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Procedimiento : 2015/2700(RSP)
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Textos presentados :

RC-B8-0532/2015

Debates :

Votaciones :

PV 10/06/2015 - 8.8
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Textos aprobados :

P8_TA(2015)0227

Textos aprobados
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Miércoles 10 de junio de 2015 - Estrasburgo Edición definitiva
Situación en Hungría
P8_TA(2015)0227RC-B8-0532/2015

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2015, sobre la situación en Hungría (2015/2700(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE) y, en particular, sus considerandos segundo y cuarto a séptimo,

–  Vistos, en particular, el artículo 2, el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, los artículos 6 y 7 del TUE y los artículos del TUE y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) relativos al respeto y la promoción y protección de los derechos fundamentales en la UE,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, proclamada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, que entró en vigor con el Tratado de Lisboa en diciembre de 2009,

–  Vistos los artículos 1, 2 y 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Protocolo n° 13 al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias,

–  Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y los convenios, recomendaciones, resoluciones e informes de la Asamblea Parlamentaria, el Comité de Ministros, el Comisario para los Derechos Humanos y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa,

–  Vista su Resolución, de 3 de julio de 2013, sobre la situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2012)(1),

–  Vista su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2012)(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158),

–  Visto el Informe del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 16 de diciembre de 2014, tras su visita a Hungría del 1 al 4 de julio de 2014,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea y de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo el 16 de diciembre de 2014, sobre la forma de garantizar el respeto del Estado de Derecho,

–  Vista la audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Hungría celebrada el 22 de enero de 2015 por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

–  Vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión en el debate celebrado en el Pleno del Parlamento Europeo el 11 de febrero de 2015 sobre un marco de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales,

–  Visto el intercambio de puntos de vista que tuvo lugar el 7 de mayo de 2015 en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, a raíz de la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 30 de abril de 2015, sobre los posibles efectos, en particular en sus derechos y en su condición de miembro de la Unión Europea, de la decisión de un Estado miembro de restablecer la pena de muerte,

–  Vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión en el debate celebrado en el Pleno del Parlamento Europeo el 19 de mayo de 2015 sobre la situación en Hungría,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, y que estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad que se caracteriza por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres (artículo 2 del TUE);

B.  Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe toda discriminación y, en particular, la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual;

C.  Considerando que la abolición de la pena de muerte es una condición previa para pertenecer a la UE y que la UE mantiene una posición firme y de principio en contra de la pena de muerte, cuya abolición es un objetivo fundamental de su política de derechos humanos;

D.  Considerando que el derecho de asilo está garantizado, dentro del debido respeto de las normas de la Convención de Ginebra, de 28 de julio de 1951, y de su Protocolo, de 31 de enero de 1967, relativo al estatuto de los refugiados, y de conformidad con el TUE y el TFUE;

E.  Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos se han incorporado plenamente a la Constitución húngara; considerando, sin embargo, que los acontecimientos recientes en Hungría han suscitado preocupación por la situación en el país;

F.  Considerando que, el 28 de abril de 2015, tras los acontecimientos que se acababan de producir en Hungría, el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, hizo una declaración sobre la necesidad de iniciar un debate público acerca de la pena de muerte; que, el 30 de abril de 2015, el Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, emitió un comunicado de prensa en el que declaraba que Víktor Orbán le había asegurado que el Gobierno húngaro no tiene intención de adoptar ninguna medida para restablecer la pena de muerte y que cumplirá y acatará todos los Tratados y la legislación de la Unión Europea; que, a pesar de ello, Viktor Orbán reiteró sus declaraciones en la misma línea el 1 de mayo de 2015 durante una entrevista en la radio pública nacional, en la que añadió que la decisión de restablecer la pena de muerte debería ser de la competencia exclusiva de los Estados miembros, apartándose así de las disposiciones de los Tratados de la UE;

G.  Considerando que, en mayo de 2015, el Gobierno húngaro inició una consulta pública sobre inmigración y que ya ha llevado a cabo anteriormente varias consultas similares sobre otros temas; que la consulta pública puede ser una importante y valiosa herramienta de la que disponen los gobiernos para elaborar políticas que puedan contar con el respaldo de la población; que las preguntas han sido objeto de críticas por su naturaleza provocadora y retórica y porque establecen un vínculo directo entre los fenómenos migratorios y las amenazas a la seguridad;

H.  Considerando que, durante el intercambio de puntos de vista mantenido en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la mayoría de los grupos políticos convino en que el restablecimiento de la pena de muerte y las preguntas formuladas en la consulta pública eran inaceptables;

I.  Considerando que, en su declaración presentada en el debate celebrado en el Pleno del Parlamento Europeo el 19 de mayo de 2015 sobre la situación en Hungría, la Presidencia del Consejo de la Unión Europea señaló que el Consejo no había examinado la situación en Hungría, y que, por lo tanto, no había adoptado ninguna posición oficial sobre esta cuestión;

J.  Considerando que los esfuerzos por abordar la situación actual en Hungría no deben tener como objeto estigmatizar a un Estado miembro o gobierno en particular sino orientarse al cumplimiento de una obligación colectiva de todas las instituciones de la UE y, en particular, de la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, de garantizar la aplicación y la observancia de los Tratados y de la Carta en toda la Unión y en cada uno de los Estados miembros;

1.  Insiste en que la pena de muerte es incompatible con los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos en los que se fundamenta la Unión Europea, y en que todo Estado miembro que restablezca la pena de muerte incurrirá, en consecuencia, en una violación de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; reafirma categóricamente que la abolición de la pena de muerte constituye un hito en la evolución de los derechos fundamentales en Europa;

2.  Recuerda que una grave violación, por un Estado miembro, de los valores a que se refiere el artículo 2 del TUE pondría en marcha la aplicación del «procedimiento del artículo 7»;

3.  Condena las reiteradas declaraciones del primer ministro húngaro Viktor Orbán, con las que se fomenta un debate sobre el posible restablecimiento de la pena de muerte en Hungría, institucionalizando y alimentando así un concepto que supone una violación de los valores en los que se fundamenta la Unión; toma nota, por consiguiente, de la declaración de Víktor Orbán en la que afirma que no restablecerá la pena capital en Hungría, y subraya la responsabilidad que incumbe a un primer ministro, como jefe de gobierno, de promover los valores de la Unión y de dar ejemplo;

4.  Observa que los Estados miembros tienen el derecho soberano a efectuar consultas nacionales; recuerda, sin embargo, que las consultas deben reflejar la disposición de los gobiernos a ejercer una gobernanza responsable orientada a garantizar soluciones políticas democráticas y a respetar los valores europeos fundamentales;

5.  Censura la consulta pública sobre la inmigración y la campaña nacional de publicidad conexa puesta en marcha por el Gobierno húngaro, e insiste en que el contenido y el lenguaje utilizado en esta consulta sobre la inmigración y el terrorismo son sumamente engañosos, tendenciosos y parciales, ya que establecen un vínculo sesgado y directo entre los fenómenos migratorios y las amenazas a la seguridad; señala que las respuestas al cuestionario en línea deben complementarse con datos personales, revelando así las propias opiniones políticas, lo que contraviene las normas relativas a la protección de datos; pide, por consiguiente, que se suspenda esta consulta;

6.  Lamenta que en la consulta pública se culpe a las instituciones de la UE y a sus políticas, sin reconocer al mismo tiempo la responsabilidad de los Estados miembros en estos ámbitos; recuerda que los Estados miembros están plenamente implicados en el proceso legislativo de la UE;

7.  Pide a todos los Estados miembros que participen de manera constructiva en el actual debate sobre la Agenda Europea de Migración, que afecta por igual a las políticas interiores, exteriores y de desarrollo que deben llevarse a cabo en la Unión Europea;

8.  Considera que todos los Estados miembros han de respetar plenamente la legislación de la Unión en su práctica legislativa y administrativa y que toda la legislación, incluido el Derecho primario de cualquier Estado miembro o país candidato, debe reflejar y respetar los valores europeos fundamentales, a saber, los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

9.  Lamenta que el Consejo no haya reaccionado ante los últimos acontecimientos en Hungría, y denuncia la falta de compromiso del Consejo y de los Estados miembros para garantizar el respeto del Estado de Derecho tal como se especifica en las conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 16 de diciembre de 2014; insta al Consejo de la Unión Europea y al Consejo Europeo a que celebren un debate y aprueben las conclusiones pertinentes sobre la situación en Hungría;

10.  Observa que estos últimos sucesos han suscitado preocupación en relación con los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales en Hungría a lo largo del pasado año, lo que en su conjunto podría representar una naciente amenaza sistémica al Estado de Derecho en este Estado miembro;

11.  Insta a la Comisión a que active la primera fase del marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho e inicie inmediatamente, en consecuencia, un proceso de control pormenorizado relativo a la situación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Hungría, evaluando la posible vulneración sistémica y grave de los valores en los que se fundamenta la Unión en virtud del artículo 2 del Tratado UE, incluido el impacto conjunto de una serie de medidas que empeoran la situación de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, y valorando la aparición de una amenaza sistémica al Estado de Derecho en Hungría susceptible de degenerar en un claro riesgo de grave violación en el sentido del artículo 7 del TUE; pide a la Comisión que informe sobre esta cuestión al Parlamento y al Consejo antes de septiembre de 2015;

12.  Pide a la Comisión que presente una propuesta relativa al establecimiento de un mecanismo de la UE sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales como herramienta para el cumplimiento y la aplicación de la Carta y de los Tratados firmados por todos los Estados miembros, basándose en indicadores comunes objetivos; pide asimismo a la Comisión que proceda a una evaluación anual imparcial de la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en todos los Estados miembros, de manera indiscriminada y en pie de igualdad, que incluya una evaluación por parte de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, junto con los oportunos mecanismos de corrección de carácter vinculante, con el fin de colmar las lagunas existentes y permitir una respuesta automática y gradual a las violaciones del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales en los Estados miembros; encarga a su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que contribuya al desarrollo y la elaboración de esa propuesta mediante un informe de iniciativa legislativa que se aprobaría antes de finales de año;

13.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al Presidente, el Gobierno y el Parlamento de Hungría, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0315.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0173.

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