Procedimiento : 2020/2507(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0049/2020

Textos presentados :

B9-0049/2020

Debates :

Votaciones :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0013

<Date>{13/01/2020}13.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0049/2020</NoDocSe>
PDF 151kWORD 51k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la situación en Venezuela tras el intento de elección ilegal de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional (golpe de Estado parlamentario)</Titre>

<DocRef>(2020/2507(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Assita Kanko</Depute>

<Commission>{ECR}en nombre del Grupo ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0048/2020

B9‑0049/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela tras el intento de elección ilegal de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional (golpe de Estado parlamentario)

(2020/2507(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Venezuela, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela[1], de 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela, de 12 de marzo de 2015[2], sobre la situación en Venezuela[3], de 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela[4], de 27 de abril de 2017, sobre la situación en Venezuela[5], de 8 de febrero de 2018, sobre la situación en Venezuela[6], de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela[7], de 5 de julio de 2018, sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela, y en sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil[8], de 25 de octubre de 2018, sobre la situación en Venezuela[9], de 31 de enero de 2019, sobre la situación en Venezuela[10], en la que Guaidó es reconocido como presidente interino de Venezuela, de 28 de marzo de 2019, sobre la situación de emergencia en Venezuela[11], y de 18 de julio de 2019, sobre la situación en Venezuela[12],– Vista la Declaración del Grupo Internacional de Contacto (GIC), de 9 de enero de 2020, en la que se apoya a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, y considera que la elección de Luis Parra es ilegítima y antidemocrática,

 Vista la declaración, de 5 de enero de 2020, del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, en la que se afirma que los acontecimientos que rodearon las elecciones del domingo 5 de enero se caracterizaron por graves irregularidades y actos contra el funcionamiento democrático y constitucional de la Asamblea Nacional, que impidieron que la Asamblea Nacional, que es el órgano democrático legítimo de Venezuela, pudiera cumplir el mandato otorgado por el pueblo venezolano,

 Vista la declaración del secretario general de la Organización de los Estados Americanos sobre la situación en Venezuela el 5 de enero de 2020,

 Vista la declaración realizada el 21 de diciembre de 2019 por el nuevo vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell,

 Vista la Decisión (PESC) 2019/1893 del Consejo, de 11 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela[13], y por la que se prorrogan un año las sanciones contra Venezuela en vista de la actual crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela con acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos,

 Vista la citada Decisión (PESC) 2019/1893 del Consejo, de 11 de noviembre de 2019, por la que se decidió incluir una nueva disposición en la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela, por la que el Consejo y el alto representante (VP/AR) son designados «responsables del tratamiento» de datos personales, en particular en relación con la lista de personas físicas responsables de violaciones, de graves violaciones de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Venezuela; en relación con la lista de personas físicas cuyas acciones, políticas o actividades socaven de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela; en relación con las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos responsables de violaciones o violaciones graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela; y en relación con las personas físicas y jurídicas, entidades u organismos cuyas acciones, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela[14],

 Vista la Decisión del Consejo, de 27 de septiembre de 2019, en la que la Unión incluye en la lista de sanciones a siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia venezolanas implicadas en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos,

 Visto el informe sobre Venezuela del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), de 4 de julio de 2019, y la actualización oral realizada en el 42.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos celebrado en Ginebra el 9 de septiembre de 2019,

 Vista la declaración realizada el 18 de junio de 2019 por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en la que la Unión expresa su profunda preocupación por el empeoramiento de la situación política y humanitaria en Venezuela,

 Vista la declaración realizada el 4 de abril de 2019 por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre la decisión adoptada por la Asamblea Nacional, no reconocida, de retirar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó,

 Vistas las declaraciones realizadas por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre Venezuela, los días 10 de enero de 2019, 26 de enero de 2019, 24 de febrero de 2019 y 28 de marzo de 2019,

 Vista la declaración realizada el 2 de marzo de 2019 por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en la que la Unión insiste en que cualquier medida que pueda poner en peligro la libertad, la seguridad o la integridad personal de Juan Guaidó representaría una escalada de la tensión y provocaría una firme condena de la comunidad internacional,

 Vista la ratificación del Estatuto de Roma por Venezuela el 7 de junio de 2000,

 Vista la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que los actos de violencia perpetrados por el Gobierno de Nicolás Maduro, la policía, la guardia nacional y el ejército para evitar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, prevista para el 5 de enero, impidieron a los opositores de Maduro entrar en la Asamblea Nacional y celebrar la sesión; que las fuerzas armadas y demás personal de seguridad bloquearon el acceso al edificio e impidieron entrar a la prensa, lo que constituye un paso más en la escalada de la violencia y el enfrentamiento que se ha acelerado de forma constante en los últimos años; que el Gobierno de Maduro está socavando la autoridad y la capacidad de la Asamblea Nacional legítima y democrática para llevar a cabo su función y desempeñar el mandato, conferido por los ciudadanos venezolanos, de manera eficaz y sin obstáculos;

B. Considerando que estos acontecimientos estuvieron precedidos por una campaña de terror y por la denominada «operación alacrán», consistente en la compra preocupante de votos por parte del Gobierno por importes comprendidos entre 500 000 y 1 millón de dólares estadounidenses;

C. Considerando que persisten tanto el acoso como la persecución política a los opositores al régimen de Maduro, y que 22 diputados, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria, varios han sido detenidos y otros han tenido que abandonar el país o refugiarse en representaciones diplomáticas;

D. Considerando que la Organización Venezolana Foro Penal ha señalado una escalada de la represión política, con 399 presos políticos actualmente detenidos, incluidos, al menos, ocho ciudadanos europeos, y más de 15 000 políticos detenidos desde 2014[15];

E. Considerando que el recurso permanente a la coacción y a la fuerza, confirmado por la determinación del presidente ilegítimo Nicolás Maduro de seguir usurpando el poder, demuestra una intención manifiesta de anular toda noción de legalidad;

F. Considerando que, en su intento fallido de nombrar a un nuevo presidente, el régimen favorable a Maduro invocó los artículos 7, 8 y 11 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y el artículo 221 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

G. Considerando que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de facto de Venezuela por impedir un proceso electoral pacífico y transparente, los parlamentarios fuera de la Asamblea Nacional consiguieron acceder al edificio y reeligieron oficialmente a Juan Guaidó como presidente;

H. Considerando que 100 de los 167 diputados reunidos en una sesión extraordinaria en la sede del periódico El Nacional, pudieron finalmente cumplir con los requisitos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, elegir la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, quien juró el cargo de acuerdo con la Constitución;

I. Considerando que estos acontecimientos se están produciendo en una Venezuela ya devastada, donde la escalada de violencia y las graves violaciones de los derechos humanos por el Gobierno de facto de Nicolás Maduro están agravando aún más la situación actual de crisis política, económica, institucional, social y humanitaria, situación que ha obligado a más de cinco millones de venezolanos a abandonar su país, y ha dado lugar a una creciente escasez de medicamentos y alimentos y a una hiperinflación;

J. Considerando que el diálogo de mediación iniciado el 16 de mayo de 2018 entre el presidente de facto Nicolás Maduro y las fuerzas de la oposición, liderado por Juan Guaidó y moderado por Noruega, no ha dado lugar a una solución de la crisis, sino que, por el contrario, ha empeorado; que el 8 de julio de 2019 se reanudó el diálogo en Barbados, aunque el Gobierno de facto no cumplía los requisitos necesarios para iniciar un diálogo;

1. Condena las medidas represivas del Gobierno de facto de Nicolás Maduro para eliminar, una vez más, todas las trazas de ilegalidad; condena el uso indiscriminado y continuo de la coacción y la fuerza, así como la confirmación en el poder de un presidente fraudulento e ilegítimo;

2. Reitera su profunda preocupación por la escalada de la violencia y la grave situación de emergencia en Venezuela, que mantiene a los ciudadanos bajo una grave amenaza;

3. Subraya que el régimen de Nicolás Maduro se ha convertido en la amenaza más volátil y significativa para la seguridad y la estabilidad del subcontinente, amenazando la integridad y la estabilidad de sus países vecinos;

4. Recuerda que diversas autoridades locales han detenido a venezolanos acusados de haber sido enviados por el régimen venezolano para llevar a cabo y participar en intentos de movilización masiva, con el fin de fomentar la desestabilización y las violaciones de los derechos humanos en esas regiones;

5. Declara que la defensa de la integridad, la exactitud y la transparencia de los procesos electorales es fundamental, especialmente después de diversos casos de manipulación presunta o clara, de irregularidades y de fraudes diversos en diferentes elecciones celebradas en algunas democracias latinoamericanas; lamenta que las elecciones fraudulentas provoquen protestas y enfrentamientos que se cobran la vida de personas inocentes, y expresa su solidaridad con el pueblo de Venezuela;

6. Insiste en la necesidad de adoptar medidas contra la alianza entre Venezuela e Irán, cuyo peor ejemplo es la utilización de Venezuela por parte de Hizbulá como plataforma para sus actividades y estrategias de expansión en toda Latinoamérica mediante numerosas actividades ilegales, incluido el blanqueo de capitales;

7. Manifiesta una gran preocupación por el apoyo de Rusia al régimen de Maduro y, en particular, el envío de expertos, militares y asesores técnicos;

8. Expresa su inquietud ante el hecho de que las fuerzas policiales y el servicio de inteligencia militar de Cuba sean el elemento estratégico que ha hecho posible la permanencia en el poder del régimen ilegítimo de Maduro, lo que constituye una injerencia política y militar extranjera en Venezuela intolerable;

9. Pide al Consejo que, tras una serie de políticas fracasadas contra el régimen opresivo de Venezuela, que demuestra la imposibilidad absoluta de iniciar un verdadero proceso de democratización en Venezuela, adopte las medidas más estrictas posibles y aumente la presión política, aplicando al mismo tiempo sanciones y medidas restrictivas;

10. Pide al Consejo que imponga medidas restrictivas contra este régimen ilegítimo, es decir, sanciones contra todas las personas implicadas en los aparatos represivos, y la confiscación de los activos extranjeros propiedad de las autoridades estatales ilegítimas y de las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos y de la represión de la oposición democrática, garantizando siempre la seguridad de la población en general;

11. Solicita que las autoridades de la Unión Europea limiten los movimientos de estas personas y de sus familiares más cercanos, congelando sus bienes y suspendiendo sus visados;

12. Rechaza la Decisión (PESC) 2019/1893 del Consejo, de 11 de noviembre de 2019, que incluye una nueva disposición que modifica la Decisión 2017/2074 mediante la introducción de un nuevo poder arbitrario para el vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad por lo que respecta al tratamiento de datos en relación con la lista de personas físicas responsables de violaciones graves o de violaciones graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Venezuela, así como en relación con las acciones, las políticas o las actividades de las personas físicas o jurídicas responsables de violaciones y violaciones graves de los derechos humanos, de socavar el Estado de Derecho y de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática de Venezuela, de conformidad con los anexos I y II de la Decisión (PESC) 2017/2074;

13. Insta a la Unión Europea a que se una a la iniciativa de los Estados parte de la CPI para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos por el Gobierno de facto de Nicolás Maduro, con el fin de responsabilizar a los autores de estos actos;

14. Apoya la iniciativa de establecer una comisión de investigación en cooperación con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para determinar las responsabilidades individuales de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela;

15. Insta al Gobierno de facto de Venezuela a que aplique rápidamente las recomendaciones enumeradas en el informe de la ACNUDH sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela;

16. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente interino legítimo de la República y de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los Gobiernos y los Parlamentos nacionales del Grupo de Lima, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

 

[1] DO C 285 de 29.8.2017, p. 145.

[2] DO C 294 de 12.8.2016, p. 21.

[3] DO C de 30.8.2016, p. 190.

[4] DO C 86 de 6.3.2018, p. 101.

[5] DO C 298 de 23.8.2018, p. 137.

[6] DO C 463 de 21.12.2018, p. 61.

[7] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.

[8] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0313.

[9] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0436.

[10] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0061.

[11] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0327.

[12] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0007.

[13] DO L 291 de 12.11.2019, p. 42.

[14] DO L 291 de 12.11.2019, p. 42

[15] www.foropenal.com es una asociación civil que presta asistencia jurídica gratuita a personas detenidas arbitrariamente.

Última actualización: 15 de enero de 2020Aviso jurídico