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Procedimiento : 2014/2905(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

RC-B8-0161/2014

Debates :

PV 23/10/2014 - 6.3
CRE 23/10/2014 - 6.3

Votaciones :

PV 23/10/2014 - 7.3
CRE 23/10/2014 - 7.3

Textos aprobados :

P8_TA(2014)0041

Textos aprobados
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Jueves 23 de octubre de 2014 - Estrasburgo Edición definitiva
Desaparición de 43 estudiantes de Magisterio en México
P8_TA(2014)0041RC-B8-0161/2014

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2014, sobre la desaparición de 43 estudiantes de Magisterio en México (2014/2905(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre México, en particular su Resolución, de 11 de marzo de 2010, sobre la escalada de la violencia en México(1),

–  Visto el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos Mexicanos,

–  Vista su Recomendación al Consejo, de 12 de marzo de 2009, sobre una Asociación Estratégica UE-México(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 15 de julio de 2008, titulada «Hacia una Asociación Estratégica UE-México» (COM(2008)0447),

–  Vista la declaración local de la UE relativa a Iguala, emitida de acuerdo con los jefes de misión de los Estados miembros de la UE en México, el 12 de octubre de 2014,

–  Vista la declaración del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de 14 de octubre de 2014,

–  Visto el Plan Ejecutivo Conjunto de la Asociación Estratégica México-UE, de 16 de mayo de 2010,

–  Vistas las declaraciones de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (UE-CELAC),

–  Vista la declaración conjunta, de 17 de junio de 2012, de la séptima Cumbre México-UE, celebrada en Los Cabos, Baja California Sur (México),

–  Vista la declaración conjunta del duodécimo encuentro de la Comisión Conjunta UE-México, que tuvo lugar en México D. F. los días 10 y 11 de junio de 2013,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que México y la Unión Europea comparten valores comunes que encuentran expresión en nuestras sociedades democráticas y pluralistas, defensoras de las libertades fundamentales, los derechos humanos, los derechos laborales, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, así como el compromiso compartido con la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho, el desarrollo económico y social justo y la lucha contra la corrupción y la pobreza;

B.  Considerando que nuestros sistemas democráticos tienen el deber y la obligación de garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y que, por tanto, el disfrute y el ejercicio pleno de las libertades y el derecho a la integridad física de la persona constituyen uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho,

C.  Considerando que la Asociación Estratégica UE-México ha permitido una cooperación más estrecha entre México y la UE en asuntos de importancia mundial, y en particular un diálogo ampliado, una mayor coordinación y el desarrollo de los intercambios en áreas como la seguridad, los derechos humanos, la reforma electoral, el desarrollo regional y las políticas comerciales y de regulación;

D.  Considerando que, el 26 de septiembre de 2014, seis personas, tres de ellas estudiantes, fueron asesinadas cuando la policía abrió fuego sobre los estudiantes de Magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala (Guerrero), que participaban en las protestas; que desde entonces siguen desaparecidos 43 estudiantes; que, según varias fuentes, dichos estudiantes fueron perseguidos y llevados por agentes de la Policía y entregados a hombres armados no identificados vinculados a un cártel de la droga;

E.  Considerando que, de acuerdo con el Gobierno mexicano, han sido detenidas 51 personas relacionadas con los asesinatos, la mayoría de las cuales son agentes de la Policía de los municipios de Iguala y Cocula; que, el 14 de octubre de 2014, el fiscal general de México declaró que, según los análisis forenses de los 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas cerca de Iguala el 4 de octubre de 2014, dichos cuerpos no corresponden a los de los estudiantes desaparecidos; que las autoridades mexicanas han capturado al principal dirigente de la banda delictiva Guerreros Unidos, presuntamente implicado en la desaparición de los 43 estudiantes;

F.  Considerando que el alcalde de Iguala, su esposa y el jefe de la policía de la ciudad se encuentran fugados y están acusados de tener relación con el cártel local de la droga Guerreros Unidos;

G.  Considerando que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha encargado al Gobierno Federal y a su Oficina de Seguridad que adopten cuanto antes medidas concluyentes, y que se ha acordado un plan de acción conjunta con las familias y los representantes de los estudiantes desaparecidos; que la OEA y las Naciones Unidas han instado al Gobierno mexicano a que investigue las desapariciones forzadas, castigue a los responsables y proteja a las familias de los estudiantes desaparecidos; que, en el caso que nos ocupa, el Gobierno de México está cooperando con estos organismos internacionales multilaterales;

H.  Considerando que el Gobierno mexicano y los principales partidos de la oposición acordaron en 2012 el Pacto por México, destinado a abordar los desafíos fundamentales del país, que incluyen la seguridad y la impunidad;

I.  Considerando que la violencia ha aumentado en el estado de Guerrero; que muchos estudiantes y profesores de México protestan en favor del retorno seguro de los estudiantes desaparecidos y denuncian la complicidad en los crímenes de determinados miembros de la Policía local, la corrupción de las fuerzas policiales y la debilidad institucional en zonas concretas del país donde las diferencias en materia de cohesión social son más evidentes; que también han sido objeto de amenaza o han sido atacados algunos edificios gubernamentales de Chilpancingo y otros edificios oficiales en diferentes municipios del estado de Guerrero, así como algunos dirigentes religiosos y oficinas de partidos políticos;

J.  Considerando que México participa en todos los foros regionales e internacionales y ha suscrito todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales;

K.  Considerando que el Gobierno mexicano reconoce los desafíos a que se enfrenta el país y ha demostrado su firme compromiso por mejorar la situación de la seguridad en el país, incluidos un incremento notable del presupuesto de las fuerzas de seguridad y la reforma de las instituciones públicas de seguridad, con el objeto de aumentar la efectividad en el cumplimiento de la ley y la eficacia del sector judicial, asumiendo así la confrontación con la delincuencia organizada; que las desapariciones forzadas, la violencia vinculada a la delincuencia organizada y la presunta colaboración entre entidades locales y grupos de la delincuencia organizada siguen preocupando seriamente;

1.  Condena firmemente las inaceptables desapariciones forzadas y los crímenes de Iguala, y pide a las autoridades mexicanas que investiguen todos los crímenes, en particular el hallazgo de 28 cuerpos en fosas clandestinas; pide a las autoridades pertinentes que adopten todas las medidas necesarias para actuar con rapidez y de modo transparente e imparcial, a fin de identificar, detener y llevar ante la justicia a los autores de los crímenes, y pide que los responsables sean identificados y encausados, utilizando al efecto toda la información y los recursos disponibles a nivel interno y externo, sin margen para la impunidad; pide que prosigan las investigaciones hasta que los estudiantes estén a salvo;

2.  Expresa sus condolencias y su apoyo a los familiares y los amigos de las víctimas, así como al pueblo mexicano, a quien anima a continuar luchando por medios pacíficos para defender la democracia y el Estado de Derecho;

3.  Toma nota de las detenciones producidas; pide que se prosiga la búsqueda del alcalde de Iguala, su esposa y el jefe de la Policía de la ciudad; muestra su profunda preocupación por la evidente infiltración de la delincuencia organizada en los organismos locales policiales y administrativos;

4.  Acoge con satisfacción la determinación del presidente Peña Nieto a investigar y aclarar estos sucesos y a poner fin a la violencia relacionada con las bandas en México; se felicita por la creación de comisiones de control en relación con el caso de Iguala en el Senado y en el Congreso; pide a las autoridades mexicanas que protejan y ayuden a las familias de las víctimas y las mantengan informadas sobre las investigaciones en curso y los esfuerzos desplegados por detener a los autores;

5.  Apoya al Gobierno mexicano en su determinación de luchar contra el tráfico de droga organizado, al tiempo que manifiesta su profunda preocupación por el aumento de la violencia resultante del tráfico de droga y el clima de impunidad; manifiesta su solidaridad para con el pueblo mexicano en la lucha contra el tráfico de droga organizado;

6.  Insta al Gobierno mexicano a que adopte medidas a todos los niveles a fin de evitar que vuelvan a ocurrir sucesos como los de Iguala; condena todas las formas de violencia, en particular la violencia y las amenazas de muerte persistentes contra activistas comprometidos con el fomento y la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos en México, y pide a las autoridades mexicanas que intensifiquen los esfuerzos por ofrecer protección jurídica y personal a los grupos afectados;

7.  Respalda los esfuerzos de las autoridades mexicanas por colaborar con las organizaciones internacionales, incluidas la UE, las Naciones Unidas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la asistencia de expertos forenses argentinos e internacionales; destaca la importancia de que el Gobierno mexicano proporcione los recursos financieros necesarios para que la CIDH pueda aplicar un programa de asistencia técnica para completar las acciones a escala nacional con vistas a la investigación de los sucesos de Iguala;

8.  Destaca que México es un socio estratégico de la UE; alienta al Gobierno mexicano a que prosiga sus esfuerzos para reforzar las instituciones estatales y consolidar el Estado de Derecho, con el fin de resolver algunos de los problemas estructurales que están en el origen de las violaciones de los derechos humanos, principalmente en relación con la reforma del sistema judicial; destaca en este contexto la importancia de un poder judicial independiente que garantice la imparcialidad y la determinación en la lucha contra la impunidad; pide que se conceda protección a nivel federal a las personas que participan en la administración de la justicia;

9.  Pide a la UE, a sus Estados miembros, en el marco de sus relaciones bilaterales con México, y a las instituciones europeas que redoblen su apoyo a la defensa de los derechos humanos por medio de programas de cooperación y recursos financieros y técnicos; pide, asimismo, que prevean un aumento de los recursos presupuestarios asignados para la cooperación en la tarea de fortalecer y reformar el poder judicial, los cuerpos de seguridad y los ministerios fiscales, con el fin de perseguir y castigar a los responsables, así como de crear sistemas eficaces de protección de los testigos, las víctimas y sus familiares;

10.  Hace hincapié en la urgente necesidad de crear, a nivel federal, un registro nacional común, público y accesible de las personas desaparecidas, así como un banco de datos de ADN;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros, a la Presidencia pro tempore de la CELAC, al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Asamblea Parlamentaria Eurolat, así como al Presidente y al Congreso de México.

(1) DO C 349 E de 22.12. 2010, p. 92.
(2) DO C 87 E de 1.4. 2010, p. 172.

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