Procedimiento : 2018/2968(RSP)
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Ciclo relativo al documento : RC-B8-0568/2018

Textos presentados :

RC-B8-0568/2018

Debates :

PV 13/12/2018 - 7.2
CRE 13/12/2018 - 7.2

Votaciones :

PV 13/12/2018 - 9.9

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0526

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 308kWORD 62k
12.12.2018
PE631.590v01-00}
PE631.591v01-00}
PE631.598v01-00}
PE631.600v01-00}
PE631.601v01-00}
PE631.602v01-00}
PE631.603v01-00} RC1
 
B8-0568/2018}
B8-0569/2018}
B8-0576/2018}
B8-0578/2018}
B8-0579/2018}
B8-0580/2018}
B8-0581/2018} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, del Reglamento interno

para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:

B8‑0568/2018 (Verts/ALE)

B8‑0569/2018 (ECR)

B8‑0576/2018 (EFDD)

B8‑0578/2018 (GUE/NGL)

B8‑0579/2018 (S&D)

B8‑0580/2018 (ALDE)

B8‑0581/2018 (PPE)


sobre Egipto, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos (2018/2968(RSP))


Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok en nombre del Grupo PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri en nombre del Grupo S&D
Monica Macovei, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Raffaele Fitto en nombre del Grupo ECR
Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä en nombre del Grupo ALDE
Miguel Urbán Crespo, Marie‑Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Luke Ming Flanagan en nombre del Grupo GUE/NGL
Jordi Solé, Bodil Valero, Judith Sargentini en nombre del Grupo Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao en nombre del Grupo EFDD

Resolución del Parlamento Europeo sobre Egipto, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos (2018/2968(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Egipto, en especial la de 8 de febrero de 2018 sobre las ejecuciones en Egipto(1), la de 10 de marzo de 2016, sobre Egipto, en particular el caso de Giulio Regeni(2), la de 17 de diciembre de 2015, sobre la posible condena a muerte de Ibrahim Halawa(3), y la de 15 de enero de 2015, sobre la situación en Egipto(4),

–  Vistas las directrices de la Unión sobre la pena de muerte, sobre la tortura, sobre la libertad de expresión y sobre los defensores de los derechos humanos,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE de agosto de 2013 y de febrero de 2014 sobre Egipto,

–  Vistos el Acuerdo de Asociación UE-Egipto de 2001, que entró en vigor en 2004 y fue reforzado por el Plan de Acción de 2007, así como las Prioridades de la Asociación UE-Egipto 2017-2020, adoptadas el 25 de julio de 2017, la declaración conjunta formulada tras la reunión de 2017 del Consejo de Asociación UE-Egipto, y la declaración conjunta formulada tras la 5.ª reunión del Subcomité UE-Egipto de cuestiones políticas, derechos humanos y democracia, en enero de 2018,

–  Vistas la declaración conjunta de 10 de octubre de 2017 de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, y el secretario general del Consejo de Europa con ocasión del Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte, y la declaración de 2 de noviembre de 2018 del portavoz del SEAE sobre los atentados contra peregrinos cristianos coptos en Egipto,

–  Vistas la declaración conjunta de 26 de enero de 2018 realizada por expertos de las Naciones Unidas, entre los que se encontraba Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en la que se insta a las autoridades egipcias a detener las ejecuciones inminentes, la declaración de 4 de diciembre de 2018 de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada, Leilani Farha, y del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, y la declaración de 9 de septiembre de 2018 de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la que se condenan las sentencias a la pena de muerte dictadas en masa para 75 personas,

–  Vista la Constitución de Egipto, en especial sus artículos 52 (sobre la prohibición de la tortura en todas sus formas y tipos), 73 (sobre la libertad de reunión) y 93 (sobre el carácter vinculante del Derecho internacional de los derechos humanos),

–  Vistos los Protocolos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,

–  Visto el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Teniendo en cuenta los principios y las directrices africanas relativos al derecho a un juicio justo y a la asistencia jurídica, que prohíben los juicios militares de civiles en cualquier circunstancia,

–  Vistos el nuevo Marco Estratégico y el Plan de Acción de la Unión sobre Derechos Humanos, que tienen por objeto incorporar la protección y la vigilancia de los derechos humanos al núcleo de todas las políticas de la Unión,

–  Vistas la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los derechos del niño y la Carta Árabe de Derechos Humanos, todas ellas ratificadas por Egipto,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Egipto es parte, y, en particular, sus artículos 14 y 18 y su segundo protocolo opcional sobre la pena de muerte,

–  Vista la decisión de la cámara baja italiana, la Cámara de Diputados, de suspender sus relaciones con el Parlamento egipcio ante la falta de progresos en la investigación acerca de la muerte del estudiante italiano Giulio Regeni,

–  Vistos la repercusión en los derechos humanos, en el plano nacional y regional, de las sanciones impuestas por Arabia Saudí, Egipto, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos contra Qatar en junio de 2017 y el informe sobre el impacto de la crisis del Golfo en los derechos humanos publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en diciembre de 2017,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el Gobierno egipcio ha intensificado la represión contra las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los activistas pacíficos, abogados, blogueros, periodistas, defensores de los derechos laborales y sindicalistas, incluso mediante la detención y la desaparición de varios de ellos y recurriendo cada vez más a la legislación antiterrorista y al estado de excepción; que, desde finales de octubre de 2018, por lo menos cuarenta trabajadores de los derechos humanos, abogados y activistas políticos han sido detenidos, algunos de ellos víctima de desapariciones forzosas; que las defensoras de los derechos humanos y las activistas que defienden los derechos de las personas LGBTQI en Egipto siguen enfrentándose a diversas formas de acoso instigado por el Estado, en especial mediante campañas difamatorias y persecución judicial;

B.  Considerando que el abogado defensor de los derechos humanos Ezzat Ghonim, director de la Comisión Egipcia para los Derechos Humanos y las Libertades, se encuentra en prisión preventiva desde marzo de 2018, acusado de «terrorismo de derechos humanos»; que sigue sin conocerse su paradero desde que un tribunal ordenara su liberación el 4 de septiembre de 2018; que el abogado defensor de los derechos humanos Ibrahim Metwali Hegazi, cofundador de la Asociación de Familias de Desaparecidos, fue víctima de desaparición forzosa y de torturas, y a continuación se ordenó su detención preventiva arbitraria, y que hoy permanece en régimen de aislamiento; que el Centro Al-Nadim fue obligado a cerrar en 2017;

C.  Considerando que, en septiembre de 2018, la defensora de los derechos humanos Amal Fathy fue condenada a dos años de reclusión acusada de «difundir noticias falsas» con la intención de perjudicar al Estado egipcio y de «indecencia pública» por haber publicado un vídeo en las redes sociales en el que criticaba la incapacidad del Gobierno para combatir la violencia sexual; que Amal Fathy se encuentra en prisión preventiva a la espera de la investigación sobre un segundo conjunto de acusaciones relacionadas con la seguridad nacional;

D.  Considerando que Ola al-Qaradawi, ciudadana catarí, y su marido Hosam Khalaf, ciudadano egipcio, se encuentran detenidos en Egipto en condiciones atroces desde el 30 de junio de 2017, sin cargos en contra de ninguno de ellos; que, en junio de 2018, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria determinó que habían sido sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes que podrían equivaler a tortura, declaró arbitraria su detención e instó al Gobierno egipcio a que los liberara;

E.  Considerando que, el 2 de febrero de 2016, fue encontrado el cuerpo de Giulio Regeni, que había desaparecido en El Cairo el 25 de enero, con pruebas de haber sufrido horribles torturas y una muerte violenta; que las autoridades egipcias aún no han dado a conocer la verdad en cuanto a su muerte y no han llevado a todos los responsables ante la justicia; que Egipto ha rechazado una vez más la solicitud de la fiscalía italiana de identificar a los agentes implicados en la desaparición y muerte de Regeni;

F.  Considerando que Reporteros sin Fronteras ha documentado al menos 38 trabajadores de los medios de comunicación que se encuentran actualmente detenidos en Egipto por su trabajo en juicios políticos y sujetos a múltiples violaciones de las garantías procesales; que los trabajadores de los medios de comunicación extranjeros también son un objetivo, y varios corresponsales de medios internacionales han sido deportados o les fue denegada la entrada en Egipto; que el fotoperiodista Mahmud «Shawkan» Abu Zeid fue condenado a cinco años en un proceso colectivo por sus actividades profesionales legítimas, y sigue cumpliendo una pena adicional de seis meses por no haber pagado una multa sustancial; que Ismail al-Iskandarani, destacado periodista y uno de los escasos que cubrían las violaciones de los derechos humanos en el Sinaí, fue detenido en noviembre de 2015 y condenado en mayo de 2018 a diez años de prisión por un tribunal militar;

G.  Considerando que en julio de 2018 se adoptó una nueva ley sobre los medios de comunicación que amplía la definición de prensa para incluir cualquier cuenta de medios sociales con más de 5 000 seguidores, con lo que dichas cuentas pueden ser objeto de enjuiciamiento por publicar noticias falsas o cualquier cosa que se considere una incitación a infringir la ley; que el respeto por las libertades civiles, incluida la libertad de expresión y de los medios de comunicación, es una parte esencial de los fundamentos de una sociedad democrática, y que los periodistas deben poder ejercer libremente su profesión sin temor a ser procesados o encarcelados;

H.  Considerando que empresas establecidas en varios Estados miembros de la Unión han seguido exportando a Egipto tecnología de vigilancia que facilita el pirateo y los programas maliciosos, además de otras formas de ataque contra los defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil en las redes sociales; que ello ha dado lugar a la represión de la libertad de expresión en internet;

I.  Considerando que, el año pasado, Egipto abrió un frente judicial contra las ONG mediante una ley por la que se requiere que las agencias de seguridad estatales aprueben su financiación, tanto nacional como internacional, lo que en la práctica significa su prohibición; que, el 15 de noviembre de 2018, el presidente Al-Sisi solicitó revisar la ley sobre las ONG a fin de que sea más «equilibrada» y encargó la tarea al Parlamento; que el nuevo proceso contra dieciséis acusados en el caso de financiación extranjera n.º 173/2011 está previsto para el 20 de diciembre de 2018, y que los acusados se enfrentan al cargo de crear y gestionar sucursales de organizaciones internacionales sin el permiso gubernamental;

J.  Considerando que Egipto permanece bajo el estado de excepción desde abril de 2017, y que se prorrogó por tres meses a partir del 21 de octubre de 2018; que, según los medios de comunicación públicos, el estado de excepción se introdujo para ayudar a combatir «los riesgos y la financiación del terrorismo»; que el presidente y quienes actúan en su nombre tienen la facultad de remitir a civiles a los tribunales de excepción para la seguridad del Estado durante ese plazo de tres meses; que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha criticado los intentos de conceder inmunidad contra el enjuiciamiento en caso de delitos cometidos presuntamente por miembros de las fuerzas de seguridad, lo que debilita la confianza del pueblo egipcio en la capacidad del Gobierno de hacer justicia para todos;

K.  Considerando que la ley antiterrorista de 2015 recurre a una definición amplia del concepto de terrorismo que incluye la vulneración del orden público, la puesta en peligro de la seguridad o los intereses de la sociedad, la obstrucción de las disposiciones de la Constitución y la legislación, o el daño a la unidad nacional, la paz social, o la seguridad nacional, y, con ello, disidentes pacíficos, defensores de la democracia y de los derechos humanos corren el riesgo de ser etiquetados como terroristas y condenados a muerte;

L.  Considerando que bajo el mandato del presidente Al-Sisi los tribunales egipcios han recomendado al menos 2 443 penas de muerte preliminares, incluidas 12 a niños, y han confirmado al menos 1 451 condenas a muerte; que al menos 926 de las condenas a muerte confirmadas son resultado de procesos colectivos a 15 o más personas al mismo tiempo; que, durante el mismo período, Egipto ha llevado a cabo al menos 144 ejecuciones; que la pena de muerte, en especial en procesos colectivos, se ha aplicado con frecuencia contra personas que ejercían sus derechos fundamentales, incluida la libertad de reunión;

M.  Considerando que, en agosto, un tribunal egipcio confirmó las sentencias de más de 739 personas en relación con las protestas que ocurrieron en la plaza de Rabaa tras el golpe de Estado de 2013; que el tribunal ratificó 75 condenas a muerte y confirmó sentencias de cadena perpetua para otras 47 personas; que se denunciaron numerosas irregularidades durante el juicio, y que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo describió como un grave error judicial;

N.  Considerando que, a finales de noviembre, Egipto anunció la creación de una «Alta Comisión Permanente para los Derechos Humanos», según parece para «responder a las acusaciones» respecto a la situación de los derechos humanos en Egipto y «formular una visión egipcia unificada»; que los principales miembros de dicha comisión son representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior, del ejército y de los servicios de inteligencia;

O.  Considerando que, a pesar del reconocimiento constitucional de la cultura copta como «pilar» del país, la violencia y la discriminación contra los egipcios de ascendencia copta, que constituyen la mayoría de los nueve millones de cristianos de Egipto, han aumentado desde 2011; que los cristianos coptos, que representan aproximadamente el 10 % de la población egipcia, mayoritariamente musulmana, han sido los más afectados por la violencia sectaria; que el 2 de noviembre de 2018 un ataque perpetrado por militantes islámicos contra un autobús de peregrinos coptos en Menia causó siete muertos y diecinueve heridos, lo que demuestra los problemas de seguridad a los que se enfrenta Egipto;

P.  Considerando que el Consejo de Asociación UE-Egipto debe reunirse el 20 de diciembre de 2018; que se ha programado una misión de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo a Egipto antes de la reunión del Consejo de Asociación; que Egipto no ha invitado oficialmente a esta delegación;

Q.  Considerando que, desde la revolución de 2011, Egipto ha atravesado varios momentos difíciles, y que la comunidad internacional está ayudando a este país a enfrentarse a sus desafíos económicos, políticos y de seguridad; que existen graves problemas de seguridad en Egipto, en especial en el Sinaí, donde grupos terroristas han perpetrado ataques contra las fuerzas de seguridad; que en Egipto se han producido numerosos atentados terroristas devastadores;

R.  Considerando que las Prioridades de la Asociación UE-Egipto 2017-2020, adoptadas en julio de 2017, se fundamentan en un compromiso compartido con los valores universales de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, y constituyen un marco renovado para el compromiso político y la cooperación reforzada, también en materia de seguridad, reforma del poder judicial y lucha contra el terrorismo, sobre la base del debido respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; que el Subcomité de Asuntos Políticos, Derechos Humanos y Democracia del Acuerdo de Asociación entre Egipto y la Unión Europea celebró en El Cairo, los días 10 y 11 de enero de 2018, su quinta reunión en la que se abordó la cooperación en los ámbitos de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho; que la sexta reunión del Comité de Asociación Egipto-UE tuvo lugar el 8 de noviembre de 2018;

S.  Considerando que la Unión es el primer socio económico de Egipto y su principal fuente de inversión extranjera; que la ayuda bilateral de la Unión a Egipto en el marco del Instrumento Europeo de Vecindad para el período 2017-2020 asciende a 500 millones EUR aproximadamente; que el 21 de agosto de 2013 el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión encargó a la alta representante la revisión de la ayuda de la Unión a Egipto; que el Consejo decidió que la cooperación de la Unión con Egipto se reajustaría de acuerdo con los acontecimientos que se produjeran sobre el terreno;

T.  Considerando que las vías de actuación de la oposición política pacífica fueron eliminadas durante el proceso de las elecciones presidenciales de 2018, con una denegación masiva del derecho de los votantes egipcios a la participación política;

U.  Considerando que, en sus Conclusiones de 21 de agosto de 2013, el Consejo de Asuntos Exteriores declaraba que «los Estados miembros han acordado suspender las licencias de exportación a Egipto de cualquier material que pueda utilizarse para la represión interna y reevaluar las licencias de exportación de los equipos cubiertos por la Posición Común 2008/944/PESC, así como revisar su asistencia de seguridad a Egipto»; que dichas Conclusiones fueron reafirmadas por el Consejo de Asuntos Exteriores en febrero de 2014; que la VP/AR confirmó en su respuesta escrita de 27 de octubre de 2015 que esas conclusiones constituían «un compromiso político contra cualquier apoyo militar a Egipto»;

1.  Condena enérgicamente las continuas restricciones de los derechos democráticos fundamentales, en particular las libertades de expresión, tanto en línea como fuera de línea, y de asociación y reunión, el pluralismo político y el Estado de Derecho en Egipto; pide el fin de todos los actos de violencia, instigación, incitación al odio, hostigamiento, intimidación, desaparición forzada y censura dirigidos contra defensores de los derechos humanos, abogados, manifestantes, periodistas, blogueros, sindicalistas, estudiantes, defensoras de los derechos de la mujer, personas LGBTI, organizaciones de la sociedad civil, opositores políticos y minorías, como los nubios, por parte de las autoridades del Estado, las fuerzas y cuerpos de seguridad, y otros grupos en Egipto; condena el uso excesivo de la violencia contra los manifestantes; pide una investigación independiente y transparente de todas las violaciones de los derechos humanos, y que sus responsables comparezcan ante la justicia;

2.  Pide al Gobierno egipcio la liberación inmediata e incondicional de los defensores de los derechos humanos Ahmed Amasha, Hanan Badr al-Din, Amal Faci, Ezat Ghoneim, Juda Abdelmoneim, Ibrahim Metualy y Azuz Mahgub, y de los trabajadores de los medios de comunicación Mahmud Abu Zeid «Shaukan», Hisham Gaafar, Mohamed Ibrahim «Oxygen», Ismail Iskandarani, Adel Sabri, Ahmed Tarek Ibrahim Ziada, Alaa Abdel Fatah, Shadi Abu Zaid, Mustafa al-Aasar, Hasan al-Banaand y Moataz Uadnan, así como de todos los detenidos únicamente por ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión, violando así la Constitución de Egipto y las obligaciones internacionales; pide a Egipto que, en espera de su puesta en libertad, les permita ponerse en contacto con sus familiares y los abogados de su elección, y tener acceso a una atención médica adecuada, y que lleve a cabo investigaciones creíbles sobre cualquier denuncia de malos tratos o tortura; solicita a la Unión que aplique en su integridad los controles de sus exportaciones a Egipto en relación con productos que pueden usarse para infligir torturas o aplicar la pena de muerte;

3.  Recuerda al Gobierno egipcio que la prosperidad a largo plazo de Egipto y de sus ciudadanos va estrechamente unida a la protección de los derechos humanos universales y al establecimiento y arraigo de instituciones democráticas y transparentes que estén comprometidas con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos; pide a las autoridades egipcias, por tanto, que apliquen plenamente los principios de los convenios internacionales a los que se ha adherido Egipto;

4.  Pide a las autoridades egipcias que retiren todas las investigaciones penales sin fundamento existentes sobre las ONG, incluido el «asunto de la financiación extranjera», y que deroguen la legislación draconiana sobre las ONG; anima a que se sustituya esta ley por un nuevo marco legislativo, elaborado tras una verdadera consulta con las organizaciones de la sociedad civil, de conformidad con las obligaciones nacionales e internacionales de Egipto, con el fin de proteger la libertad de asociación;

5.  Expresa su grave preocupación por los juicios en masa ante tribunales egipcios y el gran número de penas de muerte y de penas de prisión de larga duración dictadas; pide a las autoridades judiciales egipcias que dejen de aplicar la pena de muerte contra las personas, en particular contra quienes fueran menores de 18 años en el momento de su presunto delito, y que defiendan y respeten el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Egipto es parte, y, en especial, su artículo 14 sobre el derecho a un juicio justo y sin dilaciones, basado en acusaciones claras y garantizando el respeto de los derechos de los acusados;

6.  Reitera su llamamiento a Egipto para que firme y ratifique el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; anima al Gobierno egipcio a que envíe una invitación abierta a los relatores especiales de las Naciones Unidas pertinentes para que visiten el país;

7.  Pide al Parlamento egipcio que revise el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la legislación antiterrorista y el Código Militar egipcios; pide a las autoridades egipcias que dejen de juzgar a civiles en tribunales militares;

8.  Manifiesta su profunda preocupación por las represalias contra las personas que cooperan o tratan de cooperar con las organizaciones internacionales de derechos humanos o con organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, como recientemente el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Vivienda Adecuada; recuerda a las autoridades egipcias su obligación, como miembro de las Naciones Unidas, de abstenerse de tales actos;

9.  Condena la continua persecución de grupos minoritarios en Egipto; reitera su compromiso con la libertad de conciencia y de religión en Egipto, y pide que se promueva la colaboración internacional, incluida una investigación independiente por parte de las Naciones Unidas para evaluar la situación de los cristianos coptos en Egipto; pide a Egipto que revise su legislación relativa a la blasfemia y garantice la protección de las minorías religiosas frente a dicha legislación;

10.  Insta al Gobierno egipcio a que ponga fin a todas las medidas discriminatorias instauradas después de junio de 2017 contra los nacionales cataríes, en particular por lo que se refiere al caso de Ola al-Qaradaui y a su esposo Hosam Jalaf;

11.  Respalda la aspiración de la mayoría de ciudadanos egipcios que desean el establecimiento de una nación libre, estable, próspera, integradora y democrática que respete sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales; recuerda que, en un momento en que Egipto está intentando consolidar la democracia y el Estado de Derecho, es importante que se respete la expresión pacífica de opiniones y críticas;

12.  Expresa sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas del terrorismo; declara su solidaridad con el pueblo egipcio, y reafirma su compromiso en la lucha contra la propagación de ideologías radicales y contra los grupos terroristas;

13.  Insta al Gobierno egipcio a que vele por que todas las operaciones en el Sinaí se lleven a cabo de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos, investiguen a fondo todos los abusos, abran inmediatamente el norte del Sinaí a observadores y periodistas independientes, satisfagan las necesidades esenciales de los residentes y permitan a las organizaciones de ayuda independientes prestar ayuda a las personas necesitadas;

14.  Pide a la VP/AR que dé prioridad a la situación de los defensores de los derechos humanos en Egipto y que condene la alarmante situación de los derechos humanos en el país, incluida la aplicación de la pena de muerte; insta al SEAE a que aborde los recientes acontecimientos en Egipto y utilice todos los medios de influencia a su disposición a fin de presionar a Egipto para que mejore su situación en materia de derechos humanos y ponga fin a las ejecuciones inminentes, a que pida la pronta liberación de los detenidos y a que anime a las autoridades egipcias a respetar sus compromisos con respecto a las normas y leyes internacionales;

15.  Subraya la importancia que la Unión atribuye a su cooperación con Egipto por su condición de importante vecino y socio; insta enérgicamente a Egipto a que mantenga en consecuencia su compromiso, contraído en las Prioridades de la Asociación UE-Egipto adoptadas el 27 de julio de 2017, en favor de la promoción de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con su Constitución y con las normas internacionales; subraya que las Prioridades de la Asociación se celebraron con Egipto en 2017, a pesar del continuo deterioro de la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho; insta a la VP/AR y a los Estados miembros a que condicionen una mayor cooperación con Egipto al respeto de los derechos humanos y a la incorporación de las cuestiones relativas a los derechos humanos en todas las conversaciones con las autoridades egipcias, especialmente en relación con las tres prioridades establecidas; reitera que los derechos humanos no deben verse socavados por la gestión de la migración o por las medidas antiterroristas;

16.  Recuerda a las autoridades egipcias que el nivel de compromiso de la Unión con Egipto debe basarse en incentivos, siguiendo el principio «más por más» de la política europea de vecindad, y depender de los avances en la reforma de las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y los derechos humanos;

17.  Insta a la VP/AR y a los Estados miembros a que mantengan una actitud firme y unida sobre la posición de la Unión en materia de derechos humanos en la reunión del Consejo de Asociación UE-Egipto prevista para el 20 de diciembre de 2018, como deberían hacer en todos los foros de derechos humanos y en las reuniones bilaterales y multilaterales, y a que articulen claramente las consecuencias a las que se tendrá que enfrentar el Gobierno egipcio en caso de que no invierta su tendencia a cometer abusos, como sanciones específicas contra las personas responsables de violaciones de los derechos humanos; pide asimismo a la Unión que emita una enérgica declaración en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también en vista de las recomendaciones para el examen periódico universal de las Naciones Unidas de 2019;

18.  Recuerda su indignación permanente por la tortura y el asesinato del investigador italiano Giulio Regeni; hace hincapié en que seguirá presionando a las autoridades de la Unión para que colaboren con sus homólogos egipcios hasta que se establezca la verdad sobre este asunto y los responsables respondan ante la justicia; recuerda a las autoridades egipcias que son responsables de la seguridad del equipo jurídico italiano y egipcio que investiga el caso de Giulio Regeni;

19.  Reitera su llamamiento a los Estados miembros para que detengan las exportaciones de tecnología de vigilancia y equipos de seguridad a Egipto que puedan facilitar los ataques contra los defensores de los derechos humanos y los activistas de la sociedad civil, incluidas las redes sociales;

20.  Lamenta profundamente la falta de voluntad mostrada por las autoridades egipcias para organizar una misión de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en El Cairo; espera que la Unión denuncie la negativa de las autoridades egipcias a autorizar esta visita;

21.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como al Gobierno y al Parlamento de Egipto.

 

 

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0035.

(2)

DO C 50 de 9.2.2018, p. 42.

(3)

DO C 399 de 24.11.2017, p. 130.

(4)

DO C 300 de 18.8.2016, p. 34.

Última actualización: 13 de diciembre de 2018Aviso jurídico