Procedimiento : 2019/2956(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B9-0044/2020

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B9-0044/2020

Debates :

Votaciones :

PV 15/01/2020 - 10.5
Explicaciones de voto

Textos aprobados :


<Date>{10/01/2020}10.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0044/2020/rev.</NoDocSe>
PDF 223kWORD 75k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre el Pacto Verde Europeo</Titre>

<DocRef>(2019/2956(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manon Aubry, Martin Schirdewan, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}en nombre del Grupo GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0044/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Pacto Verde Europeo

(2019/2956(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto,

 Visto el Acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (COP21) en París el 12 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»),

 Visto el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (CDB),

 Vistos los datos científicos más recientes y completos sobre los efectos nocivos del cambio climático facilitados en el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático titulado «Calentamiento global de 1,5 °C, su quinto informe de evaluación y su informe de síntesis al respecto, su Informe especial sobre el cambio climático y la tierra y su Informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante,

 Vista la publicación de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulada «The European environment – state and outlook 2020: Knowledge for transition to a sustainable Europe» (El medio ambiente europeo – Estado y perspectivas 2020: el conocimiento para la transición hacia una Europa sostenible) (SOER 2020),

 Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), así como el documento de reflexión de la Comisión, de 30 de enero de 2019, titulado «Hacia una Europa sostenible en 2030» (COM(2019)0022),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de julio de 2019, titulada «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo» (COM(2019)0352) y la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2013, titulada «Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal» (COM(2013)0659),

 Vista la gigantesca amenaza en cuestión de pérdida de diversidad biológica expuesta en el Informe de evaluación global del estado de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, de 31 de mayo de 2019,

 Vista la 25.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (COP25), celebrada en Madrid (España) del 2 al 13 de diciembre de 2019,

 Vistos la 26.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC, que se celebrará en diciembre de 2020, y el hecho de que todas las Partes en la CMNUCC deben aumentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París,

 Vista la 15.ª Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se celebrará en Kunming (China) en octubre de 2020, en la que las Partes deben decidir el marco mundial posterior a 2020 para detener la pérdida de biodiversidad,

 Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el cambio climático – una visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París[1],

 Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental[2],

 Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Madrid (España)[3],

 Visto el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sobre la protección social de los trabajadores,

 Visto el artículo 9 del TFUE, que impone a la Unión la promoción de un nivel de empleo elevado, la garantía de una protección social adecuada, la lucha contra la exclusión social y un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana,

 Vista la propuesta de Reglamento relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+),

 Vistos los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

 Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2016, sobre el dumping social en la Unión Europea[4],

 Vista la Carta Social Europea revisada del Consejo de Europa,

 Visto el estudio de la Universidad de Boston de 2019 sobre la utilización de combustible por el Pentágono, el cambio climático y el coste de la guerra,

 Visto el Informe sobre el Desarrollo Humano de 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que se impone una actuación inmediata y ambiciosa para limitar el calentamiento global a 1,5 °C y evitar la pérdida masiva de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas, la escasez de recursos, la contaminación y el aumento de los riesgos para la salud; que los efectos de la crisis climática ya se perciben en todo el mundo y continúan empeorando a un ritmo alarmante;

B. Considerando que el Informe sobre el Desarrollo Humano de 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo constata que las disparidades en lo tocante al desarrollo humano siguen siendo generalizadas y que están surgiendo nuevas generaciones de desigualdades; que estas desigualdades sociales y económicas crecientes deben afrontarse urgentemente y de forma sincronizada con todas las medidas de lucha contra el cambio climático;

C. Considerando que las crisis climática y medioambiental exigen una actuación que rompa con la obsesión por el crecimiento económico, que es la causa profunda de ambas crisis, y que el Pacto Verde Europeo debe ser el principio del fin de este dogma destructivo;

D. Considerando que las grandes compañías de petróleo y gas, por sí solas, han dedicado 250 millones de euros a los grupos de presión en la Unión desde 2010; que la huelga climática global reúne a cientos de millones de personas en todo el planeta que piden que se ponga fin al reinado de estos intereses fósiles;

E. Considerando que ahora tenemos la oportunidad de presentar un plan de inversión y transformación ambicioso, holístico y global que se base en la democracia, la reglamentación y el control público; que no podemos permitirnos dejar que las fuerzas del mercado resuelvan los problemas que han creado y que, por lo tanto, los términos «Pacto Verde» no bastan para reflejar la evolución necesaria con arreglo a los estudios científicos de referencia;

F. Considerando que solo tenemos una oportunidad más para resolver estas crisis medioambientales y sociales; que solo podemos hacer frente con eficacia a estos retos comunes si afrontamos estas crisis de forma combinada; que la Comisión actual es la última que podrá presentar propuestas para resolver estas crisis y no puede permitirse fracasar en esta tarea;

G. Considerando que el Pacto Verde debe conducir a una revolución radical, sistemática y mundial de nuestros modos de producción, consumo y distribución, mejorando las condiciones de vida al tiempo que se progresa en la descarbonización de nuestras sociedades; que debe ser equitativo y beneficioso para todos; que estas crisis demuestran la necesidad de trabajar juntos por otra Europa que dé prioridad al planeta y a las personas y no a los beneficios;

1. Recuerda que las crisis del clima y la biodiversidad y las crecientes desigualdades sociales y económicas son los retos más importantes a los que se enfrenta la humanidad y que el Pacto Verde Europeo representa una oportunidad para abordarlos de forma conjunta y eficaz; subraya que un cambio político fundamental y una cooperación y solidaridad y unos compromisos internacionales oportunos y ambiciosos son la única forma de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C y de luchar contra la desigualdad; considera que el Pacto Verde Europeo debe ser transformador y conducir a una revolución radical, sistemática y mundial de nuestros modos de producción, consumo y distribución;

2. Toma nota de la propuesta de la Comisión Europea relativa a un Pacto Verde; destaca la necesidad de que el Pacto Verde Europeo apoye el objetivo del desarrollo sostenible, proteja y mejore los ecosistemas de la Unión, garantice su conservación y proteja la salud y el bienestar de las personas frente a los riesgos e impactos medioambientales; subraya que el Pacto Verde Europeo no es solo una política reforzada en materia de cambio climático, sino que también representa un plan de inversión que debería transformar plenamente la economía y la sociedad y situarlas con firmeza en una vía ecológica que respete los derechos sociales y mejore la vida de todos en este planeta; destaca que los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) deben hacer las veces de marco general para la formulación de políticas y su aplicación;

3. Considera que la solidaridad debe ocupar un lugar prominente en el Pacto Verde Europeo y que este debe ser un pacto orientado hacia el exterior; subraya que el Pacto Verde Europeo ha de aspirar a la justicia social y hacer frente a las desigualdades sociales y económicas y al calentamiento global; destaca la importancia de respetar y reforzar el diálogo social en todos los niveles y sectores, en particular con los sindicatos, a fin de garantizar una transición justa; reitera, a este respecto, la obligación de la Unión de reconocer y promover el papel de los interlocutores sociales; considera que el Pacto Verde Europeo debe fundamentarse en el principio de justicia climática y basarse en los estudios científicos de referencia y ser plenamente compatible con ellos;

4. Rechaza el uso de jergas y eslóganes para encubrir una escasa ambición y una acción climática ineficaz y perjudicial orientada al mercado, que en última instancia favorece a las grandes empresas y a la industria de los combustibles fósiles; interpreta el Pacto Verde Europeo como una oportunidad para romper con el marco neoliberal y para que la Unión reconozca por fin su deuda con el clima y la responsabilidad histórica que le incumbe de hacer más esfuerzos al respecto; considera que las actuaciones adicionales en un momento de emergencia climática son muy insuficientes y que el Pacto Verde Europeo debe ser un programa radical y transformador que conduzca a cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en nuestra economía y en nuestra sociedad; rechaza la integración del mercado como un medio para equilibrar las condiciones de competencia en función de los intereses de las grandes empresas, y reclama un sector público sólido en ámbitos estratégicos como la energía y la industria que sea capaz de cumplir los objetivos medioambientales y de reducir simultáneamente las desigualdades sociales y territoriales;

5. Destaca que el enfoque unilateral en el crecimiento económico ha provocado una situación de emergencia climática y en materia de biodiversidad; señala que no se pueden solucionar los problemas con la misma mentalidad que los ha causado; lamenta que la Comisión configure el Pacto Verde Europeo como una nueva estrategia de crecimiento; hace hincapié en la necesidad de aplicar modelos económicos que tengan en cuenta los límites planetarios, las necesidades sociales y los derechos humanos en lugar de centrarse ciegamente en el crecimiento económico;

6. Insiste en la necesidad de aplicar una perspectiva de género exhaustiva y significativa en todos los ámbitos políticos y, en particular, en las políticas climáticas y sociales, dado que las mujeres y las personas de géneros marginados son las más afectadas por la austeridad, la exclusión social y el cambio climático; afirma que el Pacto Verde Europeo ha de tener una perspectiva de género para ser eficaz y lograr sus objetivos; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apliquen plenamente el nuevo Plan de Acción en materia de Género, tal como se acordó en la CP25;

7. Considera que el capitalismo no es ecológico ni puede pasar a serlo; opina que el sistema socioeconómico dominante es intrínsecamente insostenible y que la acumulación capitalista es totalmente contraria a los límites físicos del planeta, al perturbar los equilibrios en los que se basa toda la vida; lamenta que se estén instrumentalizando las preocupaciones medioambientales de las personas para proseguir la acumulación capitalista, ampliarla a nuevos ámbitos de acumulación y crear nuevas formas de apropiación privada de la naturaleza (el llamado «capital natural»), con el fin de hacer negocio con verdaderas preocupaciones ambientales, sin resolver realmente los problemas subyacentes a estas preocupaciones; afirma que la lucha contra el cambio climático es inseparable de la lucha contra las desigualdades sociales y económicas y en favor de la paz;

Un mayor nivel de ambición climática de la UE para 2030 y 2050

8. Destaca que la Unión, teniendo en cuenta el principio de la responsabilidad común pero diferenciada, debe dar ejemplo y presentar una contribución determinada a nivel nacional revisada de al menos el 70 % mucho antes de la COP26 que se celebrará en Glasgow, dejando así tiempo suficiente a las demás Partes para que reaccionen a este ambicioso mensaje con sus propios objetivos revisados; hace hincapié en que los ambiciosos objetivos de descarbonización no deben considerarse una carga para la economía sino, de hecho, como elementos que permitirán seguir políticas ambiciosas de descarbonización en todos los sectores;

9. Lamenta que la Unión haya apoyado de manera sistemática objetivos que no se ajustan al objetivo del Acuerdo de París del 1,5 °C y que los Estados miembros hayan frenado sus ambiciones en el Consejo; observa que, lamentablemente, se prevé que las políticas actuales de la Unión reducirán los gases de efecto invernadero en tan solo un 60 % para 2050; observa, en particular, que la Directiva sobre fuentes de energía renovables y la Directiva sobre eficiencia energética, que contemplan unos objetivos del 32 % y del 32,5 % para 2030, respectivamente, distan mucho de ser suficientes para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C y no reflejan la ambición necesaria;

10. Observa con preocupación el papel negativo que desempeñan la industria de los combustibles fósiles y otros agentes en la elaboración de las políticas de la Unión, y señala la falta de transparencia, en particular en el Consejo;

11. Rechaza la idea de monetizar la naturaleza y de comerciar con el derecho a contaminar; reclama un enfoque normativo para regular las emisiones de gases de efecto invernadero; solicita una política de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero basada en una reglamentación específica definida y supervisada por las Naciones Unidas;

12. Considera que es imprescindible que la Comisión Europea actúe sin demora en lo que respecta a la aplicación del Pacto Verde Europeo y evite realizar evaluaciones adicionales cuando los estudios científicos son claros; considera que tales intentos son tácticas dilatorias que ralentizan la transición; reitera que el Parlamento Europeo ha declarado una situación de emergencia climática y medioambiental y que la Unión debe actuar en consecuencia fijando y aplicando objetivos ambiciosos para la descarbonización, que deben alcanzarse a más tardar en 2040;

13. Observa con preocupación la trayectoria de la estrategia de la Unión a largo plazo para la descarbonización y la dependencia excesiva de soluciones tecnológicas, la mayoría de las cuales aún no se han desarrollado a gran escala; insiste en que la transformación energética de la Unión debe basarse en la transición hacia un sistema energético basado por completo en las energías renovables para 2050 a más tardar;

14. Considera que el enfoque en dos fases propuesto en la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo en relación con la revisión de las contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión constituye una invitación a la industria de los combustibles fósiles para que ejerza una presión más específica, y opina que este enfoque envía un mensaje ambiguo al resto de las Partes en el Acuerdo de París sobre la posición de la Unión con respecto a su ambición de cara a 2030; hace hincapié en que exagerando las dificultades que entraña la descarbonización entre el 50 % y el 55 % no se asume el liderazgo en la escena mundial, sino que se crea margen para justificar de nuevo el bajo nivel de ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional;

15. Sigue siendo crítico con el concepto de neutralidad climática propuesto por la Comisión, que excluye las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores transnacionales, como las emisiones de la aviación y el transporte marítimo y a lo largo de las cadenas de valor de las empresas multinacionales, promoviendo al mismo tiempo medidas compensatorias y la utilización de mercados del carbono falsos, que monetizan la contaminación y los bienes naturales; considera que el énfasis en la «neutralidad climática» distrae de la necesidad de eliminar progresivamente los combustibles fósiles y de regular la sostenibilidad; está firmemente convencido de que debe prestarse atención a una profunda descarbonización de manera responsable y justa, lo que requiere la transición hacia las energías renovables y la anticipación de un futuro sin combustibles fósiles; advierte del peligro de depender de futuras tecnologías de captura y almacenamiento de carbono a gran escala con el fin de lograr la neutralidad en carbono cuando actualmente no hay prueba alguna de que esas tecnologías puedan concebirse y desplegarse a una escala significativa; advierte del peligro de depender de los sumideros naturales de carbono, como los océanos, los bosques y el suelo, que tienen un funcionamiento y una dinámica complejos que aún no se comprenden por completo;

16. Pide a la Comisión que presente una ambiciosa ley climática que consagre en la legislación unos objetivos cuantificables y tenga en cuenta las emisiones indirectas;

17. Espera con interés una nueva estrategia de la Unión más ambiciosa sobre la adaptación al cambio climático, y confía en que dicha estrategia promueva el equilibrio en la financiación de la mitigación y la adaptación, así como una atención renovada a la adaptación;

Suministro de energía limpia, asequible y segura

18. Reitera que la política energética afecta directamente a las personas y debe aspirar ante todo a lograr un acceso equitativo a la energía garantizando el derecho a la energía; considera que la pobreza energética está profundamente relacionada con la crisis climática, y subraya el potencial del Pacto Verde Europeo para hacer frente a la desigualdad y a la crisis climática mediante una política social que conduzca la transición ecológica; recuerda el derecho a la vivienda y subraya que el Pacto Verde Europeo puede garantizar este derecho, poner fin a la pobreza energética y, al mismo tiempo, lograr la descarbonización con unas ambiciones adecuadas y unas políticas que dispongan de una financiación suficiente;

19. Denuncia la privatización de los sectores energéticos, que conlleva la subida de los precios e incrementa la pobreza energética; subraya que la energía es un bien público y que el acceso a energía renovable y asequible es un derecho básico; insiste en la necesidad de que los sistemas energéticos sean de propiedad y gestión públicas, se democraticen y se descentralicen y de que se amplíen los proyectos energéticos a nivel comunitario, con el fin de orientarlos mejor hacia los objetivos medioambientales y sociales; expresa su profunda preocupación por el alarmante número de familias de la Unión que se encuentran en situación de pobreza energética o se ven afectadas por ella, y reitera que la igualdad de acceso a energía sostenible y asequible es un derecho fundamental, por lo que deben prohibirse los cortes de suministro de electricidad o de calefacción; considera, por otra parte, que las medidas de eficiencia energética en los edificios pueden mejorar la situación de la vivienda y contribuir a aliviar la pobreza energética; observa, no obstante, que los costes de la renovación no deben correr a cargo de los inquilinos;

20. Lamenta que se utilicen los términos «neutralidad tecnológica» como un eufemismo para ocultar el énfasis real en las tecnologías que requieren mucho capital, lo que garantiza la hegemonía de las grandes empresas de energía en el escenario que propone el Pacto Verde Europeo; denuncia el número de proyectos de combustibles fósiles que figuran en la cuarta lista de proyectos de interés común, lo que afianza el vínculo con una economía basada en los combustibles fósiles;

21. Pide a la Comisión que aumente la tasa de renovación de los edificios públicos y amplíe el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios; insta a la Comisión a que proponga objetivos más consecuentes en el marco de la Directiva sobre fuentes de energía renovables y de la Directiva sobre eficiencia energética; considera que la iniciativa «oleada de renovación» debe incluir acciones y medidas concretas destinadas a apoyar la renovación de edificios, tanto públicos como privados, para transformarlos en edificios con un consumo de energía casi nulo de aquí a 2050; pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren la posibilidad de aumentar la tasa de renovación de los edificios públicos y que proporcionen una financiación pública adecuada, creando al mismo tiempo oportunidades de empleo justas;

22. Expresa su preocupación por el hecho de que la Comisión y algunos Estados miembros promuevan la energía nuclear como solución a la crisis climática a pesar de la cuestión no resuelta de la gestión de los residuos nucleares y de los retos que plantea en materia de seguridad;

23. Manifiesta su preocupación ante el interés de la Comisión por la «descarbonización de gas» y ante el recurso a justificaciones como la seguridad energética y la asequibilidad para los clientes para incluir el gas en la estrategia de descarbonización de la Unión; pide a la Comisión que presente sin demora la revisión del Reglamento RTE-E con el fin de garantizar que la próxima quinta lista de proyectos de interés común siga nuevos criterios que sean conformes con el Acuerdo de París;

Movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular

24. Subraya que existe una necesidad urgente de garantizar la plena aplicación del verdadero significado de los principios de la economía circular en toda la legislación y todos los procesos, puesto que las estadísticas sobre los flujos de materiales y la generación de residuos muestran que la economía circular todavía se encuentra en sus inicios, mientras que una economía realmente circular puede minimizar los residuos y la extracción de recursos, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a la conservación de la biodiversidad; considera que son esenciales las inversiones, la adopción de legislación adicional y el seguimiento de los progresos realizados;

25. Hace hincapié en la necesidad de promover el consumo y la producción locales basados en los principios de denegación, reducción, reutilización, reciclado y reparación con objeto de poner fin a las estrategias comerciales de obsolescencia programada, con arreglo a las cuales los productos están diseñados para tener una vida útil corta y deben ser sustituidos por otros, así como de adaptar el consumo a los límites del planeta; considera que el derecho a la reparación y a un apoyo continuo en el ámbito de los servicios informáticos es indispensable para lograr un consumo sostenible; pide que se consagren estos derechos en la legislación de la Unión;

26. Pide a la Comisión que presente propuestas destinadas a poner fin a un comercio de residuos especialmente perjudicial para las personas vulnerables y para el medio ambiente en los terceros países y que apoye el desarrollo de capacidades para hacer frente a nuestros propios residuos dentro de la Unión;

27. Pide a todas las instituciones de la Unión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que garanticen que todos sus contratos públicos, también en el ámbito de las tecnologías digitales, respeten unas normas estrictas en materia de medio ambiente y derechos humanos; pide a la Comisión que investigue si las legislaciones y prácticas europeas y nacionales vigentes en materia de contratación pública están en consonancia con las obligaciones de la Unión y sus Estados miembros en materia de medio ambiente y derechos humanos; pide a la Comisión que modifique las directivas de la Unión sobre contratación pública con el fin de garantizar que los grandes compradores del sector público conciban, publiquen y apliquen planes de diligencia debida para garantizar el respeto de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los convenios fundamentales de la OIT a lo largo de sus cadenas de suministro; pide a las instituciones de la Unión que den ejemplo siguiendo las directrices sobre contratación pública socialmente responsable y las mejores prácticas existentes entre los compradores del sector público en sus propios contratos;

28. Hace hincapié en que los plásticos biodegradables y los plásticos de origen biológico son contrarios a los principios de la economía circular y en que se debe centrar la atención en la reducción de los plásticos y la creación de una economía del plástico de circuito cerrado; pide a la Comisión que promueva una economía del plástico totalmente circular que excluya los plásticos biodegradables y de origen biológico y que adopte actos legislativos a este fin; considera que ninguna empresa puede tener derecho a contaminar; pide a la Comisión que aplique medidas más rigurosas en materia de plásticos de un solo uso, incluidos regímenes de responsabilidad ampliada del productor; recuerda que garantizar el suministro de materias primas o recursos energéticos no debe dar pie a luchas geopolíticas, daños medioambientales en las regiones menos desarrolladas ni cualquier tipo de neocolonialismo;

29. Pide a la Comisión que presente un nuevo Plan de Acción para la Economía Circular verdaderamente transformador que contenga medidas sólidas que refuercen la responsabilidad ampliada del productor y regulen el diseño del producto para la sostenibilidad; subraya la necesidad de ampliar las normas sobre diseño ecológico y etiquetado energético para incluir las principales categorías de productos; destaca la necesidad de acompañar el despliegue de las tecnologías digitales con medidas reglamentarias que contribuyan a la sostenibilidad social y medioambiental de las cadenas de valor de las TIC, y de garantizar que la actuación en materia de digitalización se ajusta a los objetivos de desarrollo sostenible y a los objetivos de las políticas climática, energética y ambiental;

30. Reconoce que las políticas industrial y laboral deben someterse a cambios estructurales como consecuencia de la profunda descarbonización de las industrias europeas, en particular los sectores de gran consumo de energía; insiste en que esas políticas deben garantizar la creación de empleo, unas condiciones laborales más favorables, mayores derechos y salarios más altos, y subraya que se necesitan garantías para mantener el número de puestos de trabajo actuales en el sector industrial; destaca, a este respecto, la importancia de respetar y reforzar el diálogo social en todos los niveles y en todos los sectores, en particular con los sindicatos; hace hincapié en que la inversión pública es esencial para invertir la evolución desigual que impone la lógica del mercado, garantizando así empleos de calidad y políticas de cohesión sólidas dentro de la Unión Europea;

31. Pide a la Comisión que presente urgentemente una estrategia industrial de la Unión que oriente a las industrias de la Unión hacia una profunda descarbonización mediante un enfoque regulador, especialmente en el caso de las industrias de gran consumo de energía; pide que se hagan inversiones suficientes en formación y educación de la mano de obra para que pueda adaptarse a estos cambios, garantizando así que ninguna persona y ninguna región se quede rezagada; subraya que una economía verdaderamente circular creará puestos de trabajo de calidad adicionales en el reciclado, el mantenimiento, la reparación y la reutilización, así como en la reelaboración;

32. Pide a la Comisión que modifique sus normas sobre ayudas estatales para garantizar que las energías renovables, el transporte ferroviario y la renovación de edificios, por ejemplo, puedan beneficiarse de ayudas estatales; lamenta que las normas vigentes sobre ayudas estatales favorezcan la producción de electricidad a partir del carbón y la energía nuclear (tal como refleja la decisión relativa a las centrales nucleares Hinkley Point C y Paks II y los mecanismos de regulación de la capacidad para las centrales de carbón);

Acelerar la transición a una movilidad sostenible e inteligente

33. Espera con interés la estrategia de la Comisión de movilidad sostenible e inteligente en 2020, y confía en que esta estrategia modifique radicalmente los sistemas de transporte en toda Europa, aumentando la transferencia modal de la multimodalidad del transporte multimodal de mercancías hacia el transporte por ferrocarril y por vías navegables interiores y promoviendo una logística ecológica y la reducción de los volúmenes de transporte de mercancías;

34. Subraya que mantener la propiedad pública del transporte público es la manera más eficiente de guiar y lograr la descarbonización efectiva del sector del transporte, así como de garantizar el derecho de la ciudadanía a la movilidad; pide que se anule la liberalización en curso o ya concluida en los sectores del transporte, que por lo general conlleva la degradación de las infraestructuras, los equipos y los servicios prestados; subraya que los derechos de los trabajadores se ven socavados por la privatización de servicios públicos como el transporte;

35. Hace un llamamiento a los Estados miembros para que instauren sistemas de transporte público gratuitos, integrando un sistema de billetería única y multimodal en los distintos sistemas de transporte, así como sistemas de uso compartido de vehículos, garantizando la accesibilidad universal y desincentivando al mismo tiempo el uso del automóvil;

36. Hace hincapié en que el desarrollo urbano sostenible reduce la necesidad de transporte individual al crear puestos de trabajo de calidad en las comunidades locales y evitar el fenómeno de las comunidades de trabajadores de las regiones circundantes; destaca que unas ciudades más ecológicas y un transporte público descarbonizado son elementos esenciales de una movilidad inteligente y sostenible en las zonas urbanas; pide a las ciudades y a los municipios que den prioridad a las infraestructuras para los desplazamientos en bicicleta o a pie y no a las carreteras, y que inviertan en el despliegue de redes adecuadas para las infraestructuras de combustibles alternativos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que impulsen planes de movilidad en las zonas urbanas y rurales que sean de interés público y que integren todos los modos de transporte nuevos a fin de aumentar la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos y de reducir los costes medioambientales para las ciudades; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las partes interesadas que promuevan la producción local;

37. Destaca la necesidad de contar con un transporte público eficaz e inclusivo, que abarque las zonas urbanas, periurbanas y rurales y que debe ser accesible para las personas con movilidad reducida; hace hincapié en la necesidad de contar con una red de trenes rápida, asequible y fiable entre todas las grandes ciudades europeas, lo que evitaría y reduciría la necesidad de coger vuelos intraeuropeos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen drásticamente sus esfuerzos e inversiones para alcanzar este objetivo, al tiempo que eliminan progresivamente cualquier incentivo actual que vaya en contra de él;  destaca la importancia que reviste la financiación de proyectos de infraestructuras de transporte para contribuir al logro de los objetivos climáticos, así como la importancia de la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros; considera, por lo que respecta a la financiación de la Unión para el transporte, que uno de los criterios de subvencionabilidad de los proyectos ha de ser su aptitud para alcanzar los objetivos climáticos;

38. Rechaza la extensión de los regímenes de comercio de derechos de emisión a otros sectores, como el transporte marítimo, e insiste en que deben adoptarse enfoques normativos para la descarbonización en todos los sectores; solicita el establecimiento de objetivos ambiciosos en materia de reducción de emisiones de CO2, SOx, partículas en suspensión y NOx para el transporte marítimo, y pide que se incluya una reducción máxima de la contaminación del transporte entre los objetivos de la política comercial internacional;

39. Pide a la Comisión que se muestre ambiciosa a la hora de intentar reducir las emisiones procedentes de la aviación, proponga inmediatamente que se ponga fin a todas las asignaciones gratuitas a las compañías aéreas en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE y reclame la plena coherencia del Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional (Corsia) con la legislación vigente de la Unión y con los compromisos previstos para reducir las emisiones;

40. Lamenta que se concedan subvenciones masivas a las industrias más contaminantes, como la aviación, a través de la exención fiscal para el queroseno, así como subvenciones a los combustibles fósiles, y la falta de armonización en lo que respecta a un impuesto sobre los billetes de avión a escala de la Unión; considera que esas subvenciones no garantizan la igualdad de condiciones con respecto a un modo de transporte más sostenible que opera en las mismas circunstancias; destaca que tanto la Comisión como los Estados miembros tienen la responsabilidad de aplicar a la aviación el principio de quien contamina paga; observa que los Estados miembros ya aceptaron en su momento la eliminación progresiva de las ayudas de explotación a las centrales de carbón no rentables, pero que persisten las ayudas de explotación para aeropuertos no rentables; pide que se aplique el principio de quien contamina paga también a los modos de transporte de lujo, como los todoterreno y los barcos de lujo, y pide que se prohíban los aviones privados;

41. Señala que el desarrollo de los vehículos conectados y automatizados se debe en gran medida al progreso de la tecnología; pide, por tanto, que se investigue el impacto social y la compatibilidad de esta tecnología con los valores y objetivos humanos y medioambientales; considera que el despliegue de nuevos servicios de transporte, como los recorridos compartidos y la movilidad como servicio (Maas), completados con sistemas de tarificación vial, no debe verse retrasado por obstáculos legislativos, ya que son preferibles al transporte privado;

42. Destaca la importancia de guiar una transferencia modal en la movilidad alentando a las personas a que adopten hábitos de movilidad sostenible por medio de incentivos económicos, concienciándolas sobre el impacto de los modos de transporte individuales en el medio ambiente y coordinando y desarrollando servicios de transporte con bajas emisiones de carbono, como el transporte público; subraya que los automóviles eléctricos, por sí solos, no resolverán los problemas medioambientales que provoca el transporte si no se produce un cambio de paradigma que ponga en tela de juicio la prevalencia del transporte individual; insiste en la necesidad de compartir los costes de la transición de una manera justa, garantizando que la movilidad no se convierta en un lujo para las personas más vulnerables y contrarrestando estas medidas con otros medios, como la reducción de la fiscalidad; subraya, por otra parte, que se deben tener especialmente en cuenta las necesidades en materia de movilidad de las regiones remotas e insulares, en particular para evitar un impacto negativo en las condiciones demográficas y de vida de dichas regiones, ya de por sí difíciles;

De la granja a la mesa: idear un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente

43. Observa con preocupación que la agricultura, la pesca y la producción de alimentos siguen siendo los principales causantes de la pérdida de biodiversidad terrestre y marina; señala que la intensificación de las explotaciones y el abandono de los sistemas agrícolas de baja intensidad y ricos en biodiversidad figuran entre las principales presiones relacionadas con la agricultura que contribuyen a esta tendencia negativa; insiste en que la eutrofización, causada por la lixiviación del nitrógeno procedente de las explotaciones ganaderas y el uso de fertilizantes sintéticos, contribuye en gran medida a esta pérdida de biodiversidad; considera que la pérdida de polinizadores, incluidas las abejas, es especialmente preocupante desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ya que los cultivos que dependen de los polinizadores desempeñan un papel importante en nuestra alimentación; considera asimismo que la biodiversidad agrícola es uno de los grandes retos de nuestra época, ya que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, desde la década de 1900 se ha perdido el 75 % de la diversidad genética de las plantas y en la actualidad la alimentación humana se basa principalmente en doce especies vegetales y catorce especies animales;

44. Lamenta que la política agrícola de la Unión haya terminado por considerar los alimentos como mercancías; está firmemente convencido de que los alimentos constituyen un derecho humano fundamental; subraya que se necesita una transformación radical de todo el sistema alimentario para detener la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, promover una alimentación sana, nutritiva y sostenible y rica en plantas y garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía en todo el mundo;

45. Considera que los plaguicidas químicos, los fertilizantes artificiales, la ingeniería genética en todas sus formas, la agricultura industrial y la sobreexplotación pesquera, las importaciones masivas de plantas proteaginosas y de cultivos para la producción de combustible y la actual globalización de la cadena alimentaria suponen una amenaza para el futuro del planeta y de la producción de alimentos y no deben ser subvencionadas en modo alguno, sino, por el contrario, abandonarse lo antes posible; señala que esta globalización de la cadena alimentaria no ha beneficiado a los productores primarios, un sector que se caracteriza por una producción por debajo de los costes, rendimientos bajos y la exposición a prácticas comerciales desleales debido a su fragmentación; recuerda a la Comisión el llamamiento del Parlamento para que presente una propuesta legislativa que contenga un compromiso vinculante a escala de la Unión para reducir el uso de plaguicidas con contribuciones nacionales vinculantes; pide que se revisen los acuerdos comerciales internacionales con el fin de alcanzar estos objetivos y que se evalúen los nuevos acuerdos de libre comercio, en particular el Acuerdo UE-Mercosur;

46. Subraya que los mecanismos voluntarios y basados en el mercado no serán suficientes para garantizar una transición justa hacia un sistema alimentario sostenible; reconoce la necesidad de establecer mecanismos y objetivos ambiciosos y jurídicamente vinculantes; lamenta que tanto la política agrícola como la política pesquera común, actuales y propuestas, no logren en modo alguno hacer frente a los retos medioambientales y sociales en la agricultura, la pesca y la producción de alimentos; señala que es probable que la revisión de la política agrícola común no se inicie hasta principios de 2022; pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar que, desde el principio, los planes estratégicos nacionales para la agricultura reflejen plenamente la ambición del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia «de la granja a la mesa»; opina que, ante un incremento de la flexibilidad, es preciso establecer una rendición de cuentas firme, una gobernanza sólida y un seguimiento estricto, además de unas normas sobre transparencia categóricas para la elaboración de los planes a escala nacional con el fin de alcanzar los objetivos fijados; subraya que la Comisión debe garantizar que estos planes estratégicos se evalúan con arreglo a criterios estrictos sobre el clima y el medio ambiente; destaca que estos planes deben contribuir al uso de prácticas sostenibles, como la agricultura ecológica, la agroecología y la agrosilvicultura, y a unas normas más estrictas sobre el bienestar animal;

47. Pide a la Comisión que proponga una estrategia «de la granja a la mesa» global y ambiciosa para transformar realmente los sectores alimentario, pesquero y agrícola europeo; destaca que esta estrategia debe tomar como puntos de partida los límites del planeta, así como la salud y el bienestar de los seres humanos y de los animales, y ha de basarse en los conceptos de agroecología y sostenibilidad;

48. Subraya la necesidad de promover cadenas cortas de suministro de alimentos y sistemas de alimentos locales, cuyas ventajas incluyen precios más justos para los agricultores, el acceso a productos frescos y de temporada para los consumidores, un menor impacto ambiental y una mayor cohesión social a escala local; considera que este objetivo exige una profunda modificación de la política agrícola común que contrarreste e invierta la tendencia a una mayor liberalización y refuerce los instrumentos de regulación de la producción y del mercado;

49. Destaca que la Estrategia «de la granja a la mesa» debe incluir objetivos de reducción vinculantes y ambiciosos para las emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero y la degradación del suelo, así como para el uso de plaguicidas químicos, fertilizantes artificiales y antibióticos, incluida la rápida eliminación progresiva de los plaguicidas sintéticos y del uso de microplásticos en los fertilizantes, y que debe incluir objetivos vinculantes de expansión para la producción ecológica; subraya que la estrategia debe promover la agrosilvicultura e introducir actos legislativos y medidas de ejecución adicionales para proteger el bienestar de todos los animales utilizados en la cadena alimentaria, así como garantizar que se tiene en cuenta la sensibilidad de los animales en todas las políticas pertinentes, y debe incluir una estrategia para poner fin a las importaciones masivas de productos básicos relacionados con la deforestación, como la soja, el aceite de palma y el maíz, y el compromiso de detener las importaciones y el cultivo de todos los OMG en la Unión; considera inaceptable que se patenten semillas y procesos biológicos esenciales;

50. Destaca la necesidad de una transición social y justa en la agricultura; subraya que la política agrícola de la Unión y las políticas comerciales internacionales deben distanciarse del modelo industrial actual basado en las exportaciones a terceros países, que deja a los productores primarios expuestos a acontecimientos geopolíticos que escapan a su control, y reorientarse hacia un modelo en el que los principales objetivos sean alcanzar la soberanía alimentaria, obtener alimentos de gran calidad, lograr una remuneración justa para los productores, proteger el medio ambiente y aplicar normas rigurosas de bienestar animal, centrándose especialmente en los trabajadores de la cadena alimentaria;

Preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad

51. Hace hincapié en que la biodiversidad y la naturaleza no deben considerarse simplemente un «capital natural» que se puede utilizar, sino que deben reconocerse como un patrimonio común para toda la humanidad, y pide que en el Pacto Verde Europeo se contemple un enfoque diferente de la naturaleza; está firmemente convencido de que la naturaleza tiene un valor intrínseco que debe respetarse, y rechaza cualquier intento de monetizar o cuantificar la naturaleza en relación con su valor de utilización;

52. Lamenta profundamente que Europa siga perdiendo biodiversidad a un ritmo preocupante y que no haya logrado ninguno de los objetivos fijados anteriormente para detener la pérdida de biodiversidad; pide que se hagan importantes esfuerzos de conservación que permitan invertir las tendencias actuales y disminuir la presión sobre la naturaleza; solicita, con carácter de urgencia, la plena aplicación de una serie de medidas políticas necesarias para lograr mejoras, que deben basarse en objetivos jurídicamente vinculantes para la Unión y sus Estados miembros, incluidas las políticas sectoriales;

53. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de presentar una Estrategia sobre Biodiversidad para marzo de 2020; reitera su posición expresada en su Resolución, de 2 de febrero de 2016, sobre la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad, a saber, que la destrucción de los hábitats es el factor más importante de la pérdida de biodiversidad y que es una prioridad concreta para hacer frente a esta pérdida, es decir, para reducir la degradación y la fragmentación;

54. Comparte la opinión de que los factores que provocan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad tienen dimensiones mundiales y no se circunscriben a las fronteras nacionales; apoya, por consiguiente, la propuesta de la Comisión de establecer un objetivo global para proteger la biodiversidad en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se celebrará en octubre de 2020;

55. Hace hincapié en que las medidas voluntarias y los mecanismos basados en el mercado, como el etiquetado y las «mesas redondas», son muy insuficientes para detener la deforestación provocada por productos importados como el aceite de palma y la soja; solicita unos objetivos jurídicamente vinculantes y medidas reglamentarias para detener la deforestación asociada a productos importados en la Unión;

56. Considera que las zonas ricas en biodiversidad de las infraestructuras urbanas verdes contribuyen a luchar contra la contaminación atmosférica, el ruido, los efectos del cambio climático, las olas de calor, las inundaciones y los problemas de salud pública; toma nota de que la Comisión va a presentar propuestas para hacer más ecológicas las ciudades europeas e incrementar la biodiversidad en los espacios urbanos, y pide que dichas propuestas tengan un carácter urgente y ambicioso; acoge con satisfacción todas las iniciativas de apoyo a la agricultura urbana;

57. Destaca que los bosques constituyen una reserva fundamental de biodiversidad; subraya que las zonas forestales son esenciales para regular el ciclo del agua y absorber las emisiones de CO2 y permiten desarrollar actividades recreativas cerca de la naturaleza; acoge con satisfacción la nueva estrategia forestal para la UE, que contempla la plantación de nuevos árboles y la recuperación de bosques dañados o empobrecidos, así como sus esfuerzos por fomentar importaciones que no sean causa de deforestación en otros países, con el fin de minimizar los riesgos para los bosques en todo el mundo; hace hincapié en que todos los esfuerzos de forestación y reforestación deben aspirar a la protección y la mejora de la biodiversidad, así como al almacenamiento de carbono;

58. Reconoce el papel que desempeña la economía azul en la lucha contra el cambio climático; destaca que la economía azul debe ser verdaderamente sostenible, ya que la utilización de los recursos marinos depende, directa o indirectamente, de la calidad y la resiliencia a largo plazo de los océanos; solicita la elaboración de una estrategia común con los países vecinos con miras a la prevención y la reducción de la contaminación, la creación de una zona de control de emisiones y el refuerzo de la red de zonas marinas protegidas y de su interconexión en el mar Mediterráneo; acoge con satisfacción los objetivos de la política pesquera común de reducir los efectos negativos que puede tener la pesca en los ecosistemas, sobre todo en zonas sensibles, así como la promesa de la Comisión de apoyar el establecimiento de zonas marinas protegidas mejor conectadas y bien gestionadas; insta a los Estados miembros a que respeten plenamente las recomendaciones científicas sobre los límites de capturas y denuncia cualquier tipo de subvención del aumento del tamaño de la flota;

59. Solicita un aumento de la financiación destinada al medio ambiente y a la acción por el clima a través del programa LIFE, de manera que represente como mínimo el 1 % del presupuesto total de la Unión a corto plazo, así como ayudas financieras de la política agrícola común para los agricultores por la retención de carbono y los servicios de los ecosistemas, al tiempo que se respetan las especies autóctonas y los ecosistemas; pide a la Comisión que proponga una nueva Directiva marco sobre el suelo y que proteja adecuadamente el suelo en la Unión; pide a la Comisión que presente una propuesta para ampliar los espacios Natura 2000 con el fin de abarcar al menos el 30 % de las zonas terrestres, marinas y de agua dulce de la Unión; destaca la necesidad de contar con un instrumento financiero para apoyar la gestión de las zonas Natura 2000;

60. Observa que se espera que la demanda de biomasa para usos energéticos aumente en la mayoría de las hipótesis de descarbonización; recuerda que el uso de la biomasa y el aumento del consumo de alimentos y forraje exigen un aumento de la producción agrícola y forestal que tiene repercusiones inaceptables para el medio ambiente y el clima; expresa su profunda preocupación por el hecho de que la importación de biomasa sólida, biocombustibles y biolíquidos para satisfacer la demanda de energía en Europa vaya acompañada de efectos significativos sobre la biodiversidad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan fin al uso de la biomasa con objeto de evitar una nueva dependencia nefasta con respecto a fuentes de energía no sostenibles;

Aspirar a una contaminación cero para un entorno sin sustancias tóxicas

61. Observa con preocupación que la contaminación producida por las sustancias químicas sintéticas constituye una amenaza grave y en aumento para los seres humanos y la flora y fauna silvestres, y que siguen esparciéndose sustancias químicas nuevas y antiguas en el medio ambiente europeo, que se suman a la carga química total que recae sobre los ciudadanos y los ecosistemas de Europa y ocasionan elevados costes sociales y económicos, poniendo especialmente en riesgo a las mujeres embarazadas, causando malformaciones del feto durante el embarazo y dañando el desarrollo de su cerebro, así como mermando nuestras capacidades intelectuales; señala asimismo que estas sustancias químicas están relacionadas con problemas de fertilidad y con el aumento de los casos de enfermedades como el cáncer, al tiempo que amenazan con colapsar los ecosistemas europeos;

62. Hace hincapié en el derecho a un entorno sin sustancias tóxicas; acoge con satisfacción el anuncio de un plan de acción de contaminación cero del aire, el agua y el suelo, si bien observa con preocupación que la Comisión no ha puesto en marcha la estrategia para un entorno sin tóxicos que había prometido en el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente en 2013; señala que esta estrategia es urgente para reducir drásticamente la exposición de los europeos a los disruptores endocrinos y otras sustancias peligrosas; pide a la Comisión que presente la estrategia anunciada sobre un entorno sin tóxicos en 2020 y que esta incluya también los productos de consumo;

63. Pide a la Comisión que obre, con carácter prioritario, para poner fin a la exposición humana a las sustancias químicas tóxicas y reducir su impacto en la salud de aquí a 2030, con arreglo a un calendario y unos indicadores claros y con unos objetivos vinculantes; subraya la necesidad de presentar propuestas legislativas para garantizar la coordinación y la coherencia entre los distintos actos legislativos europeos sobre productos químicos garantizando la mayor protección posible de la salud, con objeto de acabar con la exposición a sustancias peligrosas a lo largo de su ciclo de vida, incluidos los alteradores endocrinos, las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), los microplásticos y otras sustancias que ocasionan gran preocupación, en todos sus usos, en particular los materiales en contacto con alimentos, los juguetes, los productos sanitarios, los cosméticos, los biocidas y plaguicidas, los productos de limpieza, los productos ignífugos y otros; destaca que estas medidas legislativas son urgentemente necesarias y no pueden retrasarse más;

64. Hace hincapié en que la adopción de medidas preventivas de gestión de riesgos para grupos de productos químicos y el fomento del uso de productos químicos seguros y concebidos para integrarse en la economía circular podrían contribuir a limitar la contaminación en el futuro; considera que los materiales deben estar exentos de componentes tóxicos desde la fase de diseño y que los flujos de materiales con productos químicos antiguos deben ser detoxificados de modo que puedan reutilizarse y reciclarse de forma segura en una economía circular; rechaza cualquier intento de suprimir o subvertir el principio de precaución en la legislación de la Unión;

65. Subraya la necesidad de un compromiso claro para garantizar fondos destinados a mejorar los métodos de investigación y ensayo, y apoyar a las organizaciones que proporcionan e investigan alternativas más seguras, y para promover la sustitución de las sustancias químicas nocivas, una producción limpia y una innovación sostenible; subraya la necesidad de reducir la experimentación con animales en las evaluaciones de riesgo y pide mayores esfuerzos y fondos para tal fin; aboga por la elaboración de un sistema de alerta temprana que permita identificar nuevas amenazas químicas;

66. Considera que la ambición de una contaminación cero debe basarse en los conocimientos científicos más recientes y ofrecer una protección que no sea inferior a la que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS); pide a la Comisión que adapte las normas de la Unión en materia de calidad del aire para ajustarse como mínimo a las recomendaciones de la OMS;

67. Considera que los consumidores tienen derecho a estar plenamente informados; pide que se establezcan unos sistemas coordinados a escala europea de información obligatoria sobre las sustancias químicas contenidas en los productos de consumo, materiales y residuos, así como unas campañas de información y sensibilización de la ciudadanía; aboga por que se garantice una transparencia plena y activa en los procedimientos de evaluación y gestión de riesgos;

Financiación del Pacto Verde Europeo y garantía de una transición justa

68. Considera que, a todas luces, la propuesta de la Comisión carece de un plan de financiación claro y ambicioso; espera que la Comisión presente un plan de financiación que indique qué fuentes de financiación públicas y privadas se van a utilizar y cómo se asignarán los recursos, especificando de dónde proceden; pide a los Estados miembros que participan en las negociaciones sobre el procedimiento de cooperación reforzada relativo al impuesto sobre las transacciones financieras que lleguen a un acuerdo sobre este instrumento; considera que este instrumento podría ser una de las nuevas fuentes de financiación a la que la Unión podría recurrir para financiar el Pacto Verde Europeo;

69. Considera que la transición justa no es un mero fondo o una reserva de fondos, sino un enfoque político global respaldado por inversiones, que debe garantizar que todos los ciudadanos se beneficien de la transición mediante la defensa de los derechos socioeconómicos, la garantía de mejores niveles de vida y la aplicación de los principios de cohesión económica, social y territorial; pide a la Comisión y al Consejo que incrementen los fondos sociales existentes, en lugar de reducirlos, como se propone para el Fondo de Cohesión, y que garanticen que el Fondo de Transición Justa ayude a las regiones, a los grupos y a los trabajadores vulnerables, ofreciendo una protección frente al bloqueo actual y futuro de los activos; destaca la necesidad de garantizar una asignación equitativa de los recursos del Fondo de Transición Justa, que tenga en cuenta los criterios de cohesión; considera que el Mecanismo para una Transición Justa debe respetar y consolidar el principio de asociación mediante la integración de todas las partes interesadas en el proceso, y que el Fondo de Transición Justa debe financiarse mediante un aumento significativo del gasto público y aprovechando los mecanismos de financiación existentes;

70. Considera que el límite máximo del 3 % del PIB fijado por la Unión para los préstamos nacionales, tal como se establece en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y el déficit estructural nulo exigido en el Pacto Presupuestario inhiben gravemente la transición ecológica al impedir que los Estados miembros pongan en marcha grandes inversiones públicas para lograr una economía sin emisiones de carbono; subraya que, en la actualidad, los costes de una descarbonización en profundidad son muy inferiores a los costes derivados de los efectos del cambio climático; pide que se derogue el Pacto Presupuestario y pide a la Comisión y al Consejo que sustituyan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el nuevo Pacto Presupuestario por un Pacto de Empleo y Sostenibilidad, o que, al menos, no apliquen esta regla del 3 % a la inversión pública en los sectores ambiental y social; pide que se lleve a cabo una reforma de las normas sobre ayudas estatales para permitir una inversión pública sin precedentes en la transición ecológica, los servicios públicos y la protección social;

71. Acoge con satisfacción la propuesta de que el BEI se convierta en el nuevo banco europeo del cambio climático, así como la decisión del BEI de dejar de invertir en la mayoría de los combustibles fósiles; pide al BEI que deje de invertir por completo en los combustibles fósiles, incluido el gas; pide al nuevo banco europeo del cambio climático que apoye la transición con préstamos de interés cero y pide a la Comisión y al Consejo que establezcan reglamentaciones que prohíban las inversiones en los sectores contaminantes;

72. Destaca que el BCE y la política monetaria deben participar plenamente en la financiación de la transición; acoge con satisfacción la declaración de la presidenta del BCE en la que califica la lucha contra el cambio climático de «misión de importancia crítica» para el banco; espera que el BCE, en el marco de su programa de compras de bonos corporativos, deje de invertir por completo en los combustibles fósiles, incluido el gas; pide al BCE que movilice instrumentos de gestión cautelar para favorecer los activos verdes y un desplazamiento de las inversiones hacia actividades sostenibles, y que movilice instrumentos de supervisión, como las pruebas de resistencia, para evaluar y reducir adecuadamente los riesgos financieros para el medio ambiente; pide que se revisen las normas de las agencias de calificación para incluir criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en sus evaluaciones; considera que el BCE debe poder prestar directamente dinero a los Estados miembros con préstamos de interés cero para permitir inversiones públicas masivas en la transición; pide, por tanto, al Consejo y a los Estados miembros que revisen el mandato del BCE para permitir que contribuya plenamente a la financiación de la transición, en particular mediante la concesión de préstamos directamente a los Estados miembros;

73. Considera que el Tratado sobre la Carta de la Energía es pernicioso y está obsoleto y pide a la Comisión y a los Estados miembros que se retiren del mismo lo antes posible;

74. Hace hincapié en que los Estados miembros pierden miles de millones de ingresos cada año debido a la elusión de impuestos, que podrían invertirse en la transición ecológica; pide a la Comisión y al Consejo que elaboren una lista negra fiable y completa de todos los paraísos fiscales y adopten la transparencia fiscal y la elaboración de informes públicos desglosados por países, al objeto de garantizar que las grandes empresas tributen allí donde generan ingresos; pide a la Comisión que ataje las prácticas fiscales perjudiciales de los Estados miembros y establezca un impuesto de sociedades mínimo que sea eficaz para poner fin a la carrera a la baja;

75. Pide que se creen nuevos incentivos fiscales para desalentar aquellas actividades que resulten perjudiciales para el medio ambiente; considera que los ingresos procedentes de estos impuestos deben destinarse por completo a financiar la transición; destaca la necesidad de llevar a cabo un análisis distributivo antes de establecer estos incentivos fiscales con miras a garantizar que no produzcan desigualdades;

76. Considera que no es posible realizar una transición justa efectiva en el marco económico neoliberal; pide a la Comisión que rompa con este marco y ponga fin a las medidas de austeridad y a las políticas antisociales de austeridad, como las preconizadas en el marco del Semestre Europeo; pide a la Comisión que considere el Pacto Verde como una oportunidad y una necesidad para aumentar el nivel europeo de inversiones públicas;

77. Recuerda el papel de la educación, la formación, el reciclaje profesional y la mejora de las competencias en el marco de la transición ecológica y señala que los empleos de calidad e hipocarbónicos no se limitan al sector de la construcción sino también a otros sectores, en particular los sectores de la asistencia, la sanidad y la educación; destaca, a este respecto, la importancia de consultar e implicar a los interlocutores sociales; insiste en que debe incluirse la mejora de las capacidades de las regiones y los municipios para que estas partes interesadas formen parte de la solución y faciliten el acceso a la financiación disponible;

78. Pide a la Comisión que presente un ambicioso Fondo de Transición Justa para apoyar a las regiones, los grupos y los trabajadores vulnerables, financiar nuevas actividades respetuosas con el medio ambiente al objeto de crear puestos de trabajo sostenibles, promover la producción local, financiar la reconversión técnica de los trabajadores y conceder indemnizaciones y subsidios a los trabajadores que buscan nuevos empleos de calidad; pide asimismo a la Comisión que establezca criterios adecuados para financiar los gastos que conlleve la transición justa, incluida la eliminación progresiva de los combustibles fósiles como condición; pide que se luche contra el desempleo a través de programas de formación y educación centrados en los empleos sostenibles y empleos de calidad adaptados al futuro;

Movilización de la investigación y fomento de la innovación

79. Toma nota de la importancia de la investigación financiada con fondos públicos para encontrar nuevas soluciones para la crisis climática, que produzca bienes públicos; considera que el Pacto Verde Europeo debe acelerar la inversión en prácticas sostenibles; subraya, no obstante, que ya existen soluciones para la crisis climática y que el principal punto de bloqueo es la falta de voluntad política; observa con preocupación los intereses financieros de la industria de combustibles fósiles en la promoción de soluciones de geoingeniería para el clima;

80. Destaca la necesidad de invertir en la investigación sobre combustibles alternativos sostenibles, en particular para los sectores de la aviación y el transporte marítimo, y pide a la Comisión que haga pleno uso del programa Horizonte Europa para respaldar los retos de la transición ecológica, en particular en los sectores digital e industrial; toma nota del papel que las nuevas tecnologías pueden desempeñar en la adaptación e insta a la Comisión y a los Estados miembros a centrar los esfuerzos de la investigación en las tecnologías de adaptación;

«No ocasionarás daños»: integración de la sostenibilidad en todas las políticas de la Unión

81. Acoge con satisfacción el mandamiento verde «no ocasionarás daños», e insiste en que todas las acciones y políticas de la Unión deben converger para lograr una transición justa; señala que las actuales políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca y comercio están en realidad socavando gravemente todas las ambiciones sobre el clima, la biodiversidad y la transición justa que se establecen en el Pacto Verde Europeo; hace hincapié en que deben introducirse cambios radicales en todos estos ámbitos para hacer realidad cualquiera de estas ambiciones; pide un claro reconocimiento de estos hechos, así como propuestas audaces para poner fin a estas controversias en las políticas y la legislación de la Unión;

82. Subraya que el comercio debe estar en consonancia con el objetivo de transición ecológica; pide a la Comisión y al Consejo que, por consiguiente, incorporen los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos en materia de biodiversidad en forma de disposiciones vinculantes en todos los acuerdos comerciales y de inversión con el fin de incentivar a los socios a respetar el objetivo de los 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París, junto con el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad; pide, asimismo, a la Comisión y al Consejo que revisen todos los acuerdos comerciales para incorporar a estos acuerdos bilaterales unas obligaciones ambiciosas y vinculantes en materia de clima y biodiversidad, incentivando así a los socios a que adopten estrategias climáticas en consonancia con el Acuerdo de París; pide el fin de las negociaciones comerciales de la Unión con Mercosur y con Australia, así como el fin de todos los acuerdos de libre comercio;

83. Considera que el Pacto Verde Europeo brinda la oportunidad de impulsar un comercio internacional justo y equitativo que beneficie a los ciudadanos, sobre la base de la solidaridad y en total consonancia con nuestros objetivos climáticos y sociales; aboga por un cambio de rumbo fundamental en el comercio internacional para pasar de la competencia a la complementariedad y reconoce el derecho soberano de los Estados miembros a configurar sus propias políticas comerciales conforme a este principio; insiste en que no debe permitirse la importación en la Unión de mercancías que se hayan producido en incumplimiento de las normas medioambientales de la Unión y que no debe autorizarse a las empresas químicas de la Unión a exportar plaguicidas cuya utilización esté prohibida en la Unión;

84. Pide a la Comisión que lleve a cabo un examen exhaustivo de todos sus acuerdos bilaterales de libre comercio, firmados o en fase de negociación, con vistas a adaptarlos a los objetivos sobre cambio climático, desarrollo sostenible y seguridad alimentaria; pide a la Comisión que también participe activamente en la nueva iniciativa de la OMC sobre el cambio climático; lamenta la utilización de mecanismos de protección de las inversiones en todas sus formas, como el de resolución de litigios entre inversores y Estados, e insta a la Comisión y a todos los Estados miembros a que revisen todos los acuerdos existentes para suprimir tan pronto como sea posible estos mecanismos perjudiciales, y a que no incluyan ninguno de estos instrumentos en futuros acuerdos;

85. Considera que la estrategia de descarbonización de la Unión debe incluir la promoción de la paz y el fin del complejo militar-industrial; subraya que el complejo militar-industrial constituye una importante fuente de contaminación ambiental del planeta y que la factura energética de la guerra supera con creces la de otras actividades humanas; pide que los presupuestos de seguridad y defensa se desvíen a favor de la acción por el clima;

86. Recuerda que el sector militar es una de las principales fuentes de contaminación del planeta; denuncia las contradicciones de la Comisión que, al tiempo que adopta una retórica ecológica, promueve la escalada militar en la Unión; insta a la Comisión y al Consejo a que dejen de asignar recursos financieros a los gastos militares, pongan fin de inmediato a la carrera armamentística en curso, y asignen dichos recursos a los sectores medioambiental y social;

87. Insta a la Comisión a que garantice la obtención de resultados significativos y mensurables una vez que se integren objetivos medioambientales en las políticas sectoriales; pide que los presupuestos públicos, las inversiones privadas y los mercados financieros se reorienten hacia la promoción de transiciones sostenibles; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que desarrollen y adopten métodos para medir los avances de la sociedad hacia la sostenibilidad que no se limiten al PIB y tengan en cuenta el bienestar de las personas, los animales y el planeta, mediante el uso de un cuadro de indicadores;

88. Pide a la Comisión que obre por facilitar la colaboración entre estos distintos ámbitos de actuación con objeto de permitir el cambio transformador que necesita Europa para aplicar la visión a largo plazo de «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»; confía en que la aplicación del tan necesario Pacto Verde Europeo permita establecer unos marcos políticos sistémicos con objetivos vinculantes, y lograr la participación de todas las partes interesadas;

89. Denuncia la retórica sobre la necesidad de «reducir la burocracia» y «reducir las cargas administrativas» con el fin de impedir que se produzcan unos cambios legislativos sumamente necesarios; rechaza el principio de «uno más, uno menos»; subraya que solo puede lograrse una mejora de la legislación estableciendo un equilibrio justo y equitativo entre las aportaciones y la participación de la sociedad civil, la ciencia y la industria; aboga por una plena democracia y transparencia en todas las fases de decisión y en la elaboración y negociación de políticas y legislación, también en el seno del Consejo y en todo el proceso de comitología; considera que existe una necesidad urgente de que en todos los niveles de gobierno y gobernanza se garantice un acceso activo a los documentos; acoge con satisfacción que se haya considerado la posibilidad de revisar el Reglamento Aarhus; subraya que el acceso total a los documentos y a la justicia es esencial para permitir a los ciudadanos supervisar y contribuir a la aplicación de las políticas y la legislación;

90. Opina que la legislación de aplicación debe ser la piedra angular de las políticas nacionales y de la Unión; insta a los Estados miembros a que refuercen la aplicación de las políticas medioambientales para disfrutar plenamente de todas sus ventajas; hace hincapié en que los objetivos medioambientales y climáticos no se lograrán sin una aplicación y financiación más eficaces de las medidas existentes en todas las políticas europeas sobre medio ambiente; pide a la Comisión que tome medidas cuando sea necesario para garantizar la plena aplicación de la legislación medioambiental de la Unión;

La Unión en el ámbito internacional

91. Reconoce que el peso de la crisis del clima ya recae de forma desproporcionada en los países del sur del planeta, y seguirá haciéndolo, que los países del sur del planeta son más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático que el norte del planeta, que ya están sufriendo pérdidas y daños y además tienen menos capacidad para adaptarse, y que los países del sur del planeta han contribuido a la crisis del clima considerablemente menos que el norte del planeta; pide a la Comisión y a los Estados miembros que muestren una verdadera solidaridad con los países del sur del planeta, que reconozcan su responsabilidad histórica y su deuda climática y que actúen en consecuencia;

92. Considera que el Acuerdo de París está amenazado, debido al impacto negativo de las fuerzas de derechas en todo el mundo, y considera que la COP26 es un momento crucial en el que la integridad del Acuerdo de París puede verse menoscabada, o bien salir reforzada; considera que la Unión debe hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar la integridad del Acuerdo de París y que este debe ser un componente fundamental del Pacto Verde Europeo;

93. Lamenta profundamente los resultados alcanzados por la COP25 en Madrid (España), bajo la presidencia de Chile, y observa con preocupación los escasos avances logrados en estas conversaciones de alto nivel; insta al Consejo y a la Comisión, así como a los Estados miembros, a que colaboren activamente con otras Partes del Acuerdo de París a lo largo del año para garantizar unos resultados positivos y ambiciosos en la COP26 en Glasgow y evitar que se repita el escenario de la COP25;

94. Cree firmemente que los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben ser parte integrante de la transición ecológica y que el nuevo Pacto Verde Europeo debe aspirar a alcanzar estos objetivos en todos sus aspectos y adoptar un enfoque basado en los derechos para la acción por el clima;

95. Considera que las relaciones económicas internacionales deben ser mutuamente beneficiosas, rechazando cualquier forma de neocolonialismo y garantizando derechos socioeconómicos para todos; subraya que la Unión y los Estados miembros deben colaborar con terceros de forma activa y en un espíritu de cooperación leal; rechaza cualquier forma de neocolonialismo que someta a los países del sur del planeta al control o a la influencia de otros países y que vulnere la soberanía de estos Estados; insta a la Unión y a los Estados miembros a que incluyan la crisis del clima y de la biodiversidad como unos de los puntos prioritarios del orden del día en todos los foros internacionales, incluidos el G-7 y el G-20;

96. Acoge con satisfacción los movimientos internacionales contra el cambio climático, como el movimiento Viernes por el futuro, que sitúan la crisis climática en la vanguardia del debate público y de la concienciación; considera que el activismo y las protestas son una parte esencial de esta transición; insiste en la necesidad de que los parlamentos nacionales y regionales con competencias legislativas, los sindicatos, las ONG, la sociedad civil y los ciudadanos participen plenamente en la elaboración y aplicación del Pacto Verde Europeo;

97. Toma nota con gran preocupación de que 100 empresas de todo el mundo son responsables del 71 % de las emisiones mundiales; hace nuevamente hincapié en la responsabilidad de las empresas a la hora de reducir las emisiones de carbono en el desarrollo de sus actividades; pide a la Comisión que presente una propuesta relativa a un deber de vigilancia de las empresas que conlleve la responsabilidad de las empresas matrices por daños medioambientales y vulneraciones de los derechos laborales y humanos en sus cadenas de valor mundiales;

98. Considera sumamente importante que la Unión reconozca su deuda climática y su responsabilidad histórica a la hora de reducir sus emisiones de carbono con mayor rapidez, teniendo en cuenta los distintos puntos de partida de sus Estados miembros; pide a la Unión que reponga a escala internacional los fondos de lucha contra el cambio climático y muestre un liderazgo mundial en la financiación; pide a la Comisión y al Consejo que apoyen a los países en desarrollo en sus peticiones de compensación por daños y perjuicios, y que respalden activamente un sistema financiero de solidaridad internacional;

99. Pide a la Comisión que proponga un mecanismo global de ajuste en frontera de las emisiones de carbono que se base únicamente en criterios climáticos, medioambientales, de bienestar animal y de condiciones laborales evaluadas por la OIT con el fin de apoyar la producción local, unos precios justos y unas cadenas de suministro cortas, así como desincentivar el consumo de productos que hayan recorrido largas distancias; pide que se incorporen el deber de vigilancia de las empresas y unas normas sociales y laborales ecológicas vinculantes a lo largo de toda la cadena de valor; pide a la Comisión que confiera la máxima prioridad a la lucha contra la deforestación fuera de la Unión, empezando por medidas reguladoras contra las cadenas de suministro que impliquen la deforestación, y que, en este sentido, utilice el mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono;

100. Pide a la Unión que respalde y defienda la instauración de la condición de refugiado climático, incluida una definición internacional de asilo climático, y que abogue por el reconocimiento del «ecocidio» como delito internacional y de un convenio internacional para la eliminación gradual de los combustibles fósiles;

101. Considera que la Cumbre UE-China en Leipzig constituye una oportunidad esencial para consolidar el ambicioso liderazgo mundial en materia de clima entre China y la Unión; desea que en la Conferencia sobre la Biodiversidad de Kunming se logren unos resultados ambiciosos y espera que interactúen con estrategias ambiciosas de adaptación al cambio climático y de mitigación en todo el mundo;

102. Anima encarecidamente a otras economías importantes a que aumenten sus contribuciones determinadas a nivel nacional y apliquen medidas concretas que correspondan a sus respectivas contribuciones; considera que la mejor señal que puede enviarse a la comunidad internacional es predicar con el ejemplo y adoptar unas contribuciones determinadas a nivel nacional que sean ambiciosas, así como apoyar a los países del sur del planeta para que puedan alcanzar ambiciosos objetivos de mitigación;

103. Pide a los parlamentos nacionales y regionales con competencias legislativas, a los sindicatos, a las ONG, a la sociedad civil y a los ciudadanos que velen por que el Consejo, la Comisión y los gobiernos cumplan con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París y respeten plenamente el Pacto Verde Europeo;

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104. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

[1] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0217.

[2] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0078.

[3] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0079.

[4] DO C 204 de 13.6.2018, p. 111.

Última actualización: 15 de enero de 2020Aviso jurídico