Procedimiento : 2019/2733(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B9-0014/2019

Textos presentados :

RC-B9-0014/2019

Debates :

PV 18/07/2019 - 3.2
CRE 18/07/2019 - 3.2

Votaciones :

PV 18/07/2019 - 7.2
CRE 18/07/2019 - 7.2

Textos aprobados :

P9_TA(2019)0005

<Date>{17/07/2019}17.7.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0014/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0027/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0030/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 152kWORD 57k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN</TitreType>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Replacing>para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0014/2019 (Verts/ALE)

B9‑0027/2019 (S&D)

B9‑0030/2019 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>sobre la situación en la frontera entre México y los Estados Unidos</Titre>

<DocRef>(2019/2733(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Nacho Sánchez Amor</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

<Depute>Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}en nombre del Grupo Renew</Commission>

<Depute>Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}en nombre del Grupo Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

ENMIENDAS

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en la frontera entre México y los Estados Unidos

(2019/2733(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Visto el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que estipula que el interés superior del niño constituirá una consideración primordial y que todo niño tiene derecho a mantener relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre,

 Vista la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,

 Vistas las declaraciones realizadas por miembros del Congreso de los Estados Unidos después de visitar centros de detención en julio de 2019,

 Vistos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (la Convención de 1951) y su Protocolo relativo al Estatuto de los Refugiados de 1967,

 Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

 Vistas las directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos de 2008,

 Vistas las iniciativas políticas actuales del Gobierno de los Estados Unidos relativas a la migración y el asilo y los Protocolos de Protección de Migrantes,

 Vista la declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de 8 de julio de 2019,

 Vista la declaración del secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de 9 de julio de 2019,

 Visto el memorándum, de 2 de julio de 2019, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para el secretario de Seguridad Nacional sobre la situación en el centro de recepción del valle del Río Grande,

 Visto el Pacto Mundial sobre Migración, adoptado por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2018,

 Vista la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776,

 Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que tanto los Estados Unidos como la Unión consideran que los derechos humanos son un derecho inalienable y fundamental inherente a todos los seres humanos;

B. Considerando que en los últimos años una compleja crisis de violencia y arraigada pobreza ha llevado a familias, incluidos jóvenes y niños, a huir de México y del Triángulo Norte de Centroamérica – El Salvador, Guatemala y Honduras – y a buscar seguridad, protección y estabilidad económica en los Estados Unidos;

C. Considerando que los Estados Unidos son históricamente un país de inmigración que engloba diversas comunidades;

D. Considerando que todo Estado soberano tiene la prerrogativa de decidir las condiciones de entrada y residencia de ciudadanos extranjeros, pero debe, al mismo tiempo, cumplir todas las obligaciones internacionales relevantes en materia de derechos humanos;

E. Considerando que en 2018 los Estados Unidos fueron con diferencia el mayor donante a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, con una contribución total de 1 589 776 543 dólares estadounidenses;

F. Considerando que los Estados Unidos han adoptado medidas estrictas que afectan a los migrantes y a los solicitantes de asilo que cruzan la frontera del país en busca de su derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad;

G. Considerando que existe una emergencia humanitaria en la frontera entre México y los Estados Unidos, donde se detiene a los migrantes y los solicitantes de asilo en el lado estadounidense tras cruzar la frontera; que la situación de los niños es particularmente alarmante y condenable, ya que cientos de ellos languidecen en campamentos en la frontera o permanecen encerrados en centros de detención que no cumplen las normas mínimas de derechos humanos, al estar atestados y carecer de instalaciones sanitarias adecuadas, alimentos dignos y auténticos servicios de saneamiento;

H. Considerando que, en un memorando sobre la situación en el centro de recepción del valle del Río Grande, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos destacó cuestiones urgentes que requieren atención y actuación inmediata debido al grave hacinamiento y la detención prolongada de menores extranjeros no acompañados, familias y adultos solos que requieren una atención inmediata y, en consecuencia, pedía medidas inmediatas para aliviar el peligroso hacinamiento y la detención prolongada de niños y adultos en el valle del Río Grande;

I. Considerando que la privación de libertad de los menores sobre la base de su estatuto de migrantes o el de sus padres nunca va en el interés superior del niño, va más allá del requisito de necesidad, se convierte en algo sumamente desproporcionado y puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante para los niños migrantes; que toda privación de libertad que afecte a adultos migrantes y solicitantes de asilo debería ser una medida de último recurso, en caso de que tuviera que adoptarse, y debería reducirse al período de tiempo más breve posible, con respeto de las garantías procesales y en condiciones que cumplan plenamente todas las normas internacionales pertinentes en materia de derechos humanos;

J. Considerando que, según los datos revelados a Amnistía Internacional por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, entre 2017 y agosto de 2018 aproximadamente 8 000 unidades familiares fueron separadas después de cruzar la frontera; que estas estimaciones excluyen muchos otros casos de separación, como las de los niños de sus hermanos mayores, tías y tíos, abuelos y otros familiares no directos;

K. Considerando que un juez federal de San Diego ordenó en junio de 2018 al Gobierno de los Estados Unidos la suspensión de las separaciones; que, no obstante, según los datos facilitados al juez federal, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ha seguido llevando a cabo separaciones y que desde junio de 2018 al menos 245 niños han sido separados de sus familias, en muchos casos sin documentación clara que pudiera ayudar a hacer un seguimiento del paradero de los niños;

L. Considerando que hasta diciembre de 2018 el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos había identificado a 2 737 niños separados, al tiempo que reconocía que varios miles más podrían haber sido separados desde 2017 sin que el gobierno fuera capaz de identificarlos debido a la falta de un sistema de seguimiento eficaz;

M. Considerando que los actos de separación familiar y la detención por tiempo indefinido constituyen malos tratos; que los menores que residen en instituciones lejos de sus familias son muy vulnerables a abusos emocionales, físicos y psicológicos, lo que puede provocar problemas de desarrollo a largo plazo y lesiones y traumatismos profundos, así como tener graves consecuencias negativas desde el punto de vista social;

N. Considerando que, según los informes de la Unión Norteamericana de Libertades Civiles y de distintas declaraciones de portavoces del Departamento de Salud y Servicios Humanos y del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, al menos seis menores detenidos por los servicios de inmigración han fallecido desde el año pasado, después de casi una década en la que, según las informaciones difundidas, ningún menor había perdido la vida mientras se encontraba bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos;

O. Considerando que, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2019 han fallecido, hasta la fecha, 197 personas al intentar cruzar a los Estados Unidos desde México, incluidos al menos 13 niños; que el número de muertes ha registrado un aumento constante en el transcurso de los últimos 5 años y que el número total de fallecimientos registrados entre 2014 y 2018 asciende a más de 1 900;

P. Considerando que en las últimas semanas las autoridades mexicanas han intensificado significativamente sus esfuerzos relacionados con la aplicación de las políticas migratorias, lo que ha provocado un aumento del número de migrantes detenidos y deportados;

Q. Considerando que la situación desastrosa en la que se encuentran los migrantes, en particular los procedentes de América Central, les obliga a dirigirse a los Estados Unidos y a cruzar la frontera con este país; que la presión ejercida en las fronteras meridionales y septentrionales está llevando a miles de migrantes, en su mayoría mujeres y niños, a poner sus vidas en grave peligro;

R. Considerando que, según el Gobierno de México, este país se enfrenta en la actualidad a una grave crisis en materia de seguridad pública; que, de conformidad con los Protocolos de Protección de Migrantes de los Estados Unidos de América, los solicitantes de asilo están siendo devueltos a México, incluidos dos Estados septentrionales que se encuentran entre los más violentos del país — Baja California y Chihuahua — y que viven en condiciones sumamente precarias, lo que los expone a convertirse en víctimas de delitos graves, incluidos el secuestro, la agresión sexual y la violencia;

S. Considerando que las expulsiones a gran escala de solicitantes de asilo, las separaciones ilegales de familias y la detención arbitraria e indefinida incondicional de los solicitantes de asilo constituyen políticas crueles y violaciones flagrantes de la legislación estadounidense en materia de asilo y del Derecho internacional;

T. Considerando que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el 27 de junio de 2019 un paquete de 4 600 millones de dólares estadounidenses para hacer frente a la situación en la frontera entre México y los Estados Unidos;

U. Considerando que las sucursales de las oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en México y América Central han documentado numerosas violaciones de los derechos humanos y abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en tránsito, entre las que destacan un uso excesivo de la fuerza, la privación arbitraria de libertad, la separación de familias, la denegación del acceso a los servicios, la devolución y las expulsiones arbitrarias;

V. Considerando que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha sido firmada y ratificada por 195 partes; que los Estados Unidos son el único Estado miembro de las Naciones Unidas que no ha ratificado dicha Convención;

W. Considerando que la asociación entre la Unión y los Estados Unidos se ha basado tradicionalmente en unos vínculos políticos, culturales, económicos e históricos fuertes y en valores comunes, como la libertad, la democracia, el fomento de la paz y la estabilidad, los derechos humanos y el Estado de Derecho; que unas relaciones sólidas entre la Unión y los Estados Unidos resultan fundamentales para construir un mundo más democrático, seguro y próspero;

1. Expresa su profunda preocupación por la situación de los migrantes y solicitantes de asilo en la frontera entre México y los Estados Unidos, en particular en lo que a los niños migrantes se refiere;

2. Lamenta que se hayan registrado numerosas muertes de personas en sus desplazamientos hacia la frontera entre México y los Estados Unidos; expresa su plena solidaridad con las víctimas y sus familias;

3. Expresa su preocupación por las condiciones deplorables en las que los migrantes y solicitantes de asilo, en particular los niños, se encuentran detenidos en centros de internamiento de inmigrantes en los Estados Unidos, que carecen de una atención sanitaria adecuada, de alimentos dignos y de servicios de saneamiento adecuados; lamenta profundamente las muertes registradas en los últimos meses de siete menores migrantes que se encontraban bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y apoya todos los esfuerzos realizados por el Congreso y el Gobierno estadounidenses para garantizar la supervisión, la investigación, la transparencia y la rendición de cuentas en relación con las circunstancias que rodean estas muertes;

4. Hace hincapié en que las medidas de gestión de las fronteras deben cumplir las obligaciones contraídas por los Estados Unidos a escala internacional en materia de derechos humanos y no basarse en políticas que se limitan a detectar, detener y deportar a los migrantes en situación irregular;

5. Pide que se garanticen los derechos humanos, la seguridad y el acceso a unos procedimientos de asilo conformes a los derechos humanos que respeten el principio de no devolución y velen por unas condiciones de acogida dignas;

6. Lamenta el recurso a la separación de las familias, que puede provocar traumas sistemáticos en los niños y sus familiares más allegados, método que, para el Gobierno actual de los Estados Unidos, parece ser un instrumento de la política de inmigración destinado a disuadir a las personas que buscan seguridad;

7. Hace hincapié en que la separación de las familias y la detención de inmigrantes no redundan nunca en el interés superior del niño;

8. Toma nota del memorando de la Oficina del Inspector General y de informes similares y pide a los Estados Unidos que revisen todas las políticas y prácticas actuales en materia de migración que violan el Derecho internacional en materia de derechos humanos, incluido el derecho fundamental a solicitar asilo, el principio de no devolución y el derecho a la dignidad humana;

9. Pide al Gobierno de los Estados Unidos que suspenda la separación de las familias y que, con carácter urgente, reagrupe con sus familias a todos los menores que siguen separados de sus padres o tutores con el fin de garantizar su rehabilitación, prestando especial atención a las necesidades de los niños afectados;

10. Pide a las autoridades competentes de los Estados Unidos que garanticen de inmediato a todos los detenidos el acceso a derechos básicos como el derecho al agua, alimentos, salud y alojamiento;

11. Pide a las autoridades de los Estados Unidos que busquen, con carácter urgente, alternativas que no supongan la privación de libertad a los migrantes y solicitantes de asilo, independientemente de que sean menores o adultos; pide que los menores afectados sean devueltos a sus familias;

12. Insta al Gobierno de los Estados Unidos a que ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, firmada por los Estados Unidos en 1995 pero que nunca adoptó posteriormente, lo que convierte a los Estados Unidos en el único país del mundo que no la ha adoptado; insta al Gobierno de los Estados Unidos a que ratifique el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención, relativo a un procedimiento de comunicación de las reclamaciones;

13. Expresa su profunda preocupación por las recientes redadas llevadas a cabo por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, que afectan a migrantes indocumentados, en particular procedentes de América Central, a sus padres e hijos, y que están provocando su penalización;

14. Considera que responder a los flujos migratorios con la represión y la penalización favorece la xenofobia, el odio y la violencia;

15. Muestra su preocupación por los cambios introducidos recientemente en las políticas migratorias adoptados por las autoridades mexicanas y pide al Gobierno mexicano que respete las normas internacionales y el Derecho en materia de derechos humanos al abordar la cuestión migratoria;

16. Considera que el ejército no es el instrumento adecuado para abordar las cuestiones migratorias; señala que la situación en la frontera debe ser abordada por unas fuerzas policiales especializadas, que hayan recibido una formación adecuada e instrucciones en relación con el respeto de los derechos humanos y la dignidad de los migrantes;

17. Reconoce que la migración es un desafío mundial y pide a los países de origen, de tránsito y de destino que colaboren para abordar las causas subyacentes de los flujos migratorios mediante la adopción de un enfoque global; reitera, a este respecto, su pleno apoyo al desarrollo y la aplicación del Pacto mundial sobre los refugiados y el Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, que brindan una gran oportunidad para mejorar la gobernanza de la migración y abordar los retos que plantea;

18. Reitera su apoyo a unos intercambios comerciales abiertos y justos y expresa su firme convencimiento de que la coerción económica y la amenaza de aranceles punitivos son contraproducentes y no resultan adecuadas para contribuir a que los países soberanos encuentren soluciones constructivas y sostenibles a desafíos políticos como la migración;

19. Rinde homenaje a las personas y a las organizaciones de la sociedad civil que han estado garantizando que los migrantes disfruten de los derechos más básicos, como el derecho al agua, a la alimentación, a la salud, a un refugio adecuado y a otros tipos de ayuda, a ambos lados de la frontera y en toda la región; reitera su llamamiento en favor de la no penalización, e insta de nuevo a la Comisión a que adopte directrices al respecto, en consonancia con su Resolución de 5 de julio de 2018;

20. Acoge con satisfacción la declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; señala que acogería con satisfacción una misión de información de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) o de expertos pertinentes de las Naciones Unidas para investigar la situación de los derechos humanos en la frontera entre México y los Estados Unidos;

21. Se compromete a realizar un seguimiento estrecho de la ayuda de la Unión al desarrollo en la región con el fin de garantizar unas normas de desarrollo eficaces, ya que esto puede ayudar a abordar las causas subyacentes de la migración forzosa;

22. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la UE para los Derechos Humanos, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a su Gobierno, al Congreso de los Estados Unidos y al Gobierno y al Parlamento de México.

 

Última actualización: 17 de julio de 2019Aviso jurídico