El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Azerbaiyán, en particular, las relacionadas con la situación de los derechos humanos y el Estado de Derecho,

–  Vistas las relaciones establecidas entre la UE y Azerbaiyán en 1999, representadas por la aplicación del Plan de Acción de la Política Europea de Vecindad (PEV), la creación de la Asociación Oriental, las negociaciones sobre un acuerdo de asociación entre la UE y Azerbaiyán y la participación de Azerbaiyán en la Asamblea Parlamentaria Euronest,

–  Visto el informe de situación sobre Azerbaiyán en el marco de la PEV correspondiente a 2014, de 25 de marzo de 2015 (SWD(2015)0064),

–  Visto el Plan de acción sobre la política europea de vecindad UE-Azerbaiyán,

–  Vistos los comentarios del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tras su reunión con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el 22 de julio de 2015,

–  Vista la visita a Bakú del representante especial de la UE para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, del 23 al 26 de febrero de 2015,

–  Vista la declaración, de 8 de septiembre de 2015, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en la que condena la represión actual de la sociedad civil y de las voces independientes en Azerbaiyán,

–  Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante, Federica Mogherini, y el comisario Johannes Hahn en relación con la detención, el encarcelamiento, la condena y los asesinatos recientes de destacados periodistas y defensores de los derechos humanos en Azerbaiyán,

–  Vista la declaración de la UE, de 19 de agosto de 2015, sobre los derechos humanos en Azerbaiyán con motivo de la reunión nº 1064 del Consejo Permanente Especial de la OSCE, celebrada en Viena,

–  Vistas las recientes declaraciones del secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, sobre el caso de Khadija Ismayilova, los casos de Leyla Yunus, directora del Instituto para la Paz y la Democracia de Azerbaiyán, y su esposo, Arif Yunus, y el asesinato del periodista azerbaiyano Rasim Aliyev,

–  Vista la Declaración de Helsinki, aprobada por la Asamblea Parlamentaria de la OSCE en su sesión anual, celebrada entre el 5 y el 9 de julio de 2015, en la que se condena la persecución y el encarcelamiento continuos por motivos políticos de periodistas y defensores de los derechos humanos en varios Estados miembros de la OSCE y se expresa preocupación por el uso abusivo continuado de la legislación fiscal y administrativa para justificar dichos actos;

–  Vista la Resolución, de 23 de junio de 2015, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas en Azerbaiyán,

–  Visto el dictamen, de 15 de diciembre de 2014, de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en el que se afirma que las recientes modificaciones de la ley de organizaciones no gubernamentales limitan aún más la labor de las ONG en Azerbaiyán,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos y las Conclusiones del Consejo, de 23 de junio de 2014, sobre el décimo aniversario de dichas directrices,

–  Vistas las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la situación general de los derechos humanos en Azerbaiyán se ha deteriorado sin cesar durante los últimos años, con una escalada de los casos de intimidación y represión y una intensificación de la práctica de la persecución penal de dirigentes de ONG, defensores de los derechos humanos, periodistas y otros representantes de la sociedad civil;

B.  Considerando que Khadija Ismayilova, periodista de investigación galardonada por RFE/RL, fue condenada a siete años y medio de prisión acusada de apropiación indebida, malversación y evasión fiscal tras haber publicado varios artículos sobre casos de corrupción de miembros de la familia del presidente; que los defensores de los derechos humanos Leyla y Arif Yunus fueron condenados a ocho años y medio y a siete años de prisión respectivamente acusados de fraude y evasión fiscal tras un juicio en el que no se respetaron las normas internacionales; que Rasul Jafarov, conocido activista de los derechos humanos, e Intigam Aliyev, abogado de derechos humanos muy respetado, fueron condenados a penas similares tras unos juicios en los que se violaron las garantías procesales, y se encuentran ahora cumpliendo sentencias de prisión de seis años y tres meses y de siete años y medio respectivamente; que permanecen en prisión otros miembros destacados de la sociedad civil azerbaiyana, como Anar Mammadli, Rauf Mirkadirov, Ömar Mammadov, Tofiq Yaqublu, Ilgar Mammadov, Nijat Aliyev, Araz Guliyev, Parviz Hashimli, Seymur Hezi, Hilal Mammadov y Taleh Khasmammadov, y que la salud de algunos de estos prisioneros se está deteriorando rápidamente;

C.  Considerando que Leyla Yunus y Rasul Jafarov dirigían, antes de ser detenidos, un grupo de destacados defensores azerbaiyanos de los derechos humanos y expertos en la materia, que elaboró una lista de cerca de cien azerbaiyanos considerados presos políticos de acuerdo con la definición adoptada por el Consejo de Europa en 2012;

D.  Considerando que los periodistas y los dirigentes de la sociedad civil son continuamente objeto de intimidación y acoso, en particular Emin Milli, director de Meydan TV, que ha recibido amenazas de muerte y cuya familia ha sido detenida con falsas acusaciones, y otros periodistas que trabajan con Meydan TV en Azerbaiyán; que Emin Huseynov, fundador del Instituto para la Libertad y la Seguridad de los Periodistas (IRFS) y defensor de los derechos humanos, ha solicitado asilo en Suiza tras enfrentarse a falsas acusaciones y ha sido privado de su nacionalidad azerbaiyana;

E.  Considerando que muchos más periodistas y activistas de la sociedad civil se enfrentan a acusaciones, prohibiciones de viaje y restricciones a la libertad de circulación relacionadas con sus actividades en el ámbito de los derechos humanos; que el Gobierno azerbaiyano está adoptando medidas drásticas contra los grupos independientes a través de nuevas leyes restrictivas que regulan las ONG; que, debido a dichas leyes, numerosos grupos se han visto efectivamente obligados a cesar sus actividades por la congelación de sus cuentas bancarias o por el bloqueo de sus fuentes de financiación, tras la negativa del Gobierno a autorizar nuevas subvenciones de organizaciones donantes extranjeras;

F.  Considerando que desde 2006 se prohíbe a manifestantes pacíficos manifestarse en el centro de Bakú, y que se han introducido nuevas multas estrictas y ampliado los períodos de detención gubernativa para quienes organicen reuniones públicas no autorizadas o participen en ellas;

G.  Considerando que Rasim Aliyev, presidente del IRFS, falleció en un hospital de Bakú tras haber sido gravemente apaleado después de haber sido objeto de amenazas continuas e intimidación por haber criticado al presidente Aliyev a través de los medios sociales;

H.  Considerando que Azerbaiyán es uno de los miembros fundadores de la Asociación Oriental; que los líderes de la UE y de la Asociación Oriental han reiterado en numerosas ocasiones que la Asociación Oriental se basa en una comunidad de valores y en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho; que Azerbaiyán aspira a reforzar y profundizar sus relaciones con la UE, con vistas a una asociación estratégica;

I.  Considerando que, en 2014, la UE no pudo entregar once de las trece subvenciones destinadas a ONG debido a una legislación restrictiva, y que sigue topándose con graves limitaciones para poder financiar a grupos independientes de la sociedad civil y activistas en Azerbaiyán; que muchos de los beneficiarios de las subvenciones de la UE se encuentran en la cárcel como el abogado de derechos humanos Intigam Aliyev o han escapado del país y cesado sus actividades;

J.  Considerando que el 4 de julio de 2015 se cerró la oficina de la OSCE en Bakú tras la decisión de las autoridades azerbaiyanas de poner fin al Memorando de entendimiento entre el Gobierno de Azerbaiyán y la OSCE;

K.  Considerando que la Casa de la Libertad considera a Azerbaiyán «no libre», clasifica a su prensa como «no libre» y a internet como «parcialmente libre»; que, en los últimos diez años, Azerbaiyán ha sufrido el mayor declive en términos de gobernanza democrática de toda Eurasia;

L.  Considerando que, en noviembre de 2015, se celebrarán elecciones parlamentarias en Azerbaiyán; que el Parlamento Europeo se ha negado a enviar una misión de observación electoral, al haber considerado que no existe una base para celebrar elecciones libres y justas y que las restricciones a la libertad de expresión, de reunión y de asociación en el país no permiten crear condiciones equitativas para los candidatos u organizar elecciones competitivas;

M.  Considerando que la cooperación sectorial es mutuamente beneficiosa, especialmente en el sector de la energía; que Azerbaiyán tiene potencial para convertirse en uno de los principales socios comerciales de la UE;

1.  Expresa su honda preocupación por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, y recuerda que, en el marco de la cooperación bilateral, la UE concede una importancia fundamental a los derechos humanos y las libertades fundamentales, ya que son elementos esenciales de la Asociación Oriental y los pilares en que se asientan organizaciones internacionales como el Consejo de Europa y la OSCE, de las que Azerbaiyán es miembro;

2.  Pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas y otros activistas de la sociedad civil, como Khadija Ismayilova, Leyla Yunus y Arif Yunus, Anar Mammadli, Rasul Jafarov, Intigam Aliyev, Rauf Mirkadirov, Ömar Mammadov, Tofiq Yaqublu, Nijat Aliyev, Araz Guliyev, Parviz Hashimli, Seymur Hezi, Hilal Mammadov, Taleh Khasmammadov e Ilgar Mammadov, de conformidad con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y pide que se les retiren todos los cargos y se les restituyan plenamente los derechos políticos y civiles, así como su imagen pública;

3.  Condena rotundamente la represión sin precedentes ejercida contra la sociedad civil de Azerbaiyán; reitera su profunda preocupación por el destino de los compañeros de los detenidos que están todavía en libertad pero son objeto de investigaciones penales, a la luz de los informes de defensores de los derechos humanos y de ONG nacionales e internacionales, sobre el presunto falseamiento de cargos para acusar a políticos, activistas y periodistas; insta a las autoridades azerbaiyanas a que pongan fin a las prácticas de persecución penal selectiva y encarcelamiento de periodistas, defensores de los derechos humanos y otras personas que critican al Gobierno, y que garanticen que todas las personas detenidas, incluidos los periodistas y los activistas políticos y de la sociedad civil disfrutan plenamente de su derecho a un juicio justo y sobre todo del derecho a disponer de un abogado de su elección y a tener contacto con sus familias, así como a estar cubiertos por otras normas en materia de juicio justo;

4.  Acoge con satisfacción la posibilidad concedida por las autoridades de Azerbaiyán para que un equipo médico europeo pueda visitar a Leyla y Arif Yunus, y pide que proceda a la liberación de estos, también por razones humanitarias; llama la atención sobre las condiciones de encarcelamiento de Leyla y Arif Yunus y de Intigam Aliyev, que les han provocado un grave deterioro de la salud que puede tener graves consecuencias para su vida; pide a las autoridades de Azerbaiyán que permitan al equipo médico europeo examinar a Intigam Aliyev y garanticen que todos los prisioneros reciben una asistencia sanitaria adecuada cuando la necesiten;

5.  Pide que se lleve a cabo una rápida investigación sobre la muerte del periodista y director del IRFS, Rasim Aliyev; toma nota con preocupación de las acusaciones presentadas por un grupo de periodistas, de acuerdo con las cuales Rasim Aliyev falleció por no haber recibido una asistencia adecuada de los médicos que le asignaron en el hospital;

6.  Recuerda a las autoridades azerbaiyanas que el bienestar de la población, que conlleva el respeto de los derechos y las libertades, es una parte fundamental del crecimiento económico sostenible;

7.  Pide a Azerbaiyán que respete y aplique los compromisos asumidos como miembro del Consejo de Europa; reitera su llamamiento a las autoridades de Azerbaiyán para que cumplan todas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) relativas a Azerbaiyán; pide que se cumplan la sentencia de 16 de junio de 2015 y todas las demás sentencias del TEDH;

8.  Insta al Gobierno de Azerbaiyán a que coopere plenamente con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y aplique sus recomendaciones, así como los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, en relación con los defensores de los derechos humanos, el derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica, la libertad de expresión y las detenciones arbitrarias, con el fin de modificar su legislación y adaptar sus prácticas de acuerdo con las conclusiones de los expertos;

9.  Pide al Gobierno de Azerbaiyán que ponga fin inmediatamente a la represión contra la sociedad civil y la labor de derechos humanos, garantizando que los grupos y activistas independientes de la sociedad civil puedan funcionar sin impedimentos y sin miedo a ser perseguidos, en particular derogando las leyes que imponen graves limitaciones a la sociedad civil, desbloqueando las cuentas bancarias de grupos no gubernamentales y de sus dirigentes y permitiendo el acceso a la financiación extranjera;

10.  Lamenta las medidas adoptadas continuamente por el Gobierno de Azerbaiyán para frenar los contactos entre los grupos de la sociedad civil, los jóvenes activistas y los intelectuales de Armenia y Azerbaiyán, ya que tales contactos tienen una importancia fundamental para superar la hostilidad histórica entre los dos países; recuerda de nuevo, a este respecto, la importante labor realizada en este ámbito por Leyla y Arif Yunus;

11.  Pide a las autoridades azerbaiyanas que respeten la libertad de prensa y de los medios de comunicación, tanto mediante la legislación como en la práctica, en línea y fuera de ella, garanticen la libertad de expresión en consonancia con las normas internacionales y pongan fin a la censura de las críticas al Gobierno en los medios de comunicación;

12.  Expresa su gran preocupación por la situación de las personas LGBTI en Azerbaiyán; condena firmemente el discurso político de incitación al odio contra las personas LGBTI proferido en los más altos niveles políticos; pide al Gobierno de Azerbaiyán que deje de poner obstáculos y de intimidar a los defensores de los derechos humanos que trabajan por los derechos de personas LGBTI;

13.  Subraya la importancia de un diálogo serio y basado en el respeto mutuo entre la UE y el Gobierno de Azerbaiyán, las fuerzas de la oposición y la sociedad civil;

14.  Reitera que deben suspenderse inmediatamente las negociaciones para un Acuerdo Estratégico de Asociación con Azerbaiyán hasta que el Gobierno no adopte medidas concretas para promover el respeto de los derechos humanos universales;

15.  Pide al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que apliquen estrictamente el principio de «más por más», centrándose específicamente en la situación de los defensores de los derechos humanos, con arreglo a las directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos, la independencia del poder judicial, las reformas democráticas y los derechos y las libertades fundamentales, y que establezcan claramente las consecuencias de quedarse rezagados en las reformas; pide a la Comisión que, en caso necesario, revise y suspenda temporalmente toda la financiación que no esté relacionada con los derechos humanos, la sociedad civil y la cooperación de base entre personas concedida a Azerbaiyán con cargo al Instrumento Europeo de Vecindad, a la luz de los incidentes mencionados de que han sido objeto defensores de los derechos humanos por documentar violaciones de los derechos humanos en Azerbaiyán; pide a la Comisión y a los Estados miembros que mantengan la financiación para los contratos interpersonales y la cooperación en ámbitos como la sociedad civil, la educación y el mundo académico, así como los intercambios de jóvenes y estudiantes;

16.  Pide al Consejo, a la Comisión y a la VP/HR que preparen una respuesta sólida y unificada a la represión que se está viviendo en Azerbaiyán, con objeto de dejar claro que la situación actual es totalmente inaceptable y que no puede considerarse algo «normal» hasta que el Gobierno no ponga en libertad a todas las personas encarceladas por razones políticas y ponga fin a la represión de que están siendo objeto los grupos independientes de la sociedad civil;

17.  Insta a las empresas europeas que operan en Azerbaiyán a que demanden abiertamente normas rigurosas en el ámbito de derechos humanos y adopten estándares exigentes en materia de responsabilidad social corporativa, teniendo en cuenta las repercusiones de sus acciones en la situación de los derechos humanos en el país;

18.  Lamenta que el diálogo sobre derechos humanos entre la UE y Azerbaiyán no haya registrado ningún progreso de importancia en lo que se refiere a la situación de los derechos humanos en el país; pide al SEAE que intensifique el diálogo con objeto de que sea efectivo y se oriente hacia los resultados, y que informe periódicamente al Parlamento;

19.  Pide a las autoridades de la UE que lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de corrupción vertidas contra el presidente Aliyev y los miembros de su familia, reveladas en el trabajo de investigación llevado a cabo por la periodista Khadija Ismaylova;

20.  Pide al Consejo que evite el doble rasero en relación con los países de la PEV, y considere, a este respecto, la posibilidad de imponer sanciones selectivas y prohibiciones de visado a todos los políticos, funcionarios y jueces implicados en persecuciones políticas;

21.  Pide a las autoridades de Azerbaiyán que cooperen con los representantes de organizaciones regionales como el Consejo de Europa y la OSCE y faciliten las visitas de dichos representantes al país; lamenta profundamente la decisión de las autoridades de Azerbaiyán de cerrar las oficinas de la OSCE en Bakú;

22.  Toma nota de que los observadores electorales independientes, como las misiones de observación a largo plazo de la OSCE y las misiones nacionales, han documentado importantes violaciones de las normas electorales en Azerbaiyán en todas las elecciones presidenciales y parlamentarias, desde las elecciones presidenciales de octubre de 2003, estas incluidas; expresa su gran preocupación en cuanto a la existencia de condiciones que permitan la celebración de elecciones libres y justas el 1 de noviembre de 2015, dado que los dirigentes de los partidos de la oposición se encuentran encarcelados, los medios de comunicación y los periodistas no pueden trabajar libremente y sin intimidación y el clima de miedo es constante;

23.  Pide al SEAE y a los Estados miembros que se abstengan de efectuar actividades de observación electoral por el momento. Toma nota de que una misión de la OIDDH se encuentra actualmente sobre el terreno y que sería de la máxima importancia para conocer su análisis de la situación en el país;

24.  Recuerda su decisión de enviar una delegación del Parlamento Europeo a Azerbaiyán, y subraya la importancia de enviar esta delegación lo antes posible con el fin de entablar un diálogo con las autoridades de Azerbaiyán sobre cuestiones como los derechos humanos y el conflicto de Nagorno Karabaj;

25.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Consejo Europeo, a la Comisión, al Gobierno y el Parlamento de la República de Azerbaiyán, al Consejo de Europa, a la OSCE y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.