Índice 
Textos aprobados
Miércoles 11 de marzo de 2015 - EstrasburgoEdición definitiva
Régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países ***I
 Acuerdo de Estabilización y Asociación con Montenegro ***I
 Contingentes arancelarios de la Unión de carne de vacuno de calidad superior, carne de porcino, carne de aves de corral, trigo, tranquillón, salvado, moyuelos y otros residuos ***I
 Importación en la Unión de productos agrícolas originarios de Turquía ***I
 Suspensión de determinadas concesiones relativas a la importación en la Unión de productos agrícolas originarios de Turquía ***I
 Constitución de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo ***
 Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Theodoros Zagorakis
 Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Sergei Stanishev
 Orientaciones para el presupuesto 2016 - Sección III
 Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE - Lucha contra el fraude -
 Informe de evolución 2014 sobre Montenegro
 Informe de evolución 2014 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia
 Informe de evolución 2014 sobre Serbia
 El proceso de integración europea de Kosovo
 Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015
 Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015
 Gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2015
 Lucha contra el abuso sexual infantil en internet

Régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países ***I
PDF 213kWORD 49k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países (versión refundida) (COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))
P8_TA(2015)0053A8-0014/2015

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0323),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0014/2014),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 10 de diciembre de 2014(1),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos(2),

–  Vista la carta dirigida el 13 de noviembre de 2014 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Comercio Internacional, de conformidad con el artículo 104, apartado 3, de su Reglamento,

–  Vistos los artículos 104 y 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0014/2015),

A.  Considerando que, según el Grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta de la Comisión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores con dichas modificaciones, la propuesta contiene una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba su Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 11 de marzo de 2015 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2015/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países (versión refundida)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2015/755.)

(1) No publicado aún en el Diario Oficial.
(2) DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.


Acuerdo de Estabilización y Asociación con Montenegro ***I
PDF 212kWORD 50k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra (versión codificada) (COM(2014)0374 – C8-0035/2014 – 2014/0190(COD))
P8_TA(2015)0054A8-0051/2014

(Procedimiento legislativo ordinario – codificación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0374),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0035/2014),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 10 de diciembre de 2014(1),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 20 de diciembre de 1994, sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos(2),

–  Vistos los artículos 103 y 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0051/2014),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba su Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 11 de marzo de 2015 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2015/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra (versión codificada)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2015/752.)

(1) No publicado aún en el Diario Oficial.
(2) DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.


Contingentes arancelarios de la Unión de carne de vacuno de calidad superior, carne de porcino, carne de aves de corral, trigo, tranquillón, salvado, moyuelos y otros residuos ***I
PDF 212kWORD 50k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la apertura y modo de gestión de determinados contingentes arancelarios de la Unión de carne de vacuno de calidad superior, carne de porcino, carne de aves de corral, trigo, tranquillón, salvado, moyuelos y otros residuos (versión codificada) (COM(2014)0594 – C8-0169/2014 – 2014/0276(COD))
P8_TA(2015)0055A8-0052/2014

(Procedimiento legislativo ordinario – codificación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0594),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0169/2014),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 10 de diciembre de 2014(1),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 20 de diciembre de 1994, sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos(2),

–  Vistos los artículos 103 y 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0052/2014),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba su Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 11 de marzo de 2015 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2015/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la apertura y modo de gestión de determinados contingentes arancelarios de la Unión de carne de vacuno de calidad superior, carne de porcino, carne de aves de corral, trigo, tranquillón, salvado, moyuelos y otros residuos (versión codificada)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2015/754.)

(1) No publicado aún en el Diario Oficial.
(2) DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.


Importación en la Unión de productos agrícolas originarios de Turquía ***I
PDF 211kWORD 51k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la importación en la Unión de productos agrícolas originarios de Turquía (versión codificada) (COM(2014)0586 – C8-0166/2014 – 2014/0272(COD))
P8_TA(2015)0056A8-0048/2014

(Procedimiento legislativo ordinario – codificación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0586),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0166/2014),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 10 de diciembre de 2014(1),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 20 de diciembre de 1994, sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos(2),

–  Vistos los artículos 103 y 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0048/2014),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba su Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 11 de marzo de 2015 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2015/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la importación en la Unión de productos agrícolas originarios de Turquía (versión codificada)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2015/753.)

(1) No publicado aún en el Diario Oficial.
(2) DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.


Suspensión de determinadas concesiones relativas a la importación en la Unión de productos agrícolas originarios de Turquía ***I
PDF 213kWORD 49k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se suspenden determinadas concesiones relativas a la importación en la Unión de productos agrícolas originarios de Turquía (versión codificada) (COM(2014)0593 – C8-0170/2014 – 2014/0275(COD))
P8_TA(2015)0057A8-0050/2014

(Procedimiento legislativo ordinario – codificación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0593),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0170/2014),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 10 de diciembre de 2014(1),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 20 de diciembre de 1994, sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos(2),

–  Vistos los artículos 103 y 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0050/2014),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba su Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 11 de marzo de 2015 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2015/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el se suspenden determinadas concesiones relativas a la importación en la Unión de productos agrícolas originarios de Turquía (versión codificada)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2015/756.)

(1) No publicado aún en el Diario Oficial.
(2) DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.


Constitución de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo ***
PDF 205kWORD 46k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la aceptación, en nombre de la Unión Europea, de la versión modificada del Convenio constitutivo de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (14993/2014 – C8-0027/2015 – 2014/0274(NLE))
P8_TA(2015)0058A8-0038/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (14993/2014),

–  Visto el proyecto de la versión modificada del Convenio constitutivo de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (15458/2014),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 43, apartado 2, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0027/2015),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Pesca (A8-0038/2015),

1.  Concede su aprobación a la celebración de la versión modificada del Convenio;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo.


Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Theodoros Zagorakis
PDF 233kWORD 50k
Decisión del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Theodoros Zagorakis (2015/2048(IMM))
P8_TA(2015)0059A8-0044/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Theodoros Zagorakis, transmitido el 19 de diciembre de 2014 por el fiscal adjunto del Tribunal Supremo de Grecia y comunicado en el Pleno el 28 de enero de 2015, en conexión con el procedimiento pendiente E2010/3844 ante el Juzgado de lo Penal de Salónica,

–  Vista la renuncia de Theodoros Zagorakis a su derecho a ser oído de conformidad con el artículo 9, apartado 5, del Reglamento,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n° 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los días 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010 y 6 de septiembre de 2011(1),

–  Visto el artículo 62 de la Constitución de la República Helénica,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 del Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0044/2015),

A.  Considerando que el fiscal adjunto del Tribunal Supremo de Grecia ha solicitado la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Theodoros Zagorakis, diputado al Parlamento Europeo, en conexión con la posible imposición de una sanción por una presunta infracción penal;

B.  Considerando que, en virtud del artículo 9 del Protocolo n° 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

C.  Considerando que, en virtud del artículo 62 de la Constitución de la República Helénica, los diputados no pueden, durante su mandato, ser buscados, detenidos ni procesados ni ver restringida de cualquier otro modo su libertad sin la autorización del Parlamento;

D.  Considerando que se acusa a Theodoros Zagorakis de un delito de lesiones por negligencia y del incumplimiento de las normas de seguridad en el puesto de trabajo;

E.  Considerando que el proceso penal incoado se refiere al accidente de trabajo sufrido el 13 de mayo de 2010 por un empleado del club de fútbol PAOK en el estadio de dicho club en Salónica y va dirigido contra Theodoros Zagorakis como presidente y representante legal del club;

F.  Considerando que es evidente que el presunto delito no guarda relación alguna con la condición de Theodoros Zagorakis de diputado al Parlamento Europeo, sino con su cargo de presidente del club de fútbol PAOK;

G.  Considerando que el proceso penal no ha sido motivado por una opinión expresada o un voto emitido por Theodoros Zagorakis en el ejercicio de sus funciones como diputado al Parlamento Europeo a efectos del artículo 8 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea;

H.  Considerando que no existen motivos para suponer que el proceso responde a la intención de causar un perjuicio político al diputado (fumus persecutionis), ya que fue iniciado varios años antes de que el diputado entrase en funciones;

1.  Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Theodoros Zagorakis;

2.  Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente a la Fiscalía del Tribunal Supremo de Grecia.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543.


Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Sergei Stanishev
PDF 206kWORD 51k
Decisión del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Sergei Stanishev (2014/2259(IMM))
P8_TA(2015)0060A8-0045/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Sergei Stanishev, transmitido por el fiscal general de la República de Bulgaria, con fecha de 24 de noviembre de 2014 y comunicado al Pleno el 15 de diciembre de 2014, en conexión con el procedimiento pendiente ante el Tribunal Municipal de Sofía (ref. APNA nº C-280/2013).

–  Previa audiencia a Sergei Stanishev, de conformidad con el artículo 9, apartado 5, de su Reglamento,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo nº 7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los días 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013,(1)

–  Visto el artículo 70 de la Constitución de la República de Bulgaria,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0045/2015),

A.  Considerando que el fiscal general de la República de Bulgaria ha transmitido una solicitud de la Fiscalía de la Ciudad de Sofía para que se autorice la continuación del proceso penal seguido contra Sergei Stanishev relativo a una infracción penal con arreglo al artículo 285, apartado 1, en relación con el artículo 26, apartado 1, del Código Penal búlgaro;

B.  Considerando que, de conformidad con el artículo 8 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, los miembros del Parlamento Europeo no pueden ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones;

C.  Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

D.  Considerando que, con arreglo al artículo 70, apartado 1, de la Constitución de la República de Bulgaria, los diputados a la Asamblea Nacional gozan de inmunidad frente a la detención o el procesamiento penal a no ser que cometan una infracción penal y, en tal caso, se requiere la autorización de la Asamblea Nacional o, si esta no se encuentra en período de sesiones, del presidente de la Asamblea Nacional, salvo en caso de detención en flagrante delito; que, con arreglo al artículo 70, apartado 2, de la Constitución de la República de Bulgaria, no es necesaria la autorización para iniciar un proceso penal cuando el diputado a la Asamblea Nacional ha dado su consentimiento por escrito;

E.  Considerando que el Parlamento es el único a quien corresponde decidir si suspende o no la inmunidad en cada caso concreto; que el Parlamento puede, de forma razonable, tener en cuenta la posición del diputado a la hora de tomar una decisión sobre la suspensión de su inmunidad(2);

F.  Considerando que la presunta infracción penal no guarda relación directa u obvia con el ejercicio de las funciones de diputado al Parlamento Europeo de Sergei Stanishev, ni constituye una opinión o voto por él emitidos en el ejercicio de dichas funciones a efectos del artículo 8 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea;

G.  Considerando que la investigación prejudicial contra Sergei Stanishev había empezado mucho antes de que fuera elegido diputado al Parlamento Europeo, y que el proceso, por tanto, no está relacionado en modo alguno con su cargo de diputado al Parlamento Europeo;

H.  Considerando que Sergei Stanishev, primero cuando era primer ministro y posteriormente cuando era diputado a la Asamblea Nacional, presentó sendas declaraciones escritas al presidente de la Asamblea Nacional en las que daba su consentimiento al inicio de un proceso penal en su contra de conformidad con el artículo 70, apartado 2, de la Constitución de la República de Bulgaria;

I.  Considerando que en el presente caso el Parlamento no tiene pruebas de un fumus persecutionis, es decir, una sospecha suficientemente sólida y precisa de que el asunto se haya suscitado con la intención de causar un perjuicio político al diputado;

1.  Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Sergei Stanishev;

2.  Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente a la autoridad competente de la República de Bulgaria y a Sergei Stanishev.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Sentencia Mote/Parlamento, T-345/05, antes citada, apartado 28.


Orientaciones para el presupuesto 2016 - Sección III
PDF 306kWORD 68k
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2016, Sección III – Comisión (2015/2008(BUD))
P8_TA(2015)0061A8-0027/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 312 y 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(1),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(2),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo(3),

–  Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2014, sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(4),

–  Vistos el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(5) y las seis declaraciones conjuntas acordadas por el Parlamento, el Consejo y la Comisión, así como las tres declaraciones unilaterales,

–  Vistas la Comunicación titulada «Un Plan de Inversiones para Europa», adoptada por la Comisión el 26 de noviembre de 2014 (COM(2014)0903), y la propuesta de Reglamento relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, adoptada por la Comisión el 13 de enero de 2015 (COM(2015)0010),

–  Visto el título II, capítulo 8, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0027/2015),

A.  Considerando que el presupuesto de la UE es predominantemente un presupuesto de inversión con un fuerte efecto multiplicador y constituye un catalizador para el crecimiento, la competitividad y el empleo en toda la Unión; que facilita la ejecución de programas y proyectos que de otro modo sería difícil o imposible de hacer y garantiza la inversión estratégica en acciones con valor añadido europeo al poner en común recursos y permitir economías de escala; que el presupuesto de la UE tiene un impacto positivo y tangible en la vida de los ciudadanos, y desempeña una función esencial de reducción de discrepancias entre las regiones de Europa y de garantía de inversiones en los ámbitos en los que más se necesitan;

B.  Considerando que, como consecuencia de la crisis económica y financiera, el nivel de inversión en la UE ha disminuido significativamente y el desfase de desarrollo entre las diferentes regiones de la UE ha aumentado; que, habida cuenta de la persistencia de las restricciones económicas y presupuestarias a nivel nacional, el presupuesto de la UE desempeña un papel clave en el fomento de la competitividad y el aumento de la cohesión económica, social y territorial en la Unión;

C.  Considerando que el presupuesto de la UE no puede cumplir su misión si se ponen en entredicho su solidez, imparcialidad y credibilidad; que resulta imperativo que se respeten plenamente todos los compromisos que forman parte del marco financiero plurianual 2014-2020 y que se resuelva sin demora una serie de problemas que se han acumulado en los últimos años, especialmente la cantidad sin precedentes de facturas impagadas al final del ejercicio de 2014; que esta acumulación de facturas impagadas provoca retrasos en la aplicación de los programas y fondos de la UE que perjudican en primer lugar a los ciudadanos europeos; que los retrasos en los pagos estructurales plantean asimismo la cuestión de la introducción de intereses de demora, ya que las entidades territoriales deben prefinanciar las contribuciones tardías de la Unión Europea recurriendo a los mercados financieros; que la liberación de créditos no es una solución para la crisis de pagos; y que, según el artículo 310 del TFUE, los ingresos y los gastos del presupuesto de la UE deben estar equilibrados;

D.  Considerando que en 2016 entrarán en funcionamiento, a pleno rendimiento, los nuevos programas de la UE del MFP 2014-2020, y se pondrá en marcha la revisión intermedia del MFP;

Recuperación — las «tres es»: empleo, empresas y emprendimiento para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la Unión Europea

1.  Destaca el potencial y el valor añadido del presupuesto de la UE para la creación de empleo y el desarrollo de las empresas y el emprendimiento para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en toda la Unión; destaca también en este contexto la contribución del presupuesto de la UE a la cohesión económica, social y territorial, así como al apoyo a la investigación y al desarrollo, al igual que el potencial de la transición y la interconexión energéticas para generar nuevos puestos de trabajo y crecimiento; reconoce que una amplia gama de programas de la UE, como Horizonte 2020, COSME, Erasmus+ y la Iniciativa de Empleo Juvenil, contribuye directamente a la consecución de esos objetivos; espera que la Comisión coloque dichos programas e instrumentos orientados al crecimiento en el centro del proyecto de presupuesto 2016, con el fin de garantizar que estén dotados de los recursos necesarios;

2.  Recuerda que en la UE hay más de 20 millones de pymes, que representan el 99 % del total de empresas; considera que un entorno empresarial favorable y el desarrollo de una cultura empresarial que incluya empleos dignos en la UE podría devolver a las pymes su papel de principales generadoras de puestos de trabajo en la Unión, que se ha debilitado con la crisis económica; subraya, en este contexto, la necesidad de facilitar la creación y el funcionamiento de empresas emergentes en la UE conectando a los empresarios entre sí y fomentando nuevos proyectos; considera que, junto con la simplificación legislativa y la reducción de la burocracia, los instrumentos financieros disponibles en el marco del programa COSME deben utilizarse en su totalidad para ayudar y respaldar a las pymes a lo largo de este camino, facilitando, en particular, su acceso a los mercados y al crédito; destaca el gran potencial que tiene para las pymes y las empresas de mediana capitalización el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas

3.  Hace hincapié en que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos constituyen el grueso del gasto en inversiones del presupuesto de la UE y son fundamentales para crear empleo, estimular el crecimiento y mejorar la competitividad y la innovación; subraya que la política de cohesión de la UE ha sido decisiva a la hora de mantener la inversión pública en ámbitos económicos vitales y ha alcanzado resultados tangibles sobre el terreno que pueden facultar a los Estados miembros y a las regiones para superar la crisis actual y alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020; pide a la Comisión y a los Estados miembros que se esfuercen al máximo para adoptar rápidamente los programas operativos restantes en los próximos meses, con el fin de garantizar que la ejecución alcance su velocidad de crucero en 2016;

4.  Manifiesta su preocupación por la financiación de la Iniciativa de Empleo Juvenil a partir de 2016, habida cuenta de la consignación anticipada de la totalidad de la dotación financiera del programa en 2014 y 2015; subraya que la lucha contra el desempleo juvenil debe seguir intensificándose y que deben estudiarse al efecto todas las posibilidades de financiación; recuerda que 2016 será el primer ejercicio en que, según lo previsto en el Reglamento sobre el MFP para el período 2014-2020, los recursos del margen global para compromisos se pondrán a disposición por encima de los límites máximos fijados en el MFP para el período 2016-2020 respecto de objetivos estratégicos relacionados con el crecimiento y el empleo, particularmente el empleo juvenil; pide a la Comisión Europea que determine las causas del retraso en la ejecución de este programa y colabore con los Estados miembros para garantizar la plena utilización del fondo;

5.  Subraya la importancia de la movilidad transfronteriza como medio para permitir a Europa aprovechar las múltiples capacidades de las personas ampliando al mismo tiempo las oportunidades de empleo y formación para todas las generaciones; considera que los programas de movilidad emblemáticos de éxito, como Erasmus+, benefician tanto a las personas como a la economía y, por ello, han de aprovecharse al máximo; recuerda, en este sentido, que siempre deben tenerse en cuenta los aspectos sociales de la movilidad y que la movilidad es solo una de las herramientas que pueden utilizarse para luchar contra el desempleo y no debe utilizarse como último recurso;

6.  Recuerda que el fraude y la evasión fiscales afectan negativamente a las economías de los Estados miembros y, posteriormente, al presupuesto de la UE; subraya, en particular, que cualquier fraude relacionado con el IVA, como el fraude en cascada, afecta directamente a los ingresos de la UE; pide a la Comisión que refuerce los programas de la UE que complementan las acciones de los Estados miembros en este ámbito;

7.  Acoge con satisfacción la incorporación de criterios de desarrollo ecológico en el presupuesto de la UE; estima que las políticas de la UE deben contribuir efectivamente a la consecución de los objetivos acordados en la lucha contra el cambio climático, el fomento de las energías renovables y la eficiencia energética, y la protección del medio ambiente y la biodiversidad; considera que se trata de retos mundiales clave a medio y largo plazo que no deben olvidarse;

El presupuesto de la UE y el Plan de Inversiones

8.  Acoge con satisfacción el primer paso dado con el Plan de Inversiones presentado por la Comisión, que puede generar el potencial necesario para movilizar 315 000 millones de euros de inversiones en infraestructuras, educación e investigación, así como pymes y empresas de mediana capitalización, a fin de contrarrestar el déficit de inversión pública y privada provocado por la crisis financiera y económica; toma nota de que se espera que el presupuesto de la UE constituya la espina dorsal de este plan de inversiones mediante la puesta a disposición de los 8 000 millones de euros necesarios en créditos de compromiso y de pago para la dotación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE); considera que la contribución del presupuesto de la UE debería reportar un rendimiento significativo gracias a un mayor efecto palanca; confirma su buena disposición para examinar con la máxima atención la inclusión en el presupuesto de la UE de los compromisos financieros de la UE con el BEI para el establecimiento del FEIE;

9.  Destaca el carácter adicional y complementario del Plan de Inversiones propuesto y del presupuesto de la UE, y su compromiso conjunto para reactivar la economía e impulsar la creación de empleo; destaca que el presupuesto de la UE es, en sí mismo, un instrumento de inversión fundamental que tiene un cometido y una misión diferenciados y ha producido resultados tangibles con un claro valor añadido europeo; está convencido de que hay que esforzarse al máximo para crear sinergias, no solo entre el Plan de Inversiones y el presupuesto de la UE, sino también con los presupuestos nacionales, con el fin de reducir el déficit de inversiones, garantizar la convergencia y la estabilidad en la UE y maximizar el efecto del gasto público en la economía real; subraya además la importancia que reviste la eliminación de los obstáculos a la inversión existentes, especialmente en lo relativo a la claridad y la previsibilidad del marco reglamentario;

Solidaridad interna y externa y una Europa segura

10.  Recuerda que el presupuesto de la UE es un instrumento de solidaridad interna al apoyar la cohesión económica, social y territorial, contribuir a la lucha contra la pobreza, fomentar la inclusión social y contribuir a minimizar las diferencias de desarrollo no solo entre los Estados miembros, sino también entre sus regiones; destaca que también es un instrumento de solidaridad externa que aporta ayuda de urgencia en las crisis humanitarias y civiles al prestar apoyo a los países que lo necesitan, como Ucrania, y al contribuir a que la UE sea el mayor donante de ayuda al desarrollo, con el fin de cumplir los compromisos contraídos por la UE en materia de erradicación de la pobreza, como se reafirma en el Consenso Europeo sobre el Desarrollo, y de contribuir a la Agenda para el Desarrollo después de 2015;

11.  Toma nota con preocupación de que Europa, a pesar de ser uno de los lugares más seguros del mundo, se enfrenta a nuevos tipos de riesgos para su seguridad interior que requieren estrechar la cooperación y la coordinación policiales y judiciales, desarrollar medidas para una mejor integración y una mayor cohesión social y, al mismo tiempo, promover la estabilidad y la paz en las zonas de conflicto; subraya que el esfuerzo común para gestionar los flujos migratorios se sitúa en la intersección entre la solidaridad interna y la solidaridad externa; recuerda su apoyo al fortalecimiento de los medios de la UE y al desarrollo de una cultura de reparto justo de la carga entre los Estados miembros para gestionar el asilo y la migración, a fin de garantizar unas fronteras exteriores seguras y protegidas dentro del pleno respeto de los valores fundamentales de la UE, particularmente en lo que respecta a la acción en el Mediterráneo y en la frontera sudeste de la UE; solicita a la Comisión que proponga refuerzos específicos de los programas e instrumentos pertinentes, demostrando así el compromiso de la UE de abordar estas cuestiones;

Respeto de los compromisos

12.  Está convencido de que el presupuesto de la UE no puede alcanzar su pleno potencial sin solucionar de forma categórica e inequívoca una serie de problemas que se han acumulado a lo largo de los últimos años y que, lamentablemente, dominaron las negociaciones presupuestarias del pasado año, en concreto el problema recurrente de las facturas impagadas al final del ejercicio, la cuestión de la presupuestación de los instrumentos especiales del MFP y el retraso en la aplicación de los programas operativos en el marco de la política de cohesión; considera que 2015 ha de ser el año límite para la introducción de soluciones tangibles y sostenibles a estas cuestiones pendientes;

13.  Pide la plena aplicación de las declaraciones conjuntas sobre los créditos de pago y sobre un plan de pagos que acordaron el Parlamento, el Consejo y la Comisión a finales del procedimiento presupuestario de 2015, y considera que esta acción mostraría que las tres instituciones están decididas a trabajar en pos de una solución para el problema de las facturas pendientes de pago; recuerda el compromiso de celebrar, en el transcurso del presente ejercicio, al menos tres reuniones interinstitucionales sobre los pagos, con el fin de hacer balance de la ejecución de los pagos y las previsiones revisadas; espera que la primera de esas reuniones, que se celebrará en marzo de 2015, proporcione una primera visión de conjunto del nivel de las facturas pendientes de pago al final de 2014 para las principales políticas; lamenta que, como se había previsto, este nivel alcanzara a finales de 2014 el importe sin precedentes de 24 700 millones de euros solo para los programas de cohesión del período 2007-2013; lamenta que esta deuda mine la credibilidad de la UE y sea contraria a los objetivos fijados al más alto nivel político para el crecimiento y el empleo; hace hincapié en que los pagos son una consecuencia directa y lógica de compromisos adquiridos en el pasado;

14.  Concede la máxima importancia a la creación y puesta en práctica de un sólido plan de pagos con el objetivo de reducir el nivel de las facturas pendientes de pago al final del ejercicio a su nivel estructural en el transcurso del actual MFP, tal y como indicaron el Consejo, el Parlamento y la Comisión en la declaración conjunta acordada en el marco del procedimiento presupuestario de 2015; recuerda que este plan lo acordarán las tres instituciones con la debida antelación respecto de la presentación del proyecto de presupuesto 2016; considera que la reunión interinstitucional de marzo de 2015 debería ser una oportunidad para que las tres instituciones lleguen a un acuerdo sobre este plan;

15.  Reitera su ya antigua posición de que los pagos de instrumentos especiales (instrumentos de flexibilidad, el Fondo de Solidaridad de la UE, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y la reserva para ayudas de emergencia) deben consignarse por encima de los límites máximos de pago del MFP, como ocurre con los compromisos; lamenta que no fuera posible alcanzar un acuerdo durante el procedimiento presupuestario del ejercicio anterior debido a la errónea interpretación del Consejo de la correspondiente disposición del MFP; hace hincapié en que la postura del Consejo sobre este asunto puede implicar una mayor reducción del MFP en comparación con el período 2007-2013; espera que la cuestión quede resuelta con el ajuste técnico de 2015 del margen global para los pagos por parte de la Comisión;

16.  Recuerda que las agencias y organismos de la UE desempeñan una importante función a la hora de desarrollar y ejecutar las políticas y los objetivos de la UE, como la competitividad, el crecimiento y el empleo; recuerda a la Comisión y al Consejo que las agencias y organismos de la UE llevan a cabo tareas que les asigna la autoridad legislativa y que, por lo tanto, se han de respetar como elemento administrativo importante de la UE; subraya que las agencias y organismos necesitan unos recursos financieros y humanos suficientes que les permitan cumplir plena y efectivamente sus mandatos legales; hace hincapié en que una agencia de la UE ya ha anunciado el aplazamiento y cancelación de proyectos en curso debido a los enormes recortes presupuestarios y de personal decididos para el presupuesto de 2015; recuerda la oposición del PE a la redistribución de personal y pide a la Comisión que revierta su efecto cuando presente el proyecto de presupuesto de 2016;

El camino que se ha de seguir

17.  Insta a la Comisión a que tenga debidamente en cuenta las prioridades políticas mencionadas más arriba cuando elabore su proyecto de presupuesto para 2016, de manera que los programas y acciones pertinentes de la UE dispongan de los medios necesarios para alcanzar estos objetivos; espera, en este contexto, una respuesta positiva de la Comisión a las demás solicitudes y posiciones expuestas en la presente Resolución, a fin de que se resuelvan los problemas recurrentes y se facilite el procedimiento presupuestario del presente ejercicio; espera asimismo que la Comisión proponga en su proyecto de presupuesto un nivel adecuado de créditos de pago basado en previsiones y necesidades reales, a fin de dar a la UE los recursos necesarios para realizar sus ambiciones;

18.  Recuerda que, de conformidad con el Tratado, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión velarán por que se pongan a disposición los recursos necesarios para que la Unión pueda cumplir sus obligaciones jurídicas con respecto a terceros; insiste en que se usen todos los medios disponibles en el marco del Reglamento sobre el MFP para cumplir las obligaciones jurídicas de la Unión y no poner el peligro o retrasar los pagos a las partes interesadas, como investigadores, universidades, etc.;

19.  Pide al Consejo que, en su examen del presupuesto para el próximo ejercicio, deje de utilizar dobles raseros y esté a la altura de las expectativas suscitadas por sus propias declaraciones y decisiones, ya estén relacionadas con la crisis de los pagos, el MFP, la Estrategia Europa 2020 o la reactivación de la inversión; considera que, de no ir acompañados de recursos presupuestarios suficientes para permitir su aplicación, tales declaraciones y compromisos políticos son nulos;

20.  Se compromete, dentro de los límites máximos del MFP y teniendo debidamente presente la grave escasez de pagos, a desempeñar su función como una de las ramas de la Autoridad Presupuestaria con dedicación y responsabilidad, promoviendo incrementos bien orientados en los ámbitos presupuestarios de elevada capacidad de absorción que corresponden a sus prioridades políticas, y a garantizar un resultado satisfactorio; se propone, a la luz de lo anterior, examinar, con el apoyo de sus comisiones especializadas, los programas y líneas presupuestarias específicos con los que mejor pueda alcanzarse este objetivo;

21.  Subraya que el presupuesto 2016 será crucial, ya que no solo será el primer año de aplicación de la nueva disposición del MFP sobre el margen global para los compromisos, sino que también debe servir de referencia para la revisión y modificación postelectorales del MFP, que deberán ponerse en marcha antes de finales de 2016; hace hincapié en la necesidad de fijar prioridades políticas y determinar a su debido tiempo los ámbitos de demostrado valor añadido del gasto de la UE, para los que se considerarán necesarias más inversiones en la segunda mitad del MFP 2014-2020; subraya, en este contexto, la importancia que reviste el control estrecho de la aplicación y ejecución de programas clave de la UE ya durante el procedimiento presupuestario en curso;

22.  Reafirma su posición a favor de una reforma en profundidad del sistema de recursos propios de la UE, cuyas deficiencias actuales están causando graves puntos muertos en las negociaciones presupuestarias; atribuye por tanto la máxima importancia política a la labor del Grupo de alto nivel sobre recursos propios, bajo la presidencia de Mario Monti; acoge positivamente el primer informe de evaluación del Grupo de alto nivel, en el que se propone que se estudie la cuestión de los recursos propios del presupuesto de la UE desde el mayor número de perspectivas posible, y espera con impaciencia el resultado de su labor y las propuestas finales que está previsto que se presenten en una conferencia interinstitucional que se celebrará en 2016 y en la que participarán los parlamentos nacionales, y que se examinen en el contexto de la revisión y modificación postelectorales del MFP;

o
o   o

23.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(2) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(3) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0100.
(5) DO L 69 de 13.3.2015.


Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE - Lucha contra el fraude -
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre el Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha contra el fraude (2014/2155(INI))
P8_TA(2015)0062A8-0024/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 325, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas sus resoluciones sobre anteriores informes anuales de la Comisión y de la Oficina para la Lucha contra el Fraude (OLAF),

–  Vistos el informe de la Comisión, de 17 de julio de 2014, titulado «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea – Lucha contra el fraude – Informe anual 2013» (COM(2014)0474) y los documentos de trabajo adjuntos (SWD(2014)0243, SWD(2014)0244, SWD(2014)0245, SWD(2014)0246, SWD(2014)0247 y SWD(2014)0248),

–  Visto el Informe anual de la OLAF de 2013,

–  Visto el Informe de actividades del Comité de Vigilancia de la OLAF relativo al periodo comprendido entre febrero de 2013 y enero de 2014,

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2013, junto con las respuestas de las instituciones,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de septiembre de 2014, sobre la protección del presupuesto de la UE hasta finales de 2013 (COM(2014)0618),

–  Visto el informe de la Comisión, de 3 de febrero de 2014, titulado «Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE» (COM(2014)0038),

–  Visto el Eurobarómetro especial nº 397 sobre la corrupción,

–  Vistos los informes de la Comisión sobre la brecha del IVA,

–  Visto el Reglamento (UE) nº 250/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por el que se establece un programa para la promoción de acciones en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (programa «Hércules III») y por el que se deroga la Decisión nº 804/2004/CE(1),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Consejo, de 17 de julio de 2013, relativo a la creación de la Fiscalía Europea (COM(2013)0534),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 del Consejo(2),

–  Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2012, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (COM(2012)0363),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo(3),

–  Vistas su Resolución de 15 de septiembre de 2011 sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción(4), su Resolución de 18 de mayo de 2010 sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción(5), y la Comunicación de la Comisión de 6 de junio de 2011 titulada «Lucha contra la corrupción en la UE» (COM(2011)0308),

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas(6),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,

–  Vistos los Convenios de Derecho Civil y Derecho Penal sobre la Corrupción, del Consejo de Europa,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0024/2015),

A.  Considerando que el presupuesto de la UE, al que cada Estado miembro contribuye de manera proporcional según criterios objetivos comunes, sirve para apoyar la aplicación de las políticas de la Unión y representa la expresión de una unidad y un instrumento para avanzar en la integración europea;

B.  Considerando que la protección de los intereses financieros de la UE, junto con el principio de buena gestión financiera, deben garantizar que los ingresos y los gastos del presupuesto contribuyen al logro de las prioridades y los objetivos de la UE, así como a aumentar la confianza de los ciudadanos garantizándoles que su dinero está siendo utilizado de forma transparente, en plena conformidad con los objetivos y las políticas de la UE, y en interés de los ciudadanos de la Unión;

C.  Considerando que la diversidad de sistemas jurídicos y administrativos en los Estados miembros conforma un entorno difícil para superar las irregularidades y combatir el fraude, mientras que cualquier utilización incorrecta de los fondos de la UE supone pérdidas no solo individuales, sino también colectivas, y obstaculiza los intereses de cada Estado miembro y de la Unión en su conjunto;

D.  Considerando que, a fin de mejorar las medidas actuales, como el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades (Convenio PIF), para combatir el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión, la Comisión ha presentado dos propuestas de instrumentos de Derecho penal, a saber, la Directiva PIF y el Reglamento sobre la creación de una Fiscalía Europea, destinados a garantizar una investigación más eficaz y una mejor protección del dinero de los contribuyentes en todo el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia;

E.  Considerando que la lucha contra el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales en la Unión debe ser una prioridad de la acción política de las instituciones de la UE, y que, por ello, la cooperación policial y judicial entre los Estados Miembros es fundamental;

I.Detección y notificación de irregularidades no fraudulentas y fraudulentas

1.  Toma nota del informe titulado «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea – Lucha contra el fraude – Informe anual 2013» (el «informe anual» de la Comisión); acoge con satisfacción la amplia gama de medidas legales y administrativas adoptadas por la Comisión desde 2011, perfilando así un nuevo panorama para la mejora de la política de protección de los intereses financieros de la Unión; hace hincapié en que los actuales resultados insuficientes en la lucha contra el fraude no se deben a la ausencia de reglamentación, sino a su aplicación insatisfactoria; pide a la Comisión que, en su próximo informe, responda con mayor rapidez a las peticiones hechas por el Parlamento en sus anteriores informes PIF anuales;

2.  Recuerda que, en el contexto de las dificultades económicas que atraviesan actualmente los Estados miembros y de la insuficiencia de recursos en el presupuesto de la UE, reviste especial importancia la protección de los intereses financieros de la Unión; destaca que los recursos de la UE deben gestionarse adecuadamente y utilizarse del modo más eficiente posible;

3.  Toma nota de que en 2013 se notificaron a la Comisión 15 779 irregularidades —de las cuales 14 170 eran no fraudulentas, y 1 609, fraudulentas—, por un importe total de 2 140 millones de euros, de los que cerca de 1 760 millones de euros se referían a gastos del presupuesto de la UE, lo que representa el 1,34% de todos los pagos, mientras que los 380 millones restantes representaban el 1,86% de todos los recursos propios tradicionales (RPT) recaudados;

4.  Señala que, si bien el impacto financiero general de las irregularidades no fraudulentas notificadas en 2013 disminuyó a cerca de 1 840 millones de euros, lo que representa un 38 % menos que en 2012, el número de esas mismas irregularidades objeto de registro aumentó un 16 % con respecto al año anterior; toma nota, además, de que el número de irregularidades fraudulentas notificadas en 2013 aumentó un 30 % en comparación con 2012, mientras que su impacto financiero, que ascendió a 309 millones de euros en financiación de la UE, disminuyó un 21%;

5.  Toma nota de que, debido a la disponibilidad de nueva información como resultado de cambios significativos en la manera en que los Estados miembros y la Comisión notifican las irregularidades, el informe anual de la Comisión de 2013 ha desplazado el foco desde las irregularidades tratadas en términos generales a las notificadas como fraudulentas; pide a la Comisión que mantenga este enfoque en su próximo Informe anual relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha contra el fraude; insta, no obstante, encarecidamente a la Comisión a que siga aumentando la disponibilidad de información y mejore los análisis sobre el alcance, los tipos y el impacto de las irregularidades no fraudulentas a la vista del número tan elevado de las mismas y del consiguiente impacto económico negativo para los intereses financieros de la UE; 1

6.  Hace hincapié en que corresponde tanto a la Comisión como a los Estados miembros hacer todo cuanto esté en sus manos para luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otro tipo de actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; señala que una cooperación y coordinación estrechas entre la Comisión y los Estados miembros son fundamentales para garantizar la protección eficaz de los intereses financieros de la Unión y que, por lo tanto, se debe reforzar esta clase de cooperación y coordinación con carácter prioritario, dotándola de la mayor eficacia posible; señala que la protección de los intereses financieros de la Unión requiere el mismo nivel de vigilancia tanto por lo que respecta a los recursos como a los gastos;

7.  Señala que la tendencia general de detección y notificación de posibles irregularidades fraudulentas en los últimos cinco años muestra una lenta disminución, aunque el número de irregularidades no identificadas como fraudulentas se haya incrementado de forma progresiva; pide a la Comisión que examine más a fondo los principales motivos subyacentes a este aumento y que realice un análisis que determine si la tendencia se debe a un cambio hacia la detección de casos irregulares o a la manera en que los Estados miembros clasifican los casos;

8.  Está convencido de que los medios de Derecho penal incluidos en la Directiva PIF solo serán efectivos si logran ofrecer una definición clara de los delitos PIF, las penas de reclusión mínimas y máximas aplicables en todos los Estados miembros participantes y las normas mínimas sobre el régimen de prescripción, y a condición de que estas disposiciones se apliquen después de manera uniforme y eficaz por todos los Estados miembros;

Ingresos - Recursos propios

9.  Celebra el hecho de que el 98 % de los RPT se recauda sin problemas significativos, y observa que las irregularidades fraudulentas notificadas representan el 0,29 % del importe bruto de los RPT establecidos (por un valor de 61 millones de euros), mientras que las irregularidades no fraudulentas representan el 1,57 % de los RPT (por un valor de 327,4 millones de euros); señala que los casos de fraude e irregularidades detectados en 2013 alcanzaron una cifra de 380 millones de euros, de los cuales los Estados miembros recuperaron un total de 234 millones de euros; señala en particular el hecho de que esta tasa de recuperación del 62 % de los RPT en 2013 representa el mejor resultado logrado hasta la fecha en esta última década;8

10.  Muestra su preocupación por el hecho de que, en 2013, la mayoría de las cantidades recogidas en la base de datos OWNRES para la Europa de los Veintiocho estaban relacionadas con el régimen aduanero de despacho a libre práctica, tanto para casos de fraude (93 %) como de irregularidad (87 %); pide a la Comisión que tome medidas adecuadas con el fin de reforzar el régimen aduanero de despacho a libre práctica para hacer que sea menos propenso al fraude y a las irregularidades;

11.  Muestra su preocupación por que, en 2013, en la base de datos OWNRES, la tasa de recuperación para los casos de fraude fue solo del 23,74 %, una cifra inferior a la media de 33,5 % del periodo comprendido entre 2008 y 2012; señala que la tasa de recuperación para los casos de irregularidades notificados en 2013 es del 67,9 %; subraya, en general, la responsabilidad de las autoridades de los Estados miembros y de los servicios de la Comisión en lo que respecta a la recuperación de las sumas indebidamente pagadas, y les pide que asuman esta responsabilidad como corresponde y aumenten sustancialmente la tasa de recuperación en los casos de fraude, ya que se encuentra, en general, a un nivel considerablemente bajo en comparación con la tasa de recuperación de las irregularidades no fraudulentas;

12.  Acoge con satisfacción que la Unión Europea firmara en 2013 el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco de las Naciones Unidas; indica que quince Estados miembros firmaron el Protocolo pero que, actualmente, solo lo ha ratificado Austria; pide, por consiguiente, al resto de Estados miembros que concluyan sus respectivos procesos de ratificación lo antes posible;

13.  Subraya que el contrabando de mercancías altamente gravadas provoca importantes pérdidas de ingresos para los presupuestos de la UE y de los Estados miembros, y que se calcula que las pérdidas directas de ingresos aduaneros derivadas del contrabando de cigarrillos ascienden, por sí solas, a más de 10 000 millones de euros al año; llama asimismo la atención sobre el tráfico de mercancía de marca falsificada que perjudica tanto a las autoridades fiscales de los Estados miembros como a las empresas europeas;

14.  Señala las labores en curso para mejorar los datos sobre la renta nacional bruta (RNB) y las cuestiones tratadas en el Informe Especial nº 11/2013 del Tribunal de Cuentas Europeo, en el que se pide una verificación más rápida y precisa de las cifras sobre RNB y una mejora de la notificación y la coordinación de los resultados, de forma que el sistema de la RNB pase a ser incluso más fiable en su contribución al cálculo de los ingresos de la UE;

15.  Señala que la inclusión de la economía oculta en las cuentas nacionales debe contribuir a garantizar datos sobre la RNB más completos y fiables, y pide a la Comisión y a Eurostat que intensifiquen la cooperación con las instituciones nacionales de estadística para garantizar que en todos los Estados miembros se gestiona este elemento de forma coherente y comparable, utilizando la información más actualizada;

16.  Hace hincapié en que, en numerosos Estados miembros, la brecha del IVA se mantiene siempre elevada debido al fraude y a la elusión en materia de IVA; destaca que la Comisión tiene competencia para controlar y supervisar las medidas tomadas por los Estados miembros; pide, por consiguiente, a la Comisión que haga pleno uso de sus poderes para ayudar a los Estados miembros a luchar contra el fraude en materia de IVA y la elusión fiscal;

17.  Señala asimismo que, en 2013, los Estados miembros registraron 133 casos de contrabando de cigarrillos que afectaban a unos RPT estimados en siete millones de euros aproximadamente; destaca que esta tendencia representa una reducción significativa en comparación con 2012, cuando se notificaron 224 casos que afectaban a aproximadamente 25 millones de euros; muestra una gran preocupación por el hecho de que Dinamarca, Estonia, España, Francia, Chipre, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia no notificaran casos de contrabando de cigarrillos a la Comisión en 2013, y cuestiona la eficiencia del proceso de notificación de estos Estados miembros; insiste a todos los Estados miembros para que notifiquen los casos de contrabando y falsificación ante la Comisión de forma precisa y oportuna, de modo que se puedan determinar mejor los RPT afectados negativamente;

18.  Señala que la Comisión publicará un estudio sobre la viabilidad de establecer un sistema de localización y seguimiento para los productos del tabaco; destaca que se trata de un avance significativo en la lucha contra el contrabando; pide a la Comisión que establezca y diseñe un sistema de localización y seguimiento abierto y competitivo, de forma que el diseño y la forma de aplicación del sistema no favorezcan a un solo proveedor de soluciones o a un número reducido de ellos;

Sistema Informatizado para la Circulación y el Control de los Impuestos Especiales

19.  Recuerda que:

   en su Resolución de 3 de abril de 2014 sobre el Informe anual 2012 sobre la protección de los intereses financieros de la UE(7), el Parlamento señaló que los organismos policiales habían observado un mayor abuso del Sistema Informatizado para la Circulación y el Control de los Impuestos Especiales (EMCS) por parte de grupos delictivos, y afirmó que estaba convencido de que faltan controles físicos de los bienes que se transportan en el marco del EMCS;
   la Comisión debe ofrecer al Parlamento, en el próximo Informe anual 2014 sobre la protección de los intereses financieros de la UE, información actualizada sobre las medidas tomadas para aumentar los controles físicos;
   los derechos de acceso al EMCS deben hacerse más estrictos, con el fin de incluir un historial completo de cumplimiento antes de comerciar para poder conferir a las empresas el estatus de «operador económico habilitado» («empresa fiable»), a fin de que solo estas empresas puedan utilizar directamente el EMCS;
   el Parlamento ha pedido a la Comisión que presente los resultados de los estudios en curso sobre la necesidad de modificar la Directiva 2008/118/CE;
   los controles de verificación llevados a cabo por los Estados miembros a las personas y empresas que solicitan la inclusión en el registro deben ser más rigurosos y exhaustivos;
   la Comisión debe explicar las medidas tomadas relacionadas con un mayor grado de cooperación con las autoridades tributarias, puesto que las mercancías pueden declararse de forma errónea con facilidad para evadir impuestos especiales;
   los plazos permitidos para la circulación de productos sujetos a impuestos especiales entre depósitos autorizados son exageradamente largos, lo que significa que dichos plazos permiten múltiples movimientos en la misma declaración, y su desvío antes de que se introduzca la fecha de entrega en el sistema; reitera, por consiguiente, que el expedidor informe inmediatamente de cualquier cambio a la autoridad competente del Estado miembro de destino declarado y de nuevo destino;
   el Parlamento ha solicitado que el plazo máximo permitido para presentar la notificación de recepción de los bienes sujetos a impuestos especiales sea de un día hábil, y que la duración del trayecto se calcule y se fije para cada entrega de conformidad con el tipo de medio de transporte utilizado y la distancia entre los lugares de expedición y destino; pide a la Comisión que le informe cuando estas peticiones hayan sido satisfechas;
   las garantías exigidas para establecer depósitos fiscales son demasiado bajas en comparación con el valor de las mercancías sujetas a impuestos especiales, por lo que el Parlamento pidió a la Comisión que estableciera una variable dependiente del tipo de mercancías y del nivel de comercio que se produce en realidad; pide a la Comisión que le informe cuando estas peticiones hayan sido satisfechas;
   el Parlamento se muestra preocupado por que los Estados miembros hayan aplicado sus propios sistemas EMCS sobre la base de unos requisitos definidos en términos generales por la Comisión; reitera su solicitud a la Comisión para que tome la iniciativa de establecer un sistema más uniforme en toda la UE;

Gastos

20.  Llama la atención sobre el aumento alarmante del 76 % en el número de irregularidades notificadas como fraudulentas en lo que respecta a los gastos de la UE, e insta a las autoridades competentes a que adopten todas las medidas necesarias para evitar esa tendencia negativa en los próximos años;

21.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que, en el sector agrícola, el número tanto de irregularidades en general como de actividades fraudulentas en particular haya aumentado significativamente en 2013 con respecto a 2012; señala que, en 2013, se produjo una nueva tendencia de infracción significativa relacionada con el hecho de que el beneficiario no tenía la cualidad necesaria, y se notificaron 51 casos de irregularidades fraudulentas; considera que esas tendencias requieren medidas específicas destinadas, por un lado, a eliminar prácticas que puedan conducir a infracciones involuntarias y, por otro, a combatir enérgicamente los comportamientos corruptos y delictivos;

22.  Reconoce que, en el sector del desarrollo agrícola y rural, los Estados miembros recuperaron 197 millones de euros de los beneficiarios en el ejercicio 2013, pero que, a finales de dicho ejercicio, aún quedaban por recuperar 1 318,3 millones de euros de los beneficiarios, de los cuales 1 097,1 millones de euros corresponden al presupuesto de la UE en virtud de la aplicación del mecanismo 50/50; muestra su preocupación por que la recuperación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) se encuentre por debajo de la media general y por que, a finales de 2013, no se hayan recuperado ni la mitad de las irregularidades detectadas en 2009;

23.  Señala las diferencias considerables que existen entre Estados miembros en cuanto a su capacidad para recuperar sumas perdidas como resultado de pagos irregulares detectados en el marco de la política agrícola común (PAC), e insta a los Estados miembros con porcentajes de recuperación inferiores a un 33 % a que mejoren considerablemente sus resultados en 2015 y en adelante;

24.  Reconoce que, tras la reforma de la PAC de 2013, los Estados miembros disfrutan de una mayor flexibilidad para la aplicación de las políticas y que, en particular, se les permite adaptarlas a sus capacidades y prioridades regionales o nacionales, así como realizar transferencias entre sus diferentes pilares; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que el incremento de la flexibilidad no se realizará a costa de los sistemas de seguimiento y evaluación; señala asimismo que, en el marco de la nueva PAC, la Comisión está trabajando en un programa de simplificación; pide a la Comisión que adapte plenamente el programa de simplificación a la estrategia de lucha contra el fraude de la DG AGRI, y que mantenga el equilibrio entre la simplificación y una gestión sólida de los fondos de la UE garantizando controles apropiados;

25.  Muestra asimismo su preocupación por el hecho de que el plazo medio transcurrido entre el momento en el que se produce la irregularidad, su detección y, finalmente, su notificación a la Comisión sea de 6,3 años en el sector agrícola y de 2,75 años en otros sectores; recuerda que, tras la detección de una irregularidad, se inician otros procedimientos (órdenes de ingreso, investigaciones de la OLAF, etc.); pide a la Comisión que determine la duración media, mínima y máxima de una irregularidad detectada bajo una gestión común para cada sector de política;

26.  Espera que el aumento significativo del 475 % de las irregularidades notificadas en el sector de la pesca en 2013 corresponda a un pico aislado relacionado con el retraso en la aplicación de programas en el sector, y que no represente una tendencia negativa que perjudique la percepción del valor de la política pesquera de la UE;

27.  Toma nota con preocupación de que, en el ámbito de la política de cohesión, se ha registrado un aumento del 15 % en los casos de irregularidad notificados; no obstante, señala igualmente que se han constatado disminuciones del 49 % en las sumas relativas a los casos no fraudulentos, y de un 22 % en los casos de fraude;

28.  Observa que, en relación con la política de cohesión, se notificaron 321 irregularidades como fraudulentas y 4 672 como no fraudulentas; constata que en las dos categorías el número de notificaciones aumentó en un 15% con respecto a 2012 y que, al igual que en ejercicios anteriores, el mayor porcentaje de importes que conllevaron irregularidades en 2013 (63 %) sigue estando relacionado con la política de cohesión; señala, no obstante, que en ambas categorías se redujeron los importes correspondientes, pudiendo observarse una mejora gradual basada en la experiencia de años anteriores, y que por vez primera la política de cohesión no fue el ámbito de gasto presupuestario con el mayor número de irregularidades notificadas como fraudulentas;

29.  Lamenta, sin embargo, la falta de información disponible sobre las cantidades que deben recuperarse y las tasas de recuperación relacionadas específicamente con la política de cohesión para el ejercicio 2013; pide a la Comisión que facilite información pormenorizada al respecto en su próximo informe anual;

30.  Señala que, por lo que respecta a los gastos en gestión centralizada, con una perspectiva de cinco años, la tasa de recuperación para irregularidades identificadas como fraudulentas es del 54,4 %, y del 63,9 % para las irregularidades no fraudulentas; insta a la Comisión a seguir mejorando el proceso de recuperación y a conseguir que sea más oportuno;

31.  Pide a la Comisión que asuma la plena responsabilidad de la recuperación de los fondos indebidamente pagados con cargo al presupuesto de la UE y que establezca principios uniformes de notificación en todos los Estados miembros con el fin de recopilar datos comparables, fiables y adecuados;

32.  Expresa su preocupación por que, para las órdenes de ingreso identificadas como irregularidades (tanto las notificadas como fraudulentas como las que no) y emitidas entre 2009 y 2013 en virtud de la gestión centralizada, el plazo medio transcurrido entre el momento en el que se produjo la irregularidad y su detección sea de 3,4 años: más de la mitad de los casos (54 %) se detectaron en los cuatro años posteriores a la comisión de la irregularidad, y la otra mitad (46 %), en un plazo de entre cuatro y trece años; recuerda que, tras la detección de una irregularidad, se inician otros procedimientos (órdenes de ingreso, investigaciones de la OLAF, etc.); pide a la Comisión que determine la duración media, mínima y máxima de una irregularidad detectada bajo una gestión centralizada;

33.  Se congratula de que el número de casos notificados como fraudulentos correspondientes al Fondo Social Europeo en 2013 fue un 40 % inferior al de los años 2009 y 2010, y que 2013 fue el tercer año consecutivo en el que se ha mantenido esta tendencia positiva;

34.  Toma nota con satisfacción de que, para el periodo de programación 2007-2013, las verificaciones administrativas, los controles en el terreno y las operaciones de auditoría condujeron a un porcentaje considerablemente más elevado en la detección de irregularidades fraudulentas, concretamente de un 63 % en comparación con un porcentaje inferior al 20 % en el anterior periodo de siete años, pese a un ligero descenso al 55 % en 2013;

35.  Observa que, en 2013, la Comisión cerró 217 casos de interrupción de pagos en el ámbito de la política de cohesión, y que 131 seguían abiertos a finales del ejercicio, lo que representa una cantidad de 1 977 000 euros; reconoce asimismo que la Comisión adoptó quince decisiones de suspensión en 2013, y dos en enero de 2014;

36.  Reconoce que, como parte de la ayuda de preadhesión, en 2013 se notificaron como fraudulentas 33 irregularidades, lo que representaba un importe de 14,4 millones de euros, y que dichas irregularidades están relacionadas principalmente con el Programa Especial de Adhesión para el Desarrollo Agrícola y Rural (SAPARD); señala, asimismo, que en el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) se notificaron nueve irregularidades fraudulentas que representaban una cantidad de 1,2 millones de euros; observa que, entre 2003 y 2013, las tasas de recuperación de la ayuda de preadhesión alcanzaron el 37,36 % y el 29,22 % para casos de irregularidad y casos fraudulentos, respectivamente; pide a la Comisión y a los países beneficiarios del IAP que tomen medidas para garantizar una tasa de recuperación superior en virtud del IAP;

37.  Aboga por propuestas para reducir el número de programas de gasto, especialmente cuando se superpongan parcialmente y, cuando resulte posible, para destinar los programas a los Estados miembros que más apoyo necesitan, de forma que no todos los programas beneficien necesariamente a actividades en todos los Estados miembros;

38.  Expresa su preocupación por que en varios proyectos financiados por el BEI se hayan dado casos de fraude y corrupción; considera que, en el documento del BEI de fecha 8 de noviembre de 2013 en el que se define la política preventiva y disuasoria del BEI ante el fraude, la corrupción, la colusión, las coacciones, la obstrucción, el blanqueo de capitales 4y el terrorismo financiero, se observa, en un determinado número de casos, una falta de control suficiente en la fase de ejecución de los proyectos financiados por el BEI; expresa su preocupación por el hecho de que en 2013 el BEI financiase el proyecto «Passante di Mestre» por un total de 350 millones de euros y por el hecho de que, a pesar de que dicho proyecto se haya visto afectado por un caso de corrupción y fraude que ha conllevado la detención de varias personas involucradas, el BEI esté considerando su refinanciación por un importe adicional de 700 millones de euros a través de obligaciones para la financiación de proyectos; pide, por consiguiente, que en aquellos casos en los que el fraude y la corrupción hayan quedado demostrados, el BEI esté obligado a suspender y/o bloquear cualquier financiación prevista o en curso del proyecto en cuestión;

II.Problemas identificados y medidas necesarias

39.  Subraya su preocupación por las constantes amenazas al presupuesto de la UE que se derivan tanto del incumplimiento de las normas (irregularidades no fraudulentas) como de faltas y delitos intencionados (es decir, fraudes); insiste en una cooperación mejorada entre los Estados miembros y la Comisión con vistas a asegurar medidas y vías pertinentes y adecuadas para evitar y rectificar las irregularidades no fraudulentas y combatir el fraude;

40.  Hace hincapié en que el hecho de que los Estados miembros no faciliten datos a tiempo o no faciliten datos precisos es algo que se viene repitiendo desde hace ya muchos años; reitera su preocupación por que sigan existiendo diferentes enfoques en los distintos Estados miembros a la hora de detectar y notificar irregularidades fraudulentas y no fraudulentas, también en los ámbitos de la política de cohesión y la agricultura, y por que, en algunos casos, se realicen interpretaciones no normalizadas al aplicar el marco jurídico; señala que esto impide que el Parlamento, la Comisión y la OLAF establezcan comparaciones, realicen una evaluación objetiva y emitan recomendaciones; pide a la Comisión que elabore directrices e indicadores comunes para reducir la brecha entre los diferentes enfoques de los Estados miembros, y que cree un banco unificado y amplio de información sobre las irregularidades efectivamente cometidas y sobre las medidas adoptadas, incluidos los casos de fraude y corrupción en los que estén implicados funcionarios, proporcionando así a las autoridades y a los ciudadanos datos fiables, comparables y centralizados para poder aplicar medidas correctoras eficaces y evaluar objetivamente la verdadera gravedad —y no la basada en meras impresiones— de las infracciones y de las partes responsables;

41.  Observa que las recomendaciones realizadas por la Comisión a los Estados miembros en 2012, cuyo estado de aplicación queda reflejado en el informe anual 2013 de la Comisión, especialmente sobre los servicios de coordinación de la lucha contra el fraude, las normas comunes sobre fraude, la reforma de la contratación pública, las irregularidades fraudulentas notificadas y los sistemas de verificación y control y de evaluación de riesgos, fueron generalmente apropiadas, y considera lamentable que no se abordaran por completo diversas preocupaciones; señala, por ejemplo, que no todos los Estados miembros iniciaron los preparativos para la aplicación del marco financiero plurianual (MFP) para 2014-2020 y de sus disposiciones sobre prevención del fraude; pide a los Estados miembros que den seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Comisión en 2012, que garanticen un seguimiento exhaustivo de las recomendaciones formuladas en el informe de 2011, así como en el de 2013, y que proporcionen una explicación razonada para aquellos casos en los que no hayan sido capaces de poner en práctica dichas recomendaciones;

42.  Reconoce que las irregularidades no fraudulentas se deben a menudo a desconocimiento de las normas y a reglamentaciones y requisitos demasiado complejos; señala que las modificaciones de las normas relativas a los ingresos y gastos, incluidas las que tienen por objeto una simplificación, requieren tiempo para que las autoridades competentes las adopten y apliquen correctamente; insta a los Estados miembros y a la Comisión, en este contexto, a que mejoren la coordinación de la interpretación del marco jurídico y su rigurosa aplicación, y a que pongan en práctica medidas específicas y oportunas para reforzar las capacidades administrativas, tanto en las administraciones públicas como entre las partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, recurriendo para ello, entre otros medios, a la orientación y la formación y al establecimiento de regímenes para conservar al personal cualificado y competente; pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que realicen una evaluación intermedia para determinar si la nueva arquitectura normativa de la política de cohesión previene y reduce en mayor medida el riesgo de irregularidades, y que evalúen la posibilidad de una mayor simplificación de las normas en vigor;

43.  Considera que se debe respaldar y alentar a los Estados miembros que, por iniciativa propia, detectan y notifican irregularidades, incluidos casos de fraude, para que sigan mejorando sus sistemas de notificación y gestión; manifiesta su preocupación por la incapacidad de la Comisión para establecer si el bajo número de irregularidades y de casos de fraude detectados por algunos Estados miembros y las importantes diferencias en el número de casos notificados relativos a diferentes años se deben o no a la ineficacia de los sistemas de control de esos Estados miembros;

44.  Lamenta que únicamente algunos Estados miembros destinen recursos suficientes a la lucha contra el fraude y considera inaceptable que, en los casos de irregularidades fraudulentas, determinados Estados miembros se limiten a aplicar medidas correctoras sin proceder a investigar el posible delito penal y sancionar a los responsables, faltando así a su obligación de proteger adecuadamente los intereses financieros de la UE y de los contribuyentes particulares; observa que las estadísticas relativas a los asuntos penales y su desenlace son incompletas, lo que dificulta la evaluación de la eficacia de la investigación del fraude y de los procesos judiciales en los Estados miembros; considera, por consiguiente, que la adopción de decisiones que introduzcan la responsabilidad penal a escala de la UE y la creación de la Fiscalía Europea como herramienta para iniciar y coordinar investigaciones sobre estas irregularidades debería servir para disuadir en gran medida a posibles infractores a la hora de cometer actos ilegales y para evitar la no incoación de un proceso adecuado de enjuiciamiento y sanción de comportamientos corruptos y delictivos que dañan los intereses financieros de la UE;

45.  Opina que una acción eficaz contra la corrupción es posible siempre y cuando las medidas penales se respeten y complementen con otras medidas como una transparencia y una responsabilidad mayores; insiste, por consiguiente, en que los Estados miembros demuestren una firme voluntad política de combatir la corrupción, tanto a nivel nacional como a escala de la UE, mediante la adopción de legislación anticorrupción efectiva y mediante la ejecución de las propuestas existentes en la UE, y pide a los ciudadanos que presionen a los Gobiernos para convencerlos de emprender con ahínco políticas de auténtica lucha contra la corrupción;

46.  Acoge con satisfacción el primer Informe de lucha contra la corrupción de la UE de febrero de 2014 como herramienta útil para realizar el seguimiento de la lucha contra la corrupción y evaluar los esfuerzos realizados en este sentido, y reafirma el especial interés de reforzar el intercambio de las actuales mejores prácticas destacadas en dicho informe; acoge asimismo con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la lucha contra la corrupción en la UE (COM(2011)0308), que explora las medidas necesarias para aplicar mejor los instrumentos anticorrupción existentes y que propone formas de integrar reflexiones sobre anticorrupción más firmes en varias áreas de política interior y exterior; señala, no obstante, la importancia de ampliar el alcance del informe de lucha contra la corrupción al elemento de corrupción a escala transfronteriza y de la UE , así como a la evaluación de las medidas adoptadas para seguir mejorando la integridad de las instituciones de la UE, y hace hincapié en la necesidad de una estrategia anticorrupción global y coherente que abarque todas las políticas de la UE y que aborde, entre otras, las preocupaciones suscitadas en el primer Informe de lucha contra la corrupción de la UE; pide a la Comisión que informe al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación por parte de las instituciones de la UE de sus políticas internas contra la corrupción, incluidas las obligaciones que les corresponden en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción;

47.  Hace hincapié en la necesidad de una coordinación estructurada entre las autoridades de gestión y los organismos de lucha contra el fraude, así como en la importancia de coordinar e intercambiar mejores prácticas entre Estados miembros y entre las diversas administraciones dentro de un mismo Estado miembro, con el fin de homogeneizar lo máximo posible el enfoque utilizado para luchar contra el fraude; pide a la Comisión que cree un mecanismo de intercambio de información entre autoridades nacionales competentes que permita llevar a cabo una comparación cruzada de los registros contables relativos a las operaciones entre dos o más Estados miembros, a fin de ayudar a detectar cualquier fraude transnacional en el marco del nuevo MFP 2014-2020, en relación con la macrocategoría de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondo Social Europeo - FSE; Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER; Fondo de Cohesión; Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural - Feader; Fondo Europeo Marítimo y de Pesca - FEMP), con objeto de garantizar un enfoque horizontal en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea;

48.  Subraya que una mayor transparencia que permita un control adecuado es la clave para detectar mecanismos de fraude; recuerda que, en años anteriores, el Parlamento instó a la Comisión a que adoptara medidas para garantizar un control unificado de la transparencia de todos los beneficiarios de los fondos de la UE en todos los Estados miembros, publicando en la página web de la Comisión una lista de todos los beneficiarios, independientemente del administrador de los fondos y sobre la base de categorías normalizadas de información que deben proporcionar todos los Estados miembros en al menos una lengua de trabajo de la Unión; pide a los Estados miembros que cooperen con la Comisión y le faciliten información completa y fiable sobre los beneficiarios de los fondos de la UE gestionados por los Estados miembros; lamenta que esta medida no se haya puesto en práctica y pide a la Comisión que la aplique urgentemente; lamenta asimismo que la Comisión no haya tenido en cuenta esta petición, de carácter recurrente;

49.  Pide a la Comisión que promueva una legislación adecuada sobre la protección de los denunciantes, el acceso a la información y la transparencia de los grupos de presión, ya que estos elementos resultan esenciales para garantizar el control cívico de los Gobiernos y las instituciones de la UE, así como para someter sus prácticas a control público, y que emplee los fondos de la UE para respaldar las labores de las organizaciones independientes en esta área, entre otros fines, para ofrecer apoyo financiero al periodismo de investigación transfronterizo;

50.  Alienta a la Comisión a que siga mejorando su papel de supervisora con respecto al presupuesto de la UE mediante actividades de auditoría, control e inspección, planes de acción correctores y el envío de cartas de advertencia antes de presentar reclamaciones de pago; pide a los Estados miembros y a sus autoridades que redoblen sus esfuerzos y aprovechen su potencial para detectar y corregir los errores antes de solicitar el reembolso de la Comisión, haciendo pleno uso de la información de que disponen; subraya, a este respecto, el valor particular de las acciones encaminadas a prevenir desembolsos ilegales eliminando de este modo la necesidad de acciones subsiguientes para recuperar los fondos malversados;

51.  Acoge con satisfacción la adopción de las Directivas relativas a la contratación pública y la Directiva relativa a la adjudicación de concesiones, y celebra el hecho de que diez Estados miembros hayan introducido ya medidas específicas o conjuntos de medidas relativas a la contratación pública, con el fin de reducir la corrupción y reforzar la transparencia y la eficacia de la gestión y de los mecanismos de control y auditoría; pide a la Comisión que proceda a la aplicación de las normas relativas a la contratación pública con el fin de prestar el apoyo necesario a los Estados miembros mediante orientación, puesta en común de las mejores prácticas y formación; pide a la Comisión que realice un seguimiento continuado e imparcial del cumplimiento de las directivas vigentes por parte de los Estados miembros y que, si procede, inicie procedimientos de infracción;

52.  Toma nota de que el nivel de irregularidades y fraude derivado del incumplimiento de las normas sobre contratación pública sigue siendo elevado; pide a los Estados miembros que, a fin de seguir paliando el riesgo de irregularidades y fraude, transpongan lo antes posible a sus ordenamientos nacionales las recientemente aprobadas Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública(8), Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales(9) y Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión(10).

53.  Celebra la creación del Centro de Competencia sobre la capacitación administrativa con el fin de apoyar a las administraciones públicas que gestionan el FEDER y el Fondo de Cohesión, y la introducción del plan de acción en materia de contratación pública desarrollado por el Centro de Competencia en colaboración con los servicios competentes de la Comisión; pide, no obstante, a la Comisión que informe de los resultados concretos logrados hasta la fecha como consecuencia de las actividades del Centro y de la aplicación del plan de acción mencionado;

54.  Insta a la Comisión a que mantenga su política estricta de interrupciones y suspensión de pagos;

55.  Acoge con satisfacción el informe sobre la aplicación de la Estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión (CAFS) y las orientaciones proporcionadas a las autoridades de gestión de los Estados miembros sobre la aplicación de las disposiciones antifraude pertinentes; insiste, no obstante, en que, en los actos delegados y de ejecución pertenecientes a los Fondos Estructurales y de Inversión europeos, la Comisión adopte normas más simplificadas, facilitando una absorción efectiva y eficaz y asegurando que estos actos delegados y de ejecución no minen el nivel de la lucha contra el fraude;

56.  Acoge con satisfacción la creación de los servicios de coordinación de la lucha contra el fraude (AFCOS) en los Estados miembros, tal y como requiere el artículo 3, apartado 4, del nuevo Reglamento de la OLAF, y el hecho de que Alemania haya vuelto a confirmar su acuerdo de cooperación con la OLAF; señala que los AFCOS tienen por finalidad facilitar una cooperación efectiva y el intercambio de información con la OLAF, e insta a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que procedan sin demora a la asignación de AFCOS; espera que los AFCOS ayuden a facilitar una mejor notificación de las irregularidades y contribuyan a una interpretación equilibrada de los actos de la UE pertinentes; muestra, no obstante, su preocupación por las discrepancias significativas que ya existen entre los diferentes AFCOS establecidos en los Estados miembros en términos de funciones, tareas y poderes, así como entre los recursos humanos asignados; reconoce que el Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 no define de forma detallada el mandato, el marco institucional ni las tareas de los AFCOS, aunque considera que unos AFCOS que funcionen de forma independiente gracias a un amplio mandato que incluya competencias de investigación son una referencia a la que todos los Estados miembros deben aspirar;

57.  Toma nota de la notificación de la Comisión sobre los resultados del programa Hércules II; constata que, en 2013, el presupuesto para el programa Hércules II se redujo a 14 millones de euros en créditos de compromiso y a 9,9 millones de euros en créditos de pago en comparación con 2012, lo que generó dificultades para cumplir los compromisos financieros asumidos en 2013 y en años anteriores; señala con satisfacción que las actividades del programa Hércules II son objeto de un interés cada vez mayor por parte de los Estados miembros, tal y como demuestra el incremento continuado del número de solicitudes recibidas tras las convocatorias de propuestas; acoge con satisfacción los resultados positivos logrados en 2013, por ejemplo en Alemania, en España y en Rumanía, gracias al despliegue de equipos técnicos compatibles sumamente sofisticados y transnacionales adquiridos con cargo a dicho programa;

58.  Acoge con satisfacción la adopción del Reglamento por el que se establece el programa Hércules III para el ejercicio comprendido entre 2014 y 2020, que permite incrementar el porcentaje máximo de cofinanciación para subvenciones de asistencia técnica hasta el 80 % de los costes subvencionables, y hasta el 90 % en casos excepcionales y debidamente justificados, en lugar del máximo del 50 % previsto en la Decisión sobre el programa Hércules II; señala que en 2014 se inició satisfactoriamente la primera convocatoria de propuestas; muestra, no obstante, su preocupación por que el programa se vea ya especialmente afectado por los pagos pendientes, que generan posibles efectos adversos para los proyectos financiados y para futuros proyectos; recuerda la importancia que revisten unos instrumentos financieros sólidos, como Pericles 2020 y Hércules III, en el contexto de la lucha contra las actividades ilegales que afectan a los recursos de la Unión;

59.  Celebra los buenos resultados de numerosas operaciones aduaneras conjuntas que han contado con la cooperación de la OLAF y de los Estados miembros con diversos servicios de terceros países, junto con el respaldo activo de la DG Fiscalidad y la Unión Aduanera, Europol y Frontex, que se han traducido en la incautación, por ejemplo, de 68 millones de cigarrillos de contrabando, 124 kg de cocaína y 140 000 litros de combustible diésel;

60.  Señala que, en 2013, la OLAF emitió 353 recomendaciones de medidas administrativas, disciplinarias, financieras o judiciales que debían adoptar las instituciones, los organismos, las oficinas y las agencias de la UE competentes, o las autoridades nacionales competentes, y que se recomendó que se recuperaran aproximadamente 402,8 millones de euros; muestra su preocupación por que el índice de imputación tras las recomendaciones judiciales de la OLAF para el periodo comprendido entre 2006 y 2013 sea únicamente del 54 %; manifiesta su inquietud por que el bajo índice de imputación refleje también de forma negativa la calidad y empleabilidad de los resultados de las investigaciones de la OLAF; pide a la Comisión que mejore con carácter de urgencia la efectividad de la Oficina; considera que es indispensable que el Comité de Vigilancia de la OLAF tenga una perspectiva general total y adecuada de los asuntos de la Oficina (sin interferir en las investigaciones en curso), por lo que insta a la Comisión y a la Oficina a mejorar la situación actual, en la que el Comité de Vigilancia no puede cumplir su cometido; lamenta, además, la falta de información sobre el índice de condenas en casos que implican delitos contra el presupuesto de la Unión;

III.Investigaciones y papel de la OLAF

61.  Toma nota de que, en 2013, la OLAF obtuvo, según sus informes, la mayor cantidad de información registrada hasta la fecha, y afirma haber emitido un número sin precedentes de recomendaciones; señala que también se ha modificado el método para calcular la información recibida y las recomendaciones emitidas; pide al Comité de Vigilancia que analice las repercusiones de estos cambios de datos, así como la calidad de las recomendaciones emitidas por la OLAF;

62.  Pide al Comité de Vigilancia de la OLAF que informe al Parlamento sobre la duración de las investigaciones de la OLAF y sobre el método de cálculo empleado, puesto que se modificó en 2012; señala que este cambio puede reducir de forma artificial la duración aparente de las investigaciones; pide al Comité de Vigilancia que analice de cerca la calidad de la información facilitada por la OLAF, incluidos los informes dirigidos a las instituciones;

63.  Señala la adopción de nuevos acuerdos de trabajo entre la OLAF y su Comité de Vigilancia y pide que se resuelvan rápidamente las cuestiones pendientes entre ambas instituciones;

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o   o

64.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas Europeo, al Comité de Vigilancia de la OLAF y a la OLAF.

(1) DO L 84 de 20.3.2014, p. 6.
(2) DO L 248 de 18.9.2013, p. 1.
(3) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(4) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 121.
(5) DO C 161 E de 31.5.2011, p. 62.
(6) DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
(7) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0338.
(8) DO L 94 de 28.3.2014, p. 65.
(9) DO L 94 de 28.3.2014, p. 243.
(10) DO L 94 de 28.3.2014, p. 1.


Informe de evolución 2014 sobre Montenegro
PDF 158kWORD 76k
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre el informe de 2014 relativo a los progresos realizados por Montenegro (2014/2947(RSP))
P8_TA(2015)0063B8-0211/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Salónica, de 19 y 20 de junio de 2003, y el anexo a las mismas titulado «Programa de Salónica para los Balcanes occidentales: avanzar en la integración europea»,

–  Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra(1), de 29 de marzo de 2010,

–  Vistos los resultados de la Conferencia de adhesión entre la UE y Montenegro de 16 de diciembre de 2014,

–  Vistos el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 22 de mayo de 2012, sobre los avances de Montenegro en la ejecución de las reformas (COM(2012)0222) y las Conclusiones del Consejo, de 26 de junio de 2012, en las que manifiesta su decisión de iniciar las negociaciones de adhesión con Montenegro el 29 de junio de 2012,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de octubre de 2014, titulada «Estrategia de ampliación y principales retos para 2014-2015» (COM(2014)0700), acompañada del documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el informe de 2014 relativo a los progresos realizados por Montenegro (SWD(2014)0301), así como el documento de estrategia indicativo (2014-2020) adoptado el 19 de agosto de 2014,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales, de 16 de diciembre de 2014, sobre la ampliación y el proceso de estabilización y asociación,

–  Vistas la declaración y las recomendaciones de la novena reunión de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Montenegro, de los días 1 y 2 de diciembre de 2014,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Montenegro,

–  Vista la labor de Charles Tannock como ponente de turno sobre Montenegro en la Comisión de Asuntos Exteriores,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que Montenegro es actualmente el único país de la región que ha abierto y cerrado de forma provisional capítulos de negociación con la UE, lo cual debe celebrarse; que se considera que este rol de liderazgo supone una mayor responsabilidad también en un contexto regional y en lo que respecta al proceso de ampliación en su conjunto;

B.  Considerando que se evalúa a cada uno de los países candidatos según sus méritos y que los nuevos avances dependerán de la puesta en marcha eficiente de las estrategias y los planes de acción de reforma del país;

C.  Considerando que el diálogo sostenible y la cooperación constructiva entre el Gobierno y la oposición son importantes para lograr avances en los preparativos para la adhesión y para garantizar la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral y en las instituciones estatales; considerando que todas las fuerzas políticas deberían seguir centrándose en el proceso de adhesión a la UE del país;

D.  Considerando que Montenegro debe desarrollar en mayor medida un historial sólido en el ámbito del Estado de Derecho, lo cual constituye un requisito previo fundamental para la adhesión a la UE y para asumir las obligaciones que conlleva la pertenencia a la Unión; considerando que la corrupción sigue siendo un problema muy grave;

E.  Considerando que la sociedad civil desempeña un papel importante en el proceso de reforma y de adhesión a la UE;

F.  Considerando que la libertad de expresión y de los medios de comunicación sigue siendo una preocupación; considerando que, aunque se comunicó su descenso, durante el período de notificación se produjeron nuevos casos de violencia contra medios de comunicación; considerando que las autoridades competentes deben mejorar la investigación y el enjuiciamiento de incidentes antiguos y nuevos y crear un entorno propicio para que los medios de comunicación funcionen de forma libre e independiente;

1.  Acoge con satisfacción el progreso realizado en las negociaciones de adhesión y señala que se han abierto hasta ahora dieciséis capítulos, entre ellos, los capítulos 23, 24 y 31, y que dos (ciencia e investigación, y educación y cultura) se han cerrado de forma provisional;

2.  Alienta a que prosigan las negociaciones de adhesión conforme a las reformas llevadas a cabo y a los resultados concretos obtenidos, especialmente en lo que respecta al Estado de Derecho, al entorno de los medios de comunicación y a la lucha contra la corrupción; acoge con satisfacción la aprobación, el 16 de diciembre de 2014, de una serie de actos legislativos acordes al Plan de acción del capítulo 23; opina que los avances en las negociaciones y la mejora del marco estratégico, normativo e institucional deben ir acompañados de un progreso real sobre el terreno, con atención a la aplicación de los planes de acción y estrategias pertinentes;

3.  Se felicita por la consolidación de las estructuras de negociación, incluida la creación de un Consejo del Estado de Derecho; pide al Gobierno que refuerce la coordinación intrainstitucional y amplíe las consultas interministeriales;

4.  Reitera que las reformas relacionadas con el Estado de Derecho constituyen el centro del proceso de integración europeo y son una condición esencial para el progreso en los diálogos de adhesión generales; considera que la voluntad política sigue siendo esencial para lograr y mantener un progreso sustancial en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, que constituye una prueba de fuego para la independencia, la eficiencia y la profesionalidad del sistema judicial;

5.  Señala la importancia de garantizar el carácter integrador del proceso de reformas, con la participación activa de la sociedad civil, de cara a conseguir los avances necesarios en las negociaciones; insta a que se realice una supervisión parlamentaria más activa a este respecto;

6.  Se felicita por la adopción del plan de acción 2014 para el fortalecimiento de la supervisión parlamentaria y por la del código de ética parlamentaria en diciembre de 2014; destaca la necesidad de reforzar las capacidades del Parlamento y de realizar un seguimiento del informe técnico adoptado por el Parlamento en julio de 2013 sobre la presunta malversación de fondos públicos con fines políticos partidistas y que el seguimiento judicial siga siendo incompleto; invita al Gobierno a tomar en consideración las recomendaciones pertinentes del Parlamento de Montenegro y a mejorar el acceso parlamentario a la correspondiente información;

7.  Manifiesta su preocupación por el ambiente profundamente polarizado en el país, que ha derivado en el boicot de algunas sesiones parlamentarias, en particular las preguntas del Primer Ministro, por parte del principal partido de la oposición, lo que mina el funcionamiento democrático de las instituciones; por consiguiente, insta a todas las fuerzas políticas, tanto del Gobierno como de la oposición, a que se centren en el proceso de adhesión a la UE del país y a que entablen un diálogo sostenible y una cooperación constructiva, especialmente en el seno del Parlamento; subraya que se requiere una firme voluntad política para una aplicación satisfactoria y para la fortaleza institucional;

8.  Invita al Gobierno a poner en marcha de forma efectiva las recomendaciones de la OSCE/OIDDH, de la Comisión de Venecia y del GRECO sobre la legislación electoral conforme a las normas europeas y las mejores prácticas, incluidos el derecho a presentarse como candidato independiente, la financiación pública proporcional que facilite unas condiciones equitativas para todos los candidatos y la auditoría de los partidos políticos; señala que las elecciones locales se vieron empañadas por acusaciones de irregularidades electorales; hace hincapié en que deben investigarse estas acusaciones y, si fuera necesario, deben enjuiciarlas las autoridades competentes;

9.  Hace hincapié en la importancia de que exista una separación clara entre los planteamientos estatales y los de los partidos; acoge con satisfacción la nueva ley adoptada en diciembre de 2014 sobre la financiación de los partidos políticos e insta a todos los partidos políticos a crear un historial de su puesta en marcha efectiva, que debe destinarse a reducir de forma significativa el margen de uso indebido de fondos públicos; lamenta que elementos importantes de la legislación pertinente se adoptaran sin que existiera un consenso entre los partidos;

10.  Acoge con satisfacción el mayor énfasis de la Comisión en la reforma de la administración pública en el proceso de adhesión; acoge con satisfacción que se estén realizando avances en este sentido, pero señala que pueden tomarse medidas adicionales para mejorar la calidad de la legislación y de la administración local; comparte la preocupación por la politización de la administración pública; pide que se logren avances en el aumento de la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas de las administraciones públicas central y local, y que se mejore su coordinación así como la de los órganos de autogobierno local entre sí, especialmente en los ámbitos de la inversión, la planificación de proyectos y su ejecución; considera esencial abordar deficiencias en materia de contratación, despido y criterios de evaluación, la falta de ejecución de las evaluaciones de rendimiento y la debilidad de las capacidades administrativas, de supervisión y de inspección;

11.  Anima a que se realicen esfuerzos adicionales para reforzar las capacidades de la oficina del Defensor del Pueblo en lo relativo a casos de lucha contra la discriminación;

12.  Se felicita por la nueva estrategia para la reforma judicial 2014-2018, señalando con satisfacción que el plan de acción pertinente se ejecuta, en general, de manera oportuna y que se ha llevado a cabo el nombramiento del nuevo Fiscal General del Estado; acoge con satisfacción las nuevas disposiciones legales para mejorar la transparencia en la elección de los fiscales del ministerio público; señala que el progreso registrado en materia de reforma judicial facilitó la apertura de cuatro capítulos más en la Conferencia intergubernamental de diciembre de 2014; alienta a que se realicen mayores esfuerzos por supervisar y reducir aún más el número de casos pendientes y la duración de los procedimientos judiciales, así como por incrementar la eficiencia del Tribunal Constitucional;

13.  Acoge con satisfacción el progreso realizado por Montenegro en lo relativo a la aplicación de reformas destinadas a garantizar la independencia y una mayor eficiencia del poder judicial; sigue manifestando una gran preocupación por las influencias indebidas en la independencia judicial, especialmente en lo que respecta a la selección y la carrera profesional de los jueces y los fiscales; insta a mejorar los criterios de selección para los nombramientos y los ascensos, así como a cumplir los principios de legalidad y proporcionalidad en los procedimientos disciplinarios; pide medidas de reforma fundamentales en lo que se refiere a la selección, la promoción y los sistemas disciplinarios para los jueces y los fiscales; señala que algunos de estos problemas se abordarán en un paquete de legislación organizativa sobre el poder judicial;

14.  Muestra su preocupación por la acumulación de casos pendientes ante el Tribunal Constitucional, especialmente los relacionados con la posible violación sistemática de derechos humanos, como la iniciativa para examinar la constitucionalidad de la Ley sobre delitos menores;

15.  Manifiesta su preocupación por que no se haya realizado ningún esfuerzo serio por abordar la cuestión de la impunidad en los casos de crímenes de guerra; insta a las autoridades competentes a enjuiciar los casos de crímenes de guerra de manera oportuna y al más alto nivel; insta a las autoridades competentes a investigar, enjuiciar, juzgar y castigar de manera efectiva los crímenes de guerra de conformidad con las normas internacionales, a fin de garantizar la aplicación de las sentencias judiciales y que las víctimas tengan acceso rápido a la justicia y a una compensación justa;

16.  Muestra su preocupación por que, a pesar de los sustanciosos recursos financieros entregados por donantes internacionales a las autoridades, los progresos en materia de lucha contra la corrupción sean tan limitados, ya que sigue constituyendo una amenaza al funcionamiento correcto y la estabilidad de las instituciones democráticas, al Estado de Derecho y al desarrollo económico; pide un papel más proactivo para la Comisión Nacional para la Aplicación de la Estrategia para la Lucha Contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada como unidad clave de coordinación contra la corrupción; insta a que exista una participación más activa y una cooperación más eficaz entre el Gobierno, todos los sectores de la vida pública y la sociedad civil a la hora tanto de prevenir como de reforzar el marco legislativo y proteger a los denunciantes;

17.  Urge a las autoridades a que mejoren las capacidades de los fiscales, los jueces, la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, y a que desarrollen un historial sólido de investigaciones, enjuiciamientos y condenas a todos los niveles, incluidos los casos de corrupción de alto nivel; acoge con satisfacción la aprobación de leyes contra la corrupción, en particular sobre los grupos de interés, sobre los procedimientos administrativos generales y sobre la contratación pública, así como las enmiendas a las leyes sobre prevención de conflictos de intereses; pide una aplicación eficaz que permita una mayor cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y mejorar el sistema de verificación de los conflictos de intereses y la declaración de bienes; pide a la Comisión que siga de cerca la aplicación de dichas leyes; estima importante reforzar las instituciones para que adopten un enfoque más proactivo contra la corrupción y que la nueva comisión parlamentaria participe plenamente en la supervisión del trabajo realizado por la Agencia Anticorrupción, que debería recibir recursos suficientes; hace hincapié en que las deficiencias relacionadas con la independencia y la rendición de cuentas del sistema judicial siguen siendo un asunto de gran preocupación y obstaculizan la lucha contra la corrupción;

18.  Asimismo, pide al poder judicial que trabaje de manera más transparente en casos de corrupción y de delincuencia organizada, especialmente en lo relativo a la publicación de nombres de empresas, particulares y funcionarios implicados en estos casos en los veredictos;

19.  Señala que los cambios frecuentes de la legislación pueden obstaculizar la lucha contra el crimen organizado; pide la mejora de las capacidades de las autoridades competentes, especialmente en lo que se refiere a la realización de investigaciones complejas y la gestión de casos difíciles; se felicita por las enmiendas al Código Penal para prevenir y vigilar el radicalismo y el extremismo religioso; acoge con satisfacción la nueva ley que criminaliza a los «combatientes extranjeros», incluidos los yihadistas; en este sentido, pide a las autoridades competentes que apliquen de manera eficaz las disposiciones jurídicas pertinentes, con el fin de evitar y supervisar cualquier posible amenaza para la seguridad de los ciudadanos de Montenegro; subraya la importancia de combatir toda forma de extremismo;

20.  Acoge con satisfacción la firma del Acuerdo de Cooperación Estratégica y Operativa entre Montenegro y la Europol, el progreso en las negociaciones sobre la conclusión del acuerdo con Eurojust y la consecución del estatuto de observador para las instituciones montenegrinas en las redes judiciales europeas pertinentes; anima a establecer una estrecha cooperación operativa con los órganos judiciales europeos pertinentes, también en lo relativo a la cuestión de la trata de seres humanos;

21.  Toma nota de los esfuerzos realizados recientemente para reforzar los mecanismos de consulta a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) con el fin de lograr una mayor transparencia en la elaboración de las políticas y la legislación mediante un proceso inclusivo; acoge con satisfacción los debates públicos sobre la revisión de los planes de acción para los capítulos 23 y 24; invita a las autoridades competentes a que sigan ampliando la financiación pública sostenible de las OSC y desarrollando un marco institucional apropiado; se felicita por que el Gobierno haya nombrado un nuevo consejo para el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales; solicita a las autoridades competentes que ajusten el marco jurídico y las prácticas con el fin de proteger a los activistas de la sociedad civil frente a los ataques y el odio supuestamente propagado desde algunos periódicos, y que generen un clima en el que puedan trabajar sin temor a represalias;

22.  Reitera la importancia de la libertad de expresión como uno de los valores centrales de la Unión Europea; considera esencial que los periodistas tengan independencia plena; expresa su profunda preocupación por la situación de deterioro de la libertad de los medios de comunicación y los bajos estándares éticos de sus profesionales en Montenegro; lamenta profundamente la persistencia de los actos dirigidos contra los periodistas y el patrimonio de los medios; toma nota del establecimiento por parte del Gobierno de Montenegro de una comisión para investigar los ataques contra periodistas; insta a las autoridades competentes a aplicar las recomendaciones de dicha comisión y a lograr un registro coherente de los enjuiciamientos y las sentencias finales a los responsables; considera esencial para la profundización de las normas democráticas que existan medios de comunicación públicos independientes, con una línea editorial independiente, estables y sostenibles desde el punto de vista financiero; destaca la responsabilidad que incumbe a todos los políticos y los medios de comunicación de crear un clima de tolerancia con las opiniones diferentes; destaca que las declaraciones públicas en apoyo de la libertad de los medios de comunicación ayudan a crear un clima favorable para el respeto y la protección de los periodistas; acoge con satisfacción el acuerdo entre los representantes de los medios para revisar el código ético de la profesión como un primer paso hacia la mejora de su autorregulación; considera necesario adoptar un marco legislativo claro que establezca normas relativas a la propiedad y a la financiación de los medios de comunicación;

23.  Considera que una gestión transparente del pasado totalitarista, incluida la apertura de los archivos de los servicios secretos, es una medida positiva hacia una mayor democratización, rendición de cuentas y fortaleza institucional;

24.  Se felicita por que la ley antidiscriminación se ajuste casi por entero al acervo; invita a resolver las deficiencias pendientes en lo que se refiere a la discriminación racial y las disposiciones sobre sanciones; pide a las autoridades que faciliten todos los recursos financieros y administrativos necesarios al Consejo Antidiscriminación; si bien reconoce algunos avances en la inclusión social y en la educación de la comunidad romaní, muestra su preocupación por las altas tasas de abandono escolar y la baja proporción de estudiantes romaníes en comparación con el número total de estudiantes; pide que se fomenten iniciativas en apoyo de su vivienda, salud, educación y empleo, así como la capacitación de las mujeres romaníes y la educación de las estudiantes de esta comunidad; acoge con satisfacción los esfuerzos de las autoridades competentes por proteger los derechos de las personas LGBTI durante el segundo Día del Orgullo, que se desarrolló sin incidentes; sin embargo, muestra su preocupación por el hecho de que se sigan produciendo ataques a miembros y a activistas de la comunidad LGBTI; insta a los agentes tanto políticos como de la sociedad civil a que luchen contra la hostilidad y la violencia extendidas frente a minorías sexuales, en especial mediante esfuerzos por educar e informar a los ciudadanos que faciliten un cambio de actitud y facilitando formación para policía, fiscales y jueces;

25.  Acoge con satisfacción las mejoras del marco jurídico en lo relativo a los derechos de las personas con discapacidad; señala que se requieren medidas adicionales para cumplir el acervo de la UE; insta al Gobierno a acelerar el progreso relacionado con la accesibilidad de los edificios para personas con discapacidad y lamenta que la mayoría de las instituciones estatales y locales, incluidos los edificios prioritarios seleccionados (como el parlamento o los tribunales), sigan sin ser accesibles para personas con discapacidad; mantiene su preocupación por la elevada tasa de abandono escolar de estudiantes con discapacidad del sistema escolar una vez finalizada la educación primaria y después del instituto; indica la importancia de garantizar suficiente transparencia en lo relativo al fondo de rehabilitación profesional y empleo para personas con discapacidades y al gasto que conlleva;

26.  Hace hincapié en la necesidad de reforzar en mayor medida la aplicación y el seguimiento de la legislación y las políticas relacionadas con los menores y facilitar las capacidades adecuadas; pide que se mejore la calidad de la educación infantil y que se intensifiquen las iniciativas de apoyo a niños vulnerables; hace hincapié en la importancia de ampliar la reforma en materia de justicia juvenil también a menores en diligencias judiciales administrativas, civiles o penales con el fin de promover un acceso más amplio a la justicia;

27.  Muestra su preocupación por el hecho de que los avances en relación con los derechos de las mujeres, la igualdad de género, la presencia de la mujer en la política y en el mercado laboral, así como la lucha contra la violencia doméstica, siguen siendo limitados; urge, en este sentido, a que se aceleren los avances en relación con los derechos de las mujeres, la igualdad de género, la presencia de la mujer en la política y en el mercado laboral, así como la lucha contra la violencia doméstica; pide, a este respecto, una mayor participación del Parlamento, una cooperación más estructurada con la sociedad civil y el refuerzo de las capacidades institucionales, incluida la mejora de la cooperación entre los servicios sociales y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley; insta a que se sitúen los derechos de las víctimas en el centro de todas las medidas y que se aborden con la debida diligencia la prevención, la investigación, el castigo y la reparación de los actos de violencia doméstica;

28.  Acoge con satisfacción las políticas de Montenegro destinadas a crear un clima de tolerancia e inclusión para todas las minorías nacionales; anima firmemente a las autoridades de Montenegro a que sigan protegiendo la identidad multinacional de la región de Boka Kotorska y a que incrementen su cooperación cultural y económica con los Estados miembros de la UE colindantes;

29.  Acoge con satisfacción el hecho de que se siga garantizando y reforzando la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; señala que siguen existiendo tensiones entre las iglesias ortodoxas serbias y las montenegrinas, especialmente por cuestiones de propiedad; pide que se adopte una nueva ley sobre el estatuto jurídico de las comunidades religiosas;

30.  Insta al Gobierno a ejecutar reformas económicas sostenibles, incluidas disposiciones jurídicas relativas a mecanismos contra la competencia, a impulsar la competitividad y resolver debilidades estructurales, hacer frente al gran sector informal y mejorar el entorno empresarial en general; pide el refuerzo del diálogo social entre los distintos interlocutores; pide, además, que se refuercen las capacidades, incluida la participación en consultas públicas, para la formulación y coordinación de la política económica, también para reducir la disparidad regional; insiste en la necesidad de combatir la evasión fiscal de manera efectiva; manifiesta su preocupación por que las incertidumbres legales y judiciales, incluidas las relativas a la concesión de licencias, la administración tributaria y la ejecución de los contratos, puedan entrañar riesgos para los agentes económicos y minar la capacidad de Montenegro para atraer inversión extranjera; destaca la urgente necesidad de solucionar disputas comerciales con inversores extranjeros que son fundamentales para la economía de Montenegro; comparte la preocupación por la falta de mejoras tangibles en la situación del mercado laboral y las persistentes altas tasas de desempleo juvenil y de larga duración, y pide, por tanto, medidas activas en relación con el mercado laboral;

31.  Señala que el diálogo entre los interlocutores sociales es aún escaso y exige un mayor fortalecimiento del derecho de las personas a fundar nuevas organizaciones sindicales; se felicita de las enmiendas presentadas al Derecho laboral para regular los derechos de los empleados en caso de quiebra; insta al Gobierno a acelerar el trabajo sobre su primer programa de reforma social y de empleo con vistas a identificar y abordar los retos principales de Montenegro en materia de política de empleo, inclusión social y reducción de la pobreza;

32.  Elogia la aplicación de la «Small Business Act» para Europa, así como de la adhesión al Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) de la UE; pide que se aceleren los programas de apoyo del sector público para pymes como uno de los motores principales que dirigen el desarrollo económico;

33.  Sigue profundamente preocupado por el retraso en la resolución del procedimiento de quiebra de la principal empresa industrial de Montenegro, la planta de aluminio KAP, que contraviene las obligaciones del país en virtud del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA); insta al Gobierno y a las partes implicadas a que alcancen una solución sostenible para KAP de conformidad con las normas sobre ayudas estatales del AEA, y sobre la base de la transparencia y el Estado de Derecho;

34.  Lamenta que Montenegro haya ignorado el requerimiento del tribunal chipriota en lo relativo a la venta de la planta KAP y pide a Montenegro que reconozca plenamente las decisiones pertinentes de las autoridades judiciales de los Estados miembros de la UE;

35.  Anima a Montenegro a que siga progresando en materia de protección ambiental y cambio climático mediante el refuerzo de la capacidad administrativa, el desarrollo de políticas energéticas sostenibles y la promoción de un modelo económico respetuoso con el medio ambiente que estimule las inversiones, con el fin de garantizar la adaptación al acervo ambiental y climático; recuerda la necesidad de elaborar una estrategia nacional de energía que tenga en cuenta las diferentes fuentes de energía renovable y la necesidad de respetar el patrimonio natural y las zonas protegidas y que hayan recibido reconocimiento internacional; insta a realizar consultas en proyectos transfronterizos;

36.  Pide una planificación a largo plazo en relación con el turismo en la costa y la creación de mecanismos reforzados que impidan la destrucción del medio ambiente y la corrupción en el ámbito de la planificación del territorio y la construcción;

37.  Elogia la participación proactiva y el papel constructivo de Montenegro en la cooperación regional e internacional, así como en el proceso de reconciliación regional; felicita al Gobierno por la adaptación plena a la PESC de la UE y anima a las autoridades a que sigan adaptando la postura de política exterior del país a la de la UE, especialmente en la situación actual de amenaza terrorista internacional; felicita al Gobierno por ser el único país de los Balcanes Occidentales candidato a la adhesión a la UE, junto con Albania, que se ha alineado plenamente con la posición y las decisiones de la UE sobre la situación en Ucrania; pide a las autoridades montenegrinas que intensifiquen la cooperación con los interlocutores políticos y económicos internacionales con el fin de reforzar la resistencia del país frente a presiones externas y a intentos por desestabilizar el país y la región; acoge con satisfacción la participación del país en misiones civiles y militares de la UE, de la OTAN y de las Naciones Unidas;

38.  Pide a todos los miembros de la OTAN, y especialmente a los Estados miembros de la UE que pertenecen a la OTAN, que apoyen activamente la adhesión de Montenegro a la alianza de la OTAN, con objeto de ofrecer una mayor seguridad en el Adriático, donde el resto de países ya pertenecen a la OTAN, y fomentar así la seguridad regional;

39.  Anima a Montenegro a hacer frente a las cuestiones bilaterales pendientes con sus vecinos lo antes posible en el proceso de adhesión, con un espíritu constructivo y de vecindad; reitera la necesidad de que se resuelvan rápidamente las cuestiones pendientes acerca de las delimitaciones fronterizas y de la secesión con Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Kosovo; insta a una mayor cooperación con los países vecinos compartiendo experiencias sobre las negociaciones de adhesión; da la bienvenida al estatuto de observador de Montenegro en el Tratado sobre la Carta de la Energía;

40.  Insta a que se resuelva la cuestión fronteriza con Croacia mediante un acuerdo mutuo sin demora y, en el caso de que resulte imposible encontrar una solución de mutuo acuerdo, pide que se resuelva la controversia en el Tribunal Internacional de La Haya, de conformidad con las normas y los principios del Derecho internacional;

41.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Montenegro.

(1) DO L 108 de 29.4.2010, p. 3.


Informe de evolución 2014 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia
PDF 226kWORD 78k
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre el Informe de evolución de 2014 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia (2014/2948(RSP))
P8_TA(2015)0064B8-0212/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la decisión del Consejo Europeo, de 16 de diciembre de 2005, de conceder a la Antigua República Yugoslava de Macedonia el estatuto de país candidato a la adhesión a la UE, así como sus conclusiones de 17 de diciembre de 2013, Vistas las conclusiones del Consejo Europeo del 16 de diciembre de 2014,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica, celebrado los días 19 y 20 de junio de 2003, relativas a las posibilidades de adhesión a la Unión Europea de los países de los Balcanes Occidentales,

–  Vistas las conclusiones de la undécima reunión del Consejo de Estabilización y Asociación entre el país y la UE, celebrada el 23 de julio de 2014,

–  Vistos el Informe de evolución de la Comisión (SWD(2014)0303) y la Comunicación de 8 de octubre de 2014 titulada «Estrategia de ampliación y principales retos para 2014-15» (COM(2014)0700), así como el documento de estrategia indicativo (2014-2020) aprobado el 19 de agosto de 2014,

–  Vistas las Resoluciones 817(1993) y 845(1993) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

–  Vista la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la aplicación del Acuerdo Provisional de 13 de septiembre de 1995,

–  Visto el dictamen de la Comisión de Venecia sobre las siete enmiendas a la Constitución del país, aprobado el 10 y 11 de octubre de 2014,

–  Vistos los resultados de la misión de observación internacional de la OSCE/OIDDH del proceso electoral llevada a cabo para las elecciones presidencial y parlamentaria temprana,

–  Vista la duodécima reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Antigua República Yugoslava de Macedonia celebrada los días 26 y 27 de noviembre de 2014,

–  Vistas sus anteriores resoluciones,

–  Vista la labor de Ivo Vajgl como ponente de turno sobre el país en la Comisión de Asuntos Exteriores,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Antigua República Yugoslava de Macedonia es candidata a la adhesión a la UE desde hace nueve años y es el país más avanzado en términos de adaptación al acervo;

B.  Considerando que la Comisión ha recomendado al Consejo por sexta vez consecutiva la apertura de negociaciones; que el país está preparado para negociar con la UE; que durante los últimos ocho años el Parlamento Europeo ha solicitado en repetidas ocasiones el inicio de las negociaciones de adhesión con el país y que más demoras en el inicio de dichas negociaciones puede generar un impacto negativo para los procesos de reforma del país y para la credibilidad de la UE en la región;

C.  Considerando que el Consejo bloquea el paso a la fase siguiente del proceso de adhesión a causa de la cuestión de la denominación, no resuelta con Grecia; que las cuestiones bilaterales no deben obstaculizar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea; que la falta de progresos en el proceso de integración en la UE puede incrementar los costes para la estabilidad regional y la credibilidad de la UE así como dar lugar a un declive en los estándares democráticos del país;

D.  Considerando que este nuevo aplazamiento se suma a la creciente frustración de la opinión pública de la Antigua República Yugoslava de Macedonia acerca del estancamiento del proceso de integración en la UE y corre el riesgo de empeorar los problemas nacionales y las tensiones internas;

E.  Considerando que cada país candidato (potencial) será juzgado por sus propios méritos y que la rapidez y calidad de las reformas necesarias determina el calendario de adhesión;

F.  Considerando que las cuestiones bilaterales deben abordarse a la mayor brevedad posible con un espíritu constructivo, teniendo en cuenta los principios y valores de las Naciones Unidas y de la UE;

G.  Considerando que la ausencia de un diálogo constructivo e inclusivo entre el Gobierno y la oposición y el boicot poselectoral por parte de la oposición han plagado de dificultades el trabajo parlamentario; que tanto el Gobierno como la oposición comparten la responsabilidad de garantizar una cooperación política sostenible, que es fundamental para la evolución democrática del país y para seguir adelante con la agenda europea; que las elecciones se celebraron con una cobertura informativa sesgada y con falta de separación entre las actividades del partido y las del Gobierno;

H.  Considerando que en la duodécima reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta no se pudo adoptar una recomendación conjunta; que una Comisión Parlamentaria Mixta que funcione plenamente contribuye materialmente a garantizar el control parlamentario sobre el proceso de adhesión;

I.  Considerando que Estado de Derecho, la libertad de los medios de comunicación, la cooperación regional y las buenas relaciones de vecindad son elementos esenciales del proceso de ampliación de la UE;

J.  Considerando que la corrupción y la delincuencia organizada siguen siendo problemas graves; que la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación siguen amenazadas;

1.  Reitera por novena vez consecutiva su petición al Consejo de que fije sin más dilación una fecha para el inicio de las negociaciones de adhesión con el fin de no perder el impulso, promover las reformas relacionadas con el acervo y reforzar el proceso de democratización; reitera su parecer de que la cuestión de la denominación, que es un asunto bilateral, no debe suponer un obstáculo para el inicio de las negociaciones de adhesión, aunque deberá estar resuelta antes del final del proceso de adhesión; apoya la opinión de la Comisión de que el hecho de que las partes no hayan alcanzado un acuerdo después de casi dos decenios de conversaciones con mediación está teniendo un impacto directo y negativo en las aspiraciones europeas del país y de su población; insta a ambos Gobiernos a que tomen medidas concretas para encontrar una solución aceptable para ambas partes; reitera la importancia y la necesidad de enfocar de modo constructivo los retos con los vecinos en lo que respecta a estas cuestiones bilaterales;

2.  Recuerda el compromiso asumido por los Estados miembros de volver sobre la cuestión en 2015 con miras a la apertura de negociaciones de adhesión; considera que iniciar las negociaciones con la UE no puede sino tener una influencia positiva en los esfuerzos por resolver los litigios bilaterales, aparte de generar nuevas reformas que son muy necesarias, especialmente en lo relativo al Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción; hace hincapié en que seguir demorando la apertura de negociaciones conlleva un coste creciente e imprevisible para el país y también para la estabilidad regional; destaca que seguir prolongando el statu quo merma la credibilidad y la eficacia de la política de ampliación de la UE y su posición en la región;

3.  Reitera su postura de que no se debería recurrir a cuestiones bilaterales con el fin de lastrar el proceso de adhesión; dichas cuestiones no deberían suponer un obstáculo para la apertura oficial de negociaciones de adhesión, sino que deberían abordarse lo antes posible en el marco del proceso de adhesión; es consciente que una de las partes ha incumplido la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 5 de diciembre de 2011 sobre la aplicación del Acuerdo Provisional de septiembre de 1995; pide a Grecia que renueve su compromiso contraído en el marco del Programa de Salónica de 2003 y cree un entorno favorable a la solución de diferencias bilaterales en el espíritu de los valores y principios europeos; pide mayores progresos —incluidos contactos gubernamentales de alto nivel— en las relaciones bilaterales con Bulgaria, destinadas a la negociación de un acuerdo sobre las buenas relaciones de vecindad, que abordaría problemas comunes; reitera su preocupación por el uso de argumentos históricos en el debate que se está celebrando actualmente con los vecinos y acoge con satisfacción todos los esfuerzos orientados a llevar a cabo celebraciones de acontecimientos y personajes históricos comunes con los Estados miembros vecinos; considera que esto podría contribuir a una mejor comprensión de la historia y a unas buenas relaciones de vecindad;

4.  Pide una participación más activa de la UE en la cuestión de la denominación y apoya un enfoque proactivo por parte de los líderes políticos de la UE; insta a la nueva Alta Representante/Vicepresidenta (AR/VP) a desarrollar nuevas iniciativas para superar el estancamiento actual y trabajar, en cooperación con el Representante Especial de las Naciones Unidas, en dirección a una solución mutuamente aceptable; pide al Consejo que celebre un debate exhaustivo sobre las perspectivas de adhesión de la Antigua República Yugoslava de Macedonia en la primera mitad de 2015; insiste en que todos los países candidatos y los países candidatos potenciales deben recibir en el proceso de integración un trato conforme a sus méritos respectivos; cree que la continuación del Diálogo de Alto Nivel para la Adhesión con la Comisión aportaría más calidad al proceso de reforma;

5.  Pide a los miembros de la OTAN, y especialmente a todos los Estados miembros de la UE que forman parte de dicha organización, a que respalden activamente la adhesión del país a la OTAN, con objeto de lograr una mayor seguridad y estabilidad política en Europa Sudoriental;

6.  Anima a establecer una cooperación transfronteriza en materia de historia, cultura, educación y promoción de los valores europeos, que respalde las iniciativas a favor de cambios democráticos; en ese sentido, pide a los Estados miembros vecinos que, con espíritu de buenas relaciones de vecindad, respalden la voluntad de introducir cambios democráticos, es decir, que apoyen el inicio del proceso de negociación;

7.  Anima al país a constituir comités conjuntos de expertos sobre historia y educación, con el fin de contribuir a una interpretación objetiva de la historia, reforzar la cooperación académica y promover actitudes positivas hacia los vecinos entre las jóvenes generaciones;

8.  Anima encarecidamente a las autoridades y a la sociedad civil a que tomen las medidas adecuadas para lograr una reconciliación histórica, a fin de superar la división entre los distintos grupos étnicos y nacionales y en el seno de dichos grupos, incluidos los ciudadanos de identidad búlgara;

9.  Toma nota del paquete de modificaciones de la Constitución propuesto; opina que algunas propuestas, incluidas las disposiciones relativas a la definición de matrimonio y a la creación de zonas financieras internacionales, podrían ser objeto de mejoras en consonancia con las recomendaciones de la Comisión de Venecia; recuerda, asimismo, que es necesario respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y tener en cuenta el acervo de la UE; destaca que es necesario preparar cuidadosamente la normativa de aplicación en cualquier modificación constitucional; subraya que el proceso de modificación constitucional duradera requiere un amplio respaldo político, un diálogo constructivo y cooperación entre todas las fuerzas políticas; hace hincapié en la necesidad de que se produzca un debate público completo, una consulta detallada y un consenso con los partidos de la oposición, con la sociedad civil y con las partes interesadas pertinentes;

10.  Le preocupa la polarización del clima nacional; insta al Gobierno a que respete el papel del Parlamento facilitando suficiente margen y tiempo para consultas, también sobre las modificaciones constitucionales, con miras a hacer posible un control parlamentario pleno e independiente; pide al Gobierno y a todos los partidos políticos que trabajen de forma constructiva en pro de la mejora de relaciones a fin de mantener la estabilidad política, asegurar una cooperación política constructiva y sostenible y agilizar la agenda europea; recuerda que transigir es fundamental para que una democracia funcione; subraya la necesidad de mejorar la inclusividad y la transparencia del proceso de adhesión; destaca que el boicot poselectoral es un problema que debe resolverse en el espíritu de la responsabilidad compartida entre el Gobierno y la oposición para con el correcto funcionamiento del Parlamento; invita a la AR/VP a colaborar con todas las partes para facilitar el diálogo político;

11.  Expresa su profunda preocupación por el empeoramiento de las relaciones entre el Gobierno y la oposición, en particular con respecto al reciente anuncio del Primer Ministro de acusaciones contra el líder de la oposición y, a su vez, por las acusaciones en su contra de infracciones penales; condena todo tipo de vigilancia ilegal y pide que se publiquen y se comuniquen libremente todas las acusaciones; pide una investigación independiente de todas las acusaciones y de la vigilancia realizada, con pleno respeto de los principios de transparencia, imparcialidad y presunción de inocencia; reitera la importancia de observar el principio fundamental de la libertad de expresión; pide a todos los actores políticos que tomen parte en un diálogo constructivo para mantener la atención en las prioridades estratégicas del país y de sus ciudadanos;

12.  Lamenta la ausencia de la oposición en la labor periódica de la Comisión Parlamentaria Mixta; considera esencial garantizar el correcto funcionamiento de la Comisión Parlamentaria Mixta mediante la representación adecuada en sus procedimientos de todos los partidos parlamentarios;

13.  Expresa su preocupación al observar que la coexistencia interétnica sigue siendo frágil y plantea un reto al país; manifiesta su preocupación por la creciente tensión interétnica que revela la falta de confianza entre las comunidades; condena firmemente el uso de lenguaje etnocéntrico y divisivo, en especial durante las campañas electorales; hace hincapié en que el inicio de las conversaciones de adhesión a la UE puede ayudar al país a abordar mejor este reto, reforzando la cohesión interétnica en torno a este objetivo común; condena todas las formas de nacionalismo y etnocentrismo extremos, que acentúan la división de la sociedad; pide a todos los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que promuevan activamente una sociedad multiétnica y pluriconfesional inclusiva y tolerante y que protejan los derechos fundamentales de todas las personas que pertenecen a minorías étnicas; recuerda que la educación desempeña un papel fundamental a la hora de lograr la tolerancia y el respeto entre los diferentes pueblos; pide a la Comisión que intensifique aquellos proyectos y programas destinados a reforzar el diálogo interétnico y el entendimiento mutuo;

14.  Celebra que el programa de la UE siga siendo la prioridad estratégica del país; alienta al país a que siga consolidando las reformas y cambiando las políticas y prácticas que todavía podrían obstaculizar su futuro europeo, y a que garantice el progreso con respecto a la aplicación de las prioridades de la reforma relacionada con la UE, también en el contexto del Diálogo de Alto Nivel sobre la Adhesión;

15.  Constata que la OSCE/OIDDH consideró que las elecciones presidencial y parlamentaria temprana celebradas en abril de 2014 se habían gestionado eficazmente; no obstante, comparte la preocupación por la separación difusa entre las actividades del Gobierno y las del partido, contrarias a las normas internacionales para unas elecciones democráticas, la información sesgada en los medios de comunicación y las acusaciones por intimidación a los votantes; celebra las reformas electorales pero insta a las autoridades a que investiguen las presuntas irregularidades que se produjeron antes de las elecciones y durante su desarrollo; pide al Gobierno que atienda todas las recomendaciones de la OIDDH a tiempo para mejorar el procedimiento electoral, entre otras cosas, en lo relativo a la gestión y la exactitud del censo electoral; recuerda además, a este respecto, la necesidad de elaborar listas electorales con arreglo a las normas internacionales;

16.  Insta al Gobierno a que ponga remedio a las deficiencias de la aplicación de la ayuda del IPA, como los problemas sistémicos de control del sistema, la insuficiente coordinación intrainstitucional e interinstitucional, los retrasos en la contratación, la baja tasa de absorción y la baja capacidad de las instituciones; pide que se mejore el vínculo entre la ayuda de la UE y las estrategias de reforma nacionales y que se utilicen los fondos del IPA para generar una descentralización presupuestaria mucho mayor en el país; pide que se eviten nuevas pérdidas de ayuda y que se acelere la ejecución del programa a fin de aumentar el impacto de la ayuda de la UE;

17.  Celebra la adopción del nuevo marco legislativo para la función pública y el empleo público en febrero de 2014, como un paso adelante para ofrecer una administración pública unida, transparente y responsable; expresa su preocupación al observar que la administración pública, a pesar de los progresos legislativos, sigue fragmentada, politizada y sufriendo influjo político; insta encarecidamente a que se mejore su profesionalidad y su independencia a todos los niveles; apoya los esfuerzos por aplicar la ley respetando plenamente los principios de transparencia, mérito y representación equitativa; pide al Gobierno que adopte un programa de reforma de la gestión financiera;

18.  Insta a aplicar completamente el Acuerdo Marco de Ohrid; pide que se complete la revisión de su aplicación de manera que dé lugar a recomendaciones políticas; recomienda encarecidamente tomar en consideración el Acuerdo Marco de Ohrid como un elemento esencial del Estado de Derecho, las relaciones intercomunitarias y la continuación de la descentralización; anima vivamente a que se desarrolle la gobernanza local y se promuevan medidas a largo plazo de creación de confianza a nivel político, como la celebración de debates públicos para explicar los beneficios del Acuerdo Marco de Ohrid; pide al Gobierno y a las autoridades locales competentes que sigan adelante con la aplicación de la Estrategia de Educación Integrada y que faciliten una mayor financiación para dicho fin; considera importante la incorporación de organizaciones de la sociedad civil al proceso; recomienda un enfoque más dinámico, con el fin de garantizar las identidades étnicas, culturales y lingüísticas de todas las comunidades;

19.  Acoge con satisfacción el alto nivel de adaptación al acervo legislativo y la mejora de la eficiencia y profesionalidad de los tribunales resultante de reformas judiciales generalizadas; manifiesta su preocupación, no obstante, por las influencias políticas indebidas en determinados procedimientos judiciales y hace hincapié en que el poder judicial debe ser independiente de toda presión exterior ejercida por el poder legislativo y el poder ejecutivo; destaca la necesidad de velar por una aplicación adecuada de las normas judiciales, en línea con las normas y las mejores prácticas europeas; pide que se unifique la jurisprudencia para garantizar un sistema judicial predecible y obtener la confianza de la opinión pública; pide una mejor calidad de la administración de justicia, un mayor uso de recursos extrajudiciales y de resolución alternativa de litigios, una mejor planificación estratégica, un mejor acceso a la justicia para los miembros vulnerables de la sociedad y más participación de organizaciones profesionales y de la sociedad civil en el seguimiento de la independencia judicial;

20.  Toma nota de evoluciones positivas en la aplicación de los programas anticorrupción 2011-2015, el refuerzo del sistema de integridad personal e institucional y la cooperación interinstitucional e internacional; señala cuestiones de importancia aún pendientes, también de carácter transfronterizo, relacionadas con la aplicación de la legislación sobre el blanqueo de dinero, la realización de evaluaciones nacionales de riesgo y la mejora de la eficiencia operativa; reitera que un Comité nacional para la prevención de la corrupción, independiente y plenamente funcional, debe ser la institución estatal que lidere la lucha contra este problema; con el fin de mejorar la labor de dicho Comité, pide a las autoridades competentes que mejoren la interconectividad informática entre los tribunales y la fiscalía y que creen un registro central de funcionarios públicos;

21.  Pide una aplicación más eficiente de las medidas y la legislación anticorrupción, en particular en la política, la administración pública, la contratación pública y la garantía del cumplimiento de la ley, así como el aumento de las capacidades administrativas; insta al país a elaborar un historial de condenas para combatir la corrupción, también en los casos de alto nivel; pide a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes que publiquen los casos de corrupción y reclamen investigaciones y juicios independientes e imparciales; pide a la fiscalía que permita la investigación oportuna y pertinente de estas reclamaciones;

22.  Observa con satisfacción que se ha establecido el marco jurídico e institucional con respecto a la lucha contra la delincuencia organizada; elogia la activa cooperación regional e internacional del país, también a través de Eurojust y Europol; celebra el hecho de que se hayan llevado a cabo con éxito una serie de operaciones policiales efectuadas contra grupos organizados, a saber, el corte de las rutas internacionales de tráfico de estupefacientes y de tráfico ilícito de inmigrantes;

23.  Condena todas las formas de extremismo político o religioso y observa la necesidad de una cooperación transfronteriza con otros países de los Balcanes Occidentales y Estados miembros de la UE; acoge con satisfacción las modificaciones del Código penal orientadas a tipificar el delito de participar en actividades relacionadas con el extremismo político o religioso y determinar las penas aplicables; insiste encarecidamente en la necesidad de elaborar una estrategia común proactiva de política exterior, seguridad y defensa, teniendo en cuenta la amenaza terrorista internacional actual; recuerda que la política pública debe combatir todas las formas de extremismo y que se debe evitar cuidadosamente la estigmatización de cualquier grupo religioso en este contexto;

24.  Lamenta la falta de cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y las partes públicas interesadas en la elaboración de leyes; señala que esta cooperación debería basarse en la voluntad real del Gobierno de consultar a varias partes interesadas durante la elaboración tanto de leyes como de políticas; destaca el papel crucial que estas organizaciones pueden desempeñar para aumentar la concienciación de la sociedad sobre el proceso de integración, haciendo que sea más transparente, que se rindan cuentas del mismo y que sea más inclusivo; alienta al Gobierno a que contribuya al desarrollo de la sociedad civil también en las zonas rurales; pide al Gobierno que inicie un debate intenso con las universidades, profesores y estudiantes sobre la reforma de la enseñanza superior;

25.  Anima a las autoridades a que recuperen de Serbia los archivos pertinentes del servicio secreto yugoslavo; opina que una gestión transparente del pasado totalitario, incluida la facilitación de los archivos de los servicios secretos, es un avance hacia la democratización, la rendición de cuentas y la consolidación institucional;

26.  Expresa su profunda preocupación ante las presiones políticas y económicas que merman notablemente la independencia de los medios de comunicación; lamenta el continuo deterioro de la libertad de expresión, que ha dado lugar al peor registro de la región en cuanto a libertad de prensa; lamenta, en este contexto, que el puesto del país en el índice de Reporteros sin Fronteras haya pasado del 34 en 2009 al 117 en 2015; toma nota cada vez con mayor preocupación del control del Estado sobre los medios de comunicación, con una persistente dependencia del presupuesto público, una extendida autocensura y unas deficientes normas profesionales y deontológicas; observa con inquietud el uso de la difamación en el contexto político y de los medios de comunicación; lamenta, si bien se han dado algunos pasos para restablecer el diálogo entre el Gobierno y la comunidad de los medios de comunicación, que se haya modificado la ley relativa a los servicios audiovisuales mediante un procedimiento acelerado y sin la debida consulta con las partes interesadas del sector;

27.  Insta al Gobierno a que aplique medidas de refuerzo del pluralismo de los medios y la diversidad de opiniones y a que garantice la independencia de la radiodifusión pública y el regulador de los medios de comunicación; observa con preocupación que la radiodifusión pública ha demostrado un sesgo a favor de los partidos gobernantes, tanto durante las campañas electorales (según consta en los informes de la OIDDH de la OSCE) como en otras circunstancias (según consta en el Informe de evolución de la Comisión); celebra que el Gobierno publicase datos sobre la publicidad gubernamental; pide al Gobierno, no obstante, que aumente la transparencia de los criterios aplicados en la asignación de fondos; recomienda vivamente a la Comisión que sea más activa en el control y el asesoramiento relativos a acontecimientos políticos y en el fomento del diálogo entre todas las partes interesadas del sector de los medios de comunicación;

28.  Recuerda al Gobierno y a los partidos políticos la responsabilidad que tienen a la hora de crear una cultura de tolerancia e inclusión; pide que la ley contra la discriminación se armonice plenamente con el acervo, pues no prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual; condena todas las formas de violencia contra la comunidad LGBTI y pide que se lleve ante la justicia a quienes perpetren estos actos, incluidos los responsables de los violentos incidentes contra el centro de ayuda para personas LGBTI de Skopie; subraya la necesidad de combatir los prejuicios y la discriminación que sufre la comunidad romaní y de adoptar medidas adicionales que mejoren su situación, en particular en el ámbito de la vivienda, la salud, la educación y el empleo; pide a las autoridades que garanticen una perspectiva de género en todos los ámbitos políticos, con vistas a asegurar la igualdad entre mujeres y hombres; reitera su preocupación ante la persistencia de estereotipos de género en la sociedad y ante la violencia doméstica; anima al Gobierno a que aborde el desequilibrio estructural de género y salarial en los ámbitos económico, político y social; pide a la Comisión que cumpla su propio compromiso de hacer que el capítulo de empleo y política social sea una prioridad en el proceso de adhesión, presentando una iniciativa a este respecto en el Diálogo de Alto Nivel sobre la Adhesión con el país;

29.  Sigue preocupado por los elevados índices de pobreza infantil y la falta de capacidad de las instituciones responsables para aplicar políticas y medidas estratégicas en este ámbito; insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos a la hora de aplicar la estrategia nacional revisada en materia de pobreza y exclusión social; insta a que se preste más atención a garantizar un acceso justo y eficaz de todos los menores a la justicia; subraya la necesidad de que el Gobierno redoble los esfuerzos para ayudar a los niños con discapacidad y a los niños pertenecientes a la comunidad romaní; pide medidas adicionales destinadas a mejorar la salud y nutrición de los niños, en particular de los niños de etnia romaní;

30.  Celebra que el país siga siendo el líder regional en cuanto a la facilidad para hacer negocios y acoge con satisfacción su mejor rendimiento en la clasificación del Banco Mundial, pues ha pasado del puesto 31 en 2013 al 30 en 2014; observa, no obstante, que la dificultad para hacer respetar los contratos y los frecuentes cambios legislativos sin las consultas adecuadas plantean graves desafíos al clima empresarial; subraya, al mismo tiempo, la importancia de avanzar en relación con la legislación laboral y de reforzar el diálogo social; destaca la necesidad de seguir mejorando el entorno empresarial apoyando a las pymes, reduciendo las disparidades regionales y vinculando las entidades de I+D con el sector empresarial y del empleo;

31.  Celebra que los flujos de inversión extranjera directa se mantengan estables y permitan una mayor diversificación de la exportación; observa que el 80 % de la totalidad del volumen de inversión extranjera directa provienen de empresas de la UE y que los flujos de comercio de bienes y servicios con la UE han aumentado aún más; reitera la importancia que reviste atraer inversión extranjera y cree que el retraso en el proceso de adhesión a la UE podría obstaculizar una integración económica más profunda; reconoce que es necesario aumentar los ingresos públicos y crear empleo en sectores de alta productividad, pues la estructura general de la economía sigue centrada en actividades de productividad baja; pone de relieve que todas las normas relativas a las zonas financieras internacionales deben estar en consonancia con el acervo y los requisitos internacionales;

32.  Se congratula de la reducción de la tasa de desempleo global, que ha pasado del 29,9 % en el primer trimestre de 2013 al 27,9 % en el tercer trimestre de 2014; pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos por reducir el desempleo estructural y de larga duración, en particular entre los jóvenes (superior al 50 %) y la población vulnerable, en particular la comunidad romaní; pide que se adopten reformas para aumentar la tasa de actividad y la movilidad laboral y reducir el extenso sector informal, que sigue obstaculizando la competencia; expresa su preocupación por que el nivel de educación y formación de la mano de obra a menudo no se corresponda con las necesidades reales de la economía y por el gran número de trabajadores jóvenes cualificados que se ven obligados a emigrar por las dificultades para hallar oportunidades de empleo adecuadas en el país; manifiesta su preocupación por los últimos cambios legislativos que cuestionan el derecho a la huelga y pide a las autoridades que los revisen junto con las normas de la OIT;

33.  Toma nota de las medidas destinadas a reducir el desempleo femenino, pero llama al Gobierno a intensificar sus esfuerzos puesto que la tasa de desempleo entre las mujeres sigue siendo muy superior a la media de los Estados miembros de la UE;

34.  Señala que es necesario realizar más esfuerzos, en cooperación con la sociedad civil y las partes interesadas pertinentes, en el ámbito del medio ambiente y, especialmente, en relación con la calidad del agua y del aire, la protección de la naturaleza y la gestión de residuos; manifiesta su preocupación por la contaminación del aire y del agua; observa con preocupación que la concentración de partículas nocivas es varias veces superior al límite permitido, especialmente en Skopie, Tetovo, Bitola, Kichevo y Kavadartsi; pide a las autoridades competentes que intensifiquen su cooperación con el fin de aplicar la legislación pertinente, reforzar las capacidades administrativas y asignar fondos suficientes para las inversiones en infraestructuras, como plantas de tratamiento de las aguas residuales;

35.  Lamenta que no se hayan cumplido los objetivos energéticos de 2013, en particular con respecto a la eficiencia energética y al uso de energías renovables; pide, en este sentido, la adopción de planes de acción pertinentes y la adaptación a la política climática de la UE;

36.  Celebra que el país se mantenga activo y con una actitud constructiva en la cooperación regional y que no tenga cuestiones fronterizas pendientes con sus vecinos; celebra que vaya a desempeñar próximamente la presidencia de la Iniciativa Centroeuropea; pide al Gobierno que mejore el nivel general de adaptación a las declaraciones y decisiones de la PESC; subraya la importancia de que haya una adaptación progresiva a las posturas de la UE en materia de política exterior;

37.  Celebra el progreso y la disposición para finalizar el tramo ferroviario entre el país y Bulgaria, que conducirá a una mejor relación económica y social;

38.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y el Parlamento del país.


Informe de evolución 2014 sobre Serbia
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre el Informe 2014 relativo a los progresos realizados por Serbia (2014/2949(RSP))
P8_TA(2015)0065B8-0213/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica, celebrado los días 19 y 20 de junio de 2003, relativas a las posibilidades de adhesión a la Unión Europea de los países de los Balcanes Occidentales,

–  Vista la Decisión 2008/213/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2008, sobre los principios, las prioridades y las condiciones que figuran en la Asociación Europea con Serbia y por la que se deroga la Decisión 2006/56/CE(1),

–  Visto el dictamen de la Comisión, de 12 de octubre de 2011, sobre la solicitud de adhesión de Serbia a la Unión Europea (SEC(2011)1208),

–  Vistos el Acuerdo de estabilización y asociación (AEA) entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y la República de Serbia, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2013,

–  Vistas la Resolución 1244(1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de 22 de julio de 2010, sobre la conformidad con el Derecho internacional de la Declaración Unilateral de Independencia relativa a Kosovo, y la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/64/298, de 9 de septiembre de 2010, que toma nota del contenido de dicha opinión consultiva y acoge con satisfacción la disposición de la Unión Europea para facilitar el diálogo entre Belgrado y Pristina,

–  Vistas la declaración y las recomendaciones de la segunda reunión de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Serbia, de los días 26 y 27 de noviembre de 2014,

–  Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de 28 de junio de 2013,

–  Visto el Informe 2014 de la Comisión sobre los progresos realizados por Serbia (SWD(2014)0302), de 8 de octubre de 2014,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 16 de diciembre de 2014,

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre el Informe de 2013 sobre los progresos de Serbia(2),

–  Vista su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre Serbia: el caso de Vojislav Šešelj, acusado de crímenes de guerra(3),

–  Visto el trabajo de David McAllister como ponente de turno para Serbia de la Comisión de Asuntos Exteriores,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el Consejo Europeo de 28 de junio de 2013 decidió abrir las negociaciones de adhesión con Serbia y que la primera conferencia intergubernamental (CIG) se celebró el 21 de enero de 2014;

B.  Considerando que, en su Informe 2014 relativo a los progresos realizados por Serbia, la Comisión informa de los progresos realizados por Serbia hacia la integración europea, evaluando sus esfuerzos por cumplir los criterios de Copenhague y las condiciones del proceso de estabilización y asociación;

C.  Considerando que Serbia, como todos los países que aspiran a adherirse a la UE, ha de ser juzgada por sus propios méritos en lo que se refiere a cumplimiento, aplicación y conformidad en función del mismo conjunto de criterios, y que la velocidad y la calidad de las reformas necesarias determina el calendario de adhesión;

D.  Considerando que la UE ha situado el Estado de Derecho en el centro de su política de ampliación;

E.  Considerando que la Comisión ha destacado la necesidad de reforzar la gobernanza económica, el Estado de Derecho y las capacidades de administración pública en todos los países de los Balcanes Occidentales;

F.  Considerando que Serbia ha dado pasos importantes hacia la normalización de las relaciones con Kosovo que han dado lugar al Primer acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones, de 19 de abril de 2013; considerando que se requieren urgentemente medidas adicionales para gestionar todas las cuestiones pendientes entre ambos países;

G.  Considerando que unas buenas relaciones de vecindad son un elemento clave para la integración europea satisfactoria de cualquier país; que las cuestiones bilaterales deben abordarse en el proceso de adhesión de conformidad con el marco de negociación, con espíritu constructivo y de buena vecindad y teniendo en cuenta los intereses y valores generales de la UE; y que recientemente se han realizado avances importantes en el proceso de reconciliación histórico entre Serbia y sus países vecinos;

H.  Considerando que es necesario garantizar plenamente la aplicación del marco jurídico relativo a la protección de las minorías, en especial en los ámbitos de la educación, el uso de las lenguas y el acceso a medios de comunicación y servicios religiosos en las lenguas minoritarias;

I.  Considerando que la Presidencia en ejercicio de la OSCE de Serbia en 2015 llega en un momento de conflicto duradero en el este de Ucrania y en el que la OSCE celebra el cuadragésimo aniversario de la aprobación del Acta final de Helsinki;

1.  Acoge el inicio oficial de las negociaciones de adhesión celebradas el 21 de enero de 2014 en la primera CIG UE-Serbia y el elevado nivel de preparación y compromiso demostrado por el Gobierno serbio en el proceso del examen analítico del acervo de la UE;

2.  Acoge con satisfacción el desarrollo de unas elecciones parlamentarias anticipadas que los observadores internacionales evaluaron de manera positiva; pide a las autoridades que aborden plenamente las recomendaciones de la última misión de observación electoral y las precedentes de la OSCE y la OIDDH;

3.  Hace hincapié en los progresos realizados en la aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) UE-Serbia y en la importancia de mejorarla; destaca que el AEA proporciona el marco general que permite a Serbia y a la UE intensificar su cooperación;

4.  Acoge con satisfacción el compromiso mostrado por el nuevo Gobierno serbio con el proceso de integración europeo y pide a Serbia que aborde de frente y con decisión las reformas sistémicas y socioeconómicas; subraya que el cumplimiento riguroso de la legislación y las políticas sigue siendo un factor clave para el éxito del proceso de integración; pide a Serbia que mejore la planificación, la coordinación y el seguimiento de la aplicación de la nueva legislación y las nuevas políticas; subraya la necesidad de mejorar la inclusividad y la transparencia del proceso de adhesión; insiste en la necesidad de que Serbia progrese en mayor medida en lo que es prioritario en su reforma, a saber, el Estado de Derecho;

5.  Anima a que la apertura de los capítulos de negociación debe tener en cuenta los avances a nivel técnico, pero también el contexto político de las relaciones entre Serbia y la UE; subraya que los capítulos 23 (Poder judicial y derechos fundamentales) y 24 (Justicia, libertad y seguridad) deben abordarse en una fase temprana de las negociaciones; insiste en que debe definirse claramente el capítulo 35 del acervo de la UE en lo que se refiere a las relaciones con Kosovo; subraya que el marco de negociación prevé un criterio para establecer si el avance en el proceso de un capítulo se retrasa significativamente en comparación con las negociaciones en general, lo que permite a la Comisión proponer que se retrase la apertura o el cierre de otros capítulos de las negociaciones;

6.  Toma nota del informe recientemente publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) que concluye que la financiación procedente del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), junto con otros tipos de apoyo, ha ayudado a Serbia a realizar reformas sociales y económicas y a mejorar su gestión de las finanzas públicas; señala, no obstante, que la reforma del sector judicial sufre un retraso significativo; pide a Serbia que se adapte al acervo de la UE en materia de ayuda estatal; acoge con satisfacción el empleo general efectivo de la asistencia financiera y no financiera de la UE, tal y como señala el TCE, y anima a las autoridades a continuar las prácticas de buena gobernanza y a hacer frente a las debilidades que siguen existiendo en el diseño, la aplicación y la sostenibilidad de los proyectos; pide a la Comisión que siga ofreciendo asistencia a Serbia dentro del marco del IPA de manera efectiva y transparente;

7.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que la mayoría de los actos legislativos se adopten en el marco del procedimiento de urgencia, que no siempre permite el tiempo suficiente para consultar a las partes interesadas y al gran público;

8.  Señala que las inundaciones ocurridas en Serbia en mayo de 2014 han afectado gravemente a la población y han tenido un impacto negativo sobre la economía; hace extensivas sus condolencias a las familias de las víctimas; celebra que la UE y los Estados miembros a título individual proporcionaran ayuda inmediata y considerable de rescate y socorro, a solicitud de Serbia, y organizaran una conferencia de donantes en julio de 2014; destaca que la Comisión invitó a Serbia a formar parte del Mecanismo de Protección Civil de la UE y acoge con satisfacción el hecho de que Serbia expresara su interés por hacerlo el 16 de octubre de 2014;

9.  Celebra el Primer acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones alcanzado en el diálogo de alto nivel entre los primeros ministros de Serbia y Kosovo el 19 de abril de 2013; celebra el compromiso de Serbia en el proceso de normalización de las relaciones con Kosovo e insta firmemente a las autoridades serbias a que desempeñen una función constructiva en este proceso, así como en el desarrollo de unas buenas relaciones de vecindad que pueden redundar en beneficio de los intereses tanto de Serbia como de Kosovo; observa que el ritmo de las negociaciones generales se ha ralentizado debido, entre otras cosas, a la celebración de elecciones anticipadas tanto en Serbia como en Kosovo; celebra la formación de un nuevo Gobierno en Kosovo, que constituye un paso importante para la reanudación del diálogo de alto nivel del 9 de febrero de 2015 que propició el acuerdo sobre el poder judicial en Mitrovica, y, en este sentido, también acoge con satisfacción el papel constructivo que ha desempeñado el Gobierno serbio al animar a los representantes electos de la minoría serbia a participar y a asumir sus responsabilidades dentro del nuevo Gobierno de coalición de Pristina; pide a Serbia y a Kosovo que avancen en la aplicación plena de todos los acuerdos ya alcanzados, de buena fe y de manera oportuna, y a la UE que proceda a una evaluación del cumplimiento por las partes de sus respectivas obligaciones; anima a las autoridades de Serbia y de Kosovo a que normalicen en mayor medida sus relaciones; pide esfuerzos continuados de ambas partes para acercar a las comunidades étnicas albana y serbia; subraya que el marco de negociación requiere avanzar en el proceso de normalización de las relaciones con Kosovo del capítulo 35 en paralelo con las negociaciones en general; insiste en que el capítulo 35 debe abrirse en una fase temprana de las negociaciones; opina que la normalización plena de las relaciones entre Serbia y Kosovo facilitará la adhesión de Serbia a la UE;

10.  Pide a las autoridades de Serbia y de Kosovo que intensifiquen la cooperación para eliminar y desmantelar las redes de delincuencia que están controlando, explotando y traficando con inmigrantes ilegales procedentes de Kosovo y destinados a determinados Estados miembros de la UE a través de Serbia;

11.  Pide a Serbia que realice esfuerzos más firmes para adaptar su política exterior y de seguridad a la de la UE, incluida la política sobre Rusia; lamenta que Serbia no se sumara, cuando se le invitó, a las decisiones del Consejo de introducir medidas restrictivas contra Rusia, teniendo en cuenta, no obstante, los fuertes vínculos económicos, sociales y culturales que existen entre ambos países; considera que Serbia puede desempeñar un papel de máxima importancia en las relaciones entre la UE y Rusia; acoge con satisfacción la participación activa de Serbia en las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz; señala que Serbia ha acogido con honores a varias personas incluidas en la prohibición de visado de la UE y que organiza ejercicios militares con el ejército ruso;

12.  Acoge con satisfacción la Presidencia en ejercicio serbia de la OSCE en 2015 y sus prioridades; señala que Serbia, en su condición de Presidenta en ejercicio de la OSCE, está dispuesta a apoyar por todos los medios la intensificación de los esfuerzos por resolver de forma pacífica los conflictos que existen en la zona OSCE; anima a Serbia a que aproveche esta Presidencia para contribuir a estabilizar la situación en el este de Ucrania actuando como mediadora; reconoce, además, que Serbia está preparada para fomentar en mayor medida la cooperación regional; pide a Serbia que, como Presidenta en ejercicio de la OSCE actual, ayude a recuperar la OSCE como plataforma exhaustiva para gestionar cuestiones de seguridad en Europa;

13.  Anima a Serbia a seguir cooperando con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), a reforzar los procesos judiciales de crímenes de guerra nacionales y a que siga intensificando sus esfuerzos relacionados con la cooperación regional para rendir justicia a las víctimas de los crímenes de guerra y a sus familias; destaca la necesidad urgente de adoptar una legislación y una política exhaustivas en materia de protección de testigos y de ofrecer a las víctimas y a sus familias el derecho a ser indemnizadas; reitera su apoyo a la Iniciativa REKOM;

14.  Pide a Serbia que dentro del espíritu de reconciliación y de relaciones de buena vecindad considere su Ley de Organización y Competencias de las Autoridades Estatales en los Procedimientos por Crímenes de Guerra en cooperación con sus vecinos y con la Comisión;

15.  Pide a Serbia que intensifique su cooperación con los países de la vecindad y sus esfuerzos de búsqueda de personas desaparecidas, y que comparta plenamente todos los datos pertinentes; insta a las autoridades serbias, en este sentido, a que abran los archivos del Ejercito Popular Yugoslavo con el fin de determinar la verdad sobre acontecimientos trágicos del pasado y de reunir información; anima, asimismo, a las autoridades a que abran y faciliten de forma transparente el acceso a estos archivos referentes a las antiguas repúblicas de Yugoslavia y a los documentos de la antigua agencia de inteligencia UDBA, incluida su facilitación a los gobiernos correspondientes;

16.  Acoge con satisfacción la firma de la Declaración sobre la función del Estado al tratar la cuestión de la desaparición de personas como consecuencia de un conflicto armado o de violaciones de derechos humanos bajo los auspicios de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP); hace hincapié en la necesidad de intensificar los esfuerzos para encontrar e identificar a las personas desaparecidas y para localizar fosas comunes de las guerras de Croacia, Bosnia y Herzegovina y Kosovo, así como de garantizar el derecho de las familias de las víctimas a saber lo que les ha sucedido a sus familiares;

17.  Aprecia el enfoque constructivo del Gobierno serbio en cuanto a las relaciones con los países vecinos, dado que ha propiciado grandes avances tanto en la cooperación regional como en el acercamiento a la UE; anima a Serbia a trabajar incluso más de cerca con los países vecinos y a tomar medidas adicionales de cooperación transfronteriza con el fin de mejorar, entre otros aspectos, el desarrollo económico de las regiones fronterizas y de las áreas habitadas por minorías; hace hincapié en la importancia de promover políticas de intercambio y contacto entre los jóvenes en el marco de la reconciliación; acoge con satisfacción de forma general el cumplimiento por parte de Serbia de sus obligaciones internacionales, así como el hecho de que haya desarrollado en mayor medida relaciones bilaterales con sus vecinos; reitera la importancia crucial de la reconciliación; anima a Serbia que aplique plenamente acuerdos bilaterales con los países vecinos y a que aborde las cuestiones bilaterales no finalizadas desde una perspectiva pragmática; celebra el encuentro entre los primeros ministros de Serbia y Albania el 10 de noviembre de 2014 en Belgrado; anima a Serbia a apoyar activamente y a contribuir de manera constructiva al progreso de Bosnia y Herzegovina hacia la integración europea; asimismo, acoge con satisfacción el hecho de que Serbia haya seguido participando activamente en iniciativas regionales, como en el Proceso de cooperación de Europa Sudoriental (PCES);

18.  Destaca el papel fundamental que desempeñan el Parlamento serbio y la sociedad civil en el proceso de negociaciones para la adhesión; celebra que el Parlamento adoptara el 4 de junio de 2014 la Decisión por la que se regula el procedimiento de consideración de propuestas de posturas de negociación durante las negociaciones de adhesión; acoge con satisfacción la adopción de directrices para la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de adopción de la reglamentación el 26 de agosto de 2014 y pide una mayor participación de la sociedad civil en el proceso de integración; invita al Gobierno a abstenerse de utilizar una retórica anti UE y a organizar diálogos y consultas públicas regulares con todas las partes interesadas, con vistas a garantizar la transparencia plena de las negociaciones, a ofrecer toda la información para un debate constructivo sobre el funcionamiento de la UE y la pertenencia a la misma y a facilitar su participación amplia en este proceso;

19.  Elogia el trabajo de los organismos reguladores independientes y su contribución a la mejora del marco jurídico y a la rendición de cuentas por parte de las instituciones estatales; destaca que las instituciones estatales deben actuar de forma transparente y responsable; respalda el trabajo de las autoridades estatales independientes, como el Defensor del Pueblo, el Comisionado para la Información de Importancia Pública y otras; pide a las autoridades estatales que protejan la independencia de estos departamentos y que cooperen plenamente con ellos en el ejercicio de sus poderes; considera que las autoridades deben ofrecerles todos los recursos financieros y administrativos necesarios para su trabajo; subraya que es necesario dar un seguimiento adecuado a sus recomendaciones y respetar plenamente su independencia;

20.  Condena la infundada denuncia pública formulada por varios ministros del Gobierno contra el Defensor del Pueblo y subraya que el papel de esta institución es fundamental para el sistema de controles y equilibrios del Gobierno; pide a las autoridades que velen por que se preserven la independencia e integridad del Defensor del Pueblo; pide a las autoridades que brinden al Defensor del Pueblo todo el apoyo político y administrativo que exige su trabajo y que protejan su derecho a solicitar documentos oficiales en consonancia con la Ley de Información Pública;

21.  Destaca el hecho de que Serbia ha ratificado los principales convenios de derechos laborales de la OIT, así como la Carta Social Europea revisada; llama la atención sobre el hecho de que los derechos laborales y sindicales siguen estando restringidos a pesar de las garantías constitucionales, e insta a Serbia a que siga mejorando estos derechos; señala que resulta necesario disponer de procedimientos adicionales que regulen los sindicatos de trabajadores y el derecho de huelga para garantizar la claridad; señala que existen pocos convenios colectivos sectoriales, mientras que muchos de ellos han expirado o necesitan renovarse; expresa su preocupación por la persistente debilidad del diálogo social y la irregularidad de la consulta a los interlocutores sociales; pide que se tomen medidas adicionales para reforzar el diálogo social y el papel consultivo de estos actores en la elaboración de legislación;

22.  Reitera la importancia de promover, proteger y aplicar los derechos humanos y las libertades fundamentales a todos los niveles de la sociedad serbia, sin ningún tipo de discriminación y en línea con las normas europeas e internacionales; señala que el 2 de octubre de 2014 se adoptó un plan de acción para la aplicación de la estrategia de lucha contra la discriminación, que pide que se respete a las mujeres, las personas con discapacidad, las personas del colectivo LGBTI y todas las minorías, nacionales, étnicas y sexuales, así como que se garanticen sus derechos; anima a las autoridades serbias a realizar esfuerzos adicionales para garantizar una representación equitativa de las mujeres en la vida política y pública; señala que la capacidad administrativa en materia de igualdad de género sigue siendo débil, e insta a las autoridades serbias a intensificar sus esfuerzos para este fin; celebra la decisión del Gobierno de Serbia de permitir la organización del desfile del orgullo gay, que se celebró el 28 de septiembre de 2014 en Belgrado sin mayores incidentes, y elogia al Gobierno por su apoyo y a la policía por facilitar el desfile;

23.  Celebra el establecimiento del Consejo Nacional para los Derechos del Menor y anima a este organismo a utilizar plenamente su mandato para garantizar que las prioridades de los derechos del menor se reflejan íntegramente en los planes de acción que está elaborando el Gobierno serbio como parte del proceso de adhesión;

24.  Señala que se han dado pasos en la aplicación de la estrategia y del plan de acción para la reforma judicial 2013-2018; acoge con satisfacción la adopción de normas para la evaluación del trabajo de los jueces y fiscales; hace hincapié en la importancia vital de un poder judicial independiente y destaca la necesidad de completar la reforma del poder judicial con el fin de asegurar la plena independencia y la imparcialidad de jueces y fiscales; pide a las autoridades que no retrasen la adopción del proyecto de ley sobre la asistencia jurídica, al mismo tiempo que garantizan que los ciudadanos más vulnerables disponen de acceso a servicios gratuitos de asistencia jurídica; insiste en la importancia de solucionar la cuestión de los casos de abuso de poder y expresa su preocupación por su reclasificación en masa; insiste en que son necesarias reformas constitucionales para asegurar la independencia del poder judicial;

25.  Acoge con satisfacción la firme motivación política en favor de la lucha contra la corrupción y los avances en la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO); celebra que el Parlamento serbio aprobara la Ley sobre protección de denunciantes el 25 de noviembre de 2014; acoge con satisfacción el hecho de que se estén llevando a cabo varias investigaciones sobre casos de alto nivel y que se hayan realizado esfuerzos para mejorar la coordinación; subraya que son necesarios esfuerzos considerables para mejorar y aplicar plenamente el marco jurídico para combatir la corrupción, así como para respaldar las reformas con los recursos adecuados; destaca que las filtraciones a los medios de comunicación sobre las investigaciones en curso, que vulneran la presunción de inocencia, son muy preocupantes y deberían investigarse, procesarse y eliminarse de acuerdo con la legislación; condena asimismo la presión que ejercen los medios de comunicación o los partidos políticos sobre los organismos independientes de lucha contra la corrupción y, en este sentido, considera que deben reforzarse las competencias y los recursos de los que dispone la Agencia de lucha contra la corrupción; señala que estas prácticas pueden ralentizar de manera significativa el progreso de las negociaciones de adhesión; pide que se tomen medidas adicionales para proteger la independencia y la integridad del sistema judicial y el acceso a la justicia;

26.  Constata que la corrupción y la delincuencia organizada son fenómenos generalizados en la región y representan, además, un obstáculo para el desarrollo democrático, social y económico de Serbia; considera que, con vistas a abordar estas cuestiones con mayor eficacia, resulta fundamental elaborar una estrategia regional y reforzar la cooperación entre todos los países de la región;

27.  Señala con preocupación la falta de transparencia en la financiación de partidos políticos y campañas electorales y, por consiguiente, los elevados riesgos de corrupción; hace hincapié en que la financiación de los partidos políticos debe ser transparente y respetar las normas internacionales más estrictas;

28.  Celebra la adopción de la Ley sobre información pública y medios de comunicación, la Ley sobre medios de comunicación electrónicos y la Ley sobre el servicio público de radiodifusión, y pide su aplicación inmediata; destaca que, al ejecutar el nuevo paquete sobre medios de comunicación, también debe garantizarse la sostenibilidad de la radiodifusión pública en lenguas minoritarias, así como la sostenibilidad y la estabilidad financiera de los servicios públicos y de los medios de comunicación regionales y locales; manifiesta su preocupación por el deterioro de las condiciones para el pleno ejercicio de la libertad de expresión en Serbia y destaca la necesidad de total transparencia en la propiedad de los medios de comunicación; manifiesta su preocupación por la presión a la que se somete a los periodistas y por las amenazas que sufren, lo que también da lugar a un aumento de la autocensura, e insta a las autoridades serbias a tomar medidas con el fin de llevar a sus responsables ante la justicia; señala con preocupación que la presión política mina la independencia de los medios de comunicación; reitera la importancia de la libertad de los medios de comunicación como uno de los valores centrales de la UE; pide a las autoridades serbias que creen un entorno favorable para los medios de comunicación que respalde la libertad de expresión y de los medios de comunicación;

29.  Pide al Gobierno serbio que aplique la Ley de Rehabilitación de forma plena y no discriminatoria; sugiere también que modifique en mayor medida la Ley sobre restitución con el fin de eliminar todos los obstáculos procesales y los impedimentos jurídicos relacionados con la restitución en especie;

30.  Acoge con satisfacción las elecciones de los consejos nacionales de las minorías del 26 de octubre de 2014; hace hincapié en la importancia de los consejos nacionales de las minorías en su papel de aplicación de los derechos de las minorías nacionales y pide a Serbia que asegure que el nivel de derechos y competencias adquiridos se mantiene en el proceso de su adaptación jurídica a la decisión del Tribunal Constitucional de Serbia, así como para su financiación adecuada y verificable; pide a Serbia que asegure una aplicación coherente en todo el país de la legislación relativa a la protección de las minorías, incluida la relacionada con la educación, el uso de las lenguas y el acceso a los medios de comunicación y a los servicios religiosos en lenguas minoritarias, y una representación adecuada de las minorías nacionales en la administración pública, en los organismos locales y regionales y en el Parlamento nacional; anima a Serbia a que se comprometa a elaborar un plan de acción específico sobre la postura de las minorías nacionales en el marco del Plan de acción para el capítulo 23 de las negociaciones; anima a las autoridades serbias a adoptar medidas adicionales encaminadas a mejorar la situación de la población romaní, en particular en lo que se refiere a educación, vivienda y empleo; insta al Gobierno a incrementar la sensibilización sobre los derechos civiles de la comunidad romaní y a que se les brinde un trato igualitario en materia de seguridad; subraya la importancia de alentar a la comunidad romaní a participar en la vida pública; pide a las autoridades serbias que mejoren la planificación, la coordinación y el seguimiento de la aplicación de las políticas y medidas de inclusión de la población romaní a nivel nacional y local;

31.  Hace hincapié en la importancia de devolver la propiedad confiscada a iglesias y comunidades religiosas minoritarias bajo el régimen comunista; destaca el papel del Estado en la creación de una política imparcial para las iglesias históricas del país, incluidas las pertenecientes a minorías; subraya que no es posible garantizar la libertad religiosa si no se realiza esta devolución;

32.  Señala que la diversidad cultural de Voivodina también contribuye a la identidad de Serbia y que, por lo tanto, proteger y apoyar a sus minorías y mantener y fomentar la diversidad de nacionalidades que ha funcionado bien durante siglos en el país es una preocupación fundamental; pide que se mantengan el plurilingüismo y la diversidad cultural; hace hincapié, además, en que no debe debilitarse la autonomía de Voivodina, y recuerda al Gobierno que presente a la mayor brevedad posible la Ley sobre las competencias y la financiación de la región autónoma de Voivodina;

33.  En lo relativo a la importancia de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) para una mayor cooperación transfronteriza entre los Estados miembros de la UE y sus vecinos, pide al Gobierno serbio que facilite el marco jurídico necesario que permita la participación de Serbia en la AECT;

34.  Acoge con satisfacción la nueva estrategia de reforma de la administración pública, la creación de un Ministerio de Administración Pública y Autonomía Local propio y el mayor énfasis en la planificación y la coordinación de las medidas políticas a raíz de la creación de la Secretaría de políticas públicas, como pasos positivos hacia una administración pública más eficiente; manifiesta su preocupación por la falta de transparencia en la contratación de empleados de la administración pública y por la capacidad administrativa y de gestión a nivel local; insta a las autoridades a garantizar un proceso transparente y basado en los méritos para el nombramiento y el ascenso de funcionarios y cargos públicos;

35.  Alienta a las autoridades serbias a que lleven a cabo las reformas económicas estructurales a fin de apoyar el crecimiento, mejorar el clima empresarial y de inversión en toda Serbia, garantizar un desarrollo socioeconómico equilibrado en todas las regiones, combatir las altas tasas de desempleo y pobreza, llevar a cabo la consolidación fiscal y luchar contra la corrupción, que sigue siendo la principal amenaza para el entorno empresarial; observa con preocupación las elevadas cifras de desempleo juvenil e insta al Gobierno a que aborde esta cuestión al proporcionar oportunidades adecuadas para los jóvenes y formación orientada a las necesidades del mercado laboral; hace hincapié en la necesidad de garantizar un sistema educativo accesible con oportunidades laborales y de formación para jóvenes y acceso a programas de estudio europeos, como el programa Erasmus; acoge con satisfacción la adopción de la Ley sobre el trabajo, la Ley sobre bancarrota, la Ley sobre privatización y la Ley sobre planificación y construcción, que representan el marco legislativo para las reformas estructurales y para la mejora del clima empresarial;

36.  Pide la mejora del entorno empresarial mediante la aplicación de las reformas estructurales programadas en este ámbito, reforzando el sistema jurídico y asegurando la aplicación uniforme de la legislación; insiste en la necesidad urgente de eliminar las barreras administrativas para hacer negocios, especialmente en lo relativo a las pequeñas y medianas empresas, y señala la importancia de una reestructuración necesaria de las empresas públicas, al mismo tiempo que se respetan los derechos de los trabajadores y la importancia del empleo del sector público para los ciudadanos serbios y para su bienestar, así como su confianza en los servicios públicos esenciales;

37.  Toma nota de los trabajos realizados para modificar el Código Penal; señala, sin embargo, que persiste la inseguridad jurídica en el sector privado tras las enmiendas adoptadas; reitera su preocupación por las disposiciones del nuevo artículo 234 relativo al abuso de posición responsable, que continúa prestándose a una interpretación arbitraria; señala que parece que la mayoría de los casos previos relacionados con abusos de poder se han reclasificado en masa con el término «abuso de posición responsable» sin una revisión adecuada, por lo que pide una revisión independiente y detallada de los casos reclasificados, de modo que puedan suspenderse inmediatamente las diligencias judiciales injustas prolongadas;

38.  Felicita a Serbia por la organización de la cumbre entre China y Europa central y oriental en Belgrado; acoge con satisfacción los planes de fomento de la cooperación y espera que sea acorde a las normas europeas; señala los acuerdos iniciales sobre proyectos relacionados con la energía y con la infraestructura alcanzados en la cumbre y recuerda a Serbia y a otros países de la región que los proyectos deben tener en cuenta los objetivos a largo plazo de las políticas de la UE;

39.  Señala que los trabajos preparatorios en el ámbito de la energía han avanzado moderadamente; subraya que Serbia necesita intensificar sus esfuerzos por adaptarse al acervo en el ámbito de la energía, especialmente para alcanzar los objetivos de eficiencia energética y energía renovable y evitar que se conceda ayuda estatal al sector del lignito, y por lograr con carácter prioritario la desagregación en el sector del gas y la reestructuración de la empresa pública de gas; pide a la Comisión que respalde al Gobierno serbio en sus esfuerzos por reducir la dependencia del país de importaciones de energía al ampliar la diversidad de fuentes de energía; anima a Serbia a iniciar la revisión de su estrategia energética propuesta; pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos en materia de energía renovable, especialmente en lo relativo a la Directiva sobre fuentes de energía renovables, puesto que se trata de una medida necesaria para lograr la seguridad energética y cumplir los objetivos de energía renovable de la UE para 2020;

40.  Lamenta que se hayan realizado muy pocos avances en los ámbitos del medio ambiente y el cambio climático, y pide a las autoridades serbias que aprueben con celeridad una estrategia y una política climáticas amplias para todo el país acordes a los objetivos de la UE;

41.  Muestra su preocupación por el hecho de que las instituciones académicas, junto con las autoridades estatales y los cargos públicos, no han conseguido gestionar las acusaciones de plagio en las universidades;

42.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno y al Parlamento de Serbia.

(1) DO L 80 de 19.3.2008, p. 46.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0039.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0065.


El proceso de integración europea de Kosovo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre el proceso de integración europea de Kosovo (2014/2950(RSP))
P8_TA(2015)0066B8-0214/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica, celebrado los días 19 y 20 de junio de 2003, relativas a las posibilidades de adhesión a la Unión Europea de los países de los Balcanes Occidentales,

–  Vistos el primer Acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones, firmado el 19 de abril de 2013 por los primeros ministros Ivica Dacic y Hasim Thaci, y el plan de acción para su aplicación, de 22 de mayo de 2013,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2013, en las que se adopta la Decisión por la que se autoriza la apertura de las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y Kosovo,

–  Vista la Decisión del Consejo, de 22 de octubre de 2012, por la que se autoriza a la Comisión a iniciar negociaciones sobre un acuerdo marco con Kosovo sobre su participación en los programas de la Unión,

–  Vistos los informes del Secretario General acerca de las actividades en curso de la Misión de la Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo y los progresos relacionados con ella, incluido el último informe publicado el 31 de octubre de 2014,

–  Vista la Decisión del Consejo 2014/349/PESC, de 12 de junio de 2014, por la que se modifica y prorroga la Acción Común 2008/124/PESC sobre la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo, EULEX KOSOVO,

–  Vistas las conclusiones de las reuniones del Consejo de Asuntos Generales, de 7 de diciembre de 2009, 14 de diciembre de 2010 y 5 de diciembre de 2011, en las que se subraya y reitera que Kosovo, sin perjuicio de la posición de los Estados miembros sobre su estatuto, también debe beneficiarse de la perspectiva de la posible liberalización del régimen de visados una vez se haya cumplido todas las condiciones,

–  Vistos el inicio de un diálogo sobre visados en enero de 2012, la hoja de ruta para la liberalización de visados de junio de 2012, y el segundo informe de la Comisión, de 24 de julio de 2014, sobre el avance de Kosovo en el cumplimiento de los requisitos de la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados (COM(2014)0488),

–  Vista la tercera reunión del Diálogo estructurado sobre el Estado de Derecho celebrada el 16 de enero de 2014,

–  Vistas la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de 22 de julio de 2010, sobre la conformidad con el Derecho internacional de la declaración unilateral de independencia con respecto a Kosovo, y la Resolución 64/298 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de septiembre de 2010, que reconoce el contenido de dicha opinión consultiva y acoge con beneplácito la disposición de la Unión Europea a facilitar el diálogo entre Belgrado y Pristina,

–  Vista la Decisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 11 de junio de 2014, de conceder a Kosovo la condición de país miembro de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa; visto el nombramiento de dos expertos de Kosovo para la Comisión de Venecia en septiembre de 2014,

–  Vistas las declaraciones conjuntas de las reuniones interparlamentarias PE-Kosovo, celebradas los días 28 y 29 de mayo de 2008, 6 y 7 de abril de 2009, 22 y 23 de junio de 2010, 20 de mayo de 2011, 14 y 15 de marzo de 2012, y 30 y 31 de octubre de 2013,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de octubre de 2013, titulada «Estrategia de ampliación y principales retos para 2013-2014» (COM(2013)0700),

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales, de 16 de diciembre de 2014, sobre la ampliación y el proceso de estabilización y asociación,

–  Vistas sus anteriores resoluciones,

–  Visto el trabajo de Ulrike Lunacek como ponente permanente de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Kosovo,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que 110 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas reconocen la independencia de Kosovo, incluidos 23 de los 28 Estados miembros de la UE;

B.  Considerando que las negociaciones del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) UE-Kosovo concluyeron en mayo de 2014 y que el AEA se inició en julio de 2014;

C.  Considerando que cada país candidato (potencial) será juzgado por sus propios méritos y que la rapidez y calidad de las reformas necesarias determina el calendario de adhesión;

D.  Considerando que la Misión de Observación Electoral de la UE calificó las elecciones legislativas anticipadas del 25 de mayo y del 8 de junio de 2014 de transparentes y bien organizadas, consolidando el progreso realizado en las elecciones municipales de 2013; que la reunión constitutiva de la Asamblea de Kosovo no concluyó hasta el 8 de diciembre de 2014 y que el Gobierno se constituyó el 9 de diciembre de 2014;

E.  Considerando que para avanzar en la aplicación de la política común de seguridad y defensa (PCSD) se necesita, entre otras cosas, la voluntad de analizar las actuaciones del pasado y de extraer las lecciones pertinentes de los problemas identificados, inclusive en la gestión de las misiones sobre el terreno; que EULEX es la mayor misión desplegada hasta la fecha y lleva en funcionamiento más de seis años;

1.  Celebra el fin de los seis meses de estancamiento político que se produjo tras las elecciones, con la constitución de la Asamblea y del nuevo Gobierno; manifiesta su preocupación por el nombramiento de personas no consensuadas, cuyos antecedentes podrían ponerse en tela de juicio; lamenta el número innecesariamente elevado de ministros y viceministros del nuevo Gobierno con las implicaciones presupuestarias que esto conlleva, así como el escaso número de mujeres ministras; señala que un aumento del número de mujeres ministras podría servir de incentivo progresivo para la sociedad en su conjunto; insiste en que es sumamente importante que el nuevo Gobierno continúe con las reformas necesarias con compromiso y determinación; subraya que la gestión de los dirigentes de Kosovo se puede medir mejor por los resultados concretos que se presenten a los ciudadanos de Kosovo y a los socios europeos e internacionales; anima a los representantes elegidos de la minoría serbia en Kosovo a participar y asumir sus responsabilidades en el nuevo gobierno de coalición de Pristina;

2.  Anima al nuevo Gobierno a seguir la trayectoria europea y subraya que debería perseguir con firmeza, incluso a través de un marco legal, una serie de cuestiones prioritarias, incluida la consolidación y la validación del Estado de Derecho, el establecimiento de un modelo del sistema judicial, basado en los principios de independencia, profesionalidad y eficacia, la lucha eficaz y sistemática contra la corrupción y la delincuencia organizada a todos los niveles; pide a las autoridades que luchen sistemática y eficazmente contra el desempleo, que fomenten las reformas económicas estructurales y el desarrollo sostenible mediante la creación de un marco regulatorio y de incentivos para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y que introduzcan la tan necesaria reforma del sistema de protección social para reducir los elevados y persistentes índices de pobreza, incluidos los inaceptables niveles de pobreza infantil; hace hincapié en que resulta fundamental la aplicación de reformas; subraya que la creación y el funcionamiento del tribunal especial y la cooperación con el mismo deberían ser una prioridad y ayudarían a Kosovo a resolver y superar los problemas derivados del pasado; subraya que los planes legislativos y políticos han de tener en cuenta de forma realista los recursos necesarios y recomienda una mayor transparencia en su aplicación;

3.  Destaca la necesidad de reforzar las funciones de supervisión de la Asamblea y, en particular, las de la Comisión de Integración en la UE, en el proceso de integración de Kosovo; insta a la Asamblea a que adopte cuanto antes un nuevo Reglamento interno que esté en consonancia con las mejores prácticas europeas y refleje la dimensión de la igualdad de género;

4.  Destaca la necesidad de intensificar las acciones destinadas a combatir los grupos delictivos que hacen posible la migración irregular; destaca asimismo la necesidad de lograr avances socioeconómicos y de crear nuevos puestos de trabajo para acabar con la tendencia a la migración irregular y conseguir que los ciudadanos recuperen la esperanza y la confianza en que pueden labrarse un futuro en su país; hace hincapié en la necesidad de abordar las causas subyacentes de la migración irregular mediante todos los instrumentos políticos y de asistencia de la UE;

5.  Celebra la consolidación gradual y el fortalecimiento de la coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil, en particular las que se encargan de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI; subraya, asimismo, la necesidad de encontrar una solución a las amenazas y los ataques contra activistas que tratan de reforzar los derechos de las personas LGBTI; pide a las autoridades de Kosovo que refuercen sus mecanismos de consulta con la sociedad civil, que hasta la fecha han tenido un carácter ad hoc, en particular mediante la facilitación de todos los recursos necesarios al Consejo Consultivo Paritario; considera que, con el fin de garantizar una administración pública abierta y transparente, las organizaciones representativas de la sociedad civil deben participar en las consultas legislativas; pide igualmente a la comunidad de donantes, en particular a la UE, que siga haciendo partícipe y consulte a la sociedad civil en su programación;

6.  Señala que se han producido algunos avances en la legislación que regula el poder judicial y su organización, en particular en relación con las medidas para adaptar las estructuras al nuevo mandato EULEX y a los grupos mixtos; señala, no obstante, que sigue habiendo motivos de gran preocupación en lo que respecta a la independencia, la rendición de cuentas, la imparcialidad y la eficacia de los jueces y fiscales, así como al funcionamiento del Consejo Judicial de Kosovo, el sistema penitenciario y al desempeño general del sector del Estado de Derecho; señala que es necesario seguir trabajando para preparar la plena transferencia de responsabilidades de EULEX a Kosovo; pide al poder político que demuestre claramente su apoyo pleno a la independencia de los jueces y fiscales que siguen siendo objeto de intentos de influir en investigaciones y procedimientos judiciales en curso;

7.  Manifiesta su preocupación por la falta de progresos significativos en la lucha contra el elevado nivel de corrupción y delincuencia organizada, un obstáculo importante en el camino del desarrollo democrático, social y económico de Kosovo; subraya que es necesario que el Gobierno dé una señal clara e inequívoca de que Kosovo aborda sistemáticamente la corrupción a todos los niveles y lucha contra la delincuencia organizada; pide medidas adicionales para evitar cualquier posible vínculo entre la delincuencia organizada y miembros de la administración pública; manifiesta, asimismo, su preocupación por la extendida tenencia ilegal de armas de fuego y pide al Gobierno de Kosovo que aplique de forma efectiva los programas existentes para su incautación, en particular, la estrategia nacional y el plan de acción sobre control y recogida de armas ligeras y de pequeño calibre para el período 2013‑2016; pide a Kosovo que coopere con el grupo de expertos de la UE sobre el tráfico de armas y con los países vecinos para tomar medidas preventivas, y solicita a la UE que preste toda la asistencia técnica necesaria para tal fin;

8.  Celebra la participación de Kosovo en la coalición contra el terrorismo, las enmiendas al Derecho penal de Kosovo para luchar contra el fenómeno de los combatientes extranjeros y las medidas emprendidas por las autoridades para llevar ante la justicia a los implicados en el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos extremistas; señala con preocupación los informes sobre la creciente radicalización de los jóvenes en Kosovo y el hecho de que algunos de ellos se unan a combatientes terroristas en Siria e Irak; pide que la UE ayude a abordar los problemas sociales que explican en parte que los grupos radicales puedan reclutar jóvenes en Kosovo;

9.  Señala que una de las prioridades del nuevo Gobierno es la creación de las fuerzas armadas de Kosovo, que desarrollarán sus actividades con arreglo a la Constitución y bajo pleno control civil; entiende que el principio de defensa territorial es un aspecto de la soberanía nacional, pero pide que las fuerzas armadas sean compatibles con la UE, y considera que deberían hacerse mayores esfuerzos por proporcionar a la policía de Kosovo más recursos con vistas a aumentar de inmediato su eficacia y su rendimiento;

10.  Señala la falta de progreso en la aplicación del marco estratégico para la reforma de la administración pública y el plan de acción; pide a Kosovo que complete el marco legislativo de la función pública, de modo que garantice la despolitización de la función e incluya evaluaciones de rendimiento;

11.  Pide a las autoridades que adopten cuanto antes una legislación exhaustiva contra la discriminación y que se centren igualmente en las medidas de prevención y de concienciación; se satisface de la celebración el 17 de mayo de 2014 del primer desfile del orgullo gay y de la creación del grupo consultivo y de coordinación para los derechos de la comunidad LGBT;

12.  Celebra los avances logrados en cuestiones como los derechos de la mujer y la igualdad de género, como la modificación de la legislación a fin de reconocer a los supervivientes de la violencia relacionada con los conflictos, como las violaciones de guerra; subraya que quedan retos pendientes, en particular en el ámbito de la violencia doméstica y de la violencia de género, los derechos de propiedad y la representación de las mujeres en puestos directivos;

13.  Pide medidas para abordar con firmeza los retos y problemas relativos a la violencia doméstica y a la violencia de género; subraya la necesidad de efectuar una recogida exhaustiva de datos sobre el alcance de la violencia doméstica y de la violencia de género;

14.  Pide a Kosovo que adopte un marco legislativo e institucional eficaz y amplio relativo a los medios de comunicación y, sobre todo, que aplique mejor las leyes que están ya en vigor para garantizar la libertad de expresión; sigue preocupado por las amenazas y ataques contra periodistas y la falta de transparencia en los medios de comunicación; reitera la importancia de la libertad y la independencia de los medios de comunicación como uno de los valores primordiales de la UE y una piedra angular en cualquier democracia, que contribuye a reforzar el Estado de Derecho; pide a las autoridades que procedan cuanto antes a colmar las lagunas sistemáticas existentes en la legislación para garantizar la libertad de los medios de comunicación, en particular con vistas a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y en relación con la cuestión de la difamación, y para garantizar la independencia y la sostenibilidad de los organismos públicos de radiodifusión y evitar toda injerencia política, tras un proceso de consulta pública integral y exhaustivo; anima a las autoridades kosovares a tomar medidas adicionales para prevenir y combatir la incitación al odio, las amenazas y los llamamientos a la violencia;

15.  Insiste en que la aplicación de la legislación relativa a la protección de las minorías étnicas y de los derechos culturales continúa siendo un reto para Kosovo, aunque se hayan realizado algunos progresos; hace hincapié en que todavía es necesario realizar esfuerzos importantes por lo que se refiere a la plena aplicación de la legislación que incluye disposiciones sobre los derechos de las minorías étnicas con objeto de evitar la discriminación directa o indirecta; señala que, en particular, las comunidades romaní, egipcia y ashkalí siguen afrontando retos en los ámbitos socioeconómico, educativo y sanitario; espera con interés el nuevo plan del nuevo Gobierno para mejorar la situación de la comunidad romaní, egipcia y ashkalí, especialmente estableciendo la igualdad en materia de seguridad y salud; subraya la importancia de facilitar el retorno de miembros de la comunidad romaní, egipcia y ashkalí; recomienda que se garanticen derechos jurídicos y fácticos a los goranís de las regiones de Zhupa y Gora;

16.  Pide a las autoridades nacionales y locales que apliquen plenamente la legislación adaptada, de modo que contribuyan al continuo desarrollo de una sociedad multiétnica hecha y derecha, sobre todo en lo que respecta a la educación y al empleo; recomienda adoptar medidas concretas para la creciente participación de los representantes de las minorías étnicas en los organismos administrativos nacionales y locales;

17.  Recuerda a las autoridades kosovares su responsabilidad de respetar, conservar y proteger todos los monumentos culturales y religiosos, incluidos los serbios, que forman parte del patrimonio cultural e histórico común europeo; acoge con satisfacción las medidas tomadas a este respecto;

18.  Insta a Kosovo a que, a la hora de elaborar la nueva legislación, solicite la opinión y el apoyo de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, a la que se adhirió en junio;

19.  Acoge con satisfacción la rúbrica del Acuerdo de Estabilización y Asociación en julio de 2014, que prevé la intensificación del diálogo político, una mayor integración comercial y nuevas formas de cooperación; pide al Consejo que adopte cuanto antes, y a más tardar a mediados de 2015, la decisión de firmar y concluir el AEA, puesto que esto supondrá un poderoso incentivo para la aplicación y la institucionalización de las reformas y brindará a Kosovo nuevas posibilidades de fortalecer las relaciones con sus vecinos y de contribuir a la estabilización de la región; pide, además, al Consejo que adopte la decisión de firmar y concluir el acuerdo marco sobre la participación de Kosovo en los programas de la UE, que contribuirán a reforzar la cooperación entre Kosovo y la UE en diferentes sectores y cree que estos programas deben centrarse en ámbitos específicos correspondientes a las obligaciones asumidas por Kosovo en su trayectoria europea y deben aplicarse con transparencia y sin demora;

20.  Anima a los cinco Estados miembros de la UE que aún no lo han hecho a que reconozcan a Kosovo; subraya que esto facilitaría aún más la normalización de las relaciones entre Belgrado y Pristina; pide a todos los Estados miembros de la UE que hagan todo lo que obre en su poder por facilitar las relaciones económicas, sociales y políticas entre sus ciudadanos y los de Kosovo;

21.  Elogia la labor del grupo de trabajo especial de investigación (SITF, por sus siglas en inglés), que, en las conclusiones de su investigación publicadas en julio de 2014, encontró pruebas convincentes en contra de determinados antiguos altos funcionarios del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), pero no en contra del ELK en su conjunto; celebra el hecho de que la solicitud de crear un tribunal especial que opere dentro del sistema judicial de Kosovo pero con una cámara en los Países Bajos haya sido presentada al Gobierno neerlandés y aprobada por el mismo; pide a la Asamblea de Kosovo que adopte a la mayor brevedad posible el paquete legislativo necesario; pide asimismo a las autoridades kosovares que sigan cooperando con el SIFT;

22.  Celebra los progresos realizados por Kosovo en cuanto a la creación de su propia Unidad de Protección de Testigos y al respaldo de los marcos jurídicos y administrativos, y en lo relativo a la celebración de acuerdos de cooperación con Estados miembros de la UE, pero hace hincapié en la necesidad de un mayor apoyo para facilitar el traslado de futuros testigos a terceros países;

23.  Se manifiesta profundamente preocupado por las recientes acusaciones de corrupción en la EULEX; considera que EULEX ha desempeñado y todavía debe y puede desempeñar un papel importante en Kosovo, por lo que celebra la rápida reacción de la VP/AR Federica Mogherini a la hora de nombrar a un experto independiente para que investigue exhaustivamente el trato que se ha dado a dichas acusaciones; pide que esas investigaciones se realicen de forma totalmente transparente e insta a todos los agentes pertinentes a que cooperen plenamente con objeto de concluir rápidamente la investigación; subraya la importancia de garantizar que este experto pueda llevar a cabo una investigación exhaustiva que abarque todos los aspectos del asunto; se manifiesta preocupado por el hecho de que hayan desaparecido documentos sensibles sobre las acusaciones de corrupción en EULEX; pide que se lleve a cabo una investigación integral y exhaustiva; insiste en que es sumamente importante restablecer la credibilidad de la UE en Kosovo y en el extranjero, así como tener en cuenta las lecciones aprendidas en futuras misiones; señala que tanto la Defensora del Pueblo como la OLAF decidieron iniciar investigaciones independientes sobre la conducta supuestamente ilícita de EULEX y pide que todos los investigadores coordinen sus acciones de manera eficaz e intercambien información; considera, no obstante, que es necesario llevar a cabo un amplio y profundo análisis que evalúe la eficacia general de EULEX y la adecuación de sus resultados para actualizar el informe publicado en octubre de 2012 por el Tribunal de Cuentas Europeo;

24.  Pide a EULEX que ejerza su mandato con renovados esfuerzos; subraya la vital importancia que revisten la plena transparencia y la rendición de cuentas y el aumento de la eficacia de su trabajo, que demuestren resultados más concretos y de alto nivel y que comuniquen exhaustiva y periódicamente sobre sus actividades y decisiones; destaca la importancia de EULEX para comunicarse con las autoridades locales y alentarlas a cumplir sus compromisos en relación con las reformas ligadas al Estado de Derecho, la propiedad y la introducción de enmiendas legislativas para el establecimiento de procedimientos judiciales trasladados; pide a las autoridades de Kosovo que continúen respetando el mandato de EULEX y que apoyen el ejercicio de su mandato ejecutivo;

25.  Toma nota del avance de Kosovo en el cumplimiento de los requisitos de la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados; pide a las autoridades que sigan realizando esfuerzos y que demuestren su compromiso de aplicar las recomendaciones, incluida la adopción de los cuatro actos legislativos pendientes; insta a la Comisión a que se esfuerce al máximo por agilizar el proceso de liberalización del régimen de visados para Kosovo por tratarse del único país de la región que conserva la obligación de visado; manifiesta su grave preocupación por el reciente aumento del número de ciudadanos que abandonan Kosovo hacia países de la UE, inclusive de las poblaciones romaní, ashkalí y albanesa; pide a las autoridades de Pristina que tomen medidas eficaces contra las redes delincuentes que trafican con seres humanos, y que, con la ayuda de la Oficina de la Unión Europea en Pristina, expliquen claramente a la opinión pública general que existen pocas posibilidades de que sean aceptadas las solicitudes de asilo; subraya la necesidad de abordar las causas que llevan a los ciudadanos de Kosovo a abandonar el país, incluido invirtiendo en educación de calidad, en particular para las comunidades minoritarias y marginadas;

26.  Pide a las autoridades serbias y kosovares que lleguen a acuerdos de cooperación a fin de reprimir y desmantelar las redes de delincuencia que controlan, explotan y pasan de contrabando a migrantes irregulares desde Kosovo a algunos Estados miembros de la UE a través de Serbia.

27.  Pide a las autoridades de Kosovo que adopten una nueva estrategia y un nuevo plan de acción sobre los derechos de los menores, y hace hincapié en la importancia de invertir en educación, sanidad y nutrición, sobre todo en las comunidades minoritarias y marginadas; subraya la importancia de la Ley de Protección de Menores con miras a instaurar un sistema funcional de protección de menores; subraya asimismo la importancia de reforzar la responsabilidad de las instituciones a escala central y local con miras a supervisar el respeto de los derechos de los menores;

28.  Señala con preocupación el elevado índice de desempleo, en particular del desempleo juvenil, y la discriminación de género en el mercado laboral; señala que los avances en materia de derechos de propiedad siguen siendo escasos y que esto supone un obstáculo para el crecimiento económico a largo plazo; toma nota del considerable descenso de las inversiones extranjeras directas registrado en el último trimestre de 2014; pide al Gobierno de Kosovo que trabaje para mejorar el entorno empresarial, en particular para las pequeñas y medianas empresas, y crear un entorno seguro que atraiga más inversiones extranjeras directas en beneficio de todos en Kosovo; pide a la Comisión que preste asistencia a los jóvenes empresarios como parte de los fondos IPA, incluidas medidas para facilitar vínculos con los empresarios de los Estados miembros de la UE;

29.  Señala con preocupación que la aplicación de la Ley del Trabajo sigue siendo insatisfactoria, así como la de la Ley de Huelga; señala que el índice de desempleo en Kosovo es de cerca del 30 % y afecta sobre todo a la participación de las mujeres en el mercado laboral;

30.  Lamenta que se haya desacelerado el ritmo de las negociaciones de alto nivel entre Kosovo y Serbia a causa de las elecciones en ambos países; celebra la reanudación de las reuniones entre Belgrado y Pristina en Bruselas el 9 de febrero de 2015; señala, no obstante, que se han celebrado reuniones a nivel técnico y que se han logrado ciertos avances, también en lo que respecta a la libre circulación; lamenta que la mayoría de los acuerdos firmados por ambas partes no se hayan aplicado plenamente y pide tanto a Serbia como a Kosovo que procedan a la plena aplicación de los acuerdos ya alcanzados con determinación renovada; destaca la importancia de explicar a la población la relevancia y las repercusiones de estos acuerdos; recalca que el desarrollo de unas buenas relaciones de vecindad puede servir a los intereses de ambos países;

31.  Reitera la importancia de garantizar que se asigne cuanto antes un código telefónico internacional propio a Kosovo, pues ello contribuirá a una mayor visibilidad de Kosovo a escala internacional;

32.  Acoge con satisfacción la ratificación de la decisión del Comité Olímpico Internacional de conceder el pleno reconocimiento al Comité Olímpico Nacional de Kosovo e insta a otras federaciones deportivas a actuar en consecuencia para permitir la participación de los deportistas kosovares en competiciones deportivas europeas e internacionales en calidad de nacionales de su país;

33.  Hace hincapié en el hecho de que la adhesión a las organizaciones y mecanismos internacionales y regionales debería constituir una prioridad para Kosovo; pide que Kosovo adquiera la condición de miembro de pleno derecho en sus relaciones y su representación en organizaciones regionales, en organismos y agencias internacionales, como el Consejo de Europa, y en las instituciones culturales y patrimoniales, así como en su representación en las organizaciones europeas e internacionales de medios de comunicación con el fin de permitir la participación de los artistas kosovares en todos los actos culturales internacionales, incluido el Festival de la Canción de Eurovisión; recuerda, en este sentido, la importancia de respetar el acuerdo alcanzado en materia de cooperación regional;

34.  Pide a los servicios y fuerzas de policía de Kosovo que colaboren activamente con los correspondientes servicios europeos para lograr una mejor coordinación en la lucha contra el terrorismo y para luchar contra el tráfico de drogas, la trata de personas y destaca en este contexto la importancia de que Kosovo adquiera la condición de miembro de pleno derecho de Europol e Interpol.

35.  Señala que se han realizado progresos en lo que respecta al norte, en particular con la elección de alcaldes a través de elecciones en todo Kosovo, y al mayor número de proyectos financiados por la UE en el norte del país; subraya, no obstante, la necesidad de proceder al establecimiento de la asociación de municipios serbios, que con el tiempo hará menos necesaria la existencia de estructuras paralelas; señala, al mismo tiempo, que se precisan más esfuerzos continuados de acercamiento entre las comunidades de las etnias albanesa y serbia; pide una solución conjunta al problema del puente de Mitrovica, que en la actualidad obstaculiza la libre circulación de personas;

36.  Insiste en la necesidad de absoluta transparencia en la comunicación de los resultados del diálogo entre Belgrado y Pristina, así como de la participación de los parlamentos y las sociedades civiles en el proceso de aplicación;

37.  Pide a las autoridades serbias que colaboren plenamente en la repatriación de los cuerpos sin vida de kosovares desaparecidos descubiertos en Serbia, y que prosigan las excavaciones en las zonas identificadas o en zonas de presuntas fosas comunes y en las que se sospecha que están enterradas las personas desaparecidas;

38.  Apoya los continuos procesos judiciales por crímenes de guerra a nivel nacional, y señala la importancia de enjuiciar las violaciones de guerra;

39.  Pide a la Vicepresidenta / Alta Representante y a los Estados miembros que prorroguen el mandato del Representante Especial de la Unión Europea para Kosovo más allá del 28 de febrero de 2015;

40.  Señala con preocupación que la explosión ocurrida el 6 de junio de 2014 en la planta A de Kosovo constituye una prueba de la fragilidad del sistema e insta una vez más a que se clausure la planta a más tardar en 2017; está convencido de que el Gobierno kosovar debería concebir una política energética clara y viable, pues esta desempeñará un papel fundamental en su desarrollo económico; subraya la necesidad de promover la eficiencia energética y de realizar estudios de evaluación de las necesidades de energía antes de clausurar nuevas plantas;

41.  Celebra los esfuerzos por diversificar las fuentes de energía y desarrollar las energías renovables con vistas, en particular, al inicio de los trabajos de construcción de tres nuevas plantas hidroeléctricas; subraya, en este sentido, la importancia de adoptar y aplicar plenamente las normas medioambientales de la UE; recuerda de nuevo a las autoridades la importancia de aplicar consecuentemente las normas medioambientales cuando se elabore la estrategia de desarrollo del país;

42.  Manifiesta preocupación por la gran cantidad de residuos radiactivos sólidos y líquidos que siguen encontrándose en municipios de todo Kosovo sin una protección segura; pide a la Comisión que preste asistencia y que colabore estrechamente con las autoridades kosovares para encontrar una solución permanente a este problema;

43.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior, así como al Gobierno y a la Asamblea Nacional de Kosovo.


Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015 (2014/2221(INI))
P8_TA(2015)0067A8-0037/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 121, apartado 2, y 136,

–  Visto el Reglamento (UE) nº 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas(1),

–  Vista la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros(2),

–  Visto el Reglamento (UE) nº 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro(3),

–  Visto el Reglamento (UE) n° 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo(4),

–  Visto el Reglamento (UE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos(5),

–  Visto el Reglamento (UE) nº 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro(6),

–  Visto el Reglamento (UE) nº 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro(7),

–  Visto el Reglamento (UE) nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros en la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades(8),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de junio de 2014, sobre las recomendaciones específicas por país para 2014 (COM(2014)0400),

–  Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2014, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014(9),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2014, relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015 (COM(2014)0902),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de enero de 2015, sobre aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (COM(2015)0012),

–  Visto el debate con representantes de los Parlamentos nacionales sobre la aplicación de las prioridades para 2015 del Semestre Europeo,

–  Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2013, sobre la mejora del acceso de las PYME a la financiación(10),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0037/2015),

A.  Considerando que la recuperación económica de la UE se ralentizó considerablemente a lo largo de 2014, pero que, según la Comisión, hay expectativas de recuperación en 2015 y de hacerlo aún mejor en 2016; que, cinco años después del inicio de la crisis financiera de 2008, la zona del euro sigue enfrentándose a niveles de desempleo históricos de casi el 12 %; que el débil crecimiento ha agravado las tendencias deflacionistas; que, tras la crisis financiera, la zona del euro se presenta especialmente como un área de crecimiento insatisfactorio, mientras que una serie de países se están recuperando con mayor rapidez; que, pese a la presión deflacionista, la Comisión prevé que la inflación aumente a partir de mediados de 2015 y a lo largo de 2016;

B.  Considerando que el nivel de inversión se ha reducido en 470 000 millones EUR desde el peor momento de la crisis, y que se estima que el déficit de inversiones es aproximadamente de entre 230 000 y 370 000 millones EUR en comparación con sus tendencias a largo plazo; que la respuesta a la crisis de la deuda soberana del euro y a la ineficacia manifiesta del marco institucional europeo ha sido significativa, pero no suficiente para dar a la economía de la zona del euro un impulso lo bastante fuerte como para volver a una senda de rápido crecimiento;

1.  Considera que la UE sigue sufriendo las consecuencias de una recesión económica excepcionalmente larga desde 2008; señala que la recuperación es aún frágil y necesita apoyo para generar un crecimiento y empleo sustancialmente mayores a medio plazo; observa, no obstante, que el crecimiento en 2014 dispone de una base más amplia; señala que el reto actual es hacer frente tanto a los problemas cíclicos a corto plazo como a los estructurales a largo plazo; hace hincapié en que las presiones a corto plazo pueden llevar a medidas transitorias que pueden socavar la capacidad de crecimiento a largo plazo; subraya la necesidad de garantizar que las políticas a corto y largo plazo se refuercen entre sí;

2.  Toma nota del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015 de la Comisión, que pretende fomentar el retorno a niveles de crecimiento más altos y consolidar la recuperación; apoya el enfoque de tres pilares principales (fomentar la inversión, acelerar las reformas estructurales y perseguir un saneamiento presupuestario que favorezca el crecimiento de carácter responsable), al considerar que es el camino correcto para la consecución de estos objetivos; considera que este enfoque debe incorporarse plenamente a las próximas recomendaciones específicas por país (REP); respalda las sugerencias de la Comisión para mejorar el Semestre Europeo optimizando los procedimientos existentes, incluido su calendario, e incrementando la participación de los Parlamentos nacionales, con el objetivo de reforzar la apropiación nacional, teniendo en cuenta que los Estados miembros solo aplicaron plenamente alrededor del 9 % de las REP en 2013; pide a la Comisión que presente rápidamente datos sólidos para la aplicación de las REP en 2014; en este contexto, hace hincapié en la necesidad de optimizar los procedimientos existentes del Semestre Europeo, incluido su calendario, y de incrementar la participación de los Parlamentos nacionales, con el objetivo de reforzar la apropiación nacional respecto de las reformas estructurales;

3.   Hace hincapié en la importancia y el valor añadido de los informes sobre la integración del mercado único de los años anteriores, que contribuyen a las prioridades generales fijadas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión y a la determinación de las recomendaciones específicas por país en el marco del Semestre Europeo; considera lamentable, por tanto, que en 2015 no se vaya a elaborar el informe sobre la integración del mercado único;

4.  Hace hincapié en el hecho de que el Semestre Europeo, introducido en 2010, está estableciendo un ciclo anual de coordinación de la política económica que implica un análisis detallado de los planes de reformas presupuestarias, macroeconómicas y estructurales de los Estados miembros;

5.  Manifiesta su preocupación por que la mayoría de los Estados miembros todavía esté perdiendo cuota de mercado a nivel mundial; considera que la economía de la UE en su conjunto necesita impulsar aún más su competitividad en la economía mundial, en particular mediante el aumento de la competencia en los mercados de productos y servicios para mejorar el rendimiento a través de la innovación; insiste en que los costes de mano de obra deben seguir adaptados a la productividad y que los salarios deben contribuir a mantener los sistemas de seguridad social; hace hincapié en que, al tener que gestionar su gasto de acuerdo con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), los Estados miembros deben reducir los gastos corrientes, en lugar de reducir los compromisos de inversión, a pesar de que las normas no tienen en cuenta el hecho de que los gastos de inversión y los gastos corrientes tienen un impacto distinto en el crecimiento; toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (COM(2015)0012), dado que clarifica el procedimiento y explica el vínculo entre las reformas estructurales, la inversión y la responsabilidad presupuestaria, haciendo el mejor uso posible de la flexibilidad que permiten estas normas; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de optimizar el Semestre Europeo; señala que deben evitarse los enfoques generalizados a la hora de preparar las REP;

Inversión

6.  Considera que la falta de inversión está causada por la escasez de confianza, las tenues expectativas de demanda, el gran endeudamiento, el retraimiento de la inversión privada, la ausencia de medidas que favorezcan la inversión pública productiva, la fragmentación en los mercados financieros, el lento proceso de desapalancamiento, las tenues expectativas de demanda agravadas por las medidas de austeridad que buscan corregir el exceso de gasto, la falta de capacidad financiera adecuada y el hecho de que, en muchos casos, los Estados miembros y la UE no toman las medidas adecuadas para hacer frente a estos factores; hace hincapié en que puede eliminarse la brecha de inversión mediante inversiones públicas específicas y unos niveles significativamente superiores de inversión en empresas privadas y en empresas europeas; pide reformas que faciliten un nuevo clima empresarial que estimule nuevos negocios, nuevas inversiones e innovaciones, con el posible rendimiento del capital invertido como factor crucial para atraer capital financiero a la economía europea; hace hincapié en que el aumento de la financiación para inversiones requiere un sistema financiero en buen funcionamiento en el que un incremento de la estabilidad y las instituciones transfronterizas existentes puedan facilitar la liquidez y la creación de mercado, especialmente para pequeñas y medianas empresas;

7.  Celebra el Plan de Inversiones para Europa, que es un instrumento importante para aumentar la inversión pública y privada; toma nota de que el propósito del Plan es generar inversión adicional, desarrollar nuevos proyectos, atraer inversores y recobrar la confianza; considera, no obstante, que es demasiado pronto para evaluar de forma significativa el verdadero impacto del Plan; observa que el fomento de la inversión no debe considerarse como una alternativa a las reformas, sino como un complemento a las mismas; insiste en que los recursos del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) deben utilizarse para gastar el dinero en proyectos con rendimiento económico o con rentables efectos sociales; destaca que el FEIE no debe sustituir meramente los proyectos con financiación nacional por proyectos europeos cofinanciados; destaca que los fondos europeos deben generar inversión adicional, y no sustituir únicamente los fondos nacionales de inversión destinados al consumo; considera que el Plan de Inversiones para Europa debe centrarse en primer lugar en proyectos con valor añadido europeo que aún no sean aptos para la financiación bancaria; subraya la importancia de los componentes normativos del Plan de Inversiones para un mejor entorno de inversión; señala que la aplicación del Plan de Inversiones de la Comisión resulta clave para que pueda ofrecer el valor añadido deseado; hace hincapié en que los proyectos de inversión deben seleccionarse cuidadosamente para garantizar que el Plan ofrezca empleo y crecimiento sostenible en Europa; recuerda que los resultados del Plan de Inversiones de la Comisión deben evaluarse rigurosamente, especialmente en lo relativo a la forma en la que se hayan seleccionado y priorizado los proyectos, también para evitar la privatización de los beneficios o la socialización de las pérdidas; hace hincapié en la interdependencia entre el apalancamiento del Plan de Inversiones y los proyectos que realmente se están llevando a cabo; destaca que el objetivo de lograr un mayor apalancamiento no debe conseguirse a costa de una buena selección de proyectos, que también debe tener en cuenta la localización geográfica de los mismos; subraya la necesidad de garantizar una gobernanza y un proceso de selección de gran calidad; observa que los Estados miembros sometidos al programa de ajuste esperan que el Plan de Inversiones mejore significativamente y facilite las subvenciones y los créditos a las pymes, que han sufrido las mayores consecuencias de la crisis;

8.  Pide a los Estados miembros que apoyen activamente el Plan de Inversiones y contribuyan al FEIE complementando las cantidades proporcionadas a través del presupuesto de la UE y por el BEI a fin de orientar y alentar al sector privado a que invierta;

9.   Hace hincapié en que debe haber un régimen especial para pymes en el marco del Plan de Inversiones con el fin de crear condiciones de competencia equitativas, puesto que las pymes suelen encontrarse en una situación de desventaja debido a su tamaño y a su posición en el mercado;

10.  Destaca que la falta de acceso a la financiación, en particular para las pymes, es uno de los principales obstáculos al crecimiento en la UE; manifiesta su preocupación por el hecho de que el crédito bancario siga siendo difícil de obtener para las pymes; cree que se necesitan alternativas a la financiación bancaria, en particular mediante la mejora del entorno empresarial para el capital riesgo, los fondos interpares y la promoción de las uniones de crédito, pero también, en un contexto más amplio, creando las condiciones para una asignación eficaz del capital a través de los mercados de capitales; considera que unos mercados de capitales más integrados y una mejor supervisión de las instituciones financieras son fundamentales para la consecución de estos objetivos a corto y medio plazo; insiste en que las pymes deben tener un acceso privilegiado al Plan de Inversiones;

11.  Reconoce que la energía constituye un importante factor de la competitividad económica; destaca la necesidad de eliminar los obstáculos que impiden la entrada al mercado único de la energía, por ejemplo, mediante el fomento de la independencia energética; pide a la Comisión que evalúe los avances logrados en este ámbito tanto a escala de la UE como nacional, apoyando las medidas para solucionar la fragmentación y las dificultades relativas a la ejecución;

12.  Sigue preocupado por la falta de progresos en materia de reducción de los excesivos niveles de deuda privada; señala que no solo se trata de un problema de estabilidad financiera, puesto que también limita el potencial de crecimiento de la UE y hace que la política monetaria del BCE sea menos eficaz; pide a la Comisión que presente más propuestas para la preparación de procedimientos eficaces para el desapalancamiento del sector privado, incluidos procedimientos de quiebra e insolvencia, al mismo tiempo que se fomenta un reparto equitativo y trasparente de la carga de los costes, puesto que la gran deuda que pesa sobre las empresas y los hogares es uno de los factores clave que limitan la inversión privada;

Reformas estructurales

13.  Observa que aún se necesitan reformas estructurales en una serie de países; observa asimismo el hecho de que los Estados miembros que han aplicado con éxito programas de ajuste o programas del sector financiero han podido regresar a los mercados de capitales, donde ahora pueden conseguir capital a bajos tipos de interés; señala que los motivos de este regreso fueron, entre otros, las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo (BCE); anima a los Estados miembros del resto de la zona del euro a que no sean menos ambiciosos a la hora de modernizar sus economías; observa que debe prestarse la debida atención al impacto social y en el empleo de las reformas; subraya que una política monetaria más flexible del BCE debe complementarse con reformas estructurales ambiciosas y socialmente sostenibles de los Estados miembros;

14.  Pide a los Estados miembros que hagan que sus mercados laborales sean más eficaces, desarrollen políticas más activas del mercado laboral orientadas a la creación de empleo bien remunerado, modernicen los sistemas de protección social, incluidos los sistemas de pensiones, salvaguardando al mismo tiempo la inclusividad, la sostenibilidad y la equidad, y mejoren y optimicen el entorno jurídico y administrativo para la inversión empresarial; pone de relieve que las reformas estructurales deben llevar a un crecimiento real y sostenible, a más empleo, a una competitividad reforzada y a una mayor convergencia, y que deben complementarse con inversiones a largo plazo y bien orientadas en educación, investigación y desarrollo, innovación, infraestructura, industria, TIC y energía sostenible y recursos humanos;

15.  Pide a los Estados miembros que salvaguarden y fomenten la inclusividad, la sostenibilidad y la equidad de la protección social, especialmente para quienes más lo necesitan, y que mejoren y optimicen el entorno jurídico y administrativo para la inversión empresarial; pone de relieve que los empleos deben ser de calidad, para contrarrestar la pobreza de los ocupados, y deben hacer frente a la brecha salarial entre hombres y mujeres; destaca que hay que complementar las reformas económicas con inversiones a largo plazo y bien orientadas en educación, investigación y desarrollo, innovación, infraestructura, TIC y energía sostenible;

16.  Hace hincapié en que la reducción de la dependencia de la UE de los recursos energéticos externos debe formar parte de su estrategia de crecimiento; reitera, por tanto, la necesidad de diversificar el suministro externo de energía, para mejorar la infraestructura energética de la UE y completar el mercado interior de la energía de la Unión, como prioridades esenciales de la estrategia de seguridad energética de la Unión Europea;

17.  Destaca que la UE no puede competir solo en los costes sino que necesita aumentar la productividad a través de una inversión sostenible en investigación y desarrollo, educación y competencias y eficiencia de los recursos a escala nacional y europea; pide a la Comisión y a los gobiernos que den prioridad a estos ámbitos en sus presupuestos; hace hincapié en que los Estados miembros deben prestar especial atención al desempleo juvenil al elaborar las reformas, con el fin de evitar privar a los jóvenes de sus oportunidades desde el comienzo; insta en este sentido a los Estados miembros a que empleen los medios financieros disponibles de forma más rápida y eficiente, también los incluidos en la Garantía Juvenil;

18.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que incorporen la ayuda financiera y el sistema ad hoc de la Troika en una estructura jurídica mejorada conforme al marco de gobernanza económica y al Derecho de la UE, de modo que se garantice la responsabilidad democrática; destaca la importancia de garantizar el seguimiento de los informes de la Troika aprobados por el Parlamento en marzo de 2014; pide a la Comisión que aplique las conclusiones de estos informes; señala que la ayuda financiera de la UE a determinados Estados miembros, en una combinación de solidaridad y condicionalidad, es más satisfactoria cuando existe una fuerte apropiación y un fuerte compromiso nacionales respecto de las reformas; recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que deben llevar a cabo una evaluación de impacto exhaustiva de los programas de ayuda financiera;

19.  Pide que la Comisión tome medidas urgentes para combatir el fraude fiscal y la evasión fiscal; pide un sistema tributario sencillo y transparente; pide a los Estados miembros que lleguen a un acuerdo sobre la propuesta de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades como instrumento importante en esa lucha, y considera que su Posición, de 19 de abril de 2012, sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)(11) debe servir de base para un compromiso razonable; pide de nuevo a los Estados miembros que los impuestos no repercutan en el trabajo; observa que las medidas para combatir el fraude fiscal y la evasión fiscal no deben socavar las prerrogativas de los Estados miembros; acoge favorablemente, sin embargo, la cooperación eficaz en materia de regímenes fiscales a nivel europeo;

20.  Destaca la necesidad de reformas en los sistemas educativos, para permitir que las generaciones futuras se preparen para las necesidades de los mercados laborales que registren crecimiento en el futuro;

21.  Cree que los Estados miembros y la Comisión aún no han cumplido su compromiso de completar un mercado único, en especial el mercado único para los servicios y la economía digital;

22.  Reitera su petición a la Comisión para que mejore la gobernanza del mercado único; insta a la Comisión a que alinee los objetivos del mercado único con los del Semestre Europeo y garantice la coherencia entre el mecanismo de vigilancia del mercado único y el del Semestre Europeo; cree que una herramienta analítica diferenciada, compuesta de indicadores que midan la implantación del mercado único, puede proporcionar una orientación útil en relación con las recomendaciones específicas por país y el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento; hace hincapié en la importancia y el valor añadido de los informes sobre la integración del mercado único de los años anteriores, que contribuyen a las prioridades generales fijadas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión y a la determinación de las recomendaciones específicas por país en el marco del Semestre Europeo; considera lamentable, por tanto, que en 2015 no se vaya a elaborar el informe sobre la integración del mercado único; pide a la Comisión que utilice plenamente todas las medidas existentes previstas por la legislación de la UE para hacer que se aplique el Semestre Europeo;

23.  Manifiesta su preocupación por las tendencias proteccionistas de determinados Estados miembros; señala que el Tratado no prevé la restricción a la libre circulación de personas, servicios o capitales, y recuerda que la Comisión debe salvaguardar y reforzar dichas libertades;

24.  Subraya que la falta de un mercado interior de trabajo que funcione bien y de un enfoque equilibrado con respecto a la inmigración dificulta el crecimiento en la UE; manifiesta su preocupación por las tendencias proteccionistas de determinados Estados miembros; señala que el Tratado no prevé la restricción a la libre circulación de personas, bienes, servicios o capitales, y recuerda que la Comisión debe salvaguardar y reforzar tales libertades;

25.  Reitera la importancia de garantizar la movilidad laboral (tanto a nivel transfronterizo como intersectorial), una mayor productividad laboral (en relación con la formación de competencias profesionales a fin de mejorar la capacidad de inserción laboral), la calidad del empleo y la flexibilidad del mercado laboral, y conservar, al mismo tiempo, el nivel necesario de seguridad en el trabajo, limitando el recurso al trabajo precario y asegurando un adecuado ámbito de aplicación para la negociación colectiva; subraya que en el futuro será sumamente importante ajustar mejor el suministro y la demanda de competencias, así como los empleos y la orientación profesional; considera que una mayor movilidad puede ayudar a reducir los elevados niveles de vacantes laborales sin ocupar que siguen existiendo, además del elevado nivel de desempleo; hace hincapié en la importancia de invertir en la empleabilidad de trabajadoras y jóvenes, especialmente en el contexto de las tecnologías emergentes y de nuevos sectores, habida cuenta de que estos sectores tienen potencial de creación de empleo;

26.  Celebra las medidas destinadas a que el proceso del Semestre Europeo sea más efectivo y democrático; reconoce que la trayectoria de aplicación es mejor en el ámbito de las finanzas públicas, donde las herramientas de supervisión son más potentes; pide una integración equilibrada de los indicadores socioeconómicos y de empleo;

Responsabilidad presupuestaria

27.  Celebra que haya descendido notablemente el número de países dentro del marco del procedimiento de déficit excesivo: de 24 en 2011 a 11 en 2014; observa que, debido al saneamiento presupuestario, se espera que la posición presupuestaria de la UE se mantenga claramente neutral en 2015; pide a la Comisión que evalúe si la posición presupuestaria de la UE es compatible con la necesidad de incrementar la inversión; manifiesta, no obstante, su preocupación por las crecientes desigualdades, la reducción del poder adquisitivo y los elevados niveles de desempleo de larga duración y juvenil, y por que el nivel de endeudamiento público y privado siga siendo muy elevado en determinados Estados miembros de la zona del euro, circunstancia que no solo obstaculiza el crecimiento, sino que también constituye un riesgo sustancial en caso de posibles perturbaciones futuras; pide a la Comisión que adopte una interpretación prudente y conservadora de los indicadores de crecimiento y que revise la calidad de las previsiones económicas, puesto que las previsiones anteriores de la Comisión se han revisado a la baja con mucha frecuencia;

28.  Se muestra de acuerdo con la Comisión en que la mayoría de Estados miembros necesitan continuar buscando un saneamiento presupuestario favorable al crecimiento; invita a los Estados miembros que cuenten con un margen presupuestario suficiente, a que estudien la posibilidad de reducir los impuestos y las contribuciones a la seguridad social para estimular la inversión privada y la creación de empleo; pide a la Comisión que presente recomendaciones concretas para los Estados miembros, incluidos aquellos que siguen estando sujetos a programas de ajuste económico, con el fin de que apoyen el crecimiento económico con reformas estructurales sostenibles y socialmente equilibradas que lleven a una creación de empleo de calidad, a una competitividad reforzada y a una mayor convergencia;

29.  Toma nota de la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios de los Estados miembros por parte de la Comisión; pone de relieve que la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios debe aspirar a lograr unas finanzas sostenibles; insiste en la importancia de aplicar la normativa presupuestaria y en el respeto del principio de igualdad de trato;

30.  Señala que, según se ha determinado, solo cinco Estados miembros cumplen plenamente las disposiciones del PEC; insiste en que el PEC se elaboró por consenso entre los Estados miembros; destaca que gran parte del gasto dedicado a la reparación de la deuda pública reduce los recursos que pueden dedicarse a servicios públicos e inversiones; acepta, por consiguiente, que la reducción del déficit sigue siendo necesaria en países sumamente endeudados, si bien considera que este saneamiento presupuestario debe realizarse de una forma que proteja a los usuarios vulnerables de los servicios públicos y la inversión pública y aumente los ingresos equitativamente mediante un mayor crecimiento;

Coordinación reforzada de las políticas nacionales

31.  Celebra el Informe del Mecanismo de Alerta; acoge con satisfacción la reducción gradual de los desequilibrios internos en los Estados miembros; llama la atención sobre los desequilibrios externos de varios Estados miembros, incluidos los grandes excedentes comerciales; observa la pérdida de cuotas en el mercado global de la UE en su conjunto;

32.  Señala que el objetivo del procedimiento de desajuste macroeconómico no solo es evitar los fuertes efectos negativos sobre el crecimiento y el empleo dentro de un país, sino también impedir que los efectos de las políticas nacionales mal planteadas afecten a otros Estados miembros de la zona del euro; señala que el Consejo Europeo anunció en diciembre de 2014, mediante el informe de los cuatro presidentes, que en 2015 haría avanzar el debate sobre una cooperación más cercana de las políticas económicas de la UEM;

33.  Reitera su opinión de que el marco de gobernanza económica actual no prevé una rendición de cuentas democrática suficiente para la aplicación de sus normas, así como para las instituciones y los organismos implicados; pide a la Comisión que realice las propuestas necesarias para hacer frente a la falta de una rendición de cuentas democrática apropiada en la gobernanza económica de la UE;

34.  Toma nota de que debe prestarse atención a los efectos de la considerable caída de los precios del petróleo y a si esta inesperada situación ventajosa debe repercutirse íntegramente a los consumidores de combustibles fósiles o compartirse, aumentando los gobiernos los impuestos sobre los combustibles fósiles con el fin de reducir sus déficits, financiar las inversiones, evitar socavar las políticas relativas al cambio climático y atenuar los efectos deflacionistas;

Presupuesto de la UE

35.  Destaca que la elaboración de los presupuestos nacionales y del presupuesto de la UE debe regirse por el principio de veracidad de las cuentas públicas, a fin de garantizar la convergencia y la estabilidad en la UE; está convencido de que esta veracidad es uno de los elementos de respuesta a la crisis de confianza entre los Estados miembros y entre estos mismos Estados miembros y los ciudadanos de la Unión Europea, y opina que la confianza ha disminuido desde que golpeó recientemente la crisis financiera;

36.  Pide, por consiguiente, una armonización de las hipótesis económicas utilizadas en la elaboración de los presupuestos nacionales; opina, en particular, que deberían evaluarse conjuntamente los elementos que conforman la coyuntura económica internacional;

37.  Pide una mayor uniformización en la presentación de las cuentas públicas en aras de la comparabilidad y la prevención de desequilibrios macroeconómicos excesivos; pide, en particular, que se normalice la manera en que los Estados miembros contabilizan sus contribuciones al presupuesto de la UE;

38.  Pide a la Comisión que solvente cualquier posible déficit democrático que se produzca durante el semestre en el marco de su paquete de medidas de profundización de la unión económica y monetaria anunciado para 2015;

39.  Considera crucial que el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales colaboren más estrechamente en el contexto del Semestre Europeo de gobernanza económica y presupuestaria; se compromete a profundizar en sus relaciones con los Parlamentos nacionales en un espíritu constructivo de asociación;

40.  Lamenta que el importe de las facturas impagadas en el presupuesto de la UE vaya en detrimento de la credibilidad de la UE y contradiga los objetivos que se han fijado al más alto nivel político en materia de crecimiento y empleo, en particular de los jóvenes, y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y teme que con ello se agrande la brecha entre la Unión y sus ciudadanos;

41.  Pide que en la revisión postelectoral del marco financiero plurianual (MFP) se analice y, en consecuencia, se incremente el valor añadido de la financiación de la UE para los objetivos en materia de competitividad, crecimiento, empleo y transición energética fijados por la Unión; pide a la Comisión que adopte una metodología más clara para mejorar la trazabilidad de los fondos y el gasto de la UE relacionados con los objetivos de Europa 2020, a fin de mejorar a su vez las evaluaciones de impacto;

42.  Pide además a la Comisión que informe sobre el impacto negativo que los pagos retrasados podrían tener en los compromisos asumidos por los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo;

43.  Observa que en numerosos Estados miembros no se ha alcanzado por el momento un mayor nivel de eficacia en la administración pública, incluso si las mejoras en ese ámbito permitirían realizar ahorros mediante la racionalización de la organización y la reducción de la burocracia para las empresas y los ciudadanos;

44.  Celebra que la Comisión, en su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015, haya subrayado la importancia económica de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (incluida la Iniciativa sobre Empleo Juvenil); recuerda que esos fondos representan por término medio el 10 % de la inversión pública total en la UE, si bien la situación varía según los países y, en algunos Estados miembros, pueden llegar a representar hasta el 80 % de la inversión pública; subraya que los Fondos Estructurales y de Inversión son un buen ejemplo de la sinergia existente entre el presupuesto europeo y los presupuestos nacionales, sobre la base de los objetivos acordados en común y consagrados en los acuerdos de colaboración sobre crecimiento e inversión, en consonancia con la Estrategia Europa 2020; apoya todos los esfuerzos en favor de una puesta en común inteligente de los recursos presupuestarios europeos y nacionales con objeto de incrementar la eficacia, mejorar la simulación económica y reducir los déficits nacionales gracias al efecto positivo generado al compartir recursos;

45.  Pone de relieve la apremiante necesidad de afrontar efectivamente el fraude fiscal que podría estar privando al presupuesto de la UE de cuantiosos recursos;

46.  Pide a la Comisión que presente un análisis del posible impacto de la redistribución de los fondos de los programas de la UE, como el Mecanismo «Conectar Europa» y Horizonte 2020;

47.  Pide a los Estados miembros que contribuyan al Plan de Inversiones, con el que se pretende maximizar el impacto del gasto público y atraer inversiones privadas;

o
o   o

48.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros, a los Parlamentos nacionales y al Banco Central Europeo.

(1) DO L 306 de 23.11.2011, p. 12.
(2) DO L 306 de 23.11.2011, p. 41.
(3) DO L 306 de 23.11.2011, p. 8.
(4) DO L 306 de 23.11.2011, p. 33.
(5) DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
(6) DO L 306 de 23.11.2011, p. 1.
(7) DO L 140 de 27.5.2013, p. 11.
(8) DO L 140 de 27.5.2013, p. 1.
(9) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0129.
(10) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0036.
(11) DO C 258E de 7.9.2013, p. 134.


Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015 (2014/2222(INI))
P8_TA(2015)0068A8-0043/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos los artículos 145, 148 y 152 y el artículo 153, apartado 5, del TFUE,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y en particular su capítulo IV (Solidaridad),

–  Visto el artículo 349 del TFUE relativo a las medidas específicas para las regiones ultraperiféricas,

–  Vista la Carta Social Europea revisada, y en particular su artículo 30, relativo a la protección contra la pobreza y la exclusión social,

–  Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2014, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: empleo y aspectos sociales(1),

–  Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2014, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2014(2),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2014, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015» (COM(2014)0902) y el proyecto de Informe conjunto sobre el empleo anejo a la misma,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, titulada «Un Plan de Inversiones para Europa» (COM(2014)0903),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de enero de 2015, sobre una mejor utilización de la flexibilidad que ofrecen las normas existentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (COM(2015)0012),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, titulada «Reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria» (COM(2013)0690),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre el empleo y los aspectos sociales de la Estrategia Europa 2020(3),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de abril de 2012, titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» (COM(2012)0173),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2010, titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758), y la Resolución del Parlamento de 15 de noviembre de 2011 al respecto(4),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa de Oportunidades para la Juventud» (COM(2011)0933),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020» (COM(2013)0083),

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2014, sobre el empleo y los aspectos laborales y sociales del papel y las actividades de la Troika (BCE, Comisión y FMI) en relación con los países de la zona del euro sujetos a un programa(5),

–  Vista su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre la vivienda social en la Unión Europea(6),

–  Vista su Resolución, de 15 de abril de 2014, sobre cómo puede contribuir la Unión Europea a generar un entorno favorable para que las empresas, incluidas las emergentes, creen empleo(7),

–  Vista su Resolución, de 17 de julio de 2014, sobre el empleo juvenil(8),

–  Visto el Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 5 de diciembre de 2014,

–  Visto el documento de trabajo sobre tendencias en materia de desigualdad salarial y su repercusión en el crecimiento económico («Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth»), de 9 de diciembre de 2014,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de julio de 2014, titulada «Iniciativa de Empleo Verde: aprovechar el pleno potencial de crecimiento y empleo de la economía verde» (COM(2014)0446),

–  Vistas sus Resoluciones de 14 de septiembre de 2011(9) y de 16 de enero de 2014(10) sobre una estrategia de la UE para las personas sin hogar,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0043/2015),

A.  Considerando que Europa debe comprometerse con el modelo de la economía social de mercado, que garantiza un crecimiento sostenible, con el fin de ofrecer a la próxima generación puestos de trabajo, en lugar de deudas;

B.  Considerando que el contexto económico y social en la Unión Europea sigue siendo poco halagüeño y que, según las Previsiones económicas de otoño de 2014, la recuperación económica sigue siendo frágil; que, pese a las tasas de crecimiento negativas en la zona del euro para los dos últimos años, se espera que la zona del euro registre un crecimiento del 0,8 % en 2014 y del 1,1 % en 2015; que solo unos pocos Estados miembros tienen unas previsiones mejores, y que la Comisión ha revisado sistemáticamente a la baja sus propias previsiones durante los últimos años; que, pese a que el déficit global previsto en la UE-28 se ha reducido al 3 % en 2014, sigue siendo alto en algunos Estados miembros, lo que demuestra la necesidad de un mayor saneamiento presupuestario que sea compatible con el crecimiento y un empleo mejor y sostenible, ya que la recuperación no es sólida ni está bien asentada;

C.  Considerando que la vía rápida de saneamiento presupuestario adoptada durante la crisis económica ha impedido a los Estados miembros alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, lo que demuestra que las políticas presupuestarias deberían ser diferentes y adaptarse a la situación específica de cada Estado miembro; que el acusado descenso de los precios del petróleo puede suponer un impulso adicional para la economía de muchos Estados miembros de la UE, sobre todo si se refleja rápidamente en una reducción de los precios de la energía para las familias y las empresas;

D.  Considerando que la UE necesita seguir mejorando sus políticas económicas y sociales para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 lo antes posible, superando al mismo tiempo los riesgos de estancamiento secular y deflación, y que para que ello suceda es necesario proseguir con los esfuerzos destinados a promover la inversión y las reformas estructurales que aumentan la competitividad económica de una manera socialmente responsable; que es necesaria una transformación ecológica para asegurar el cambio hacia una economía eficiente en el uso de los recursos y garantizar el desarrollo sostenible; que la posición de la UE está perdiendo peso de manera preocupante en la economía mundial como consecuencia de la crisis, la pérdida de su base industrial y la falta de confianza de inversores y empresarios, mientras que otros países muestran signos de recuperación sólidos; que, en octubre de 2014, el FMI estimó que la probabilidad de una recesión en la zona del euro había aumentado y podría alcanzar el 35-40 % a final de año;

E.  Considerando que los Estados miembros desempeñan un papel preponderante en la elaboración de las políticas de empleo, incluidas las políticas de empleo juvenil, y que estas medidas se aplican mejor a nivel nacional;

F.  Considerando que la UE debe abordar el rápido envejecimiento de su población lo antes posible;

G.  Considerando que, pese a algunas mejoras (por primera vez desde 2011 se ha producido un pequeño aumento de los contratos a tiempo completo), la tasa de desempleo se mantiene en niveles históricamente elevados, con cerca de 25 millones de personas sin trabajo en la UE; que el elevado nivel del desempleo de larga duración es preocupante, y que 12 millones de personas están en paro desde hace más de un año (un 4 % más que el año anterior); que las tasas de desempleo juvenil no se han reducido de forma significativa (solo se han reducido un 1,9 % con respecto a 2013) y el promedio de la UE es del 21,2 %; que el 75 % de los desempleados de larga duración de la UE tienen menos de 35 años; que la situación del mercado laboral es particularmente grave para los jóvenes, salvo en algunos Estados miembros, con independencia de su nivel de educación;

H.  Considerando que el Fondo Social Europeo, la Garantía Juvenil y la Iniciativa sobre Empleo Juvenil deben utilizarse de forma correcta y en su totalidad para financiar proyectos sostenibles, con el fin de luchar contra el desempleo y, en concreto, el desempleo juvenil;

I.  Considerando que la proporción de jóvenes que no tienen estudios, trabajo ni formación ha seguido siendo elevada, y que los jóvenes romaníes están sobrerrepresentados en este grupo;

J.  Considerando que varios factores –entre ellos la incapacidad para crear un entorno positivo para impulsar la inversión y el crecimiento, la reducción de los ingresos de los mercados y el debilitamiento del impacto de las transferencias sociales en el tiempo(11), así como los esfuerzos llevados a cabo por algunos Estados miembros para restablecer su balanza económica reduciendo el gasto en protección social– han dado lugar a importantes reducciones de la renta doméstica bruta disponible, contribuyendo a aumentar el número de familias europeas en riesgo de exclusión, y han aumentado las desigualdades de manera alarmante, incluidas las desigualdades de género; que uno de cada cuatro europeos está expuesto al riesgo de pobreza; que el subempleo y la precariedad han alcanzado su punto más alto y que, para el 50 % de todos los solicitantes de empleo, la garantía del empleo no basta para sacarlos de la pobreza;

K.  Considerando que las cifras de 2013, las últimas disponibles, reflejan un máximo histórico de desempleo de larga duración del 5,1 % de la población activa de la UE-28; que el desempleo de larga duración no solo tiene consecuencias cruciales para las personas durante toda su vida, sino que además puede transformarse en desempleo estructural en la UE;

L.  Considerando que el 25,1 % de la población de la UE se encuentra actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social; que la tasa media de crecimiento de la pobreza infantil es superior a la tasa media de crecimiento de la pobreza en general, y que uno de cada tres niños vive por debajo del umbral de la pobreza en algunos Estados miembros;

M.  Considerando que los trabajadores de más edad constituyen el grupo con mayores probabilidades de ser desempleados de larga duración; que solo la mitad de los trabajadores de entre 55 y 65 años estaban trabajando en 2012; que las personas de edad avanzada se ven más afectadas por las reducciones del gasto público en servicios sociales, servicios sanitarios y prestaciones sociales; que algunas categorías de personas de edad avanzada, como las personas mayores de 80 años, las mujeres de edad avanzada, los migrantes de edad avanzada y los miembros de edad avanzada de las minorías étnicas, corren un riesgo especial de caer en la pobreza;

N.  Considerando que, para superar la crisis, algunos Estados miembros han recortado drásticamente el gasto público en el mismo momento en que crecía la demanda de protección social como consecuencia del aumento del desempleo; que las asignaciones presupuestarias nacionales destinadas a la cobertura de la seguridad social se han reducido nuevamente debido a que las cotizaciones han caído a raíz de los recortes salariales y laborales a gran escala, poniendo así en serio peligro el modelo social europeo; que las reformas introducidas no responden a las necesidades y expectativas de los ciudadanos en el terreno social y del empleo;

O.  Considerando que la reducción de la pobreza no solo es uno de los principales objetivos de la estrategia Europa 2020 sino también una responsabilidad social de los Estados miembros y que un empleo digno y sostenible es la mejor vía de salida de la pobreza; que por consiguiente los esfuerzos deben centrarse en facilitar el acceso al empleo, en particular para las personas más alejadas del mercado laboral; que el mercado laboral sigue estando marcado por desigualdades considerables en las condiciones de empleo, y que las mujeres corren mayor riesgo que los hombres de vivir en la pobreza o la exclusión social pasados los 55 años;

P.  Considerando que los desequilibrios socioeconómicos se han agudizado aún más entre los Estados miembros, mientras que el efecto es el contrario por lo que se refiere al objetivo de convergencia regional; que la brecha en materia de desempleo entre el centro y la periferia ha aumentado del 3,5 % en 2000 al 10 % en 2013; que esta divergencia aumenta el riesgo de fragmentación y amenaza la estabilidad económica y la cohesión social de la UE; que el sexto informe sobre la cohesión destaca el papel que desempeñan los fondos estructurales en la superación de la desigualdad, especialmente durante la crisis;

Q.  Considerando que el artículo 174 del TFUE establece que «a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña»;

R.  Considerando que las regiones que sufren desventajas naturales o demográficas graves o permanentes por lo general presentan tasas de desempleo más altas, menor crecimiento económico y una falta de inversión significativa destinada a mejorar su potencial;

S.  Considerando que el Parlamento ha advertido durante los dos últimos años de los riesgos sociales de la deflación en un contexto de bajo crecimiento, elevado desempleo y presiones a la baja de los salarios; que el Banco Central Europeo (BCE) prevé una baja tasa de inflación a largo plazo, y ha advertido de las consecuencias de esta situación en la demanda interna, el crecimiento y el empleo; que la deflación se ha convertido en una realidad desde agosto de 2014 en ocho Estados miembros (seis de los cuales pertenecen a la zona del euro); que la demanda y la creación de empleo en la UE está muy restringida por la actual debilidad de la oferta de crédito a las pymes y la necesidad de reducir la excesiva deuda pública y privada, en especial con respecto a los préstamos hipotecarios; que la caída de las tasas de inflación aumenta considerablemente estas dificultades al elevar los tipos de interés reales y la verdadera carga de la deuda, y podría dar lugar a un círculo vicioso de depresión económica; que el BCE reaccionó a todos estos aspectos el 22 de enero de 2015 aplicando un programa ampliado de compra de activos con compras mensuales de activos por valor de 60 000 millones EUR que está previsto que continúe hasta septiembre de 2016 como mínimo;

T.  Considerando que puede utilizarse una política monetaria expansiva para fomentar las exportaciones como forma de mejorar la economía de la UE a corto plazo;

U.  Considerando que pueden utilizarse bajos tipos de interés para impulsar las inversiones en la UE;

V.  Considerando que el ritmo del saneamiento presupuestario ha aumentado, y que se han introducido nuevos objetivos principales — centrados más en los déficits estructurales que en los cíclicos; que, a pesar de ello, la dimensión de los multiplicadores presupuestarios en el contexto actual sigue siendo muy elevada; que es necesario conseguir el objetivo a medio plazo y el objetivo de deuda de crear un entorno que favorezca el crecimiento económico y la creación de empleo; que es necesario evaluar sistemáticamente el impacto social, medioambiental y de género de estas medidas;

W.  Considerando que la inversión pública y privada en la UE se ha reducido de manera alarmante, pasando actualmente a situarse cerca de un 20 % por debajo de los niveles anteriores y de los de sus principales interlocutores económicos de todo el mundo; que la inversión en un empleo mejor y sostenible, en capital humano, en investigación e innovación (incluyendo proyectos a pequeña escala) y en una unión energética eficiente en el uso de los recursos, el mercado único digital, el fomento del espíritu emprendedor y un mejor entorno empresarial para las pymes deben ser medidas prioritarias tanto para la Comisión como para los Estados miembros, ya que las inversiones en estos ámbitos son fundamentales no solo para garantizar la recuperación, sino también para incrementar el potencial económico de la UE para crecer y crear prosperidad;

X.  Considerando que la insuficiente participación de los parlamentos nacionales, del Parlamento Europeo, de las autoridades locales y regionales, de las organizaciones de la sociedad civil y de los interlocutores sociales en el proceso del Semestre Europeo en nivel nacional y de la UE ha limitado la apropiación de las reformas por parte de los Estados miembros y el desarrollo de soluciones inclusivas, sociales y sostenibles y ha reducido la confianza de los ciudadanos en el proyecto de la UE;

Y.  Considerando que la fijación de los salarios es competencia de los Estados miembros;

Políticas económicas ambiciosas para el crecimiento, la creación de empleo de calidad y la lucha contra la deflación

1.  Acoge favorablemente el enfoque integrado de crecimiento de la Comisión, que se basa en tres pilares principales: un Plan de Inversiones para Europa, reformas estructurales y responsabilidad fiscal; pide una política económica y fiscal expansiva ambiciosa, dentro de las normas existentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), para impulsar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y crear empleo mejor y sostenibles; señala que la solidaridad es el valor fundamental en el que se basa la Unión Europea; Pide a la Comisión que apoye los esfuerzos de los Estados miembros formulando recomendaciones concretas que sean de ayuda tanto a ellos como al conjunto de la UE, de manera que puedan abordar no solo la consolidación fiscal sino también las reformas estructurales de manera socialmente equilibrada y económicamente eficiente y sostenible; subraya que la baja inflación ya está aumentando los tipos de interés reales, así como la deuda pública y privada real, que, junto con la elevada tasa de desempleo juvenil y de larga duración, reduce el crecimiento y aumenta la pobreza;

2.  Es consciente de la vinculación entre responsabilidad fiscal y la necesidad de impulsar la inversión y las reformas estructurales en los Estados miembros, en el contexto del PEC; celebra, en este sentido, la Comunicación de la Comisión titulada «Una mejor utilización de la flexibilidad que ofrecen las normas existentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento»; pide a los socios que, cuando un Estado miembro deba afrontar excesivos desequilibrios macroeconómicos, apliquen las reformas sirviéndose de la flexibilidad ya integrada en las normas y acuerdos, garantizando de este modo la compatibilidad de la responsabilidad fiscal con el crecimiento económico, la creación de empleo y el Estado del bienestar;

3.  Destaca la necesidad de reformas estructurales en los Estados miembros; observa que si bien algunos de los Estados miembros que han aplicado reformas han tenido éxito en la recuperación de competitividad en el mercado global, dichas reformas deberían ser compatibles tanto con un crecimiento inteligente, sostenible e integrador como con la creación de puestos de trabajo dignos; pide que, en aras de la consecución de estos objetivos, se amplíe el alcance de las reformas para que cubran también ámbitos como el Mercado Único Digital, la Unión Energética o la fiscalidad; considera que las reformas promovidas en el mercado laboral deben también introducir la flexibilidad y la seguridad necesarias para poner fin a la segmentación y garantizar unos salarios dignos;

4.  Acoge con satisfacción que la nueva combinación de políticas añada la inversión a las anteriores prioridades de saneamiento presupuestario y reformas estructurales; considera, no obstante, que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento debería prestar mayor atención a la demanda agregada y su relación con los incrementos salariales y las desigualdades sociales; subraya que la principal prioridad con respecto a la reducción de los macrodesequilibrios no debería ser el aumento del superávit de la balanza por cuenta corriente, sino el aumento de las tasas de crecimiento, inversión y empleo y la reducción de la tasa de pobreza;

5.  Manifiesta su preocupación por que las inversiones en la UE se han reducido significativamente en los últimos años y se encuentran ahora cerca de un 20 % por debajo del nivel anterior a la crisis; advierte que la disminución ha sido aún mayor en los Estados miembros de la periferia en los que el saneamiento presupuestario ha sido más agudo; destaca una vez más el potencial de empleo de la economía ecológica, que según estimaciones de la Comisión podría crear 5 millones de empleos hasta el año 2020 sólo en los sectores de eficiencia energética y energías renovables, siempre que se pongan en práctica políticas energéticas y climáticas ambiciosas; pide a los Estados miembros que garanticen niveles suficientes de inversión en estos sectores y que prevean las futuras competencias de los trabajadores;

6.  Acoge con satisfacción el hecho de que uno de los tres pilares de la estrategia de la Comisión para 2015 es la inversión, y pide que el plan se lleve a la práctica sin demora; toma nota de que las contribuciones de los Estados miembros al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) no se contabilizarán al definir el ajuste presupuestario en el marco del componente preventivo o corrector del PEC;

7.  Considera que los tres pilares principales de la estrategia de la Comisión para 2015 deben aplicarse conjuntamente para impulsar las inversiones de manera responsable en los ámbitos con un efecto real en el crecimiento y la creación de empleo, como la economía digital, los sectores ecológicos y la atención sanitaria;

8.  Toma nota del hecho de que el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) se basará en recursos existentes de la UE y no aumentará el dinero público «fresco», además de un importe adicional de 5 000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI); subraya los riesgos de un fondo insuficiente basado en hipótesis excesivamente optimistas acerca de la probabilidad de atraer la mayor parte de la financiación necesaria de los inversores privados; pide al BEI que estudie la posibilidad de cambiar su orientación de modelo de banca comercial hacia un modelo de evaluación de riesgos de proyecto basada en unos criterios definidos y en la transparencia; pide a la Comisión que reflexione sobre la manera de utilizar el presupuesto de la UE y otros recursos nuevos para garantizar que el FEIE no dejará de cumplir;

9.  Pide a la Comisión y al BEI que evalúen los efectos de la crisis económica sobre el sistema bancario y para los receptores finales de la financiación del BEI, prestando especial atención a las pymes, al sector de la economía social y a las empresas públicas;

10.  Hace hincapié en el hecho de que el FEIE debe centrarse en la creación de nuevas inversiones en aquellos ámbitos en los que el interés de los inversores es limitado y no en la sustitución de inversiones que se deberían haber producido en otro lugar (efecto de exclusión o «crowding out»), o en dar prioridad a inversiones de elevada rentabilidad que se habrían producido en cualquier caso (efecto de «peso muerto»); pide también a la Comisión que incluya y fomente inversiones sociales que no solo generan rentabilidad financiera, sino que promueven repercusiones sociales positivas, tales como inversiones en capital humano, inversiones con alto impacto en la creación de empleo mejor y sostenible o la inclusión social y la reducción de la pobreza, como los sistemas de protección social y los servicios sociales, o inversiones en la economía social; reitera su llamamiento en favor de la aplicación del Paquete de Inversión Social;

11.  Pide a la Comisión que asegure las inversiones en regiones económicamente más débiles que sufren una alta tasa de desempleo, y en las pymes en dichas regiones, habida cuenta de su muy limitado acceso a la financiación, a fin de garantizar que estos esfuerzos tengan un impacto significativo donde son más necesarios, y que la selección se realice teniendo debidamente en cuenta las características económicas de las inversiones; comparte el punto de vista de la opinión de la Comisión en cuanto a la necesidad de mano de obra cualificada en sectores pujantes como la economía digital, los sectores ecológicos y la atención sanitaria;

12.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen mecanismos específicos reforzados para aplicar programas de inversión en las regiones ultraperiféricas, cuya lejanía, fragmentación geográfica, frágil economía y limitaciones naturales crean mayores desigualdades en el acceso a las oportunidades de empleo, los bienes y los servicios;

13.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta a las regiones que sufren desventajas naturales o demográficas graves o permanentes al programar el Plan Europeo de Inversiones, en particular en lo relativo al acceso a la banda ancha;

14.  Pide a la Comisión que reexamine en profundidad y mejore la Iniciativa de Obligaciones para la Financiación de Proyectos UE-BEI, que se puso en marcha en 2012 como proyecto piloto para resumir el Plan Europeo de Inversiones, con el fin de darle un papel más importante en el fomento del empleo; pide también, en este contexto, un reexamen detallado de los bonos de impacto social incluidos en el Paquete de Inversión Social;

Política responsable reorientada a la inversión, la creación de empleo de calidad y el crecimiento

15.  Toma nota de que el Plan Europeo de Inversiones es un complemento necesario de los esfuerzos para impulsar el crecimiento económico sostenible y la creación de empleo, que deben respaldarse con recursos públicos y privados para tener éxito; acoge con satisfacción el hecho de que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015 reitere su llamamiento para que se redoblen los esfuerzos de los países con margen de maniobra presupuestario como un medio para fomentar la demanda europea y la inversión;

16.  Acoge con satisfacción la ampliación del ritmo de saneamiento presupuestario y la introducción de nuevos objetivos principales — centrándose más en los déficits estructurales que en coyunturales — que deberían tener un efecto positivo en el empleo y en el crecimiento sostenible; observa, no obstante, que la dimensión de los multiplicadores presupuestarios en el contexto actual sigue siendo, sin embargo, muy grande y que esto tendrá un impacto negativo en el crecimiento económico y la creación de empleo, así como en la sostenibilidad de los sistemas de protección social; pide a la Comisión que facilite el uso de la máxima flexibilidad en el marco de las normas existentes del PEC;

17.  Insta a la creación de un marco europeo para garantizar que todas las inversiones previstas en el marco del Plan Europeo de Inversiones tengan un impacto significativo en términos de fomento del crecimiento sostenible, la creación de empleo de calidad y el fomento del progreso social; pide a la Comisión Europea que supervise y controle las inversiones en el marco del citado Plan y que audite y mida el impacto económico y social de las inversiones en términos reales; pide a la Comisión que incluya a especialistas en políticas sociales en el comité de expertos del nuevo Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas que aprobará los proyectos que recibirán financiación, y que vele por que el impacto social positivo sea uno de los principales criterios en esta selección;

18.  Hace hincapié en la importancia de la flexibilidad que puede utilizarse dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento existente para asegurar un margen de maniobra para las inversiones sociales, es decir, las inversiones sociales en personas, que les doten de las cualificaciones y las condiciones de apoyo necesarias para participar de forma productiva y satisfactoria en la economía y la sociedad durante toda su vida; destaca, en este contexto, el posible papel de la economía social en la creación de empleos sostenibles, integradores y de calidad;

Restablecimiento de la financiación de las pymes para impulsar la inversión y la creación de empleo

19.  Subraya que, si bien las pymes constituyen la columna vertebral de la creación de empleo en la UE, siguen enfrentándose a importantes dificultades a la hora de acceder a la financiación, y que están sometidas a un endeudamiento excesivo preocupante; acoge con satisfacción, por consiguiente, las nuevas recomendaciones de la Comisión sobre el acceso de las pymes a la financiación, que implican un nuevo enfoque respecto de la insolvencia y el fracaso empresarial; pide más esfuerzos por parte de los Estados miembros para mejorar los planes de reestructuración de la deuda como un medio para lograr este fin; pide a la Comisión que promueva, cuando proceda, la aplicación a nivel nacional de los principios establecidos en su recomendación de 12 de marzo de 2014 a través de recomendaciones específicas por país; destaca que los proyectos empresariales y las pymes dirigidas por mujeres afrontan más dificultades para obtener acceso a la financiación; pide a la Comisión que analice las causas de esta situación y proponga medidas para subsanarla;

20.  Hace hincapié en la importancia de crear una cultura de emprendimiento en Europa reduciendo los obstáculos al empleo por cuenta propia y la fundación de empresas; señala que esto puede apoyarse mediante una combinación inteligente de apoyo financiero como el eje de microfinanciación y emprendimiento social del programa EaSI o soluciones de ventanilla única en la administración pública para registrar nuevas empresas;

21.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que, en algunos casos, la fragmentación financiera en la zona del euro está poniendo en peligro la sostenibilidad y el crecimiento de las pymes; pide que se restablezca la capacidad de préstamo de la economía, permitiendo así a las pymes invertir y crear puestos de trabajo, y que se facilite el acceso a iniciativas de emprendimiento y el acceso de las pymes a programas como COSME u Horizonte 2020;

22.  Pide a los Estados miembros que eliminen las cargas administrativas y la burocracia innecesarias para los trabajadores por cuenta propia y para las microempresas y las pymes, y que faciliten las condiciones para las empresas de nueva creación;

23.  Acoge con satisfacción el plan conjunto de préstamos a las pymes de la Comisión y el BEI para utilizar los Fondos Estructurales a fin de racionalizar las inversiones en estas empresas con el fin de estimular la creación de empleo mejor y sostenible; pide al BCE que complemente esta acción política y estudie la forma de adquirir activos de las pymes y apoyar el desarrollo de las pymes en el marco de los programas de expansión cuantitativa basados en las buenas prácticas de otras regiones económicas, o de servir de garante de las fuentes de financiación de las pymes, las cuales generan hasta el 80 % del empleo en muchos Estados miembros;

24.  Toma nota del programa ampliado de compra de activos del BCE, dirigido una vez más al sistema bancario, por lo que pide al BCE que optimice todo su potencial para mejorar la economía real proporcionando crédito con el fin de impulsar el crecimiento y atajar el desempleo en la Unión Europea;

25.  Acoge con satisfacción las medidas anunciadas por la Comisión para impulsar la creación de empleo en las pymes, desbloqueando alternativas a los préstamos bancarios, y mejorar el marco reglamentario y presupuestario a fin de aumentar las inversiones a largo plazo en las pymes; pide que estas medidas se lleven a cabo sin dilación; pide a la Comisión que apoye asimismo los proyectos a pequeña escala; pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren a las cooperativas financieras para financiar a las pymes (cooperativas de crédito) como instrumentos alternativos de financiación y que permitan un mejor acceso de las pymes a la contratación pública y a la financiación europea y nacional;

26.  Hace hincapié en la importancia de los organismos intermediarios vinculados a las pymes, por ejemplo las cámaras de comercio, como motores con un efecto multiplicador en la aplicación de las políticas de la UE relacionadas con las pymes y pide a la Comisión Europea que entable un diálogo de asociación con dichos organismos sobre cómo podrían aplicarse mejor las políticas de la UE relacionadas con las pymes para impulsar la creación de empleos de calidad;

Un uso más eficiente de los fondos

27.  Destaca que las políticas de crecimiento y empleo tienen efectos territoriales diferentes, dependiendo de la situación específica de cada región de la UE, y que las disparidades regionales se han ampliado desde el inicio de la crisis; subraya que las recomendaciones específicas por país deberían tener en cuenta las diferencias territoriales dentro de los Estados miembros para impulsar el crecimiento y el empleo y preservar al mismo tiempo la cohesión social;

28.  Considera que las medidas de la política de cohesión tienen un papel esencial que desempeñar en la reducción de las diferencias de competitividad interna y de los desequilibrios estructurales en las regiones que más lo necesitan; pide a la Comisión que estudie soluciones adecuadas para aquellos países que, aunque sufriendo tasas de desempleo muy elevadas, se ven obligados a devolver fondos de la UE debido a problemas de cofinanciación; pide a la Comisión que considere la prefinanciación para facilitar el pleno uso de los fondos por parte de estos Estados miembros en el período 2014-2020, garantizándose siempre en todo caso la defensa del principio de responsabilidad presupuestaria;

29.  Pide a la Comisión que adopte medidas urgentes para luchar contra el dumping fiscal, el fraude fiscal y la evasión fiscal y pide que se adopte al nivel del Consejo un impuesto sobre las transacciones financieras ambicioso;

30.  Cree firmemente que la financiación de la UE, particularmente en el marco de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo (FSE), no debe utilizarse para subvencionar enfoques nacionales, sino más bien para prestar una ayuda adicional de modo que complemente y refuerce los programas nacionales con arreglo a la decisión de los Estados miembros;

31.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las regiones que velen por la plena ejecución de los fondos de la UE para 2007-2013 y que vinculen estrechamente el FSE y otros fondos estructurales europeos con la Estrategia Europa 2020; pide a la Comisión que garantice la estricta supervisión de la consignación del 20 % del FSE para la pobreza; pide a la Comisión que introduzca en el próximo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y en las recomendaciones específicas por país un capítulo relacionado con la aplicación del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas;

32.  Pide a la Comisión que desarrolle medidas estructurales en los mercados energéticos para lograr una Unión Europea resistente, menos dependiente de las fuentes externas, y con una diversificación de las fuentes de suministro (por ejemplo del gas argelino);

Reformas para aumentar el potencial de crecimiento, el capital humano y la productividad

33.  Observa que los planes de inversión decisivos para el crecimiento sostenible y la creación de puestos de trabajo mejores y sostenibles, así como las medidas adoptadas por el BCE, solo pueden tener éxito si se combinan con reformas nacionales que mejoren una participación laboral de calidad, impulsen la actividad y la productividad, desarrollen el capital humano en todos los grupos de edad, incluidos los grupos más vulnerables, y apoyen sistemas de protección social y servicios sociales sólidos; señala que la decisión del Parlamento y del Consejo de reforzar la cooperación en la red de servicios públicos de empleo es un elemento fundamental en los esfuerzos por mejorar los mercados laborales; considera que las reformas estructurales del mercado laboral deben introducir medidas de flexibilidad interna destinadas a mantener el empleo en épocas de perturbación económica, garantizar la calidad del empleo y la seguridad en las transiciones entre empleos, y proporcionar regímenes de prestaciones por desempleo basados en requisitos de activación realistas que aseguren un apoyo adecuado a los trabajadores despedidos y que estén vinculados a políticas de reintegración;

34.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien formas innovadoras de fomentar la inversión en la UE; destaca la reciente tendencia de las empresas a devolver actividades de producción y servicios a la UE y las oportunidades de creación de empleo que ello supone, especialmente para los jóvenes; cree que las economías de la UE tienen una oportunidad única para acelerar esta tendencia de relocalización de puestos de trabajo;

35.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que conciban políticas a medida para respaldar la creación de empleo de calidad para los desempleados de larga duración, los desempleados de mayor edad, las mujeres y otros grupos prioritarios a los que la crisis ha afectado con especial virulencia, como los inmigrantes, la comunidad romaní y las personas con discapacidad, incluyendo medidas para la promoción de políticas de lucha contra la discriminación en el lugar de trabajo, el equilibrio entre la vida personal y laboral, el aprendizaje permanente y la formación, y la lucha contra el bajo nivel educativo que afecta a algunos de estos grupos, muchos de los cuales están en riesgo de exclusión social; pide que las recomendaciones específicas por país aborden sistemáticamente la reducción de la brecha salarial y en materia de pensiones por razón de género; insta a la Comisión a que exija a cada Estado miembro que establezca un plan nacional de empleo para la creación de empleo tal y como acordaron en el Consejo de Primavera de 2012;

36.  Pide a la Comisión que ponga en marcha una nueva iniciativa destinada a promover las oportunidades de empleo para la población romaní en los Estados miembros, con medidas que promuevan las competencias y cualificaciones, y que luchen contra la discriminación y fomenten la creación de empleo, por ejemplo, mediante el autoempleo y el emprendimiento y a través del uso de instrumentos financieros innovadores;

37.  Pide a los Estados miembros que conviertan en una prioridad reducir las brechas de género en el empleo, abordando en particular la diferencia salarial por razón de género y aplicando medidas que faciliten la conciliación de la vida profesional y la vida familiar, también aumentando la disponibilidad de guarderías;

38.  Lamenta que el Semestre Europeo no haya estado suficientemente en consonancia con la Estrategia Europa 2020; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adecúen las medidas económicas aplicadas en el curso del Semestre Europeo a los objetivos sociales y de empleo de la Estrategia Europa 2020 y los principios sociales recogidos en los Tratados; pide esfuerzos más determinantes para orientar y coordinar las políticas de la UE a fin de impulsar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y crear puestos de trabajo mejores y sostenibles; pide a la Comisión que presente sin dilación la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020, teniendo en cuenta la urgente necesidad de lograr más avances hacia la reducción de la pobreza y otros objetivos sociales, y la necesidad de mejorar la participación significativa de las partes interesadas;

Educación y políticas activas de empleo para ampliar el capital humano

39.  Cree que el aumento de la competencia internacional motivado por una mano de obra cada vez más cualificada ha ocasionado que la UE sufra graves déficits y desfases de capacitación que frenan el crecimiento económico; considera que, si los Estados miembros quieren tener una oportunidad realista de alcanzar los objetivos en materia de empleo de la Estrategia Europa 2020, deben centrarse en crear el entorno adecuado para la creación de empleo;

40.  Reitera su petición al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros para que incorporen un pilar de género en el marco de la Estrategia Europa 2020;

41.  Señala que la estrategia para recuperar competitividad no debe centrarse únicamente en los costes laborales, sino también en el aumento de la productividad mediante inversiones en capital humano y reformas estructurales;

42.  Pide a los Estados miembros que recuperen la inversión en capital humano hasta los niveles anteriores a la crisis, en particular para suavizar la transición de los jóvenes entre la educación y el empleo, y para invertir en programas de formación profesional y de aprendizaje permanente;

43.  Acoge con satisfacción que, en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015, la Comisión pida a los Estados miembros que mantengan o promuevan inversiones a largo plazo en educación, investigación e innovación; toma nota, no obstante, de que los Estados miembros con presupuestos ya limitados carecen de medios suficientes para alcanzar ese objetivo; ;

44.  Destaca la importancia de las políticas activas del mercado de trabajo en el caso de algunos Estados miembros en el contexto actual; pide a esos Estados miembros que incrementen la cobertura y eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo;

Empleo y salarios de calidad como motores de la productividad y el crecimiento

45.  Pide a los Estados miembros que presten especial atención al elevado índice de desempleo entre los grupos desfavorecidos y den prioridad a su acceso e integración en el mercado de trabajo, así como a la generalización de políticas de acceso e integración, dado que el empleo es la clave para una integración satisfactoria;

46.  Recuerda que unos salarios dignos son importantes no solo para la cohesión social, sino también para mantener una recuperación fuerte y una economía productiva; pide a la Comisión que estudie las consecuencias de la introducción por parte de los Estados miembros de salarios mínimos en el contexto de reducción de las desigualdades salariales; pide a la Comisión que organice una conferencia sobre un marco europeo de salarios mínimos;

47.  Se muestra preocupado por que las reformas del mercado laboral en muchos Estados miembros no han logrado reducir el nivel de precariedad en el empleo; observa que el 50 % de los puestos de trabajo creados en 2014 han sido empleos temporales; toma nota de que, según la Comisión, persiste la pobreza en situación de empleo, y que para el 50 % de todos los solicitantes de empleo, la garantía de empleo no basta para sacarles de la pobreza, ni incrementa la productividad; pide a los Estados miembros que den prioridad a la calidad del empleo y que aborden la segmentación del mercado de trabajo; pide a los Estados miembros que garanticen que las reformas del mercado de trabajo tengan como objetivo, además de la promoción de la creación de puestos de trabajo mejores y sostenibles, reducir la segmentación, avanzar en la inclusión de los grupos vulnerables en el mercado laboral, promover la igualdad de género, reducir la pobreza de los ocupados y proporcionar una adecuada protección social a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia;

48.  Cree que los Estados miembros solo pueden crear empleo si el mercado lo permite, si pueden contar con una mano de obra cualificada, si el mercado de trabajo es lo suficientemente flexible, si los costes laborales, incluidos los salarios, son acordes a la productividad, si los sistemas de protección social estimulan el trabajo y si la normativa es proporcionada y basada en la evidencia;

49.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por atajar el dumping social en la UE, que provoca perjuicios importantes a los trabajadores afectados y a los sistemas de protección social de los Estados miembros; pide asimismo que se incluya a los interlocutores sociales en dichos esfuerzos a todos los niveles;

50.  Acoge con satisfacción la iniciativa sobre una plataforma europea sobre el trabajo no declarado; reitera su llamamiento a los Estados miembros para que garanticen que las personas con contratos precarios o que son trabajadores por cuenta propia disfruten de un conjunto básico de derechos y de una protección social adecuada, especialmente por lo que se refiere a la conciliación de la vida familiar y laboral; pide a la Comisión que realice esfuerzos especiales para atajar los problemas adicionales causados por el trabajo a tiempo parcial y el trabajo temporal involuntario y por el falso empleo por cuenta propia;

51.  Lamenta el hecho de que apenas se mencione la calidad o la sostenibilidad de los puestos de trabajo creados, especialmente en lo que respecta al empleo de las mujeres, que están sobrerrepresentadas en los empleos a tiempo parcial debido a las dificultades para conciliar la vida profesional y personal;

52.  Considera que la consecución de los objetivos de la reindustrialización es vital para la competitividad de la UE y que el relanzamiento de una auténtica política industrial europea podría fomentar el crecimiento y crear nuevos puesto de trabajo de gran calidad;

53.  Lamenta el hecho de que, al hacer referencia a la tasa de desempleo, no se tomen en la debida consideración otros factores, como el aumento de los índices de personas no activas, de movilidad y de migración;

Desempleo juvenil y movilidad laboral

54.  Acoge con satisfacción la disminución de los índices de desempleo juvenil, aunque señala que siguen siendo alarmantes y que no se basan necesariamente en una creación de empleo neto; subraya que la inseguridad laboral y el subempleo también han aumentado y que el 43 % de los jóvenes trabajan en condiciones precarias, con contratos a tiempo parcial no deseados o como falsos trabajadores por cuenta propia;

55.  Pide a la Comisión que proponga un marco europeo que incluya normas mínimas para la aplicación de garantías juveniles y medidas concretas para concienciar a la población; pide a los Estados miembros que utilicen el presupuesto disponible de manera eficaz y que apliquen las garantías juveniles sin dilación y que se aseguren de que también llegan a jóvenes de entornos sociales desfavorecidos; pide un presupuesto adecuado con arreglo a las recomendaciones de la OIT en la revisión intermedia del marco financiero plurianual; observa que la OIT calcula que se requieren 21 000 millones EUR para solucionar el problema del desempleo juvenil;

56.  Insta a la Comisión a que vaya más allá de la Recomendación del Consejo de marzo de 2014 sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas y que proponga un nuevo marco de calidad con vistas a impedir la discriminación y la explotación de los trabajadores jóvenes;

57.  Pide a los Estados miembros que hagan que los mercados laborales sean más inclusivos para aquellos que tienen obligaciones familiares, como la crianza de los hijos y el cuidado de familiares que requieren atención; pide, por tanto, medidas que favorezcan la conciliación de la vida profesional y familiar como parte de las reformas del mercado de trabajo promovidas por el Semestre Europeo;

58.  Reitera su petición a los Estados miembros para que inviertan en oportunidades de aprendizaje permanente, formación profesional y formación en el puesto de trabajo; pide que se evalúen los sistemas nacionales de aprendizaje permanente, como parte de las estrategias de reforma del mercado laboral del Semestre Europeo;

59.  Subraya que, según la Comisión, a pesar de las elevadas tasas de desempleo, existen dos millones de puestos vacantes en la UE, y que en 2013 solo el 3,3 % de la población activa trabajaba en otro Estado miembro, lo que indica que el nivel de movilidad sigue siendo bajo en comparación con los de los Estados Unidos y Japón; recuerda que las divergencias en las tasas de movilidad laboral —que pueden elevarse hasta los diez puntos porcentuales en los Estados miembros más afectados por la crisis— pueden verse afectadas positivamente por la utilización de la herramienta de la plataforma EURES; expresa su continuo apoyo al principio de la libre circulación;

60.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el correcto funcionamiento de los servicios públicos de empleo para facilitar y estimular la búsqueda de empleo en el extranjero;

61.  Considera que, habida cuenta del elevado número de trabajadores, especialmente jóvenes, que abandonan ahora sus países de origen para ir a otros Estados miembros en busca de oportunidades de empleo, es urgentemente necesario desarrollar medidas adecuadas para garantizar que ningún trabajador pierda la cobertura de sus derechos sociales y laborales; pide en este sentido a la Comisión y a los Estados miembros que sigan mejorando la movilidad laboral de la UE mediante instrumentos como EURES, defendiendo al mismo tiempo el principio de igualdad de trato y salvaguardando los salarios y las normas sociales; pide a cada uno de los Estados miembros que establezcan políticas sociales y de empleo que garanticen la igualdad de derechos y de retribución en el mismo lugar de trabajo de conformidad con los principios que sustentan la libertad de circulación de los trabajadores, y especialmente desde una perspectiva de género;

62.  Recuerda los objetivos de la UE en materia de género, en particular los objetivos de lograr una tasa de empleo del 75 % para mujeres y hombres para 2020 y de reducir en 20 millones el número de personas pobres o en riesgo de pobreza;

63.  Insta a la Comisión a que presente una propuesta relativa al permiso de paternidad que contribuya a garantizar unas condiciones laborales iguales para hombres y mujeres, también habida cuenta de que la UE está envejeciendo con rapidez, lo que representa un riesgo para la capacidad futura de los Estados miembros de mantener servicios sociales necesarios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que ejecuten más políticas que contribuyan al crecimiento demográfico de la UE estimulando la natalidad o la inmigración;

64.  Lamenta que las medidas de austeridad impuestas por la UE, destinadas a recuperar la confianza de los inversores, hayan provocado un empeoramiento de las condiciones laborales y sociales, con mayores niveles de desempleo, pobreza y desigualdad;

65.  Pide a los Estados miembros que mejoren la cooperación entre las empresas y el sector educativo en todos los niveles;

Un llamamiento decisivo a favor de la dimensión social de la UE y la convergencia

66.  Reitera su advertencia ante los retos socioeconómicos a los que se enfrenta la Unión, en especial algunos Estados miembros, y ante los riesgos que para su sostenibilidad y su potencial de crecimiento estable plantea un retroceso en la convergencia regional; recuerda que más de 122 millones de ciudadanos de la UE se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, incluida la pobreza de los ocupados y la pobreza infantil; señala que se calcula que actualmente el 19 % de los niños de la UE están en riesgo de pobreza e insiste en que estos niveles son inaceptables y deben reducirse inmediatamente; pide a la Comisión que continúe desarrollando la dimensión social de la UE; reconoce la labor realizada por la Comisión en cuanto al pilar social de la unión económica y monetaria como parte del proceso de integración de la dimensión social en la estructura actual de los mecanismos de gobierno económico, y pide que este sea el camino a seguir con objeto de avanzar en la realización de la Estrategia Europa 2020;

67.  Lamenta que no existan indicadores ni definiciones claras de la pobreza absoluta, que es motivo de preocupación en numerosos países de la UE;

68.  Recuerda a la Comisión que, de conformidad con el artículo 9 del TFUE, las políticas laborales y sociales para promover el acervo social europeo deben regir todas las políticas europeas; pide a la Comisión que cumpla su obligación de vincular el Semestre Europeo con los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

69.  Señala que la protección social y las políticas sociales, especialmente las prestaciones de desempleo, el apoyo a los ingresos mínimos y la fiscalidad progresiva, ayudaron en un primer momento a mitigar la gravedad de la recesión y estabilizaron los mercados laborales y el consumo; subraya, no obstante, que los estabilizadores sociales se han utilizado ampliamente como factores de ajuste en los miembros de la UEM que sufren perturbaciones económicas; hace hincapié en que la protección social y las políticas sociales son competencia de los Estados miembros;

Estabilizadores sociales

70.  Observa que, en su informe anual de 2013 sobre el empleo y la situación social en la UE, la Comisión subrayaba la importancia del gasto en protección social como salvaguardia frente a los riesgos sociales; recuerda la importancia de los estabilizadores automáticos a la hora de hacer frente a los impactos asimétricos, evitar una degradación excesiva de los sistemas nacionales de protección social y reforzar así la sostenibilidad de la UEM en su conjunto; pide a la Comisión que incluya en sus recomendaciones específicas por país la importancia de preservar estabilizadores automáticos fuertes en los Estados miembros teniendo en cuenta su importantísimo papel a la hora de mantener la cohesión social además de estimular la demanda interna y el crecimiento económico; reitera su llamamiento a la Comisión para que elabore un Libro Verde sobre los estabilizadores automáticos en la zona del euro;

71.  Toma nota del objetivo de la Comisión de «aligerar y simplificar la legislación de la UE y hacer menos costoso su cumplimiento en beneficio de los ciudadanos y las empresas»; subraya que la supresión de los obstáculos reglamentarios no debe socavar el acervo social europeo en ámbitos como la seguridad y la salud en el trabajo o la información y la consulta de los trabajadores, ni los principales convenios de la OIT ni la Carta Social Europea, y debe respetar la autonomía de los interlocutores sociales, tal y como se prevé en el Tratado; insta a la Comisión a esforzarse de manera creíble por garantizar la protección de las trabajadoras embarazadas o que hayan dado a luz recientemente;

Indicadores sociales

72.  Acoge con satisfacción el hecho de que el Informe Conjunto sobre el Empleo anejo al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento incluya un cuadro de indicadores para las políticas sociales y de empleo; pide a la Comisión que estudie si con estos indicadores basta para la realización de un análisis exhaustivo de la situación socioeconómica de los Estados miembros; hace hincapié en la importancia de comprender la dinámica y las consecuencias de los cambios en la renta familiar y de la desigualdad creciente en materia de ingresos; lamenta que gran parte de los datos presentados en la edición del cuadro de este año estén desfasados; pide a la Comisión que haga un mayor uso de este cuadro para la elaboración de políticas; pide una síntesis pormenorizada de las elecciones de los Estados miembros en los distintos ámbitos políticos y los resultados correspondientes; pide a la Comisión que evalúe y mejore su alcance y eficacia, a fin de garantizar que se tienen plenamente en cuenta al formular las recomendaciones específicas por país;

73.  Destaca que, en el proceso del Semestre Europeo, las consideraciones sociales y en materia de empleo deben colocarse al mismo nivel que las macroeconómicas;

74.  Pide la detección de los principales desequilibrios macroeconómicos y macrosociales en las economías de la UE y de la zona del euro, y que las recomendaciones específicas por país preparadas en el marco del Semestre Europeo se formulen sobre dicha base, incluidas medidas para la convergencia en materia de normas laborales y sociales;

Pobreza y exclusión social

75.  Lamenta que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y el Informe Conjunto sobre el Empleo no contengan medidas ni un marco político para cumplir el objetivo de reducción de la pobreza de la Estrategia Europa 2020; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que este objetivo quede mejor reflejado en el Semestre Europeo;

76.  Subraya la necesidad de reforzar el acervo social, la cláusula social horizontal y el Protocolo sobre los servicios de interés general;

77.  Acoge con satisfacción el llamamiento realizado por el presidente de la Comisión a los Estados miembros para que introduzcan una renta mínima con el objetivo de reducir la pobreza en la UE; pide a la Comisión que proponga una iniciativa para el fomento de la introducción de rentas mínimas en los Estados miembros; hace hincapié en que la determinación de los niveles de esta renta es competencia de cada Estado miembro, y que estos deben corresponderse con la situación socioeconómica concreta del país en cuestión;

78.  Lamenta que el enfoque de la Comisión para hacer frente a las desigualdades de género considere que la conciliación de la vida familiar y laboral es principalmente un asunto de mujeres; observa que las medidas destinadas a promover la conciliación, tanto para hombres como para mujeres, son cruciales para la creación de puestos de trabajo y tienen una influencia directa en la calidad del empleo creado; observa que el acceso a servicios de guardería asequibles y de calidad sigue constituyendo un importante obstáculo para esta conciliación, y pide por lo tanto a la Comisión que preste atención a este indicador en el análisis del cuadro de indicadores sociales y de empleo;

79.  Pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros para hacer frente de inmediato al alarmante aumento de la pobreza infantil en toda la UE a través de medidas globales y a largo plazo basadas en las buenas prácticas de ciertos Estados miembros, en particular las medidas para el aumento de las ayudas estatales para la alimentación escolar, y que aplique la Recomendación de la Comisión titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas», basada en tres pilares clave, que está incluida en el conjunto de medidas sobre inversión social;

80.  Señala que la aparición de nuevas formas de pobreza y su empeoramiento por la crisis de la deuda, como las dificultades que agravan la pobreza de los ocupados (por ejemplo, el pago de hipotecas, o el elevado nivel de los precios de los servicios públicos, lo que origina una pobreza energética), han dado lugar a un aumento del número de desahucios, embargos y personas sin hogar; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen medidas integradas que fomenten el acceso a viviendas sociales y asequibles, políticas de prevención eficaces para reducir el número de desahucios y políticas para hacer frente a la pobreza energética basadas en las buenas prácticas de los Estados miembros, y que pongan fin a la criminalización de las personas sin hogar que ha salido a luz en ciertos Estados miembros; pide a la Comisión que ponga en marcha inmediatamente un plan de acción de la UE sobre la carencia de hogar, tal y como el Parlamento, al igual que otros organismos de la UE, ha solicitado en repetidas ocasiones, para ayudar a los Estados miembros a atajar el acuciante y cada vez mayor problema de la carencia de hogar;

81.  Solicita a la Comisión que elabore una estrategia que apoye a los Estados miembros a la hora de hacer frente a la situación de carencia de hogar a través de políticas integradas y una adecuada inversión social;

82.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que emprendan medidas urgentes para abordar la situación de carencia de hogar; señala que esta manifestación extrema de pobreza y exclusión social viola los derechos fundamentales y ha aumentado en la gran mayoría de los Estados miembros; pide a la Comisión que proponga mecanismos concretos para supervisar y apoyar el esfuerzo de los Estados miembros por hacer frente a la carencia de hogar, como ha solicitado el Parlamento en sus Resoluciones, de 14 de septiembre de 2011 y de 16 de enero de 2014, sobre una estrategia de la UE para las personas sin hogar;

83.  Pide a la Comisión que evalúe si es posible aumentar el Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas durante la revisión intermedia del marco financiero plurianual;

Pensiones y sanidad sostenibles

84.  Pide unos servicios públicos asequibles y de calidad en el ámbito de la atención a la infancia y a las personas dependientes que permitan, especialmente a las mujeres, volver a ocupar un puesto de trabajo y faciliten la conciliación de la vida personal y laboral;

85.  Recuerda a la Comisión que, para garantizar tanto la sostenibilidad y seguridad como la idoneidad de las pensiones, las reformas de estas deben ir acompañadas de políticas que creen oportunidades de empleo para los trabajadores mayores y los jóvenes para que se contribuya a un sistema de pensiones sostenible, limiten los incentivos a los regímenes de jubilación anticipada y a otras vías de salida temprana del mercado laboral, prevean compensación por los periodos dedicados al cuidado de los hijos o de familiares dependientes, creen oportunidades de empleo para los trabajadores de más edad, garanticen el acceso al aprendizaje permanente a las personas empleadas y desempleadas de todas las edades, mejoren el envejecimiento saludable en el lugar de trabajo teniendo en cuenta los riesgos físicos y psicosociales para la seguridad y la salud, introduzcan medidas de ventajas fiscales que ofrezcan incentivos para trabajar durante más tiempo, y apoyen el envejecimiento activo saludable; subraya que las reformas de los sistemas de pensiones exigen cohesión política y social nacional y deben negociarse con los interlocutores sociales y con los representantes de las generaciones jóvenes y de más edad, en calidad de grupos de población directamente afectados, para tener éxito; pide a los Estados miembros que tengan plenamente en cuenta la posición del Parlamento sobre los Libros Verdes o Blancos relativos a las pensiones;

86.  Toma nota de la recomendación de la Comisión de que se reformen los sistemas de asistencia sanitaria para que cumplan sus objetivos de facilitar el acceso universal a una asistencia sanitaria de calidad, incluido el acceso asequible a los medicamentos, en particular los salvadores de vidas, y de que se garantice el respeto de los derechos del personal médico; señala que, como consecuencia de la crisis, algunos Estados miembros no han podido garantizar la cobertura total en salud pública; pide a la Comisión que formule recomendaciones concretas para que se corrija esta situación; pide que se redoblen los esfuerzos de reforma para garantizar que no se ponen en peligro la calidad y la accesibilidad financiera de las infraestructuras sanitarias;

87.  Señala que la Comisión ha reconocido que los sectores de la salud y de la asistencia social tienen un importante potencial de crecimiento y son ámbitos cruciales para la inversión en pos de una economía sostenible; invita a la Comisión a informar acerca de los avances en el desarrollo, en el marco de la Estrategia Europa 2020, de iniciativas de inversión en los sectores de la salud y de la asistencia social en lo que respecta al empleo de calidad;

88.  Pide que se refuercen e impulsen las medidas eficaces de salud preventiva, como el envejecimiento saludable a lo largo de la vida, con el fin de aumentar la calidad de vida y, al mismo tiempo, disminuir el coste que suponen para los sistemas nacionales de salud los tratamientos médicos y farmacéuticos necesarios en los últimos años de vida;

Regímenes fiscales del trabajo más equitativos

89.  Subraya que la brecha fiscal tiene un impacto mayor en el caso de las personas con salarios bajos o que aportan una segunda renta al hogar, y que esto sigue constituyendo un problema; pide a la Comisión que tome nota del informe sobre fiscalidad del FMI, de octubre de 2013, en el que se señala que queda margen para formas de fiscalidad mejores y más progresivas;

90.  Señala la importancia de reducir la fiscalidad del trabajo, en especial en el caso de los trabajadores poco cualificados y con salarios bajos, los desempleados de larga duración y otros grupos vulnerables, velando al mismo tiempo por la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas públicos de pensiones; pide a los Estados miembros que desplacen la presión fiscal del trabajo al consumo, el capital y el medio ambiente, al tiempo que prestan la debida consideración a los posibles efectos de redistribución;

Reforzar la legitimidad democrática del Semestre Europeo

91.  Expresa su profunda preocupación por el papel limitado que los Parlamentos nacionales y él, así como los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, han de desempeñar en la formulación, supervisión y ejecución de las prioridades económicas y sociales en el Semestre Europeo; reitera su petición de una mayor participación estructurada de la sociedad civil y de los interlocutores sociales en la UE y en el ámbito nacional, con el fin de aumentar la legitimidad del proceso del Semestre Europeo mediante la elaboración de directrices concretas;

92.  Pide la participación de los parlamentos subnacionales y de las autoridades regionales y locales en la concepción y la ejecución de los Programas Nacionales de Reformas, también a través de acuerdos de gobernanza multinivel;

93.  Insta a la Comisión a involucrar más estrechamente a los interlocutores sociales en la preparación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y, de modo más general, a formalizar el papel de estos en el proceso del Semestre Europeo;

94.  Reitera su petición de un acuerdo interinstitucional que asocie al Parlamento a la elaboración y aprobación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y de las directrices en materia de política económica y de empleo;

o
o   o

95.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0129.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0038.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0060.
(4) DO C 153 E de 31.5.2013, p. 57.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0240.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0246.
(7) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0394.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0010.
(9) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 101.
(10) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0043.
(11) «Proyecto de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015» COM(2014)0906), p. 44. Véase también el documento «OECD Employment Outlook 2014», http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/oecd-employment-outlook-2014_empl_outlook-2014-en#page1.


Gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2015
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre la gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2015 (2014/2212(INI))
P8_TA(2015)0069A8-0018/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2014, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015» (COM(2014)0902),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de noviembre de 2013, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014» (COM(2013)0800) y el Informe de la Comisión, de 13 de noviembre de 2013, titulado «Un mercado único en favor del crecimiento y el empleo: Análisis de los progresos registrados y de los obstáculos subsistentes en los Estados miembros – Contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2014» (COM(2013)0785),

–  Visto el Informe de la Comisión, de 28 de noviembre de 2012, titulado «Estado de la integración del mercado único 2013 – Contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2013» (COM(2012)0752),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de junio de 2012, titulada «Mejorar la gobernanza del mercado único» (COM(2012)0259),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de marzo de 2014, titulada «Balance de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2014)0130),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de junio de 2014, titulada «Semestre Europeo 2014: recomendaciones específicas por país – Cimentar el crecimiento» (COM(2014)0400),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2012, titulada «Acta del Mercado Único II – Juntos por un nuevo crecimiento» (COM(2012)0573),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado Único – Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza – Juntos por un nuevo crecimiento» (COM(2011)0206),

–  Visto el Informe al Presidente de la Comisión Europea, de 9 de mayo de 2010, elaborado por Mario Monti y titulado «Una nueva estrategia para el mercado único – Al servicio de la economía y la sociedad de Europa»,

–  Visto el estudio de septiembre de 2014 titulado «The Cost of Non-Europe in the Single Market», elaborado por encargo de la Comisión IMCO,

–  Visto el estudio de septiembre de 2014 titulado «Indicators for Measuring the Performance of the Single Market – Building the Single Market Pillar of the European Semester», elaborado por encargo de la Comisión IMCO,

–  Visto el estudio de septiembre de 2014 titulado «Contribution of the Internal Market and Consumer Protection to Growth», elaborado por encargo de la Comisión IMCO,

–  Vista la edición en línea de julio de 2014 del Cuadro de indicadores del mercado único,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio de 2014,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 20 y 21 de marzo de 2014,

–  Vistas las deliberaciones del Consejo de Competitividad de los días 25 y 26 de septiembre de 2014 sobre la Estrategia Europa 2020 para el empleo y el crecimiento,

–  Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2013, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la gobernanza del mercado único(1), y la respuesta de la Comisión, adoptada el 8 de mayo de 2013,

–  Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2014, sobre la gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2014(2), y la respuesta de la Comisión, adoptada el 28 de mayo de 2014,

–  Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2014, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2014(3),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0018/2015),

A.  Considerando que, en el contexto de la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020, el mercado único y el mercado único digital deben considerarse como dos instrumentos claves para el relanzamiento del crecimiento económico y la creación de empleo de calidad en la UE, garantizando al mismo tiempo la complementariedad con motores del crecimiento más tradicionales como el impulso a las inversiones en I+D+i, la formación y la educación, y prestando a la vez especial atención a las necesidades de las pymes;

B.  Considerando que la estrategia del mercado único requiere un enfoque global que tenga en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos, de los consumidores y de las pymes y que refleje las prioridades del mercado único en todos los ámbitos de las políticas, con el fin de garantizar la consecución de un mercado único viable que sirva como catalizador para la recuperación económica y el crecimiento sostenible;

C.  Considerando que es necesario reforzar la gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo como una prioridad horizontal de las distintas políticas de la Unión, manteniendo el necesario equilibrio entre las dimensiones económica, social y medioambiental, y mejorar la calidad de la transposición, la aplicación y el cumplimiento de las normas que lo regulan para que funcionen tanto en términos prácticos como económicos y se reduzca asimismo considerablemente la duración de los procedimientos de infracción;

D.  Considerando que la gobernanza del mercado único ha impulsado un proceso muy positivo, en el marco del Semestre Europeo y de las correspondientes recomendaciones específicas por país (REP), para lograr una Europa más competitiva, que genere empleos de calidad y con un crecimiento equitativo que suponga un mayor atractivo para los inversores;

E.  Considerando que, más de veinte años después de su creación oficial, el mercado único todavía no se ha realizado por completo, principalmente porque los Estados miembros no han transpuesto o incorporado totalmente la legislación de la Unión;

F.  Considerando que la estrategia del mercado único debe enfocarse con coherencia y determinación, y coordinarse y basarse en un enfoque global y un acuerdo pragmático, exhaustivo y de amplio alcance apoyado por todos los Estados miembros y las instituciones europeas; considerando que siguen siendo necesarios un liderazgo fuerte, un compromiso y una coordinación por parte de todas las instituciones de la UE, especialmente de los Presidentes de la Comisión y del Consejo, así como una implicación, una cooperación y una solidaridad políticas claras por parte de los Estados miembros para aplicar y cumplir plenamente las normas relativas al mercado único y aumentar su credibilidad y la confianza en el mismo y en su gestión;

G.  Considerando que, si bien existen muchos instrumentos dentro del Semestre Europeo para medir el rendimiento económico del mercado único, principalmente indicadores específicos, hasta ahora no han tenido repercusiones claras en las políticas;

H.  Considerando que deben realizarse los máximos esfuerzos no solo para garantizar la claridad, la simplicidad, la operatividad y la aplicabilidad de la legislación sino también para establecer un marco predecible y estable a fin de evaluar el funcionamiento práctico de la legislación en el ámbito del mercado único;

I.  Considerando que es necesario un mercado único que funcione correctamente, sea eficaz y esté basado en una economía social de mercado sostenible y altamente innovadora y competitiva para estimular el crecimiento sostenible y la competitividad, atraer inversiones, fomentar la cohesión social y crear puestos de trabajo de manera que se revitalice la economía europea; que un mercado único más profundo y justo, con una base industrial reforzada, figura en un lugar prioritario en el programa de trabajo de la Comisión para 2015; que los Estados miembros y la UE deben diseñar conjuntamente una política industrial europea, apoyándose en el trabajo ya realizado en este ámbito en los últimos años y centrándose en sectores estratégicos, con vistas también a lograr los objetivos fijados en el programa de trabajo; que se precisa asimismo el mercado único para permitir que puedan tenerse en cuenta adecuadamente las necesidades de los ciudadanos, los consumidores y las empresas, y garantizar que las políticas propuestas proporcionan un valor añadido a los ciudadanos europeos y a otros agentes;

J.  Considerando que es necesario un enfoque más centrado en el mercado único en el contexto del Semestre Europeo a fin de aprovechar mejor sus potenciales de crecimiento y empleo, situar su optimización en el centro de la estrategia industrial europea, comunicar mejor sus efectos positivos y permitir que beneficie plenamente a los ciudadanos y las empresas;

K.  Considerando que los Estados miembros se han comprometido a completar el mercado interior de la energía antes de 2014 y a integrar en él las «islas energéticas» antes de 2015;

L.  Considerando que un mercado interior de la energía plenamente integrado es indispensable para alcanzar los objetivos generales de la Unión en materia de seguridad y sostenibilidad energéticas, y tiene un valor esencial para su competitividad general, el crecimiento económico y la creación de nuevos empleos, tal como se reconoce en el Acta del Mercado Único II y en la Estrategia Europa 2020;

I.  Establecer un pilar del mercado único en el Semestre Europeo

1.  Reitera su petición a la Comisión para que mejore la gobernanza del mercado único mediante el desarrollo de un conjunto de instrumentos analíticos a fin de medir mejor el funcionamiento económico y reglamentario del mercado único en el marco del pilar del mercado único del Semestre Europeo; opina que dicho instrumento analítico podría aportar contribuciones útiles para las recomendaciones específicas por país (REP), el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, las orientaciones del Consejo Europeo para los Estados miembros y los planes de acción nacionales para la puesta en práctica de las directrices sobre el mercado único;

2.  Hace hincapié en la importancia y el valor añadido de los informes sobre la integración del mercado único de los años anteriores, dada su contribución a las prioridades generales fijadas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión y la determinación de las REP en el contexto del Semestre Europeo; por tanto, considera lamentable que en 2015 no se haya elaborado el informe sobre la integración del mercado único;

3.   Además, lamenta la omisión del informe sobre la integración del mercado único ya que se produce en un momento en que el Parlamento y la Comisión han iniciado el desarrollo de indicadores específicos para evaluar la integración del mercado interior y todos los posibles beneficios de una integración más específica en ámbitos esenciales del crecimiento; pide, por consiguiente, que se intensifiquen los esfuerzos para garantizar una mejor aplicación y ejecución de las normas vigentes;

4.  Insta a la Comisión a que aclare la reestructuración del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2015 y a explicar por qué no ha publicado un estudio informativo sobre la situación actual de la integración del mercado único en lo que respecta a los ámbitos cruciales con mayor potencial de crecimiento; solicita a la Comisión que publique al menos los datos recopilados sobre el mercado único para complementar el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de este año;

5.  Pide a la Comisión que presente, lo antes posible en 2015, un informe sobre la situación actual de la integración del mercado único, de forma que en dicho informe pueda determinarse la trayectoria del pilar del mercado único durante el Semestre Europeo de 2015; destaca, sin embargo, que será necesario reconsiderar los plazos del informe en el futuro; opina que para lograr el máximo impacto, también en lo relativo a las REP, debe publicarse dicho informe junto con el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;

6.  Insta a la Comisión a que presente un informe obligatorio todos los años, con el fin de supervisar el funcionamiento del mercado único en el marco del proceso del Semestre Europeo, y mostrar un análisis del estado de la integración del mercado único en los ámbitos cruciales con mayor potencial de crecimiento; pide a la Comisión que determine las prioridades de las políticas en el marco del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, lo cual contribuiría a liberar todo el potencial de crecimiento del mercado único y a eliminar los obstáculos persistentes que impiden una mayor integración;

7.  Observa que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2015 respalda un mercado único integrado, que ofrezca a los consumidores las mismas posibilidades de las que disponen en sus mercados nacionales, y destaca que los derechos que se conceden a los consumidores en línea no deben ser inferiores a los que se les ofrecen en sus mercados nacionales tradicionales;

8.  Destaca que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2015 reconoce que para aumentar la competitividad en Europa deben evitarse normativas que supongan una carga excesiva, especialmente para las pymes, debe mejorarse el acceso a la financiación y garantizarse la calidad de las inversiones en investigación e innovación;

9.  Observa los posibles beneficios que ofrece la modernización de la administración descritos en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y cómo pueden contribuir a eliminar la carga burocrática y los obstáculos normativos, ayudando de este modo a las empresas y los ciudadanos a aumentar la competencia, el empleo y el crecimiento en Europa;

10.  Pide una revisión exhaustiva del marco de gobernanza del mercado único y el fortalecimiento del seguimiento y la evaluación de la implementación y la aplicación correcta, oportuna y eficaz de las normas de dicho mercado; hace hincapié en la necesidad de establecer el mercado único como el tercer pilar del Semestre Europeo a fin de abarcar un conjunto claro de prioridades relacionadas con la economía real, al mismo tiempo que se respetan los principios de subsidiariedad y proporcionalidad dentro de la UE;

11.  Pide a la Comisión que tenga plenamente en cuenta las áreas clave de crecimiento y creación de empleo de calidad para construir un mercado único de la UE idóneo para el siglo XXI, ya identificadas por la Comisión y detalladas en el estudio de septiembre de 2014 titulado «The Cost of Non-Europe in the Single Market», a saber, los servicios, el mercado único digital y, especialmente, el comercio electrónico, el acervo en materia de consumo, la contratación pública y las concesiones, y la libre circulación de mercancías; insta asimismo a la Comisión a que complete el mercado único del transporte y la energía;

12.  Considera que es necesario definir un sistema integrado de medida que combine metodologías diferentes, como indicadores compuestos, un conjunto sistemático de indicadores e instrumentos sectoriales para medir los resultados del mercado único, con el propósito de incorporarlo al Semestre Europeo; destaca que, para medir e impulsar la profundización del mercado único en ámbitos prioritarios clave, debe considerarse la introducción de un indicador principal y de un objetivo para este indicador en lo que se refiere a la integración del mercado único;

13.  Pide a la Comisión que introduzca una metodología para objetivos cuantitativos para reducir las cargas administrativas a escala europea; observa las experiencias positivas en algunos Estados miembros con el establecimiento de objetivos de reducción neta con el fin de disminuir los costes de cumplimiento; pide que se tome en consideración esta metodología en la nueva iniciativa de la Comisión sobre reducción de las cargas administrativas;

14.  Observa que, en el contexto de las evaluaciones del impacto económico relativas al mercado único en el marco del Semestre Europeo, deben hacerse más esfuerzos para promover la aportación de información adecuada sobre la metodología aplicada y los datos utilizados, a fin de garantizar la credibilidad y la comparabilidad de los resultados obtenidos, establecer los nexos pertinentes con evaluaciones ex post y señalar lagunas en los datos necesarios para efectuar las evaluaciones;

15.  Reitera su petición de que los procedimientos faciliten una participación adecuada del Parlamento Europeo en el ciclo de gobernanza económica, fijando la adopción, por parte del Parlamento y del Consejo, de otras medidas necesarias para reforzar la gobernanza del mercado único, especialmente medidas para gestionar los ámbitos en los que se ha establecido el marco reglamentario de la Unión en virtud del procedimiento legislativo ordinario previsto en el artículo 294 del TFUE;

16.  Lamenta que las REP no se hayan alineado lo suficiente con los objetivos de la Estrategia Europa 2020; pide, por consiguiente, esfuerzos más decididos de orientación y coordinación de las políticas nacionales y de la UE, así como la continuación de las medidas específicas necesarias para fortalecer el mercado único y aprovechar su potencial con el fin de impulsar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y la competitividad, y de crear empleo, especialmente para los jóvenes;

17.  Considera que debe reforzarse que los Parlamentos nacionales se responsabilicen de las REP; alienta a los Estados miembros a que den la posibilidad a la Comisión de presentar las REP en los Parlamentos nacionales antes de su adopción por el Consejo; pide asimismo a los Estados miembros que demuestren más compromiso en cuanto a la aplicación de las REP y que transpongan rigurosamente los objetivos de la UE a sus propios objetivos a nivel nacional; considera, por lo tanto, que los Estados miembros deben informar anual y exhaustivamente sobre la aplicación de las REP en áreas del mercado único; reitera, además, su petición a la Comisión para que informe a la comisión competente del Parlamento sobre las medidas adoptadas para garantizar el progreso de la aplicación de las REP y los logros alcanzados hasta el momento; invita a los Estados miembros a que expliquen ante la comisión competente del Parlamento las razones de las variaciones significativas en lo que respecta a las REP;

18.  Apoya la insistencia de las REP para 2014 en la importancia de la eliminación de las restricciones y barreras injustificadas al acceso a los sectores clave, como los servicios al por menor, al comercio electrónico o a empresas; insta a los Estados miembros afectados a que presten la máxima atención a estas recomendaciones y a que eliminen estos obstáculos al crecimiento del mercado único como prioridad inmediata;

19.  Pide que las próximas recomendaciones específicas por país del ciclo del Semestre Europeo reflejen las conclusiones del informe sobre la integración del mercado único de una manera mucho más firme y rigurosa que en casos anteriores;

20.  Lamenta que la Comisión no haya concebido hasta ahora la promoción del mercado único como una prioridad en el marco del Semestre Europeo; pide a la Comisión que convierta a la gobernanza del mercado único, especialmente en lo que se refiere a las medidas centradas en el empleo, el crecimiento y la competitividad, en una parte esencial de todas las fases posteriores del proceso del Semestre Europeo; recuerda a la Comisión que un verdadero mercado único en estos ámbitos impulsaría notablemente el crecimiento económico y la creación de empleo en la UE; pide que se aproveche la oportunidad de este nuevo marco y se desarrollen en todo su potencial las áreas clave de crecimiento y las medidas incluidas en las Actas del Mercado Único I y II, a la vez que se presta atención a la necesidad de tener en cuenta las preocupaciones y las expectativas de los ciudadanos;

21.  Destaca la necesidad de un enfoque integrado por parte de la UE, los Estados miembros, las regiones, los municipios, los interlocutores sociales y las partes interesadas en la ejecución y elaboración de las políticas, con el fin de impulsar la economía social de mercado;

22.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a la regiones que garanticen la plena ejecución de los fondos de la UE para el período 2007-2013; observa la oportunidad de la que disponen los Estados miembros y las regiones para diseñar sus políticas e inversiones para el período 2014-2020 en favor de sectores en los que se genere un mayor crecimiento y empleo, especialmente para los jóvenes, como el mercado único digital, la energía, los servicios y la economía verde, así como para realizar inversiones auténticas y de calidad en I+D+i de modo que se garantice el acceso a la infraestructura de red para todos los ciudadanos;

II.  Potencial desaprovechado del mercado único en sectores clave para el crecimiento

23.  Recuerda que el mercado único es un motor clave para el crecimiento y el empleo, y que es indispensable para cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; considera, no obstante, que en muchos aspectos no se explota su potencial;

24.  Recuerda las tres prioridades establecidas por la Estrategia Europa 2020, a saber:

     - desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación;
     - promoción de una economía que utilice más eficazmente los recursos, que sea verde y más competitiva.
     - fomento de una economía generadora de empleo que permita alcanzar un alto nivel de cohesión social y territorial;

25.  Celebra el nuevo enfoque de la Comisión en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2015, que aporta un impulso coordinado a la inversión en la UE, con objeto de incrementar la demanda nacional y fomentar una economía más competitiva; cree firmemente que, para ser lo más ambiciosos posible, debe concederse prioridad a las inversiones que promueven la economía digital y la creación de un mercado interior más competitivo en colaboración con los Estados miembros;

26.  Expresa su profunda preocupación por la reducción de los niveles de inversión privada en Europa y la falta de confianza de los inversores privados, que genera reticencias a la hora de invertir, en particular como consecuencia de la falta de reformas estructurales y de una estrategia de la UE que fomente el crecimiento, así como por la persistencia de barreras al crecimiento dentro del mercado único en ámbitos tales como el comercio electrónico; insta a los Estados miembros a apoyar activamente el plan de inversión y contribuir al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, complementando las cantidades aportadas mediante el presupuesto de la UE y por el BEI, a fin de orientar y animar las inversiones del sector privado;

27.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros, a la regiones y a todas las partes interesadas que se centren en la economía real cuando elaboren y desarrollen políticas de inversión que, a cambio, atraerán inversión privada; solicita, además, que se invierta en formar para la era digital tanto a las personas como a las empresas, también en las últimas tecnologías del sector energético, de forma que se produzca un efecto multiplicador que garantice una red digital mundial, fomente la educación y la investigación e innovación de calidad y logre avances sólidos hacia la consecución de un mercado único en el sector de los transportes, lo que nos permitirá competir en igualdad de condiciones con las principales potencias mundiales;

28.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren el marco reglamentario para las pymes, dada su capacidad de creación de empleo; solicita que se maximicen las oportunidades que presenta el programa COSME, no solo para fomentar el espíritu emprendedor en Europa, sino también para mejorar el acceso de las pymes a la financiación y a los mercados europeos e internacionales;

29.  Resalta la necesidad de vincular las inversiones con la innovación y el emprendimiento, maximizando las oportunidades que brinda la economía y la sociedad digitales y desarrollando una política industrial europea inteligente; observa que estas inversiones deben considerar de forma especial a las pymes, ya que son ellas quienes tienen más dificultades para acceder a la inversión, así como incluir medidas prácticas de apoyo a las empresas emergentes y al emprendimiento social y la innovación como fuente de los empleos del futuro para los jóvenes;

30.  Incide en la necesidad de relanzar con medidas concretas el espíritu emprendedor en Europa, es decir, de garantizar a las pymes un fácil acceso al crédito, en especial a las vinculadas a los sectores claves; pide igualmente que se fomenten otras formas de financiación alternativas a la bancaria;

31.  Pide a los Estados miembros que orienten de manera más decidida sus economías a la innovación y al conocimiento, ya que esto nos preparará para los trabajos y las demandas del futuro en la era digital; señala que así nuestras empresas serán más innovadoras y contarán con una mayor capacidad de reacción en el mercado global, especialmente mediante la integración plena de las TIC;

Mercado único digital

32.  Considera que, como se indica en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015, avanzar hacia el mercado único digital es crucial para estimular el crecimiento, crear empleos de calidad, mantener la competitividad global de la economía europea y aportar beneficios tanto a las empresas como a los consumidores; pide, por tanto, a la Comisión que elabore un ambicioso Plan de Acción Europeo 2016-2020 sobre administración electrónica con objeto de seguir apoyando los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

33.  Señala la importancia de invertir, también en redes de banda ancha, para lograr la consecución de las metas y los objetivos prioritarios en el ámbito clave del mercado digital; recomienda que se dedique una parte sustancial del futuro plan de inversiones por valor de 315 000 millones EUR a inversiones específicas y estratégicas en el sector digital; indica, además, que la interrelación de elementos como unos altos niveles de penetración de red y unas sólidas competencias digitales de la población y las empresas, constituye un factor clave en la consecución de un verdadero mercado único digital; hace un llamamiento a la UE y a los Estados miembros para que prioricen la inversión en infraestructuras de redes digitales y en la formación digital de sus empresas y ciudadanos;

34.  Cree que la fragmentación y la falta de seguridad jurídica son cuestiones primordiales en este sector, y que también es preciso hacer frente a la aplicación irregular de las normas de la UE por parte de los Estados miembros;

35.  Observa que la realización del mercado único digital puede generar un crecimiento adicional del PIB del 0,4 % hasta 2020 (520 000 millones EUR a precios de 2014) y un aumento del empleo de aproximadamente un 0,1 %, lo que equivale a la creación de más de 223 000 puestos antes de 2020, según los datos recogidos en el estudio titulado «The Cost of Non Europe in the Single Market»; estima que la eliminación de las barreras al comercio electrónico, la inversión en infraestructura de banda ancha y el despliegue de nuevas tecnologías, como la 4G y 5G, resultan cruciales para el desarrollo de soluciones digitales basadas en conexiones rápidas y efectivas; considera que la adopción del marco general de protección de datos de la UE y de la Directiva relativa a seguridad de las redes y de la información es esencial para la realización del mercado único digital en 2015; pide que se realicen inversiones que acaben con las desigualdades en el acceso a la banda ancha y las redes 4G en la UE;

36.  Recalca la correlación entre los altos niveles de venta en línea y el incremento del PIB per cápita y urge, por tanto, a lograr avances en la consecución de un verdadero comercio electrónico transfronterizo y en la computación en la nube; considera fundamental acabar con la fragmentación en veintiocho mercados digitales, garantizar el acceso universal a la red y convertir la seguridad en la red y la confianza del consumidor en las piedras angulares del mercado único digital, ya que no puede haber mercado en línea sin confianza;

37.  Subraya que, según el informe sobre «The Cost of Non-Europe», el desarrollo de la administración electrónica podrían generar un ahorro anual de 100 000 millones EUR; pide a los Estados miembros que concentren e intensifiquen sus esfuerzos para modernizar sus administraciones públicas de modo que los ciudadanos y las empresas puedan realizar cada vez más trámites de forma electrónica haciendo uso de sus derechos en el mercado interior, especialmente a nivel transfronterizo;

38.  Destaca la necesidad de que las normas del mercado único de la UE resulten viables para la era digital, y que esto conlleva la aplicación de dichas normas a los pagos en línea, el desarrollo de soluciones digitales seguras para toda Europa (por ejemplo, la facturación electrónica y la firma digital), la reforma de los derechos de propiedad intelectual y la clarificación de los requisitos del IVA, si procede, con el fin de generar confianza en el comercio electrónico, mejorar la calidad de la información facilitada a los consumidores europeos sobre sus derechos, y garantizar el mismo nivel de protección para los consumidores en línea que el que suelen disfrutar en sus mercados tradicionales;

39.  Hace hincapié en que la revisión del marco de gobernanza económica reciente representa una muy buena oportunidad para instar a los Estados miembros a incrementar sus esfuerzos destinados al mercado único digital, lo que implica más crecimiento y empleo, especialmente para el sector de las pymes y para los jóvenes, así como una Unión Europea moderna y orientada hacia el futuro;

40.  Considera que los Estados miembros tienen que intensificar sus esfuerzos por modernizar sus administraciones públicas, prestando un mayor número de servicios digitales más accesibles a sus ciudadanos y empresas, reduciendo costes y mejorando la eficiencia, facilitando la cooperación transfronteriza y aplicando los marcos de interoperabilidad para las administraciones públicas;

41.  Destaca la importancia de la identificación electrónica y de los servicios de confianza con miras a aumentar el volumen y la calidad de los intercambios electrónicos en una perspectiva de crecimiento; pide, por tanto, a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para aplicar el Reglamento relativo a las transacciones electrónicas en el mercado interior antes del 1 de julio de 2016;

42.  Considera una prioridad absoluta la mejora de las competencias digitales en la Unión;

Libre circulación de mercancías

43.  Considera que la libre circulación de mercancías, capitales, servicios y personas sigue ofreciendo un potencial no explotado para los ciudadanos y las empresas en términos de eficiencia, crecimiento y creación de empleo.

44.  Reitera su apoyo a los acuerdos globales sobre comercio e inversión que estimulen y sean compatibles con la creación de empleo para los trabajadores europeos, beneficien directamente a los consumidores europeos, y abran nuevas oportunidades para las empresas de la UE, en particular las pequeñas y medianas empresas, que a la vez respeten las normas sociales, medioambientales y en materia de consumo de la UE como un elemento esencial para la generación de nuevas oportunidades de crecimiento; manifiesta la opinión de que el Parlamento debe participar activamente en las negociaciones sobre el acervo del mercado único y que cualquier modificación de la legislación vigente o la introducción de una nueva debe respetar plenamente la función del Parlamento como colegislador;

45.  Solicita a los Estados miembros que refuercen la cadena de valor en la producción transfronteriza como factor clave para fomentar la competitividad y el crecimiento, crear empleo y reducir las barreras comerciales existentes en sectores que son relativamente amplios pero que, al no estar suficientemente integrados, no maximizan los beneficios que ofrece el mercado único;

46.  Pide un mayor control de las barreras al mercado único de bienes;

Servicios

47.  Destaca que deben incorporarse a la Estrategia Europa 2020 medidas políticas específicas destinadas a eliminar barreras en los ámbitos del sector de los servicios cubiertos por la Directiva sobre servicios y en los servicios financieros, por ejemplo, y que hagan un mayor hincapié especialmente en la profundización del mercado único;

48.  Subraya que el sector de los servicios dispone de un potencial significativo de crecimiento no aprovechado, según indican claramente las estimaciones del informe titulado «The Cost of Non Europe in the Single Market», que apuntan a unas posibles ganancias de entre 337 000 y 637 000 millones EUR;

49.  Opina que, siendo el sector servicios una de las áreas con mayor potencial de crecimiento en la UE, es necesario reforzar las medidas para aumentar la competitividad del sector, incluido el comercio minorista, y simplificar la legislación para las empresas, especialmente para las pymes; subraya la importancia de garantizar el acceso universal a los servicios públicos a todos los consumidores, las familias y las empresas;

50.  Considera que deben reforzarse la protección de los consumidores, las posibilidades de elección y la competencia en el ámbito de los servicios financieros, prestando especial atención a las distintas necesidades de los consumidores, entre ellos, los más vulnerables; estima que debe plantearse la cuestión de los conocimientos financieros de los consumidores, habida cuenta de la importante confusión que puede surgir en relación con los productos financieros y los problemas que esto puede causar a los consumidores y al mercado único;

51.  Reitera la necesidad de renovar los esfuerzos de lucha contra el fraude, la elusión de impuestos y la evasión fiscal, por lo que pide que se haga mayor hincapié en una buena gobernanza fiscal en la UE tanto en el sector privado como en el público; subraya que el informe sobre «The Cost of Non-Europe» indica que se podrían ahorrar anualmente 9 000 millones EUR mediante acciones como la estandarización de las facturas electrónicas y la coordinación de los sistemas fiscales transfronterizos; da la bienvenida al anuncio del Presidente de la Comisión Europea de un intercambio automático de información con respecto a decisiones fiscales nacionales; subraya la necesidad de reforzar y mejorar la coordinación fiscal de modo que se eviten la competencia desleal y las distorsiones del mercado y se garantice la igualdad de oportunidades en el mercado único;

52.  Celebra la declaración realizada por la Comisión en su informe sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2015, según la cual es fundamental abordar la evasión de impuestos y el fraude fiscal para garantizar la legitimidad y permitir que los Estados miembros recauden los ingresos fiscales que les corresponden;

53.  Reitera su posición favorable a la elevación del nivel general y la calidad de las inversiones en investigación y desarrollo con el fin de estimular la innovación, destacando las diferencias en los niveles de inversión entre los Estados miembros; recuerda a la Comisión la necesidad de crear un auténtico mercado único del conocimiento, la investigación y la innovación y de completar el Espacio Europeo de Investigación; subraya que actualmente el 85 % de los fondos destinados a la innovación se usan exclusivamente a nivel nacional, sin cooperación transfronteriza, lo que imposibilita el aprovechamiento pleno del valor añadido a escala europea;

Contratación pública y concesiones

54.  Se congratula por la adopción en 2014 de la Directiva sobre contratación pública y la Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión, que han permitido modernizar la contratación pública en la Unión Europea, fomentando la sostenibilidad de los contratos públicos; destaca el valor añadido que aporta la Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión —especialmente a la hora de facilitar los procedimientos y hacerlos más transparentes, y de ofrecer más oportunidades a las pymes—, que permite superar los problemas de estos contratos, garantizar la seguridad jurídica, la flexibilidad y la transparencia, y apoyar el desarrollo de infraestructuras económicas y de servicios públicos de calidad;

55.  Destaca que para potenciar la calidad, la eficacia y la transparencia de la inversión y el gasto público es necesaria una aplicación plena y rápida de la legislación de la UE en materia de contratación pública y concesiones;

56.  Resalta la necesidad de una transposición correcta y oportuna de la legislación en materia de contratación pública y concesiones; subraya la importancia de la contratación pública y el valor de las asociaciones para la innovación como motores clave de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, en particular para las pymes, quienes precisan de apoyo mediante medidas concretas que fomenten la competencia y la innovación;

Acervo en materia de consumo

57.  Considera lamentable que la aplicación fraccionada de la legislación de la UE sobre protección de los consumidores por parte de los Estados miembros dé lugar a diferencias en la protección de los consumidores y en la gravedad y el calendario de las medidas de garantía del cumplimiento adoptadas; considera que esto reduce la compatibilidad y la coherencia de las disposiciones legislativas en los mismos sectores o entre canales de venta diferentes;

58.  Pide a la Comisión que garantice la aplicación y el cumplimiento diligentes de normativas como la Directiva sobre derechos de los consumidores y las disposiciones sobre la resolución alternativa de litigios y la resolución de litigios en línea, al tiempo que se garantiza la reducción de las cargas administrativas; solicita que se proteja adecuadamente a los consumidores de la misma forma que en sus mercados tradicionales en las ventas transfronterizas, y que se mejore la protección de datos en la era digital, ya que esto ayudará a impulsar la confianza de los consumidores en las compras en línea; señala la importancia del respeto efectivo de los derechos de los consumidores en línea y de que dispongan de vías de recurso accesibles y eficaces en caso de litigio;

59.  Pide que se adopten medidas para fomentar el consumo sostenible, en particular con respecto a la vida útil de los productos, y para combatir las prácticas destinadas a reducir deliberadamente dicha vida útil; manifiesta su deseo de que la Comisión Europea elabore un plan de acción coherente a este respecto;

60.  Hace hincapié en que la Directiva sobre derechos de los consumidores significó un gran paso adelante a la hora de aumentar la seguridad jurídica de los consumidores y las empresas en las transacciones en línea, y que constituye actualmente el principal instrumento de protección del consumidor para los servicios en línea;

61.  Señala que pueden obtenerse beneficios adicionales si se realizan mejoras en el funcionamiento del mercado único, como el establecimiento de un sistema de resolución de litigios en línea (RLL) para litigios de consumo, que puede suponer un ahorro de aproximadamente 22 000 millones EUR;

Energía

62.  Pide a la Comisión que garantice un mercado interior de la energía operativo con un acceso no discriminatorio y un nivel elevado de protección de los consumidores, así como con niveles adecuados de capacidad de interconexión y de adecuación del sistema;

63.  Reitera la necesidad de incrementar la seguridad energética de Europa mediante la diversificación de las fuentes y las rutas de energía, y hace hincapié en que debe completarse de forma prioritaria el mercado interior de la energía, así como poner fin al aislamiento de las islas energéticas dentro de la Unión Europea;

64.  Estima que, al objeto de mejorar la realización del mercado interior, la integración de las fuentes de energía renovables y la seguridad de suministro, los Estados miembros deben alcanzar urgentemente un objetivo mínimo de capacidad de interconexión eléctrica del 10 % e, idealmente, lograr un nivel del 30 %;

65.  Considera que la liberalización de los mercados del gas y de la electricidad resulta fundamental para la capacitación de los consumidores y pide a la Comisión que haga de los consumidores el eje de su política de mercado interior de la energía de la UE;

III.  Instrumentos para la evaluación de la integración del mercado único e instrumentos de gobernanza

66.  Reconoce que el Cuadro de indicadores del mercado único puede considerarse una buena práctica para el seguimiento y la evaluación del cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus obligaciones derivadas del mercado único, habida cuenta de que puede dar lugar a mejoras y a procesos de convergencia entre países; subraya, sin embargo, que este Cuadro de indicadores no provee de herramientas de evaluación cualitativa; hace hincapié en la importancia de mejorar el diálogo con los Estados miembros, y entre ellos mismos, con el objetivo de identificar y gestionar las complejidades a las que se enfrentan a la hora de aplicar la legislación sobre el mercado único; en este sentido, pide a la Comisión que, cuando así lo requieran, ofrezca una mejor asistencia a los Estados miembros en la aplicación de la compleja legislación sobre el mercado único;

67.  Estima que, por lo que se refiere al rendimiento normativo del mercado único, podría desarrollarse un indicador compuesto para medir la brecha del mercado único, es decir, la carga adicional que pesa sobre los ciudadanos y las empresas en actividades transfronterizas debido a la ausencia de normas que regulen el mercado único; insiste en que tal indicador debe facilitar la elaboración de conclusiones que permitan preparar recomendaciones políticas para las instituciones de la UE y los Estados miembros;

68.  Considera que el Cuadro de indicadores de la Agenda Digital es una herramienta importante para evaluar el progreso que han realizado los Estados miembros en este ámbito; opina que el índice compuesto empleado para medir la brecha del mercado único debe incorporar dicho cuadro;

69.  Pide a la Comisión que considere incluir entre sus propuestas de instrumentos jurídicos para el área del mercado único la obligación de llevar a cabo una revisión sistemática de la transposición, el cumplimiento, la efectividad y la adecuación de los instrumentos jurídicos para el fin, incluida la metodología y los criterios de dicha revisión; es de la opinión que esta metodología y estos criterios permitirán determinar mejor si los instrumentos jurídicos se han transpuesto, aplicado y ejecutado de forma apropiada, además de evaluar hasta qué punto contribuyen al logro de sus objetivos y su nivel de adecuación para los fines;

70.  Apoya la creación de un mercado único sostenible cimentado en el desarrollo de una economía incluyente, eficiente en el consumo de recursos y basada en el conocimiento, con medidas para fomentar la innovación en todo tipo de tecnologías sostenibles, equilibrar los intereses de los consumidores y de las empresas, e introducir mejoras relativas a un mecanismo informal para la solución de problemas en el mercado único, como Solvit, al tiempo que se fomenta el conocimiento público de las ventanillas únicas, de forma que los ciudadanos sean más conscientes de las oportunidades disponibles para generar crecimiento y empleo en el mercado único;

71.  Reconoce el constante aumento de las consultas a los portales «Tu Europa» y «Tu Europa – Asesoramiento», que deben poder facilitar la información necesaria a todo aquel que viva, trabaje, estudie o circule dentro de la UE;

72.  Celebra que el déficit medio de transposición en los Estados miembros haya caído por debajo del límite del 1 % acordado por el Consejo Europeo, llegando al 0,6 %, lo que supone el mejor resultado registrado hasta ahora desde la creación del Cuadro de indicadores del mercado único; incide en que el principio de tolerancia cero en la transposición de la normativa europea debe ser una máxima tanto para los Estados miembros como para la Unión;

73.  Señala que una aplicación y una ejecución adecuadas de la legislación de la UE resultan esenciales para la consecución del mercado único; pide, por consiguiente, a la Comisión que haga uso con determinación de todas sus competencias con el fin de lograr este objetivo, e insta a los Estados miembros y a la Comisión a que intensifiquen sus esfuerzos en relación con la aplicación de la legislación relativa al mercado único y el control de su cumplimiento, por ejemplo mediante barridos de inspección periódicos, a la vez que analizan permanentemente los problemas de su aplicación y se aseguran de que la legislación es más eficiente y que las evaluaciones ex post se utilizan de manera más extensiva y eficaz; exige un mayor control de la efectividad de los derechos de los consumidores en el entorno digital, sobre todo teniendo en cuenta la velocidad a la que pueden extenderse en dicho entorno las infracciones de la legislación en materia de consumo;

74.  Recuerda, no obstante, que el proceso de los procedimientos de infracción ha puesto de manifiesto una serie de limitaciones a la hora de abordar y subsanar con rapidez las deficiencias de cumplimiento y aplicación de las disposiciones relativas al mercado único; pide a los Estados miembros que trabajen más eficazmente con la Comisión para resolver los asuntos con mayor celeridad;

75.  Reconoce que la no aplicación puede ser el resultado de la complejidad de la formulación inicial; hace hincapié, por consiguiente, en la necesidad de que tanto la legislación primaria como la secundaria respeten principios reglamentarios mejorados durante todo el proceso, para lo que debe realizarse las consultas, evaluaciones del impacto y revisiones tras la aplicación adecuadas;

76.  Insiste, además, en que hay que hacer todo lo posible por avanzar hacia un uso más eficaz de los procedimientos de infracción en casos de incumplimiento de disposiciones legislativas de la Unión en el ámbito del mercado único, y en que los Estados miembros y el Consejo Europeo deben seguir desarrollando los procedimientos de infracción en el marco de futuras revisiones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; opina, no obstante, que los procedimientos de infracción deberían constituir siempre el último recurso y que sólo deberían iniciarse tras llevar a cabo varios intentos de coordinación y rectificación;

o
o   o

77.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al Consejo Europeo y a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0054.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0130.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0038.


Lucha contra el abuso sexual infantil en internet
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre la lucha contra los abusos sexuales de menores en línea (2015/2564(RSP))
P8_TA(2015)0070RC-B8-0217/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y sus protocolos adicionales,

–  Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 7, 8, 47, 48 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, de 23 de noviembre de 2001,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, de 25 de octubre de 2007,

–  Vista la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo(1),

–  Visto el informe de Europol de evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada facilitada por internet (iOCTA) referente a 2014,

–  Vista la Observación general nº 14 (2013) del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en relación con el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial,

–  Visto el documento titulado «Una Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño», aprobado en febrero de 2011,

–  Vista su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre el vigesimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un lugar especial para la infancia en la acción exterior de la UE» (COM(2008)0055),

–  Vistas las Directrices de la UE para la promoción y protección de los derechos del niño,

–  Vista la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016), en particular las disposiciones relativas a la financiación de la elaboración de unas directrices para los sistemas de protección del niño y el intercambio de mejores prácticas,

–  Visto el debate en el Pleno de 12 de febrero de 2015 sobre la lucha contra los abusos sexuales de menores en internet,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el abuso y la explotación sexual de menores, incluidas las imágenes relacionadas con el abuso sexual de menores, constituyen graves violaciones de los derechos fundamentales y, en particular, del derecho de los niños a la protección y los cuidados necesarios para su bienestar, tal como establecen la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

B.  Considerando que el interés superior del niño debe ser la consideración primordial a la hora de poner en práctica cualquier medida para combatir estos delitos, con arreglo a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

C.  Considerando que delitos graves como la explotación sexual de los niños y las imágenes relacionadas con el abuso sexual de menores exigen la adopción de un enfoque global que abarque la investigación de los delitos, la acción judicial contra los autores de los delitos, la protección de los menores víctimas y la prevención del fenómeno;

D.  Considerando que internet puede exponer a los niños a riesgos específicos, ya que pueden acceder a material relacionado con la explotación sexual de menores o verse expuestos a material de este tipo, caer en manos de ciberdepredadores, ser objeto de intercambio de material con contenidos violentos, de intimidación, de acoso o de captación de menores (grooming); considerando que la exposición de los menores a esos riesgos se agrava por el uso extendido de la tecnología móvil e internet y el acceso a las mismas;

E.  Considerando que la lucha contra los abusos sexuales de menores en internet debe enmarcarse en una estrategia más amplia que aborde el fenómeno global de los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores, que sigue estando principalmente relacionado con delitos cometidos fuera de línea a través de redes y personas que, deliberadamente, actúan fuera del ámbito de internet;

F.  Considerando que, en el entorno en línea, la explotación sexual puede adoptar diversas formas, por ejemplo jóvenes inducidos u obligados a enviar o publicar imágenes sexualmente explícitas de ellos mismos, a participar en actividades sexuales a través de una cámara web o un teléfono inteligente, o a mantener conversaciones de índole sexual a través de mensajes o en línea, de manera que quienes abusan y los ciberdepredadores pueden amenazar a los jóvenes con el envío de fotografías, vídeos o copias de conversaciones a sus amigos y familiares a menos que los jóvenes accedan a participar en nuevas actividades sexuales; considerando que las fotografías o los vídeos pueden seguir publicándose mucho tiempo después de que haya concluido el abuso sexual y siguen disponibles sin restricción para cualquiera que quiera verlos en línea, lo que entraña un riesgo constante de que las víctimas se vean humilladas y estigmatizadas una y otra vez;

G.  Considerando que las medidas adoptadas por los Estados miembros para evitar contenidos ilegales en línea no siempre han sido lo suficientemente eficaces;

H.  Considerando que los instrumentos de investigación facilitados a los responsables de investigar y perseguir los abusos sexuales de menores en línea deben tener en cuenta, entre otras cosas, el principio de proporcionalidad y la naturaleza y la gravedad de los delitos investigados, de acuerdo con la legislación de la UE y del Estado miembro;

I.  Considerando que la protección de los menores en el mundo digital debe abordarse también con iniciativas del sector, que debe asumir su responsabilidad compartida, así como mediante medidas educativas y formativas para niños, padres y educadores, a fin de prevenir el acceso de menores a contenidos ilegales;

J.  Considerando que, dado su carácter internacional, la explotación infantil y la explotación sexual de menores en línea, que afectan a cientos de países y a sus jurisdicciones y fuerzas y cuerpos de seguridad, constituyen un problema internacional que requiere una solución internacional; que debe alertarse sobre la utilización por traficantes de seres humanos de menores sin identidad legal, que son «invisibles» para las autoridades, para fines de abusos sexuales en línea;

K.  Considerando que, debido a la naturaleza del delito y a la edad de las víctimas, la mayoría de los ámbitos de explotación y abuso sexual de menores adolecen en mayor medida que en el caso de otras formas de delincuencia de escasez crónica de denuncias a las autoridades con funciones coercitivas; que, por lo tanto, los datos disponibles sobre el número de delitos cometidos no reflejan con exactitud el alcance del problema; que, según información facilitada por organizaciones no gubernamentales sobre páginas web que contienen material relacionado con abusos de menores, más del 80 % de las víctimas son menores de 10 años; que los datos de la International Association of Internet Hotlines (Asociación Internacional de Líneas Directas de Denuncia de Internet) evidencian un incremento del número de víctimas infantiles de abusos sexuales, así como de los abusos de carácter extremo y sádico;

L.  Considerando que un gran número de delincuentes utilizan la red oscura, en la que han constituido comunidades anónimas que se sirven de manera encubierta de foros, servicios, plataformas de redes sociales y proveedores de servicios dedicados al material relacionado con el abuso sexual de menores, lo cual hace posible una explotación sexual de menores prácticamente imposible de rastrear;

M.  Considerando que muchos delincuentes recurren al lenguaje cifrado y otras medidas de protección de sus actividades, lo que ocasiona graves dificultades para las investigaciones policiales;

N.  Considerando que algunas ONG han puesto de manifiesto que tan solo ocho distribuidores de primer nivel fueron responsables en 2012 de 513 marcas comerciales de distribución de material relacionado con el abuso sexual de menores, y que las diez marcas más prolíficas registradas en 2012 estaban asociadas a un único distribuidor de primer nivel;

O.  Considerando que la Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil debía ser transpuesta por los Estados miembros antes del 18 de diciembre de 2013, y que menos de la mitad de los Estados miembros la han aplicado plenamente hasta la fecha;

1.  Destaca con insistencia que proteger a los niños y garantizarles un entorno seguro para su desarrollo es uno de los objetivos primordiales de la Unión Europea y sus Estados miembros;

2.  Subraya en los términos más enérgicos que deben garantizarse los derechos y la protección de los menores en línea, que deben tomarse medidas para garantizar la retirada inmediata de todo contenido ilícito y su denuncia ante las autoridades con funciones coercitivas, y que existen suficientes instrumentos jurídicos para investigar y enjuiciar a los autores de estos delitos;

3.  Considera que los datos personales de menores en línea deben contar con la debida protección y que es necesario informar a los menores de un modo que les resulte sencillo y accesible sobre los riesgos y las consecuencias de utilizar sus datos personales en línea; subraya los importantes cambios que supondrá la reforma de la protección de datos para proteger mejor los derechos de los menores en línea;

4.  Destaca la necesidad de un enfoque europeo global y coordinado para garantizar la coherencia de la definición de las políticas y las medidas resultantes, que abarque la lucha contra la delincuencia y los derechos fundamentales, la privacidad, la protección de los datos, la ciberseguridad, la protección de los consumidores y el comercio electrónico;

5.  Considera que deben tomarse más medidas para combatir la captación de menores por internet, y que la Comisión, junto con los Gobiernos nacionales, la sociedad civil, las empresas de medios sociales, padres, maestros, trabajadores sociales, responsables de la protección de menores, pediatras y organizaciones de jóvenes y niños, debe desempeñar un papel activo en la concienciación sobre esta cuestión a través de directrices bien definidas, el intercambio de mejores prácticas y la creación de plataformas sociales para la cooperación y el intercambio de información sobre este asunto con el fin de identificar posibles riesgos y amenazas para los menores;

6.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inicien una campaña de sensibilización, con participación de todos los agentes pertinentes, a fin de empoderar a los menores y ayudar a padres y educadores a comprender y afrontar los riesgos en línea y a proteger la seguridad de los menores en línea, apoyar a los Estados miembros en la creación de programas de prevención de los abusos sexuales en línea, fomentar campañas de sensibilización con miras a una conducta responsable en las redes sociales, y alentar a los motores de búsqueda y redes sociales importantes a que adopten un enfoque proactivo en la protección de la seguridad de los menores en línea;

7.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas oportunas para mejorar y favorecer la presentación por menores de denuncias de abusos y las medidas tomadas en respuesta a estas denuncias, y que consideren la posibilidad de establecer mecanismos de denuncia directa; apoya el desarrollo de líneas de ayuda telefónica para menores para que puedan denunciar abusos de forma anónima;

8.  Destaca la necesidad de mejorar la cooperación internacional y las investigaciones transnacionales mediante acuerdos de cooperación, y de reforzar la cooperación entre las autoridades con funciones coercitivas, en particular Europol y el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3), con el fin de investigar, desmantelar y perseguir con mayor eficacia las redes de autores de abusos sexuales de menores, dando prioridad a los derechos y la seguridad de los niños afectados;

9.  Acoge con satisfacción, en este contexto, la iniciativa conjunta de la UE y 55 países de todo el mundo reunidos en el marco de la Alianza Mundial contra el abuso sexual de menores en línea destinada a rescatar más víctimas, garantizar actuaciones judiciales más efectivas, lograr una mayor sensibilización y conseguir la reducción global de la cantidad de material relacionado con el abuso sexual de menores disponible en internet; pide a la Comisión que informe con más frecuencia sobre los progresos realizados a través de esta Alianza; pide a los Estados miembros que apliquen estas recomendaciones a nivel nacional;

10.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan y aumenten los recursos dedicados a la identificación de las víctimas y a los servicios centrados en las víctimas, y pide que se creen urgentemente plataformas para este fin y que se refuercen las que existen en el seno de Europol;

11.  Pide a los Estados miembros que apliquen la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos;

12.  Considera que es fundamental utilizar una terminología correcta en relación con los delitos cometidos contra los niños, en particular la descripción de imágenes de abusos sexuales de menores, y utilizar de forma adecuada el término «material relacionado con el abuso sexual de menores» en lugar de «pornografía infantil»;

13.  Alienta a los Estados miembros a que proporcionen la financiación necesaria a los puntos de contacto nacionales para que puedan informar de las conductas y contenidos en línea ilícitos y perjudiciales, de conformidad con lo establecido en la Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil;

14.  Recuerda que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que las personas que teman poder cometer delitos relacionados con los abusos sexuales y la explotación sexual puedan acceder, en caso necesario, a programas o medidas de intervención eficaces destinados a evaluar y prevenir el riesgo de comisión de tales delitos;

15.  Pide a los Estados miembros que proporcionen a las autoridades con funciones coercitivas y a Europol los fondos, los recursos humanos, las competencias de investigación y las capacidades técnicas que necesiten para perseguir, investigar y procesar seria y eficazmente a los autores de los delitos, en particular mediante formación adecuada para crear capacidad en el seno del poder judicial y de las unidades de policía y para desarrollar nuevos medios de alta tecnología para hacer frente a las dificultades de analizar volúmenes ingentes de imágenes de abusos de menores, incluido el material oculto en la red oscura, a fin de rastrear y procesar a los autores de los delitos con el fin de proteger la seguridad y los derechos de los menores;

16.  Observa con preocupación el desarrollo y la tendencia al aumento de la explotación sexual comercial de menores en línea, incluidos nuevos medios de distribución y transacción de material relativo al abuso de menores, especialmente a través de la web profunda y la red oscura, y en particular el fenómeno de la retransmisión de pago en directo de abusos; pide a la Comisión y a los Estados miembros, por consiguiente, que sigan colaborando con los representantes de sistemas alternativos de pago para hallar posibilidades de establecer una mayor cooperación con las autoridades con funciones coercitivas, en particular la formación conjunta para una identificación más eficaz de los procedimientos de pago vinculados a la distribución comercial de material relacionado con el abuso de menores;

17.  Aboga por un enfoque de colaboración efectiva e intercambio legal de información entre fuerzas y cuerpos de seguridad, autoridades judiciales, el sector de las tecnologías de la comunicación y la información, proveedores de servicios de internet, proveedores de servicios de alojamiento de datos en internet, empresas de medios sociales, el sector bancario y las organizaciones no gubernamentales, en particular las dedicadas a la juventud y la infancia, con el objetivo de garantizar la salvaguardia de los derechos y la protección de los niños en línea, la eliminación rápida de todo contenido ilícito y su denuncia a las autoridades con funciones coercitivas, que deben informar periódicamente sobre sus investigaciones y procesos basados en esta información pertinente, cuando proceda; acoge con satisfacción, en este sentido, la Coalición CEO para hacer de internet un lugar mejor para los niños, así como la labor de la Coalición financiera europea contra la explotación sexual comercial de menores en línea;

18.  Destaca que los contenidos ilícitos en línea deben ser eliminados sin demora con las debidas garantías procesales; destaca el papel de las TIC y los proveedores de servicios de internet y de servicios de alojamiento de datos en internet para garantizar la eliminación rápida y eficaz de contenidos ilícitos en internet a petición de las autoridades con funciones coercitivas competentes;

19.  Insta enérgicamente a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que transpongan la Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil; pide a la Comisión, por consiguiente, que controle estrictamente su aplicación plena y efectiva y que informe de sus resultados de manera oportuna al Parlamento y a su comisión competente;

20.  Encarga a su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que siga evaluando la aplicación de la Directiva 2011/93/UE y que lleve a cabo un análisis en profundidad del actual marco político para la lucha contra el abuso sexual de menores mediante un informe de aplicación sobre la Directiva 2011/93/UE, y que informe al Pleno;

21.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0070.

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