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Procedimiento : 2014/2967(RSP)
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RC-B8-0311/2014

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PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
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Textos aprobados :

P8_TA(2014)0069

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Jueves 27 de noviembre de 2014 - Estrasburgo Edición definitiva
Directrices de la Comisión sobre la evaluación del impacto
P8_TA(2014)0069RC-B8-0311/2014

Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de noviembre de 2014, sobre la revisión de las directrices de evaluación del impacto de la Comisión y el papel de la prueba de las pymes (2014/2967(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la reciente consulta pública sobre la revisión de las directrices de evaluación del impacto de la Comisión y el correspondiente proyecto de directrices revisadas de evaluación del impacto,

–  Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre el aseguramiento de evaluaciones de impacto independientes(1),

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que las evaluaciones del impacto, como instrumento que interviene en una fase temprana del desarrollo de la legislación, desempeñan un papel fundamental en la agenda de la Comisión sobre normativa inteligente con el fin de facilitar pruebas transparentes, exhaustivas y equilibradas de los efectos económicos, sociales y ambientales, del valor añadido de la acción de la UE, de la carga reglamentaria y administrativa que cabe esperar, y de los costes y beneficios de vías de actuación alternativas para todas las partes implicadas;

B.  Considerando que las directrices de evaluación del impacto en vigor prevén que se asigne un papel decisivo a la Secretaría General de la Comisión y al Comité de Evaluación del Impacto (CEI) a la hora de decidir si es necesario realizar una evaluación del impacto para una iniciativa específica;

C.  Considerando que el CEI desempeña una función importante como punto central de control de calidad para las evaluaciones del impacto;

D.  Considerando que los Tratados contienen cláusulas horizontales en los ámbitos social y medioambiental, así como obligaciones en materia de respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar y aplicar las políticas y actividades de la Unión y que requieren un análisis en profundidad de las repercusiones pertinentes de la legislación propuesta;

E.  Considerando que, según un grupo de expertos de la Comisión, el coste que debe soportar una pyme para cumplir una normativa puede ser diez veces mayor que el de las empresas grandes; que, por tanto, una verdadera evaluación del impacto independiente reviste especial importancia para las pymes, que a menudo tienen más dificultades que las grandes empresas para adaptarse a nuevos requisitos jurídicos y administrativos y, en razón de su tamaño, tienen menor capacidad para anticipar los cambios normativos en una fase temprana;

F.  Considerando que el principio de «pensar primero a pequeña escala» es la base de la iniciativa «Small Business Act» para Europa de 2008; que este principio ha formado parte de las directrices de evaluación del impacto desde 2009 y de otros textos de la Comisión desde 2005; que este principio persigue tener en cuenta los intereses de las pymes en las fases iniciales de la elaboración de las políticas a fin de que la legislación sea más favorable a estas empresas; que existe toda una gama de instrumentos que permiten garantizar la aplicación efectiva del principio, como el uso de una prueba de las pymes para las propuestas legislativas futuras;

G.  Considerando que las actuales directrices de evaluación del impacto prevén una orientación específica en forma de prueba de las pymes, que incluye posibles medidas de mitigación; que el proyecto de directrices revisadas no incluye ninguna disposición sobre la prueba de las pymes;

H.  Considerando que una evaluación adecuada de las enmiendas de fondo del Parlamento a la propuesta inicial de la Comisión revela un valor añadido considerable para apoyar la posición del Parlamento en las negociaciones tripartitas;

Ámbito de aplicación

1.  Celebra el compromiso de la Comisión de revisar periódicamente las directrices de evaluación del impacto con el fin de mejorar los procedimientos de evaluación del impacto;

2.  Hace hincapié en que la Comisión debe garantizar que se evalúen con la misma profundidad los aspectos económicos, sociales, administrativos y ambientales;

3.  Manifiesta, sin embargo, su preocupación por el hecho de que el proyecto de directrices revisadas resulte mucho menos específico que las directrices actuales por lo que se refiere al ámbito de aplicación de las evaluaciones del impacto y por el hecho de que el proyecto deje un margen significativamente más amplio a la interpretación de la dirección general responsable a la hora de decidir si es necesaria una evaluación del impacto; considera que debe conservarse la práctica actual, que implica al CEI en el proceso de toma de decisiones;

4.  Opina que la Comisión debe mantener su planteamiento actual consistente en presentar una evaluación del impacto para cada iniciativa que pertenezca al menos a una de las categorías siguientes:

   a) propuestas legislativas incluidas en el programa legislativo y de trabajo de la Comisión;
   b) propuestas legislativas no incluidas en el programa legislativo y de trabajo de la Comisión con un impacto económico, administrativo, social y ambiental claramente reconocible;
   c) iniciativas no legislativas que definen futuras políticas (como libros blancos, planes de acción, programas de gasto y directrices de negociación de acuerdos internacionales);
   d) actos delegados o de ejecución presentados por la Comisión −y, en su caso, sus agencias− que puedan tener un impacto económico, social, ambiental y de carga administrativa significativo y reconocible;

5.  Observa que la evaluación del impacto debe ser rigurosa y exhaustiva, estar basada en la información más precisa, objetiva y completa de que se disponga, y presentar un análisis equilibrado que se centre en el objetivo de la propuesta, de manera que permita tomar una decisión política con conocimiento de causa;

6.  Está convencido de que las evaluaciones del impacto constituyen una herramienta fundamental para apoyar la toma de decisiones en todas las instituciones de la UE y una parte importante del proceso de mejora de la legislación; reconoce, sin embargo, que las evaluaciones del impacto no pueden sustituir a las evaluaciones y decisiones políticas;

7.  Destaca la importancia de consultar a todas las partes implicadas en una fase temprana del proceso de evaluación del impacto, de manera que se puedan tener en cuenta sus contribuciones en el momento de preparación de las evaluaciones de impacto y antes de su publicación;

8.  Observa que el ámbito de aplicación de una evaluación del impacto podría no corresponder a las propuestas adoptadas, si estas se modifican una vez presentadas para su aprobación por el Colegio de Comisarios; pide que en el proyecto de directrices revisadas se establezca que la evaluación del impacto debe actualizarse para garantizar la continuidad entre las cuestiones en ella consideradas y cualquier propuesta que adopte finalmente la Comisión;

Comité de Evaluación del Impacto (CEI)

9.  Manifiesta su gran preocupación por el hecho de que en el proyecto de directrices revisadas no se defina más claramente el papel del CEI en el proceso de evaluación del impacto; insiste firmemente en que la Comisión debe reconsiderar esta omisión y definir más claramente los procedimientos relativos al CEI en un nuevo proyecto de directrices revisadas cuando responda a la presente Resolución aprobada por el Parlamento;

10.  Considera que estos nuevos procedimientos deben establecer, de una manera clara, comprensible y transparente, el proceso de presentación, revisión y aprobación final de las evaluaciones del impacto que se presenten al CEI;

11.  Reitera su posición en el sentido de que la Comisión no debe adoptar propuestas si no van acompañadas de un dictamen aprobado por el CEI;

12.  Recuerda asimismo a la Comisión que el Parlamento ha exigido que se refuerce la independencia del CEI y, en concreto, que los miembros de este Comité no estén sometidos al control político; considera que el CEI debe estar integrado tan solo por personas altamente cualificadas y competentes para evaluar el análisis presentado por lo que se refiere a las repercusiones económicas, sociales y ambientales;

13.  Espera con interés una aclaración de la nueva Comisión sobre cómo procederá en relación con los aspectos planteados en la presente Resolución, con objeto de considerar mejor este enfoque a la hora de preparar su posición sobre la reciente comunicación de la Comisión relativa a la adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT), sin perjuicio de la posición del Parlamento en este contexto;

Prueba de las pymes

14.  Recuerda que, en su revisión de 2011 de la iniciativa «Small Business Act», la Comisión lamentó que solo ocho Estados miembros hubieran integrado la prueba de las pymes en sus procesos nacionales de toma de decisiones; pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros para difundir mejor los principios de la prueba de las pymes en el contexto de los procedimientos nacionales, con objeto de respaldar la política en el ámbito de las pymes;

15.  Acoge con satisfacción el claro compromiso asumido por la Comisión en dicha revisión de seguir fortaleciendo la prueba de las pymes; lamenta, no obstante, que, contrariamente a estos anuncios, en el proyecto de directrices revisadas de evaluación del impacto ni siquiera se mencione la prueba de las pymes;

16.  Recuerda que, en su iniciativa «Small Business Act», la Comisión se comprometió a aplicar el principio de «pensar primero a pequeña escala» en la elaboración de las políticas y que ello incluye la prueba de las pymes para evaluar el impacto de la futura legislación y las iniciativas administrativas sobre las pymes; subraya que es indispensable asegurarse de que esta prueba se lleve a cabo correctamente, y considera que todavía pueden hacerse progresos significativos;

17.  Insiste en que la prueba de las pymes, tal como se define en el anexo 8 de las directrices, debe mantenerse para evitar que las pymes se vean afectadas o perjudicadas de manera desproporcionada, en comparación con las grandes empresas, por las iniciativas de la Comisión;

18.  Resalta que, en tales casos, la evaluación del impacto debe incluir opciones que cubran mecanismos alternativos o flexibilidad para ayudar a las pymes a respetar la iniciativa (tal como se prevé en el anexo 8, punto 4); celebra, en este contexto, la exclusión de las microempresas del ámbito de aplicación de las propuestas legislativas como opción política establecida en el proyecto de directrices revisadas; considera, no obstante, que eximir de oficio a las microempresas no tiene por qué ser siempre el mejor planteamiento, por lo que la decisión al respecto debe valorarse de forma individual para cada propuesta, con objeto de reflejar la política de inversión de la carga de la prueba, lo que supone que las microempresas deben quedar fuera del ámbito de aplicación de las propuestas a menos que se demuestre la necesidad de su inclusión; es partidario de que se examinen soluciones adaptadas y regímenes menos estrictos para las pymes en las evaluaciones del impacto, cuando ello no limite de manera inapropiada la eficacia de la legislación;

Aplicación y supervisión

19.  Toma nota de que la forma final de un acto legislativo puede ser significativamente distinta de la propuesta adoptada por la Comisión; considera que resultaría útil que se preparara un resumen de los beneficios y costes estimados de los actos legislativos adoptados, y que se actualizara para reflejar los cambios procedentes del análisis incluido en la evaluación del impacto como resultado de las enmiendas presentadas a lo largo del proceso legislativo; considera que tal ejercicio simplificaría la supervisión y la evaluación del impacto de una propuesta;

Creación de un organismo consultivo para la mejora de la legislación

20.  Toma nota del trabajo y del informe final del Grupo de Alto Nivel sobre Reducción de Cargas Administrativas, con mandato de la Comisión; recuerda la intención de la Comisión, manifestada en su última Comunicación sobre la adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) de junio de 2014, de crear un grupo de alto nivel para la mejora de la legislación, integrado por representantes de las partes interesadas y por expertos nacionales;

21.  Propone que la Comisión cree lo antes posible dicho grupo como un organismo consultivo de alto nivel para la mejora de la legislación, que debe incluir tanto la experiencia de las partes interesadas como a los expertos nacionales; propone que se establezca un mandato fuerte e independiente para este organismo, que debe complementar la labor de la Comisión en materia de evaluaciones del impacto; considera que la pericia de ese organismo, también por lo que respecta a la subsidiariedad y la proporcionalidad, podría aportar valor añadido para el procedimiento de evaluación del impacto y otras iniciativas relacionadas con la mejora de la legislación; pide que se involucre al Parlamento y al Consejo en el procedimiento de designación de expertos nacionales; sugiere que se tengan en cuenta las mejores prácticas y la experiencia de los organismos existentes para la mejora de la legislación (como los de Suecia, la República Checa, los Países Bajos, el Reino Unido o Alemania);

22.  Pide a la Comisión que presente un nuevo proyecto de directrices revisadas de evaluación del impacto teniendo en cuenta los puntos destacados en la presente Resolución y la nueva estructura de la Comisión, en particular el papel del vicepresidente responsable de la Mejora de la Legislación;

Evaluaciones del impacto en el Parlamento

23.  Pide que las evaluaciones del impacto de la Comisión se examinen en el Parlamento, y en particular en sus comisiones, de forma sistemática y lo antes posible;

24.  Recuerda su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre el aseguramiento de evaluaciones de impacto independientes, en la que pedía que se utilizara de forma más consecuente el instrumento disponible que permite las evaluaciones del impacto del Parlamento; recuerda la existencia de una línea presupuestaria específica y de servicios especializados para la realización de las evaluaciones del impacto; considera que el recurso a una evaluación del impacto parlamentaria resulta especialmente necesario cuando se han introducido cambios de fondo en la propuesta inicial de la Comisión;

Evaluaciones del impacto en el Consejo Europeo

25.  Espera que el Consejo respete su compromiso de evaluar sistemáticamente el impacto de sus enmiendas de fondo;

o
o   o

26.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo.

(1) DO C 380 E de 11.12.2012, p. 31.

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