Procedimiento : 2017/2829(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B8-0506/2017

Textos presentados :

RC-B8-0506/2017

Debates :

Votaciones :

PV 14/09/2017 - 8.2

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0348

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 283kWORD 56k
13.9.2017
PE605.652v01-00}
PE605.653v01-00}
PE605.655v01-00}
PE605.656v01-00}
PE605.657v01-00} RC1
 
B8-0506/2017}
B8-0507/2017}
B8-0509/2017}
B8-0510/2017}
B8-0511/2017} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno

para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:

Verts/ALE (B8‑0506/2017)

S&D (B8‑0507/2017)

ECR (B8‑0509/2017)

ALDE (B8‑0510/2017)

PPE (B8‑0511/2017)


sobre Camboya, en particular sobre el caso de Kem Sokha (2017/2829(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Michaela Šojdrová, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Julia Pitera, Stanislav Polčák, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere en nombre del Grupo PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, David Martin en nombre del Grupo S&D
Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Notis Marias, Urszula Krupa, Angel Dzhambazki en nombre del Grupo ECR
Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Filiz Hyusmenova, Valentinas Mazuronis en nombre del Grupo ALDE
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, Reinhard Bütikofer en nombre del Grupo Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara en nombre del Grupo EFDD
ENMIENDAS

Resolución del Parlamento Europeo sobre Camboya, en particular sobre el caso de Kem Sokha (2017/2829(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Camboya,

–  Vistas las declaraciones locales de la Unión, de 5 de septiembre de 2017, sobre la clausura del diario Cambodia Daily; de 30 de junio de 2017, sobre la liberación de cinco defensores de los derechos humanos, y de 22 de febrero de 2017, sobre la situación política en Camboya, así como las declaraciones del portavoz de la Delegación de la Unión, de 3 de septiembre de 2017 y 25 de agosto de 2017, sobre las restricciones del espacio político en Camboya,

–  Vistos el informe, de 5 de septiembre de 2016, y la declaración, de 18 de agosto de 2017, de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Camboya,

–  Vistas las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 27 de abril de 2015, sobre el segundo informe periódico sobre Camboya,

–  Visto el informe de los parlamentarios de la ASEAN para los Derechos Humanos, de marzo de 2017,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Vistas las directrices de la Unión de 2008 sobre los defensores de los derechos humanos,

–  Visto el Acuerdo de Cooperación de 1997 entre la Comunidad Europea y el Reino de Camboya,

–  Visto el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,

–  Vista la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1999 sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos,

–  Vistos los Acuerdos de Paz de París de 1991, cuyo artículo 15 establece el compromiso de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales en Camboya, en particular por parte de los signatarios internacionales,

–  Vista la Constitución camboyana, y en particular su artículo 41, que consagra los derechos y libertades de expresión y reunión; su artículo 35, sobre el derecho a la participación política, y su artículo 80, sobre la inmunidad parlamentaria,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando el creciente número de detenciones de miembros de la oposición política, activistas de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil en Camboya;

B.  Considerando que el líder camboyano de la oposición Kem Sokha fue detenido el 3 de septiembre de 2017, y que dicha detención parece haberse llevado a cabo sin respetar las debidas garantías procesales, incluido el respeto de la inmunidad parlamentaria;

C.  Considerando que Kem Sokha ha sido acusado de «colusión con extranjeros», en virtud del artículo 443 del Código Penal de Camboya, una figura que el Tribunal Municipal de Phnom Penh considera un acto de traición, y que, si fuera declarado culpable, podría ser condenado a la pena de treinta años de prisión;

D.  Considerando que, según las informaciones, Kem Sokha fue detenido sin orden judicial y no tuvo acceso a asistencia letrada; que las acusaciones se basan en el vídeo de un discurso pronunciado en 2013 que desde entonces ha estado disponible públicamente, y que las organizaciones de derechos humanos han expresado su inquietud por el hecho de que las declaraciones del Gobierno camboyano ponen en peligro su derecho a un juicio justo así como la presunción de inocencia;

E.  Considerando que el antiguo comandante del ejército de los khmer rojos y actual primer ministro Hun Sen se ha mantenido en el poder durante más de treinta años, y que Sam Rainsy, antiguo presidente del principal partido de la oposición, el Partido de Salvación Nacional de Camboya (CNRP), permanece en un exilio autoimpuesto como consecuencia de anteriores acciones penales basadas en acusaciones falsas formuladas por motivos políticos;

F.  Considerando que el 4 de junio de 2017 se celebraron elecciones locales en las que el CNRP consiguió avances considerables con respecto a los comicios de 2012, a pesar de las graves irregularidades en el proceso electoral, en particular la intimidación de los medios de comunicación libres y los ciudadanos críticos, el acceso no equitativo por parte de la oposición a los medios radiofónicos y televisivos, el control de los organismos electorales por el partido en el poder, las amenazas de muerte contra candidatos de la oposición y la ausencia de un mecanismo independiente de solución de litigios; considerando, asimismo, que está previsto celebrar las próximas elecciones generales en julio de 2018;

G.  Considerando que otros dos diputados de la oposición también han sido encarcelados y al menos otros ocho tienen cargos penales pendientes, y que once afiliados y simpatizantes de la oposición cumplen actualmente penas de prisión de entre siete y veinte años por acusaciones falsas de dirigir o participar en una insurrección relacionada con una manifestación que tuvo lugar en julio de 2014;

H.  Considerando que las enmiendas aprobadas por el Parlamento camboyano en 2017 a la Ley de partidos políticos permiten disolver un partido político si sus dirigentes han sido sentenciados penalmente; que el Ministerio del Interior de Camboya tiene amplios poderes para suspender los partidos políticos sobre la base de criterios vagamente definidos, y que, el 11 de septiembre de 2017, el primer ministro camboyano Hun Sen amenazó con la disolución del CNRP si mantiene su apoyo al líder detenido Kem Sokha;

I.  Considerando que se ha dictado una orden de detención contra el dirigente de la sección juvenil del CNRP;

J.  Considerando que la detención de Kem Sokha tuvo lugar en un contexto de crecientes restricciones a las actividades de las ONG, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, con investigaciones fiscales y administrativas, intimidación y amenazas de violencia, y que la Ley de asociaciones y organizaciones no gubernamentales (LANGO) de 2015 ha sido duramente criticada por la comunidad internacional por sus amplios poderes y su arbitrariedad para reprimir a las ONG;

K.  Considerando que, en las últimas semanas, se ha clausurado un gran número de emisoras de radio que retransmiten programas procedentes de otras emisoras de prestigio; que estas emisoras han sido clausuradas por el Gobierno por infracciones como «retransmitir programas exteriores sin solicitar autorización»; que su cierre limita gravemente el acceso a las emisiones de medios independientes, en particular fuera de Phnom Penh, y que estos medios de comunicación independientes cubrían cuestiones políticamente sensibles como la corrupción, la tala ilegal y las violaciones de los derechos humanos;

L.  Considerando que, en abril de 2016, cinco defensores de los derechos humanos de la Asociación Camboyana para los Derechos Humanos y el Desarrollo (ADHOC) fueron detenidos, resultando privados de libertad durante más de cuatrocientos días, acusados de soborno en relación con unas diligencias contra Kem Sokha y que se encuentran actualmente en espera de juicio; considerando, asimismo, que el activista de los derechos territoriales Tep Vanny ha sido repetidamente atacado y hostigado por las autoridades y que cumple actualmente una pena de prisión a raíz de una sentencia motivada políticamente;

M.  Considerando que, el 4 de septiembre de 2017, el periódico independiente Cambodia Daily, fundado en 1993, se vio obligado a cerrar tras recibir una reclamación tributaria por un importe de 6,3 millones de dólares;

N.  Considerando que, el 23 de agosto de 2017, el Gobierno camboyano anunció la expulsión, en virtud de la Ley de asociaciones y organizaciones no gubernamentales (LANGO), del Instituto Nacional Democrático (NDI) —una organización no gubernamental con sede en los Estados Unidos— y ordenó que su personal internacional abandonara el país en un plazo de siete días;

O.  Considerando que, recientemente, el Gobierno camboyano ha decidido investigar a la organización Situation Room, un consorcio de organizaciones no gubernamentales que cooperaban como un organismo de vigilancia electoral, presuntamente por haber infringido la nueva ley sobre grupos no gubernamentales y servir como plataforma para una eventual «revolución de los colores» dirigida a derrocar el Gobierno;

1.  Muestra su profunda inquietud por el empeoramiento de la situación de los políticos de la oposición y los activistas de derechos humanos en Camboya, al tiempo que condena todos los actos de violencia, las acusaciones por motivos políticos, las detenciones arbitrarias, los interrogatorios, las condenas y las penas de que son objeto estas personas;

2.  Condena enérgicamente la detención del presidente del CNRP, Kem Sokha, a raíz de una serie de acusaciones que parecen tener motivación política; pide que se ponga en libertad de forma inmediata e incondicional a Kem Sokha, que se revoquen todas las acusaciones contra él y que se ponga fin a las amenazas de detención que pesan sobre otros diputados de la oposición;

3.  Lamenta las declaraciones públicas del primer ministro y de altos funcionarios sobre la supuesta culpabilidad de Kem Sokha, que violan la presunción de inocencia y el derecho a un juicio imparcial de que goza en virtud de la legislación camboyana e internacional en el ámbito de los derechos humanos; pide al primer ministro que proteja la inmunidad parlamentaria de los diputados;

4.  Insta a las autoridades camboyanas a que revoquen la orden de detención y retiren todas las acusaciones contra el dirigente de la oposición y legislador Sam Rainsy, y a que retiren todas la acusaciones contra otros funcionarios de la oposición y defensores de los derechos humanos que han sido acusados, condenados y encarcelados, en particular el miembro de la Asamblea Nacional Um Sam An, el senador Hong Sok Hour y el activista de los derechos territoriales Tep Vanny;

5.  Insta al Gobierno de Camboya a que garantice las libertades de expresión y de los medios de comunicación en el país, de forma que cualquier cuestión tributaria y otras eventuales cuestiones se resuelvan con las debidas garantías procesales; insta al Gobierno a que autorice la apertura de las emisoras de radio que han sido clausuradas; expresa su preocupación por la clausura del Instituto Nacional Democrático (NDI) sin un procedimiento justo;

6.  Insta al Gobierno de Camboya a que garantice un procedimiento justo en todas las medidas que adopte, incluido el derecho de recurso, y a que respete los derechos a la libertad de asociación y de expresión;

7.  Alienta al Gobierno de Camboya a que trabaje por la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho y a que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la plena observancia de las disposiciones constitucionales relativas al pluralismo y la libertad de asociación y expresión;

8.  Recuerda al Gobierno de Camboya que debe cumplir sus obligaciones y compromisos relativos a los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales, que son un elemento esencial del Acuerdo de cooperación;

9.  Expresa su profunda preocupación por el actual acaparamiento de tierras y por el sistema de compensación limitado y parcial iniciado recientemente por el Gobierno de Camboya; pide a este que reanude el diálogo con sus socios, incluida la Unión Europea y la sociedad civil, con miras a establecer un sistema de compensación global e incluyente;

10.  Destaca que un proceso democrático creíble que conduzca a las elecciones de la Asamblea Nacional en julio de 2018 requiere un entorno en el que los partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación puedan desempeñar las funciones legítimas que les incumben sin temor y sin tener que sufrir amenazas o restricciones arbitrarias;

11.  Insta al Gobierno de Camboya a que aplique las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a que colabore de forma razonable en la elaboración del próximo informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Camboya;

12.  Destaca la importancia que revisten las misiones internacionales de la Unión para la observación de los procesos electorales, así como su contribución al desarrollo de elecciones justas y libres; pide a la Comisión Electoral Nacional de Camboya (NEC) y a las autoridades gubernamentales pertinentes que garanticen que todos los electores con derecho de voto, incluidos los trabajadores migrantes y los presos, tengan acceso a la posibilidad de inscribirse y cuenten con el tiempo suficiente para hacerlo;

13.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y la Asamblea Nacional de Camboya.

 

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