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Procedūra : 2019/2536(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

O-000003/2019 (B8-0019/2019)

Debatai :

PV 17/04/2019 - 25
CRE 17/04/2019 - 25

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Diskusijos
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija

25. Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
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  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest debata nad:

– pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej skierowanym do Rady przez Danutę Marię Hübner w imieniu Komisji Spraw Konstytucyjnych w sprawie negocjacji z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego (O-000003/2019 - B8-0019/2019) (2019/2536(RSP)) oraz

– pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej skierowanym do Komisji przez Danutę Marię Hübner w imieniu Komisji Spraw Konstytucyjnych w sprawie negocjacji z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego (O-000004/2019 - B8-0020/2019) (2019/2536(RSP)).

 
  
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  Ramón Jáuregui Atondo, autor. – Señor presidente, quiero empezar por decir que no se trata tanto de una pregunta oral al final de la legislatura como de una queja política que este Parlamento quiere expresar ante el Consejo y la Comisión. Y es una queja política por lo que consideramos una falta de cooperación leal, una falta de cooperación institucional entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, algo en mi opinión muy grave.

Para empezar por recordar los hechos, tengo que decir que ya el artículo 226 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea otorgó en el año 2009, cuando se aprobó el Tratado de Lisboa, al Parlamento Europeo la iniciativa legislativa para regular cuáles son los poderes de las comisiones de investigación. Les recuerdo que solamente hay iniciativa legislativa del Parlamento Europeo en dos materias: en la ley electoral europea y en la regulación de las comisiones de investigación.

El texto ya fue aprobado en el año 2012 —tres años después— siendo ponente David Martin, que empezó a negociar con el Consejo y la Comisión en la anterior legislatura; no se llegó a ningún acuerdo y en 2014 se aprobó en primera lectura ese texto; cierto, sin el acuerdo de la Comisión y del Consejo.

Cuando yo fui nombrado ponente al comienzo de esta legislatura, en el año 2015, empecé a intentar negociar con el Consejo y la Comisión un texto que fuera aprobado por las tres instituciones. Y lo cierto, señorías —y aquí empieza mi queja política—, es que no hemos sido capaces de conseguir que el Consejo y la Comisión se reúnan con el Parlamento en un trílogo institucional, en un diálogo político razonable para establecer un texto que permita tener un Reglamento que regule los poderes de esta Cámara en materia de comisiones de investigación.

Esta es mi denuncia; y han sido muchos documentos de trabajo, muchas manifestaciones de flexibilidad que hemos mostrado al Consejo y a la Comisión.

Estos siempre nos han pedido: «Hagan ustedes un nuevo texto». Y, por fin, lo hicimos. Después de nueve meses de reuniones entre los Servicios Jurídicos de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo, finalmente, sobre la base de esos trabajos técnicos, hicimos un nuevo texto —lo llamamos un «non-paper»—, se lo presentamos al Consejo y la respuesta fue, como siempre, una carta en la que se nos expresaban objeciones jurídicas, objeciones legales, preocupaciones...

En el fondo hubo siempre una respuesta procedimental con un contenido político de renuncia o de no aceptación de esta negociación.

Y esta es la razón de la queja. La queja está en que el Consejo y la Comisión no han trabajado con nosotros, no han querido dialogar, no han querido negociar y han despreciado al Parlamento; lo han humillado, señorías.

Esta es mi sincera reflexión, junto a la profunda decepción que mantengo por haber trabajado cuatro años junto con la Comisión AFCO, junto con los ponentes alternativos, junto con la presidenta Hübner para intentar esa negociación. Y no ha sido posible.

Y el problema, señorías, no es solo un problema procedimental, no es solamente una queja política porque no se han conseguido las negociaciones. El problema de fondo es que la Comisión y el Consejo no aceptan que haya comisiones de investigación que realicen investigaciones molestas o incómodas para los Estados miembros, para los miembros de la Comisión, para los miembros de los Gobiernos de los Estados nacionales, etcétera, etcétera.

En el fondo, lo que yo percibo es que se teme que se llame a testigos, que se llame a comisarios, que se llame a ministros de los Estados miembros... Y se teme porque —y este es el problema— no se acepta que el Parlamento ejerza un poder tan importante como el de las comisiones de investigación, absolutamente imprescindible en el parlamentarismo moderno, en el parlamentarismo del siglo XXI.

No es razonable que a este Parlamento se le niegue una facultad que le dio el Tratado de Lisboa y que en el siglo XXI —en el que hay un montón de temas de alarma social que provocan mala administración o problemas de vulneración del Estado de Derecho, etcétera— este Parlamento no pueda investigar, cuando somos los representantes directos del pueblo, para poder responder a la alarma social que producen determinados acontecimientos.

Por eso, mañana, señorías, aprobaremos una Resolución que sí, es muy dura, pero es muy justa. Es una Resolución muy crítica con el Consejo y la Comisión, pero es muy necesaria, señorías.

Esto es lo que yo quiero decirles: vamos a trasladar esta queja al presidente del Parlamento para que se dirija a los presidentes de los Estados miembros en las reuniones del Consejo, trasladamos a los Spitzenkandidaten de las familias políticas para que sepan que aquí hay una queja política; pedimos a la nueva Presidencia que venga dentro de unos meses que aborde este problema, porque este problema está sobre la mesa y es imprescindible abordarlo para que el Parlamento Europeo sea lo que debe ser, un Parlamento que representa al pueblo europeo.

 
  
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  Danuta Maria Hübner, author. – Mr President, the right of inquiry is a fundamental weapon for any modern parliament to make the executive accountable for their actions. If we think about mad cow disease, tax fraud on cigarettes, dieselgate or the Panama Papers, we understand that it is fundamental that Parliament has a solid and sharp power of inquiry. Ramón Jáuregui said that the Council and the Member States systematically refused to sit at the table and have a real discussion on the content of the European Parliament’s proposal. Their argument was that the proposal of the Parliament did not take into consideration their fundamental concerns. But this actually means ignoring the nature of the special legislative procedure established by Article 226 TFEU. This procedure implies that the institutions exchange views and search for a compromise acceptable for all of them. The Council demanded that the initial proposal of the European Parliament should already contain the text acceptable for the Council. This is not the way the consent procedure functions. How would the Council or the Commission react if the European Parliament refused even to discuss possible ways to reach an agreement on, let’s say, the MFF, using the pretext that it does not like the proposal of the Commission? Moreover, this attitude is not compatible with the principle of sincere cooperation between the institutions that we all should respect and cherish. At stake here is a fundamental question of respect for the prerogatives of the Parliament and for the institutional balance. It is fundamental that the Council and the Commission understand it. At the end of the day, we do not have an obligation to agree with each other, but we have the duty to try. Sadly, Member States have not lived up to their duty.

 
  
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  George Ciamba, President-in-Office of the Council. – Mr President, as we approach the end of the term, it is indeed an appropriate moment to discuss the important issue of the exercise, of its inquiry powers by the European Parliament, and take stock of recent events.

Let me start by assuring you that the Council has always shared the view that committees of inquiry are an important instrument, allowing the European Parliament to exercise political control in a Union founded on the values of respect for democracy and the rule of law, as required by the Treaty.

Since the Martin report in 2011, the Council has been examining a series of proposals in a very constructive spirit and in the respect of its duty of sincere cooperation. However, as is well known, the Martin report raised serious legal and institutional concerns in the Council and in the Commission with regard to the limits imposed by Article 226 of the Treaty.

Indeed, this proposal for so far-reaching an extension of the rights of committees of inquiry was considered contrary to Article 226. Despite subsequent efforts to reconcile the diverse positions, such as the more recent work by the experts of the three legal services at technical level which held so many meetings, the progress made on some less problematic provisions resulting from this work did not match and did not solve the most complex issues of a legal and political nature. As was stated in a letter sent to Ms Hübner on 25 October last year by the Austrian Presidency, the Council therefore welcomed the non-paper prepared by the rapporteur, Mr Jáuregui Atondo, representing a new attempt to revive the political dialogue among the three institutions.

The non-paper indeed contains a number of improvements compared to the proposal of 2014. It meets some of the concerns expressed by the Council on previous occasions and takes up some of the solutions which are jointly suggested by the legal experts of the three institutions.

However, the non-paper still contains a number of provisions which give rise to serious legal and political concerns for the Council, which were raised on many past occasions. In substance, the Council’s position on these fundamental issues has not changed since the Martin report, and to be more specific, let me mention, among the most problematic issues, this power to summon individuals who are not officials as witnesses and to enforce such a measure by sanctions; the hearing of officials and other servants of the Union as witnesses; the power to request documents from natural or legal persons who have no role in the implementation of Union law; and the imposition of sanctions in the event of non-compliance.

And finally, the provisions on sanctions. Let me recall that criminal law in the rules on criminal procedure are matters for which the Member States are responsible. The competences of the Union in that field are very limited. I will not go into more detail here, as you are, I hope, very familiar with the Council’s concerns, which I explained in a detailed manner in the letter I have already mentioned.

Since the beginning of its term, the Romanian Presidency has been ready to continue to clarify the respective positions, also in the Commission, building upon the Austrian Presidency’s engagement in the many informal contacts between our predecessors and Mr Jáuregui and Mrs Hübner.

I can assure you that the Council continues to be open to a constructive dialogue with the European Parliament in order to explore ways forward on this legally and politically-complex file. Should the new Parliament wish to carry on the work based on the progress made so far, the Council stands ready to do so in full respect of its duty of sincere cooperation.

 
  
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  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Mr President, let me first welcome this occasion offered by this oral question to set out the Commission’s positions regarding the proposal for the regulation on the European Parliament’s right of inquiry. While it is of course for the Parliament to make a proposal, the procedure also requires the consent of the Council and of the Commission. Since the entry into force of the Lisbon Treaty, the European Parliament has made several proposals for such a regulation.

The latest informal proposal, in the form of a non-paper proposal, was politically endorsed by the Committee on Constitutional Affairs in April last year and transmitted to the Commission and to the Council in May last year. The Commission acknowledges that the new informal proposal is drafted in more precise legal terms and incorporates several improvements: for instance, as regards the rules on the setting-up of the committee of inquiry, the procedural rules applying to its investigation or the introduction of a central contact point for inquiry.

The new informal proposal also contains references to the regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by EU institutions, and to the framework agreement between the European Parliament and the European Commission. However, the non-paper proposal still contains a number of legal and institutional concerns that have been at the heart of this discussion with the Parliament and the Council since 2012.

The most important concerns are: sanctions for non-compliance with the provisions of the regulations; certain aspects of the investigative means which would be in the hands of the committee, such as on-the-spot investigations, hearings of Commissioners and former Commissioners, hearings of officials and former officials, as well as hearings of natural persons; the newly introduced rule regarding remedies in the case of violation of the provisions of the regulation by a committee of inquiry, its members and officials and other servants of the European Parliament; and last, provisions which seem to grant discretionary power to the Parliament with regard to the suspension of the committee proceedings during the related court procedure.

Notwithstanding these concerns, I would like to stress the Commission’s continued willingness and commitment to engage in a constructive trilateral discussion, with a view to finding appropriate solutions to the divergences that still exist between the three institutions.

The future regulation of the right of inquiry should provide the European Parliament with the appropriate instrument to fully respect institutional prerogatives and the relevant legal frameworks of the Member States.

 
  
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  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente, señor Ciamba, creo que no nos ha escuchado. Les hemos dicho, una y otra vez durante estos años, a los que han representado el mismo papel que usted —y como le acaba de decir el señor Jáuregui— que hablamos de falta de cooperación leal. Nada de que haya habido cooperación leal.

Vamos a empezar por colocar las cosas en su sitio. En este Parlamento nos han faltado capacidades durante esta legislatura para poder trabajar mejor en los papeles de Panamá, incluso en el dieselgate o en la Comisión Especial sobre Terrorismo. Porque ustedes han querido bloquear esta posibilidad. Si el señor Jáuregui, que tiene en el ADN la capacidad de negociación pura y de llegar a consensos, no lo ha podido hacer, es por falta de cooperación de ustedes. Así que vamos a empezar a decir las cosas como son.

Hace veinticinco años que funcionamos con una Decisión que se ha quedado vieja y pequeña. Este no es el Parlamento de 1995, y necesitamos esas prerrogativas que ustedes, argumentando las razones más variadas, no quieren conceder a este Parlamento. Y se equivocan. Porque perdemos credibilidad. Porque necesitamos poder desarrollar ese derecho de investigación.

No es justo, no es decente que instituciones hermanas como son el Consejo y la Comisión Europea aten las manos del Parlamento Europeo —que representa a quinientos millones de europeos que eligen directamente a sus representantes en esta Cámara— cuando ejerce las funciones que le son otorgadas. Y esta es una de las que nosotros tenemos derecho a desarrollar.

No es justo que el señor Jáuregui haya trabajado durante cinco años, como lo ha hecho también la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la señora Danuta Hübner, y la Secretaría de la Comisión AFCO. No es justo. Nos han dado con la puerta en las narices.

Así que yo lo único que puedo decir es que no ha habido la diligencia debida por su parte y que agradezco al señor Jáuregui, en el último debate en esta Cámara, su trabajo.

Es un honor haber trabajado con usted y conocerle desde hace treinta años.

 
  
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  Diane James, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, well if proof was ever needed that the EU parliament is merely window—dressing for the so-called EU democracy, we have it here. If democracy is going to be meaningful then the elected representatives, the MEPs, my colleagues here in the Chamber must be allowed to call into question anything that reasonably affects those they represent. The right of inquiry should have legal standing, or else what is the point?

It demonstrates that this Chamber is nothing more than a puppet for those unelected officials in the Commission and the Council if that legal standing is not recognised and allowed to happen. It disturbs me but does not surprise me that the Council and the Commission are acting in an obstructive manner when it comes to transparency here in the European Parliament. Now if the European Union wonders why populace and Eurosceptics flourish, you have your answer before you. This is a major failing in democratic process.

 
  
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  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já musím říci, že jsem z postoje Rady a Komise velmi smutný. Je to fakticky pohrdání Evropským parlamentem. Primární evropské právo dává našemu parlamentu jasnou pravomoc provádět vyšetřování. Na tom se členské státy při přípravě primárního práva shodly. A to, že k tomuto základnímu právu není dosud schválen prováděcí dokument, prováděcí nařízení, je opravdu velká ostuda a musím říci, že mě velmi znepokojuje chování zvláště Rady.

Dopis z října minulého roku, který je plný alibistických výmluv, proč takovýto prováděcí předpis nejde, mě rozesmutňuje a musím říci, že bych čekal od zástupců demokratických států, které ctí principy právního státu, že se budou lépe snažit naplnit pravomoci klíčového orgánu Evropské unie, a tím je Evropský parlament. My zde zastupujeme občany, jsme přímo voleni, máme pravomoci dané primárním právem a Komise a zvláště Rada nám bohužel takto odkrojuje a omezuje výkon kompetencí. To je situace. Kdyby se toto dělo v nějaké jiné zemi mimo evropský prostor, mimo hodnoty práva a právního státu, tak bych to chápal. Často o tom hovoříme, jak je právo v třetích zemích potlačováno, a často to Evropský parlament kritizuje, ale tady bohužel pohrdáme právem, vlastním evropským právem, přímo na úrovni Evropské unie.

Trošku se prosím, dámy a pánové v Radě a Komisi, chytněte za nos, je to mimořádně špatná vizitka postoje k základní hodnotě Evropské unie, a to je respektování práva a právního státu.

 
  
 

Zgłoszenia z sali

 
  
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  Νότης Μαριάς (ECR). –Κύριε Πρόεδρε, ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες ενός Κοινοβουλίου; Η νομοθετική λειτουργία, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και οι εξεταστικές επιτροπές. Αυτά κάνουν τα δημοκρατικά κοινοβούλια και το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προχωρεί στην εξέταση πραγμάτων, δηλαδή να κάνει εξεταστική επιτροπή, προβλέπεται αυτοτελώς από το πρωτογενές δίκαιο. Επομένως, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξασκεί αυτά τα καθήκοντά του. Διότι, όταν δεν προχωρά σε εξεταστικές επιτροπές, όταν έχουμε σκάνδαλα, όπως τα LuxLeaks, τα Panama Papers, το ντίζελ σκάνδαλο, και δεν κάνει τίποτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε μειώνεται η αξιοπιστία του και δημιουργούνται προβλήματα στις σχέσεις του με τους πολίτες. Αυτό το δικαίωμα θέλουμε να εξασκούμε αυτοτελώς, αυτό διεκδικούμε και νομίζω ότι η τοποθέτηση του Συμβουλίου δεν συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
 

(Koniec zgłoszeń z sali)

 
  
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  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Ich sage es Ihnen gleich vorweg: Ich bin dafür, dass wir als Europäisches Parlament nun vor den Europäischen Gerichtshof ziehen. Wir müssen unser Recht offensichtlich einklagen. Nach meiner Rechtsauffassung sind wir sogar dazu verpflichtet, denn wir sind das Parlament der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Und es ist deren Recht, dass sie ein starkes Parlament haben, das seine Befugnisse voll wahrnehmen kann.

Die Verschleppungstaktik im Rat macht sichtbar, dass einflussreiche Personen in großen politischen Parteien Angst vor dem Europäischen Parlament haben. Was würde zu hören sein, wenn das Europäisches Parlament einzelne Mitglieder der Regierungen von Mitgliedstaaten oder bestimmte Zeugen vorladen und anhören könnte? Wie sehr wäre der Untersuchungsausschuss gestärkt, wenn er Sanktionen gegen diejenigen verhängen könnte, die der Vorladung des Europäischen Parlaments nicht Folge leisten?

Und die Kommission hütet sich, nicht nur davor, die Verträge durchzusetzen, sondern macht mit dem Rat auch noch gemeinsame Sache. Auch Sie sind dagegen, dass der Ausschuss im Rahmen einer Untersuchung in einem Mitgliedstaat Nachforschungen betreiben kann. Glauben wir eigentlich, dass es sich für die Bürgerinnen und Bürger deutlicher danach anhört, dass demokratisches Recht umgesetzt wird, wenn Sie auch dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht sämtliche Dokumente zeigen wollen? Was haben Sie zu verbergen? Was sollen die Leute denken, wenn es der Kommission Sorge bereitet, dass ihre Beamten bei einer Aussage vor dem Untersuchungsausschuss an die Wahrheit gebunden sind? Was käme denn dann ans Licht?

 
  
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  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank honourable Members for all their comments and remarks. Let me reiterate again that the Commission attaches great importance to Parliament’s role of scrutiny and political control, of which the ultimate aim is to guarantee that citizens’ concerns regarding the implementation of Union law are properly addressed.

The Commission again recognises the work done by the institutions so far and acknowledges that the non-paper represents certain progress compared to the earlier proposals. At the same time, as I mentioned earlier, the Commission still finds that the latest informal proposal contains a number of legal and institutional concerns, such as sanctions, investigative means and legal remedies.

The Commission acknowledges the need to have an adequate instrument which fully respects institutional prerogatives and the relevant legal frameworks of the Member States. The Commission is willing to engage in a constructive trilateral discussion with a view to finding appropriate solutions to the concerns that still exist. We hope that progress can be made on this politically sensitive, but very important, file.

 
  
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  George Ciamba, President-in-Office of the Council. – Mr President, to conclude I would like to thank you all for this open and frank exchange of views. It has allowed us to clarify further our respective positions. Let me assure you that both the Austrian and the Romanian Presidencies and the preceding ones have been equally willing to engage in an open and constructive exchange of views with a view to sounding out whether an agreement can be reached between our institutions on this file. The file has been discussed in depth in so many meetings of the Working Party on General Affairs.

Unfortunately, under the given circumstances it is clear that it is not possible anymore to conclude the file under this Parliament legislator. But let me once again reaffirm the Council’s willingness and commitment to engaging with the European Parliament, be it in another setting, after the May elections. After all, it is in our common interest to have clear and up—to—date rules governing the exercise of the European Parliament’s right of inquiry so that all actors know precisely what are their rights and obligations.

Let me also thank Mr Jáuregui Atondo for the great work he has done as the rapporteur on the file and in trying to do his best in order to improve on what was the previous report on this so important file.

Thank you all so much once again for your attention. This is the last time the Romanian Presidency is going to intervene in the plenary and thank you all for all the good spirit of cooperation we had in these three months that we’ve been here and trying to ensure sincere cooperation between the institutions of Europe.

 
  
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  President. – It was a pleasure to work together with the Romanian Presidency.

 
  
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   Otrzymałem jeden projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w czwartek 18 kwietnia 2019 r.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
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  Alfred Sant (S&D), in writing. – This House has recently been making increasing use of its investigative rights with special and inquiry committees following major scandals. The TAXE committee, established after LuxLeaks, or the EMIS committee focusing on emission measurements in the automotive sector, showed the Parliament’s ability to contribute significantly to the European public debate. Exercises have been carried to understand how and why such maladministration and breaches of EU law have been happening and subsequent policy options to tackle them have been proposed. The first TAXE Committee set out ideas for transparent taxation across the EU and called for a legislative proposal on country-by-country reporting of companies’ profits, tax and subsidies, about which the Commission announced its plans a few months later. One would have expected this Parliament, especially with regard to the recent TAXE 3 committee, to deploy the best available methodologies and proceedings in its evaluation of taxation policies and financial services. Rather, it has given in to facile stigmatisation of certain countries, notably my country Malta, business sectors and professions. In such a case, the limits of this House’s investigative rights were quickly reached as soon tax populism and generalised statements replaced objective proceedings. Unfortunately this deeply questions the credibility and effectiveness of the Parliament’s right of inquiry.

 
Atnaujinta: 2019 m. liepos 9 d.Teisinis pranešimas