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Procedimiento : 2015/2665(RSP)
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Textos presentados :

RC-B8-0418/2015

Debates :

PV 30/04/2015 - 16.3
CRE 30/04/2015 - 16.3

Votaciones :

PV 30/04/2015 - 17.3
CRE 30/04/2015 - 17.3

Textos aprobados :

P8_TA(2015)0188

Textos aprobados
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Jueves 30 de abril de 2015 - Estrasburgo Edición definitiva
Encarcelamiento de defensores de los derechos humanos y de los trabajadores en Argelia
P8_TA(2015)0188RC-B8-0418/2015

Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de abril de 2015, sobre el encarcelamiento de trabajadores y defensores de los derechos humanos en Argelia (2015/2665(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Argelia, y en particular las de 9 de junio de 2005, sobre la libertad de prensa en Argelia(1), y de 10 de octubre de 2002, sobre la celebración de un Acuerdo de Asociación con Argelia(2),

–  Vistas su Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto(3), y su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre la política europea de vecindad: hacia una cooperación reforzada. Posición del Parlamento Europeo sobre los informes de 2012(4),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de Asuntos Exteriores, de 20 de abril de 2015, sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad,

–  Vista la declaración de la Unión Europea, de 13 de mayo de 2014, tras la octava reunión del Consejo de Asociación UE-Argelia,

–  Vista la Comunicación conjunta, de 15 de mayo de 2012, de la Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, titulada «Diseño de una nueva Política Europea de Vecindad» (JOIN(2012)0014),

–  Vista la nota de la Comisión, de marzo de 2014, sobre la Política Europea de Vecindad (PEV) en 2013, relativa a Argelia,

–  Vista la declaración del Consejo Europeo, de junio de 2011, sobre los países vecinos del Sur,

–  Vista la declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, durante su visita a Argelia en septiembre de 2012,

–  Visto el Acuerdo de Asociación UE-Argelia, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2005,

–  Visto el artículo 2 del Acuerdo de Asociación, que estipula que las políticas nacionales e internacionales de las partes deben basarse en el respeto de los derechos democráticos y de los derechos humanos fundamentales y que dicho respeto debe constituir un elemento esencial del Acuerdo,

–  Vista la Constitución argelina, aprobada por referéndum el 28 de noviembre de 1996, y, en particular, sus artículos 34 a 36, 39, 41 y 43,

–  Visto el informe final, de 5 de agosto de 2012, de la misión de observación electoral de la UE en las elecciones legislativas celebradas en Argelia,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los que Argelia es parte signataria,

–  Vistos los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nº 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de 1948, y nº 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 1949,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que recientemente se han producido en Argelia diversas protestas contra el desempleo; que las autoridades argelinas reconocen que las demandas de los manifestantes son legítimas; que, no obstante, en los cuatro últimos años y con mayor intensidad desde principios de 2015, numerosos defensores de los derechos humanos, entre ellos activistas de los derechos laborales, han sido objeto, especialmente en las regiones meridionales de Argelia, de amenazas, agresiones verbales, malos tratos y acoso judicial en un contexto de crecientes protestas por motivos económicos, sociales y ambientales;

B.  Considerando que Mohamed Rag, un activista de los derechos laborales del Comité Nacional para la Defensa de los Derechos de los Desempleados (Comité National pour la Défense des Droits des Chômeurs, CNDDC) en la ciudad de Laghouat, fue detenido el 22 de enero de 2015 y condenado a dieciocho meses de reclusión y al pago de una multa de 20 000 dinares argelinos por «atacar a un agente de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones», y que el 18 de marzo de 2015 se confirmó esta sentencia tras el recurso de apelación;

C.  Considerando que, el 28 de enero de 2015, ocho activistas de los derechos laborales y miembros del CNDDC —Khencha Belkacem, Brahimi Belelmi, Mazuzi Benalal, Azuzi Bubakeur, Korini Belkacem, Bekuider Fauzi, Bensarkha Tahar y Yabalah Abdelkader— fueron detenidos en la ciudad de Laghouat cuando se hallaban reunidos frente al juzgado municipal para solicitar la liberación de Mohamed Rag; que el pasado mes de marzo esos ocho activistas fueron condenados a un año de reclusión, del cual seis meses en libertad condicional, y al pago de una multa de 5 000 dinares argelinos por cabeza por «congregarse de forma no autorizada/ilegal» y por «ejercer presión sobre las decisiones de los magistrados»;

D.  Considerando que, durante la audiencia de los activistas del CNDDC celebrada en Laghouat el 11 de marzo de 2015, la policía movilizó a un número inusitadamente elevado de agentes, impidiendo así al público y a los testigos de la defensa entrar en la sala, y que fuera de la sala la policía detuvo y puso después en libertad a casi 50 manifestantes pacíficos que estaban expresando su solidaridad con los prisioneros;

E.  Considerando que, si bien el estado de emergencia se levantó en febrero de 2011 como consecuencia de las olas de protestas masivas a favor de la democracia, se han mantenido, en la ley y en la práctica, determinadas restricciones con respecto a las reuniones pacíficas, en particular un decreto de 18 de junio de 2001 que sigue prohibiendo las manifestaciones públicas en la ciudad de Argel y la Ley 91-19 sobre reuniones y manifestaciones públicas, de 2 de diciembre de 1991, por la que todos los actos públicos deben ser objeto de una autorización previa; que el Ministerio del Interior solo autoriza reuniones públicas en raras ocasiones;

F.  Considerando que, en virtud de los artículos 99 y 100 del Código Penal de Argelia, los participantes en manifestaciones no autorizadas pueden ser perseguidos y corren el riesgo de ser condenados a penas de prisión de entre dos meses y cinco años; que en enero de 2014 —última fecha para el registro de las nuevas asociaciones— todas las asociaciones que no habían sido aceptadas fueron declaradas ilegales; que la policía disuelve protestas pacíficas, por la fuerza , en algunos casos de manera violenta, y que los manifestantes pacíficos pueden ser detenidos antes de las manifestaciones para evitar que estas tengan lugar;

G.  Considerando que en 2014 el Gobierno de Argelia introdujo reformas constitucionales prodemocráticas y prometió ulteriores reformas para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales; que, hasta la fecha, la aplicación de esas reformas no ha sido satisfactoria;

H.  Considerando que, en marzo de 2015, otros cuatro activistas de los derechos laborales, Rachid Auine, Yusef Sultani, Abdelhamid Brahimi y Ferhat Misa, miembros del CNDDC en la ciudad de El Ued, fueron detenidos y acusados de incitación a la reunión; que dos de ellos fueron absueltos, pero que Rachid Auine fue condenado y Yusef Sultani está en libertad pendiente de juicio;

I.  Considerando que en enero de 2012 entró en vigor una nueva ley sobre asociaciones, la Ley 12-06, que impone restricciones a las organizaciones no gubernamentales y a los grupos de la sociedad civil en materia de creación, funcionamiento, registro y acceso a financiación extranjera; que la Ley también penaliza a los miembros de asociaciones no registradas, suspendidas y disueltas, que pueden ser condenados a seis meses de reclusión y al pago de una multa importante, por lo que obstaculiza la libertad de asociación;

J.  Considerando que, si bien la Ley 90-14, de 2 de junio de 1990, sobre las condiciones para el ejercicio de los derechos sindicales permite a los trabajadores formar sindicatos sin solicitar permiso mediante notificación por escrito a las autoridades, estas han rechazado en varias ocasiones la expedición de un recibo sin el cual el sindicato no puede representar legalmente a los trabajadores;

K.  Considerando que Argelia, cuya aplicación del Convenio nº 87 de la OIT en junio de 2014 está siendo estudiada, ha sido objeto de examen por parte de expertos de la OIT en varios de sus informes por violar el derecho de los trabajadores a la huelga y a formar sindicatos de su elección;

L.  Considerando que las negociaciones del plan de acción entre la UE y Argelia en el marco de la PEV se iniciaron en 2012; que, al tiempo que reconocía el interés de ambas partes por reforzar el diálogo y la cooperación en materia de seguridad y asuntos regionales, en marzo de 2014 la Comisión expresó, no obstante, su preocupación por la falta de independencia judicial y el deterioro de la situación respecto a la libertad de asociación, de reunión y de expresión en Argelia;

M.  Considerando que Argelia es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde enero de 2014;

1.  Expresa su preocupación por el arresto y la detención de los activistas Rachid Auine, Mohamed Rag, Khencha Belkacem, Brahimi Belelmi, Mazuzi Benalal, Azuzi Bubakeur, Korini Belkacem, Bekuider Fauzi, Bensarkha Tahar y Yabalah Abdelkader, ya que están siendo retenidos a pesar de que sus actividades son plenamente legítimas con arreglo a la legislación argelina y conformes a los instrumentos internacionales de derechos humanos que Argelia ha ratificado;

2.  Recuerda que Argelia está sujeta al cumplimiento del artículo 2 del Acuerdo de Asociación,—que estipula que un elemento esencial del mismo es el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales—, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y que tiene, por tanto, la obligación de respetar los derechos humanos universales, entre ellos la libertad de reunión y de asociación;

3.  Considera que el e acoso y la intimidación de los activistas de los derechos laborales y los defensores de los derechos humanos, también en el ámbito judicial, no son una práctica conforme a las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos;

4.  Considera que el derecho a un juicio justo y la salvaguardia de una garantía mínima para los derechos de la defensa de todos los detenidos, incluidos los defensores de los derechos humanos y los activistas de los derechos laborales, son conformes al artículo 14, apartado 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Argelia;

5.  Pide a las autoridades argelinas que aseguren y garanticen el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y que adopten las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la protección de los activistas de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos, así como su libertad para llevar a cabo actividades legítimas y pacíficas;

6.  Recuerda que el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión recomendó al Gobierno argelino que revocase el decreto de 18 de junio de 2001 que prohíbe las protestas pacíficas y toda forma de manifestación pública en Argel, y que estableciese un sistema de notificación sencillo en lugar del requisito de autorización previa para las manifestaciones públicas;

7.  Pide a las autoridades argelinas que deroguen la Ley 12-06 sobre asociaciones y que entablen un verdadero diálogo con las organizaciones de la sociedad civil para elaborar una nueva ley que esté en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos y con la Constitución argelina;

8.  Celebra que, desde 2012, doce organizaciones sindicales hayan recibido sus respectivas licencias; recuerda que no deben hacerse maniobras administrativas para denegar el reconocimiento jurídico a los sindicatos independientes que intentan operar fuera de la organización actual de sindicatos; pide a las autoridades argelinas que permitan a los nuevos sindicatos darse de alta legalmente y que cumplan los Convenios establecidos por la OIT que han sido ratificados por Argelia, en particular el Convenio nº 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio nº 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva;

9.  Reconoce que Argelia ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales sobre derechos humanos; anima a las autoridades argelinas a que intensifiquen su compromiso y su cooperación con las Naciones Unidas, en particular con la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; pide a las autoridades argelinas que colaboren con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, en especial invitando a los relatores especiales a que realicen visitas al país y teniendo en cuenta sus recomendaciones; pide también a Argelia que coopere activamente con los mecanismos de derechos humanos de la Unión Africana y sobre todo con el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos;

10.  Pide a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) y a los Estados miembros de la UE que garanticen una política de la UE clara y basada en principios en relación con Argelia, incluya un diálogo en materia de derechos humanos, en consonancia con el Marco Estratégico de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia; pide a la VP/AR y a los Estados miembros que garanticen que se dote de contenido al diálogo político y en materia de seguridad y derechos humanos con Argelia en las tres dimensiones, y pide, por consiguiente, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que establezca referencias e indicadores claros para controlar los objetivos de la UE y evaluar los progresos en los ámbitos de los derechos humanos, la impunidad, la libertad de asociación, de reunión y de expresión, el Estado de Derecho y la situación de los defensores de los derechos humanos en Argelia;

11.  Insta a las autoridades argelinas, a la VP/AR y al SEAE a que incluyan un amplio capítulo sobre derechos humanos en el futuro plan de acción UE-Argelia, que exprese una firme voluntad política para avanzar de forma conjunta de jure y de facto en la promoción y la protección de los derechos humanos, de conformidad con la Constitución argelina, los tratados internacionales sobre derechos humanos y los instrumentos de derechos humanos a escala regional africana de los que Argelia es Parte; opina que es necesario adoptar objetivos específicos de derechos humanos en el marco del plan de acción UE-Argelia, junto con un programa de reformas que debe acometer Argelia con la participación constructiva de la sociedad civil independiente; pide que se establezcan indicadores para realizar una evaluación objetiva y regular de la situación de los derechos humanos en Argelia;

12.  Pide al SEAE y a los Estados miembros que sigan de cerca todos los juicios y procedimientos judiciales contra los defensores de los derechos humanos y los activistas de los derechos laborales a través de la presencia de representantes de la delegación de la UE y las embajadas de los Estados miembros en Argel, y que informen de ello al Parlamento;

13.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, a la Delegación de la UE en Argel, al Gobierno de Argelia, al Secretario General de las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

(1) DO C 124 E de 25.5.2006, p. 567.
(2) DO C 279 E de 20.11.2003, p. 115.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0076.
(4) Textos aprobados, P7_TA(2013)0446.

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