Procedimiento : 2019/2956(RSP)
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B9-0046/2020

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PV 15/01/2020 - 10.5
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Textos aprobados :


<Date>{10/01/2020}10.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0046/2020</NoDocSe>
PDF 192kWORD 62k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración de la Comisión</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre el Pacto Verde Europeo</Titre>

<DocRef>(2019/2956(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marco Zanni, Tom Vandendriessche</Depute>

<Commission>{ID}en nombre del Grupo ID</Commission>

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B9‑0046/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Pacto Verde Europeo

(2019/2956(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular, sus artículos 9, 107, 153, 173, 174, 191 y 194,

 Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640 final),

 Vista la declaración de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, sobre el Pacto Verde Europeo,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la protección del medio ambiente (es decir, la gestión de los residuos, la protección del agua contra la contaminación, la gestión de los recursos hídricos, la protección del suelo y del aire, la reducción de las emisiones contaminantes en la atmósfera y la protección de la biodiversidad) no puede disociarse de la protección del paisaje (es decir, del denominado «entorno visible»), que abarca todos los aspectos de la relación entre el ser humano y la naturaleza; que la antropización no es necesariamente sinónimo de impacto medioambiental negativo;

B. Considerando que el medio ambiente no debe considerarse como algo abstracto y de naturaleza invariable; que el medio ambiente abarca tanto elementos arquitectónicos como medioambientales e incluye el patrimonio medioambiental, histórico y artístico, representando así la verdadera «esencia cultural» de una nación, establecida durante siglos y en continua evolución;

C. Considerando que para que una política de protección del medio ambiente sea eficaz debe centrarse principalmente en los aspectos más contaminantes de nuestro modelo de producción y consumo; que la globalización (es decir, la libre circulación de los factores de producción) es un factor muy importante que contribuye a la degradación del medio ambiente;

D. Considerando que, desde el periodo de posguerra hasta hoy, se ha producido un crecimiento casi continuo de las emisiones mundiales de CO2, que fue temporalmente interrumpido por el comienzo de la crisis económica de 2007-2008; que, desde la década de 1970, se viene observando una cierta disociación entre las emisiones de CO2 procedentes de los combustibles fósiles y el PIB mundial, es decir, una reducción de la intensidad de las emisiones y no de su valor absoluto, debido a la acción de otros macrofactores, como la población y la renta per cápita real, que el aumento de la eficiencia no puede compensar[1]; que la disociación total entre el crecimiento económico y las emisiones (es decir, el supuesto teórico de un «modelo de desarrollo de cero emisiones») no tiene debidamente en cuenta las limitaciones impuestas por las leyes de la física; que, por tanto, la búsqueda del objetivo de «cero emisiones» se basa en un modelo insostenible, ya que no solo implica necesariamente la desindustrialización y, por ende, el empobrecimiento de los países desarrollados, sino que además condena a los países pobres a un eterno subdesarrollo, impidiendo así su industrialización;

E. Considerando que, desde la creación del mundo, el clima ha ido cambiando y la humanidad, al igual que otros seres vivos que aún habitan la Tierra, siempre se ha adaptado con éxito a estos cambios; que esto se ha visto confirmado por evidencia empírica que establece que todos los indicadores de resiliencia, mortalidad, vulnerabilidad y pérdidas económicas asociados a fenómenos climáticos han mejorado significativamente, especialmente en los países más pobres[2];

F. Considerando que el conocimiento actual del sistema climático todavía no nos permite distinguir con precisión el impacto antrópico de otras causas naturales de cambio, ni nos permite cuantificarlo; que todavía nos faltan conocimientos para poder definir con suficiente precisión los diferentes factores que determinan los aumentos o las disminuciones de la temperatura media del planeta;

G. Considerando que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) es un organismo intergubernamental que no lleva a cabo actividades de investigación o seguimiento científico ni de recopilación de datos, sino que basa sus evaluaciones en una elección antológica de publicaciones científicas revisadas por homólogos y en informes de las principales instituciones mundiales;

H. Considerando que es esencial que las instituciones públicas y los órganos políticos mantengan un enfoque racional y pragmático con respecto a la cuestión del cambio climático, sin recurrir al uso instrumental de métodos científicos a la hora de reducir los espacios públicos de debate y los mecanismos de control democráticos garantizados por las constituciones soberanas de los Estados miembros;

I. Considerando que una modificación del objetivo de la Unión en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 conllevaría tener que reescribir apresuradamente toda la legislación de la Unión en el ámbito del clima y la energía para el periodo 2021-2030, que acaba de ser aprobada en la última legislatura; que esto significa que la Comisión y el Consejo están en clara contradicción con su propio objetivo de proporcionar a los mercados estabilidad y seguridad a medio y largo plazo;

J. Considerando que un acceso asequible a la energía es la condición sine qua non para garantizar el bienestar de todos;

K. Considerando que la transición hacia las energías renovables ha dado lugar a costes energéticos más elevados y a un suministro menos estable, dada la naturaleza variable de varias fuentes renovables;

L. Considerando que las medidas fiscales restrictivas relativas a los combustibles fósiles y la energía recientemente adoptadas por algunos gobiernos, con la intención explícita de estimular la «transición ecológica», han dado lugar a protestas por parte de las clases medias y bajas, que ya están viviendo bajo políticas de austeridad persistentes; que, en ocasiones, estas protestas dan lugar a graves disturbios tanto en los países en desarrollo como en la Unión;

M. Considerando que el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión (RCDE UE) es el ejemplo más claro del fracaso de los «mecanismos de mercado» diseñados y adoptados de conformidad con el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París; que estos mecanismos han sido corregidos en varias ocasiones estando en vigor, como consecuencia de las deficiencias del mercado, incluso mediante la propuesta de establecer ope legis un precio del carbono, lo que constituye la negación del propio concepto de «mercado»; que el RCDE UE no solo no ha logrado sus objetivos financieros, sino tampoco sus objetivos climáticos, ya que no ha sido capaz de evitar fugas de carbono;

N. Considerando que, en principio, el productor no puede ser considerado responsable del uso que el consumidor haga de su producto; que el problema del abandono de residuos en el medio ambiente es un problema relativo al comportamiento de los ciudadanos y a la efectividad de los sistemas de recogida y eliminación de residuos;

O. Considerando que varios Estados miembros, con el fin de ahorrar gastos públicos, han preferido exportar sus residuos a terceros países y reimportar las materias primas secundarias producidas con ellos, en lugar de construir las infraestructuras necesarias para tratar y reciclar plenamente los residuos in situ;

P. Considerando que la Comisión asocia la economía circular con la «economía colaborativa»; que esta última no es innovadora ni sostenible, ya que se trata de un modelo de negocio basado en la reducción máxima de los costes laborales y la externalización del riesgo empresarial, así como en el recurso masivo a formas típicas de economía de subsistencia;

Q. Considerando que las cuotas y las subvenciones para vehículos eléctricos no están en consonancia con el principio de economía de libre mercado y podrían poner innecesariamente en peligro nuestra posición como líder del mercado en muchas industrias;

R. Considerando que unos objetivos de emisiones más estrictos aumentarían los costes de posesión y utilización de un automóvil, lo que haría que muchas familias ya no podrían permitirse su independencia en términos de movilidad; que cualquier prohibición sobre los motores de combustión daría lugar a una expropiación de los consumidores;

S. Considerando que categorizar los vehículos eléctricos como «vehículos de emisión cero» induce a error a los consumidores, dado que la propia producción de las baterías y de la energía genera emisiones y, a menudo, da lugar a más emisiones que la utilización de motores de combustión de última generación;

T. Considerando que el etiquetado de los productos debe proporcionar información a los consumidores; que no es razonable esperar que el etiquetado de los productos sea ético;

U. Considerando que consumir pescado capturado en estado salvaje es una forma de proteger el clima, dado que es con diferencia la proteína animal con menor huella de carbono;

V. Considerando que debe darse prioridad al sector pesquero como usuario clave del espacio marino, ya que es imposible aplicar políticas medioambientales marinas eficaces si no se tiene en cuenta a los pescadores;

W. Considerando que la superficie de la Unión ocupada por arboledas y bosques ha ido creciendo durante varios siglos, y sigue creciendo en la actualidad, gracias, principalmente, al abandono progresivo del uso de la madera como combustible y material de construcción, así como, en los últimos años, al abandono de las zonas rurales;

X. Considerando que la financiación local desempeña un papel fundamental en la restauración del vínculo entre el capital y el territorio;

Y. Considerando que el medio ambiente es una competencia compartida de la Unión; que la legislación de la Unión en materia de medio ambiente prevé normas abstractas y homogéneas, que han sido establecidas por igual para todos los Estados miembros para modificarse únicamente con posterioridad de forma más precisa, lo que va en contra de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; que el Pacto Verde Europeo sigue la misma línea racionalista y constructivista;

1. Hace hincapié en que uno de los retos de las próximas décadas es la reducción de la contaminación atmosférica, del suelo y del agua; es consciente de que esto significa que es necesario tomar medidas serias en relación con los aspectos más contaminantes de nuestros modelos de producción y consumo: la producción de residuos, la dispersión de las materias primas y el uso ineficaz de la energía producida; hace hincapié, por tanto, en su compromiso por aprovechar el Pacto Verde Europeo como una oportunidad para volver a situar la cuestión medioambiental en el contexto de un debate racional y de una reconciliación entre las políticas medioambientales y sociales;

Un mayor nivel de ambición climática de la UE para 2030 y 2050

2. Señala que un nuevo aumento del umbral de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la Unión de hasta el 50 o el 55 %, tal y como establece el Pacto Verde Europeo, dará lugar a una presión financiera y administrativa insostenible para las empresas de la Unión y acelerará su deslocalización fuera de la Unión para reducir los costes de producción, lo que debilitará aún más la competitividad de la Unión, impulsará la desindustrialización y reforzará la competencia desleal de terceros países; observa con preocupación que estos objetivos son susceptibles de socavar la sostenibilidad de los principales sectores económicos de la Unión, como la industria siderúrgica; lamenta que la adopción de nuevas obligaciones medioambientales aún no haya sido acompañada por la introducción de instrumentos adecuados destinados a proteger a la industria de la Unión de la competencia externa desleal;

3. Considera apropiado que cada Estado miembro sea libre de determinar la fiscalidad de los productos energéticos de la manera que considere más eficaz y adecuada para alcanzar los objetivos medioambientales, en función de su propia combinación energética y de sus circunstancias geográficas, climáticas y antropogénicas particulares, así como de su situación socioeconómica;

4. Reitera que la fiscalidad es competencia exclusiva de los Estados miembros y rechaza, por tanto, la mera idea de una fiscalidad de la Unión; pide a la Comisión, de conformidad con el artículo 194, apartado 2, del TFUE, que proponga la derogación de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (Texto pertinente a efectos del EEE)[3];

5. Rechaza la propuesta de la Comisión de ampliar el límite máximo y los mecanismos comerciales, como el RCDE UE, a otros sectores; reitera que la Unión solo es responsable de aproximadamente el 10 % de las emisiones mundiales de CO2; hace hincapié, por tanto, en que sería más eficaz sustituir el RCDE UE por un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono conforme a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y basado en la huella de carbono de las mercancías importadas, que tenga en cuenta las emisiones directas, las emisiones procedentes de la generación de electricidad y las emisiones procedentes del uso de materias primas; considera apropiado que la Comisión y los Estados miembros apoyen una medida comercial de este tipo por medio de políticas de incentivación adecuadas, a fin de reubicar en los Estados miembros la producción deslocalizada en terceros países;

6. Recuerda que el acero es un producto que es objeto de un comercio intensivo, teniendo en cuenta que el exceso de capacidad a escala mundial alcanzó alrededor de 500 millones de toneladas en 2018, lo que equivale a casi el 25 % de la capacidad mundial de producción de acero; toma nota de que las importaciones de acero de la Unión han aumentado considerablemente, pasando de 18 millones de toneladas en 2013 a la cifra récord de 30 millones de toneladas en 2018;

7. Observa que, para evitar la competencia desleal a expensas del sector siderúrgico de la Unión, esta debe adoptar medidas para contrarrestar el dumping, las subvenciones gubernamentales y otros regímenes de ayuda en terceros países por medio de la mejora de la aplicación de los instrumentos de defensa comercial (IDC); señala, además, que la Unión debe modernizar las normas de la OMC para luchar contra las distorsiones del comercio de manera más eficaz;

8. Destaca que la Unión debe aplicar una política de reciprocidad cuando terceros países denieguen el acceso a la contratación pública, garantizar el control de la inversión extranjera directa, verificar los nuevos acuerdos de libre comercio y, si procede, revisar los acuerdos existentes con el fin de garantizar el acceso al mercado y el desarrollo sostenible de la industria de la Unión;

9. Recuerda que el crecimiento de la producción de carbón solo en China puede neutralizar los esfuerzos de la Unión por reducir las emisiones de CO2;

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que centren su acción política y legislativa en la adaptación al cambio climático y no en una lucha utópica contra él;

Suministro de energía limpia, asequible y segura

11. Recuerda que el coste de la producción de energía es inversamente proporcional a la posibilidad de garantizar el bienestar para todos;

12. Recuerda que los objetivos previstos de descarbonización del sistema energético, si bien garantizan un suministro seguro y asequible, no pueden conseguirse centrándose únicamente en el fomento de las energías renovables;

13. Lamenta que los hechos contradigan las garantías de la Comisión relativas al respeto de la neutralidad tecnológica y las prerrogativas exclusivas de los Estados miembros en relación con su combinación energética; señala, en este sentido, que la Unión de la Energía está diseñada como una centralización indebida de las políticas energéticas de los Estados miembros, que quedan en manos de la Comisión;

Movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular

14. Considera, en principio, que la economía circular puede aportar un valor añadido, siempre que sea un medio de conciliar las políticas medioambientales y sociales, es decir, si promueve la producción in situ de mercancías con un bajo impacto medioambiental y contribuye al crecimiento de la demanda interna; rechaza, por consiguiente, la propuesta de la Comisión de crear un modelo de la Unión para la recogida selectiva de residuos, que, entre otras cosas, va en contra de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

15. Reconoce que el Derecho de la Unión, por ejemplo en materia de higiene de los productos alimenticios y de seguridad de los productos, también ha contribuido a la producción de envases innecesarios y, en consecuencia, de residuos; pide a la Comisión que simplifique la legislación actual, en lugar de proponer aún más requisitos jurídicamente vinculantes;

16. Toma nota de que la campaña contra los plásticos que se producen y se consumen en la Unión ha coincidido con la crisis de reciclaje de los residuos, en particular los plásticos, en aquellos Estados miembros cuyos sistemas nacionales de tratamiento y reciclado de residuos son mediocres; pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan mayor hincapié en la sensibilización de la opinión pública y en la eficacia de los sistemas de recogida y tratamiento de residuos, a fin de alcanzar de forma más eficaz los objetivos de reducción de los residuos que se abandonan en el medio ambiente;

17. Reafirma firmemente que la repartición generalizada de pequeñas propiedades privadas constituye uno de los principales factores de la emancipación y la reducción de las desigualdades y constituye un pilar de las democracias nacionales occidentales; considera que la «economía colaborativa», por el contrario, podría dar lugar a la concentración de la propiedad en oligopolios privados, de forma que los bienes y servicios solo serían accesibles para las pocas personas que puedan permitírselos; pide a los Estados miembros que adopten sin demora todas las medidas legislativas y reglamentarias necesarias para equiparar las actividades de las plataformas en línea y la «economía colaborativa» a las actividades económicas tradicionales correspondientes;

Uso eficiente de la energía y los recursos en la construcción y renovación de edificios

18. Considera fundamental proseguir los esfuerzos para lograr un consumo de energía más eficiente; recuerda, no obstante, la paradoja de Jevons: «eficiencia» no significa lo mismo que «ahorro», ya que hacer accesible la misma cantidad de energía a un mayor número de personas conlleva una disminución general de la intensidad energética y no una disminución del consumo de energía en valor absoluto; pide a la Comisión que proponga la sustitución, en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE[4], de los objetivos de consumo de energía, fijados en valor absoluto, por objetivos de intensidad energética;

19. Considera que es demasiado ambicioso poner en marcha la «ola de renovación» esperada de los edificios públicos y privados, teniendo en cuenta las actuales limitaciones presupuestarias y las contraproducentes políticas monetarias y fiscales actualmente en vigor;

20. Insta a la Comisión a que se abstenga de incluir las emisiones de los edificios en el RCDE UE y de condicionar a economías de escala la financiación concedida a proyectos de renovación; destaca que estas disposiciones, lejos de estimular la transición hacia bajas emisiones de CO2 y una mayor eficiencia energética, concentrarían la propiedad inmobiliaria en manos de un oligopolio privado capaz de operar en los mercados financieros de CO2 y de acceder a complejos instrumentos financieros de la Unión, lo que favorecería la formación de burbujas inmobiliarias y aceleraría el fenómeno, que ya está en marcha, de la expulsión de la clase media fuera de los centros urbanos de las grandes ciudades;

Acelerar la transición a una movilidad sostenible e inteligente

21. Recuerda que la electrificación forzosa no tiene debidamente en cuenta el impacto ambiental, socioeconómico y geopolítico; destaca que, mientras las baterías no tengan una densidad energética (en MJ/kg) comparable a la de los combustibles fósiles actuales, la movilidad eléctrica solo será un mero experimento o una operación de lavado ecológico para los ricos; pide a la Comisión que lleve a cabo una revisión completa del paquete «Europa en movimiento», a fin de garantizar la neutralidad tecnológica, de modo que todas las tecnologías con la mejor relación coste-beneficio puedan utilizarse libremente en igualdad de condiciones;

22. Reitera que los restrictivos objetivos de reducción de las emisiones de CO2 tendrían graves repercusiones negativas en la competitividad de las empresas de la Unión, que se enfrentan a una competencia cada vez mayor de terceros países que no aplican las mismas normas medioambientales;

23. Señala que el aumento de la circulación de mercancías y personas, resultante de las políticas orientadas al mercado promovidas por la Unión en el pasado, ha contribuido considerablemente al aumento de la contaminación, y que es necesario adoptar un modelo económico diferente y fomentar medios de transporte más eficientes, especialmente en las largas distancias;

24. Lamenta todo aumento impositivo para los ciudadanos de la Unión destinado a abandonar y eliminar gradualmente el uso de los vehículos actuales, con el fin de cambiar a vehículos más nuevos y menos contaminantes, ya que esto supone convertir en residuos capital y bienes de consumo perfectamente utilizables; recuerda que, a menudo, tanto los ciudadanos como las pequeñas y medianas empresas (pymes) no están en condiciones de renovar sus flotas de automóviles debido a su escasa capacidad financiera, y que no deberían tener que soportar cargas adicionales que pondrían aún más en peligro su situación económica; reitera que debe darse preferencia a mecanismos de incentivación y no de penalización;

25. Recuerda que, en lo que respecta al sector del transporte por carretera (y en el marco de unos objetivos muy restrictivos para reducir las emisiones de CO2 de los nuevos vehículos pesados un 30 % para 2030, con un objetivo intermedio del 15 % para 2025), la transición prevista a la electromovilidad no puede llevarse a cabo sin tener en cuenta las actuales deficiencias de la red de carreteras europea en términos de desarrollo de infraestructuras para los vehículos de recarga que utilizan formas alternativas de energía;

26. Subraya que la Comisión debe tener en cuenta las necesidades de los Estados miembros a la hora de revisar la Directiva 92/106/CEE del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, relativa al establecimiento de normas comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros[5] (Directiva relativa a los transportes combinados), teniendo en cuenta que los tres intentos anteriores de establecer nueva legislación no han obtenido los resultados esperados debido a las excesivas obligaciones financieras y legislativas impuestas a los Estados miembros, así como a la necesidad de una mayor protección de los derechos sociales y la competitividad en este ámbito;

27. Lamenta la falta de progresos realizados en el ámbito del Cielo Único Europeo y el fracaso de la aplicación de los bloques funcionales de espacio aéreo (FAB), que han dado lugar a una reducción de la eficiencia y al aumento de los costes para el sector de la aviación;

28. Destaca la importancia de salvaguardar la seguridad, el empleo, los datos, la responsabilidad y las cuestiones éticas en el ámbito de la movilidad multimodal automatizada y conectada;

29. Recuerda que lo que hoy en día se nos presenta como «movilidad sostenible» constituye en realidad, en el mejor de los casos, una deslocalización de las emisiones del centro a la periferia (es decir, de los barrios ricos a los barrios más desfavorecidos); destaca que, en el peor de los casos, esto puede dar lugar a un aumento de las emisiones contaminantes;

30. Destaca que los incentivos públicos que fomentan el alquiler de medios de transporte privados son contrarios a los objetivos de cohesión social y territorial, ya que benefician a quienes viven en las ciudades, que ya disfrutan de una mayor oferta de medios de transporte;

31. Reafirma el papel irremplazable del transporte público local en lo que respecta a la cohesión social y territorial; señala que la liberalización del mercado del transporte, junto con los recortes de las subvenciones públicas y la inversión, a fin de respetar la disciplina presupuestaria, ha conducido inevitablemente a la concentración de la oferta en las zonas de mayor demanda (es decir, las zonas metropolitanas); lamenta que, por lo tanto, regiones enteras se hayan quedado sin conexión con los centros urbanos, obligando a las personas que viven allí a recurrir al uso del transporte privado; considera que no se puede concebir la «economía colaborativa» como medio para resolver las deficiencias del transporte público local;

32. Señala que disminuir la movilidad forzosa a las ciudades, impulsada por la urbanización, sería una manera eficaz de reducir las emisiones contaminantes y las emisiones de CO2;

De la granja a la mesa: idear un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente

33. Recuerda que las políticas monetarias y fiscales contraproducentes y la normalización de la producción de alimentos a escala mundial son inversamente proporcionales a la calidad de los regímenes alimentarios;

34. Observa que la Estrategia «de la granja a la mesa» ilustra una concepción injusta del sector primario, en la que los agricultores y los pescadores se ven reducidos al papel de protectores del clima; observa, además, una dimensión ética preocupante en la que se controlan meticulosamente las acciones cotidianas y los estilos de vida de las personas;

35. Pide a la Comisión que proponga la revisión del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión[6], de forma que el etiquetado de los alimentos se limite a facilitar información pertinente de una forma que no induzca a error al consumidor; destaca que dicho etiquetado debe incluir información sobre los ingredientes (incluidos su origen y la presencia de OMG), los alérgenos, los valores nutricionales y el lugar de producción y de envasado del producto alimenticio; pide, por tanto, a la Comisión que no haga obligatorio en toda la Unión el uso de un etiquetado ambiguo, engañoso y arbitrariamente discriminatorio (como el sistema de etiquetado «con semáforos», Nutri-Score y la huella de carbono);

36. Destaca que es necesario realizar más esfuerzos para gestionar mejor la cadena de suministro alimentario, a fin de lograr un cambio de paradigma cultural hacia un enfoque más local; insta a la Comisión a que apoye y fomente activamente una cadena alimentaria de la Unión que permita preservar la agricultura y la pesca nacionales, en lugar de utilizar los alimentos como moneda de cambio en los acuerdos comerciales;

Preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad

37. Recuerda la necesidad de una política agrícola común (PAC) que establezca un sistema de recompensas para los agricultores que apliquen medidas destinadas a proteger la biodiversidad, y que este debe ser un sistema claro y sencillo; recuerda que la protección del paisaje rural y la prevención de la erosión y del desequilibrio hidrogeológico deben incluirse en la lista de acciones medioambientales financiadas por la PAC;

38. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen medidas más concretas para hacer frente a los desechos marinos y al plástico en el mar;

Aspirar a una contaminación cero para un entorno sin sustancias tóxicas

39. Destaca que las políticas climáticas no siempre han sido coherentes con el objetivo de reducción de la contaminación (por ejemplo, el «Dieselgate», la movilidad eléctrica y determinados biocombustibles y biomasas); señala que, al suponer erróneamente que las emisiones de gases de efecto invernadero deben combatirse en primer lugar con el fin de reducir la contaminación del planeta, ahora la lucha por combatir el cambio climático ha desbancado con creces la lucha por proteger el medio ambiente; subraya que, por este motivo, se han destinado cuantiosos recursos financieros para reducir las emisiones de CO2, pese a que los resultados han sido insignificantes, cuando estos recursos podrían haberse utilizado de manera más beneficiosa para el medio ambiente, ya que la reducción de la contaminación también es beneficiosa para el clima;

40. Recuerda que no es posible proteger el medio ambiente de forma efectiva utilizando un mismo enfoque legislativo, que no tenga en cuenta las circunstancias geográficas, climáticas y antropogénicas de cada territorio;

En pos de unas finanzas e inversiones ecológicas y una transición justa garantizada

41. Toma nota con preocupación de que la Comisión tiene intención de reproducir los mismos instrumentos financieros que ya han demostrado ser un fracaso; destaca que los fondos de la Unión, debido a sus características intrínsecas, son insuficientes para satisfacer las necesidades de financiación establecidas por la Comisión; considera que el Mecanismo para una Transición Justa se ha descrito como una duplicación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), que ha demostrado ser tan solo un remedio paliativo para la plaga del desempleo provocado por la desindustrialización; observa, además, por lo que se refiere al Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, que la ingeniería financiera se incrementaría sobre la base del modelo del ineficaz plan Juncker;

42. Considera que los bancos regionales de pleno derecho sin importancia sistémica constituyen instrumentos cruciales para financiar una transición ecológica justa de acuerdo con las preferencias y particularidades regionales;

Ecologización de los presupuestos nacionales y emisión de las señales de precios correctas

43. Señala que, al mantener las mismas restricciones presupuestarias (que, de hecho, son contrarias a la idea de la supuesta emergencia climática) y al aplicar una flexibilidad selectiva de las Directrices sobre ayudas estatales, el Pacto Verde Europeo se convertirá inevitablemente en otra subvención más utilizada para transformar determinados sectores industriales en algunos Estados miembros;

44. Lamenta que la Comisión dicte indebidamente qué políticas fiscales, y otros tipos de políticas, deben aplicar los Estados miembros; señala, en este sentido, que el Pacto Verde Europeo corre el riesgo de parecerse a un «New Deal» solo en el nombre y podría recordar al eslogan de los demócratas de los Estados Unidos, es decir, que el Pacto Verde Europeo podría concebirse como una operación de lavado ecológico de la imagen de la Unión;

45. Señala que la sostenibilidad está diseñada para ser la restricción externa por excelencia de las democracias nacionales; recuerda, en este sentido, que todos los programas de desarrollo industrial y de creación de empleo que han estado sujetos a la restricción externa del clima ha terminado por verse sofocados por la propia restricción; pide que el Pacto Verde Europeo invierta la naturaleza de esta restricción; subraya, por tanto, que para reducir la contaminación y crear más puestos de trabajo, el Pacto Verde Europeo debe centrarse, en primer lugar, en el desarrollo industrial y en el empleo, con el fin de mejorar la calidad del medio ambiente;

Movilización de la investigación y fomento de la innovación

46. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a seguir desarrollando y promoviendo la investigación y el desarrollo (I+D) en sectores cruciales, como el almacenamiento de energía, la eficiencia energética y el reciclado de materias primas;

47. Recuerda que los instrumentos de la Unión para la investigación y la innovación, como Horizonte Europa, deben garantizar una inclusión real, y no meramente nominal, de las microempresas y las pequeñas empresas; lamenta que, hasta la fecha, algunas microempresas y pequeñas empresas se hayan visto excluidas del acceso a instrumentos financieros de la Unión, debido a criterios de aplicación excesivos y a menudo poco realistas;

Activación de la enseñanza y la formación

48. Recuerda a la Comisión que la educación y la formación son competencia exclusiva de los Estados miembros; pide a los Estados miembros que establezcan y concedan, en los cursos escolares y de formación profesional pertinentes del sector científico y técnico, recompensas para los proyectos innovadores destinados a proteger mejor el medio ambiente;

49. Lamenta que no se ha llevado a cabo ninguna evaluación de impacto para determinar el impacto social y profesional que tendrá el Pacto Verde Europeo en los sectores manufactureros de la Unión; lamenta, asimismo, que no se haya definido ninguna estrategia concreta para transferir y mejorar las competencias de los trabajadores de la Unión ni para definir los marcos jurídicos y económicos del supuesto mercado de empleos verdes; señala, en lo que respecta a la recalificación de las competencias, que es ilusorio creer que un simple curso de formación será suficiente para transformar a un trabajador del sector metalúrgico en un emprendedor ecológico;

Un mandamiento verde: «no ocasionarás daños»

50. Manifiesta su interés por el compromiso de la Comisión de presentar cada propuesta legislativa y de acto delegado acompañada de un informe que describa cómo se garantiza el cumplimiento del principio de «no ocasionar daños»; pide a la Comisión que lleve a cabo evaluaciones exhaustivas de impacto ambiental y socioeconómico ex ante y ex post y que se abstenga de llevarlas a cabo con el fin de demostrar la validez de una solución predeterminada por defecto;

La UE como líder mundial

51. Señala que se ha iniciado una fase de abandono de la globalización; destaca, en este sentido, que sería prudente que la Unión aprovechara el Pacto Verde Europeo como una oportunidad para prepararse con antelación a este nuevo escenario económico y geopolítico, en lugar de insistir ideológicamente en el multilateralismo solo para acabar con la idea del soberanismo;

52. Señala que el Pacto Verde Europeo debe considerarse una oportunidad para abordar el importante papel del comercio mundial en lo que respecta a la contaminación; pide a la Unión que desarrolle una estrategia que dé prioridad a la producción nacional en lugar de importar las mismas mercancías procedentes de terceros países muy lejanos; pide, por tanto, una revisión minuciosa de la estrategia comercial de la Unión, especialmente en lo que se refiere al comercio con terceros países que se rigen por normas menos estrictas, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones;

53. Destaca que África no cuenta con una base industrial consolidada ni con intercambios económicos internos; subraya que, por este motivo, África está aquejada por el azote de la emigración, mientras que las empresas chinas están realizando grandes progresos en ese continente; lamenta, en este contexto, la falta de visión de la Unión;

54. Reconoce las consecuencias naturales, a veces desastrosas, provocadas por el cambio climático, en particular las catástrofes naturales, el aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos, la desertización y la escasez de agua, que obligan a las personas a abandonar sus hogares y sus medios de subsistencia; advierte de que estas consecuencias naturales contribuyen a la inestabilidad política y a las dificultades económicas, que, a su vez, pueden dar lugar a crisis de refugiados; destaca que estas crisis no solo desestabilizan las regiones afectadas, sino también la Unión Europea; destaca la ausencia de una definición universal de «refugiado climático» y pide a la Unión que reflexione sobre esta ambigüedad y que promueva y apoye las operaciones locales y regionales que ayudan y reciben a los refugiados afectados por el cambio climático;

Ha llegado el momento de que actuemos juntos: un Pacto Europeo por el Clima

55. Toma nota de la similitud del Pacto Europeo sobre el Clima con el «gran debate nacional» establecido por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, para tratar de dar respuesta a los disturbios de los chalecos amarillos que se produjeron a causa de la aplicación experimental de determinadas políticas de transición ecológica; hace hincapié en que el Pacto Verde Europeo también establece las mismas políticas;

56. Observa que el establecimiento de asambleas ciudadanas es un método que ya ha sido ampliamente utilizado para lograr un consenso ascendente sobre las políticas de transición ecológica; teme que estas asambleas sean a menudo manipuladas para alcanzar un resultado predeterminado, haciendo creer a las personas que han contribuido a alcanzar dicho resultado;

57. Hace hincapié en que es fundamental combatir los delitos contra el medio ambiente; subraya, no obstante, que cada Estado miembro debe establecer sus propias normas de acceso a la justicia;

 

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58. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo Europeo, al Consejo y a los Parlamentos de los Estados miembros.

 

[1] Quadrio Curzio, A., Pellizzari, F., Zoboli, R. «Innovazione tecnologica, scarsità relativa, investimenti» (Innovación tecnológica, escasez relativa, inversiones), Enciclopedia degli idrocarburi, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, IV, 14 (2007).

[2] Formetta G., Feyen, L. «Empirical evidence of declining global vulnerability to climate-related hazards» (Evidencia empírica de la disminución de la vulnerabilidad mundial a los peligros relacionados con el clima), Global Environmental Change, 57, 101920 (2019).

[3] DO L 283 de 31.10.2003, p. 51.

[4] DO L 315 de 14.11.2012, p. 1.

[5] DO L 368 de 17.12.1992, p. 38.

[6] DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Última actualización: 14 de enero de 2020Aviso jurídico