Procedimiento : 2017/2646(RSP)
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Ciclo relativo al documento : RC-B8-0245/2017

Textos presentados :

RC-B8-0245/2017

Debates :

PV 06/04/2017 - 4.1
CRE 06/04/2017 - 4.1

Votaciones :

PV 06/04/2017 - 7.1
CRE 06/04/2017 - 7.1

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0125

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 282kWORD 49k
5.4.2017
PE598.586v01-00}
PE598.587v01-00}
PE603.677v01-00}
PE603.678v01-00}
PE603.679v01-00} RC1
 
B8-0245/2017}
B8-0246/2017}
B8-0249/2017}
B8-0250/2017}
B8-0251/2017} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:

ECR (B8-0245/2017)

S&D (B8-0246/2017)

Verts/ALE (B8-0249/2017)

ALDE (B8-0250/2017)

PPE (B8-0251/2017)


sobre Rusia: la detención de Alexei Navalny y otros manifestantes (2017/2646(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler, Andrey Kovatchev en nombre del Grupo PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein en nombre del Grupo S&D
Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Mark Demesmaeker en nombre del Grupo ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova en nombre del Grupo ALDE
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre Rusia: la detención de Alexei Navalny y otros manifestantes (2017/2646(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–   Vistos sus anteriores informes y resoluciones sobre Rusia, en particular sus Resoluciones de 23 de octubre de 2012(1), de 13 de junio de 2013 sobre el Estado de Derecho en Rusia(2) y de 13 de marzo de 2014 sobre Rusia: condena de manifestantes que participaron en los sucesos de la plaza Bolótnaya(3); su Recomendación de 2 de abril de 2014; sus Resoluciones, de 23 de octubre de 2014, sobre el cierre de la ONG «Memorial» (galardonada con el Premio Sájarov 2009) en Rusia(4); de 15 de enero de 2015, sobre Rusia, en particular sobre el caso de Alexei Navalny(5); de 12 de marzo de 2015, sobre el asesinato del líder de la oposición rusa Boris Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia(6); y de 24 de noviembre de 2016, sobre el caso de Ildar Dadin, preso de conciencia en Rusia(7),

–  Vista la Constitución Rusa, en particular su artículo 29, que protege la libertad de expresión, y su artículo 31, que incluye el derecho de reunión pacífica, así como las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que Rusia se ha comprometido a observar en su calidad de miembro del Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y las Naciones Unidas,

–  Vista la «Asociación para la Modernización», puesta en marcha en 2010 en Rostov del Don, y el compromiso contraído por los dirigentes rusos en favor del Estado de Derecho como fundamento para la modernización de Rusia,

–   Vistos el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que estipulan que ninguna persona puede ser sometida a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante, y de los que la Federación de Rusia es parte,

–   Vista Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998,

–   Vista su Resolución, de 16 de marzo de 2017, sobre los presos ucranianos en Rusia y la situación en Crimea(8),

–   Visto el séptimo informe periódico de la Federación de Rusia, examinado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sus 3136ª y 3137ª reuniones celebradas los días 16 y 17 de marzo de 2015,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el 26 de marzo de 2017 entre 33 000 y 93 000 personas participaron en protestas, marchas y manifestaciones en contra de la corrupción en más de 80 ciudades de toda Rusia; que más de 2 000 manifestantes fueron detenidos por la policía en ciudades de todo el país, entre ellos aproximadamente 1 000 en Moscú; que Alexei Navalny, político de la oposición, fue detenido y multado con 350 dólares estadounidenses por organizar protestas prohibidas y fue condenado a 15 días de cárcel; y que se considera que estas protestas han sido las más multitudinarias desde las manifestaciones contra el Kremlin de 2011 y 2012;

B.   Considerando que el veredicto del tribunal de distrito de Leninsky de Kirov, de 8 de febrero de 2017, contra el opositor ruso Alexei Navalny por intento de malversación de fondos ha servido para silenciar de nuevo otra voz política independiente en la Federación de Rusia; y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que a Navalny se le denegó el derecho a un juicio justo cuando fue acusado en 2013 de los mismos cargos;

C.  Considerando que el Gobierno ruso ha iniciado una investigación penal contra personas no identificadas que convocaron en internet una manifestación en Moscú el 2 de abril de 2017 para pedir la dimisión del primer ministro, Dmitry Medvedev, el fin de las operaciones militares rusas en Ucrania y Siria, la liberación de Navalny y el pago de una indemnización a los activistas detenidos durante una protesta en Moscú el 26 de marzo; y que el 2 de abril al menos 31 personas fueron arrestadas durante las protestas de la oposición en Moscú y detenidas posteriormente por «quebrantamiento del orden público»;

D.  Considerando que la Federación de Rusia, como miembro de pleno derecho del Consejo de Europa, signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se ha comprometido con los principios de la democracia y el Estado de Derecho y el respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos; y que la Unión Europea ha ofrecido reiteradamente asistencia y asesoramiento a Rusia para ayudarla a modernizar y respetar su ordenamiento constitucional y jurídico, en consonancia con las normas del Consejo de Europa;

E.   Considerando que existe inquietud por la evolución registrada en la Federación de Rusia en relación con el respeto y la protección de los derechos humanos y el respeto de los principios democráticos comúnmente acordados y del Estado de Derecho; y que la Federación de Rusia ha ratificado once de los dieciocho tratados internacionales en materia de derechos humanos;

F.   Considerando que se ha reformado el Código Penal ruso y se ha introducido un nuevo artículo 212.1, en virtud del cual se puede acusar a una persona por violación de la ley sobre reuniones pública, a pesar de que esta ley limita la libertad de expresión y de reunión;

G.   Considerando que, según el Centro de Derechos Humanos «Memorial», el número de presos políticos en el país ha aumentado considerablemente en los últimos años, hasta totalizar 102 personas en 2016;

1.  Condena las operaciones policiales en la Federación de Rusia destinadas a impedir y dispersar manifestaciones pacíficas contra la corrupción, así como la detención de centenares de ciudadanos, incluido Alexei Navalny, cuya organización inició las manifestaciones;

2.  Pide a las autoridades rusas que liberen y retiren inmediatamente los cargos contra Alexei Navalny y todos los manifestantes pacíficos, periodistas y activistas detenidos en las manifestaciones contra la corrupción celebradas en Moscú y en varias ciudades rusas el 26 de marzo y el 2 de abril de 2017; subraya que las autoridades rusas son plenamente responsables de la seguridad y el bienestar de los detenidos;

3.  Hace hincapié en que las sentencias dictadas tienen una motivación política e insta al poder judicial ruso a que dé muestras de su independencia frente a la interferencia política; pide a las autoridades rusas que pongan fin al acoso de periodistas, opositores políticos y activistas políticos y de la sociedad civil y que respeten plenamente las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y garanticen la libertad de los medios de comunicación y la libertad de reunión;

4.  Toma nota del elevado nivel de participación registrado en las protestas contra la corrupción generalizada celebradas en toda la Federación de Rusia el domingo 26 de marzo de 2017, en particular la fuerte movilización de los jóvenes contra la corrupción y el carácter cada vez más autoritario del poder en Rusia; acoge con satisfacción este compromiso como señal esperanzadora de un mayor interés por los asuntos públicos y políticos;

5.  Expresa su profunda preocupación por que la detención de Alexei Navalny demuestra que las autoridades rusas están utilizando la ley sobre reuniones públicas para acelerar los procedimientos de encarcelamiento de los manifestantes pacíficos y cometer, a continuación, abusos sistémicos;

6.  Condena los reiterados esfuerzos por acallar a Alexei Navalny y expresa su apoyo a los esfuerzos realizados por su organización para sensibilizar y luchar contra la corrupción en las instituciones públicas y entre los representantes políticos y titulares de cargos públicos; expresa su profunda preocupación por la decisión del Tribunal de febrero de 2017, que excluye de hecho a Alexei Navalny del marco político, restringe en mayor medida el pluralismo político en Rusia y plantea serias dudas sobre la equidad de los procesos democráticos en Rusia;

7.  Recuerda que la libertad de reunión pacífica es un derecho y no un privilegio y que este derecho, junto a los derechos a la libertad de opinión y de expresión, y la libertad de asociación, desempeñan un papel decisivo en el establecimiento y la existencia de un sistema realmente democrático; pide a las autoridades rusas que cumplan escrupulosamente los compromisos que han asumido a escala internacional, también en el marco del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en relación con la defensa de las libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión pacífica, que constituyen derechos fundamentales consagrados en su Constitución, y que pongan en libertad, con carácter inmediato, a los manifestantes pacíficos que han sido detenidos;

8.  Pide a las autoridades rusas que pongan fin a todos los actos de acoso, también a escala judicial, de los que son objeto opositores políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos en la Federación de Rusia, y que velen por que puedan ejercer, en cualquier circunstancia, sus actividades legítimas sin traba alguna;

9.   Considera que varios juicios y diligencias judiciales contra miembros de la oposición y ONG en los últimos años han puesto en duda la independencia y la imparcialidad de las instituciones judiciales de la Federación de Rusia; insta a las autoridades judiciales y policiales rusas a que desempeñen sus labores de manera imparcial e independiente, sin interferencias políticas;

10. Subraya que el artículo 31 de la Constitución de Rusia y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que Rusia es parte, garantizan la libertad de reunión en la Federación de Rusia, lo que obliga a las autoridades rusas a respetarla; pide a la Federación de Rusia que respete los principios del Estado de Derecho, la libertad de expresión y la libertad de reunión;

11. Recuerda la importancia de que Rusia cumpla plenamente las obligaciones jurídicas que ha asumido a escala internacional, en su calidad de miembro del Consejo de Europa y de la OSCE, así como que respete los derechos humanos fundamentales y el Estado de Derecho consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

12. Pide a la Federación de Rusia que modifique la legislación que restringe indebidamente y penaliza la libertad de reunión; condena, además, que mediante una nueva medida legislativa de diciembre de 2015, la Federación de Rusia haya facultado a su Tribunal Constitucional para revocar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

13.  Toma nota de las denuncias de corrupción contra destacados políticos rusos; pide a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros que adopten medidas sistemáticas contra cualquier tentativa de blanqueo de capitales o de activos ilegales en la Unión; encarga, asimismo, a la Comisión de Investigación del Parlamento sobre los papeles de Panamá que preste especial atención a los posibles rastros de flujos sospechosos de dinero ruso a través de bancos con sede en la Unión;

14. Insta al Consejo y a los Estados miembros a que definan una política unitaria frente a Rusia que comprometa a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión a enviar un mensaje común firme sobre el papel de los derechos humanos en la relación entre la Unión y Rusia y la necesidad de poner fin a la represión de la libertad de expresión, reunión y asociación en Rusia;

15. Pide a la vicepresidenta / alta representante y al Servicio Europeo de Acción Exterior que velen por que los casos de todas aquellas personas condenadas por motivos políticos se aborden en las consultas entre la Unión y Rusia en materia de derechos humanos, una vez que estas se reanuden, y que se inste formalmente a los representantes rusos en el marco de estas consultas a pronunciarse caso por caso; pide a los presidentes del Consejo y de la Comisión, así como a la vicepresidenta / alta representante, que continúen haciendo un seguimiento atento de estos casos y que planteen estas cuestiones en el marco de distintos formatos y encuentros con Rusia, así como que informen al Parlamento sobre los intercambios de puntos de vista mantenidos con las autoridades de la Federación de Rusia;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia;

17. Condena el ataque terrorista de San Petersburgo y pide a su presidente que transmita su sentido pésame y profunda solidaridad a las víctimas, sus familias y al pueblo ruso.

 

 

 

 

(1)

DO C 68E de 7.3.2014, p. 13.

(2)

Textos Aprobados, P7_TA(2013)0284.

(3)

Textos Aprobados, P7_TA(2014)0253.

(4)

DO C 274 de 27.7.2016, p. 21.

(5)

DO C 300 de 18.8.2016, p. 2.

(6)

DO C 316 de 30.8.2016, p. 126.

(7)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0446.

(8)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0087.

Aviso jurídico