Procedimiento : 2019/2564(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B8-0111/2019

Textos presentados :

RC-B8-0111/2019

Debates :

PV 14/02/2019 - 8.3
CRE 14/02/2019 - 8.3

Votaciones :

PV 14/02/2019 - 10.3

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0117

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 165kWORD 61k
13.2.2019
PE635.336v01-00}
PE635.338v01-00}
PE635.340v01-00}
PE635.341v01-00}
PE635.346v01-00}
PE635.348v01-00}
PE635.351v01-00} RC1
 
B8-0111/2019}
B8-0113/2019}
B8-0115/2019}
B8-0116/2019}
B8-0121/2019}
B8-0123/2019}
B8-0126/2019} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:

B8-0111/2019 (ECR)

B8-0113/2019 (Verts/ALE)

B8-0115/2019 (S&D)

B8-0116/2019 (EFDD)

B8-0121/2019 (GUE/NGL)

B8-0123/2019 (ALDE)

B8-0126/2019 (PPE)


sobre los defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí  (2019/2564(RSP))


Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere en nombre del Grupo PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri en nombre del Grupo S&D
Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei en nombre del Grupo ECR
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en nombre del Grupo ALDE
Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep-Maria Terricabras, Margrete Auken en nombre del Grupo Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou en nombre del Grupo GUE/NGL
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato en nombre del Grupo EFDD

Resolución del Parlamento Europeo sobre los defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí  (2019/2564(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre Arabia Saudí, en particular la Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre Arabia Saudí, sus relaciones con la UE y su papel en Oriente Próximo y el Norte de África(1); la Resolución, de 12 de febrero de 2015, sobre el caso de Raif Badawi, Arabia Saudí(2); la Resolución, de 8 de octubre de 2015, sobre el caso de Alí Mohamed al-Nimr(3); la Resolución, de 31 de mayo de 2018, sobre la situación de los defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí(4); y la Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre el asesinato del periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí de Estambul(5),

–  Vistas las declaraciones de 29 de mayo de 2018 del portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las recientes detenciones en Arabia Saudí, y de 31 de julio de 2018, sobre las detenciones arbitrarias de defensores y activistas de los derechos humanos en Arabia Saudí, incluidos activistas de los derechos de las mujeres,

–  Vista la declaración, de 12 de octubre de 2018, de varios relatores especiales de las Naciones Unidas en la que se pedía la liberación inmediata de todos los defensores de los derechos de las mujeres,

–  Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de diciembre de 2017;

–  Vista la pertenencia de Arabia Saudí al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, así como su pertenencia al consejo ejecutivo de esta Comisión desde enero de 2019,

–  Visto el discurso pronunciado por el comisario Christos Stylianides en nombre de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) en el debate del día 4 de julio de 2017 ante el Parlamento Europeo sobre la elección de Arabia Saudí como miembro de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas,

–  Visto el discurso de apertura de la VP/AR en la 5.ª reunión ministerial UE-Liga de los Estados Árabes, en el que afirmó: «y permítanme decir que la cooperación entre Europa y el mundo árabe nunca ha sido tan importante y, según creo, nunca ha sido tan necesaria»,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

–  Vistas las conclusiones de 9 de marzo de 2009 del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sobre los informes periódicos tercero y cuarto de Arabia Saudí,

–  Visto el informe del Detention Review Panel sobre las activistas privadas de libertad en Arabia Saudí,

–  Vista el proyecto de ley contra el acoso aprobado por el Consejo de la Shura saudí el 28 de mayo de 2018,

–  Visto el examen periódico universal de Arabia Saudí, de noviembre de 2018,

–  Visto el índice de la libertad de prensa de 2018 de Reporteros sin Fronteras, en el que Arabia Saudí ocupa el 169.º lugar de 180 países,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos,

–  Vista la concesión del Premio Sájarov a la libertad de conciencia y expresión al bloguero saudí Raif Badawi en 2015,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que activistas detenidos por las autoridades saudíes por su labor en favor de los derechos de las mujeres siguen privados de libertad sin cargos; considerando que entre dichos activistas se cuentan Luyain al-Hazlul, Aziza al-Yusef, Imán al-Nafyán, Nuf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nasima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi y Hatún al-Fasi, todas ellas defensoras de los derechos de las mujeres, así como hombres que apoyan el movimiento, como Muhamad al-Rabia; que estos activistas son conocidos por su campaña contra la prohibición de que las mujeres conduzcan y su apoyo a la abolición del sistema de tutela masculina; que fueron detenidos antes del 24 de junio de 2018, fecha prevista para levantar la prohibición de que condujeran las mujeres; que, al parecer, algunos de ellos serán sometidos a juicio ante el Tribunal Penal Especializado, que se creó inicialmente para juzgar a los detenidos por delitos relacionados con el terrorismo;

B.  Considerando que la defensora de los derechos humanos Israa al-Gomgam, de la región de Qatif, sigue sujeta a detención arbitraria; que recientemente se levantó la pena de muerte que se le había impuesto, pero que siguen pesando contra ella cargos que no han sido comunicados; que existe preocupación por el bienestar físico y mental de Israa al-Gomgam;

C.  Considerando que, según determinados informes, los interrogadores saudíes han sometido a torturas, malos tratos y abusos sexuales a al menos tres de las activistas detenidas en mayo de 2018; que se han impuesto prohibiciones de viaje a familiares de las activistas, como es caso de los padres de Luyain al-Hazlul;

D.  Considerando que el Ministerio de Medios de Comunicación de Arabia Saudí ha rechazado las denuncias de tortura a presos en el reino, afirmando que se trata de informaciones sin fundamento;

E.  Considerando que la activista Luyain al-Hazlul lleva privada de libertad desde marzo de 2018, tras asistir a una sesión de examen de Arabia Saudí en el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; que estuvo en régimen de aislamiento entre mayo y septiembre de 2018, período en el que fue torturada, según sus padres;

F.  Considerando que una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí visitó a Luyain al-Hazlul tras la publicación de la información de que había sido torturada; que dicha delegación no pudo garantizar su protección; que un fiscal la visitó posteriormente para recoger su testimonio;

G.  Considerando que Luyain al-Hazlul ha sido propuesta para el edición de 2019 Premio Nobel de la Paz;

H.  Considerando que Arabia Saudí sigue imponiendo a las mujeres algunas de las restricciones más severas, a pesar de las recientes reformas del gobierno tendentes a impulsar los derechos de las mujeres en el ámbito del empleo; que el sistema político y social saudí sigue siendo discriminatorio, convirtiendo de hecho a las mujeres en ciudadanos de segunda, que no permite la libertad de religión y creencias, discrimina gravemente a la numerosa mano de obra extranjera del país y que reprime con severidad todas las voces discrepantes;

I.  Considerando que Arabia Saudí cuenta con una serie de leyes discriminatorias, en particular las disposiciones relativas al estado civil y a la situación de las trabajadoras migrantes, el Código del Estado Civil, el Código de Trabajo, la Ley de Nacionalidad y el sistema de tutela masculina, que supedita a la autorización de un tutor masculino el ejercicio por las mujeres de la mayoría de sus derechos consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

J.  Considerando que, en el marco del sistema de tutela masculina, las mujeres saudíes están privadas del control más básico sobre sus vidas; que siguen vigentes las leyes discriminatorias relativas al matrimonio y al divorcio, y que las mujeres están obligadas por ley a obtener la autorización de un tutor masculino para matricularse en la enseñanza superior, buscar empleo, viajar o casarse; que, a diferencia de los hombres, las mujeres saudíes con cónyuges extranjeros no pueden transmitir la nacionalidad a sus hijos o sus cónyuges;

K.  Considerando que, según el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la reserva general de Arabia Saudí respecto de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es incompatible con el objeto y la finalidad de dicha Convención e inadmisible con arreglo a su artículo 28;

L.  Considerando que desde que el príncipe heredero Muhamad bin Salmán al-Saud accedió al poder en junio de 2017, numerosos defensores de los derechos humanos, activistas y críticos del régimen que expresado abiertamente su opinión han sido objeto de detención arbitraria o han sido condenados injustamente a largas penas de prisión por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión;

M.  Considerando que la agenda reformista Visión 2030, destinada a la transformación económica y social del país —también a través de la emancipación de las mujeres—, debe ofrecer a las mujeres saudíes una genuina oportunidad de conseguir su emancipación jurídica, que es absolutamente imprescindible para el pleno disfrute de los derechos que les reconoce la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; que, no obstante, la reciente oleada de detenciones y supuestas torturas de que son víctimas los activistas en favor de los derechos de las mujeres parece ser contraria a este objetivo y podría desviar la atención de la agenda de reformas; que el decreto Visión 2030 carece de un marco jurídico adecuado;

N.  Considerando que la libertad de expresión y la libertad de prensa y medios de comunicación, tanto en línea como fuera de la red, son condiciones previas imprescindibles y catalizadoras de la democracia y la reforma, y constituyen controles esenciales del poder;

O.  Considerando que Arabia Saudí tiene uno de los índices de ejecuciones más elevados del mundo; que entre 2014 y 2017 el número medio anual de ejecuciones fue de, al menos, 126; que las autoridades imponen la pena de muerte por delitos no violentos como el contrabando de drogas, la traición y el adulterio; que delitos como la apostasía, que según el Derecho internacional de los derechos humanos no deben tipificarse como delito, también han sido castigados con la pena de muerte;

P.  Considerando que el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas atribuye a Arabia Saudí en 2018 el valor de 0,853, lo que supone el 39.º puesto de un total de 138 países y territorios; que a Arabia Saudí le corresponde un valor de 0,234 en el índice de desigualdad de género de las Naciones Unidas, por lo que ocupa el puesto 39.º de un total de 189 países en el índice de 2017; que el país tiene en el índice de desarrollo en relación con el género de las Naciones Unidas un valor de 0.877 (39.º puesto en el mundo);

1.  Condena enérgicamente la detención de las defensoras de los derechos humanos que abogaban por el levantamiento de la prohibición de conducir, así como de todos los defensores pacíficos de los derechos humanos, periodistas, abogados y activistas, y manifiesta su consternación ante las noticias creíbles de que varios de ellos son objeto de tortura sistemática, incluida Luyain al-Hazlul;

2.  Pide a las autoridades saudíes que pongan en libertad, inmediata e incondicionalmente, a estos defensores de los derechos de las mujeres y a todos los defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas y otros presos de conciencia privados de libertad y condenados únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y por su labor pacífica en favor de los derechos humanos, y que permitan a observadores internacionales independientes reunirse con los defensores de los derechos humanos privados de libertad;

3.  Insta a las autoridades saudíes a que faciliten el acceso de médicos independientes a las personas privadas de libertad; resalta que el trato dado a todas las personas privadas de libertad, incluidos los defensores de los derechos humanos, durante su detención, debe atenerse a las condiciones establecidas en el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, aprobado mediante la Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

4.  Insiste en que entre los observadores independientes se cuenten observadores de la Delegación de la Unión en Arabia Saudí o de las instituciones de la Unión, así como titulares de los mandatos de derechos humanos de las Naciones Unidas, como el relator especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, u ONG internacionales;

5.  Insiste en que las autoridades saudíes pongan término a todas las formas de acoso, también a escala judicial, contra Luyain al-Hazlul, Aziza al-Yusef, Imán al-Nafyán, Nuf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nasima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi, Hatún al-Fasi, Israa al-Gomgam, Muhamad al-Rabia y todos los demás defensores de los derechos humanos en el país, de manera que puedan realizar sus actividades sin obstáculos injustificados ni miedo a represalias contra ellos y sus familias;

6.  Condena la represión y tortura que se practican contra los defensores de los derechos humanos, incluidos los defensores de los derechos de las mujeres, en Arabia Saudí, lo que socava la credibilidad del proceso de reforma del país; denuncia la discriminación permanente y sistemática de la que son objeto las mujeres y niñas en Arabia Saudí;

7.  Insta a Arabia Saudí a que garantice públicamente la seguridad de todos los activistas detenidos, permita que las mujeres detenidas tengan acceso a abogados y que puedan ver a sus familiares, presente pruebas de que se encuentran bien y libere a las personas encarceladas únicamente por defender reformas pacíficamente;

8.  Rinde homenaje y apoya a los defensores de los derechos de las mujeres saudíes que buscan un trato equitativo y justo en su sociedad y a quienes han defendido los derechos humanos a pesar de las dificultades a que se enfrentan;

9.  Expresa su profunda preocupación por la incidencia de la violencia de género en Arabia Saudí, que sigue sin notificarse ni documentarse en gran medida y que se ha justificado aludiendo a razones retrógradas como la necesidad de imponer disciplina a las mujeres sometidas a la tutela masculina; insta las autoridades saudíes a que adopten medidas legislativas exhaustivas para tipificar y penalizar concretamente todas las formas de violencia de género contra las mujeres, en particular la mutilación genital femenina, la violación, incluida la violación conyugal, la agresión sexual y el acoso sexual, y a que eliminen todos los obstáculos al acceso de las mujeres a la justicia; manifiesta su profunda preocupación por las informaciones referidas a la prevalencia de la práctica del matrimonio infantil;

10.  Lamenta la existencia del sistema de tutela masculina, en virtud del cual sigue siendo necesaria la autorización de un tutor masculino en diversos ámbitos, como los viajes internacionales, el acceso a los servicios de asistencia sanitaria, la elección de domicilio, el matrimonio, la presentación de denuncias ante la justicia y la salida de los centros públicos de acogida para mujeres maltratadas y de los centros de detención; subraya que este sistema es un reflejo del sistema patriarcal, profundamente enraizado en el país; insta al Gobierno saudí a que suprima inmediatamente el sistema de tutela masculina y a que derogue otras leyes que discriminen a las mujeres y las niñas;

11.  Toma nota de la reciente aprobación de una ley en virtud de la cual las mujeres saudíes pueden ser informadas por un mensaje de texto sobre su divorcio para protegerlas de que se ponga fin a su matrimonio sin su conocimiento; hace hincapié en que esta ley no aborda el hecho de que las mujeres saudíes solo pueden obtener el divorcio en casos extremadamente limitados como, por ejemplo, cuando tienen el consentimiento de su marido o cuando han sido maltratadas por él;

12.  Expresa su preocupación por los servicios web gubernamentales mediante los cuales los tutores pueden hacer un seguimiento de las mujeres, indicar cuándo y cómo pueden cruzar las fronteras de Arabia Saudí y recibir mensajes SMS en tiempo prácticamente real cuando viajan;

13.  Acoge con satisfacción que se haya levantado la prohibición de que las mujeres conduzcan en el reino como uno de los elementos de la agenda Visión 2030;

14.  Pide a las autoridades saudíes que revisen la Ley sobre asociaciones y fundaciones de diciembre de 2015 a fin de permitir que las activistas se organicen de modo autónomo y trabajen con libertad e independencia sin injerencias indebidas por parte de las autoridades; insta, asimismo, a que se revise la Ley antiterrorista, la Ley de lucha contra la ciberdelincuencia y la Ley de prensa y publicaciones, que se utilizan reiteradamente para perseguir a los defensores de los derechos humanos, así como todas las disposiciones discriminatorias presentes en el ordenamiento jurídico, también en ámbitos como las herencias;

15.  Pide a las autoridades saudíes que ratifiquen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, retiren las reservas formuladas en relación con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y ratifiquen el Protocolo Facultativo a esta Convención de modo que las mujeres saudíes puedan disfrutar plenamente de los derechos consagrados en la Convención, así como que pongan fin a los matrimonios infantiles, a los matrimonios forzosos y al código de vestimenta obligatoria para las mujeres; insta a Arabia Saudí a que curse una invitación permanente a todos los titulares de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que visiten el país;

16.  Hace hincapié en que el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de asociación y reunión pacíficas están protegidos por el Derecho internacional de los derechos humanos; pide a las autoridades saudíes que permitan una prensa y unos medios de comunicación independientes y que garanticen la libertad de expresión en línea y fuera de ella, así como la libertad de asociación y de reunión pacífica a todos los habitantes de Arabia Saudí; insta a las autoridades saudíes a que levanten las restricciones impuestas a los defensores de los derechos humanos, que les impiden expresarse en las redes sociales y en los medios de comunicación internacionales;

17.  Pide a las autoridades saudíes que impongan una moratoria inmediata a la aplicación de la pena de muerte como un paso hacia su abolición; pide que se revisen todas las condenas a muerte para asegurarse de que los juicios en que se impusieron dichas condenas se ajustaron a las normas internacionales;

18.  Recomienda el envío a Arabia Saudí antes de que finalice la presente legislatura de una delegación ad hoc de la Subcomisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género para visitar a las mujeres encarceladas y celebrar las reuniones que se imponen con las autoridades saudíes;

19.  Toma nota del compromiso entre la Unión y Arabia Saudí y anima a que se siga dialogando;

20.  Lamenta las declaraciones desafortunadas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y de los Estados miembros sobre los casos de las defensoras de los derechos humanos detenidas desde mayo de 2018;

21.  Pide a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros que planteen los casos de Luyain al-Hatzlul, Imán al-Nafyán, Aziza al-Yusef, Samar Badawi, Nasima al-Sada y de todas las demás defensoras de los derechos humanos en sus conversaciones con las autoridades saudíes, y que exijan su liberación; insiste en que, a la espera de su liberación, los diplomáticos de la Unión deben pedir a las autoridades saudíes que garanticen su seguridad y que investiguen de modo exhaustivo las denuncias de tortura;

22.  Pide a la Comisión y al Parlamento que examinen la falta de listados referidos a Arabia Saudí en el Registro de transparencia de la UE;

23.  Pide a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros que planteen los casos de Israa al-Gomgam, su marido Musa al-Hashim y sus cuatro codefensores Ahmad al-Matrud, Alí Uwaisher, Jalid al-Ganim y Mujajba al-Muzain en sus conversaciones con las autoridades saudíes, y que exijan su liberación; pide, además, que se plantee el caso del sheij Salmánn Al-Auda y que se exija su liberación;

24.  Pide a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros que fijen una posición unificada para garantizar que los servicios diplomáticos europeos en Arabia Saudí utilicen sistemáticamente los mecanismos previstos en las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos, incluidas declaraciones públicas, gestiones diplomáticas, supervisión de juicios y visitas a prisiones, en relación con los defensores de los derechos de las mujeres saudíes detenidos desde mayo de 2018;

25.  Pide que en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se presente una resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Arabia Saudí; pide a la Unión que plantee, ante el próximo Consejo de Derechos Humanos y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la cuestión relativa a la pertenencia de Estados con historiales cuestionables en materia de derechos humanos, también en lo que se refiere al respecto de los derechos de las mujeres y la igualdad de género; pide a la Unión que proponga ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el nombramiento de un relator especial sobre los derechos humanos en Arabia Saudí;

26.  Pide, de nuevo, a las autoridades saudíes que suspendan toda nueva flagelación de Raif Badawi y que sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional; insiste en que todos los altos representantes de la Unión, en particular la VP/AR y todos los comisarios, planteen sistemáticamente el caso de Raif Badawi en sus contactos con sus homólogos saudíes y soliciten reunirse con él durante sus visitas al país; se compromete a redoblar sus esfuerzos en apoyo de su liberación; pide a su presidente que viaje a Riad para plantear directamente ante las autoridades el caso de los galardonados con el Premio Sájarov;

27.  Pide a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros que velen por la plena aplicación de las Directrices de la Unión sobre defensores de los derechos humanos y que extiendan su protección y su apoyo a los defensores de los derechos humanos, en particular a las mujeres que defienden los derechos humanos; pide a la VP/AR que informe sobre el estado actual de la cooperación militar y de seguridad entre los Estados miembros y el régimen saudí;

28.  Reitera su llamamiento al Consejo para que acuerde una posición común con el fin de imponer un embargo a escala de la Unión a la venta de armas a Arabia Saudí y para que respete la Posición Común 2008/944/CFSP(6); se manifiesta a favor de un embargo a la exportación de sistemas de vigilancia y otros productos de doble uso que pudieran utilizarse en Arabia Saudí con fines relacionados con la represión de sus ciudadanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos; manifiesta su alarma por el uso de estas armas y de la tecnología de cibervigilancia por parte de las autoridades de Arabia Saudí; recuerda a los Estados miembros que los acuerdos de armamento que continúansocial media celebrando con Arabia Saudí son contrarios a la Posición Común de la UE sobre las exportaciones de armas; pide al SEAE que proponga la aplicación de medidas restrictivas contra Arabia Saudí en respuesta a las violaciones de los derechos humanos, incluidas la congelación de activos y la prohibición de visados, y al Consejo que las adopte;

29.  Insta a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros a que sigan dialogando con Arabia Saudí sobre derechos humanos y libertades fundamentales y el inquietante papel del país en la región; expresa su disposición a mantener un diálogo constructivo y abierto con las autoridades saudíes, en particular con parlamentarios, sobre la aplicación de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos; pide que se realice un intercambio de conocimientos en materia judicial y jurídica para reforzar la protección de los derechos individuales en Arabia Saudí;

30.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al secretario general de las Naciones Unidas, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al rey Salmán bin Abdulaziz al-Saud y al príncipe heredero Muhamad bin Salmán al-Saud, al Gobierno del Reino de Arabia Saudí y al secretario general del Centro para el Diálogo Nacional del Reino de Arabia Saudí.

 

 

 

(1)

DO C 378 de 9.11.2017, p. 64.

(2)

DO C 310 de 25.8.2016, p. 29.

(3)

DO C 349 de 17.10.2017, p. 17.

(4)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0232.

(5)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0434.

(6)

Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, DO L 335 de 13.12.2008, p. 99.

Última actualización: 13 de febrero de 2019Aviso jurídico