Procedimiento : 2016/2934(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B8-1232/2016

Textos presentados :

RC-B8-1232/2016

Debates :

Votaciones :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0456

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 290kWORD 84k
21.11.2016
PE593.662v01-00}
PE593.664v01-00}
PE593.665v01-00}
PE593.668v01-00}
PE593.672v01-00} RC1
 
B8-1232/2016}
B8-1233/2016}
B8-1234/2016}
B8-1237/2016}
B8-1240/2016} RC1

presentada de conformidad con el artículo 123, apartados 2 y 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:

Verts/ALE (B8-1232/2016)

S&D (B8-1233/2016)

PPE (B8-1234/2016)

ALDE (B8-1237/2016)

ECR (B8-1240/2016)


sobre la situación en Bielorrusia (2016/2934(RSP))


Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz en nombre del Grupo PPE
Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andrejs Mamikins, Knut Fleckenstein, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Nilsson en nombre del Grupo S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski en nombre del Grupo ECR
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström en nombre del Grupo ALDE
Heidi Hautala, Rebecca Harms, Igor Šoltes en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Bielorrusia (2016/2934(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones y recomendaciones sobre Bielorrusia,

–  Vistas las elecciones parlamentarias celebradas el 11 de septiembre de 2016 y las elecciones presidenciales celebradas el 11 de octubre de 2015,

–  Vista la declaración del presidente de su Delegación para las Relaciones con Bielorrusia, de 13 de septiembre de 2016, sobre las recientes elecciones parlamentarias celebradas en este país,

–  Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, de 12 de septiembre de 2016, sobre las elecciones parlamentarias celebradas en Bielorrusia,

–  Vista la declaración preliminar de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OSCE/OIDDH), la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 12 de septiembre de 2016, sobre las elecciones parlamentarias celebradas en Bielorrusia,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Bielorrusia, y en particular las de 16 de febrero de 2016, por las que se suspenden las medidas restrictivas contra ciento setenta personas y tres empresas bielorrusas,

–  Visto el informe definitivo de la OSCE, de 28 de enero de 2016, sobre las elecciones presidenciales celebradas en Bielorrusia el 11 de octubre de 2015,

–  Vistas las numerosas declaraciones efectuadas por las autoridades bielorrusas en el sentido de que algunas de las recomendaciones de la OSCE/OIDDH formuladas a raíz de las elecciones presidenciales de 2015 se aplicarían para las elecciones parlamentarias de 2016,

–  Vistas la liberación de seis presos políticos por parte de las autoridades bielorrusas, el 22 de agosto de 2015, y la posterior declaración, también de 22 de agosto de 2015, de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y del comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn, sobre la puesta en libertad de los presos políticos en Bielorrusia,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, en su informe definitivo sobre las elecciones presidenciales celebradas en Bielorrusia en 2015, la OSCE/OIDDH formuló, junto con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, una serie de recomendaciones que Bielorrusia debía aplicar antes de las elecciones parlamentarias de 2016;

B.  Considerando que, con el fin de mejorar sus relaciones con Occidente, las autoridades bielorrusas permitieron a los partidos de la oposición democrática registrarse más fácilmente que en elecciones anteriores y otorgaron a los observadores extranjeros un mayor acceso al recuento de votos, según la evaluación efectuada por la OIDDH;

C.  Considerando que, el 6 de junio de 2016, el presidente de Bielorrusia convocó elecciones a la Cámara de Representantes; que estas elecciones se celebraron el 11 de septiembre de 2016; que más de 827 observadores internacionales y 32 100 ciudadanos observadores fueron acreditados para las elecciones, y que, respondiendo a una invitación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, se desplegó una misión de observación de la OSCE/OIDDH para hacer un seguimiento del proceso electoral;

D.  Considerando que, según la evaluación de las elecciones parlamentarias de 2016 efectuada por la OSCE/OIDDH, estas se organizaron de manera eficiente aunque persistieron antiguas deficiencias sistémicas, incluidas las restricciones que impone el marco jurídico a los derechos políticos y las libertades fundamentales; que se constataron numerosas irregularidades de procedimiento en relación con el recuento y la tabulación anticipados, que no fueron transparentes;

E.  Considerando que, tras un largo periodo de ausencia, estará representada en el Parlamento bielorruso una oposición democrática; que, según el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, los sistemas jurídico y administrativo que subyacen a las restricciones de los derechos humanos permanecen inalterados; que se espera que dos diputados independientes actúen como verdadera oposición;

F.  Considerando que desde 1994 no se han celebrado en Bielorrusia unas elecciones libres y justas en el marco de una legislación electoral acorde con las normas de la OSCE/OIDDH reconocidas internacionalmente;

G.  Considerando que, en febrero de 2016, la Unión suspendió la mayor parte de sus medidas restrictivas contra funcionarios y entidades jurídicas de Bielorrusia como gesto de buena voluntad para alentar al país a mejorar su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho; que, en sus Conclusiones sobre Bielorrusia, de 15 de febrero de 2016, el Consejo destacó la necesidad de mejorar la cooperación entre la Unión y Bielorrusia en varios ámbitos de la economía, el comercio y la ayuda, lo que ofrece a Bielorrusia la posibilidad de solicitar financiación del BEI y el BERD; que se han constatado algunos esfuerzos destinados a resolver problemas antiguos antes de las elecciones de 2016, pero que siguen pendientes de resolución numerosos problemas en relación con el marco electoral jurídico y procedimental;

H.  Considerando que los dos grupos bielorrusos de observación electoral, Defensores de los Derechos Humanos por unas Elecciones Libres y Derecho a Elegir - 2016, han condenado las últimas elecciones porque no se ajustan a varias normas internacionales fundamentales y no constituyen un reflejo creíble de la voluntad de los ciudadanos bielorrusos;

I.  Considerando que los grupos bielorrusos de observación electoral recopilaron pruebas concretas de los considerables esfuerzos realizados a escala nacional para inflar la participación total durante el periodo de votación anticipada de cinco días (6-10 de septiembre) y en el día de las elecciones (11 de septiembre), y que el único instituto de sondeos electorales independiente de Bielorrusia, el NISEPI, suspendió sus actividades por las presiones del Gobierno, lo que dificulta en extremo la valoración de las auténticas preferencias políticas de los bielorrusos;

J.  Considerando que, por primera vez, una parte de las fuerzas de la oposición bielorrusa de centro derecha presentó el 18 de noviembre de 2015 un acuerdo de cooperación de cara a una candidatura conjunta en las elecciones parlamentarias de 2016;

K.  Considerando que la primera visita de la Delegación del Parlamento para las Relaciones con Bielorrusia desde 2002 tuvo lugar los días 18 y 19 de junio de 2015 en Minsk; que, en la actualidad, el Parlamento Europeo no mantiene relaciones oficiales con el Parlamento bielorruso;

L.  Considerando que Bielorrusia desempeñó un papel constructivo a la hora de facilitar un acuerdo de alto el fuego en Ucrania;

M.  Considerando que la agresión rusa contra Ucrania y la anexión ilegal de Crimea han exacerbado los temores de la sociedad bielorrusa a una desestabilización de la situación interna como consecuencia de un cambio en el poder; que, no obstante, el pueblo bielorruso no ha abandonado su esperanza de lograr reformas significativas y una transformación pacífica de su país;

N.  Considerando que la economía bielorrusa lleva más de veinte años paralizada y que los principales sectores siguen siendo propiedad del Estado y continúan sometidos a un sistema de mando y control administrativo; que la dependencia económica de Bielorrusia respecto de la ayuda económica de Rusia sigue aumentando constantemente y que los resultados económicos de Bielorrusia figuran entre los peores de los países de la Unión Económica Euroasiática, con un PIB que en el periodo 2015-2016 cayó en más de 30 000 millones de dólares estadounidenses, por ejemplo;

O.  Considerando que Bielorrusia es el único país de Europa que aún aplica la pena capital; que el 4 de octubre el Tribunal Supremo de Bielorrusia confirmó la sentencia de muerte dictada contra Siarguéi Vostrykau; que se trata de la cuarta confirmación de una sentencia de muerte por el Tribunal Supremo de Bielorrusia en 2016;

P.  Considerando que las organizaciones de defensa de los derechos humanos han puesto de relieve los nuevos métodos de acoso a la oposición; que las autoridades bielorrusas no han abandonado las prácticas represivas contra sus oponentes políticos; que siguen considerando administrativamente responsables a los manifestantes pacíficos, al tiempo que restringen los derechos civiles y políticos y se constata la existencia de nuevos presos políticos; que las autoridades bielorrusas no han adoptado ninguna medida encaminada a introducir cambios sistémicos y cualitativos en el ámbito de los derechos humanos, especialmente en el plano legislativo;

Q.  Considerando que una mejora significativa en el ámbito de la libertad de expresión y de los medios de comunicación, el respeto de los derechos políticos de la mayoría de los ciudadanos y de los activistas de la oposición y el respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales son condiciones sine qua non para mejorar las relaciones entre la Unión y Bielorrusia, y que la Unión mantiene su firme compromiso de seguir defendiendo los derechos humanos en Bielorrusia, incluida la libertad de expresión y de los medios de comunicación;

R.  Considerando que, el 25 de octubre de 2016, Bielorrusia adoptó su Plan de acción nacional para los derechos humanos, que fue aprobado mediante una resolución del Consejo de Ministros; que, de acuerdo con las autoridades de Bielorrusia, este plan define las principales líneas de actuación para aplicar los compromisos del país en el ámbito de los derechos humanos;

S.  Considerando que uno de los objetivos de la participación de Bielorrusia en la Asociación Oriental y su rama parlamentaria, Euronest, consiste en reforzar la cooperación entre el país y la Unión; que el Parlamento bielorruso no tiene un estatuto oficial en la Asamblea Parlamentaria Euronest;

T.  Considerando que Bielorrusia está construyendo actualmente su primera central nuclear en Ostrovets, en la frontera con la Unión; que todo país que desarrolle la energía nuclear está obligado a cumplir estrictamente los requisitos y las normas internacionales que regulan la seguridad nuclear y ambiental; que el Gobierno de Bielorrusia, en la medida en que asume la plena responsabilidad de la seguridad y la protección de las instalaciones nucleares ubicadas en su territorio, está obligado a cumplir sus obligaciones frente a sus propios ciudadanos y con respecto a los países vecinos, y que los principios de apertura y transparencia deben presidir el desarrollo, la explotación y el desmantelamiento de las instalaciones nucleares;

1.  Manifiesta una vez más su profunda preocupación ante las deficiencias constatadas por los observadores internacionales independientes durante las elecciones presidenciales de 2015 y las elecciones parlamentarias de 2016; toma nota de los esfuerzos por progresar, que aún son insuficientes; observa que el Parlamento elegido recientemente contará con un representante del partido de la oposición y un representante del sector no gubernamental; considera, no obstante, que se trata de nombramientos políticos y no del fruto del proceso electoral; observa que el examen de las futuras propuestas legislativas presentadas por estos dos diputados será una prueba de fuego para las intenciones políticas de las autoridades subyacentes a sus nombramientos;

2.  Pide a las autoridades bielorrusas que reanuden sin demora los trabajos de reforma exhaustiva del sistema electoral en el marco de un proceso de democratización global y en cooperación con los socios internacionales; destaca la necesidad de introducir las recomendaciones de la OSCE/OIDDH con la debida antelación antes de las elecciones municipales de marzo de 2018 y de que los observadores nacionales e internacionales las cumplan; destaca que este es un elemento fundamental para lograr los progresos deseados en las relaciones entre la Unión y Bielorrusia;

3.  Reitera su petición a las autoridades bielorrusas para que garanticen en cualquier circunstancia el respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por Bielorrusia;

4.  Pide al Gobierno de Bielorrusia que rehabilite a todos los presos políticos liberados y que restablezca plenamente sus derechos civiles y políticos;

5.  Constata con preocupación que en Bielorrusia no se ha registrado ningún partido político nuevo desde 2000; pide que se supriman todas las restricciones a este respecto; insiste en que todos los partidos políticos deben poder desarrollar su actividad política sin restricciones, especialmente durante el periodo de campaña electoral;

6.  Espera que las autoridades dejen de acosar a los medios de comunicación independientes por razones políticas; insta a que se ponga fin a la práctica de la persecución administrativa y al recurso arbitrario al artículo 22.9, punto 2, del Código Administrativo contra periodistas independientes por trabajar con medios de comunicación extranjeros sin acreditación, lo que restringe el derecho a la libertad de expresión y la difusión de la información;

7.  Pide al Gobierno bielorruso que revoque sin demora el artículo 193/1 de su Código Penal, que penaliza la organización de actividades por asociaciones y organizaciones públicas no registradas y la participación en ellas, y que autorice el funcionamiento legal, pleno, libre y sin trabas de las asociaciones y organizaciones públicas; señala a la Comisión que, como consecuencia de la aplicación del artículo 193/1 y de otras medidas restrictivas, más de ciento cincuenta ONG bielorrusas están registradas actualmente en Lituania, Polonia, la República Checa y otros países;

8.  Insta a las autoridades bielorrusas a que revisen la política con arreglo a la cual la ayuda financiera internacional al sector no gubernamental de Bielorrusia sigue sometida a una fuerte carga impositiva;

9.  Insta a Bielorrusia, único país de Europa que todavía aplica la pena capital y que ha reanudado recientemente las ejecuciones, a que se adhiera a una moratoria global de la ejecución de la pena capital como primer paso hacia su abolición definitiva; recuerda que la pena de muerte es un trato inhumano y degradante que no tiene efectos disuasorios demostrados y que hace irreversibles los errores judiciales; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a la Comisión que den especial prioridad a estas preocupaciones en el diálogo sobre derechos humanos en curso entre la Unión y Bielorrusia; celebra, en este contexto, la aprobación por el Consejo de Ministros de Bielorrusia del Plan de acción para la aplicación de las recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo sobre el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y espera que se aplique en su totalidad;

10.  Pide al SEAE y a la Comisión que prosigan y refuercen su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Bielorrusia y en el extranjero; subraya, en este contexto, la necesidad de respaldar todas las fuentes de información independientes de la sociedad bielorrusa, entre ellas los medios de comunicación que emiten en lengua bielorrusa y desde el extranjero;

11.  Toma nota del inicio, en enero de 2014, de las negociaciones sobre la facilitación de expedición de visados destinada a mejorar los contactos entre los ciudadanos y a estimular la creación de organizaciones de la sociedad civil; subraya que la Comisión y el SEAE deberían tomar las medidas necesarias para acelerar los progresos en este sentido;

12.  Respalda a la Unión en su política de «cooperación crítica» con las autoridades bielorrusas y manifiesta su disposición a contribuir a dicha política también por medio de su Delegación para las Relaciones con Bielorrusia; pide a la Comisión que efectúe un atento seguimiento de las iniciativas legislativas y supervise su aplicación; recuerda que la Unión debe asegurarse de que sus recursos no se destinen a reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes y los líderes de la oposición;

13.  Expresa su preocupación por los problemas de seguridad que plantea la construcción de una central nuclear bielorrusa en Ostrovets, a menos de 50 kilómetros de Vilna, la capital de Lituania, y cerca de la frontera polaca; destaca la necesidad de que la ejecución de este proyecto se someta a una amplia supervisión internacional con el fin de garantizar que respeta los requisitos y las normas internacionales en materia de seguridad nuclear y medioambiental, incluidos los Convenios de Espoo y de Aarhus de las Naciones Unidas; pide a la Comisión que incluya la cuestión de la seguridad y la transparencia de esta central nuclear en construcción en su diálogo con Bielorrusia y Rusia, habida cuenta de que está financiada por Rusia y se basa en tecnología Rosatom, y que proporcione al Parlamento y a los Estados miembros, en particular a los vecinos de Bielorrusia, informes periódicos;

14.  Valora en gran medida, y espera con interés, la adhesión de Bielorrusia a la Asamblea Parlamentaria Euronest, de conformidad con su acto constitutivo, tan pronto como se cumplan las condiciones políticas apropiadas, dado que esta adhesión representaría la prolongación natural de la participación de Bielorrusia en el marco de cooperación multilateral de la Asociación Oriental;

15.  Reitera su compromiso de trabajar en favor del pueblo de Bielorrusia, apoyar sus aspiraciones e iniciativas en favor de la democracia y contribuir a que el país tenga un futuro estable, democrático y próspero;

16.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a la OSCE/OIDDH, al Consejo de Europa y a las autoridades de Bielorrusia.

 

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