Procedimiento : 2019/2854(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B9-0119/2019

Textos presentados :

B9-0119/2019

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PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P9_TA(2019)0047

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0119/2019</NoDocSe>
PDF 155kWORD 54k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre las consecuencias negativas de la quiebra de Thomas Cook para el turismo de la Unión</Titre>

<DocRef>(2019/2854(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude Kirton-Darling, István Ujhelyi, Isabel García Muñoz</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0118/2019

B9-0119/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre las consecuencias negativas de la quiebra de Thomas Cook para el turismo de la Unión

(2019/2854(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Visto el artículo 6, letra d), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

 Visto el artículo 195 del TFUE,

 Visto el Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91[1],

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2007, titulada «Agenda para un turismo europeo sostenible y competitivo» (COM(2007)0621),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de junio de 2010, titulada «Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo» (COM(2010)0352),

 Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[2],

 Vista su Resolución de 29 de marzo de 2012 sobre el funcionamiento y la aplicación de los derechos adquiridos de los usuarios de los transportes aéreos[3],

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de marzo de 2013, titulada «Protección de los pasajeros en caso de insolvencia de la compañía aérea» (COM(2013)0129), en la que la Comisión establece medidas para mejorar la protección de los viajeros en caso de insolvencia de una compañía aérea, entre otras mediante una mejor ejecución del Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo,

 Visto el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1927/2006 (Reglamento del FEAG)[4],

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de febrero de 2014, titulada «Una estrategia europea para un mayor crecimiento y empleo en el turismo costero y marítimo» (COM(2014)0086),

 Vista su Posición adoptada en primera lectura el 5 de febrero de 2014 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 261/2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y el Reglamento (CE) n.º 2027/97 relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje[5],

 Vista su Resolución, de 29 de octubre de 2015, sobre nuevos desafíos y estrategias para promover el turismo en Europa[6],

 Vista la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados[7], en particular su artículo 13 sobre la responsabilidad por la ejecución del viaje combinado, su artículo 16 sobre la obligación de prestar asistencia y su capítulo V, que regula la protección de los viajeros frente a la insolvencia de un organizador o un minorista,

 Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 – Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo[8],

 Visto el Informe de la Comisión, de 1 de marzo de 2019, titulado «Estrategia de aviación para Europa: mantener y promover los altos niveles sociales» (COM(2019)0120),

 Vistas la Conclusiones del Consejo, de 27 de mayo de 2019, sobre la competitividad del sector turístico como motor del crecimiento sostenible, el empleo y la cohesión social en la UE para el próximo decenio,

 Visto el Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad[9],

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el colapso de la empresa británica Thomas Cook, el segundo mayor operador turístico a escala mundial, está teniendo un efecto profundamente negativo en la economía, el mercado interior de la Unión, el empleo, la confianza de los consumidores y la libre circulación de personas dentro de la Unión y fuera de ella;

B. Considerando que dicho efecto en el sector turístico se acentúa por la incertidumbre existente en torno a la retirada del Reino Unido de la Unión;

C. Considerando que las estadísticas muestran que la mayoría de los ciudadanos de la Unión que viajan al extranjero lo hacen dentro de la propia Unión, y que el número de turistas internacionales que visitan la Unión seguirá aumentando;

D. Considerando que el turismo representa alrededor del 4 % del PIB de la Unión y más del 10 % si se tienen en cuenta todos los sectores relacionados con el turismo; que el sector turístico también es un sólido vector de empleo al emplear directamente a casi doce millones de trabajadores y representar como mínimo el 5 % de la totalidad de los puestos de trabajo —más de veintisiete millones de trabajadores y casi el 12 % del empleo total una vez considerado en relación con otros sectores—, y el 20 % de los empleos ejercidos por los jóvenes menores de veinticinco años;

E. Considerando que el sector turístico engloba una gran diversidad de servicios y profesiones en los que la movilidad desempeña un papel crucial; y que dicho sector está dominado por pequeñas y medianas empresas, así como por trabajadores autónomos, cuya actividad genera empleo y riqueza en las regiones que dependen en gran medida de él;

F. Considerando que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión está facultada para apoyar o complementar las actuaciones de los Estados miembros en el ámbito del turismo; que, por otra parte, el turismo no cuenta con ninguna línea específica en el presupuesto de la Unión, pese a lo que solicitó el Parlamento en su Resolución, de 14 de noviembre de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 – Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo, en la que abogaba por la introducción de una dotación específica para el turismo sostenible;

G. Considerando que el colapso de Thomas Cook hizo necesario organizar una operación de gran envergadura para repatriar a más de 600 000 personas desde diferentes lugares del mundo hasta sus lugares de origen;

H. Considerando que el cese de la actividad de Thomas Cook ha causado graves daños económicos al sector turístico y al empleo; que ello exigirá la adopción de medidas adecuadas para mejorar la competitividad del sector y garantizar que Europa conserva su posición de primer destino turístico mundial, lo que constituye un motor para el crecimiento y el desarrollo sostenible de sus ciudades y regiones;

I. Considerando que el cese de la actividad de Thomas Cook ha desembocado en la pérdida de conectividad aérea de algunos territorios de los Estados miembros de la Unión; que ello afecta particularmente a las regiones ultraperiféricas y las islas de la Unión, donde la accesibilidad y la conectividad son cruciales;

J. Considerando que el colapso de Thomas Cook afecta directamente a aproximadamente 22 000 trabajadores en Europa y fuera de ella, los cuales se enfrentan al desempleo y podrían no recibir los salarios que les corresponden;

K. Considerando que los pasajeros tienen derecho a obtener los servicios según lo previsto, especialmente porque abonan el precio del billete antes de que se preste el servicio; que es fundamental proporcionar a los pasajeros información comprensible, precisa, oportuna y accesible a todos;

1. Expresa su firme solidaridad y apoyo a todo el personal de Thomas Cook y a sus familias, así como a los subcontratistas afectados, y lamenta los perjuicios derivados del colapso de la empresa para las economías y las comunidades locales; pide que se tomen medidas para apoyar a los trabajadores y subcontratistas en cuestión, así como a las regiones afectadas, a superar esta difícil situación económica y social;

2. Expresa su profunda preocupación por las 600 000 personas bloqueadas fuera de sus lugares de origen y los miles de filiales y proveedores locales, en su mayoría pymes, que tienen serias dificultades financieras debido al colapso de Thomas Cook, lo que se suma a las perjudiciales consecuencias de dicho cese para la imagen y la reputación de Europa como primer destino turístico mundial;

3. Felicita a los Estados miembros por la premura con la que ejecutaron los planes de emergencia para la repatriación efectiva de los viajeros afectados, así como por la rapidez con que aplicaron diversas medidas en materia de política de empleo y otras medidas para limitar las consecuencias de la quiebra de Thomas Cook para los trabajadores del sector turístico y sectores conexos; pide a la Comisión que estudie la manera de intervenir con rapidez y eficacia en una situación similar en el futuro;

4. Lamenta que los trabajadores, que son los más afectados, tengan habitualmente poca influencia o poder de negociación en los procedimientos de quiebra; destaca la necesidad de mejorar los derechos de participación de los trabajadores en los procesos de reestructuración y procedimientos de insolvencia; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que se garanticen a los trabajadores afectados por una situación de insolvencia los salarios y las prestaciones de jubilación devengados;

5. Pide a las autoridades competentes que examinen las razones de la quiebra de Thomas Cook con el fin de anticipar futuras crisis y adoptar políticas para prevenir o reducir al mínimo los riesgos en un sector tan importante para la Unión; subraya que, para evitar que los pasajeros europeos se conviertan en víctimas de quiebras, es necesario que las autoridades nacionales de supervisión supervisen mejor la situación financiera de las compañías aéreas, habida cuenta de que desde comienzos de 2017 han quebrado treinta y dos compañías aéreas; recuerda que el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 es actualmente objeto de una evaluación de impacto, que incluye una sección sobre la obligación de las compañías aéreas de obtener una licencia de explotación; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de revisar ese Reglamento a fin de facultar a las autoridades para supervisar y controlar mejor la situación financiera de las compañías aéreas y actuar cuando la situación sea crítica;

6. Anima a la Comisión a evaluar el marco jurídico en materia de insolvencia en caso de quiebra aunque se acabe de revisar, y pide a los Estados miembros que garanticen la consulta y la participación de los trabajadores al transponerse la Directiva (UE) 2019/1023[10]; destaca que dicha Directiva no debe dar prioridad a los intereses de los inversores frente a los de los consumidores, los clientes, los contribuyentes y los trabajadores;

7. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que tomen en consideración las diferencias existentes entre las legislaciones nacionales en materia de insolvencia, que se hicieron patentes en el caso de Thomas Cook y son problemáticas en el caso de las empresas multinacionales;

8. Pide a la Comisión que determine cuáles son los instrumentos financieros de la Unión que pueden compensar los daños causados al sector y a los consumidores y contribuir a mejorar la competitividad del sector y a garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, y que facilite un acceso rápido y efectivo a dichos instrumentos;

9. Pide a la Comisión que incluya el turismo en las prioridades de su estrategia y modifique la denominación de la cartera de Transportes optando por «Transportes y Turismo»;

10. Hace hincapié en que los Estados miembros de la Unión afrontan retos y oportunidades comunes en el sector turístico, en ámbitos como la prevención y la gestión de crisis, la sostenibilidad socioeconómica y ambiental, la creación de empleo de calidad, la capacitación profesional y la formación de los trabajadores, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y la búsqueda de un equilibrio entre los intereses de las comunidades locales y los visitantes; reitera la importancia que reviste establecer una estrategia de la Unión para el turismo sostenible con medidas coordinadas y concretas; pide a la Comisión que introduzca una línea presupuestaria específica para el sector turístico en su próximo proyecto de presupuesto, tal como ha solicitado el Parlamento para el marco financiero plurianual 2021-2027;

11. Señala las posibilidades del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para los trabajadores despedidos como consecuencia de grandes cambios estructurales; pide a los Estados miembros afectados por la quiebra de Thomas Cook que aprovechen plenamente las posibilidades del FEAG, en particular en lo que se refiere a las solicitudes colectivas de pymes; pide a la Comisión que tramite estas solicitudes lo antes posible dentro del plazo establecido en el Reglamento del FEAG y que preste el apoyo necesario a los Estados miembros si así lo solicitan;

12. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que consideren la posibilidad de recurrir a medidas estatales de ayuda que puedan mitigar las repercusiones negativas para las empresas, las ciudades, las regiones y los destinos, así como las consecuencias graves para el empleo; destaca que los trabajadores afectados deben ser considerados acreedores preferentes en los procedimientos de insolvencia;

13. Acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión titulada «Estrategia de aviación para Europa: mantener y promover los altos niveles sociales»; pide, no obstante, a la Comisión que presente un paquete social para el sector de la aviación destinado a proteger a los pilotos, a las tripulaciones de cabina, al personal de tierra, al resto de trabajadores y a los pasajeros; destaca, en este contexto, que este paquete social debe incluir un sistema de protección que dé un período de gracia a las compañías aéreas en dificultades financieras, bajo la supervisión de las autoridades correspondientes, con el fin de proteger a los trabajadores y los pasajeros y facilitar la recuperación económica de la compañía aérea o su transición hacia un cierre ordenado;

14. Hace hincapié en la importancia de todos los tipos de servicios y actividades de transporte, incluidos los regulares, los ocasionales, los chárter y los de alquiler, como parte integrante del sector turístico; destaca que los servicios de transporte estimulan las economías locales, apoyan el crecimiento del empleo y refuerzan la cohesión socioeconómica y territorial; destaca, en este sentido, la importancia de los servicios de transporte en la mejora de la competitividad del sector turístico europeo;

15. Destaca la importancia de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior de los servicios de transporte, mantener un nivel elevado de protección de los trabajadores y los consumidores y mejorar la competitividad de las empresas y la sostenibilidad del sector turístico;

16. Subraya la importancia de un diálogo social constante en todos los niveles y basado en la confianza mutua y la responsabilidad compartida, como uno de los mejores instrumentos para encontrar soluciones consensuadas y planteamientos comunes a la hora de anticipar, prevenir y gestionar los procesos de reestructuración; pide a los Estados miembros que consulten a los interlocutores sociales al elaborar todas las medidas pertinentes; pide a la Comisión que determine las mejores prácticas sobre la base de las medidas aplicadas por las autoridades nacionales, regionales y locales, así como las adoptadas por las pequeñas y medianas empresas del sector, con vistas a desarrollar una estrategia común de la Unión para el sector turístico;

17. Pide a todas las autoridades competentes que velen por que todas las partes implicadas respeten plenamente las normas nacionales y europeas sobre el derecho de los trabajadores a la información y a la consulta, en particular durante los procesos de reestructuración; destaca que las empresas deben respetar sus obligaciones con arreglo a la legislación europea y nacional, dando prioridad al derecho de los trabajadores a la información y a la consulta, así como a la conveniencia de examinar las alternativas presentadas por los interlocutores sociales;

18. Reitera su petición a la Comisión para que presente, previa consulta con los interlocutores sociales pertinentes, una propuesta de acto jurídico sobre el derecho de los trabajadores a la información y a la consulta y sobre la anticipación y gestión de las reestructuraciones, en consonancia con las recomendaciones pormenorizadas recogidas en la Resolución del Parlamento, de 15 de enero de 2013, en materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones[11];

19. Expresa su convicción de que las empresas que deseen aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado interior y el derecho de sociedades europeo deben, al mismo tiempo, adherirse a los valores democráticos del lugar de trabajo; pide a la Comisión, por consiguiente, que presente una propuesta de Directiva destinada a introducir una nueva arquitectura integrada para la implicación de los trabajadores en las formas europeas de sociedad, establecer unas normas estrictas en cuanto al derecho de los trabajadores a la información y a la consulta e introducir unos requisitos de mínimos ambiciosos para la representación de los trabajadores en los consejos directivos; destaca que este nuevo marco debe convertirse en la referencia única en materia de información, consulta y representación en los consejos directivos para todas las formas europeas de sociedad, y que debe introducir la obligación de establecer un sistema de representación de los trabajadores en el consejo de administración (para sistemas monistas) o en los consejos de control (para sistemas duales);

20. Pide a la Comisión y al Consejo que evalúen y adopten todas las medidas necesarias para defender los intereses de la Unión y evitar situaciones similares en el futuro, y que extraigan conclusiones de esta experiencia que puedan aplicarse en la negociación de futuros acuerdos en materia de servicios aéreos;

21. Pide a la Comisión que comunique al Parlamento cualquier nueva información pertinente relativa a la quiebra de Thomas Cook; subraya, a este respecto, la importancia de saber si las autoridades responsables de la concesión de licencias habían evaluado la situación financiera de Thomas Cook, si se habían detectado problemas financieros y si se podrían haber adoptado medidas para evitar que miles de pasajeros se quedaran bloqueados fuera de su país de origen; pide a la Comisión que considere la posibilidad de introducir en la Directiva (UE) 2015/2302 relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados una disposición que establezca los derechos de los trabajadores en caso de insolvencia;

22. Pide a la Comisión que estudie nuevas medidas y mecanismos para mantener un elevado nivel de protección de los trabajadores y los consumidores en caso de quiebra de una empresa; pide al Consejo que adopte cuanto antes su posición sobre la modificación del Reglamento (CE) n.º 261/2004, en materia de respeto de los derechos de los pasajeros aéreos y los límites de responsabilidad de las compañías aéreas, y que apoye la posición adoptada por el Parlamento en febrero de 2014; lamenta que el Consejo no haya podido alcanzar un acuerdo en los últimos cinco años; pide a la Comisión que presente, previa consulta a los interlocutores sociales pertinentes, una propuesta de acto jurídico, similar a la Ley Florange, para obligar a las empresas a informar a los comités de empresa en caso de cierre, de manera que estos puedan buscar compradores para la empresa o el centro;

23. Reitera la necesidad, en el caso de la modificación del Reglamento (CE) n.º 261/2004 relativo a la protección de los derechos de los pasajeros aéreos y la responsabilidad de las compañías aéreas, de mecanismos obligatorios para mantener un elevado nivel de protección de los pasajeros en caso de insolvencia o quiebra, inclusive a través de la creación de fondos de garantía o la contratación de seguros, por parte de las compañías aéreas, que garanticen la asistencia, el reembolso, la compensación y la realización del viaje por medios alternativos; destaca que los pasajeros que han reservado un servicio independiente, como por ejemplo el vuelo exclusivamente, deben recibir la misma protección que los pasajeros que han reservado un viaje combinado, especialmente porque cada vez son más los consumidores que reservan solo el vuelo;

24. Pide a la Comisión que tome en consideración la posibilidad de legislar con miras a una protección de los trabajadores en caso de quiebra por lo que se refiere a la repatriación, incluida la creación de un fondo especial al efecto;

25. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de facilitar el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros sobre la mejor manera de abordar el cierre de empresas, alentándoles a estudiar ejemplos contenidos en disposiciones jurídicas para intentar, en la medida de lo posible, organizar la búsqueda de un comprador con el fin de que las empresas sigan funcionando pese a la decisión de los propietarios originales de cesar la actividad;

26. Considera que debe impedirse la elusión fiscal, también a través de la transferencia de activos materiales e inmateriales o servicios entre empresas a precios inadecuados (precio de transferencia), y que dichas prácticas son el resultado de la falta de coordinación europea en materia fiscal y comercial; pide una mayor cooperación y convergencia entre los Estados miembros en asuntos fiscales, sociales y presupuestarios;

27. Destaca la necesidad de una protección social digna que permita que las personas permanezcan activas económicamente y vivan con dignidad; pide a los Estados miembros que garanticen unos subsidios de desempleo adecuados, al igual que servicios de tutoría y formación profesional para aquellas personas que han perdido su trabajo, prestando especial atención a los trabajadores poco cualificados y a los de más de cincuenta años;

28. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

 

 

[1] DO L 46 de 17.2.2004, p. 1.

[2] DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.

[3] DO C 257 E de 6.9.2013, p. 1.

[4] DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.

[5] DO C 93 de 24.3.2017, p. 336.

[6] DO C 355 de 20.10.2017, p. 71.

[7] DO L 326 de 11.12.2015, p. 1.

[8] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0449.

[9] DO L 293 de 31.10.2008, p. 3.

[10] Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (DO L 172 de 26.6.2019, p. 18).

[11] DO C 440 de 30.12.2015, p. 23.

Última actualización: 23 de octubre de 2019Aviso jurídico