Procedimiento : 2017/2507(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B8-0074/2017

Textos presentados :

RC-B8-0074/2017

Debates :

PV 19/01/2017 - 4.2
CRE 19/01/2017 - 4.2

Votaciones :

PV 19/01/2017 - 7.2

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0003

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 293kWORD 58k
18.1.2017
PE596.784v01-00}
PE596.786v01-00}
PE598.393v01-00}
PE598.400v01-00} RC1
 
B8-0074/2017}
B8-0076/2017}
B8-0085/2017}
B8-0092/2017} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:

S&D (B8-0074/2017)

ECR (B8-0076/2017)

EFDD (B8-0085/2017)

PPE (B8-0092/2017)


sobre la situación en la República Centroafricana  (2017/2507(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Jeroen Lenaers, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Mariya Gabriel, Seán Kelly, Giovanni La Via, Anna Maria Corazza Bildt en nombre del Grupo PPE
Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo en nombre del Grupo S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Arne Gericke en nombre del Grupo ECR
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi en nombre del Grupo EFDD
ENMIENDAS

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en la República Centroafricana  (2017/2507(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la República Centroafricana, en particular la de 7 de junio de 2016, sobre las operaciones de apoyo a la paz - compromiso de la UE con las Naciones Unidas y la Unión Africana(1),

–  Vista la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2301 (2016), por la que se prorroga el mandato de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) hasta el 15 de noviembre de 2017, aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7747ª sesión, celebrada el 26 de julio de 2016,

–  Vistos el informe de derechos humanos de las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 2016 y la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior de 6 de enero de 2017 sobre los ataques sufridos por la MINUSCA,

–  Vista la copresidencia de la Conferencia de Bruselas sobre la República Centroafricana de 17 de noviembre de 2016 a cargo de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, y el presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra,

–  Visto el informe de la Unión, de 21 de octubre de 2016, sobre la República Centroafricana presentado ante el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas por Joanne Adamson, jefa adjunta de la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas,

–  Visto el informe de 22 de julio de 2016 de la experta independiente de las Naciones Unidas designada por el Consejo de los Derechos Humanos para supervisar, informar y asesorar respecto de la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana, y su declaración de 16 de noviembre de 2016 previa a la reunión de donantes de Bruselas,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de 9 de febrero de 2015, 20 de julio de 2015 y 14 de marzo de 2016 sobre la República Centroafricana, y de 19 de abril de 2016 sobre la celebración pacífica de elecciones en la República Centroafricana,

–  Vista la declaración de 8 de julio de 2016 del presidente de la Configuración para la República Centroafricana de la Comisión de Consolidación de la Paz ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para informar sobre la situación de dicho país,

–  Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado,

–  Visto el Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional (CPI), ratificado por la República Centroafricana en 2001,

–  Visto el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que ha sido firmado por la República Centroafricana,

–  Visto el informe de Amnistía Internacional de 11 de enero de 2017 titulado «The long wait for justice: accountability in Central African Republic»,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, tras el violento conflicto entre la coalición rebelde Seleka y la milicia antibalaka, la República Centroafricana, con el apoyo de la comunidad internacional, ha avanzado de modo impresionante desde 2013 hacia la restauración del orden constitucional, al organizar con éxito unas elecciones pacíficas, y la realización de la transición política;

B.  Considerando que a pesar de los avances políticos, la República Centroafricana sigue sumida en la inestabilidad, con disturbios esporádicos agravados por enfrentamientos violentos en diversos lugares, lo que ha provocado numerosos desplazamientos de la población en el oeste, el norte y el este del país; que la falta de libertades civiles, la desigualdad de género y las restricciones de la libertad de religión, así como las tensiones entre comunidades, siguen causando una grave preocupación por lo que se refiere a la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana;

C.  Considerando que la misión de las Naciones Unidas cuenta con hasta 10 750 miembros dedicados al mantenimiento de la paz, pero que algunos civiles han denunciado que no se hace lo suficiente para protegerlos de las decenas de grupos armados; que en el informe de derechos humanos de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 2016, sobre homicidios arbitrarios se citaba la violencia sexual en la República Centroafricana;

D.  Considerando que en diciembre de 2016, la misión MINUSCA apoyó un nuevo diálogo entre 11 de los 14 grupos armados y el Gobierno, como parte del esfuerzo en curso por desarmar a las facciones que actúan en la República Centroafricana; que el 4 de enero de 2017, según la MINUSCA, una cincuentena de personas atacó a una patrulla de sus fuerzas de mantenimiento de la paz cuando volvía de la ciudad de Koui, a unos 60 km al oeste de Obo, muriendo dos de sus miembros a manos de insurgentes no identificados, y que otro miembro de las fuerzas de mantenimiento de la paz murió en un ataque similar que tuvo lugar el 7 de enero de 2017 al noroeste de Bokayi;

E.  Considerando que la reconstrucción del sector de la justicia está aún en sus inicios, y que la capacidad de la policía sigue siendo extremadamente limitada, lo que, junto a la falta de un sistema judicial que funcione correctamente, implica que apenas se haya actuado para poner fin o responder a los abusos de los derechos humanos y llevar a los responsables ante los tribunales;

F.  Considerando que, según Amnistía Internacional, la falta de justicia en la República Centroafricana es tan grave que algunas víctimas tienen que convivir cotidianamente con sus agresores, ya que cientos de ellos han escapado de las cárceles y muchos de los acusados de los peores crímenes nunca han sido detenidos; que solo 8 de los 35 centros penitenciarios están en funcionamiento y que pocos son los tribunales que están en activo fuera de Bangui;

G.  Considerando que, desde agosto de 2016, se ha registrado en la República Centroafricana un aumento alarmante del número de casos de abusos de los derechos humanos y de violaciones del Derecho humanitario internacional perpetrados por las diferentes facciones de los antiguos Seleka, los antibalaka y sus afines, con el resultado de al menos un centenar de muertes, el desplazamiento forzoso de civiles y la destrucción de bienes; que las organizaciones de derechos humanos han informado de importantes combates en la República Centroafricana a finales de noviembre de 2016 entre dos grupos Seleka, en los que han perdido la vida al menos 14 civiles y 76 han resultado heridos;

H.  Considerando que según Vladimir Montero, portavoz de la MINUSCA en Bangui, estos ataques no solo se dirigen contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, sino también contra actores humanitarios y la población civil;

I.  Considerando que entre el 28 y el 30 de noviembre de 2016 murieron al menos 115 personas en las escaramuzas entre dos grupos (ambos facciones de Seleka: el Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana [FPRC] y la Unión para la Paz en la República Centroafricana [UPC]) por el control de las carreteras que conducen a las minas de diamantes de los alrededores de Kalaga, ciudad a unos 45 km de Bria, en las que ambas facciones recaudan «impuestos de circulación», especialmente en las zonas mineras y en las rutas migratorias de los pastores peuhl;

J.  Considerando que, en mayo de 2016, la Quinta Comisión de las Naciones Unidas adoptó una resolución sobre cuestiones intersectoriales relativas al mantenimiento de la paz en la que acogía con beneplácito la determinación del secretario general de aplicar plenamente la política de tolerancia cero, reafirmaba la necesidad de una mayor coordinación en el apoyo a las víctimas y ampliaba la política de transparencia de las Naciones Unidas respecto de las denuncias de explotación y abusos sexuales;

K.  Considerando que, el 17 de noviembre de 2016, la VP/AR, Federica Mogherini, y el presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, movilizaron a la comunidad internacional con el fin de generar apoyo político y compromisos concretos para apoyar la ambiciosa agenda de las autoridades de la República Centroafricana para lograr la paz, la seguridad y la reconciliación en todo el país, así como para promover el desarrollo y la recuperación económica;

L.  Considerando que, según las Naciones Unidas, casi la mitad de la población de la República Centroafricana sufre inseguridad alimentaria y necesita asistencia humanitaria; que el 40 % de los niños menores de tres años sufren malnutrición crónica y uno de cada cinco niños no llegará a cumplir los cinco años;

M.  Considerando que, según las estimaciones, 2,2 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria este año, entre ellas, 1,1 millón de niños; que se estima que a finales de 2016 había 420 000 desplazados internos y otras 453 000 personas habían buscado refugio en los países vecinos;

N.  Considerando que en los tres últimos años la Unión ha sido el mayor donante de asistencia a la República Centroafricana, al haber comprometido más de 500 millones de euros para el país; que, por lo que se refiere a la ayuda humanitaria, solo la Comisión ha contribuido con 124 millones de euros (además de 30 millones destinados a los refugiados centroafricanos en los países vecinos) desde diciembre de 2013; que la Unión anunció en la conferencia de donantes de Bruselas, el 17 de noviembre de 2016, un aumento de 409 millones de euros de financiación para la reconstrucción, la consolidación de la paz y las necesidades humanitarias de la República Centroafricana;

O.  Considerando que el Ejército de Resistencia del Señor (ERS) ha aumentado sus actividades en el este de la República Centroafricana, expandiéndose más allá de las zonas mineras y perpetrando ataques en los que se han producido saqueos, privaciones arbitrarias de libertad, destrucción y confiscación de bienes de civiles y secuestros; que, según las indicaciones del instrumento de seguimiento de las crisis provocadas por el ERS (el LRA Crisis Tracker), desde enero de 2016 se ha denunciado el secuestro, a manos del ERS, de 344 personas, entre ellos más de 60 niños, y que, además, miles de civiles se han visto desplazados en las zonas en las que opera;

P.  Considerando que, el 15 de julio de 2014, la Unión creó su primer fondo fiduciario de donantes múltiples, denominado «Bêkou» y dedicado a la República Centroafricana, que contribuye a la estabilización y la reconstrucción del país;

Q.  Considerando que la situación general en materia de seguridad ha mejorado desde 2013, en particular en Bangui, pero sigue siendo delicada y los brotes de violencia han aumentado nuevamente en los últimos meses; que en todo el país siguen cometiéndose delitos como asesinatos, torturas, violencia sexual, robos, secuestros, destrucción de bienes y tenencia y comercio ilegal de armas;

R.  Considerando que, debido a las limitaciones de financiación, el Programa Mundial de Alimentos ha anunciado que será necesario reducir en mayor medida la cantidad de alimentos que proporciona y que, a partir de febrero de 2017, podría tener que suspender la ayuda alimentaria totalmente;

S.  Considerando que el comercio ilícito y la extracción de diamantes y madera alimentan el conflicto, dado que contribuyen a la financiación de los grupos armados;

T.  Considerando que la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) ha trabajado de forma continuada, desde 2003, para consolidar la democracia, el Estado de Derecho y la paz en la República Centroafricana, y continúa trabajando en el contexto actual de reconstrucción después de la crisis; que la labor de la OIF es crucial para reforzar las capacidades de las instituciones centroafricanas, prestar ayuda técnica para el establecimiento de un tribunal penal especial, apoyar el establecimiento de una comisión nacional de derechos humanos, apoyar la consolidación del marco administrativo y jurídico para la celebración de elecciones, proporcionar asistencia técnica para la aplicación de programas de desarme, desmovilización y reintegración, y de reforma del sector de la seguridad, así como prestar ayuda técnica al tribunal penal especial mediante la movilización de jueces francófonos;

1.  Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el presidente Touadéra y su Gobierno en favor de la paz y la reconciliación en la República Centroafricana, en un contexto de décadas de subdesarrollo y fragilidad, y varios años de conflicto armado; pide al Gobierno de la República Centroafricana que intensifique en mayor medida estos esfuerzos, en particular en lo que respecta al diálogo con los grupos armados, a la reforma del sector de la seguridad y al desarme, la desmovilización y la reintegración, así como en lo relativo a la restauración de los sistemas judicial y penal, a fin de luchar contra la impunidad;

2.  Condena enérgicamente la pérdida de medios de subsistencia y de bienes, las violaciones y abusos del Derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos, en particular los asesinatos arbitrarios, la violencia sexual, el trato inhumano y todas las formas de ataque, así como las agresiones y provocaciones contra la población civil y las fuerzas de mantenimiento de la paz; recuerda que ese tipo de ataques selectivos puede constituir un crimen de guerra con arreglo al Derecho internacional humanitario; transmite sus sinceras condolencias a los Gobiernos de Marruecos y Bangladesh, a las familias de las víctimas y a la MINUSCA; hace hincapié en que los ataques dirigidos contra las fuerzas de mantenimiento de la paz son inaceptables y contravienen todas las normas internacionales;

3.  Considera que la celebración pacífica de las elecciones conjuntas del 14 de febrero de 2016 en la República Centroafricana, con una considerable tasa de participación, supone un verdadero éxito para el proceso de transición política; elogia a las autoridades por sus esfuerzos, que han contribuido a aumentar la credibilidad y la transparencia de las elecciones; acoge con satisfacción el compromiso de la MINUSCA y el apoyo de la operación Sangaris, que han contribuido en gran medida a garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral;

4.  Apoya firmemente a la autoridad del secretario general de las Naciones Unidas en lo que respecta a la aplicación de la política de transparencia de las Naciones Unidas (tolerancia cero) en relación con las acusaciones de explotación y abusos sexuales, y acoge con satisfacción las iniciativas que ha llevado a cabo hasta el momento en la República Centroafricana; pide a los Estados miembros de las Naciones Unidas que garanticen que los equipos de la MINUSCA responsables en materia de conducta y disciplina, y de control interno reciban los recursos necesarios para responder de manera eficaz a los casos de explotación y abusos sexuales, así como otros delitos;

5.  Subraya la importancia primordial de la seguridad; destaca, en este sentido, la necesidad de llevar a cabo reformas para convertir las fuerzas armadas de la República Centroafricana en un ejército profesional, controlado democráticamente y étnicamente representativo; acoge favorablemente la decisión del Consejo Europeo, de 19 de abril de 2016, de crear una misión de formación militar en la República Centroafricana (EUTM RCA), para contribuir a la reforma del sector de la defensa del país; confía en que esta misión ayudará a modernizar las fuerzas armadas de la República Centroafricana y a mejorar su eficacia y su capacidad de inclusión, ofreciendo asesoramiento estratégico al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor de la República Centroafricana, y a través de la educación y la formación;

6.  Pide al Gobierno de la República Centroafricana que investigue lo antes posible y de forma imparcial todas las presuntas violaciones del Derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos, que lleve adecuadamente a los responsables ante la justicia (los delincuentes y los asesinos deben responder ante la justicia independientemente del grupo al que pertenezcan), y que ofrezca compensación adecuada a las víctimas de estos actos; apoya firmemente la rápida creación de un tribunal penal especial (cuya finalización está prevista para mediados de 2017) que deberá ser financiado de forma sostenible con el fin de garantizar la rendición de cuentas y poner fin a la actual impunidad generalizada; acoge con satisfacción el inicio, por parte de las Naciones Unidas, en diciembre de 2016, del proceso de contratación de ocho jueces internacionales;

7.  Lamenta que el sistema judicial de la República Centroafricana, que ya era frágil antes de la guerra civil, se haya visto gravemente debilitado por los continuos combates, que han dado lugar a la destrucción de muchos registros judiciales y al exilio forzado de personal judicial; pide al Gobierno de la República Centroafricana que, con el apoyo de la comunidad internacional, invierta considerablemente en su sistema judicial, en particular en la reconstrucción de sus tribunales, fuerzas de policía y centros penitenciarios; recuerda, al mismo tiempo, que solo se tienen garantías de éxito si se respetan los principios de buena gobernanza democrática y económica, y se adopta un enfoque constructivo de diálogo, en el espíritu del Foro de Bangui;

8.  Subraya, especialmente, la importancia de una estrecha coordinación con los socios, en particular las autoridades de la República Centroafricana, la Unión Europea, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, a fin de lograr una buena cooperación y la complementariedad de los esfuerzos en curso destinados a restablecer la estabilidad de la República Centroafricana; pide la inmediata adopción de medidas de lucha contra la impunidad de los crímenes de guerra y otros delitos, y de ayuda a la reconstrucción del sistema judicial, dado que la falta de justicia ha contribuido al aumento de los enfrentamientos violentos en los últimos meses;

9.  Lamenta que, debido a la falta de financiación, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas corra el riesgo de tener que suspender la ayuda que proporciona a 150 000 personas que, en un país en crisis, se han visto desplazadas por la violencia; observa que los alimentos que distribuye el Programa Mundial de Alimentos constituyen una gran ayuda para estas personas desplazadas, que lo han perdido todo, y que suspender esta ayuda podría tener graves consecuencias para sus vidas; pide a los donantes, en este sentido, que respeten los compromisos contraídos con el Programa Mundial de Alimentos con el fin de evitar que la entrega de ayuda humanitaria siga deteriorándose;

10.  Acoge con satisfacción el refuerzo del compromiso humanitario de la Unión y de sus Estados miembros en la República Centroafricana teniendo en cuenta los cambios que se registran en relación con las necesidades; hace un llamamiento a todos los donantes internacionales para que apoyen la financiación humanitaria de la Unión, incluido el Programa Mundial de Alimentos, y ayuden a las personas afectadas por la crisis en la República Centroafricana, tanto las que se encuentran dentro del país, como los refugiados en los países vecinos;

11.  Pide a la República Centroafricana que desarrolle políticas nacionales y marcos legislativos que protejan adecuadamente los derechos humanos de los desplazados, incluida la libertad de circulación; pide, asimismo, a la República Centroafricana que adopte soluciones duraderas para los desplazados y los refugiados, incluido el regreso voluntario, duradero, seguro y digno a sus hogares, la integración local o el reasentamiento;

12.  Opina que el diálogo sigue siendo la única manera de garantizar una paz duradera en las regiones de la República Centroafricana en conflicto, e insta al Gobierno a que responda de forma concreta a las preocupaciones de la comunidad internacional en lo que respecta a la resolución de la crisis mediante la adopción de un enfoque proactivo para garantizar la seguridad de la población local;

13.  Pide al Gobierno de la República Centroafricana que, con el apoyo de sus socios internacionales, aplique con urgencia su plan nacional de recuperación y consolidación de la paz, en particular mediante el refuerzo de las capacidades de las fuerzas de seguridad nacionales, el desarme, la desmovilización y la reinserción de los grupos armados, así como mediante la lucha contra la impunidad;

14.  Pide a las autoridades de la República Centroafricana que desarrollen una estrategia de carácter nacional para hacer frente a la explotación ilícita y a las redes de tráfico ilegales de recursos naturales;

15.  Sugiere que las Naciones Unidas establezcan una unidad en el marco de la MINUSCA para luchar contra el contrabando de diamantes, madera, oro y marfil, y la caza furtiva militarizada;

16.  Pide a las empresas internacionales de diamantes que dejen de alimentar el conflicto y las violaciones de los derechos humanos mediante la compra de diamantes procedentes de la República Centroafricana extraídos y comercializados ilegalmente;

17.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y las autoridades de la República Centroafricana, al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas, a las instituciones de la Unión Africana, a la Comunidad Económica de los Estados del África Central, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y a los Estados miembros de la Unión Europea.

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0249.

Aviso jurídico