema; condena la actuación del régimen de Nicolás Maduro el 23 de febrero de 2019, que impidió la entrada de la ayuda humanitaria donada por varios países y depositada en las fronteras con Colombia y Brasil, e incluso llegó a destruirla;

7. Apoya a los militares venezolanos que se negaron a ejercer la represión contra la población civil durante esa crisis y desertaron; reconoce la labor realizada por las autoridades colombianas para proteger y atender a los soldados disidentes; anima al personal militar, especialmente a los altos mandos, a rechazar las órdenes que impliquen violaciones de los derechos humanos y a apoyar la vía constitucional encabezada por el presidente interino Juan Guaidó;

8. Acoge positivamente y apoya enérgicamente los esfuerzos realizados por diferentes organizaciones internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la OIM y el ACNUR, así como otras organizaciones no gubernamentales, para  ayudar a los migrantes y refugiados venezolanos en países vecinos como Colombia y Brasil, entre otros países;

9. Expresa su gran inquietud a la vista de las noticias que demuestran que la presencia de la delincuencia organizada en Venezuela y su expansión y actividad transfronteriza, especialmente hacia Colombia, ponen en peligro la estabilidad en la región;

10. Pide que se restauren y respeten los poderes de la Asamblea Nacional elegida democráticamente; solicita que se respete la inmunidad, la libertad y la seguridad, consagradas en la Constitución, de todos los miembros de la Asamblea Nacional y de su presidente Juan Guaidó;

11. Condena las incursiones de los servicios de seguridad de Nicolás Maduro y la detención de Roberto Marrero, jefe del Gabinete del presidente interino Juan Guaidó, así como la reciente entrada por la fuerza en el domicilio del miembro de la Asamblea Nacional Sergio Vergara; pide la inmediata puesta en libertad de Roberto Marrero; condena el secuestro del miembro de la Asamblea Nacional Juan Requesens y solicita su liberación;

12. Toma nota del establecimiento, a iniciativa de la Unión, del Grupo de Contacto Internacional, cuyo objetivo es crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones presidenciales anticipadas y facilitar la entrega de asistencia humanitaria; insiste en que esa iniciativa debe convertirse en un mecanismo eficaz que produzca resultados tangibles a corto plazo, especialmente tras la situación de emergencia padecida en el país durante las pasadas semanas y la reunión celebrada en Montevideo el 7 de marzo; pide al Grupo de Contacto Internacional que evite ser utilizado por el régimen de Nicolás Maduro como una estrategia de dilación para la resolución de la crisis, y que estudie urgentemente diferentes vías para afrontar las apremiantes necesidades de la población venezolana y aumentar el apoyo destinado a los refugiados venezolanos que han huido a otros países de la región y más lejos; señala que el Grupo de Contacto Internacional ha de ajustarse a las posiciones que el Parlamento Europeo ha expuesto en sus Resoluciones y colaborar con el Grupo de Lima, que es el agente regional que ha encabezado la oposición al régimen de Nicolás Maduro;

13. Reitera su apoyo a una solución pacífica y democrática de la crisis política; insiste en que la única solución para el país es la celebración de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles sobre la base de un calendario fijo, unas condiciones justas para todos los agentes y transparencia, y contando con la presencia de observadores electorales creíbles;

14. Reconoce la importancia del Grupo de Lima, y los esfuerzos realizados por sus países miembros, como mecanismo regional que aspira a una solución democrática para la crisis bajo el liderazgo de Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela;

15. Señala a la atención la intensificación de la crisis migratoria y de refugiados en toda la región y elogia a los países vecinos por los esfuerzos realizados y la solidaridad mostrada, y pide a la Comisión que siga cooperando con dichos países no solo aportando asistencia humanitaria, sino también aportando más recursos y a través de la política de desarrollo;

16. Reitera que la crisis humanitaria se deriva de una crisis política; insta a las autoridades venezolanas a que velen por que se ponga fin de inmediato a todas las violaciones de los derechos humanos y a cualesquiera violaciones contra civiles, y por que se respeten plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluidas la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión;

17. Condena enérgicamente la feroz represión de que son objeto aquellos que se oponen al régimen y lo denuncian —incluidos personal militar, médicos, empleados públicos, opositores políticos, miembros del mundo académico y estudiantes, miembros de la judicatura, comunidades indígenas como la de los pemones, y miembros de organizaciones de la sociedad civil—, así como los actos de violencia que han causado muertos y heridos; manifiesta su solidaridad con el pueblo de Venezuela y expresa sus sinceras condolencias a los familiares y amigos de los afectados; insta a las autoridades venezolanas de facto a que pongan fin a todas las violaciones de los derechos humanos y exijan responsabilidades a sus autores, y a que velen por que se respeten plenamente todas las libertades fundamentales y todos los derechos humanos;

18. Pide con carácter de urgencia que se ponga inmediatamente en libertad a todos los presos políticos, incluidos Leopoldo López, galardonado con el Premio Sájarov, y numerosos periodistas, algunos de los cuales son nacionales de la Unión;

19. Apoya firmemente la petición del secretario general de las Naciones Unidas para que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva sobre las víctimas constatadas; recuerda el compromiso de la Unión en favor del multilateralismo, en el marco de la doctrina de las Naciones Unidas, como compromiso colectivo acordado por los Estados miembros de las Naciones Unidas a fin de evitar una catástrofe humanitaria de mayores consecuencias; reitera su pleno apoyo al papel de la Corte Penal Internacional (CPI) en la lucha contra la impunidad y en el procesamiento de los autores de actos de violencia y violaciones de los derechos humanos, y a la apertura de investigaciones a raíz de exámenes preliminares de delitos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, incluidos algunos que constituyen crímenes graves contra la humanidad;

20. Insta al Consejo a que adopte inmediatamente nuevas sanciones específicas contra representantes del régimen ilegítimo venezolano responsable de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el estado de Derecho, y que extienda dichas sanciones a los familiares de dichos representantes; pide que el Consejo estudie la posibilidad de imponer sanciones a la empresa petrolera estatal de Venezuela PDVSA Holding;

21. Insta a la comunidad internacional a adoptar todas las medidas que sean necesarias para aplicar la «responsabilidad de proteger», que es una responsabilidad de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, a la vista de los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro y el agravamiento de la crisis de los derechos humanos;

22. Insta al Gobierno de la República de Cuba a que deje de interferir en la República Bolivariana de Venezuela dado que ello está afectando a las relaciones entre Cuba y la Unión;

23. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente interino legítimo de la República y de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, al Grupo de Contacto Internacional, a los Gobiernos y Parlamentos de los países del Grupo de Lima, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

[1] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.

[2] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0313.

[3] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0436.

[4] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0061.

[5] Venezuela: Hunger, punishment and fear, the formula for repression used by authorities under Nicolás Maduro, Amnesty International, 20 February 2019 (Venezuela: Hambre, castigos y miedo, la fórmula represiva utilizada por las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Amnistía Internacional, 20 de febrero de 2019).

[6] https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/02/lima-group-declaration-february-25-2019.html

[7]http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-013/18

[8] https://usoas.usmission.gov/oas-member-states-issue-joint-statement-on-venezuela/

Última actualización: 27 de marzo de 2019Aviso jurídico