Procedimiento : 2020/2507(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B9-0053/2020

Textos presentados :

B9-0053/2020

Debates :

Votaciones :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0013

<Date>{13/01/2020}13.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0053/2020</NoDocSe>
PDF 149kWORD 49k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

</TitreType><TitreSuite>tras una declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad</TitreSuite>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Titre>sobre la situación en Venezuela tras la elección ilegal de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional (golpe de Estado parlamentario)</Titre>

<DocRef>(2020/2507(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}en nombre del Grupo Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Véase también la propuesta de resolución común RC-B9-0048/2020

B9‑0053/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela tras la elección ilegal de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional (golpe de Estado parlamentario)

(2020/2507(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vista sus anteriores Resoluciones sobre Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela[1], de 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela[2], de 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela[3], de 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela[4], de 27 de abril de 2017, sobre la situación en Venezuela[5], de 8 de febrero de 2018, sobre la situación en Venezuela[6], de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela[7], de 5 de julio de 2018, sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil[8], de 25 de octubre de 2018, sobre la situación en Venezuela[9], de 31 de enero de 2019, sobre la situación en Venezuela[10], de 28 de marzo de 2019, sobre la situación de emergencia en Venezuela[11], y de 18 de julio de 2019, sobre la situación en Venezuela[12],

 Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre Venezuela, de 10 de enero de 2019, 26 de enero de 2019, 24 de febrero de 2019, 28 de marzo de 2019, 4 de abril de 2019, 30 de abril de 2019, 18 de junio de 2019, 16 de julio de 2019, 13 de agosto de 2019 y 27 de septiembre de 2019, las declaraciones del VP/AR de 21 de diciembre de 2019 y 9 de enero de 2020, y las declaraciones del portavoz de la VP/AR de 17 de septiembre de 2019 y de la portavoz del VP/AR de 16 de diciembre de 2019 y 5 de enero de 2020,

 Vista la Decisión (PESC) 2019/1893 del Consejo, de 11 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela[13], y por la que se prorrogan hasta el 14 de noviembre de 2020 las medidas restrictivas específicas actualmente en vigor,

 Vista la Constitución de Venezuela,

 Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

 Visto el informe sobre Venezuela de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 4 de julio de 2019,

 Vista la V Reunión Técnica Internacional del Proceso de Quito, celebrada en Bogotá los días 14 y 15 de noviembre de 2019,

 Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, en virtud de la Constitución de Venezuela, el 5 de enero de cada año los diputados eligen a su presidente para un período de sesiones de un año;

B. Considerando que los acontecimientos que rodearon la elección prevista del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela el 5 de enero de 2020 constituyeron un golpe de Estado parlamentario orquestado por el régimen de Nicolás Maduro y un ataque contra el funcionamiento democrático y constitucional de la Asamblea Nacional;

C. Considerando que las fuerzas de seguridad impidieron brutalmente al presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, presidir la sesión, se impidió a varios miembros de la oposición entrar en la Asamblea Nacional y se bloqueó asimismo el acceso de la prensa al edificio;

D. Considerando que Luis Parra, que ha sido expulsado recientemente de un partido de la oposición por acusaciones de corrupción, se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional y participó en una ceremonia de investidura improvisada e ilegítima;

E. Considerando que la elección de Luis Parra no es válida, dado que no se abrió oficialmente la sesión, no se calculó el quórum y no se celebró una votación formal; considerando que, durante más de una hora, los militares revisaron las credenciales de cada diputado con el fin de retrasar la sesión e impedir que la Asamblea alcanzase el quórum;

F. Considerando que, algunas horas más tarde, una mayoría de diputados organizó una reunión de emergencia en la sede del periódico de la oposición El Nacional, en la que 100 de los 167 diputados de la Asamblea votaron a favor de volver a elegir a Juan Guaidó como su presidente para el último año de la legislatura 2015-2020;

G. Considerando que Juan Guaidó fue investido presidente en una sesión oficial de la Asamblea Nacional celebrada el 7 de enero de 2020, pese a los intentos de las fuerzas leales al régimen de Nicolás Maduro de impedir la celebración de la sesión, en particular obstruyendo la entrada del edificio y cortando la electricidad en su interior;

H. Considerando que las elecciones presidenciales celebradas el 20 de mayo de 2018 se desarrollaron sin que se cumplieran las normas mínimas internacionales de un proceso digno de crédito; que la Unión Europea, al igual que otros países democráticos y organizaciones regionales, no reconoció ni esas elecciones ni a las autoridades que surgieron de este proceso ilegítimo;

I. Considerando que, el 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro usurpó ilegítimamente el poder presidencial ante el Tribunal Supremo de Justicia, infringiendo el orden constitucional; que el 23 de enero de 2019 Juan Guaidó, elegido legítima y democráticamente presidente de la Asamblea Nacional, tomó posesión como presidente interino de Venezuela, de conformidad con el artículo 233 de la Constitución de Venezuela;

J. Considerando que casi sesenta países, así como el Parlamento Europeo, han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela;

K. Considerando que el 16 de diciembre de 2019 el Tribunal Supremo de Venezuela y la Asamblea Constituyente, no reconocida, retiraron la inmunidad parlamentaria garantizada en la Constitución a otros cuatro miembros de la Asamblea Nacional, a saber, Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli, con lo que el número diputados a quienes se ha retirado la inmunidad asciende ahora a veintiséis; que esta decisión, que siguió a la petición del Tribunal Supremo sobre la base de las acusaciones del fiscal general, constituye una vulneración grave de las disposiciones constitucionales, el Estado de Derecho y el principio democrático de la separación de poderes;

L. Considerando que las acciones en curso contra diputados de la Asamblea Nacional, incluidos el acoso e intimidación de 59 diputados por grupos y fuerzas de seguridad irregulares, 29 detenciones arbitrarias y 27 exilios forzosos, están obstaculizando la labor constitucional de la Asamblea Nacional;

M. Considerando que la situación de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela se ha ido deteriorando gravemente a lo largo de estos años, y especialmente desde que Nicolás Maduro asumió el poder tras las controvertidas elecciones de 2013; que la crisis política, económica, institucional, social y humanitaria pluridimensional del país está empeorando significativamente; que el agravamiento de la escasez de medicamentos y alimentos, las violaciones masivas de los derechos humanos, la hiperinflación, la opresión política, la corrupción y la violencia están poniendo en peligro la vida de las personas y obligándolas a huir del país;

1. Condena enérgicamente el golpe de Estado parlamentario perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro y el hecho de que se impida a la Asamblea Nacional, que es el órgano democrático legítimo de Venezuela, ejercer el mandato otorgado por el pueblo venezolano;

2. Lamenta estas graves vulneraciones, que son incompatibles con el proceso electivo legítimo del presidente de la Asamblea Nacional y constituyen una nueva etapa del agravamiento de la crisis en Venezuela;

3. Felicita a Juan Guaidó por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional, pese a todos los impedimentos y obstrucciones a que tuvo que hacer frente en la sesión oficial del 7 de enero, que le obligaron incluso a abrirse paso a la fuerza para llegar al edificio con otros diputados;

4. Reitera su pleno apoyo a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela con arreglo a la Constitución venezolana, tal como prevé su artículo 233;

5. Reitera su pleno apoyo a la Asamblea Nacional, que actualmente es el único órgano democrático de Venezuela elegido legítimamente y cuyos poderes han de restaurarse y respetarse, incluidas las prerrogativas y la seguridad de sus miembros;

6. Insiste en que solo se podrá llegar a una solución pacífica y democrática si se respeta plenamente la Asamblea Nacional, que es el único órgano elegido democráticamente en Venezuela, y si sus diputados pueden ejercer libremente sus prerrogativas constitucionales;

7. Señala que cualquier diálogo que se entable debe basarse en la hoja de ruta adoptada por la Asamblea Nacional de Venezuela; insiste en que el principal objetivo del diálogo debe ser una transición pacífica hacia la democracia mediante la creación de condiciones que conduzcan a unas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, sobre la base de un calendario fijo, unas condiciones justas para todas las partes involucradas, transparencia y la presencia de observadores internacionales fiables;

8. Recuerda que la organización de unas elecciones presidenciales libres y creíbles con observación internacional y el restablecimiento democrático de las instituciones de Estado, entre ellas el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, son esenciales a fin de hallar una solución duradera para Venezuela;

9. Insiste en que es fundamental que la Asamblea Nacional instaure un Consejo Nacional Electoral nuevo e independiente cuya representación y composición sea plenamente integradora y equilibrada;

10. Recuerda que el respeto de las instituciones y los principios democráticos y la defensa del Estado de Derecho son condiciones esenciales para hallar una solución pacífica y duradera para la crisis en Venezuela que beneficie a sus ciudadanos;

11. Recuerda que la Unión Europea está dispuesta a respaldar un proceso auténtico que conduzca a una resolución pacífica y democrática de la crisis;

12. Pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que refuerce la actuación de la Unión con miras al restablecimiento de la democracia en Venezuela, también mediante la ampliación de las sanciones específicas contra las personas implicadas en violaciones de los derechos humanos y en la represión y la ampliación de esas sanciones a sus familiares;

13. Considera que la representación diplomática nombrada por Juan Guaidó, presidente interino legítimo de Venezuela, debe ser la única representación reconocida por la Unión; pide, por consiguiente, que se suspendan las credenciales diplomáticas para las misiones asociadas a Nicolás Maduro y a su gobierno antidemocrático;

14. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente interino legítimo de la República y al presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los Gobiernos y Parlamentos de los países del Grupo de Lima, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

 

[1] DO C 285 de 29.8.2017, p. 145.

[2] DO C 294 de 12.8.2016, p. 21.

[3] DO C 316 de 30.8.2016, p. 190.

[4] DO C 86 de 6.3.2018, p. 101.

[5] DO C 298 de 23.8.2018, p. 137.

[6] DO C 463 de 21.12.2018, p. 61.

[7] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.

[8] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0313.

[9] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0436.

[10] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0061.

[11] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0327.

[12] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0007.

[13] DO L 291 de 12.11.2019, p. 42.

Última actualización: 15 de enero de 2020Aviso jurídico