Procedimiento : 2017/2597(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B8-0193/2017

Textos presentados :

RC-B8-0193/2017

Debates :

Votaciones :

PV 16/03/2017 - 6.3

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0088

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 282kWORD 52k
15.3.2017
PE598.546v01-00}
PE598.550v01-00}
PE598.552v01-00}
PE598.555v01-00}
PE598.556v01-00}
PE598.558v01-00}
PE598.559v01-00} RC1
 
B8-0193/2017}
B8-0197/2017}
B8-0199/2017}
B8-0222/2017}
B8-0223/2017}
B8-0225/2017}
B8-0226/2017} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:

ECR (B8-0193/2017)

Verts/ALE (B8-0197/2017)

EFDD (B8-0199/2017)

S&D (B8-0222/2017)

GUE/NGL (B8-0223/2017)

ALDE (B8-0225/2017)

PPE (B8-0226/2017)


sobre Filipinas: el caso de la senadora Leila M. de Lima (2017/2597(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok en nombre del Grupo PPE
Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill en nombre del Grupo S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke en nombre del Grupo ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis en nombre del Grupo ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Helmut Scholz en nombre del Grupo GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Bodil Valero en nombre del Grupo Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch en nombre del Grupo EFDD
ENMIENDAS

Resolución del Parlamento sobre Filipinas: el caso de la senadora Leila M. de Lima (2017/2597(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en Filipinas, en particular la de 15 de septiembre de 2016(1),

–  Vistas las declaraciones de la Delegación de la Unión Europea y del portavoz de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

–  Vistas las relaciones diplomáticas entre Filipinas y la Unión Europea (la antigua Comunidad Económica Europea (CEE)), establecidas el 12 de mayo de 1964 con el nombramiento del embajador de Filipinas ante la CEE,

–  Visto el estatuto de Filipinas como miembro fundador de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN),

–  Vista la declaración de 5 de julio de 2014 de la Comisión Internacional de Juristas,

–  Visto el Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Filipinas, por otra,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre derechos humanos,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Filipinas y la Unión mantienen relaciones diplomáticas, económicas, culturales y políticas desde hace ya tiempo;

B.  Considerando que el 23 de febrero de 2017 se emitió una orden de detención contra la senadora filipina Leila M. de Lima, del Partido Liberal de oposición, a la que se acusa de supuestos delitos relacionados con las drogas; que el 24 de febrero la senadora de Lima fue detenida y encarcelada; que, de ser declarada culpable, la senadora de Lima podría enfrentarse a una condena a prisión de entre 12 años y la perpetuidad y ser expulsada del Senado;

C.  Considerando que existen serias preocupaciones de que los delitos de que se acusa a la senadora de Lima hayan sido inventados casi por completo; que Amnistía Internacional considera a la senadora de Lima como prisionera de conciencia;

D.  Considerando que la senadora de Lima es una abogada de derechos humanos y la principal figura crítica con la campaña contra las drogas del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte; que ha condenado abiertamente la guerra contra las drogas en Filipinas; que la senadora de Lima fue presidenta de la Comisión Filipina de Derechos Humanos; que existen serias preocupaciones por la seguridad de la senadora de Lima; que existen numerosas quejas por tortura en lugares de detención que no se están investigando;

E.  Considerando que el 19 de septiembre de 2016 la senadora de Lima fue destituida de su cargo de presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado; que, durante su mandato al frente de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora de Lima llevó una investigación sobre las supuestas ejecuciones extrajudiciales en Davao de un número de sospechosos de delitos de drogas estimado en más de 1 000, mientras el presidente Duterte era alcalde de la ciudad; que, tras las audiciones, la senadora de Lima quedó expuesta a una campaña de acoso e intimidación por parte de las autoridades y que esos ataques se han intensificado durante los últimos ocho meses;

F.  Considerando que el 2 de marzo de 2017 Human Rights Watch publicó su informe «License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte’s ‘War on Drugs» (Licencia para matar: ejecuciones a manos de la policía filipina en la «guerra contra las drogas» de Duterte), que documenta ejecuciones extrajudiciales relacionadas con la campaña contra las drogas;

G.  Considerando que, desde que el presidente Duterte asumió el cargo, el 30 de junio de 2016, se ha informado de más 7 000 asesinatos relacionados con drogas a manos de la policía y de paramilitares; que el presidente Duterte ha prometido continuar su campaña contra las drogas hasta el final de su mandato presidencial en 2022;

H.  Considerando que, en respuesta al asesinato de policías por insurgentes comunistas del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP) en el sur de Filipinas el 8 de marzo de 2017, el presidente Duterte ordenó al ejército emprender operaciones contrainsurgentes sin importar los daños colaterales;

I.  Considerando que el 30 de enero de 2017 la Policía Nacional filipina suspendió temporalmente sus operaciones antidroga tras un brutal asesinato cometido supuestamente por policías antidrogas; que el presidente Duterte ordenó a las Fuerzas Armadas de Filipinas que cubrieran esa falta en la campaña contra las drogas;

J.  Considerando que los defensores de los derechos humanos, los activistas y los periodistas de Filipinas, incluida la senadora de Lima, se enfrentan regularmente a amenazas, acoso, intimidación y ciberacoso; que no se exigen responsabilidades a los autores de las violaciones de los derechos de esos grupos puesto que no se están realizando investigaciones adecuadas; que en noviembre de 2016 el presidente Duterte amenazó abiertamente con matar a los defensores de los derechos humanos;

K.  Considerando que el 7 de marzo de 2017 la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 4727 para reinstaurar la pena de muerte para delitos graves relacionados con las drogas; que Filipinas fue el primer país de la región en abolir la pena de muerte, en 2007; que actualmente la administración del presidente Duterte está examinando la legislación para reducir la edad mínima de responsabilidad penal de los 15 a los 9 años;

L.  Considerando que en septiembre de 2016 Filipinas reasumió la presidencia de la ASEAN para 2017;

1.  Pide la liberación inmediata de la senadora Leila M. de Lima y que se le proporcione la seguridad adecuada durante su detención; pide a las autoridades de Filipinas que garanticen un juicio justo, al tiempo que recuerda el derecho a la presunción de inocencia, y que eliminen todas las acusaciones en su contra por motivos políticos y cesen todas las acciones de acoso contra ella;

2.  Entiende que en Filipinas hay millones de personas afectadas adversamente por el alto nivel de drogadicción y por sus consecuencias; condena enérgicamente el tráfico y el consumo de drogas en Filipinas; pide al Gobierno que dé prioridad a la lucha contra las redes de tráfico y contra los barones de la droga antes que a perseguir a pequeños consumidores; subraya que esta lucha deber ir acompañada de medidas para la prevención y la desintoxicación; alienta al Gobierno en sus esfuerzos para abrir nuevos centros de desintoxicación;

3.  Condena firmemente el gran número de ejecuciones extrajudiciales relacionadas con la campaña contra las drogas, llevadas a cabo por las fuerzas armadas y grupos paramilitares; expresa sus condolencias a las familias de las víctimas; manifiesta su enorme preocupación por los informes fidedignos que afirman que la policía filipina está falsificando pruebas para justificar las ejecuciones extrajudiciales y que los afectados pertenecen mayoritariamente a la población urbana pobre; pide a las autoridades de Filipinas que lleven a cabo con carácter inmediato investigaciones imparciales y coherentes sobre dichas ejecuciones extrajudiciales y que persigan y lleven ante la justicia a todos sus autores; pide a la Unión que apoye esas investigaciones; pide a las autoridades de Filipinas que adopten las medidas necesarias para impedir otras ejecuciones;

4.  Manifiesta su enorme preocupación ante la retórica del presidente Duterte en respuesta al asesinato de policías el 8 de marzo de 2017, y pide encarecidamente a las autoridades y al ejército filipinos que cumplan estrictamente el Derecho internacional humanitario, que establece restricciones específicas para todas las partes en un conflicto armado con el fin de proteger a los civiles y a los no combatientes;

5.  Pide a la Unión que apoye la realización en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de una investigación internacional independiente sobre las ejecuciones ilegales y otras violaciones cometidas por Filipinas en el marco de la «guerra contra las drogas» del presidente Duterte;

6.  Expresa su profunda preocupación por la decisión de la Cámara de Representantes de reintroducir la pena de muerte; pide a las autoridades de Filipinas que detengan inmediatamente los procedimientos en curso para reinstaurar la pena de muerte; recuerda que la Unión considera la pena capital como un castigo cruel e inhumano que no tiene un efecto disuasorio para el comportamiento delictivo; pide al Gobierno filipino que se abstenga de rebajar la edad mínima de responsabilidad penal;

7.  Pide a la Unión que siga estrechamente el proceso contra la senadora de Lima;

8.  Insta a la Unión a que utilice todos los instrumentos disponibles para ayudar al Gobierno de Filipinas a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular mediante el Acuerdo marco;

9.  Insta a la Comisión a que utilice todos los medios disponibles para convencer a Filipinas de poner fin a las ejecuciones extrajudiciales relacionadas con la campaña contra las drogas, incluidas, en caso de que no se produzcan mejoras sustanciales en los próximos meses, medidas para una posible supresión de las preferencias del SPG+;

10.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y al Parlamento de Filipinas, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los Gobiernos de los Estados miembros de la ASEAN.

 

 

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0349.

Aviso jurídico