Procedimiento : 2016/2911(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B8-1062/2016

Textos presentados :

RC-B8-1062/2016

Debates :

Votaciones :

PV 06/10/2016 - 5.2
CRE 06/10/2016 - 5.2

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0379

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 298kWORD 86k
5.10.2016
PE589.651v01-00}
PE589.656v01-00}
PE589.659v01-00}
PE589.660v01-00}
PE589.663v01-00}
PE589.667v01-00}
PE589.669v01-00} RC1
 
B8-1062/2016}
B8-1067/2016}
B8-1070/2016}
B8-1071/2016}
B8-1074/2016}
B8-1078/2016}
B8-1080/2016} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:

EFDD (B8-1062/2016)

PPE (B8-1067/2016)

S&D (B8-1070/2016)

Verts/ALE (B8-1071/2016)

ECR (B8-1074/2016)

GUE/NGL (B8-1078/2016)

ALDE (B8-1080/2016)


sobre Sudán (2016/2911(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Elmar Brok en nombre del Grupo PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli en nombre del Grupo S&D
Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Notis Marias en nombre del Grupo ECR
Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis en nombre del Grupo ALDE
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli en nombre del Grupo GUE/NGL
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė en nombre del Grupo Verts/ALE
Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas en nombre del Grupo EFDD
ENMIENDAS

Resolución del Parlamento Europeo sobre Sudán (2016/2911(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Sudán,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Vista la Declaración Conjunta, de 8 de agosto de 2016, de la Unión, los representantes de la troika (Noruega, Reino Unido y los Estados Unidos) y Alemania, en la que acogen con satisfacción la firma por el «Llamamiento de Sudán» de la hoja de ruta del Grupo de Alto Nivel de la Unión Africana encargado de la aplicación de las recomendaciones para Sudán;

–  Vistos el informe del experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Sudán, y el informe de 28 de julio de 2016 del relator especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos sobre su misión a Sudán, de 4 de agosto de 2016,

–  Vista la declaración, de 27 de junio de 2016, del portavoz de la Vicepresidenta/Alta Representante sobre el anuncio por el Gobierno de Sudán de un cese unilateral de las hostilidades durante cuatro meses,

–  Vista la Resolución 2296 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Sudán, aprobada en su 7728ª sesión, de 29 de junio de 2016,

–  Visto el comunicado de 13 de junio de 2016 del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana sobre la situación en Darfur,

–  Vistos el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes,

–  Vista la Declaración, de 9 de abril de 2015, de la Alta Representante, en nombre de la Unión Europea, sobre la falta de un entorno favorable para la celebración de las elecciones sudanesas en abril de 2015,

–  Vista la Declaración del «Llamamiento de Sudán» sobre el establecimiento de un Estado de ciudadanía y democracia,

–  Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el conflicto de Darfur se ha prolongado durante 13 años y se ha cobrado más de 300 000 vidas, y que las fuerzas gubernamentales sudanesas siguen atacando a civiles, en especial en Jebel Marra; que el persistente bombardeo indiscriminado de civiles, incluidos ataques ilegales por las fuerzas sudanesas a pueblos del Kordofán Meridional, el Nilo Azul y Darfur, ha dejado heridos y provocado la destrucción de infraestructuras civiles;

B.  Considerando que la Ley de Seguridad Nacional de 2010 concedió al Gobierno sudanés amplios poderes para mantener a detenidos, de forma rutinaria, en régimen de aislamiento, sin cargos y durante períodos prolongados, y que algunas organizaciones han sido cerradas por la fuerza y han sufrido ataques;

C.  Considerando que, tal como se indica en el examen periódico universal de las Naciones Unidas de 21 de septiembre de 2016, Sudán reafirmó su compromiso de adherirse a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas;

D.  Considerando que se están multiplicando en Darfur, en particular en el Kordofán Meridional y en el Nilo Azul, abusos y violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza, el secuestro de civiles, actos de violencia sexual y de género contra las mujeres, violaciones y abusos contra niños, y detenciones y arrestos arbitrarios;

E.  Considerando que el espacio cívico para los partidos políticos de la oposición, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos está limitado en Sudán; que se denuncia que el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS) acosa, persigue y reprime continuamente a los defensores de los derechos humanos, los activistas estudiantiles y los opositores políticos por llevar a cabo sus actividades legítimas; que, en lo que va de año, numerosos activistas de la sociedad civil han sido detenidos arbitrariamente, incluidos cuatro representantes de la sociedad civil de Sudán que fueron interceptados en el aeropuerto internacional de Jartum por agentes de seguridad cuando se dirigían a una reunión de alto nivel sobre derechos humanos con diplomáticos que se celebró en Ginebra el 31 de marzo;

F.  Considerando que grupos de defensa de los derechos humanos han descubierto pruebas creíbles de ataques con armas químicas contra civiles por fuerzas gubernamentales sudanesas, y que habitantes de la región de Jebel Marra, en Darfur, muestran los terribles efectos de presuntos ataques con armas químicas, el más reciente de los cuales fue perpetrado en el pueblo de Gamarah el 9 de septiembre de 2016; que se han denunciado también ataques de las Fuerzas de apoyo rápido (RSF), unidad militar sudanesa compuesta por una antigua milicia progubernamental mandada por el NISS;

G.  Considerando que el 29 de febrero de 2016 el NISS atacó brutalmente el Centro de formación y desarrollo humano (TRACKS) de Jartum, una organización de la sociedad civil, y que tras dicho ataque fueron detenidos y acusados de conspiración y de luchar contra el Estado, acusaciones que conllevan la pena de muerte, su director y los activistas Adil Bakheit, Arwa Ahmed Elrabie, Nudaina Kamal, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman y Al-Baqir Al-Afif Mukhtar; que se ha comunicado que el estado de salud del director es malo y que no se le permite recibir visitas de sus familiares;

H.  Considerando que las autoridades sudanesas imponen duras restricciones a la libertad de religión; que las amenazas contra dirigentes religiosos y la intimidación de las comunidades cristianas han continuado a un ritmo acelerado durante los últimos años; que el trabajador cristiano Petr Jašek, de nacionalidad checa, los pastores Hassan Abduraheem Kodi Taour y Kuwa Shamal, y el graduado de Darfur Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla, de nacionalidad sudanesa, ya llevan nueve meses detenidos por el NISS y se enfrentan a juicio bajo la acusación de informar del supuesto sufrimiento de los cristianos en las zonas de Sudán asoladas por la guerra; que en los últimos años se ha producido un incremento del número de juicios por apostasía y de las consiguientes condenas a muerte;

I.  Considerando el reciente despliegue de las RSF a lo largo de la frontera norte de Sudán para detener los flujos de inmigrantes irregulares; que el 31 de agosto de 2016 el comandante de las RSF declaró que estas patrullaban en esa frontera con Egipto y Libia, y que al hacerlo Sudán lucha contra la inmigración ilegal en nombre de la Unión; que el pasado 6 de septiembre de 2016 la delegación de la Unión en Sudán negó que así fuera;

J.  Considerando que, el 24 de agosto de 2016, 48 sudaneses que eran potenciales solicitantes de asilo fueron deportados de Italia a Sudán; que en mayo de 2016 las autoridades sudanesas deportaron a más de 400 eritreos que habían sido detenidos cuando viajaban hacia Libia;

K.  Considerando que las autoridades sudanesas dictan un número desproporcionado de condenas contra mujeres y niñas por delitos mal definidos; que las mujeres se enfrentan a una discriminación sistémica y a la imposición de castigos corporales y de flagelación por cometer infracciones del código vestimentario vagamente definidas;

L.  Considerando que los cofirmantes del «Llamamiento de Sudán» (representantes de partidos de la oposición política y armada, como el Partido Nacional Umma, las Fuerzas del Consenso Nacional y el Frente Revolucionario de Sudán) se han comprometido a trabajar para poner fin a los conflictos que azotan diferentes regiones de Sudán e introducir reformas jurídicas, institucionales y económicas;

M.  Considerando que en 2009 y 2010 la Corte Penal International (CPI) emitió dos órdenes de detención contra el Presidente al-Bashir, basadas en la acusación de que es responsable de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio; que, aunque Sudán no es un Estado parte del Estatuto de Roma, en la Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se le pide que coopere con la CPI, por lo que Sudán debe cumplir la orden de detención de la CPI;

N.  Considerando que, en junio de 2008, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión reunidos en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores concluyeron que el Consejo está dispuesto a estudiar medidas contra las personas responsables de no cooperar con la CPI;

O.  Considerando que la Unión está realizando actualmente con Sudán un proyecto relativo a «Una mejor gestión de la migración»;

1.  Deplora el uso de armas químicas contra civiles en la zona de Jebel Marra en Darfur por parte del Gobierno de Sudán y señala que esto constituye una grave violación de las normas internacionales, además de un crimen de guerra; recuerda que Sudán es parte en la Convención sobre armas químicas, y pide una investigación internacional sobre estas denuncias coordinada por la Organización para la prohibición de las armas químicas; recuerda a las autoridades sudanesas que tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos;

2.  Sigue profundamente preocupado por las persistentes ejecuciones ilegales, los secuestros y la violencia sexual y de género en las zonas en conflicto, en particular en Darfur, el Kordofán Meridional y el Nilo Azul, así como por la grave situación humanitaria causada por los enormes desplazamientos internos; pide el cese inmediato de los bombardeos aéreos de civiles por las fuerzas sudanesas;

3.  Condena las detenciones y arrestos arbitrarios de activistas así como la continua detención de defensores de los derechos humanos y periodistas en Sudán; insta al Gobierno de Sudán a que garantice el ejercicio pacífico de las libertades de expresión, asociación y reunión; subraya que el diálogo nacional solamente dará resultados si se desarrolla en un clima en el que estén garantizadas las libertades de expresión, de los medios de comunicación, de asociación y de reunión;

4.  Pide a la Unión Africana y al Gobierno de Sudán que investiguen de inmediato todas las denuncias de torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza y que hagan rendir cuentas a los responsables en juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte; pide al Gobierno de Sudán que decrete una moratoria inmediata de todas las ejecuciones y abola la pena de muerte y toda forma de castigo corporal;

5.  Manifiesta su preocupación particular por las restricciones de acceso que se siguen imponiendo a las agencias y organizaciones humanitarias internacionales; pide que el Gobierno de Sudán realice todos los esfuerzos posibles para mejorar el acceso de las agencias humanitarias internacionales a todos los que buscan ayuda humanitaria, de conformidad con los compromisos asumidos durante el examen periódico universal; insta al Gobierno de Sudán a que colabore de manera constructiva con las organizaciones de la sociedad civil con el fin de promover sin demora la sensibilización en materia de derechos humanos en Sudán;

6.  Reafirma que la libertad de religión, de conciencia o de convicciones es un derecho humano universal que debe protegerse en todo lugar y respecto de cada persona; pide al Gobierno de Sudán que derogue toda disposición jurídica que penalice o discrimine a las personas por sus creencias religiosas, especialmente en el caso de la apostasía;

7.  Manifiesta su preocupación por el aumento de las medidas represivas por parte del NISS contra ciudadanos que son activistas de la sociedad civil, y pide a Sudán que libere a los detenidos de manera inmediata e incondicional, que ponga fin inmediatamente a las detenciones arbitrarias, retire todos los cargos derivados de sus actividades pacíficas y permita a las ONG, como al personal del TRACKS, a sus afiliados y a los estudiantes activistas realizar su trabajo sin miedo a represalias;

8.  Toma nota de la aceptación por parte de Sudán de las recomendaciones de ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de redoblar los esfuerzos para prevenir la tortura y los tratos inhumanos; pide, no obstante, al Gobierno sudanés que lleve a cabo una revisión urgente de su Ley de Seguridad Nacional, que permite la detención de sospechosos durante cuatro meses y medio sin ningún tipo de control judicial, y que reforme su sistema judicial de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos;

9.  Pide al Gobierno de Sudán que derogue las amplias inmunidades que prevé la legislación sudanesa, publique las conclusiones de las tres comisiones de investigación estatales y admita públicamente la magnitud de los asesinatos cometidos durante la represión de los manifestantes contra las medidas de austeridad en septiembre de 2013, y que haga justicia a sus víctimas;

10.  Recuerda las conclusiones de junio de 2008 del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, en las que se recoge la continua falta de cooperación del Gobierno de Sudán con la CPI, y señala que el Gobierno de Sudán tiene la obligación y la capacidad de cooperar, y que debe respetarse toda orden de detención emitida por la CPI; insta a Omar al-Bashir a respetar el Derecho internacional y a comparecer ante la CPI por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio;

11.  Pide a los Estados miembros de la Unión Africana, y en particular a aquellos países que han acogido al Presidente Bashir (la República Democrática del Congo, Chad, Sudáfrica, Uganda y Yibuti), que respeten el Estatuto de Roma y las decisiones de la CPI;

12.  Pide a la Unión que imponga sanciones punitivas selectivas a los responsables de los repetidos crímenes de guerra y de la negativa a cooperar con la CPI; pide al SEAE que elabore sin más dilación una lista de las personas objeto de esas sanciones;

13.  Observa que el Gobierno de Sudán firmó el 16 de marzo de 2016 el acuerdo sobre la hoja de ruta y que posteriormente ha aclarado sus compromisos relativos a la inclusión de otras partes interesadas en el diálogo nacional y de seguir respetando las decisiones acordadas entre los signatarios de la oposición y el Mecanismo 7+7, el comité director del diálogo nacional; insiste en la necesidad de que todas las partes respeten sus compromisos y pide un diálogo permanente orientado a alcanzar un alto el fuego definitivo; pide a la Unión y a sus Estados miembros que mantengan su compromiso de apoyar los esfuerzos de la Unión Africana para llevar la paz a Sudán y al pueblo sudanés en su transición hacia una democracia reformada internamente;

14.  Pide a la Misión conjunta de las Naciones Unidas y de la Unión Africana en Darfur (UNAMID) que establezca una presencia permanente dentro de Jebel Marra; pide a la UNAMID que investigue sin demora las denuncias de violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional por parte de miembros de las fuerzas gubernamentales sudanesas y de las fuerzas de la oposición en Jebel Marra, y que informe públicamente al respecto;

15.  Pide al SEAE y a la Comisión que supervisen de cerca la ayuda al desarrollo prestada por la Unión para prevenir todo apoyo directo o indirecto a las milicias locales, y que se aseguren de que las RSF que patrullan en las fronteras de Sudán con Egipto y Libia no pretendan combatir la migración ilegal en nombre de la Unión;

16.  Insta, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros interesados que garanticen una total transparencia en relación con el proyecto «Una mejor gestión de la migración» que se realiza con Sudán, incluidas todas las actividades programadas y los beneficiarios de los fondos nacionales y de la Unión, y que elabore un informe exhaustivo sobre la visita de una delegación técnica de la Unión a Sudán en mayo de 2016;

17.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que garanticen que el Parlamento Europeo esté plenamente informado del diálogo establecido en el marco del Proceso de Jartum y que las actividades financiadas a través del Fondo Fiduciario de la Unión para África, en particular las destinadas a reforzar las capacidades del Gobierno de Sudán, se realicen respetando rigurosamente los acuerdos existentes, y velando por que el cumplimiento de las obligaciones y las leyes internacionales sea totalmente transparente para los ciudadanos y las sociedades civiles de la Unión y de Sudán;

18.  Observa con preocupación las violaciones constantes y repetidas de los derechos de las mujeres en Sudán, en concreto del artículo 152 del Código Penal, e insta a las autoridades sudanesas a que firmen y ratifiquen cuanto antes la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

19.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, al Gobierno de Sudán, a la Unión Africana, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y del Parlamento Panafricano, y a la Organización para la prohibición de las Armas Químicas.

 

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