Procedimiento : 2018/2842(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B8-0366/2018

Textos presentados :

RC-B8-0366/2018

Debates :

Votaciones :

PV 13/09/2018 - 10.3

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0346

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 287kWORD 56k
12.9.2018
PE624.075v01-00}
PE624.078v01-00}
PE624.079v01-00}
PE624.084v01-00}
PE624.086v01-00} RC1
 
B8-0366/2018}
B8-0369/2018}
B8-0370/2018}
B8-0375/2018}
B8-0377/2018} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, del Reglamento interno

para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:

B8‑0366/2018 (ECR)

B8‑0369/2018 (Verts/ALE)

B8‑0370/2018 (S&D)

B8‑0375/2018 (PPE)

B8‑0377/2018 (ALDE)


sobre Camboya, en particular sobre el caso de Kem Sokha (2018/2842(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian‑Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Inese Vaidere en nombre del Grupo PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin en nombre del Grupo S&D
Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Charles Tannock en nombre del Grupo ECR
Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en nombre del Grupo ALDE
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Pascal Durand en nombre del Grupo Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en nombre del Grupo EFDD
ENMIENDAS

Resolución del Parlamento Europeo sobre Camboya, en particular sobre el caso de Kem Sokha (2018/2842(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones anteriores sobre Camboya, en particular las de 14 de septiembre de 2017(1) y de 14 de diciembre de 2017(2),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 26 de febrero de 2018, sobre Camboya,

–  Vista la declaración del portavoz de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 30 de julio, sobre las elecciones generales celebradas en Camboya,

–  Vista la misión de evaluación de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a Camboya, del 5 al 11 de julio de 2018,

–  Vistas las Directrices de la Unión de 2008 sobre los defensores de los derechos humanos, 

–  Vista la declaración del portavoz del SEAE, de 16 de noviembre de 2017, sobre la disolución del Partido de Salvación Nacional de Camboya,

–  Visto el Acuerdo de Cooperación de 1997 entre la Comunidad Europea y el Reino de Camboya, 

–  Vistas la declaración local de la Unión, de 22 de febrero de 2017, sobre la situación política en Camboya, y las declaraciones del portavoz de la Delegación de la Unión Europea, de 25 de agosto de 2017 y de 3 de septiembre de 2017, sobre las restricciones del espacio político en Camboya, 

–  Vistos la Resolución 36/32 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 29 de septiembre de 2017, y el informe del secretario general de 2 de febrero de 2018,

–  Vistos el informe del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios y las decisiones del Consejo de Gobierno de la Unión Interparlamentaria de marzo de 2018,

–  Vista la Resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 8 de marzo de 1999, sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos,

–  Vistos los Acuerdos de Paz de París de 1991, en cuyo artículo 15 se establece el compromiso de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales en Camboya, en particular por parte de los signatarios internacionales,

–  Visto el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,

–  Vista la Constitución camboyana, en particular su artículo 41, en el que se consagran los derechos y libertades de expresión y de reunión, su artículo 35, relativo al derecho a la participación política, y su artículo 80, relativo a la inmunidad parlamentaria,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el 3 de septiembre de 2017, Kem Sokha, presidente del Partido de Salvación Nacional de Camboya (PSNC), fue detenido y que el 16 de noviembre de 2017 el Tribunal Supremo anunció la disolución de dicho partido tras una audiencia de un día; que el Tribunal Supremo también ha prohibido a 118 políticos del PSNC ejercer su actividad política durante cinco años;

B.  Considerando que el partido gobernante, el Partido del Pueblo de Camboya (PPC), obtuvo el 100 % de los escaños disputados en las elecciones a la Asamblea Nacional, celebradas el 29 de julio de 2018, y en las elecciones al Senado, celebradas el 25 de febrero de 2018;

C.  Considerando que el derecho a la participación política está consagrado en el artículo 35 de la Constitución camboyana; que la Ley modificada de 2017 sobre los partidos políticos incluye numerosas restricciones a la participación de los partidos de la oposición, incluida la disolución de los partidos cuyos dirigentes tengan antecedentes penales;

D.  Considerando que, en la práctica, las elecciones de 2018 en Camboya no fueron competitivas y no cumplieron las normas internacionales mínimas para la celebración de elecciones democráticas; que la Unión Europea y los Estados Unidos de América suspendieron su ayuda financiera a la Comisión Electoral Nacional de Camboya y se negaron a participar en la observación de las elecciones;

E.  Considerando que la decisión de disolver el PSNC fue un importante paso hacia la creación de un Estado autoritario; que la estructura política de Camboya ya no puede considerarse una democracia;

F.  Considerando que el Gobierno camboyano adoptó medidas de amplio alcance para asegurarse de que el PPC gobernante prácticamente no tuviera oposición tanto en las elecciones al Senado como en las elecciones a la Asamblea Nacional;

G.  Considerando que, tras su detención el 3 de septiembre de 2017, Kem Sokha fue acusado de traición, en virtud del artículo 443 del Código Penal camboyano, pese a su inmunidad parlamentaria; que las declaraciones del Gobierno camboyano menoscabaron su derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia; que, de ser declarado culpable, podría ser condenado a una pena de treinta años de prisión; que el presidente del Tribunal, Dith Munty, es miembro de la comisión permanente del partido gobernante;

H.  Considerando que, el 28 de agosto de 2018, las autoridades camboyanas pusieron en libertad a 14 miembros del PSNC tras haber obtenido un indulto real; que dicho indulto también está vinculado a las liberaciones concedidas a media docena de activistas y periodistas;

I.  Considerando que Kem Sokha permaneció detenido durante más de un año sin que se celebrase ningún juicio; que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria declaró que la detención preventiva del Sr. Sokha fue arbitraria y obedecía a motivos políticos; que fue puesto en libertad bajo fianza el 10 de septiembre de 2018; que no se le permite alejarse de las proximidades de su casa y no está autorizado a comunicarse con otros miembros de la oposición ni con los medios de comunicación;

J.  Considerando que la detención y el encarcelamiento de Kem Sokha se produjeron en el contexto de una represión generalizada y sistemática de los derechos políticos y electorales en Camboya; que se ha producido un aumento constante del número de casos de detención y encarcelamiento de miembros de la oposición política y comentaristas políticos; que el anterior presidente del PSNC, Sam Rainsy, fue condenado por difamación y actualmente vive en el exilio;

K.  Considerando que las autoridades camboyanas también han reprimido a periodistas y reporteros que informaban sobre los ataques contra los partidos de la oposición; que el galardonado director cinematográfico James Ricketson, de 69 años, es una de las víctimas de estos ataques contra los medios de comunicación; que el Sr. Ricketson fue detenido por sobrevolar con un dron un mitin político de un partido de la oposición en junio de 2017; que el Sr. Ricketson ha sido condenado a seis años de prisión en la capital, Nom Pen, acusado de espionaje;

L.  Considerando que los medios de comunicación independientes han sido objeto de una estricta represión; que las redes sociales también han sido atacadas; que, en mayo, el Gobierno camboyano publicó un reglamento por el que se restringen los derechos a la libertad de expresión, de prensa y de publicación, y por el que se otorgan poderes al Gobierno para controlar las redes sociales con el fin de descubrir y silenciar la disidencia en línea;

M.  Considerando que en Camboya los sindicalistas, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil operan en un espacio cada vez más restringido y sufren acoso, intimidaciones y detenciones arbitrarias; que la Ley modificada de 2015 relativa a las organizaciones no gubernamentales restringe seriamente la libertad de asociación y de expresión, entre otras cosas mediante el control gubernamental y la censura del trabajo de las ONG; que la Ley sindical limita la libertad de asociación e impone obstáculos y cargas innecesarios a los procedimientos de registro y a las actividades de los sindicatos;

N.  Considerando que cinco defensores de los derechos humanos afiliados a la Asociación Camboyana de Derechos Humanos y Desarrollo, Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony y Ny Chakrya, se enfrentan a acusaciones de soborno de testigos y de complicidad en el soborno de testigos; que estos cinco defensores de los derechos humanos pasaron 14 meses en prisión preventiva previa a su juicio antes de ser puestos en libertad bajo fianza;

O.  Considerando que Camboya disfruta del régimen más favorable existente en el sistema de preferencias generalizadas de la Unión, que es el régimen «Todo menos armas»; que la Unión ha asignado a Camboya en concepto de cooperación al desarrollo durante el período financiero 2014-2020 un importe de hasta 410 millones EUR, 10 millones de ellos para apoyar el proceso de reforma electoral en Camboya actualmente suspendidos;

P.  Considerando que en su declaración de julio el secretario general de las Naciones Unidas recordó que sigue siendo esencial un proceso político integrador y plural para salvaguardar los progresos realizados por Camboya en la consolidación de la paz;

Q.  Considerando que todavía no se han resuelto los conflictos relativos a las plantaciones de azúcar; que siguen causando preocupación los desahucios de tierras, la impunidad persistente por tales actos y la terrible situación de las comunidades afectadas; que el Gobierno de Camboya no ha firmado las condiciones de la Unión relativas a los procesos de auditoría de la caña de azúcar;

1.  Señala que Kem Sokha fue puesto en libertad bajo fianza bajo estrictas condiciones; denuncia que Kem Sokha está sometido a arresto domiciliario; pide la retirada de todas las acusaciones presentadas contra Kem Sokha y su liberación inmediata y total; pide, asimismo, que se retiren y anulen inmediatamente otras acusaciones y sentencias de carácter político contra los políticos de la oposición, incluido Sam Rainsy;

2.  Manifiesta su preocupación por el estado de salud de Kem Sokha y pide a las autoridades camboyanas que le permitan recibir el tratamiento médico adecuado; pide al Gobierno que permita a Kem Sokha reunirse con diplomáticos extranjeros, funcionarios de las Naciones Unidas y observadores de los derechos humanos;

3.  Manifiesta su convicción de que las elecciones en Camboya no pueden considerarse libres y justas; expresa su gran preocupación por la conducción y los resultados de las elecciones de 2018 en Camboya, que no se celebraron con la debida credibilidad y fueron objeto de una condena generalizada de la comunidad internacional;

4.  Pide al Gobierno de Camboya que trabaje por la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho y respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la observancia absoluta de las disposiciones constitucionales relativas al pluralismo y la libertad de asociación y expresión; pide además al Gobierno camboyano que derogue todas las recientes modificaciones de la Constitución, el Código Penal, la Ley de partidos políticos, la Ley sindical, la Ley relativa a las ONG y todas las demás disposiciones legislativas que limitan la libertad de expresión y las libertades políticas que no se ajusten plenamente a las obligaciones de Camboya y a las normas internacionales;

5.  Subraya que un proceso democrático creíble requiere un entorno en el que los partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación puedan desempeñar su papel legítimo sin temor y sin sufrir amenazas o restricciones arbitrarias; pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para revocar rápidamente la disolución del PSNC;

6.  Reitera su llamamiento al Gobierno camboyano para que ponga fin a toda forma de acoso, abuso y acusación penal por motivos políticos contra miembros de la oposición política, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y defensores de los derechos laborales, activistas de los derechos a la tierra y otros activistas de la sociedad civil, y periodistas, entre otros; pide al Gobierno de Camboya que libere sin demora a todos los ciudadanos detenidos por ejercer sus derechos humanos, incluido James Ricketson, y que retire todos los cargos presentados contra ellos;

7.  Apoya la decisión de suspender la ayuda electoral de la Unión a Camboya; recuerda las obligaciones nacionales e internacionales en materia de principios democráticos y de derechos humanos fundamentales que Camboya se ha comprometido a cumplir; insta al Gobierno camboyano a que emprenda reformas para profundizar en la democracia y a que aplique normas mínimas internacionalmente reconocidas para futuros procesos electorales, incluida la organización de elecciones multipartidistas, libres y justas, la creación de una comisión electoral nacional realmente independiente y la participación de las ONG y de los medios de comunicación independientes en el seguimiento de las elecciones y la información sobre las mismas;

8.  Recuerda al Gobierno camboyano que debe cumplir las obligaciones y los compromisos relativos a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, que son un elemento esencial del Acuerdo de Cooperación entre la Unión y Camboya y de las condiciones de la iniciativa «Todo menos armas»;

9.  Acoge con satisfacción la reciente misión de investigación de la iniciativa «Todo menos armas» en Camboya y pide a la Comisión que comunique las conclusiones de la misma al Parlamento lo antes posible; pide a la Comisión que considere las posibles consecuencias en el marco de las preferencias comerciales de que disfruta Camboya, en particular el inicio de una investigación con arreglo a los mecanismos previstos en la iniciativa «Todo menos armas»;

10.  Pide al SEAE y a la Comisión que elaboren una lista de personas responsables de la disolución de la oposición y de otras violaciones graves de los derechos humanos en Camboya con miras a la posible imposición de restricciones de visado y de bloqueos de activos;

11.  Pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que supervise cuidadosamente la situación en Camboya; pide al SEAE y a los Estados miembros que tomen medidas y se esfuercen por aprobar en la próxima 39.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una resolución firme sobre la situación de los derechos humanos en Camboya;

12.  Pide al Gobierno de Camboya que renueve el Memorando de Entendimiento con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en Camboya cuando expire el 31 de diciembre de 2018;

13.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al secretario general de la ASEAN, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y la Asamblea Nacional de Camboya.

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0348.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0497.

Última actualización: 18 de septiembre de 2018Aviso jurídico