Procedimiento : 2018/2527(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B8-0082/2018

Textos presentados :

RC-B8-0082/2018

Debates :

Votaciones :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0040

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 291kWORD 50k
7.2.2018
PE614.391v01-00}
PE614.393v01-00}
PE614.400v01-00}
PE614.401v01-00}
PE614.404v01-00}
PE614.406v01-00}
PE614.412v01-00} RC1
 
B8-0082/2018}
B8-0084/2018}
B8-0091/2018}
B8-0092/2018}
B8-0095/2018}
B8-0097/2018}
B8-0103/2018} RC1

presentada de conformidad con el artículo 123, apartados 2 y 4, del Reglamento interno

para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:

ECR (B8‑0082/2018)

Verts/ALE (B8‑0084/2018)

S&D (B8‑0091/2018)

ALDE (B8‑0092/2018)

EFDD (B8‑0095/2018)

GUE/NGL (B8‑0097/2018)

PPE (B8‑0103/2018)


sobre la situación actual de los derechos humanos en Turquía (2018/2527(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski en nombre del Grupo PPE
Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein en nombre del Grupo S&D
Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić en nombre del Grupo ECR
Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en nombre del Grupo ALDE
Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat en nombre del Grupo GUE/NGL
Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero en nombre del Grupo Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi en nombre del Grupo EFDD

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación actual de los derechos humanos en Turquía (2018/2527(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Turquía y, en particular, la de 27 de octubre de 2016 sobre la situación de los periodistas en Turquía(1),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre el Informe de 2016 de la Comisión sobre Turquía(2),

–  Vistas la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante, Federica Mogherini, y del comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn, de 2 de febrero de 2018, sobre los últimos acontecimientos en Turquía, su declaración de 14 de julio de 2017 un año después del intento de golpe de Estado en Turquía, así como su declaración de 13 de marzo de 2017 sobre el dictamen de la Comisión de Venecia acerca de las enmiendas a la Constitución de Turquía y los acontecimientos recientes,

–  Vistas las declaraciones del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de 8 de junio de 2017 sobre la noticia de la detención del presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, de 8 de julio de 2017 sobre la detención de defensores de los derechos humanos en la isla de Büyükada en Turquía, y de 26 de octubre de 2017 sobre los constantes casos de violaciones de los derechos humanos en Turquía,

–  Visto el Diálogo Político de Alto Nivel, de 25 de julio de 2017, entre la Unión y Turquía,

–  Vistas las observaciones escritas que el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa presentó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 2 de noviembre de 2017 en relación con un grupo de doce solicitudes sobre la libertad de expresión y el derecho a la libertad y a la seguridad de los parlamentarios en Turquía, y el 10 de octubre de 2017 en relación con un grupo de diez solicitudes sobre la libertad de expresión y el derecho a la libertad de los periodistas en Turquía,

–  Vista la Resolución 2156 (2017) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas en Turquía,

–  Vistos los valores fundacionales de la Unión, que incluyen el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, valores que se aplican además en todos los países candidatos a la adhesión,

–  Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de los que Turquía es Estado parte,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el Parlamento condenó con firmeza el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016; que el 18 de enero de 2018 el Parlamento turco prorrogó el estado de excepción en el país durante otros tres meses; que actualmente se utiliza el estado de excepción para silenciar el disenso sobrepasando cualquier medida legítima de lucha contra las amenazas a la seguridad nacional; que, de conformidad con el Derecho internacional, las medidas de excepción deben ser necesarias y proporcionadas en alcance y duración;

B.  Considerando que Turquía es un importante socio de la Unión y que se espera de él que, como país candidato, muestre el máximo nivel de exigencia en materia de democracia, incluido el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, las libertades fundamentales y el derecho universal a un juicio justo;

C.  Considerando que 148 firmantes de la petición de Académicos por la Paz se enfrentan a acusaciones de difusión de «propaganda terrorista» y se encuentran a la espera de juicio, previsto para mayo de 2018;

D.  Considerando que, según la Federación Europea de Periodistas, tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 al menos 148 periodistas permanecen en prisión; que continúa la represión de la disidencia política a través de las redes sociales; que 449 personas fueron detenidas por publicar comentarios en las redes sociales críticos con la intervención militar del Gobierno turco en el enclave sirio de Efrîn; que, según Amnistía Internacional, las autoridades turcas han disuelto centenares de organizaciones de la sociedad civil y han clausurado las oficinas de más de 160 organismos de radiodifusión, periódicos, revistas, editoriales y distribuidoras;

E.  Considerando que las autoridades turcas han despedido a 107 000 personas de sus puestos de trabajo desde julio de 2016; que la «Comisión de investigación sobre las prácticas en el estado de excepción» establecida por la recomendación del Consejo de Europa ha recibido 104 789 solicitudes desde el 18 de enero de 2018 y ha dictado decisiones hasta la fecha únicamente en 3 110 asuntos, que no se han hecho públicas;

F.  Considerando que en los últimos años se ha producido la ampliación del control del ejecutivo sobre el poder judicial y la fiscalía, de las detenciones generalizadas, el despido y el traslado arbitrario de jueces y fiscales, y de los ataques persistentes contra abogados;

G.  Considerando que según Human Rights Association, en los 11 primeros meses de 2017 un total de 2 278 personas padecieron torturas y malos tratos;

H.  Considerando que la situación en el sudeste del país sigue siendo extremamente preocupante; que unas 2 500 personas han sido presuntamente asesinadas en el contexto de operaciones de seguridad y en torno a medio millón se han convertido en desplazados desde julio de 2015; que 68 alcaldes kurdos siguen encarcelados;

I.  Considerando que entre los periodistas detenidos figuran, entre otros, el periodista germano-turco Deniz Yücel, el académico y columnista Mehmet Altan, y el periodista Şahin Alpay, así como numerosos periodistas y empleados del diario Cumhuriyet, incluido Ahmet Şık;

J.  Considerando que, a raíz de la suspensión de la inmunidad parlamentaria de un gran número de diputados, muchos diputados de la oposición han tenido que hacer frente a procedimientos judiciales y detenciones; que diez diputados siguen detenidos, entre quienes se encuentran los copresidentes del HDP, Figen Yüksekdağ y Selahattin Demirtaş, y el diputado del CHP Enis Berberoğlu, y que se ha privado de su mandato parlamentario a seis diputados, entre ellos, a Leyla Zana, galardonada con el Premio Sájarov, a raíz de una votación en el Parlamento turco;

K.  Considerando que en julio de 2017 las autoridades turcas detuvieron a diez defensores de los derechos humanos (los «diez de Estambul»), que posteriormente fueron puestos en libertad bajo fianza; que el órgano jurisdiccional de Estambul revocó su propia decisión de liberar a Taner Kılıç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, el 1 de febrero de 2018, manteniéndole detenido mientras dure su juicio;

L.  Considerando que uno de los líderes de la sociedad civil de Turquía, Osman Kavala, fue detenido el 18 de octubre de 2017 y permanece en prisión desde entonces bajo la acusación de que intentó derrocar al Gobierno al apoyar las protestas del parque Gezi en diciembre de 2013;

M.  Considerando que, el 19 de noviembre de 2017, la Oficina del Gobernador de Ankara decidió imponer una prohibición indefinida de cualquier acto organizado por las asociaciones de LGBTI;

N.  Considerando que, a pesar de que la Constitución turca prevé la libertad de creencias y de culto, así como la difusión privada de ideas religiosas, y prohíbe la discriminación por motivos religiosos, las minorías religiosas siguen haciendo frente a ataques físicos y verbales, a la estigmatización y a la presión social en los centros escolares y en la vida pública, a la discriminación y a problemas relacionados con la capacidad de constituir legalmente un lugar de culto;

O.  Considerando que, habida cuenta de la situación de Turquía en lo que respecta a la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la libertad de prensa, sus fondos de preadhesión se han reducido en 105 millones de euros con respecto a la propuesta inicial de la Comisión para el presupuesto de 2018, y se han mantenido 70 millones de euros más en la reserva hasta que el país realice «mejoras mensurables suficientes» en estos ámbitos;

P.  Considerando que el Parlamento pidió, en noviembre de 2016, que se congelara el proceso de adhesión de Turquía y, en julio de 2017, que se suspendiera si se aplicaban los cambios constitucionales sin modificaciones;

1.  Reitera su enérgica condena del intento de golpe de Estado de 16 de julio de 2016, y expresa su solidaridad con los ciudadanos de Turquía; reconoce el derecho y la responsabilidad del Gobierno turco a la hora de adoptar medidas dirigidas a llevar a los autores ante la justicia, garantizando al mismo tiempo el respeto del Estado de Derecho y el derecho a un juicio justo; hace hincapié, no obstante, en que el fallido golpe de Estado militar está siendo utilizado para reprimir aún más a la oposición legítima y pacífica e impedir a los medios de comunicación y a la sociedad civil el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión a través de acciones y medidas desproporcionadas e ilegales;

2.  Manifiesta su profunda preocupación por el continuo deterioro de los derechos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en Turquía y la falta de independencia del poder judicial; condena el uso de las detenciones arbitrarias, así como del acoso judicial y administrativo para perseguir a decenas de miles de personas; insta a las autoridades turcas a que liberen de forma inmediata e incondicional a todos quienes han sido detenidos únicamente por realizar su trabajo legítimo y ejercer su libertad de expresión y asociación, y que están detenidos sin pruebas convincentes de actividad delictiva; pide el levantamiento del estado de excepción en el país y la derogación de los decretos de emergencia;

3.  Pide a las autoridades turcas que respeten el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que implica un claro rechazo de la pena capital, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluido el principio de presunción de inocencia;

4.  Pide al Gobierno turco que ofrezca a todas las personas objeto de medidas restrictivas las vías de recurso, también judiciales, adecuadas y efectivas que corresponden a un Estado de Derecho; destaca que la presunción de inocencia es un principio básico en cualquier Estado constitucional; pide a Turquía que revise con carácter de urgencia la Comisión de investigación sobre las prácticas en el estado de excepción, de forma que se convierta en una comisión sólida e independiente capaz de tratar de manera individual todos los asuntos, de tramitar eficazmente el gran número de solicitudes que recibe, y de asegurar que la vía judicial no sufre un retraso indebido; insta a la Comisión de investigación a hacer públicas sus decisiones; pide a las autoridades turcas que permitan a los sindicatos ejercer sus actividades sindicales legítimas;

5.  Resalta que el terrorismo sigue constituyendo una amenaza directa para los ciudadanos de Turquía; reitera, no obstante, que el amplio margen de la legislación antiterrorista turca no debe emplearse para castigar a los ciudadanos y los medios de comunicación por ejercer su derecho a la libertad de expresión; condena, a este respecto, la detención y el enjuiciamiento de al menos 148 profesores de universidades públicas y privadas que firmaron la petición de Académicos por la Paz, y condena igualmente las detenciones más recientes de periodistas, activistas, médicos y ciudadanos de a pie por expresar su oposición a la intervención militar turca en Efrîn;

6.  Manifiesta su honda preocupación por las acusaciones de malos tratos y torturas a los presos, y pide a las autoridades turcas que investiguen exhaustivamente estas denuncias; reitera su llamamiento en favor de la publicación del informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (informe CPT);

7.  Condena firmemente la decisión de la Gran Asamblea Nacional Turca de suspender de forma anticonstitucional la inmunidad parlamentaria de un gran número de diputados, allanando el camino para la reciente detención de diez diputados de la oposición, incluidos los copresidentes del Partido Democrático Popular (HDP), Figen Yüksekdağ y Selahattin Demirtaş, y la revocación del mandato de seis diputados de la oposición, entre ellos y más recientemente, el de Leyla Zana, galardonada con el Premio Sájarov; condena el encarcelamiento de 68 alcaldes kurdos; condena la sustitución arbitraria de representantes locales elegidos, que socava aún más la estructura democrática de Turquía;

8.  Expresa su profunda preocupación por el cierre de más de 160 medios de comunicación por decreto ejecutivo en virtud del estado de excepción; condena la presión política sobre los periodistas; manifiesta su grave inquietud ante el control de las plataformas de redes sociales y el cierre de las cuentas en los medios sociales por las autoridades turcas; insta a la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos sin pruebas, incluidos ciudadanos de la Unión como el periodista alemán Deniz Yücel, que ha permanecido en prisión durante un año, nueve meses del cual en régimen de aislamiento, aunque todavía no se haya presentado una acusación formal contra él; acoge con satisfacción que algunos periodistas y miembros del personal del periódico opositor Cumhuriyet fueran liberados tras meses de cárcel, y pide asimismo la liberación inmediata de los cuatro periodistas de dicho rotativo que siguen encarcelados;

9.  Manifiesta su honda preocupación por la represión masiva contra las organizaciones de la sociedad civil turca y, más concretamente, la detención de uno de los dirigentes de la principal ONG, Osman Kavala; insta al Gobierno turco a que libere inmediatamente a Kavala puesto que su detención está politizada y es arbitraria;

10.  Toma nota con preocupación del deterioro de los principios y valores laicos defendidos durante largo tiempo por Turquía; manifiesta su grave inquietud ante la falta de respeto de la libertad de religión y por la creciente discriminación contra los cristianos y otras minorías religiosas; condena la confiscación de cincuenta iglesias, monasterios y cementerios arameos en Mardin; pide a la Comisión que aborde urgentemente estas cuestiones con las autoridades turcas; insta al Gobierno de Turquía a que ponga en libertad al pastor Andrew Brunson y le permita regresar a su hogar;

11.  Recuerda asimismo el principio de no discriminación de las minorías, incluida la romaní, que tienen igual derecho a expresar su cultura y a acceder a la asistencia social;

12.  Condena la declaración de la Oficina del Gobernador de Ankara, de 19 de noviembre de 2017, sobre la decisión de imponer una prohibición indefinida de cualquier acto organizado por las asociaciones de LGBTI, tras tres prohibiciones consecutivas de la marcha Pride Estambul; pide a las autoridades turcas que revoquen la prohibición; celebra la liberación del destacado activista LGBTI Ali Erol;

13.  Manifiesta su honda preocupación por la situación en el sudeste de Turquía, especialmente en las zonas en las que se ha impuesto el toque de queda, se utiliza una fuerza desproporcionada y se aplican castigos colectivos; insta a Turquía a que presente un plan para la reinserción efectiva del medio millón de desplazados internos; reitera su condena de la vuelta a la violencia por parte del PKK, que figura en la lista de terroristas de la Unión desde 2002, y le insta a que deponga las armas y utilice medios pacíficos y democráticos para expresar sus expectativas; recuerda la responsabilidad del Gobierno turco de proteger a todos sus ciudadanos; lamenta la práctica extendida de las expropiaciones, también de propiedades pertenecientes a los municipios; expresa su convicción de que solo una solución política justa de la cuestión kurda puede aportar una estabilidad y prosperidad duraderas tanto a la zona afectada como a Turquía en su conjunto, por lo que pide a ambas partes que regresen a la mesa de negociación;

14.  Expresa su grave preocupación por el funcionamiento del sistema judicial en Turquía después de la decisión del tribunal penal de Estambul de mantener en prisión a dos periodistas, Mehmet Altan y Şahin Alpay, tras la petición del Tribunal Constitucional de que fueran liberados al haberse violado sus derechos durante su detención; señala que ello comporta un deterioro ulterior del Estado de Derecho; lamenta profundamente la reciente nueva detención del presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, considerada por muchos una parodia de la justicia, y pide que los cargos contra él y los demás acusados (los «diez de Estambul») sean retirados, puesto que no se ha presentado todavía ninguna prueba concreta contra ellos;

15.  Reitera su posición de noviembre de 2017 en la que el Parlamento pidió que los fondos destinados a las autoridades turcas en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II) se supediten a mejoras en el ámbito de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho y, en la medida de lo posible, se reasignen en favor de las organizaciones de la sociedad civil; reitera su llamamiento a la Comisión para que tenga en cuenta la evolución de la situación en Turquía durante la revisión de los fondos del IAP así como que presente propuestas concretas sobre cómo aumentar el apoyo a la sociedad civil turca;

16.  Insta a la alta representante, al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros a que sigan planteando a sus interlocutores turcos la situación de los defensores de los derechos humanos, activistas políticos, abogados, periodistas y profesores universitarios detenidos, y que les faciliten apoyo diplomático y político, incluida la observación de juicios y supervisión de los casos;

17.  Pide que la presente Resolución se traduzca al turco;

18.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como al presidente, al Gobierno y a la Gran Asamblea Nacional Turca.

 

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0423.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0306.

Última actualización: 7 de febrero de 2018Aviso jurídico