Procedimiento : 2018/2861(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B8-0451/2018

Textos presentados :

RC-B8-0451/2018

Debates :

PV 04/10/2018 - 5
PV 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.1

Votaciones :

PV 04/10/2018 - 7.1

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0375

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 284kWORD 51k
3.10.2018
PE624.129v01-00}
PE624.130v01-00}
PE624.131v01-00}
PE624.132v01-00}
PE624.135v01-00} RC1
 
B8-0451/2018}
B8-0452/2018}
B8-0453/2018}
B8-0454/2018}
B8-0457/2018} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, del Reglamento interno

para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:

B8-0451/2018 (ECR)

B8-0452/2018 (ALDE)

B8-0453/2018 (Verts/ALE)

B8-0454/2018 (S&D)

B8-0457/2018 (PPE)


sobre el deterioro de la libertad de los medios de comunicación en Bielorrusia, en particular el caso de Carta 97 (2018/2861(RSP))


Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere en nombre del Grupo PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Clare Moody en nombre del Grupo S&D
Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock, Monica Macovei en nombre del Grupo ECR
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström en nombre del Grupo ALDE
Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero, Jordi Solé en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre el deterioro de la libertad de los medios de comunicación en Bielorrusia, en particular el caso de Carta 97 (2018/2861(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Bielorrusia,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los convenios sobre derechos humanos de los que Bielorrusia es parte,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, en febrero de 2016, la Unión suspendió la mayor parte de sus medidas restrictivas contra funcionarios y personas jurídicas de Bielorrusia, como gesto de buena voluntad destinado a iniciar una política de contactos para alentar a dicho país a respetar los principios de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho;

B.  Considerando que la Unión Europea ha reiterado en numerosas ocasiones que las relaciones entre la Unión y Bielorrusia solo pueden avanzar una vez que se basen en los valores de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales;

C.  Considerando que las actuales políticas en Bielorrusia socavan esos valores, lo que evita que la Unión ofrezca a Bielorrusia una mayor participación en la Asociación Oriental y unas relaciones más estrechas, o que se firmen las Prioridades de la Asociación entre la UE y Bielorrusia;

D.  Considerando que la situación en términos de medios de comunicación y libertad de expresión continúa deteriorándose en Bielorrusia, como demuestran los graves acosos a los nuevos portales y periodistas independientes, como en el «caso BelTA»;

E.  Considerando que las autoridades bielorrusas han iniciado recientemente una campaña de acoso e intimidación policial contra periodistas;

F.  Considerando que Reporteros sin Fronteras concluye que más de cien periodistas fueron detenidos en 2017, la mayoría de ellos cuando cubrían protestas de la oposición; que el acoso a periodistas autónomos que trabajan para medios de comunicación independientes con sede en el extranjero ha alcanzado niveles sin precedentes, y que les resulta imposible obtener una acreditación;

G.  Considerando que el principal sitio web independiente de noticias Charter 97.org (Carta 97), especializado en derechos humanos y en las causas de la oposición, y que toma su nombre de una declaración de 1997 en la que se pedía democracia para Bielorrusia y que fue firmada por periodistas, políticos opositores y activistas en favor de los derechos humanos, fue obligado a trasladarse a Varsovia (Polonia), donde lleva operando desde 2011, tras ser bloqueado en numerosas ocasiones por las autoridades bielorrusas, sufrir dos redadas policiales en sus oficinas y ver cómo se confiscaban sus equipos ese mismo año;

H.  Considerando que, desde el 24 de enero de 2018, el acceso al sitio web de Carta 97 está bloqueado dentro de Bielorrusia por tiempo indefinido, sin juicio y entre vagas acusaciones de «amenazas a los intereses nacionales»; que, según la redactora jefe de Carta 97, Natalia Radina, en el mes posterior a dicho bloqueo el número de visitantes al sitio web desde Bielorrusia se redujo en un 70 %;

I.  Considerando que la señora Radina ha recibido amenazas de muerte;

J.  Considerando que el 16 de abril de 2018 el acceso al sitio web de Carta 97 fue bloqueado también por las autoridades rusas para el interior del territorio de la Federación de Rusia;

K.  Considerando que el fundador de la Carta 97, Aleh Biabenin, fue hallado ahorcado en su domicilio cerca de Minsk en septiembre de 2010; que Pável Sheremet, bielorruso de nacimiento y portavoz de la organización que sostiene Carta 97, fue asesinado mediante un coche bomba en Kiev, la capital de Ucrania, en julio de 2016;

L.  Considerando que, a comienzos de agosto de 2018, las autoridades bielorrusas llevaron a cabo redadas en las oficinas editoriales de varios medios independientes bielorrusos, empezando por ut.by y prosiguiendo con registros en BelaPAN, realty.by, Belaruskaya Navuka y Kultura; que las redadas dieron lugar a detenciones y arrestos de periodistas, entre ellos, el redactor jefe de Tut.by, por supuestos accesos ilegales y uso de información en línea facilitada por la agencia de noticias estatal BelTA;

M.  Considerando que, el 7 de agosto de 2018, la Brigada de Investigación de Bielorrusia abrió una causa penal en virtud del artículo 349, apartado 2 del Código Penal (cuyo tipo, acceso ilícito a información electrónica cometido por otro interés personal con resultado de daños sustanciales, contempla una pena de prisión de hasta dos años), contra periodistas y redactores de una serie de medios en línea, y detuvo a dieciocho periodistas, de los que siete fueron retenidos durante tres días como sospechosos; que se han dado casos de presiones ejercidas sobre periodistas y sus familiares, y de imposiciones a que cooperen con los servicios de inteligencia y la policía;

N.  Considerando que las últimas modificaciones de la Ley de medios de comunicación de masas, adoptadas en junio de 2018, extendieron el control gubernamental a los medios de comunicación en línea; que los cambios, que entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2018, impondrán aún más trabas burocráticas a los sitios web que deseen registrarse como medios de comunicación en línea oficiales;

O.  Considerando que a los sitios web que escojan no registrarse, pese a la nueva legislación, o no reúnan los nuevos criterios, se les denegará la acreditación para instituciones gubernamentales, lo que supone una intensificación de la censura a la prensa; que tanto los medios de comunicación en línea registrados como los no registrados estarán también obligados a registrar los nombres de quienes remitan comentarios; que los propietarios de medios de comunicación en línea registrados serán asimismo responsables del contenido de dichos comentarios;

P.  Considerando que la nueva legislación exigirá que sean identificados los autores de todos artículos y comentarios en línea, y que los propietarios de los sitios web moderen dichos comentarios;

Q.  Considerando que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, Miklós Haraszti, y el representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, Harlem Désir, han manifestado su opinión de que estos cambios legislativos constituyen una restricción inaceptable de la libertad de expresión y del acceso a la información;

R.  Considerando que Bielorrusia ocupa el puesto 155 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2017 de Reporteros sin Fronteras, que evalúa cada año el grado de libertad de prensa en 180 países;

S.  Considerando que, desde el inicio de 2018, periodistas bielorrusos, cuyo derecho a recopilar, guardar y difundir información está garantizado por la Constitución, han sido multados más de setenta veces por cooperar con medios de comunicación de masas extranjeros sin acreditación, multas que totalizan la suma de 60 000 BYN; que el artículo 22.9 del Código de infracciones administrativas se ha convertido en un instrumento eficaz de acoso a los periodistas independientes y medios de comunicación, como Belsat TV, que lleva operando desde Polonia desde 2011;

T.  Considerando que Bielorrusia sigue siendo el único país europeo donde se continúa aplicando la pena de muerte;

U.  Considerando que determinadas categorías de personas en Bielorrusia son objeto de encarcelamientos ilegales y detenciones arbitrarias, denegación de asistencia adecuada y del contacto con su familiares durante su reclusión, violencia física y psicológica organizada por el Estado, enjuiciamiento y condena por cargos espurios y falsificados, sanciones económicas desproporcionadas, sanciones administrativas y otras formas de represión por parte de las autoridades bielorrusas; que entre estas categorías se encuentran los presos políticos (en especial, Mijaíl Zhamchuzhny y Dzmitry Palienka), conocidos opositores políticos, defensores de los derechos humanos, agentes de la sociedad civil, activistas medioambientales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, blogueros independientes, periodistas y editores, manifestantes pacíficos de todo tipo y, en particular, activistas de sindicatos independientes (en especial, Henadz Fiadynich e Ihar Komlik);

1.  Condena firmemente el acoso reiterado y las detenciones de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación independientes en Bielorrusia; insta a las autoridades a que pongan fin al acoso judicial, las intimidaciones y las amenazas a periodistas y medios de comunicación independientes, y que permitan que todos los nuevos portales operen en libertad;

2.  Considera inaceptable el bloqueo del sitio web de noticias Carta 97 por parte de las autoridades bielorrusas desde enero de 2018; reitera su llamamiento a las autoridades bielorrusas para que levanten con carácter inmediato e incondicional el bloqueo impuesto en Bielorrusia al acceso en línea al sitio web de noticias;

3.  Condena enérgicamente las modificaciones de la ley de medios de comunicación adoptadas, que están siendo utilizadas para endurecer el control sobre internet; reitera su grave preocupación por el deterioro de las condiciones para los sitios web y medios de comunicación independientes y opositores y para los periodistas en Bielorrusia;

4.  Opina que unos medios de comunicación independientes no constituyen una amenaza para las autoridades, sino un elemento importante para el control y el equilibrio del sistema, por lo que deben ser percibidos por el Gobierno como un posible socio crítico y no como un enemigo;

5.  Lamenta que Bielorrusia persista en su política de represión antidemocrática contra periodistas, abogados, activistas políticos, defensores de los derechos humanos, actores de la sociedad civil, sindicalistas y otros ciudadanos percibidos como una amenaza al poder político; subraya que dicha represión impide todo acercamiento en las relaciones con la Unión Europea y una mayor participación en la Asociación Oriental;

6.  Reitera su llamamiento a las autoridades bielorrusas para que refuercen el respeto de los principios democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el respeto del periodismo veraz e imparcial, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por Bielorrusia;

7.  Pide a las instituciones de la Unión que incluyan en las Prioridades de la Asociación entre la UE y Bielorrusia unas referencias explícitas a la independencia de los medios de comunicación y a las libertades de expresión y reunión; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros que velen por que los programas de asistencia de la Unión y otras formas de cooperación bilateral, incluida la asistencia financiera, estén vinculados a avances claros y tangibles hacia la democratización y la apertura, incluidos una reforma electoral en profundidad y el respeto pleno de la libertad de los medios;

8.  Pide al SEAE y a la Comisión que prosigan y refuercen su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Bielorrusia y en el extranjero; destaca, en este contexto, la necesidad de respaldar a todas las fuentes independientes de información de la sociedad bielorrusa, incluidos los medios que emiten en lengua bielorrusa y los que operan desde el extranjero, como Carta 97 y Belsat TV;

9.  Pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que supervise de cerca la situación de la libertad de los medios de comunicación en Bielorrusia, en cooperación con el relator permanente de las Naciones Unidas para Bielorrusia;

10.  Insta a las autoridades bielorrusas a que permitan el funcionamiento pleno y sin trabas de las organizaciones políticas y ciudadanas, y a que deroguen el artículo 193/1 del Código Penal que restringe las libertades de reunión pacífica y asociación;

11.  Pide enérgicamente la liberación incondicional e inmediata de los presos políticos Mijaíl Zhamchuzhny y Dzmitry Palienka, y que todos los antiguos presos políticos sean plenamente rehabilitados; pide a las autoridades que permitan que todos los sindicatos independientes desempeñen sin obstáculos su papel legítimo y central en la sociedad civil; lamenta la condena el 24 de agosto de 2018 de Henadz Fiadynich e Ihar Komlik, activistas del sindicato independiente REP, a cuatro años de privación de libertad;

12.  Elogia la labor desarrollada por el actual relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, Miklós Haraszti, y llama la atención a su sucesora, Anaïs Marin, sobre los diversos abusos de poder, las restricciones de las libertades individuales y colectivas y la represión contra la sociedad civil, los sindicatos y medios de comunicación independientes, señalados claramente en los informes del Sr. Haraszti;

13.  Pide a la autoridades bielorrusas, a este respecto, que reconozcan a la mayor brevedad el mandato del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, y a la Comisión, al Banco Europeo de Inversiones y al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo que condicionen toda asistencia financiera o técnica adicional a Bielorrusia a las circunstancias anteriormente descritas, preservando, al mismo tiempo, la capacidad de la Unión de financiar de forma directa a la sociedad civil bielorrusa;

14.  Sigue preocupado por la construcción de una central nuclear en Ostrovets; toma nota del informe sobre las pruebas de resistencia y las recomendaciones publicadas el 3 de julio de 2018, y solicita que se apliquen las recomendaciones de las pruebas de resistencia como condición previa a todo avance en la cooperación entre la Unión Europea y Bielorrusia, en particular para la firma de las Prioridades de la Asociación entre la UE y Bielorrusia;

15.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, y al presidente y al Gobierno de Bielorrusia.

 

 

Última actualización: 4 de octubre de 2018Aviso jurídico