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Procedimiento : 2014/2834(RSP)
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RC-B8-0097/2014

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PV 18/09/2014 - 10.3

Textos aprobados :

P8_TA(2014)0024

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Jueves 18 de septiembre de 2014 - Estrasburgo Edición definitiva
Violaciones de los derechos humanos en Bangladés
P8_TA(2014)0024RC-B8-0097/2014

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de septiembre de 2014, sobre las violaciones de los derechos humanos en Bangladés (2014/2834(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Bangladés,

–  Visto el Acuerdo de Cooperación CE-Bangladés de 2001,

–  Vistos los artículos 33 y 35 de la Constitución de Bangladés, en los que se dispone que nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y que nadie será arrestado o detenido bajo custodia sin haber sido informado de los motivos de dicho arresto,

–  Vista la sentencia del Tribunal Supremo de Bangladés que establece medidas de salvaguardia frente a las detenciones policiales arbitrarias de conformidad con la sección 54 del Código Penal, y en la que también se exige que cualquier muerte accidental ocurrida bajo custodia policial sea investigada por un juez, entablándose la necesaria acción judicial,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Bangladés en 2000,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Unión Europea y Bangladés mantienen desde hace tiempo buenas relaciones, también en el marco del Acuerdo de Cooperación sobre colaboración y desarrollo;

B.  Considerando que Bangladés ha realizado importantes avances en los últimos años, sobre todo para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en lo que respecta a sus resultados económicos;

C.  Considerando que el Gobierno de Bangladés ha anunciado una política de tolerancia cero con respecto a cualquier violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales, y ha promulgado una ley de reforma de la policía que prevé un código de conducta, comisarías de policía modelo y centros de ayuda a las víctimas en las principales comisarías;

D.  Considerando que el Gobierno de Bangladés ha anunciado que, en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, está llevando a cabo programas de apoyo y formación para las fuerzas policiales y las autoridades penitenciarias sobre las normas internacionales contra la tortura;

E.  Considerando que, en los últimos años, Bangladés ha registrado varias tragedias en sus fábricas textiles, entre ellas la del derrumbe de la fábrica Rana Plaza, que se cobró el mayor número de víctimas mortales, con más de 1 100 fallecidos; que, tras el derrumbamiento del edificio Rana Plaza, Bangladés, junto con los principales actores del sector de la confección, inició un programa de reformas destinado a garantizar unas condiciones de trabajo seguras y dignas; que la Unión Europea respalda este programa a través del Pacto de Sostenibilidad en Bangladés, si bien algunas partes interesadas se resisten a participar en el mismo;

F.  Considerando que en Bangladés persisten las desapariciones (en las que presuntamente suelen estar implicadas las fuerzas de seguridad del Estado), el recurso a la tortura y otras formas de malos tratos, a pesar de las garantías establecidas en la Constitución, el Código Penal y la Ley sobre la prohibición de la tortura y la muerte durante la privación de libertad, así como las limitaciones del derecho a la libertad de expresión;

G.  Considerando que, tras las elecciones generales celebradas el 5 de enero de 2014, que fueron boicoteadas por el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) −el principal partido de la oposición−, y ensombrecidas por las huelgas instigadas por el BNP y la violencia resultante, el Gobierno de la Liga Awami, liderado por Sheikh Hasina, ha adoptado diversas medidas para limitar los derechos civiles;

H.  Considerando que el Batallón de Acción Rápida (RAB), creado hace diez años como medida de emergencia para hacer frente a las amenazas para la seguridad procedentes de grupos combatientes, engloba tanto a militares como a agentes de policía, lo que equivale en la práctica a inmiscuir al ejército en la actuación policial civil sin que existan mecanismos de rendición de cuentas transparentes; que las organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos afirman que el RAB es responsable de aproximadamente 800 muertes y que en ningún caso se ha procesado o castigado a los agentes responsables; que, exceptuando la reciente detención de varios miembros del RAB en relación con el presunto asesinato a sueldo de un político del partido en el poder, quedan impunes abusos atroces;

I.  Considerando que, el 6 de agosto de 2014, el Gobierno de Bangladés publicó su nueva política relativa a los medios de comunicación; que algunos elementos de esta política imponen restricciones a la libertad de los medios de comunicación, al prohibir, por ejemplo, el lenguaje «antiestatal», «que ridiculice la ideología nacional» o «sea incompatible con la cultura de Bangladés», y al restringir la información sobre «anarquía, rebelión o violencia»; que el Gobierno tiene la intención de introducir un marco legislativo que permita imponer el cumplimiento de esta política; que Bangladés ocupa el puesto 145 de un total de 179 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa;

J.  Considerando que el Gobierno de Bangladés ha propuesto una nueva ley que, al parecer, impondrá graves restricciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG); que el nuevo proyecto de Ley de regulación de donaciones extranjeras reglamentaría las actividades y la financiación de cualquier grupo que cuente con financiación extranjera y otorgaría a la Oficina de Relaciones con las ONG, que forma parte del gabinete de la primera ministra, autoridad para aprobar proyectos financiados con fondos extranjeros; que, asimismo, en virtud del nuevo proyecto de ley las personas involucradas en actividades de voluntariado deberían obtener una autorización antes de salir del país por motivos relacionados con su trabajo sobre un proyecto; que entre las ONG está muy extendida la preocupación por el hecho de que con la nueva ley se multiplique el número de funcionarios gubernamentales implicados en el proceso, ya sea como supervisores, evaluadores u ordenadores, lo que puede conllevar retrasos y negligencia;

K.  Considerando que, el 27 de agosto de 2014, entre ocho y diez miembros del grupo Somo Odhikar Andolon atacaron brutalmente a Hana Shams Ahmed, coordinadora de la Comisión Internacional Chittagong Hill Tracts (CHTC), y su acompañante durante una visita privada a Shoilopropat, distrito de Bandarban, en la comarca montañosa de Chittagong; que los cuatro miembros del Departamento de Investigación de la policía que supuestamente debían protegerlas no intervinieron e incluso desaparecieron mientras se producía la agresión;

L.  Considerando que se siguen registrando casos de violencia por motivos étnicos o religiosos, como el ataque perpetrado a principios de julio de 2014 por varias docenas de hombres armados contra el convento de las monjas del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras en Boldipuku; que en el transcurso de este ataque se saqueó el convento y las monjas sufrieron agresiones físicas;

M.  Considerando que, en los dos últimos años, al menos cuatro blogueros y dos defensores de los derechos humanos han sido acusados en virtud de la sección 57 de la Ley sobre tecnologías de la información y la comunicación;

N.  Considerando que el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés, cuya misión consiste en investigar los crímenes de guerra relacionados con la guerra de independencia de Bangladés, ha dictado diez veredictos hasta la fecha, incluidas ocho penas de muerte y dos cadenas perpetuas; que el político islamista Abdul Quader Mollah fue la primera persona ejecutada; que se ha criticado enérgica y reiteradamente el hecho de que el Tribunal de Crímenes Internacionales no respete las normas internacionales; que se calcula que hay más de 1 000 personas en los corredores de la muerte de Bangladés;

O.  Considerando que, tras el trágico derrumbamiento de la fábrica Rana Plaza en abril de 2013, el Gobierno de Bangladés y empresas minoristas occidentales implantaron un régimen de inspecciones para comprobar la integridad estructural y la seguridad en materia de electricidad e incendios de más de 3 500 fábricas de confección; que, mientras que las inspecciones realizadas por medio de las empresas minoristas occidentales han sido continuas y públicas, las llevadas a cabo a través del Gobierno de Bangladés todavía no se han hecho públicas;

P.  Considerando que el fondo fiduciario de donantes establecido por el Comité de Coordinación Rana Plaza para ayudar a las víctimas y los supervivientes (compuesto por representantes del Gobierno de Bangladés, la industria de la confección, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, y presidido por la Organización Internacional del Trabajo —OIT—) todavía no ha alcanzado su objetivo fijado en 40 millones de dólares; que, según la Campaña Ropa Limpia, tan solo la mitad de las empresas con sede principalmente en Europa y los Estados Unidos y relacionadas con fábricas del edificio Rana Plaza ha contribuido al fondo fiduciario de donantes;

Q.  Considerando que, pese a algunas reformas de la legislación laboral, los trabajadores siguen denunciando prácticas de acoso e intimidación para evitar que se unan a sindicatos o los creen, además de seguir registrándose actos de violencia contra organizadores de actividades sindicales; que la Ley Laboral de 2013 sigue sin contemplar las normas internacionales relativas a la libertad de asociación, incluido el derecho a la huelga y a la negociación colectiva;

1.  Elogia al Gobierno de Bangladés por los avances realizados para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se han traducido en una serie de mejoras reales significativas para millones de sus ciudadanos; reconoce, además, que dichas mejoras se realizaron en circunstancias nacionales difíciles, con la amenaza constante de ataques violentos por parte de grupos radicales como el partido Jamaat-e-Islami, afiliado al BNP; acoge con satisfacción, en este contexto, la adopción de la Ley de prevención del matrimonio infantil el 15 de septiembre de 2014;

2.  Expresa su preocupación, no obstante, por las continuas violaciones de los derechos humanos perpetradas por el RAB y otras fuerzas de seguridad, incluidas las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales de activistas de la oposición; reitera su petición relativa a la abolición de la pena de muerte y celebra la decisión del Tribunal Supremo, de 16 de septiembre de 2014, de conmutar la condena a muerte impuesta por el Tribunal de Crímenes Internacionales al vicepresidente del partido Jamaat-e-Islami, Delwar Hossain Sayedee, por una cadena perpetua;

3.  Pide al Gobierno de Bangladés que libere inmediatamente a las personas sometidas a una desaparición forzada, a menos que se las pueda acusar de haber cometido un delito penal reconocido, en cuyo caso deberán comparecer enseguida ante un tribunal; pide a las autoridades de Bangladés que investiguen a las personas responsables, teniendo en cuenta la responsabilidad de mando, y que lleven a los culpables ante la justicia para que tengan un juicio justo; insta al Gobierno a establecer un organismo independiente para investigar estos casos y reitera su petición para que el Gobierno cree una comisión de derechos humanos eficaz y plenamente independiente;

4.  Insta al Gobierno a que utilice la fuerza mínima necesaria para restablecer el orden público y a que cumpla estrictamente los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego; condena enérgicamente los ataques violentos cometidos por los grupos de la oposición contra objetivos tanto civiles como gubernamentales; pide a los grupos de la oposición que participen solo en manifestaciones pacíficas;

5.  Insta al Gobierno de Bangladés a que exija a las fuerzas de seguridad del Estado, entre ellas la policía y el RAB, que enmarquen su actuación dentro de los límites de la ley; pide encarecidamente a las autoridades del país que pongan punto final a la impunidad del RAB ordenando investigaciones y acciones judiciales en relación con las supuestas ejecuciones ilegales cometidas por las fuerzas del RAB; indica que vigilará de cerca los procedimientos en el caso de homicidio de Narayanganj, por el que tres agentes del RAB están detenidos y aguardan los procedimientos judiciales tras el secuestro y el asesinato de siete personas en Narayanganj en abril de 2014;

6.  Destaca la importancia de un sistema judicial independiente, imparcial y accesible para incrementar el respeto por el Estado de Derecho y por los derechos fundamentales de la población, y de reformar el Tribunal de Crímenes Internacionales; reconoce que es más importante que nunca infundir confianza entre el público hacia las instituciones judiciales, de seguridad y de derechos humanos, habida cuenta de las crecientes amenazas de organizaciones terroristas, por ejemplo Al Qaeda, en la región;

7.  Manifiesta su preocupación ante la propuesta de ley relativa a las ONG; insta al Gobierno de Bangladés a que siga consultando con grupos independientes sobre el contenido de este proyecto de ley y a que se asegure de que, si finalmente se adopta, respete las normas internacionales y los convenios sobre derechos civiles con los que Bangladés se ha comprometido;

8.  Insta al Gobierno de Bangladés a que reconozca y respete la libertad de prensa y de los medios de comunicación y a que permita que los grupos de defensa de los derechos humanos desempeñen un papel importante a la hora de fortalecer la rendición de cuentas y documentar las violaciones de los derechos humanos; exhorta a las autoridades de Bangladés a que revoquen la nueva política sobre medios de comunicación y cumplan sus obligaciones de permitir la libertad de opinión y de expresión;

9.  Manifiesta su profunda preocupación por los casos recurrentes de violencia por motivos étnicos o religiosos; insta al Gobierno de Bangladés a que mejore la protección y las garantías que ofrece a las minorías, por ejemplo, hindúes, budistas y cristianos, pero también a los bihari; celebra la detención de sospechosos en relación con el ataque criminal contra el convento de Boldipuku;

10.  Pide al Gobierno de Bangladés que garantice la aplicación de la legislación laboral y aboga por mayores reformas con objeto de adecuarla a las normas de la OIT, en concreto, en cuanto a la posibilidad de que los trabajadores formen sindicatos y se unan a ellos libremente;

11.  Toma nota de los programas de reforma en la industria de la confección, pero emplaza al Gobierno a que aplique plenamente el plan de acción que acordó y firmó con la OIT en mayo de 2013, sin olvidar la contratación y la formación de inspectores y las inspecciones exhaustivas, con registros públicos, de sus muchos miles de fábricas; insta a los firmantes del acuerdo en materia de seguridad e incendios en Bangladés a que cumplan sus compromisos, también en lo relativo a la compensación económica para las víctimas y a las normas mínimas;

12.  Lamenta que, hasta junio de 2014, el importe total recaudado por donaciones voluntarias de las empresas al fondo fiduciario de donantes fuera de solo 17 millones de dólares, con lo que quedan pendientes 23 millones de dólares; concluye, por tanto, que las víctimas de la catástrofe del Rana Plaza se han visto decepcionadas por el principio de voluntariedad, y que resulta urgente y necesario un mecanismo obligatorio;

13.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y al Parlamento de Bangladés, al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

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