Procedimiento : 2020/2507(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B9-0052/2020

Textos presentados :

B9-0052/2020

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Votaciones :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
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Textos aprobados :


<Date>{13/01/2020}13.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0052/2020</NoDocSe>
PDF 134kWORD 47k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN</TitreType>

<TitreSuite>tras una declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la situación en Venezuela</Titre>

<DocRef>(2020/2507(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Reinhard Bütikofer</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}en nombre del Grupo Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0052/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela

(2020/2507(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vista la declaración, de 9 de enero de 2020, realizada en nombre de la Unión por el vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell Fontelles, sobre los últimos acontecimientos en Venezuela,

 Vista la declaración, de 9 de enero de 2020, del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, publicada por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE),

 Visto el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,

 Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Venezuela, en particular las de 8 de febrero de 2018[1], 3 de mayo de 2018[2], 5 de julio de 2018[3], 25 de octubre de 2018[4], 31 de enero de 2019[5], 28 de marzo de 2019[6] y 18 de julio de 2019[7],

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que los caóticos acontecimientos del 5 de enero de 2020 en torno a la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela suscitan graves preocupaciones sobre la viabilidad institucional y la gobernabilidad responsable del país por parte de todos los actores implicados;

B. Considerando que el 5 de enero de 2020, según observadores y medios de comunicación internacionales, se impidió al presidente aún en funciones de la Asamblea, Juan Guaidó, el acceso a las instalaciones de la Asamblea de Venezuela para su reelección, ya que quería acceder a las instalaciones acompañado de diputados suspendidos de la Asamblea;

C. Considerando que los diputados de la Asamblea Nacional deben poder ejercer el mandato parlamentario recibido del pueblo venezolano sin sufrir intimidación o represalia alguna;

D. Considerando que la elección que tuvo lugar en la Asamblea Nacional, en la que Luis Parra obtuvo la Presidencia de la Asamblea para el período de sesiones de 2020, se superpuso a la reelección de Juan Guaidó para el mismo cargo, que tuvo lugar en el edificio del periódico El Nacional, lo que implicaba la existencia de dos presidentes de la Asamblea; que se han planteado serias dudas respecto a la legitimidad de ambos procedimientos de elección, ya que se produjeron diversas irregularidades y casos de intimidación, por no hablar de la falta de correspondencia con el número supuesto de votantes, lo que agrava una situación ya catastrófica;

E. Considerando que ambos presidentes pertenecían al mismo bloque político de los partidos de oposición, hasta la suspensión de Luis Parra por el partido Primero Justicia en diciembre de 2019 por acusaciones de corrupción y el abandono de Juan Guaidó del partido Voluntad Popular tras los acontecimientos del 5 de enero de 2020;

F. Considerando que las escenas caóticas de declaraciones, acusaciones y descrédito de los políticos continuaron durante los siguientes días; que existe una necesidad imperiosa de superar el caos y encontrar una solución negociada a la situación actual, ya que se corre el riesgo de aumentar la inestabilidad institucional tras los sucesos en torno a la elección del presidente de la Asamblea de Venezuela para 2020, además del riesgo de que aumente en el mundo la falta de confianza en la viabilidad institucional de Venezuela;

G. Considerando que las posibles soluciones a este conflicto profundo y múltiple deben hallarse en el marco del Estado de Derecho, ser conformes con las normas internacionales, y respetar plenamente la democracia y los derechos humanos;

H. Considerando que el aumento de la desestabilización de las instituciones venezolanas a través de más autoproclamaciones y acciones similares supone un grave riesgo de agravar una situación ya incendiaria, incluso con una guerra civil, y podría generar efectos colaterales más allá de Venezuela, en parte por el gran número de migrantes que huyen a países vecinos;

I. Considerando que el papel de la Unión Europea debe consistir en seguir ofreciendo una mediación entre todos los actores implicados en el conflicto dentro del país, un papel que puede desempeñar de forma útil dados los estrechos vínculos existentes entre varios Estados miembros de la Unión y Venezuela;

1. Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación y el aumento de la desestabilización institucional provocado por el comportamiento de todos los participantes en el procedimiento de elección en 2020 del presidente de la Asamblea de Venezuela;

2. Pide que se aclaren totalmente los incidentes y la adecuación democrática de la actuación de todas las personas e instituciones implicadas;

3. Pide a todos los implicados que pongan el futuro estable del país por encima de las consideraciones de su propia carrera personal y que resuelvan el conflicto sobre la Presidencia de la Asamblea, que ha dividido tanto a la Asamblea como a la oposición;

4. Subraya la necesidad urgente de esforzarse por lograr la estabilidad institucional, con procedimientos claros, y pide a todos los implicados que eviten las actuaciones que pudieran aumentar la desconfianza en la viabilidad de las instituciones de Venezuela, disuadir a la población venezolana de participar en la política o provocar violencia;

5. Subraya que cualquier solución definitiva a la crisis pasa por la reconstrucción de la democracia en Venezuela en todas sus dimensiones; reitera que la violencia no restablecerá la paz, sino que desestabilizará aún más el país;

6. Insiste en la necesidad de que las autoridades venezolanas respeten la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica; pide a todos los actores implicados que renuncien al uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, que está clara e inequívocamente prohibido en virtud del Derecho internacional;

7. Destaca la importancia de la autodeterminación del pueblo venezolano y de la manifestación genuina de su voluntad democrática; pide a los líderes políticos que se abstengan de todo llamamiento o acción que pueda avivar los disturbios y la inestabilidad política;

8. Comparte la opinión expresada por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 5 de julio de 2019, en el sentido de que la unión y el diálogo constituyen la única forma de salir de esta crisis;

9. Alerta ante el riesgo de que la violencia y los disturbios en Venezuela se extiendan a países vecinos y de que esta situación pueda conducir en último término a una guerra en la región; insta a todos los actores, incluidos los de la comunidad internacional, a excluir explícitamente toda solución no pacífica o militar a la crisis, incluida la guerra de baja intensidad;

10. Insiste en que debe evitarse todo doble rasero con respecto a terceros países y en que la Unión Europea y sus Estados miembros deben ser coherentes en sus posiciones frente a terceros países; recuerda la importancia de contar con una respuesta unificada que permita que la posición de la Unión sea fuerte y más creíble;

11. Subraya que la Unión está dispuesta a mediar y a apoyar los pasos para la estabilización del país y que descarta cualquier uso de la violencia y de una intervención militar internacional;

12. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno y las autoridades de Venezuela, y a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

 

[1] DO C 463 de 21.12.2018, p. 61.

[2] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.

[3] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0313.

[4] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0436.

[5] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0061.

[6] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0327.

[7] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0007.

Última actualización: 15 de enero de 2020Aviso jurídico