Volver al portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

  • bg - български
  • es - español (selección)
  • cs - čeština
  • da - dansk
  • de - Deutsch
  • et - eesti keel
  • el - ελληνικά
  • en - English
  • fr - français
  • ga - Gaeilge
  • hr - hrvatski
  • it - italiano
  • lv - latviešu valoda
  • lt - lietuvių kalba
  • hu - magyar
  • mt - Malti
  • nl - Nederlands
  • pl - polski
  • pt - português
  • ro - română
  • sk - slovenčina
  • sl - slovenščina
  • fi - suomi
  • sv - svenska
 Índice 
 Texto íntegro 
Debates
Miércoles 17 de abril de 2019 - Estrasburgo Edición revisada

Negociaciones con el Consejo y la Comisión sobre el derecho de investigación del Parlamento: propuesta legislativa (debate)
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo, autor. – Señor presidente, quiero empezar por decir que no se trata tanto de una pregunta oral al final de la legislatura como de una queja política que este Parlamento quiere expresar ante el Consejo y la Comisión. Y es una queja política por lo que consideramos una falta de cooperación leal, una falta de cooperación institucional entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, algo en mi opinión muy grave.

Para empezar por recordar los hechos, tengo que decir que ya el artículo 226 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea otorgó en el año 2009, cuando se aprobó el Tratado de Lisboa, al Parlamento Europeo la iniciativa legislativa para regular cuáles son los poderes de las comisiones de investigación. Les recuerdo que solamente hay iniciativa legislativa del Parlamento Europeo en dos materias: en la ley electoral europea y en la regulación de las comisiones de investigación.

El texto ya fue aprobado en el año 2012 —tres años después— siendo ponente David Martin, que empezó a negociar con el Consejo y la Comisión en la anterior legislatura; no se llegó a ningún acuerdo y en 2014 se aprobó en primera lectura ese texto; cierto, sin el acuerdo de la Comisión y del Consejo.

Cuando yo fui nombrado ponente al comienzo de esta legislatura, en el año 2015, empecé a intentar negociar con el Consejo y la Comisión un texto que fuera aprobado por las tres instituciones. Y lo cierto, señorías —y aquí empieza mi queja política—, es que no hemos sido capaces de conseguir que el Consejo y la Comisión se reúnan con el Parlamento en un trílogo institucional, en un diálogo político razonable para establecer un texto que permita tener un Reglamento que regule los poderes de esta Cámara en materia de comisiones de investigación.

Esta es mi denuncia; y han sido muchos documentos de trabajo, muchas manifestaciones de flexibilidad que hemos mostrado al Consejo y a la Comisión.

Estos siempre nos han pedido: «Hagan ustedes un nuevo texto». Y, por fin, lo hicimos. Después de nueve meses de reuniones entre los Servicios Jurídicos de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo, finalmente, sobre la base de esos trabajos técnicos, hicimos un nuevo texto —lo llamamos un «non-paper»—, se lo presentamos al Consejo y la respuesta fue, como siempre, una carta en la que se nos expresaban objeciones jurídicas, objeciones legales, preocupaciones...

En el fondo hubo siempre una respuesta procedimental con un contenido político de renuncia o de no aceptación de esta negociación.

Y esta es la razón de la queja. La queja está en que el Consejo y la Comisión no han trabajado con nosotros, no han querido dialogar, no han querido negociar y han despreciado al Parlamento; lo han humillado, señorías.

Esta es mi sincera reflexión, junto a la profunda decepción que mantengo por haber trabajado cuatro años junto con la Comisión AFCO, junto con los ponentes alternativos, junto con la presidenta Hübner para intentar esa negociación. Y no ha sido posible.

Y el problema, señorías, no es solo un problema procedimental, no es solamente una queja política porque no se han conseguido las negociaciones. El problema de fondo es que la Comisión y el Consejo no aceptan que haya comisiones de investigación que realicen investigaciones molestas o incómodas para los Estados miembros, para los miembros de la Comisión, para los miembros de los Gobiernos de los Estados nacionales, etcétera, etcétera.

En el fondo, lo que yo percibo es que se teme que se llame a testigos, que se llame a comisarios, que se llame a ministros de los Estados miembros... Y se teme porque —y este es el problema— no se acepta que el Parlamento ejerza un poder tan importante como el de las comisiones de investigación, absolutamente imprescindible en el parlamentarismo moderno, en el parlamentarismo del siglo XXI.

No es razonable que a este Parlamento se le niegue una facultad que le dio el Tratado de Lisboa y que en el siglo XXI —en el que hay un montón de temas de alarma social que provocan mala administración o problemas de vulneración del Estado de Derecho, etcétera— este Parlamento no pueda investigar, cuando somos los representantes directos del pueblo, para poder responder a la alarma social que producen determinados acontecimientos.

Por eso, mañana, señorías, aprobaremos una Resolución que sí, es muy dura, pero es muy justa. Es una Resolución muy crítica con el Consejo y la Comisión, pero es muy necesaria, señorías.

Esto es lo que yo quiero decirles: vamos a trasladar esta queja al presidente del Parlamento para que se dirija a los presidentes de los Estados miembros en las reuniones del Consejo, trasladamos a los Spitzenkandidaten de las familias políticas para que sepan que aquí hay una queja política; pedimos a la nueva Presidencia que venga dentro de unos meses que aborde este problema, porque este problema está sobre la mesa y es imprescindible abordarlo para que el Parlamento Europeo sea lo que debe ser, un Parlamento que representa al pueblo europeo.

 
Última actualización: 9 de julio de 2019Aviso jurídico