Volver al portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

  • bg - български
  • es - español (selección)
  • cs - čeština
  • da - dansk
  • de - Deutsch
  • et - eesti keel
  • el - ελληνικά
  • en - English
  • fr - français
  • ga - Gaeilge
  • hr - hrvatski
  • it - italiano
  • lv - latviešu valoda
  • lt - lietuvių kalba
  • hu - magyar
  • mt - Malti
  • nl - Nederlands
  • pl - polski
  • pt - português
  • ro - română
  • sk - slovenčina
  • sl - slovenščina
  • fi - suomi
  • sv - svenska
Preguntas parlamentarias
PDF 24kWORD 20k
8 de julio de 2019
E-001632/2019(ASW)
Respuesta de la Sra. Jourová en nombre de la Comisión Europea
Referencia de la pregunta: E-001632/2019

De conformidad con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión no puede intervenir en asuntos penales particulares. La administración cotidiana de los sistemas judiciales de los Estados miembros, incluida la persecución de presuntos delitos y la revisión de condenas penales, es competencia exclusiva de los Estados miembros.

Sin embargo, la Comisión otorga gran importancia al derecho a un juicio imparcial en los procesos penales. La Unión Europea ha adoptado directivas sobre derechos procesales, en particular la Directiva 2013/48/UE, sobre el derecho a la asistencia de letrado(1), y la Directiva (UE) 2016/343, sobre la presunción de inocencia(2). Los Estados miembros deben garantizar el respeto absoluto de los derechos que reconocen estas Directivas a todos los sospechosos y acusados a lo largo del proceso penal. Si el examen de las disposiciones nacionales de transposición de estas Directivas revelara problemas de incumplimiento, la Comisión tomaría todas las medidas adecuadas, incluida la incoación de procedimientos de infracción con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en caso necesario.

Como ya señaló en su respuesta a la pregunta escrita E-003214/2018, la Comisión carece de competencias generales para intervenir en el ámbito de los derechos fundamentales, a menos que se trate de una cuestión de Derecho de la Unión. Con arreglo al artículo 51, apartado 1, de la Carta, sus disposiciones están dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión, y el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea establece que «[l]as disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados».

(1)DO L 294 de 6.11.2013, p. 1.
(2)DO L 65 de 11.3.2016, p. 1.

Última actualización: 10 de julio de 2019Aviso jurídico