Procedimiento : 2017/2647(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B8-0253/2017

Textos presentados :

RC-B8-0253/2017

Debates :

PV 06/04/2017 - 4.2
CRE 06/04/2017 - 4.2

Votaciones :

PV 06/04/2017 - 7.2

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0126

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 289kWORD 52k
5.4.2017
PE603.681v01-00}
PE603.684v01-00}
PE603.686v01-00}
PE603.689v01-00}
PE603.691v01-00} RC1
 
B8-0253/2017}
B8-0256/2017}
B8-0258/2017}
B8-0261/2017}
B8-0263/2017} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:

ECR (B8-0253/2017)

S&D (B8-0256/2017)

Verts/ALE (B8-0258/2017)

ALDE (B8-0261/2017)

PPE (B8-0263/2017)


sobre la situación en Bielorrusia (2017/2647(RSP))


Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler, Andrey Kovatchev en nombre del Grupo PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Josef Weidenholzer en nombre del Grupo S&D
Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga en nombre del Grupo ECR
Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova en nombre del Grupo ALDE
Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Bielorrusia (2017/2647(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones y recomendaciones sobre Bielorrusia, incluidas las relativas a la política europea de vecindad,

–  Vistas las declaraciones del presidente de la Delegación para las Relaciones con Bielorrusia de 27 de marzo de 2016, del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de 17 de marzo de 2017, del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia de 14 y 28 de marzo de 2017, de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE de 24 de marzo de 2017, del director de la OSCE/OIDDH de 17 y 26 de marzo de 2017, de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE de 27 de marzo de 2017, y del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH-OMCT) de 29 de marzo de 2017 en relación con los recientes arrestos de manifestantes pacíficos y detenciones ilegales en Bielorrusia,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Bielorrusia, y en particular las de 15 de febrero de 2016, por las que se suspenden las medidas restrictivas contra 170 personas y 3 empresas bielorrusas,

–  Vista la Decisión (PESC) 2017/350 del Consejo, de 27 de febrero de 2017(1), por la que se prorrogan las medidas restrictivas contra Bielorrusia hasta el 28 de febrero de 2018, entre las que se cuentan el embargo de armas así como la inmovilización de activos y la prohibición de viaje impuestas a cuatro personas relacionadas con la desaparición sin resolver de dos políticos de la oposición, un empresario y un periodista en 1999 y 2000,

–  Vistas las elecciones legislativas celebradas el 11 de septiembre de 2016 y las elecciones presidenciales celebradas el 11 de octubre de 2015; vistas las numerosas declaraciones de las autoridades bielorrusas en el sentido de que algunas de las recomendaciones de la OSCE/OIDDH se aplicarían antes de las elecciones legislativas de 2016, y visto el informe final de la OSCE/OIDDH de 28 de enero de 2016 sobre las elecciones presidenciales en Bielorrusia de 11 de octubre de 2015,

–  Visto el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y del Centro de Derechos Humanos «Viasna» sobre el trabajo forzado y las violaciones generalizadas de los derechos de los trabajadores en Bielorrusia,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el Gobierno bielorruso ha instaurado el conocido como «impuesto sobre parásitos sociales» mediante el Decreto Presidencial n.º 3 «relativo a la prevención de la dependencia social», que fue firmado por el presidente Alexander Lukashenko en 2015 y comenzó a aplicarse en febrero de 2017; que este Decreto sanciona el desempleo mediante la imposición de un tributo especial para financiar el gasto del Gobierno que puede ir desde una tasa de unos 240 EUR, lo que supone aproximadamente dos tercios del salario medio mensual en Bielorrusia, al trabajo forzado para los ciudadanos que hayan trabajado menos de 183 días al año; que el Decreto fue recibido con críticas generalizadas de los ciudadanos, los activistas y los periodistas;

B.  Considerando que desde el 17 de febrero y durante el mes de marzo de 2017, a pesar de la presión de los medios de comunicación del Estado y de las fuerzas de seguridad —incluida la presencia de agentes armados para dispersar las manifestaciones— han tenido lugar manifestaciones pacíficas masivas de miles de ciudadanos en decenas de ciudades de toda Bielorrusia para protestar contra la adopción del Decreto Presidencial n.º 3 y contra la construcción de un centro empresarial cerca de Kurapaty, lugar dedicado al recuerdo de las víctimas de Stalin;

C.  Considerando que las autoridades han respondido con violencia a estas manifestaciones, en particular el 25 y el 26 de marzo de 2017; que los manifestantes pacíficos intentaron recorrer la avenida principal de Minsk el 25 de marzo, Día de la Libertad, pero que se lo impidió un cordón de la policía antidisturbios; que las fuerzas de seguridad atacaron a los manifestantes y propinaron golpes a mujeres, menores y personas mayores; que cientos de manifestantes fueron detenidos, incluidos periodistas nacionales y extranjeros que informaban sobre los acontecimientos; que al menos 700 personas fueron detenidas en Minsk, algunas de las cuales eran espectadores accidentales;

D.  Considerando que un numeroso grupo de defensores de los derechos humanos fueron detenidos mientras observaban las manifestaciones pacíficas; que, según el Centro de Derechos Humanos «Viasna», a 27 de marzo un total de 177 personas, debido a su participación en las protestas de 25 de marzo, habían sido objeto de resoluciones judiciales por infracciones administrativas, de las cuales 74 imponían una sanción de detención administrativa y 93 una sanción de multa; que, como medida preventiva, más de un centenar de opositores fueron detenidos antes de las protestas;

E.  Considerando que 27 personas, incluido Zmitser Dashkevich, ex preso político y dirigente del movimiento «Frente Joven», han sido detenidas por haber organizado supuestamente un altercado con grupos entrenados en Ucrania, Polonia y Lituania; que se les puede condenar a una pena de privación de libertad de hasta tres años; que el Comité de Seguridad del Estado (KGB) se niega a comunicar el número de personas detenidas en relación con el llamado «caso de los disturbios masivos»;

F.  Considerando que Mikalay Statkevich, destacada figura de la oposición y ex candidato a la presidencia, que tenía previsto participar en la manifestación de Minsk, fue detenido y recluido en un centro de detención del KGB durante tres días, sin que se informara de su paradero; que también fueron detenidos Sergei Kulinich y Sergei Kuntsevich; que Uladzimir Nyaklyayev, famoso poeta bielorruso y candidato presidencial en 2010, también fue detenido ilegalmente antes de la manifestación de 25 de marzo y, a consecuencia de ello, tuvo que ser hospitalizado debido al debilitamiento de su estado de salud; que Pavel Seviarynets, Vitali Rymashevski, Anatol Liabedzka y Yuri Hubarevich, junto con otros activistas cívicos, fueron detenidos durante el mes de marzo de 2017; que el 23 de marzo Ales Lahvinets, vicepresidente del Movimiento para la Libertad, fue detenido en Minsk; que unos sesenta observadores de derechos humanos fueron detenidos con carácter preventivo;

G.  Considerando que el 25 de marzo de 2017 la policía realizó un registro en el Centro de Derecho Humanos «Viasna» en la capital bielorrusa, deteniendo con carácter preventivo a, al menos, 57 personas que hacían un seguimiento de las protestas pacíficas que se estaban desarrollando; que anteriormente otros defensores de los derechos humanos, como Oleg Volchek, director del Centro de Derechos Humanos «Asistencia jurídica a la población», y Anatoli Poplavni, miembro de la sección del Centro de Derechos Humanos «Viasna» en Gomel, fueron detenidos y condenados a breves períodos de privación de libertad; que Leonid Sudalenka, miembro de «Viasna», también fue detenido y condenado por haber presentado más de doscientas quejas de ciudadanos contra las disposiciones del mencionado Decreto Presidencial n.º 3;

H.  Considerando que, según la Asociación Bielorrusa de Periodistas, se registraron 120 incidentes de violaciones de los derechos de los periodistas; que se dejó sin internet a todo el país y que se sancionó a periodistas por cubrir los acontecimientos o se les condenó a privación de libertad por vandalismo o por desobedecer órdenes policiales; que algunos de ellos siguen a la espera de juicio; que se han registrado más de 20 casos de hostigamiento de reporteros de Belsat TV desde el 12 de marzo de 2017, y que la policía registró las oficinas de Belsat TV y confiscó y retiró algunos equipos;

I.  Considerando que estos acontecimientos son los más graves acaecidos desde la dura represión de las manifestaciones de 2010 y cabe considerarlos un triste retroceso; que esta nueva ola de represión tiene lugar exactamente un año después de la decisión de la Unión de restablecer la llamada política de reanudación de las relaciones con Bielorrusia;

J.  Considerando que Bielorrusia es un Estado participante en la OSCE y se ha comprometido a respetar los derechos de reunión pacífica y de asociación; que las detenciones masivas, el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y los registros de organizaciones de la sociedad civil que se han mencionado anteriormente constituyen una clara violación de esos compromisos;

K.  Considerando que Bielorrusia es el único país de Europa que sigue aplicando la pena capital; que el 17 de marzo se impuso la primera condena a muerte de 2017;

L.  Considerando que, en febrero de 2016, la Unión suspendió la mayor parte de sus medidas restrictivas contra funcionarios y entidades jurídicas de Bielorrusia como gesto de buena voluntad para alentar al país a mejorar su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho; que, en sus Conclusiones sobre Bielorrusia de 15 de febrero de 2016, el Consejo destacó la necesidad de mejorar la cooperación entre la Unión y Bielorrusia en varios ámbitos de la economía, el comercio y la ayuda, lo que ofrecería a Bielorrusia la posibilidad de solicitar financiación del BEI y el BERD;

M.  Considerando que la difícil situación económica de Bielorrusia se enfrenta a unas perspectivas de empeoramiento, y que los principales sectores siguen siendo propiedad del Estado y continúan sometidos a un sistema de mando y control administrativo; que la dependencia de Bielorrusia respecto de la ayuda económica de Rusia sigue aumentando constantemente;

N.  Considerando que uno de los objetivos de la participación de Bielorrusia en la Asociación Oriental y su rama parlamentaria, Euronest, consiste en reforzar la cooperación entre el país y la Unión; que el Parlamento bielorruso no tiene un estatuto oficial en la Asamblea Parlamentaria Euronest;

O.  Considerando que Bielorrusia es parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y participará en las maniobras militares conjuntas con Rusia «Zapad 2017», que cubren escenarios en los que se ataca a sus vecinos occidentales e incluyen simulaciones del uso de armas nucleares, y que posiblemente repercuten de forma negativa en la seguridad y soberanía nacional de la República de Bielorrusia y la región;

P.  Considerando el compromiso de la Unión en favor de un futuro estable, democrático y próspero para Bielorrusia y su pueblo; que una mejora significativa en materia de libertad de expresión y libertad de los medios de comunicación, el respeto de los derechos políticos de los ciudadanos de a pie y de los activistas de la oposición, y el respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales son condiciones sine qua non para una mejora de las relaciones entre la Unión y Bielorrusia;

1.  Condena la represión ejercida contra manifestantes pacíficos y las medidas enérgicas aplicadas en el período previo y durante las manifestaciones del 25 de marzo de 2017; hace hincapié en que, a pesar de los llamamientos a la moderación de la comunidad internacional, la respuesta por parte de los servicios de seguridad ha sido arbitraria e inadecuada; expresa su preocupación por los últimos acontecimientos en Bielorrusia y pone de relieve la clara necesidad de un proceso de democratización más amplio en el país;

2.  Condena las restricciones indebidas al derecho de reunión pacífica, la libertad de expresión y la libertad de asociación, también sobre quienes expresan opiniones acerca de cuestiones sociales y otros asuntos públicos y, más en concreto, el acoso y la detención de periodistas independientes, miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos y otros manifestantes;

3.  Pide a las autoridades bielorrusas que liberen inmediata e incondicionalmente a todos los manifestantes pacíficos, periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas de la sociedad civil y miembros de la oposición que se encuentran detenidos en relación con la actual oleada de manifestaciones y que retiren todos los cargos en su contra; estima que la práctica de detenciones preventivas es completamente inaceptable; insta a las autoridades a que faciliten de forma inmediata información acerca de todos los detenidos a sus familias y al público en general;

4.  Reitera que el uso de la fuerza contra toda persona que ejerza su derecho a manifestarse de forma pacífica no puede justificarse en ninguna circunstancia, así como que todo acto represivo que viole el derecho a las libertades de expresión y de reunión es contrario a las obligaciones internacionales bielorrusas y a la Constitución de la República de Bielorrusia; exhorta al Gobierno de Bielorrusia a que entable un diálogo abierto con sus ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil independientes y los medios de comunicación independientes;

5.  Insta a las autoridades bielorrusas a que lleven a cabo inmediatamente investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de detenciones arbitrarias y otras violaciones de los derechos de los manifestantes en relación con las recientes manifestaciones; advierte de que, en caso de que no se realicen tales investigaciones, la Unión podría aplicar nuevas medidas restrictivas respecto a los funcionarios bielorrusos de mayor rango responsables de la reciente represión;

6.  Exhorta a las autoridades a que pongan fin al acoso a los medios de comunicación independientes por motivos políticos, a la práctica de la persecución administrativa y al uso arbitrario del artículo 22.9(2) del Código Administrativo contra los periodistas independientes por trabajar con medios extranjeros sin acreditación, lo que restringe el derecho a la libertad de expresión y la difusión de la información;

7.  Urge a las autoridades bielorrusas a que dejen de acosar a la sociedad civil, permitan el pleno funcionamiento de las organizaciones públicas de forma legal, deroguen sin demora el artículo 193/1 del Código Penal, que penaliza la organización y participación en actividades de asociaciones y organizaciones públicas no registradas, y permitan el pleno funcionamiento, libre y sin trabas de las asociaciones y organizaciones públicas, incluidas las de las minorías nacionales y sus organizaciones independientes;

8.  Insta a la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, que tiene previsto celebrar su 26.ª sesión anual en Minsk en julio de 2017, a que tenga en cuenta los últimos acontecimientos en Bielorrusia y que, como mínimo, garantice la participación de los partidos políticos de la oposición democrática, los medios de comunicación independientes y las organizaciones de la sociedad civil;

9.  Pide al Gobierno bielorruso que entable un diálogo constructivo con la oposición y las organizaciones de la sociedad civil, así como que coopere plenamente con el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, llevando a cabo las reformas pendientes desde hace tiempo a fin de proteger los derechos humanos y consolidar la democracia; pide al SEAE y a la Comisión que prosigan y refuercen su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Bielorrusia y en el extranjero; subraya, en este contexto, la necesidad de respaldar todas las fuentes de información independientes en la sociedad bielorrusa, entre ellas los medios de comunicación que emiten en lengua bielorrusa y desde el extranjero; pide, además, al representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos que analice las formas y los medios de fomentar el respeto pleno y eficaz de los derechos humanos en Bielorrusia;

10.  Recomienda la derogación del Decreto Presidencial n.º 3 por constituir una medida arbitraria, dura y éticamente cuestionable, que viola los derechos humanos internacionales, y que se estima afectará a más de 470 000 bielorrusos;

11.  Solicita la ampliación del mandato del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia; pide al Gobierno de Bielorrusia que reconozca el mandato y que coopere plenamente con el relator especial; solicita el SEAE que mejore la coordinación de la política de la Unión respecto de Bielorrusia con el relator especial; pide a la Unión y a los Estados miembros que fomenten y apoyen la ampliación del mandato del relator especial, al objeto de continuar el seguimiento de la situación en el país;

12.  Pide a las autoridades bielorrusas que reanuden sin demora los trabajos sobre una reforma exhaustiva del sistema electoral, en el marco de un proceso de democratización más amplio y en cooperación con los socios internacionales; destaca la necesidad de aplicar las recomendaciones pertinentes de la OSCE/OIDDH con suficiente antelación a las elecciones locales previstas para marzo de 2018;

13.  Insta al Gobierno a que se adhiera a una moratoria mundial sobre la aplicación de la pena capital como primer paso hacia su abolición permanente;

14.  Pide a la Comisión que amplíe su apoyo a los programas educativos que permiten que jóvenes bielorrusos estudien en la Unión mediante la aceleración del proceso de solicitud de visados y becas;

15.  Celebra la Decisión del Consejo, de 27 de febrero de 2017, por la que se prorrogan las medidas restrictivas contra cuatro personas y el embargo de armas contra Bielorrusia hasta el 28 de febrero de 2018; pide al SEAE que continúe realizando un estrecho seguimiento de la situación en el país, con vistas a analizar la eficiencia de la política de la Unión de reanudación constructiva de las relaciones; estima que la Unión ha de establecer criterios de referencia claros, que deben aplicar condiciones coherentes en materia de derechos humanos, con miras a asegurar la ejecución de reformas que protejan las libertades fundamentales y los derechos humanos;

16.  Pide a la Comisión que evalúe si está garantizada la aplicación de las máximas normas de seguridad nuclear en la central de Ostrovets, actualmente en construcción, así como la posibilidad de que una garantía de la Unión al BEI se utilice finalmente para financiar dicha instalación nuclear en Bielorrusia, y que analice si tal garantía estaría en consonancia con las sanciones que la Unión impuso a la Federación de Rusia;

17.  Reitera su compromiso de trabajar en favor del pueblo de Bielorrusia, apoyar sus aspiraciones e iniciativas en favor de la democracia y contribuir a que dicho país tenga un futuro estable, democrático y próspero; insiste en que el respeto de las libertades civiles fundamentales, el Estado de Derecho y los derechos humanos será crucial a la hora de profundizar las relaciones entre la Unión y Bielorrusia;

18.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Estados miembros, a la OSCE/OIDDH, al Consejo de Europa, a las autoridades de Bielorrusia y a la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.

 

(1)

DO L 50 de 28.2.2017, p. 81.

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