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Procedimiento : 2014/2257(INI)
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Ciclo relativo al documento : A8-0284/2015

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A8-0284/2015

Debates :

PV 26/10/2015 - 15
CRE 26/10/2015 - 15

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PV 28/10/2015 - 7.8
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P8_TA(2015)0382

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Miércoles 28 de octubre de 2015 - Estrasburgo Edición definitiva
Iniciativa ciudadana europea
P8_TA(2015)0382A8-0284/2015

Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de octubre de 2015, sobre la iniciativa ciudadana europea (2014/2257(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 11, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea y el artículo 24, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo regulador de la iniciativa ciudadana (A7-0350/2010),

–  Visto el Reglamento (UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la iniciativa ciudadana,

–  Vista la audiencia pública celebrada el 26 de febrero de 2015 sobre la iniciativa ciudadana, organizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales junto con la Comisión de Peticiones,

–  Visto el estudio elaborado por el Departamento Temático C del Parlamento titulado «European Citizens’ Initiative – First lessons of implementation» (Iniciativa ciudadana europea - primeras lecciones extraídas de su aplicación), publicado en 2014,

–  Vista la decisión de la defensora del pueblo europeo, de 4 de marzo de 2015, de archivar su investigación de oficio relativa a la Comisión (OI/9/2013/TN),

–  Visto el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, de febrero de 2015, titulado «Implementation of the European Citizens’ Initiative» (Aplicación de la iniciativa ciudadana europea),

–  Visto el informe de la Comisión, de 31 de marzo de 2015, sobre la iniciativa ciudadana europea,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de Peticiones y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0284/2015),

A.  Considerando que la iniciativa ciudadana europea es un nuevo derecho político de los ciudadanos y una herramienta única e innovadora para definir la agenda política en aras de una democracia participativa en la Unión Europea, que permite a los ciudadanos ser parte activa en los proyectos y procesos que les atañen, y cuyo potencial debe, sin duda, explotarse al máximo y mejorarse de forma significativa, a fin de obtener los mejores resultados posibles y animar al mayor número posible de ciudadanos de la Unión a participar en la futura configuración del proceso de integración europeo; que el refuerzo de la legitimidad democrática de las instituciones debe ser uno de los objetivos prioritarios de la UE;

B.  Considerando que, tres años después de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) n° 211/2011 de 1 de abril de 2012, resulta necesario evaluar exhaustivamente su puesta en práctica para identificar posibles deficiencias y proponer soluciones viables con vistas a su pronta revisión;

C.  Considerando que la experiencia ha demostrado que la mayoría de los organizadores de iniciativas ciudadanas europeas se han enfrentado a dificultades, tanto de índole práctica como jurídica, a la hora de crear dichas iniciativas, y que los organizadores de varias de dichas iniciativas rechazadas han presentado recurso ante el Tribunal de Justicia y el Defensor del Pueblo Europeo por la decisión de la Comisión de no registrar sus iniciativas ciudadanas; que, por consiguiente, la normativa debe concebirse de modo que las iniciativas ciudadanas europeas sean lo más accesibles posible para los ciudadanos y los organizadores;

D.  Considerando que el Parlamento es la única institución de la Unión Europea elegida por sufragio directo y que, como tal, representa por definición a los ciudadanos de la Unión;

E.  Considerando que varias instituciones, ONG, grupos de reflexión y grupos de la sociedad civil han examinado las distintas deficiencias relacionadas con la aplicación del Reglamento (UE) n.° 211/2011 sobre la iniciativa ciudadana y con la organización de tales iniciativas, han propuesto numerosas mejoras y han señalado en repetidas ocasiones qué aspectos del Reglamento precisan ser reformados con carácter de urgencia;

F.  Considerando que las modalidades prácticas establecidas en el artículo 6 del Reglamento, en particular el establecimiento del sistema de recogida a través de páginas web y su certificación por la autoridad competente del Estado miembro de que se trate, hacen que, en la mayoría de los casos, los organizadores cuenten con menos de doce meses para recoger las firmas necesarias;

G.  Considerando que la presentación a la Comisión, una vez vencido el periodo de recogida de firmas, de una iniciativa que haya prosperado, no está sujeta a un plazo específico y, por lo tanto, es una fuente de confusión e incertidumbre para ambas instituciones y para el público;

1.  Acoge con satisfacción la iniciativa ciudadana europea —según la definición contemplada en el artículo 11, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el artículo 24, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)— como el primer instrumento de democracia participativa transnacional que permite a los ciudadanos entablar un contacto directo con las instituciones de la UE y participar activamente en la elaboración de las políticas y la legislación europeas, y que complementa su derecho a presentar peticiones al Parlamento y su derecho de recurso ante el Defensor del Pueblo Europeo;

2.  Destaca que la iniciativa ciudadana europea es el primer instrumento de democracia participativa que, sobre la base de al menos un millón de declaraciones de apoyo procedentes de al menos una cuarta parte de los Estados miembros, confiere a los ciudadanos de la UE el derecho a tomar la iniciativa y solicitar a la Comisión que presente, en el marco de sus competencias, una propuesta adecuada sobre las cuestiones sobre las que los ciudadanos consideren que se requiere un acto legislativo para aplicar los Tratados, con lo que se consolida así el nuevo derecho político de los ciudadanos;

3.  Subraya que la iniciativa ciudadana europea supone una herramienta excepcional para que los ciudadanos identifiquen y articulen sus aspiraciones y pidan que la UE tome medidas, por lo que debe fomentarse, mejorarse y apoyarse con todos los medios disponibles; reconoce, sin embargo, que hay déficits significativos que deben abordarse y solucionarse para que estas iniciativas sean más eficaces; señala que cualquier evaluación futura de este instrumento debe tener como objetivo lograr su máxima facilidad de uso, puesto que es uno de los principales medios de vincular a la UE a los ciudadanos europeos; destaca asimismo que el uso de la lengua materna es un derecho cívico y, por consiguiente, pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien las alternativas existentes para brindar esa posibilidad de uso en todas las actividades relacionadas con las iniciativas ciudadanas europeas, ya que ello fomenta la participación ciudadana; señala la importancia de sensibilizar al público sobre la iniciativa ciudadana europea, al tiempo que lamenta el escaso conocimiento que de ella tienen los ciudadanos de la Unión; pide a la UE que, a este fin, organice campañas de publicidad y de promoción para dar a conocer mejor la iniciativa ciudadana europea en los medios de comunicación y entre el público;

4.  Destaca asimismo que el compromiso cívico de los jóvenes es fundamental para el futuro de todas las democracias y pide a la Comisión que extraiga enseñanzas de las experiencias nacionales de iniciativas ciudadanas europeas que hayan tenido auténtico éxito;

5.  Considera esencial que los ciudadanos puedan contribuir al ejercicio de las prerrogativas legislativas de la Unión y participar directamente en la iniciación de las propuestas legislativas;

6.  Señala la importancia de que se conozca públicamente la iniciativa ciudadana europea para que sea una herramienta eficaz de participación democrática; insta, en este sentido, a la Comisión y a los Estados miembros a maximizar su labor de divulgación de este instrumento con el fin de dar a conocer su existencia al máximo de ciudadanos posibles y fomentar la participación activa en él;

7.  Pide a la Comisión que utilice todos los canales públicos de comunicación para sensibilizar sobre la iniciativa ciudadana europea, y que tome todas las medidas necesarias para garantizar su transparencia y facilite la comunicación sobre las iniciativas en marcha, por ejemplo mediante la creación de aplicaciones que ofrezcan información, envíen notificaciones y permitan que se firme en línea; subraya que la participación activa del público en una iniciativa ciudadana europea depende también de manera decisiva de que esta se dé a conocer en los Estados miembros, por lo que propone que los Parlamentos nacionales de los Estados miembros hagan mención de la iniciativa ciudadana europea en sus sitios web oficiales;

8.  Constata que más de seis millones de ciudadanos de la UE han participado en una iniciativa ciudadana europea, que ha habido 51 solicitudes de lanzamiento de una iniciativa —de las cuales solo tres se consideraron admisibles, a saber, «Right2Water» (derecho al agua), «One of Us» (uno de nosotros) y «Stop Vivisection» (poner fin a la vivisección)—, y que seis organizadores de iniciativas, lo que equivale al 30 % del total de solicitudes rechazadas, han llevado a la Comisión ante el Tribunal de Justicia por negarse a registrar una iniciativa, lo que demuestra que queda mucho por hacer para garantizar que la iniciativa ciudadana europea desarrolle todo su potencial; destaca las múltiples dificultades prácticas que han tenido que afrontar los organizadores desde la entrada en vigor del Reglamento en abril de 2012, y el hecho de que el número de iniciativas va en descenso;

9.  Pide a la Comisión que proporcione cuanto antes un asesoramiento amplio y adecuado —en particular, de tipo jurídico— a los organizadores de las iniciativas a través del centro de contacto Europe Direct, de modo que estos conozcan las posibilidades de que disponen y no se enfrenten a un rechazo por presentar una iniciativa ciudadana europea que, manifiestamente, no entre dentro de las competencias de la Comisión y no cumpla los criterios de admisibilidad jurídica; aboga por que se estudie la posibilidad de crear otro órgano independiente encargado de brindar asesoramiento; señala, no obstante, que, en virtud del Tratado de Lisboa, las cuestiones suscitadas en una iniciativa ciudadana europea no tienen por qué corresponder plenamente con las competencias de la Comisión; opina, además, que la Comisión debería plantearse establecer una oficina dedicada a la iniciativa ciudadana europea en todas sus Representaciones permanentes en los Estados miembros para facilitar toda la información, el asesoramiento y el apoyo necesarios a dichas iniciativas;

10.  Destaca, además, que la creación de una oficina específica para iniciativas ciudadanas europeas también podría contribuir a sensibilizar al público y a los medios de comunicación acerca de este instrumento; pide, por tanto, a la Comisión que promueva la iniciativa ciudadana europea como instrumento oficial de la UE para alcanzar este objetivo; hace hincapié en que esta medida también podría ayudar a superar la desconfianza de los ciudadanos a la hora de presentar los datos personales necesarios para respaldar una iniciativa;

11.  Pide que se faciliten más directrices pormenorizadas sobre la interpretación de las bases jurídicas y más información sobre las obligaciones en materia de protección de datos en cada Estado miembro en el que los organizadores celebren sus campañas, con el fin de proporcionarles una seguridad jurídica, así como sobre la posibilidad de que los organizadores suscriban un seguro a un precio asequible;

12.  Lamenta la falta de información clara sobre el instrumento de la iniciativa ciudadana europea en su fase inicial, que ha conducido a una idea equivocada generalizada acerca de su naturaleza y ha generado frustración tras el rechazo de las primeras iniciativas ciudadanas europeas por parte de la Comisión; recuerda que este instrumento debe ser sencillo, claro, fácil de usar y objeto de una amplia divulgación; subraya que la Comisión debe alentar y respaldar a los representantes elegidos a escala nacional y local para que lideren las medidas destinadas a dotar de mayor visibilidad a las iniciativas ciudadanas europeas;

13.  Apoya, además, la participación activa de los ciudadanos de la UE para que este instrumento se utilice como es debido a la hora de definir la agenda política; expresa su preocupación ante un posible conflicto de intereses, dado que es la propia Comisión quien tiene la responsabilidad exclusiva de controlar la admisibilidad, y pide que esta situación se aborde adecuadamente en el futuro; señala, al mismo tiempo, que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser un objetivo para todas las partes interesadas a fin de que las actividades ciudadanas se desarrollen en un marco de total claridad;

14.  Solicita, a este respecto, a la Comisión que considere al Parlamento también como un agente decisorio, en particular porque es la única institución cuyos miembros son elegidos directamente por los ciudadanos de la UE;

15.  Hace hincapié en que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.° 211/2011, caso de que la Comisión rechace el registro de una iniciativa, «informará a los organizadores de las razones de dicho rechazo y de todos los posibles recursos judiciales y extrajudiciales a su disposición»; toma nota, en este sentido, de las numerosas quejas de los organizadores por no haber recibido una explicación pormenorizada y exhaustiva de los motivos por los que sus iniciativas fueron rechazadas; solicita a la Comisión que formule de manera detallada las razones por las que rechace una iniciativa ciudadana cuando, a su parecer, esta quede «manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión», y que al mismo tiempo informe a los organizadores, por escrito y de una forma que facilite su trabajo, sobre las consideraciones jurídicas pertinentes —que deben hacerse públicas en aras de la transparencia— con el objeto de que la validez y la completa objetividad de dichos elementos puedan someterse a un control jurídico de modo que pueda reducirse tanto como sea posible el poder discrecional de la Comisión como juez y parte en la evaluación de la admisibilidad de una iniciativa, y que les permita a los organizadores decidir si optan por revisar su iniciativa ciudadana y presentarla de nuevo una vez modificada;

16.  Anima a la Comisión que evalúe la posibilidad de registrar solo una parte de una iniciativa cuando la totalidad de la misma no recaiga dentro del ámbito de sus competencias; alienta a la Comisión a que en el momento del registro dé indicaciones a los organizadores sobre qué parte pueden registrar, reconociendo que el diálogo y la colaboración con los organizadores de la iniciativa ciudadana son cruciales a lo largo del proceso, y a que informe al Parlamento de su decisión en lo que se refiere al registro de la iniciativa; invita a la Comisión que estudie formas de atribuir a la autoridad competente, ya sea a nivel nacional o regional, las iniciativas o las partes de las iniciativas que no entren dentro de su ámbito de competencias;

17.  Señala la importancia de la tecnología como herramienta para fomentar la participación ciudadana; pide a la Comisión que mejore su programa informático de recogida de firmas en línea para que su uso resulte más fácil, lo haga accesible para las personas con discapacidad, ofrezca sus servidores para el almacenamiento gratuito de las firmas en línea de forma permanente utilizando recursos presupuestarios de la UE ya existentes, y que simplifique y modifique las especificaciones técnicas sobre la recogida de firmas en línea de manera que puedan recogerse las direcciones de correo electrónico con carácter no obligatorio en la misma pantalla que el formulario, pero se almacenen en una base de datos separada;

18.  Está convencido de que, si se revisa, el instrumento tiene potencial para involucrar a la ciudadanía y promover el diálogo entre los ciudadanos, así como entre los ciudadanos y las instituciones de la UE; subraya la necesidad de vincular el sistema de recogida de firmas en línea a las nuevas herramientas de campaña de los medios digitales y sociales pertinentes, siguiendo el ejemplo de otras plataformas de campaña en línea con resultados satisfactorios;

19.  Alienta a la Comisión a reconsiderar el vínculo automático entre el registro de una iniciativa ciudadana y el inicio del plazo de doce meses para reunir las declaraciones de apoyo, a fin de que los organizadores de una iniciativa ciudadana puedan decidir por sí mismos a partir de qué momento comienzan a recoger esas declaraciones;

20.  Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a que utilicen el instrumento de validación de iniciativas ciudadanas europeas para las declaraciones de apoyo, desarrollado en el marco del programa de soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas;

21.  Hace hincapié en que, dentro del ámbito de aplicación de los instrumentos disponibles para impulsar la democracia participativa en la Unión, deberían también ponerse herramientas informáticas a disposición de las regiones, lo que permitiría una mayor implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos;

22.  Acoge con enorme satisfacción la propuesta del Comité Económico y Social Europeo de facilitar traducciones gratuitas del texto de las iniciativas ciudadanas europeas para poder reducir los costes de organización de las mismas;

23.  Pide una mayor cooperación interinstitucional a escala de la UE, así como a escala nacional y local, a la hora de facilitar información y asistencia a los organizadores de iniciativas ciudadanas; pide la mejora del sitio web multilingüe de la iniciativa ciudadana europea, administrado por la Comisión, así como un único conjunto de directrices, en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, sobre los derechos y las obligaciones de los organizadores de las iniciativas ciudadanas europeas y sobre los procedimientos administrativos aplicables a su tratamiento;

24.  Pide que en el futuro se establezca una ventanilla única, tanto física como en línea, que ofrezca de forma permanente información, servicios de traducción y apoyo técnico, jurídico y político por lo que respecta a las iniciativas ciudadanas europeas, y estima que podría utilizar los recursos del punto de contacto del centro Europe Direct y de las Representaciones de la Comisión y las Oficinas de Información del Parlamento en los Estados miembros; considera que este marco acercaría el proyecto de la iniciativa ciudadana europea a los ciudadanos;

25.  Considera excesivamente complicado que los organizadores tengan que facilitar distintos datos personales en apoyo de las iniciativas ciudadanas europeas en los 28 Estados miembros, tal y como contempla el Reglamento (UE) n.° 211/2011, sobre la base de las distintas disposiciones nacionales, y pide que se establezca un procedimiento uniforme para la formulación de las declaraciones de apoyo a través de una modificación del anexo III del Reglamento (UE) n.° 211/2011 con el fin de tipificar la naturaleza de los datos recogidos en los Estados miembros; alienta a la Comisión a que siga negociando con los Estados miembros con vistas a reducir el número de requisitos en materia de datos, eliminar en consonancia los requisitos para los números de identificación personal y a hacerlos más fáciles de utilizar, y recuerda que la iniciativa ciudadana europea se dirige a la participación y el establecimiento de la agenda, más que a propuestas vinculantes; sugiere que se examine la posibilidad de establecer una ciudadanía de la Unión digital y recomienda que se proporcione una solución provisional hasta que se establezca la misma con el objeto de solventar los problemas actuales derivados del registro múltiple; pide a la Comisión, por consiguiente, que examine esta cuestión en su agenda digital con carácter de urgencia;

26.  Pide a la Comisión que modifique el artículo 3 del Reglamento (UE) n.° 211/2011 y recomiende a los Estados miembros que disminuyan la edad para apoyar y participar en una iniciativa ciudadana europea de 18 a 16 años, y que no esté ligada al derecho al voto en las elecciones al Parlamento Europeo, dando así a los jóvenes la posibilidad de participar activamente en el impulso al proyecto europeo;

27.  Reconoce que la responsabilidad personal de los organizadores en lo que respecta a la protección de datos cuando recogen los datos personales de los firmantes constituye un problema delicado, y propone que se reduzca la serie de datos exigidos, y que se modifique asimismo el texto del artículo 13 del Reglamento (UE) n.° 211/2011 relativo a la responsabilidad para dejar claro que la responsabilidad personal no es ilimitada; propone, a este respecto, que los comités ciudadanos puedan obtener personalidad jurídica y que el texto del Reglamento se inspire en el artículo 3 de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, a fin de establecer que los organizadores respondan de sus conductas «cuando sean ilícitas y se cometan dolosamente o, al menos, por imprudencia grave»;

28.  Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a establecer requisitos de recogida de datos más fáciles de cumplir y armonizados; pide a las autoridades nacionales competentes que informen periódicamente a las comisiones de asuntos europeos de los Parlamentos nacionales sobre las iniciativas en curso que ya hayan recogido un número significativo de firmas; insta a la Comisión a que proponga una revisión del Reglamento (UE) n.° 211/2011 con el fin de garantizarles a los ciudadanos la posibilidad de firmar una iniciativa ciudadana europea en su país de residencia;

29.  Expresa su preocupación por que, desde 2012, de las treinta y una iniciativas ciudadanas europeas registradas, solo tres hayan alcanzado la fase final; destaca que la drástica reducción del número de iniciativas nuevas es una de las consecuencias de unos requisitos desproporcionados y de un sistema innecesariamente complejo; lamenta la falta de impacto legislativo y el desalentador seguimiento realizado por la Comisión de las iniciativas que han prosperado; expresa sus discrepancias respecto a la opinión de la Comisión sobre la aplicación satisfactoria del Reglamento para aprovechar todo el potencial que ofrecen las iniciativas ciudadanas europeas; subraya que las instituciones de la UE y los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para promover la iniciativa ciudadana europea y fomentar la confianza de los ciudadanos en esta herramienta;

30.  Pide a la Comisión que revise el texto del artículo 10, letra c), del Reglamento (UE) n.° 211/2011 para permitir el seguimiento adecuado de una iniciativa ciudadana europea que haya prosperado; insta a la Comisión a que empiece a preparar un acto jurídico sobre las iniciativas ciudadanas europeas que hayan prosperado dentro de los doce meses siguientes a la publicación de un dictamen positivo de la Comisión;

31.  Opina que, para resaltar la dimensión política de las iniciativas ciudadanas europeas, la audiencia pública que se celebre en virtud del artículo 11 del Reglamento (UE) n.° 211/2011 debería estructurarse de modo que los organizadores puedan entablar un diálogo con los diputados al Parlamento Europeo y los funcionarios pertinentes de la Comisión; subraya que las audiencias públicas sobre las iniciativas ciudadanas europeas han de organizarse bajo los auspicios de un comité «neutral», es decir, que no sea el principal responsable del ámbito donde se encuadren los contenidos de las iniciativas, y, además, contar siempre con expertos externos;

32.  Insta al Parlamento y a sus comisiones a que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 225 del TFUE y en caso necesario, cuando la Comisión no presente ninguna propuesta legislativa en el plazo de doce meses, ejerciten su derecho a solicitar a la Comisión que presente una propuesta adecuada; considera que, al ejercitar ese derecho, la comisión competente del Parlamento debe tener en cuenta el contenido de una iniciativa ciudadana europea que haya prosperado y consultar a los organizadores de dicha iniciativa en el marco de una nueva audiencia; pide que se modifique su Reglamento en este sentido;

33.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de prestar ayuda financiera a las iniciativas ciudadanas europeas con cargo a los fondos presupuestarios existentes en la UE a través de programas europeos tales como Europa con los Ciudadanos o Derechos, Igualdad y Ciudadanía, que incluya la posible financiación de programas promocionales en radio y televisión, teniendo en cuenta que ha de garantizarse la igualdad entre los ciudadanos, que hay una necesidad real de ayuda financiera para la organización de las iniciativas y que se han presentado numerosas enmiendas al presupuesto de la UE con este fin;

34.  Pide a la Comisión que tome todas las precauciones posibles para evitar el robo, también mediante herramientas de Internet, de información sensible relativa a los firmantes, en especial cuando se gestione como datos agregados;

35.  Acoge con satisfacción el informe de la Comisión, de 31 de marzo de 2015, sobre la iniciativa ciudadana europea y la Decisión OI/9/2013/TN del Defensor del Pueblo Europeo, y pide a la Comisión que, al revisar este instrumento, garantice que se adoptan todas las medidas jurídicas pertinentes para realizar un seguimiento adecuado cuando se considere que una iniciativa ciudadana europea se ha culminado con éxito; pide a la Comisión que, en vista de las diversas deficiencias detectadas, presente lo antes posible una propuesta de reforma del Reglamento (UE) n.° 211/2011 y del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1179/2011 de la Comisión;

36.  Pide a las instituciones de la Unión que realicen el trabajo de comunicación básico a través de una campaña de información sobre la iniciativa ciudadana europea;

37.  Invita a la Comisión a que informe periódicamente al Parlamento acerca de la situación de las iniciativas ciudadanas europeas en curso para que el Parlamento —como parte de su compromiso con los ciudadanos europeos— pueda examinar si el instrumento funciona de la manera más eficaz posible; destaca que el proceso de la iniciativa ciudadana europea debe mejorarse continuamente sobre la base de la experiencia práctica acumulada y que, además, debe cumplir las sentencias que dicte el Tribunal de Justicia;

38.  Recomienda que se utilicen todos los canales de comunicación disponibles, en especial las plataformas de comunicación digitales y sociales de todas las instituciones de la UE pertinentes, con objeto de llevar a cabo campañas de sensibilización continuas con la participación de las oficinas y representaciones de la UE, así como de las autoridades nacionales; pide a la Comisión que apoye el desarrollo de un programa de software abierto dedicado a las iniciativas ciudadanas europeas para dispositivos móviles; celebra que algunas iniciativas ciudadanas europeas hayan logrado tener un impacto a escala local;

39.  Considera crucial aumentar la transparencia y la calidad de los controles sobre la financiación y el patrocinio de las iniciativas ciudadanas europeas para que los ciudadanos puedan utilizar esta herramienta de democracia participativa de un modo adecuado y para evitar su posible abuso por parte de intereses privados;

40.  Toma nota del importante papel del Defensor del Pueblo Europeo en la investigación de la tramitación de las solicitudes de iniciativas ciudadanas por parte de la Comisión y, especialmente, de los casos de denegación de registro de una iniciativa;

41.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

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