Índice 
Textos aprobados
Martes 19 de mayo de 2015 - EstrasburgoEdición definitiva
Medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo con la Confederación Suiza ***I
 Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso ***
 Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Viktor Uspaskich
 Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Jérôme Lavrilleux
 Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Janusz Korwin-Mikke
 Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Theodoros Zagorakis
 Índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y los contratos financieros ***I
 Financiación para el desarrollo
 Una asistencia sanitaria más segura en Europa
 Oportunidades de crecimiento ecológico para las pymes

Medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo con la Confederación Suiza ***I
PDF 245kWORD 61k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza (versión codificada) (COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD))
P8_TA(2015)0189A8-0145/2015

(Procedimiento legislativo ordinario – codificación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0305),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0009/2014),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Acuerdo interinstitucional de 20 de diciembre de 1994 sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos(1),

–  Vistos los artículos 103 y 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0145/2015),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 19 de mayo de 2015 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2015/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza (versión codificada)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2015/1145.)

(1) DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.


Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso ***
PDF 241kWORD 60k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))
P8_TA(2015)0190A8-0071/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (07597/1/2014),

–  Vista la Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso(1),

–  Visto el Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso de 24 de enero de 2001(2),

–  Vista la Decisión 2014/243/EU del Consejo, de 14 de abril de 2014, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso(3),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartado 4, párrafo primero, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0286/2014),

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 2013(4),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0071/2015),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Convenio;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Consejo de Europa.

(1) DO L 320 de 28.11.1998, p. 54.
(2) DO L 336 de 20.12.2011, p. 2.
(3) DO L 128 de 30.4.2014, p. 61.
(4) Sentencia del Tribunal de Justicia, de 22 de octubre de 2013, Comisión/Consejo, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675.


Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Viktor Uspaskich
PDF 160kWORD 62k
Decisión del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2015, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Viktor Uspaskich (2014/2203(IMM))
P8_TA(2015)0191A8-0149/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Viktor Uspaskich, transmitido por el fiscal general de la República de Lituania con fecha de 1 de octubre de 2014 y comunicado al Pleno el 12 de noviembre de 2014,

–  Previa audiencia a Viktor Uspaskich, de conformidad con el artículo 9, apartado 5, de su Reglamento,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Visto el artículo 62 de la Constitución de la República de Lituania,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8‑0149/2015),

A.  Considerando que el fiscal general de la República de Lituania ha solicitado la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Viktor Uspaskich, diputado al Parlamento Europeo, en relación con una investigación prejudicial relativa a un presunto delito;

B.  Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo n° 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de ese país;

C.  Considerando que el artículo 62 de la Constitución de la República de Lituania y el artículo 22, párrafo tercero, del Estatuto del Seimas de la República de Lituania establecen que un diputado al Seimas no puede ser detenido ni perseguido en procedimientos penales ni sometido a ninguna otra forma de restricción de la libertad personal sin la aprobación del Seimas, salvo en caso de flagrante delito;

D.  Considerando que se acusa a Viktor Uspaskich del delito de desacato a los tribunales tipificado en el artículo 232 del Código Penal de la República de Lituania;

E.  Considerando que no existen pruebas de fumus persecutionis, es decir, de una sospecha fundada de que el procedimiento judicial se haya iniciado con la intención de causar un perjuicio político al diputado;

1.  Decide suspender la inmunidad de Viktor Uspaskich;

2.  Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente al fiscal general de la República de Lituania y a Viktor Uspaskich.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Jérôme Lavrilleux
PDF 161kWORD 63k
Decisión del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2015, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jérôme Lavrilleux (2015/2014(IMM))
P8_TA(2015)0192A8-0152/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jérôme Lavrilleux, transmitido por el ministro de Justicia francés a instancias del fiscal jefe del Tribunal de Apelación de París, con fecha de 23 de diciembre de 2014, y comunicado al Pleno el 15 de enero de 2015,

–  Previa audiencia a Jérôme Lavrilleux, de conformidad con el artículo 9, apartado 5, de su Reglamento,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los días 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Visto el artículo 26 de la Constitución de la República Francesa,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0152/2015),

A.  Considerando que el fiscal jefe del Tribunal de Apelación de París ha solicitado la suspensión de la inmunidad de Jérôme Lavrilleux, diputado al Parlamento Europeo, en relación con una instrucción judicial en curso por falsificación, uso de documentos falsos, abuso de confianza, tentativa de estafa, y complicidad y ocultación de esos delitos, así como por financiación ilegal de campaña electoral, ocultación y complicidad en ese delito; que los magistrados franceses desean, en este contexto, imponer a Jérôme Lavrilleux una medida de privación o restricción de la libertad;

B.  Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

C.  Considerando que el artículo 26, apartados 2 y 3. de la Constitución francesa dispone que ningún miembro del Parlamento podrá ser objeto de detención ni de cualquier otra medida de privación o restricción de la libertad sin la autorización de la Mesa de la cámara a la que pertenezca; que no será necesaria tal autorización en caso de delito grave, de flagrante delito o de condena definitiva; y que la cámara puede solicitar la suspensión de la detención o de las medidas de privación o restricción de la libertad o de los procesos seguidos contra uno de sus miembros;

D.  Considerando que Jérôme Lavrilleux es sospechoso de haber participado en un sistema de facturas falsas para gastos de campaña electoral;

E.  Considerando que la suspensión de la inmunidad de Jérôme Lavrilleux debe estar sujeta a las condiciones mencionadas en el artículo 9, apartado 6, del Reglamento;

F.  Considerando que los cargos no se refieren a las funciones de diputado al Parlamento Europeo de Jérôme Lavrilleux, sino que se derivan de su anterior puesto de subdirector de campaña en las últimas elecciones presidenciales francesas;

G.  Considerando que la instrucción no se refiere a opiniones o votos emitidos por Jérôme Lavrilleux en el ejercicio de sus funciones de diputado al Parlamento Europeo a efectos del artículo 8 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea;

H.  Considerando el Parlamento no tiene pruebas de fumus persecutionis, es decir, una sospecha suficientemente seria y precisa de que el asunto se haya iniciado con la intención de causar un perjuicio político al diputado;

1.  Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Jérôme Lavrilleux;

2.  Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente a la autoridad competente de la República Francesa y a Jérôme Lavrilleux.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Janusz Korwin-Mikke
PDF 162kWORD 63k
Decisión del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2015, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Janusz Korwin-Mikke (2015/2049(IMM))
P8_TA(2015)0193A8-0150/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Janusz Korwin-Mikke, transmitido por el fiscal general de la República de Polonia, con fecha de 29 de diciembre de 2014, en relación con el procedimiento penal iniciado por la Fiscalía de Distrito de Varsovia (asunto nº V Ds 223/14), y comunicado al pleno el 28 de enero de 2015,

–  Previa audiencia a Janusz Korwin-Mikke, de conformidad con el artículo 9, apartado 5, de su Reglamento,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Vistos el artículo 105, apartado 2, de la Constitución de la República de Polonia y los artículos 7 ter, apartado 1, y 7 quater, apartado 1, de la Ley polaca de 9 de mayo de 1996 sobre el ejercicio del mandato de diputado y senador,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0150/2015),

A.  Considerando que el fiscal General de la República de Polonia ha transmitido un suplicatorio de la Fiscalía de Distrito de Varsovia por el que se pide autorización para iniciar un procedimiento penal contra Janusz Korwin-Mikke, diputado al Parlamento Europeo, por un delito tipificado en el artículo 222, apartado 1, del Código Penal polaco; considerando, en particular, que el procedimiento se refiere a un supuesto atentado contra la integridad física de un funcionario público;

B.  Considerando que, de conformidad con el artículo 8 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, los miembros del Parlamento Europeo no pueden ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones;

C.  Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

D.  Considerando que, con arreglo al artículo 105, apartado 2, de la Constitución de la República de Polonia, no se puede exigir responsabilidad penal a un diputado sin el consentimiento previo del Sejm;

E.  Considerando que corresponde únicamente al Parlamento decidir si suspende o no la inmunidad en cada caso concreto; que el Parlamento puede, de forma razonable, tener en cuenta la posición del diputado a la hora de tomar una decisión respecto a la suspensión de su inmunidad(2);

F.  Considerando que, como se confirmó en la audiencia, la presunta infracción penal no guarda relación directa o manifiesta con el ejercicio de las funciones de diputado al Parlamento Europeo de Janusz Korwin-Mikke, ni constituye una opinión o voto por él emitido en el ejercicio de dichas funciones a efectos del artículo 8 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea;

G.  Considerando que en el presente caso el Parlamento no tiene pruebas de fumus persecutionis, es decir, una sospecha suficientemente seria y precisa de que el asunto se haya suscitado con la intención de causar un perjuicio político al diputado;

1.  Decide suspender la inmunidad de Janusz Korwin-Mikke;

2.  Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de la comisión competente a la autoridad competente de la República de Polonia y a Janusz Korwin-Mikke.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Sentencia Mote/Parlamento, T-345/05, antes citada, apartado 28.


Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Theodoros Zagorakis
PDF 190kWORD 63k
Decisión del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2015, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Theodoros Zagorakis (II) (2015/2071(IMM))
P8_TA(2015)0194A8-0151/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Theodoros Zagorakis, transmitido por el fiscal adjunto del Tribunal Supremo de Grecia el 10 de marzo de 2015, en relación con el procedimiento AVM D2011/5382, V2012/564 en curso ante el Tribunal de Primera Instancia de Salónica, y comunicado al Pleno del 25 de marzo de 2015,

–  Vista la renuncia del señor Zagorakis a su derecho a ser oído, de conformidad con el artículo 9, apartado 5, del Reglamento,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Visto el artículo 62 de la Constitución de la República Helénica,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0151/2015),

A.  Considerando que el fiscal adjunto del Tribunal Supremo de Grecia ha solicitado la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Theodoros Zagorakis, diputado al Parlamento Europeo, en relación con una posible acción judicial relativa a un presunto delito;

B.  Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo n° 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

C.  Considerando que el artículo 62 de la Constitución de la República Helénica estipula que, durante la legislatura, los diputados al Parlamento no podrán ser procesados, detenidos, encarcelados ni privados de libertad de cualquier otro modo sin que el Parlamento lo autorice previamente;

D.  Considerando que al señor Zagorakis se le acusa de haber cometido irregularidades financieras entre 2007 y 2012 en el club de fútbol PAOK, del que era presidente en aquella época;

E.  Considerando que el presunto delito no guarda relación con el cargo de diputado al Parlamento Europeo del señor Zagorakis, sino que está vinculado más bien a su cargo de presidente de dicho club de fútbol;

F.  Considerando que la acusación no se refiere a opiniones o votos emitidos por el señor Zagorakis en el ejercicio de sus funciones como diputado al Parlamento Europeo, a efectos del artículo 8 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea;

G.  Considerando que no hay motivos para creer que la intención subyacente al proceso penal sea la de perjudicar la actividad política del diputado (fumus persecutionis), ya que el proceso se inició unos años antes de que el diputado asumiera el cargo;

1.  Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Theodoros Zagorakis;

2.  Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de la comisión competente a la Fiscalía del Tribunal Supremo de Grecia y a Theodoros Zagorakis.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y los contratos financieros ***I
PDF 819kWORD 348k
Texto
Texto consolidado
Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 19 de mayo de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y los contratos financieros (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))(1)
P8_TA(2015)0195A8-0131/2015

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Enmienda n° 1

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
P8_TA(2015)0195A8-0131/2015
a la propuesta de la Comisión
P8_TA(2015)0195A8-0131/2015
---------------------------------------------------------
P8_TA(2015)0195A8-0131/2015
Propuesta de
P8_TA(2015)0195A8-0131/2015

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y los contratos financieros

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)  Los precios fijados en muchos instrumentos financieros y contratos financieros dependen de la exactitud e integridad de los índices de referencia. Una serie de graves casos de manipulación de los índices de referencia de tipos de interés, como el LIBOR, el EURIBOR y de índices de referencia de las divisas, lo que ocasiona pérdidas considerables a los consumidores y a los inversores y destruye la confianza de los ciudadanos en el sector bancario, y denuncias sobre la manipulación de índices de referencia en los sectores de la energía, el petróleo y las divisas demuestran que los índices de referencia pueden estar sujetos a conflictos de intereses y tener regímenes de gobernanza discrecionales y poco estrictos que pueden ser manipulables. Los fallos en cuanto a la exactitud e integridad de los índices, o las dudas sobre tal exactitud e integridad, pueden minar la confianza de los mercados, originar pérdidas a los consumidores e inversores y falsear la economía real. Por ello, es necesario garantizar la exactitud, solidez e integridad de los índices de referencia y de su proceso de elaboración.

(2)  La Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros(5) , establece una serie de disposiciones sobre la fiabilidad de los índices utilizados como referencia para fijar el precio de un instrumento financiero cotizado. La Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores(6) , establece una serie de disposiciones en relación con los índices de referencia utilizados por los emisores. La Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)(7) , establece una serie de disposiciones por lo que atañe al uso de índices de referencia por los fondos de inversión de tipo OICVM. El Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía(8) , establece una serie de disposiciones que prohíben la manipulación de los índices utilizados como referencia en relación con los productos energéticos al por mayor. Sin embargo, estos actos legislativos solo regulan determinados aspectos de algunos índices de referencia, sin abordar todas las vulnerabilidades del proceso de elaboración de todos los índices de referencia.

(3)  Los índices de referencia son vitales para fijar los precios de las operaciones transfronterizas y favorecer así un funcionamiento eficaz del mercado único en relación con una amplia gama de instrumentos y servicios financieros. Muchos índices utilizados como tipos de referencia en los contratos financieros, en particular en las hipotecas, se elaboran en un Estado miembro pero los utilizan entidades de crédito y consumidores de otros Estados miembros. Además, esas entidades de crédito a menudo cubren sus riesgos u obtienen la financiación necesaria para celebrar esos contratos financieros en el mercado interbancario transfronterizo. Solo dos Estados miembros han adoptado legislación nacional sobre los índices de referencia, pero sus respectivos marcos normativos en la materia ya muestran divergencias en relación con aspectos tales como el ámbito de aplicación. Por otra parte, la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) aprobó en 2013 un conjunto de principios sobre los índices de referencia, y, puesto que dichos principios prevén una cierta flexibilidad por lo que atañe a su ámbito exacto de aplicación ▌, es probable que los Estados miembros adopten legislaciones nacionales que incorporen esos principios de forma divergente.

(3 bis)   El uso de un índice de referencia no se limita a la emisión y creación de contratos e instrumentos financieros. La industria financiera también depende de índices de referencia para la evaluación del rendimiento de un fondo de inversión con el objetivo de realizar un seguimiento de los beneficios, de determinar la asignación de activos de una cartera o de calcular las tasas de rendimiento. También se considera como uso la fijación y la revisión de la importancia que se debe conceder a los diversos índices dentro de un conjunto de índices con el fin de determinar la amortización o el valor de un instrumento financiero o de un contrato financiero, así como de medir el rendimiento de un fondo de inversión, puesto que este tipo de actividades no implican valoraciones discrecionales, en contraposición a la elaboración de índices de referencia. El mantenimiento de instrumentos financieros a los que se aplique un índice de referencia particular no se ha de considerar como uso del índice de referencia.

(4)  Esta diferencia de enfoques redundaría en una fragmentación del mercado interior, pues los administradores y los usuarios de índices de referencia estarían sujetos a distintas normas en diferentes Estados miembros. Por lo tanto, cabría que los índices de referencia elaborados en un Estado miembro no pudieran utilizarse en otros Estados miembros. Sin un marco armonizado que garantice la exactitud e integridad de los índices de referencia utilizados en los instrumentos financieros y los contratos financieros en la Unión es previsible que las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros generen obstáculos al buen funcionamiento del mercado interior de los índices de referencia.

(5)  Las normas de la UE en materia de protección del consumidor no abordan el tema específico de la idoneidad de los índices de referencia de los contratos financieros. Como consecuencia de reclamaciones de los consumidores y litigios por el uso de índices de referencia inadecuados en diversos Estados miembros, cabe prever que se adopten medidas divergentes a escala nacional, inspiradas en el legítimo interés de protección del consumidor, que podrían dar lugar a una fragmentación del mercado interior, debido a las diferentes condiciones de competencia conexas a diferentes niveles de protección del consumidor.

(6)  Por tanto, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del mercado interior y mejorar las condiciones de tal funcionamiento, en particular por lo que se refiere a los mercados financieros, y garantizar un elevado grado de protección de los consumidores y los inversores, procede establecer un marco normativo que regule los índices de referencia a escala de la Unión.

(7)  Resulta oportuno y necesario que esas disposiciones adopten la forma jurídica de reglamento, a efectos de garantizar que se apliquen uniformemente en toda la Unión normas que impongan obligaciones directas a quienes intervengan en la elaboración, la contribución a la elaboración y el uso de índices de referencia. Dado que un marco jurídico que regule la elaboración de índices de referencia comporta necesariamente medidas que especifiquen con precisión los requisitos aplicables en relación con los diferentes aspectos inherentes a dicha elaboración, incluso pequeñas divergencias en alguno de esos aspectos podrían generar importantes obstáculos al ejercicio de esta actividad a escala transfronteriza. Por consiguiente, el uso de un reglamento, que es directamente aplicable sin necesidad de legislación nacional, se considera que reduce la posibilidad de que se adopten medidas divergentes a escala nacional y garantiza un enfoque coherente y mayor seguridad jurídica, e impide que surjan tales obstáculos.

(8)  El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe ser tan amplio como resulte necesario para establecer un marco normativo preventivo. La elaboración de índices de referencia comporta una valoración discrecional y está intrínsecamente sujeta a determinados tipos de conflictos de intereses, lo que implica la posibilidad de manipular esos índices, y la existencia de incentivos para hacerlo. Estos factores de riesgo son comunes a todos los índices de referencia, por lo que todos ellos deben estar sujetos a los oportunos requisitos en materia de gobernanza y de control. No obstante, el nivel de riesgo varía, lo que requiere un enfoque diferenciado y adecuado a cada situación. La vulnerabilidad e importancia de un índice de referencia varían en el transcurso del tiempo, de modo que restringir el ámbito de aplicación a los índices que actualmente son importantes o vulnerables no serviría para afrontar los riesgos que cualquier índice de referencia puede plantear en el futuro. En particular, índices de referencia cuyo uso no está muy extendido en el presente pueden utilizarse ampliamente en el futuro, de manera que cualquier manipulación mínima de los mismos puede tener efectos significativos.

(9)  El factor esencial para delimitar el ámbito de aplicación del presente Reglamento es si el valor de índice de referencia obtenido determina el valor de un instrumento financiero o un contrato financiero▌. Por tanto, dicho ámbito no debe depender de la naturaleza de los datos de cálculo. Consiguientemente, los índices de referencia calculados a partir de datos económicos, como pueden ser los precios de acciones, y cifras o valores no económicos, como pueden ser parámetros atmosféricos, deben también incluirse. El marco normativo debe regular los índices de referencia sujetos a esos riesgos y, a la vez, reconocer el elevado número de índices de referencia elaborados en todo el mundo y los diferentes efectos que tienen para la estabilidad financiera y para la economía real. El presente Reglamento también debe ofrecer una respuesta proporcionada frente a los riesgos inherentes de los diferentes índices de referencia. Procede, por tanto, que el presente Reglamento regule todos los índices de referencia que se utilizan para fijar los precios de los instrumentos financieros cotizados o negociados en centros de negociación regulados. Toda referencia a días realizada en el presente Reglamento debe entenderse como días naturales.

(10)  Numerosos consumidores son parte en contratos financieros, en particular contratos de crédito garantizados por hipotecas, que tienen como referencia índices que están sujetos a los mismos riesgos. El presente Reglamento debe, por tanto, abarcar los índices o tipos de referencia a que se refiere la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(9).

(11)  Se ha de considerar como uso de un índice de referencia un índice o un conjunto de índices existentes en los que no se incluyen nuevos datos de cálculo y que se utilizan para medir el rendimiento de un fondo o de un producto financiero.

(12)  Todos los administradores de índices de referencia están potencialmente afectados por conflictos de intereses, disponen de margen discrecional y pueden disponer de sistemas de gobernanza y de control inadecuados. Como, además, los administradores controlan el proceso de elaboración del índice, exigir que estén sujetos a autorización y supervisión o a registro es la manera más eficaz de garantizar la integridad del mismo.

(13)  Los contribuidores están potencialmente afectados por conflictos de intereses y disponen de margen discrecional, por lo que pueden ser fuente de manipulaciones. Realizar aportaciones para la elaboración de un índice de referencia es voluntario. Si alguna iniciativa exige que los contribuidores modifiquen sensiblemente sus modelos de negocio, aquellos pueden dejar de contribuir. No obstante, en el caso de entidades ya reguladas y supervisadas, que deben contar con sistemas de buena gobernanza y de control, cabe suponer que ello no les genere costes importantes o una carga administrativa desmesurada. En consecuencia, el presente Reglamento impone una serie de obligaciones a los contribuidores supervisados.

(14)  Un administrador es la persona física o jurídica bajo cuyo control voluntario se elabora un índice de referencia, en particular es la persona que administra el índice de referencia, recopila y analiza los datos de cálculo, determina el índice y, bien lo publica directamente, o externaliza la publicación a un tercero. Sin embargo, una persona que simplemente publique o mencione un índice de referencia como parte de su actividad periodística, pero no ejerza control sobre la elaboración de ese índice, no debe estar sujeta a las obligaciones que el presente Reglamento impone a los administradores.

(15)  Un índice se calcula aplicando una fórmula o algún otro método, a partir de valores subyacentes. La elaboración de esta fórmula, la realización del cálculo o la determinación de los datos de cálculo pueden hacerse de forma discrecional. Esta discrecionalidad conlleva el riesgo de manipulación y, por tanto, todos los índices de referencia que respondan a esta característica deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Sin embargo, cuando se utiliza un solo precio o valor como referencia de un instrumento financiero, por ejemplo, si el valor de una sola acción u obligación constituye el precio de referencia de una opción, no ha lugar a realizar ningún cálculo, ni existen datos de cálculo ni discrecionalidad. Por consiguiente, los precios de referencia consistentes en un único precio o un único valor no deben considerarse índices de referencia a efectos del presente Reglamento. Los precios de referencia o de liquidación proporcionados por entidades de contrapartida central (ECC) no deben considerarse índices de referencia, ya que se utilizan para determinar el precio de liquidación o los márgenes, o para gestionar el riesgo, y, en consecuencia, no determinan ni el importe a pagar en relación con un instrumento financiero ni el valor de este.

(16)  En la aplicación del presente Reglamento debe respetarse plenamente la independencia del Banco Central Europeo y de los bancos centrales del Sistema Europeo de Bancos Centrales en el ejercicio de las funciones que les confieren los Tratados, así como la independencia de los bancos centrales nacionales inherente a las estructuras constitucionales del Estado miembro o del país tercero interesado.

(17)  ▌A fin de garantizar la integridad de los índices de referencia, quienes los administren deben tener la obligación de implantar mecanismos de gobernanza adecuados que permitan controlar los conflictos de intereses y mantener la confianza en que exista tal integridad. Aun cuando la gestión sea eficaz, los administradores estarán, en su mayoría, expuestos a algún conflicto de intereses y pueden tener que realizar juicios y tomar decisiones que afecten a diversos grupos de interesados. En consecuencia, es importante que los administradores dispongan de una función independiente para vigilar la aplicación y eficacia del sistema de gobernanza, que permita efectuar una supervisión eficaz.

(18)  La manipulación o falta de fiabilidad de los índices de referencia pueden causar perjuicios a los inversores y los consumidores. Por ello, el presente Reglamento debe establecer disposiciones sobre el mantenimiento de registros por los administradores y los contribuidores, así como sobre la transparencia en cuanto al objetivo del índice y los datos de cálculo que emplea, facilitando de este modo una resolución más justa y eficiente de las posibles reclamaciones con arreglo al Derecho nacional o al Derecho de la Unión.

(19)  La labor de auditoría y la ejecución eficaz del presente Reglamento exigen un análisis y elementos de prueba ex post. Por consiguiente, el presente Reglamento debe establecer un marco para que los administradores de índices de referencia conserven los pertinentes registros sobre el cálculo del índice durante un periodo de tiempo suficiente. Tanto la realidad cuya medición persigue el índice, como las condiciones en que tiene lugar la medición, es previsible que varíen a lo largo del tiempo. Esto hace necesario que la metodología y el proceso de elaboración de un índice de referencia sean auditados o verificados periódicamente, con vistas a determinar las deficiencias y las posibles mejoras. Muchos interesados pueden verse afectados por fallos en la elaboración de los índices de referencia y pueden contribuir a detectar las deficiencias. A tal efecto, el presente Reglamento debe establecer un marco para implantar un procedimiento de reclamaciones independiente por parte de los administradores que permita a los interesados transmitir sus reclamaciones a los administradores de índices de referencia y garantizar que estos últimos determinen objetivamente si tales reclamaciones están fundadas.

(20)  La elaboración de índices de referencia comporta, a menudo, la externalización de funciones importantes, tales como las de cálculo de los mismos, recopilación de los datos de cálculo y difusión del índice. A fin de velar por la eficacia del sistema de gobernanza, es preciso garantizar que, en ningún caso, la externalización exima a los administradores de índices de referencia de cualquiera de sus obligaciones y responsabilidades, y que tenga lugar de forma tal que no interfiera, ni en la capacidad de los administradores para cumplir con sus obligaciones o responsabilidades, ni en la capacidad de la autoridad competente para supervisar a estos últimos.

(21)  Los administradores de índices de referencia son los destinatarios centrales de los datos de cálculo y pueden evaluar su integridad y exactitud de forma permanente.▌

(22)  Los empleados de los administradores pueden detectar posibles infracciones del presente Reglamento o posibles vulnerabilidades que puedan dar lugar a manipulación o intento de manipulación. El presente Reglamento debe, por tanto, establecer un marco para que los empleados puedan alertar confidencialmente a los administradores de posibles infracciones del mismo.

(23)  Toda discrecionalidad a la hora de suministrar los datos de cálculo genera la posibilidad de manipular un índice de referencia. Cuando los datos de cálculo se basan en las operaciones, existe menos margen discrecional y, por tanto, disminuirá la probabilidad de manipulación. En consecuencia, por regla general, los administradores de índices de referencia deben utilizar los datos de operaciones reales siempre que sea posible, pero cabe recurrir a datos adicionales cuando aquellos otros no basten para garantizar la integridad y exactitud de los índices.

(24)  La exactitud y fiabilidad de un índice de referencia a la hora de medir la realidad económica a cuyo seguimiento se destina depende del método y los datos de cálculo utilizados. Por tanto, es necesario adoptar un método transparente que garantice la fiabilidad y exactitud del índice.

(25)  Puede ser necesario cambiar la metodología para garantizar que el índice de referencia siga siendo exacto, pero todo cambio en la metodología afecta a los usuarios y las partes interesadas en los índices. Por consiguiente, es necesario especificar los procedimientos que resulten aplicables cuando se modifique aquella, incluida la necesidad de efectuar consultas, de modo que los usuarios y los interesados puedan adoptar las medidas necesarias a la vista de esos cambios o notificar al administrador sus inquietudes con respecto a esos cambios.

(26)  La integridad y exactitud de los índices de referencia depende de la integridad y exactitud de los datos de cálculo aportados por los contribuidores. Es esencial que las obligaciones de los contribuidores en relación con dichos datos se especifiquen claramente, que se pueda confiar en su cumplimiento y que sean coherentes con los controles y la metodología aplicados por los administradores de índices de referencia. ▌Por tanto, los administradores de índices de referencia elaborarán, si procede y en la medida de lo posible en colaboración con sus contribuidores, un código de conducta que especifique estas obligaciones y las responsabilidades de los contribuidores en lo que atañe a la aportación de datos de cálculo.

(27)  Muchos índices de referencia se obtienen mediante la aplicación de una fórmula calculada a partir de datos de cálculo obtenidos de centros de negociación regulados, acuerdos de publicación o mecanismos de notificación aprobados, bolsas de energía o plataformas de subastas de derechos de emisión. En estos casos, la regulación y supervisión existentes garantizan la integridad y la transparencia de los datos de cálculo y prevén requisitos de gobernanza y procedimientos para la notificación de infracciones. En consecuencia, siempre que los datos de cálculo subyacentes procedan de centros sujetos a requisitos de transparencia postnegociación, incluidos mercados de terceros países considerados equivalentes a un mercado regulado de la Unión, a esos índices de referencia no les serán aplicables determinadas obligaciones del presente Reglamento, al objeto de evitar una doble regulación y puesto que la supervisión de que son objeto garantiza la integridad de los datos de cálculo utilizados.

(28)  Los contribuidores pueden estar afectados por conflictos de intereses y hacer valoraciones discrecionales a la hora de determinar los datos de cálculo. Por tanto, es preciso que, si resulta apropiado, y en la medida de lo posible, estén sujetos a un sistema de gobernanza que garantice la gestión de esos conflictos y que los datos de cálculo sean exactos, se ajusten a lo requerido por el administrador del índice de referencia y puedan ser validados.

(29)  Los diferentes tipos de índices de referencia y los diferentes sectores a los que se aplican presentan características, vulnerabilidades y riesgos diferentes. Resulta oportuno, por tanto, especificar más las disposiciones del presente Reglamento para determinados tipos de índices de referencia y determinados sectores. Los índices de referencia de materias primas se utilizan de forma generalizada y tienen características sectoriales específicas y, por tanto, es necesario especificar en el presente Reglamento de qué modo afectan tales disposiciones a dichos índices. Además, el presente Reglamento debe prever cierta flexibilidad con el fin de permitir una actualización oportuna de los diversos requisitos aplicables a los diferentes sectores de índices de referencia, habida cuenta de lo que está sucediendo en la esfera internacional, especialmente en relación con el trabajo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV).

(29 bis)   Para que un índice de referencia se considere fundamental con arreglo al presente Reglamento, su carácter debe considerarse sistémico o debe utilizarse de una manera sistémica y ser vulnerable a la manipulación a fin de garantizar la proporcionalidad normativa.

(30)  Existen índices de referencia fundamentales cuyos fallos pueden repercutir significativamente en la estabilidad financiera, en el buen funcionamiento del mercado o en los inversores, y resulta, por consiguiente, necesario establecer requisitos adicionales que garanticen la integridad y solidez de esos índices de referencia fundamental. Estos efectos potencialmente desestabilizadores de los índices de referencia fundamentales se pueden sustanciar en un único Estado miembro o en más de uno. Las autoridades nacionales competentes y la AEVM definirán qué índices de referencia serán calificados como fundamentales.

(30 bis)   Dada la importancia estratégica de los índices de referencia fundamentales para el buen funcionamiento del mercado interior, la AEVM debe estar facultada para tomar decisiones directamente aplicables al administrador y, si procede, a los contribuidores al índice de referencia, cuando la autoridad nacional competente no haya aplicado el presente Reglamento o lo haya aplicado de tal forma que infrinja el Derecho de la Unión y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(10).

(31)  Cuando los contribuidores dejan de serlo ello puede minar la credibilidad de los índices de referencia fundamentales, puesto que perjudicaría la capacidad de estos índices de referencia para medir el mercado o la realidad económica subyacentes. Es necesario ▌, por lo tanto, que la autoridad competente esté facultada para imponer a las entidades supervisadas la obligación de contribuir en el caso de los índices fundamentales con el fin de mantener la credibilidad del índice de referencia de que se trate. La obligación de contribuir con datos de cálculo no está destinada a imponer a las entidades supervisadas la obligación de realizar transacciones o de comprometerse a realizarlas.

(31 bis)   Una vez definido un índice de referencia como fundamental, su administrador podrá ostentar un poder de monopolio sobre los usuarios de tal índice. En este sentido, será necesario que el colegio de autoridades competentes de ese índice de referencia fundamental supervise el precio de venta y los costes del administrador, para evitar abusos de mercado.

(32)  A fin de que los usuarios de índices de referencia elijan los índices adecuados y comprendan los riesgos que comportan, es preciso que sepan qué mide el índice y qué tipo de vulnerabilidad presenta. Procede, por tanto, que el administrador del índice de referencia emita una declaración en la que se especifiquen estos elementos▌. El administrador debe poner sus datos de cálculo a disposición de la autoridad competente de que se trate que se los solicite en el contexto de una investigación.

(34)  El presente Reglamento debe tener en cuenta los principios que sobre los índices de referencia financieros emitió la Organización Internacional de Comisiones de Valores («los principios de la OICV sobre los índices de referencia financieros») el 17 de julio de 2013, así como los principios para las agencias de comunicación de precios del petróleo emitidos por la OICV el 5 de octubre de 2012 («los principios de la OICV para las agencias de comunicación de precios») que sirven de pauta internacional por lo que atañe a las disposiciones reguladoras aplicables a los índices de referencia.

(34 bis)   Los mercados físicos de materias primas presentan características exclusivas que deben tenerse en cuenta para no perjudicar la integridad de los índices de referencia de materias primas y no afectar negativamente a la transparencia de los mercados de materias primas, la seguridad del suministro europeo, la competitividad y los intereses de los consumidores. En consecuencia, no es conveniente aplicar determinadas disposiciones del presente Reglamento a los índices de referencia de materias primas. Los principios elaborados por la OICV para los índices de referencia de materias primas en colaboración con la Agencia Internacional de la Energía y el Foro Internacional de la Energía, entre otros, están diseñados específicamente para ser aplicados a todos los índices de referencia de materias primas, por lo que el presente Reglamento establece que determinados requisitos no se aplicarán a dichos índices de referencia.

(34 ter)   El presente Reglamento también incluye un régimen de reconocimiento que permite a los administradores de índices de referencia radicados en un país tercero elaborar sus índices de referencia en la Unión, a condición de que cumplan todos los requisitos fijados en el presente Reglamento o las disposiciones contempladas en los principios pertinentes de la OICV.

(34 quater)   El presente Reglamento introduce un régimen de refrendo que permite a los administradores radicados en la Unión y autorizados o registrados de conformidad con sus disposiciones refrendar los índices de referencia de terceros países, en determinadas condiciones. Este tipo de régimen de refrendo deberá introducirse para administradores de terceros países que estén asociados o trabajen estrechamente con administradores radicados en la Unión. Un administrador que haya refrendado los índices de referencia de un país tercero será responsable de estos índices de referencia refrendados y garantizará que cumplan las condiciones pertinentes referidas en el presente Reglamento o todos los requisitos de los principios pertinentes de la OICV.

(35)  El administrador de un índice de referencia fundamental debe ser autorizado y supervisado por la autoridad competente del Estado miembro en el que dicho administrador radique. La autoridad competente debe registrar y supervisar a los administradores que únicamente elaboren índices de referencia determinados mediante la aplicación de una fórmula empleando datos de cálculo facilitados total y directamente por centros regulados, acuerdos de publicación o mecanismos de notificación aprobados, bolsas de energía o plataformas de subastas de derechos de emisión y a los administradores que solo faciliten índices de referencia no fundamentales. El registro de un administrador no tiene por finalidad afectar a la supervisión que realizan las autoridades competentes pertinentes. La AEVM debe mantener un registro de administradores a escala de la Unión.

(36)  En algunas circunstancias, puede ocurrir que una persona elabore un índice y desconozca que se esté utilizando como referencia de un instrumento financiero. Esto ocurre, en particular, cuando los usuarios y los administradores del índice de referencia están radicados en Estados miembros diferentes. Por ello, resulta necesario incrementar el nivel de transparencia en relación con el índice de referencia que se utilice. Esto puede lograrse mediante la mejora del contenido de los prospectos o de los documentos de información clave que requiere el Derecho de la Unión y del contenido de las notificaciones y de la lista de instrumentos financieros que requiere el Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.(11)

(37)  La eficacia de la supervisión se garantiza asignando un conjunto de facultades, instrumentos y recursos efectivos a las autoridades competentes de cada Estado miembro y a la AEVM. Por consiguiente, el presente Reglamento debe prever, en particular, una serie mínima de facultades de supervisión e investigación de que debe dotarse a las autoridades competentes de los Estados miembros con arreglo al Derecho nacional y a la AEVM. En el ejercicio de las facultades que les asigna el presente Reglamento, las autoridades competentes y la AEVM deben obrar objetiva e imparcialmente, y adoptar sus decisiones siempre de forma autónoma.

(38)  A efectos de detectar los casos de infracción del presente Reglamento, es necesario que las autoridades competentes y la AEVM puedan tener acceso a los locales de las personas físicas o jurídicas para incautarse de documentos, de acuerdo con el Derecho nacional. El acceso a dichos locales es necesario cuando se tenga la sospecha razonable de que existen documentos y otros datos relacionados con el objeto de la inspección o investigación, y que pueden ser pertinentes para demostrar la infracción del presente Reglamento. Además, el acceso a dichos locales resulta necesario cuando: la persona a la que se haya dirigido ya una solicitud de información no la atienda, o haya motivos razonables para creer que, si se le dirigiera esa solicitud, no la atendería, o que los documentos o la información contemplados en la solicitud serían ocultados retirados, alterados o destruidos. Si es preciso obtener una autorización de las autoridades judiciales del Estado miembro de que se trate, con arreglo al Derecho nacional, la potestad de acceso a los locales debe utilizarse una vez obtenida dicha autorización judicial previa.

(39)  Las grabaciones de conversaciones telefónicas y los registros de tráfico de datos existentes y en poder de entidades supervisadas pueden constituir un elemento esencial, a veces el único, de cara a detectar y demostrar la infracción del presente Reglamento, en particular los requisitos de gobernanza y de control. Dichos registros y grabaciones pueden servir para verificar la identidad de la persona responsable de la transmisión y las personas responsables de autorizar esta, así como si se mantiene la separación organizativa de los empleados. Por tanto, las autoridades competentes deben poder exigir la entrega de las grabaciones de conversaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas, y los registros de tráfico de datos existentes y en poder de entidades supervisadas, siempre que se tenga la sospecha razonable de que esas grabaciones y registros relacionados con el objeto de la inspección o investigación pueden ser pertinentes para demostrar la infracción del presente Reglamento.

(40)  Algunas disposiciones del presente Reglamento se aplican a personas físicas o jurídicas de terceros países que pueden utilizar índices de referencia o ser contribuidores de índices de referencia o estar involucrados de algún otro modo en el proceso de elaboración del índice. En consecuencia, las autoridades competentes deben celebrar convenios con las autoridades de supervisión de terceros países. La AEVM debe coordinar la elaboración de esos convenios de cooperación y el intercambio entre autoridades competentes de la información recibida de terceros países.

(41)  El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, «la Carta»), en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar, la protección de los datos de carácter personal, la libertad de expresión y de información, la libertad de empresa, el derecho de propiedad, el derecho a la protección de los consumidores, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. Por consiguiente, el presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse de acuerdo con esos derechos y principios. En particular, cuando el presente Reglamento se refiere a las normas que regulan la libertad de expresión en otros medios de comunicación, así como a las normas o los códigos que regulan la profesión periodística, dichas libertades deben tenerse en cuenta, ya que están garantizadas tanto en la Unión como en los Estados miembros y son reconocidas en virtud del artículo 11 de la Carta y otras disposiciones pertinentes. El presente Reglamento no se aplicará a la prensa, a otros medios de comunicación ni a los periodistas que única y exclusivamente publiquen o mencionen un índice de referencia como parte de su actividad periodística, pero no ejerzan control sobre la elaboración de ese índice.

(42)  El derecho de defensa de las personas afectadas debe estar plenamente garantizado. En particular, las personas incursas en un procedimiento deben tener acceso a las conclusiones en que hayan basado las autoridades competentes la decisión, y tener derecho a ser oídas.

(43)  La transparencia con respecto a los índices de referencia es necesaria por razones de estabilidad del mercado financiero y protección del inversor. Todo intercambio o comunicación de información entre las autoridades competentes debe realizarse con arreglo a las disposiciones relativas a la transmisión de datos personales previstas en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(12). Todo intercambio o comunicación de información que realice la AEVM debe hacerse con arreglo a las disposiciones relativas a la transmisión de datos personales previstas en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos de la Comunidad y a la libre circulación de estos datos(13)

(44)  Teniendo en cuenta los principios enunciados en la Comunicación de la Comisión sobre regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de los servicios financieros, y los actos jurídicos de la Unión adoptados a raíz de dicha Comunicación, los Estados miembros deben establecer normas relativas a las sanciones y medidas administrativas aplicables a los supuestos de infracción de las disposiciones del presente Reglamento y velar por su ejecución. Dichas sanciones y medidas administrativas, deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(45)  Resulta, por tanto, oportuno prever una serie de medidas, sanciones y multas administrativas a fin de garantizar un enfoque común en los Estados miembros y potenciar sus efectos disuasorios. Las sanciones que deban aplicarse en cada caso deben determinarse atendiendo, cuando proceda, a factores tales como la presencia o ausencia de intención, la restitución de todo beneficio financiero constatado, la gravedad y duración de la infracción, todo posible factor agravante o atenuante, la necesidad de que las multas tengan efectos disuasorios, y, en su caso, comportar una reducción en caso de cooperación con la autoridad competente.

(46)  Al objeto de garantizar que las decisiones adoptadas por las autoridades competentes tengan un efecto disuasorio sobre el público en general, las mismas deben normalmente publicarse. Dicha publicación constituye también para las autoridades competentes una importante herramienta con vistas a informar a los participantes en el mercado de los comportamientos que se considera que infringen el presente Reglamento, y favorecer en general un adecuado comportamiento de aquellos. Cuando tal publicación pueda ocasionar un perjuicio desmesurado a las personas afectadas o ponga en riesgo la estabilidad de los mercados financieros o una investigación en curso, las autoridades competentes deben publicar las sanciones y medidas respetando el anonimato, o aplazar la publicación. Las autoridades competentes deben poder decidir no publicar las sanciones cuando se considere que una publicación anónima o aplazada no basta para garantizar que la estabilidad de los mercados financieros no esté en riesgo. Asimismo, las autoridades competentes no deben estar obligadas a publicar medidas que consideren de menor entidad cuando tal publicación resulte desproporcionada.

(47)  Los índices de referencia fundamentales pueden involucrar a contribuidores, administradores y usuarios de más de un Estado miembro. En consecuencia, si un índice fundamental deja de elaborarse o se producen hechos que puedan dañar significativamente su integridad, ello puede afectar a más de un Estado miembro, de tal modo que la supervisión de ese índice por la autoridad competente del Estado miembro de elaboración del mismo no resultará por sí sola ni eficiente ni eficaz a la hora de afrontar los riesgos que ese índice comporta. Al objeto de garantizar la eficacia del intercambio de información de supervisión entre las autoridades competentes, y la coordinación de las actividades de estas y las medidas de supervisión, deben crearse colegios de autoridades competentes con la AEVM a la cabeza. Las actividades de los colegios deben contribuir a la aplicación armonizada de las normas que establece el presente Reglamento y a la convergencia de las prácticas de supervisión. La mediación, jurídicamente vinculante, de la AEVM es un elemento fundamental de cara a la coordinación de las prácticas de supervisión, y su coherencia y convergencia. Los índices de referencia pueden aplicarse a instrumentos financieros y contratos financieros de larga duración. En algunos casos, una vez que el presente Reglamento entre en vigor, la elaboración de tales índices puede no estar ya permitida, debido a que posean características que no sea posible adaptar a lo establecido en el presente Reglamento. Sin embargo, prohibir la continuidad de esos índices puede significar la resolución o invalidación de los instrumentos financieros o contratos financieros, y perjudicar así a los inversores. Resulta oportuno, por tanto, prever que esos índices puedan seguir elaborándose durante un periodo transitorio.

(47 bis)   En los casos en los que el presente Reglamento afecte o pueda afectar a entidades supervisadas y mercados sujetos al Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (REMIT)(14), la AEVM debe consultar plenamente a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) para utilizar sus conocimientos especializados en materia de mercados de la energía y atenuar la doble regulación.

(47 ter)   Si un índice de referencia ya existente no se ajusta a los requisitos establecidos en el presente Reglamento, pero su modificación para adaptarlo a esos requisitos daría lugar a un caso de fuerza mayor o infringiría los términos de un contrato financiero o instrumento financiero, la autoridad competente pertinente podrá permitir que se siga utilizando el índice de referencia hasta que el índice de referencia pueda dejar de utilizarse o pueda sustituirse por otro índice de referencia para evitar los efectos negativos sobre los consumidores causados por un cese abrupto y desordenado del índice.

(48)  A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento y especificar más en detalle los elementos técnicos de la propuesta, procede delegar en la Comisión la facultad de adoptar actos, conforme a lo establecido en el artículo 290 del TFUE▌. Cuando se propongan estos actos, deberán tenerse en cuenta las normas internacionales vigentes para la administración, la contribución y la utilización de índices de referencia, especialmente los resultados del trabajo de la OICV. Debe respetarse la proporcionalidad, en especial en caso de índices de referencia no fundamentales e índices de referencia de materias primas.

(49)  La Comisión debe adoptar proyectos de normas técnicas de regulación elaborados por la AEVM por lo que se refiere a los requisitos de gobernanza y control que establezcan el contenido mínimo de los convenios de cooperación con las autoridades competentes de terceros países, entre otros mediante actos delegados conforme al artículo 290 del TFUE y de acuerdo con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

(50)  A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en relación con algunos aspectos del mismo. Concretamente, por lo que atañe a la verificación de la equivalencia de los marcos normativos a que estén sujetos ▌los elaboradores de índices de referencia de terceros países, así como a la calidad de fundamental de un índice de referencia. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011(15) , por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión.

(51)  La Comisión debe también estar facultada para adoptar normas técnicas de ejecución elaboradas por la AEVM y que establezcan los procedimientos y modalidades del intercambio de información entre las autoridades competentes y la AEVM, mediante actos de ejecución conforme al artículo 291 del TFUE y de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1095/2010. Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de un régimen coherente y eficaz frente a las vulnerabilidades que presentan los índices de referencia no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, puesto que los efectos generales de los problemas que plantean dichos índices solo pueden apreciarse plenamente en el contexto de la Unión, y pueden, por consiguiente, lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO 1

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece un marco común a efectos de garantizar la exactitud e integridad de los índices de referencia utilizados en los instrumentos financieros y los contratos financieros de la Unión. Contribuye así a un adecuado funcionamiento del mercado interior, a la vez que al logro de un elevada protección del consumidor y el inversor.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1.  El presente Reglamento será aplicable a la elaboración de los índices de referencia, la aportación de datos de cálculo a ese respecto y el uso de índices de referencia en la Unión.

2.  El presente Reglamento no será aplicable a la elaboración de los índices de referencia a través de:

a)  ▌los bancos centrales en el ejercicio de las facultades y en el desempeño de las funciones y obligaciones que les asignan los Tratados y los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del BCE, o cuya independencia sea inherente a las estructuras constitucionales del Estado miembro o del país tercero interesado;

a bis)   autoridades públicas que faciliten o controlen la prestación de índices de referencia con fines de política pública, incluidas las medidas de empleo, actividad económica e inflación;

a ter)   entidades de contrapartida centrales;

a quater)   administradores que proporcionen precios de referencia consistentes en un único precio o un único valor;

a quinquies)   la prensa, otros medios de comunicación o los periodistas que única y exclusivamente publiquen o mencionen un índice de referencia como parte de su actividad periodística, pero no ejerzan control sobre la elaboración de ese índice;

a sexies)   bancos mutualistas de ahorro en el sentido de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(16).

2 bis.   El artículo 5, apartados 1, 2 bis, 3 ter, 3 quater y 3 quinquies, los artículos 5 bis y 5 ter, el artículo 5 quinquies, letras b) a g), el artículo 7, apartado 1, letras a bis), b), b bis), b ter), b quater) y c), el artículo 7, apartados 2 bis, 3 bis y 3 ter, el artículo 7 bis, el artículo 8, apartados 1 y 2, el artículo 9, apartados 1 y 2, el artículo 11 y el artículo 17, apartado 1 no resultarán de aplicación para los administradores en lo relativo a sus índices de referencia no fundamentales.

Artículo 3

Definiciones

1.  A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

1)  «índice»: toda cifra

a)  que se publique o se ponga a disposición del público;

b)  que se determine periódicamente, en su totalidad o en parte, aplicando una fórmula o cualquier otro método de cálculo, o mediante evaluación; y

c)  cuya determinación se efectúe basándose en el valor de uno o más activos subyacentes, o precios, inclusive precios estimados, tipos de interés reales o estimados, y otros valores o datos de estudios;

1 bis)   «proveedor de índices»: la persona física o jurídica bajo cuyo control se elabora un índice de referencia;

2)  «índice de referencia»: todo índice que se utilice como referencia para determinar el importe a pagar en relación con un instrumento financiero o un contrato financiero, o el valor de un instrumento financiero o un contrato financiero▌;

2 bis)   «familia de índices de referencia»: grupo de índices de referencia elaborados por un solo administrador, determinados a partir de datos de cálculo de naturaleza similar y que ofrece mediciones específicas del mismo mercado o de la misma realidad económica o de un mercado o realidad económica similares;

3)  «elaboración de un índice de referencia»:

a)  la administración de los mecanismos destinados a determinar un índice de referencia; ▌

b)  la recogida, el análisis o el tratamiento de datos de cálculo con vistas a determinar un índice de referencia; y

c)  la determinación de un índice de referencia mediante una fórmula u otro método de cálculo o mediante la evaluación de los datos de cálculo facilitados a tal efecto;

4)  «administrador»: una persona física o jurídica bajo cuyo control se elabora un índice de referencia;

5)  «uso de un índice de referencia»:

a)   emisión de un instrumento financiero al que se aplique un índice o un conjunto de índices;

b)   determinación del importe por pagar relativo a un instrumento financiero o a un contrato financiero al aplicar un índice o un conjunto de índices;

c)   el hecho de ser parte en un contrato financiero que esté sujeto a un índice o a un conjunto de índices;

d)   el cálculo del rendimiento de un fondo de inversión mediante un índice o un conjunto de índices con el fin de realizar un seguimiento de los beneficios de dicho índice o conjunto de índices, así como de definir la asignación de activos de una cartera o de calcular las tasas de rendimiento;

6)  «aportación de datos de cálculo»: el suministro a un administrador, o a otra persona para su transmisión a un administrador, de cualquier dato de cálculo que no se encuentre a disposición del público y que sea necesario para la determinación de un índice de referencia, y que se facilite a tal fin;

7)  «contribuidor»: la persona física o jurídica que aporta datos de cálculo que no sean datos regulados;

8)  «contribuidor supervisado»: toda entidad supervisada que aporte datos de cálculo a un administrador radicado en la Unión;

9)  «transmitente»: una persona física contratada por el contribuidor con el fin de efectuar la aportación de datos;

9 bis)   «evaluador»: un empleado de un administrador de un índice de referencia de materias primas, o cualquier otra persona física o tercero cuyos servicios estén a disposición o bajo la responsabilidad del administrador y que se encargue de aplicar una metodología o unos criterios a los datos de cálculo y a otras informaciones con el fin de conseguir una evaluación definitiva sobre el precio de una determinada materia prima;

10)  «datos de cálculo»: los datos correspondientes al valor de uno o varios activos subyacentes, o precios, inclusive precios estimados, u otros valores, utilizados por el administrador para determinar el índice de referencia;

11)  «datos regulados»:

i)   los datos de cálculo aportados en su totalidad por:

a)   un centro de negociación, a tenor del artículo4, apartado 1, punto 24, de la Directiva 2014/65/UE, aunque exclusivamente en lo relativo a los datos relativos a instrumentos financieros;

b)   un dispositivo de publicación aprobado, a tenor del artículo 4, apartado 1, punto 52, de la Directiva 2014/65/UE, o un proveedor de información consolidada a tenor del artículo 4, apartado 1, punto 53, de la Directiva 2014/65/UE, conforme requisitos obligatorios de transparencia postnegociación, aunque exclusivamente en lo relativo a los datos de operaciones relacionados con instrumentos financieros que se negocien en un centro de negociación;

c)   un mecanismo de información aprobado, a tenor del artículo 4, apartado 1, punto 54, de la Directiva 2014/65/UE, aunque exclusivamente en lo relativo a los datos de operaciones relacionados con instrumentos financieros que se negocien en un centro de negociación y que deben hacerse públicos conforme a requisitos de transparencia postnegociación obligatorios;

d)   las bolsas de electricidad a que se refiere el artículo 37, apartado 1, inciso j), de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(17);

e)   las bolsas de gas natural a que se refiere el artículo 41, apartado 1, inciso j), de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(18);

f)   la plataforma de subastas a que se refiere el artículo 26 o el artículo 30 del Reglamento (UE) nº 1031/2010(19);

g)   datos previstos en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1227/2011 y desarrollados más ampliamente en el Reglamento de ejecución (UE) nº 1348/2014(20); o

h)   un centro de negociación, plataforma, intercambio, dispositivo de publicación o mecanismo de información de un país tercero equivalente a los especificados en las letras a) a g) o cualquier otra entidad como agregadores de datos de operaciones o captadores de datos de operaciones cuya contribución de datos de cálculo ya sea objeto de una supervisión adecuada; y

ii)   los valores de los activos netos de las unidades de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), según se definen en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE(21);

12)  «datos de operaciones»: todo precio, tipo, índice o valor observables que representen operaciones entre contrapartes no vinculadas en un mercado activo sujeto a las fuerzas competitivas de la oferta y la demanda;

13)  «instrumento financiero»: cualquiera de los instrumentos enumerados en el anexo I, sección C, de la Directiva 2014/65/UE que haya sido objeto de una solicitud de admisión a negociación en un centro de negociación, como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 24), de la Directiva 2014/65/UE, o que se negocie en un centro de negociación, como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 24), de la Directiva 2014/65/UE;

14)  «entidad supervisada»: cualquiera de las siguientes entidades:

a)  las entidades de crédito, según se definen en el artículo 3, punto 1, de la Directiva 2013/36/UE;

b)  las empresas de inversión, según se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2014/65/UE;

c)  las empresas de seguros, según se definen en el artículo 13, punto 1, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(22);

d)  las empresas de reaseguros, según se definen en el artículo 13, punto 4, de la Directiva 2009/138/CE;

e)  los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), según se definen en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2009/65/UE(23);

f)  los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA), según se definen en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(24);

g)  las entidades de contrapartida central, o ECC, según se definen en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(25);

h)  los registros de operaciones, según se definen en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) nº 648/2012;

i)  los administradores:

15)  «contrato financiero»:

a)  todo contrato de crédito según lo definido en el artículo 3, punto c), de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(26);

b)  todo contrato de crédito según lo definido en el artículo 4, punto 3, de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(27);

16)  «fondo de inversión»: un FIA, tal y como se define en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/61/UE, o los organismos de inversión colectiva comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo;

17)  «órgano de dirección»: el órgano u órganos rectores, que comprendan las funciones de supervisión y de dirección, constituyan la última instancia decisoria y estén facultados para fijar la estrategia, los objetivos y la orientación general de la entidad;

18)  «consumidor»: persona física que, en los contratos financieros a los que se aplica el presente Reglamento, actúa con fines ajenos a su actividad comercial o profesional;

19)  «índice de referencia de tipo de interés interbancario»: un índice de referencia en el que el activo subyacente a efectos del punto 1, letra c), del presente artículo es el tipo al que los bancos pueden prestar a otros bancos u obtener préstamos de otros bancos;

19 bis)   «índice de referencia de divisas»: un índice de referencia cuyo valor se determina en relación con el precio, expresado en una moneda, de una moneda o cesta de monedas;

20)  «índice de referencia de materias primas»: un índice de referencia en el que el activo subyacente a efectos del punto 1, letra c), del presente artículo es una materia prima a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la Comisión(28), excluidos los derechos de emisión definidos en el anexo I, sección C, punto 11 de la Directiva 2014/65/UE;

20 bis)   «riesgo básico»: el riesgo vinculado a la exactitud de la descripción por un índice de referencia del mercado o la realidad económica subyacentes que el índice de referencia pretende cuantificar;

21)  «índice de referencia fundamental»:

a)   un índice de referencia que no se basa en datos regulados cuyo valor de referencia supera los 500 000 millones EUR como se define en el artículo 13, apartado 1; o

b)   un índice de referencia cuyo cese tendría un efecto negativo importante sobre la estabilidad financiera, el correcto funcionamiento de los mercados y la economía real en uno o más Estados miembros;

Un índice de referencia fundamental es de carácter «nacional» si los efectos negativos derivados del cese de su elaboración o de una elaboración llevada a cabo utilizando una serie de contribuidores o datos no representativos se circunscriben a un Estado Miembro. En un caso así, se aplicarán los procedimientos establecidos en el artículo 13, apartado 2, letras a) a d).

Un índice de referencia fundamental es de carácter «europeo» si los efectos negativos derivados del cese de su elaboración o de una elaboración llevada a cabo utilizando una serie de contribuidores o datos no representativos no se circunscriben a un Estado Miembro. En un caso así, se aplicarán los procedimientos establecidos en el artículo 13, apartado 12, letras e) a g).

21 bis)   «índice de referencia no fundamental»: índice de referencia que no cumple los criterios fijados en el artículo 13 para la determinación de un índice de referencia fundamental;

22)  «radicación»: cuando se trate de personas jurídicas, el Estado miembro o país tercero en el que esté situado el domicilio social u otra dirección oficial de esa persona y, cuando se trate de personas físicas, el Estado miembro o país tercero del que dicha persona sea residente a efectos fiscales.

22 bis)   «autoridad pública»:

a)   cualquier Gobierno o administración pública;

b)   cualquier entidad o persona que ejerza funciones administrativas públicas de conformidad con el Derecho nacional, que tenga responsabilidades o funciones públicas o que preste servicios públicos, incluidas medidas relativas a la inflación, el trabajo o las actividades económicas, bajo el control de un gobierno o autoridad pública.

2.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 37, a fin de especificar con mayor detalle elementos técnicos de las definiciones establecidas en el apartado 1, en particular qué se entiende por «poner a disposición del público» a efectos de la definición de índice. En esos actos delegados la Comisión garantizará que por «publicado» o por «puesto a disposición» se entienda puesto a disposición del público más amplio posible de usuarios o usuarios potenciales.

En su caso, la Comisión tendrá en cuenta el progreso tecnológico o del mercado y la convergencia internacional de las prácticas de supervisión aplicables a los índices de referencia.

2 bis.   La Comisión adoptará actos de ejecución con el fin de establecer una lista de autoridades públicas de la Unión en el sentido del apartado 1, punto 22 bis, del presente artículo, y con el fin de revisar dicha lista. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen previsto en el artículo 38, apartado 2.

Artículo 4

Exclusión de los proveedores de índices que desconozcan el uso de los índices de referencia que elaboran ▌

El presente Reglamento no será de aplicación a los proveedores de índices de referencia, por lo que respecta a los índices que elaboren, cuando desconozcan, y no podrían razonablemente haber sabido, que dichos índices se usan como referencia a los fines contemplados en el artículo 3, apartado 1, punto 2.

TÍTULO II

INTEGRIDAD Y FIABILIDAD DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA

Capítulo 1

Gobernanza y control de los administradores

Artículo 5

Requisitos de gobernanza y conflictos de intereses

1.  El administrador dispondrá de mecanismos de gobernanza sólidos, que comprendan una estructura organizativa clara, en la que las funciones y responsabilidades de cuantos participen en la elaboración de un índice de referencia estén bien definidas y sean transparentes y coherentes.

El administrador adoptará todas las medidas necesarias para identificar y prevenir o gestionar los conflictos de intereses entre él mismo, incluidos sus directivos, empleados o cualquier otra persona física o tercera parte cuyos servicios se encuentren a su disposición o bajo su control, y los contribuidores o usuarios, y garantizará que, si se requieren valoraciones discrecionales o juicios en el proceso del índice de referencia, se empleen de forma independiente y justa.

2 bis.   La elaboración de un índice de referencia estará operativamente separada de cualquier área de actividad del administrador que pueda originar un conflicto real o potencial de intereses. Cuando puedan surgir conflictos de intereses en relación con el administrador debido a su estructura de propiedad, el control de los intereses u otras actividades realizadas por cualquier entidad que tenga la propiedad del administrador o lo controle, o que sea propiedad del administrador o esté controlada por él, o sus empresas asociadas, el administrador creará una función de supervisión independiente que incluya una representación equilibrada de una serie de partes interesadas —en caso de conocerse—, así como de abonados y de contribuidores. Si estos conflictos no pueden gestionarse de forma adecuada, el administrador pondrá fin a toda actividad o relación que genere tales conflictos, o dejará de elaborar el índice de referencia.

3 bis.   El administrador publicará o comunicará todos los conflictos de intereses existentes o potenciales a los usuarios del índice de referencia y a la autoridad competente pertinente, así como, si procede, a los contribuidores, incluidos los conflictos de intereses derivados de la propiedad o el control del administrador.

3 ter.   El administrador establecerá y aplicará políticas y procedimientos adecuados, así como acuerdos de organización efectivos, para la identificación, la divulgación, la gestión, la mitigación y la prevención de los conflictos de intereses, a fin de proteger la integridad y la independencia de las determinaciones del índice de referencia. Estas políticas y estos procedimientos se revisarán y actualizarán de forma regular. Las políticas y los procedimientos deberán tener en cuenta y abordar los conflictos de intereses, el grado de discrecionalidad en el proceso de elaboración de los índices de referencia y los riesgos que estos conlleven, y deberán:

a)   garantizar la confidencialidad de la información aportada al administrador o que este elabore, sin perjuicio de las obligaciones en materia de información y transparencia previstas en el presente Reglamento; y

b)   atenuar específicamente los conflictos derivados de la propiedad o el control del administrador, o debidos a otros intereses del grupo al que pertenezca o causados por otras personas que pueden ejercer una influencia o control sobre el administrador en relación con la fijación del índice de referencia.

3 quater.   El administrador asegurará que los empleados o cualquier otra persona física que esté a su servicio o bajo su responsabilidad y que intervenga directamente en la elaboración de un índice de referencia:

a)   posean las cualificaciones, los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar los cometidos que se le asignen y estén sujetos a una gestión y supervisión efectivas;

b)   no estén sujetos a influencias indebidas o conflictos de intereses y la remuneración y evaluación del desempeño de estas personas no generen conflictos de intereses o menoscaben de otro modo la integridad del proceso de elaboración de los índices de referencia;

c)   no tengan intereses o vínculos empresariales que pongan en peligro las funciones del administrador;

d)   estén sujetos a la prohibición de contribuir a la determinación de un índice de referencia mediante la participación en ofertas de compra o de venta y transacciones, ya sea a título personal o en nombre de participantes en el mercado; y

e)   estén sujetos a procedimientos eficaces para controlar el intercambio de información con otros empleados y no tomen parte en actividades que puedan suponer un riesgo de conflicto de intereses.

3 quinquies.   El administrador establecerá procedimientos de control interno específicos para garantizar la integridad y fiabilidad del empleado o la persona que determine el índice de referencia, lo que podrá comprender el visto bueno interno de la dirección antes de la difusión del índice de referencia o la sustitución adecuada, por ejemplo en el caso de un índice de referencia con actualización intradiaria o en tiempo real.

3 sexies.   La realización de cambios de carácter no sustancial en el índice de referencia en relación con las disposiciones contempladas en el presente artículo no se considerará una infracción de cualesquiera contratos financieros o instrumentos financieros que utilicen ese índice como índice de referencia. En el caso de índices de referencia fundamentales, la autoridad competente pertinente podrá determinar si se trata o no de un cambio sustancial.

Artículo 5 bis

Requisitos de la función de supervisión

1.   El administrador implantará y mantendrá una función de supervisión permanente y efectiva con el fin de supervisar todos los aspectos de la elaboración de sus índices de referencia.

2.   Un administrador desarrollará y mantendrá procedimientos sólidos en relación con su función de supervisión, que se pondrán a disposición de las autoridades competentes pertinentes.

Las principales características de los procedimientos comprenderán:

a)   los términos de referencia de la función de supervisión;

b)   los criterios para seleccionar a los miembros de la función de supervisión;

c)   el resumen de los miembros de cualquier consejo o comité encargado de la función de supervisión, junto con las declaraciones de conflictos de intereses y procesos de elección, nombramiento o cesación y sustitución de miembros del comité.

3.   La función de supervisión funcionará de manera independiente e incluirá las siguientes responsabilidades, que se adaptarán a la complejidad, el uso y la vulnerabilidad del índice de referencia:

a)   revisión, como mínimo anual, de la definición del índice de referencia y de su metodología;

b)   supervisión de cualquier cambio en la metodología del índice y autorización al administrador para que consulte sobre tales cambios;

c)   supervisión del marco de control del administrador, de la gestión y del funcionamiento del índice de referencia y, si el índice de referencia emplea contribuidores, del código de conducta al que se refiere el artículo 9, apartado 1;

d)   revisión y aprobación de los procedimientos de cese del índice de referencia, incluida cualquier consulta sobre tal cese;

e)   supervisión de terceros que intervengan en la elaboración del índice de referencia, incluidos los agentes de cálculo o difusión;

f)   evaluación de las auditorías o revisiones internas y externas, y control de la aplicación de las medidas correctoras destacadas en los resultados de estas auditorías;

g)   si el índice de referencia emplea contribuidores, seguimiento de los datos de cálculo y los contribuidores, así como de las acciones del administrador para impugnar o validar las aportaciones de datos de cálculo;

h)   si el índice de referencia emplea contribuidores, adopción de medidas efectivas en relación con cualquier infracción del código de conducta; y

i)   si el índice de referencia emplea contribuidores, comunicación a las autoridades competentes pertinentes de cualquier falta cometida por los contribuidores o administradores de la que tenga conocimiento, y de cualesquiera datos de cálculo que pudieran ser anómalos o sospechosos.

4.   La función de vigilancia la realizará un comité separado u otro mecanismo de gobernanza apropiado.

La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para determinar las características que la función de supervisión tendrá en términos de composición y de posicionamiento dentro de la estructura organizativa del administrador, para garantizar la integridad de la función y la ausencia de conflictos de intereses.

La AEVM hará la distinción entre diferentes tipos de índices de referencia y de sectores previstos en el presente Reglamento y tendrá en cuenta las diferencias en la estructura de propiedad y control de los administradores, la naturaleza, dimensión y complejidad de la elaboración del índice de referencia, y el riesgo e impacto del índice de referencia a la luz de la convergencia internacional de las prácticas de supervisión en lo que atañe a los requisitos de gobernanza aplicables a los índices de referencia.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [XXX].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

5.   La función de supervisión podrá ejercerse en relación con varios índices de referencia elaborados por un administrador, siempre que se cumplan igualmente los demás requisitos de los títulos I y IV.

6.   La realización de cambios de carácter no sustancial en el índice de referencia en relación con las disposiciones contempladas en el presente artículo no se considerará una infracción de cualesquiera contratos financieros o instrumentos financieros que utilicen ese índice como índice de referencia. En el caso de índices de referencia fundamentales, la autoridad competente pertinente podrá determinar si se trata o no de un cambio sustancial.

Artículo 5 ter

Requisitos relativos al marco de control

1.   El administrador dispondrá de un marco de control que garantice que el índice de referencia se elabore y se publique o esté disponible conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento.

2.   Dicho marco de control deberá ser proporcional al nivel de los conflictos de intereses que se hayan detectado, al grado de discrecionalidad en la elaboración del índice de referencia y a la naturaleza de los datos de cálculo del mismo, e incluirá:

a)   la gestión del riesgo operativo;

b)   los procedimientos de contingencia y recuperación establecidos en caso de que la elaboración del índice de referencia se vea perturbada.

3.   Cuando los datos de cálculo no sean datos de operaciones, el administrador deberá:

a)   tomar medidas para garantizar, en la medida de lo posible, que los contribuidores cumplan el código de conducta a que se refiere el artículo 9, apartado 1, y las normas aplicables a los datos de cálculo;

b)   tomar medidas para controlar los datos de cálculo, entre ellas el seguimiento de dichos datos antes de la publicación del índice de referencia y su validación después de la publicación con vistas a detectar los errores y anomalías.

4.   El marco de control deberá documentarse, revisarse y actualizarse siempre que resulte oportuno, y ponerse a disposición de la autoridad competente pertinente y, previa solicitud, de los usuarios.

5.   Los cambios no sustanciales del índice de referencia relacionados con las disposiciones contempladas en el presente artículo no se considerarán una infracción de cualesquiera contratos financieros o instrumentos financieros que utilicen ese índice como referencia. En el caso de índices de referencia fundamentales, la autoridad competente pertinente podrá determinar si se trata o no de un cambio sustancial.

Artículo 5 quater

Requisitos relativos al sistema de rendición de cuentas

1.   El administrador contará con un sistema de rendición de cuentas que prevea el mantenimiento de registros, la auditoría y verificación, y un procedimiento de reclamaciones, y que sirva para demostrar que se cumple lo dispuesto en el presente Reglamento.

2.   El administrador creará una función independiente interna o externa que contará con la capacidad necesaria para verificar el cumplimiento, por parte del administrador, de la metodología del índice de referencia y del presente Reglamento, y para informar al respecto.

3.   En el caso de índices de referencia no fundamentales, el administrador publicará y conservará una declaración de cumplimiento en la que informará sobre su observancia del presente Reglamento. Dicha declaración de cumplimiento abarcará al menos los requisitos contemplados en el artículo 5, apartados 1, 2 bis, 3 ter, 3 quater y 3 quinquies, los artículos 5 bis y 5 ter, el artículo 5 quinquies, letras b) a g), el artículo 7, apartado 1, letras a bis), b), b bis), b ter), b quater) y c), y apartados 2 bis, 3 bis y 3 ter, el artículo 7 bis, el artículo 8, apartados 1 y 2, el artículo 9, apartados 1 y 2, el artículo 11, y el artículo 17, apartado 1.

Cuando el administrador no cumpla los requisitos contemplados en el artículo 5, apartados 1, 2 bis, 3 ter, 3 quater y 3 quinquies, los artículos 5 bis y 5 ter, el artículo 5 quinquies, letras b) a g), el artículo 7, apartado 1, letras a bis), b), b bis), b ter), b quater) y c), y apartados 2 bis, 3 bis y 3 ter, el artículo 7 bis, el artículo 8, apartados 1 y 2, el artículo 9, apartados 1 y 2, el artículo 11, y el artículo 17, apartado 1, se hará constar claramente en la declaración de cumplimiento el motivo por el que resulta apropiado que el administrador no satisfaga tales disposiciones.

4.   El administrador de un índice de referencia no fundamental nombrará a un auditor externo independiente para que revise la exactitud de la declaración de cumplimiento del administrador, y para que informe sobre ello. Esta auditoría se realizará al menos cada dos años, y siempre que se produzcan cambios sustanciales en el índice de referencia.

5.   El administrador facilitará a la autoridad competente pertinente las auditorías a que se refiere el apartado 4. El administrador publicará pormenores relativos a las auditorías a que se refiere el apartado 4 o se los facilitará a cualquier usuario del índice de referencia, previa solicitud. A solicitud de la autoridad competente pertinente o de cualquier usuario del índice de referencia, el administrador facilitará o publicará pormenores de las verificaciones a que se refiere el apartado 4.

6.   La autoridad competente pertinente podrá solicitar al administrador información adicional respecto de sus índices de referencia no fundamentales, de conformidad con el artículo 30, y/o podrá emitir una recomendación dirigida al administrador relativa al cumplimiento por parte de este de las disposiciones objeto de la declaración de cumplimiento hasta que dicha autoridad competente se dé por enteramente satisfecha. La autoridad competente podrá publicar la recomendación en su sitio web.

Artículo 5 quinquies

Requisitos relativos al mantenimiento de registros

1.   El administrador llevará registros de:

a)   todos los datos de cálculo;

b)   cualquier realización de valoraciones discrecionales o juicios por parte del administrador y, si procede, por parte de los evaluadores, en la determinación del índice de referencia;

c)   los casos en los que no se haya tomado en consideración un dato de cálculo, especialmente si se ajustaba a los requisitos de la metodología del índice de referencia, y la justificación para ello;

d)   otros cambios o desviaciones con respecto a los procedimientos y las metodologías estándar, incluidos los que se hayan producido durante los períodos de tensión o perturbación del mercado;

e)   la identidad de los transmitentes y las personas físicas empleadas por los administradores para determinar los índices de referencia;

f)   todos los documentos relacionados con una reclamación; y

g)   las comunicaciones pertinentes entre cualquier persona empleada por el administrador y los contribuidores o transmitentes en relación con el índice de referencia.

2.   Si el índice de referencia se basa en aportaciones de contribuidores, el contribuidor llevará también el registro de cualquier comunicación pertinente, por ejemplo con otros contribuidores.

3.   El administrador conservará los registros contemplados en el apartado 1 durante al menos cinco años, de tal forma que sea posible reproducir y comprender plenamente los cálculos del índice de referencia y realizar una auditoría o evaluación de los datos de cálculo, de los cálculos y de los juicios y valoraciones discrecionales. Las grabaciones de conversaciones telefónicas o comunicaciones electrónicas se facilitarán a las personas implicadas en dichas conversaciones o comunicaciones, si así lo solicitan, y se conservarán durante un período de tres años.

Artículo 5 sexies

Tramitación de reclamaciones

El administrador implantará y publicará procedimientos escritos para la recepción, verificación y conservación de registros relativos a reclamaciones con respecto a su proceso de cálculo. Dicho mecanismo de reclamación garantizará que:

a)   el administrador establezca un mecanismo exhaustivo en el marco de una política de tramitación de reclamaciones por escrito, a través del cual sus suscriptores puedan denunciar que un determinado cálculo de un índice de referencia no es representativo del valor de mercado, los cambios propuestos en el cálculo del índice de referencia, la aplicación de una metodología en relación con el cálculo de un determinado índice de referencia y otras decisiones que afecten a los procesos de cálculo del índice de referencia;

b)   exista un proceso y un plazo previsto para la tramitación de reclamaciones;

c)   las reclamaciones formales contra un administrador y su personal sean investigadas por dicho administrador objetiva y oportunamente;

d)   la investigación se lleve a cabo sin la intervención de ningún miembro del personal que pueda estar involucrado en el objeto de la reclamación;

e)   el administrador procure concluir la investigación a la mayor brevedad.

Artículo 5 septies

Normas técnicas de regulación sobre requisitos en materia de gobernanza y control

La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar en mayor medida los requisitos en materia de gobernanza y control contemplados en el artículo 5, apartados 2 bis y 3 bis a 3 quinquies, en el artículo 5 bis, apartados 2 y 3, en el artículo 5 ter, apartados 2 y 3, y en el artículo 5 quater, apartados 1 a 3. La AEVM tendrá en cuenta lo siguiente:

a)   la evolución de los índices de referencia y los mercados financieros a la luz de la convergencia internacional de las prácticas de supervisión en lo que atañe a los requisitos de gobernanza aplicables a los índices de referencia

b)   las características específicas a los diferentes tipos de índices de referencia y administradores, incluidos los rasgos sectoriales y los tipos de datos de cálculo empleados;

c)   la distinción entre los índices de referencia no fundamentales y los fundamentales;

d)   si los requisitos ya están parcial o totalmente subsumidos en otros requisitos normativos pertinentes, en particular para los índices de referencia basados en datos regulados, y concretamente en los requisitos contemplados en la Directiva 2014/65/UE y en el Reglamento (UE) nº 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(29), entre otros, con objeto de garantizar que no se dupliquen los requisitos aplicables a los administradores y que no se les impongan cargas adicionales innecesarias.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [...].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Artículo 6

Externalización

1.  El administrador no externalizará funciones conexas a la elaboración de índices de referencia de modo tal que ello reduzca significativamente su control de dicha elaboración, o la capacidad de la autoridad competente para supervisar el índice.

3.  Cuando un administrador externalice, a un proveedor de servicios, funciones o cualquier servicio o actividad pertinentes para la elaboración de un índice de referencia, seguirá siendo plenamente responsable del cumplimiento de las obligaciones que le incumban en virtud del presente Reglamento.

3 bis.   En caso de externalización, el administrador velará por que se cumplan las siguientes condiciones:

a)   el proveedor de servicios deberá disponer de la competencia, la capacidad y de cualquier autorización exigida por la ley para realizar las funciones, servicios o actividades externalizados de forma fiable y profesional;

b)   el administrador deberá poner a disposición de las autoridades competentes pertinentes la identidad y las funciones del proveedor de servicios que participe en el proceso de determinación del índice de referencia;

c)   el administrador deberá tomar las medidas apropiadas si se observa que el proveedor de servicios podría no estar desempeñando las funciones externalizadas de forma eficaz y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

d)   el administrador conservará los recursos precisos para supervisar eficazmente las funciones externalizadas y gestionar los riesgos asociados a la externalización;

e)   el proveedor de servicios deberá comunicar al administrador cualquier hecho que pueda incidir de manera significativa en su capacidad para desempeñar las funciones externalizadas de forma eficaz y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

f)   el proveedor de servicios cooperará con la autoridad competente pertinente en relación con las actividades externalizadas, y el administrador y la correspondiente autoridad competente tendrán acceso efectivo a los datos relativos a las actividades externalizadas, así como a los locales comerciales del proveedor de servicios, y la autoridad competente pertinente estará facultada para ejercer esos derechos de acceso;

g)   el administrador podrá poner fin al acuerdo cuando sea necesario;

h)   el administrador deberá adoptar medidas razonables, incluidos planes de contingencia, para evitar riesgos operativos indebidos relacionados con la participación del proveedor de servicios en el proceso de determinación del índice de referencia.

Capítulo 2

Datos de cálculo, metodología y notificación de infracciones

Artículo 7

Datos de cálculo ▌

1.  La elaboración de un índice de referencia se regirá por las siguientes disposiciones en lo que atañe a los datos de cálculo ▌:

a)  Los datos de cálculo serán datos de operaciones o, si resulta más adecuado, datos no basados en operaciones, incluidas cotizaciones comprometidas y estimaciones verificables, siempre y cuando reflejen con exactitud y fiabilidad el mercado o la realidad económica a cuya medición se destina el índice de referencia▐.

a bis)   Los datos de cálculo a que se refiere la letra a) serán verificables.

b)  El administrador obtendrá los datos de cálculo de un grupo o una muestra fiable y representativa de contribuidores, a fin de que el índice de referencia resultante sea fiable y representativo del mercado o la realidad económica a cuya medición se destina▐.

b bis)   El administrador únicamente empleará datos de cálculo de contribuidores que respeten el código de conducta a que se refiere el artículo 9.

b ter)  El administrador llevará una lista de las personas habilitadas para aportar datos de cálculo al administrador, que incluya los procedimientos para comprobar la identidad de los contribuidores y los transmitentes.

b quater)   Los administradores garantizarán que los contribuidores proporcionen todos los datos de cálculo pertinentes; y

c)  Cuando los datos de cálculo de un índice de referencia no sean datos de operaciones y un contribuidor tenga intereses en más del 50 % del valor de las operaciones del mercado a cuya medición se destina el índice, el administrador se cerciorará, siempre que sea posible, de que los datos de cálculo representen un mercado sujeto a las fuerzas competitivas de la oferta y la demanda. Si el administrador considera que los datos de cálculo no son representativos de un mercado sujeto a dichas fuerzas, bien variará los datos de cálculo, los contribuidores o la metodología, a fin de garantizar que tales datos sean representativos de un mercado sujeto a las fuerzas competitivas de la oferta y la demanda, bien pondrá fin a la elaboración de ese índice de referencia ▌.

2 bis.   El administrador velará por que los controles aplicables a los datos de cálculo incluyan lo siguiente:

a)   criterios que definan quién podrá presentar datos de cálculo al administrador y un proceso de selección de los contribuidores;

b)   un proceso para evaluar los datos de cálculo aportados por los contribuidores y para evitar que estos aporten otros nuevos o para aplicarles otras sanciones por incumplimiento, en su caso; y

c)   un proceso para validar los datos de cálculo, en particular a la vista de otros indicadores o datos, a fin de garantizar su integridad y exactitud. Cuando un índice de referencia cumpla los criterios establecidos en el artículo 14 bis, este requisito se aplicará únicamente si su observancia entra dentro de lo razonablemente posible.

3 bis.   Cuando los datos de cálculo de un índice de referencia sean aportados por una función operativa (front office), es decir, cualquier departamento, división, grupo o empleado de los contribuidores o de cualquiera de sus empresas asociadas que realice actividades de fijación de precios, negociación, venta, comercialización, publicidad, promoción directa, estructuración o intermediación, el administrador deberá:

a)   obtener datos de otras fuentes que corroboren los datos de cálculo;

b)   garantizar que los contribuidores disponen de procedimientos internos de supervisión y verificación adecuados que permitan:

i)   validar los datos de cálculo aportados, lo que comprenderá procedimientos de revisión múltiple por parte del personal directivo con vistas a comprobar dichos datos y procedimientos internos de visado de la dirección para la transmisión de los mismos;

ii)   realizar una separación física de los empleados de la función operativa (front office) y la cadena jerárquica;

iii)   tener plenamente en cuenta las medidas de gestión de conflictos destinadas a detectar, revelar, gestionar, mitigar y evitar cualquier incentivo real o potencial para manipular los datos aportados o influir de algún otro modo en ellos, en particular a través de las políticas de remuneración, y los conflictos de intereses entre las actividades de aportación de datos de cálculo y cualquier otra actividad del contribuidor, de cualquiera de sus empresas asociadas o de cualquiera de los clientes de alguno de ellos.

Lo dispuesto en las letras a) y b) del párrafo primero se aplicará a los índices de referencia que cumplan los criterios establecidos en el artículo 14 bis únicamente cuando la observancia de dichas disposiciones entre dentro de lo razonablemente posible.

3 ter.   Los cambios no sustanciales del índice de referencia relacionados con las disposiciones contempladas en el presente artículo no se considerarán una infracción de cualesquiera contratos financieros o instrumentos financieros que utilicen ese índice como referencia. En el caso de índices de referencia fundamentales, la autoridad competente pertinente podrá determinar si se trata o no de un cambio sustancial.

3 quater.   La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar en mayor detalle los procedimientos internos de supervisión y verificación del contribuidor que ha de establecer el administrador, de conformidad con los apartados 2 bis y 3 bis, con el fin de garantizar la integridad y la exactitud de los datos de cálculo.

La AEVM tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad respecto de los índices de referencia no fundamentales y los índices de referencia de materias primas; la especificidad de los distintos tipos de índices de referencia, en particular de aquellos basados en aportaciones de entidades que cumplen los criterios establecidos en el artículo 14 bis; la naturaleza de los datos de cálculo, y si los requisitos ya están parcial o totalmente subsumidos en otros requisitos normativos pertinentes, concretamente en los requisitos contemplados en la Directiva 2014/65/UE y en el Reglamento (UE) nº 600/2014, entre otros, con objeto de garantizar que no se dupliquen los requisitos aplicables a los administradores y que no se les impongan cargas adicionales innecesarias, así como la convergencia internacional de las prácticas de supervisión en lo que atañe a los índices de referencia.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [XXX].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Artículo 7 bis

Metodología

1.   El administrador empleará una metodología para determinar el índice de referencia que:

a)   sea sólida y fiable;

b)   cuente con normas claras que establezcan cómo y cuándo pueden realizarse valoraciones discrecionales para determinar el índice de referencia;

c)   sea rigurosa, continua y susceptible de validación, en su caso a través de pruebas retrospectivas;

d)   tenga resiliencia y garantice que el índice de referencia pueda calcularse en el mayor número posible de circunstancias;

e)   pueda detectarse y verificarse.

2.   Al desarrollar la metodología del índice de referencia, el administrador deberá:

a)   tener en cuenta factores tales como el tamaño y la liquidez normal del mercado, la transparencia de la negociación y las posiciones de los participantes en el mercado, la concentración del mercado, la dinámica del mercado, y la adecuación de cualquier muestra para reflejar el mercado o la realidad económica que el índice de referencia está destinado a medir;

b)   determinar qué constituye un mercado activo a los fines de dicho índice de referencia; y

c)   definir la prioridad concedida a diferentes tipos de datos de cálculo.

3.   El administrador establecerá disposiciones claras, que serán objeto de publicación, con vistas a identificar las circunstancias en que la cantidad o la calidad de los datos de cálculo no alcance el nivel necesario para que la metodología permita determinar el índice de referencia de manera exacta y fiable, y que especificarán si se calculará o no el índice de referencia en tales circunstancias y de qué manera.

4.   Los cambios no sustanciales del índice de referencia relacionados con las disposiciones contempladas en el presente artículo no se deben considerar una infracción de cualesquiera contratos financieros o instrumentos financieros que utilicen ese índice como referencia. En el caso de índices de referencia fundamentales, la autoridad competente pertinente podrá determinar si se trata o no de un cambio sustancial.

Artículo 7 ter

Transparencia de la metodología

1.   El administrador desarrollará, utilizará y administrará los datos y la metodología relativos al índice de referencia de forma transparente.

El administrador publicará, por un medio que garantice un acceso justo y fácil, lo siguiente:

i)   la metodología empleada para cada índice de referencia o familia de índices de referencia; y

ii)   el procedimiento de consulta, junto con su justificación, sobre cualquier cambio sustancial que proponga introducir en su metodología, y la justificación de dicho cambio, incluida una definición de lo que constituye un cambio sustancial, y el momento en que notificará a los usuarios los cambios que se produzcan.

2.   Cuando un índice de referencia cumpla los criterios establecidos en el artículo 14 bis, el administrador de dicho índice incluirá y publicará con cada cálculo, en la medida en que resulte razonable y no vaya en detrimento de la debida publicación del índice de referencia, lo siguiente:

a)   una explicación sucinta, pero suficiente, para facilitar que los suscriptores de un índice de referencia o la autoridad competente puedan comprender el desarrollo del cálculo, indicando, como mínimo, el tamaño y liquidez del mercado físico evaluado (por ejemplo, el número y volumen de las operaciones transmitidas), el intervalo de volúmenes y el volumen medio, y el intervalo de precios y el precio medio, así como porcentajes indicativos de cada tipo de datos de cálculo incluidos en el cálculo; además, se indicarán los términos empleados en la metodología de determinación de precios, como «basado en operaciones», «basado en diferenciales» o «interpolado o extrapolado»; y

b)   una explicación sucinta de por qué razón y en qué medida se ha utilizado en el cálculo la discrecionalidad, indicando, entre otras, cualquier decisión de excluir datos de cálculo que se ajustaban a los requisitos de la metodología pertinente para ese cálculo; los precios basados en diferenciales, interpolaciones o extrapolaciones, y la ponderación de ofertas de compra y de venta a un valor más elevado que el de las operaciones ejecutadas en cualquier cálculo efectuado.

3.   En el caso de que esta publicación no resulte compatible con la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual, la metodología deberá ponerse a disposición de la autoridad competente pertinente.

4.   Cuando la metodología de un índice de referencia fundamental sea objeto de un cambio sustancial, el administrador notificará dicho cambio a la autoridad competente. Esta dispondrá de treinta días para aprobar el cambio en cuestión.

Artículo 7 quater

Normas técnicas de regulación sobre los datos de cálculo y la metodología

La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar los controles de los datos de cálculo, las circunstancias en las que los datos de operaciones pueden no bastar y cómo puede demostrarse esto a las correspondientes autoridades competentes, así como los requisitos para el desarrollo de metodologías, diferenciando entre los diversos tipos de índices de referencia y sectores tal y como establece el presente Reglamento. La AEVM tendrá en cuenta lo siguiente:

a)   la evolución de los índices de referencia y los mercados financieros a la luz de la convergencia internacional de las prácticas de supervisión aplicables a los índices de referencia;

b)   las características específicas de diferentes índices de referencia y tipos de índices de referencia;

c)   el principio de proporcionalidad respecto de los índices de referencia no fundamentales;

d)   la vulnerabilidad de los índices de referencia frente a la manipulación en vista de los métodos y los datos de cálculo utilizados;

e)   que los usuarios deben disponer de suficientes datos para poder comprender cómo se elabora un índice de referencia a fin de evaluar su pertinencia e idoneidad como referencia;

f)   si los requisitos ya están parcial o totalmente subsumidos en otros requisitos normativos pertinentes, en particular para los índices de referencia basados en datos regulados, y concretamente en los requisitos contemplados en la Directiva 2014/65/UE y en el Reglamento (UE) nº 600/2014, entre otros, con objeto de garantizar que no se dupliquen los requisitos aplicables a los administradores y que no se les impongan cargas adicionales innecesarias.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [...].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Artículo 8

Notificación de las infracciones

1.  El administrador dispondrá de procedimientos establecidos que permitan a los directivos, empleados y otras personas físicas que le presten servicios o que estén bajo su responsabilidad notificar internamente las infracciones del presente Reglamento y demás legislación pertinente aplicable.

2.  El administrador dispondrá de procedimientos establecidos para notificar a las autoridades competentes las infracciones del presente Reglamento y demás legislación pertinente aplicable.

Capítulo 3

Código de conducta y requisitos aplicables a los contribuidores

Artículo 9

Código de conducta

1.  Si el índice de referencia se basa en datos de cálculo de contribuidores, el administrador elaborará, en la medida de lo posible en colaboración con los contribuidores, un código de conducta para cada índice de referencia, en el que constarán claramente las responsabilidades de los contribuidores en lo que atañe a la aportación de datos de cálculo, y garantizará que los transmitentes confirman el cumplimiento del código de conducta, y que se reafirman en dicho cumplimiento en caso de que el código se modifique.

2.  El código de conducta incluirá al menos los siguientes elementos:

a)   una descripción clara de los datos de cálculo que deben facilitarse y de los requisitos necesarios para garantizar que los datos de cálculo se faciliten de conformidad con los artículos 7 y 8;

b)   políticas para asegurar que los contribuidores faciliten todos los datos de cálculo pertinentes; y

c)   los sistemas y controles que el contribuidor estará obligado a establecer, en particular:

i)   procedimientos para la transmisión de datos de cálculo, que incluirán la obligación para el contribuidor de especificar si los datos de cálculo son datos de operaciones y si se ajustan a los requisitos del administrador;

ii)   políticas en materia de ejercicio de valoraciones discrecionales a la hora de aportar datos de cálculo;

iii)   cualquier exigencia de validación de los datos de cálculo antes de su transmisión al administrador;

iv)   políticas de conservación de registros;

v)   requisitos de información sobre los datos de cálculo sospechosos;

vi)   requisitos en materia de gestión de conflictos.

2 bis.   El administrador podrá redactar un código de conducta único para cada familia de índices de referencia que elabore.

2 ter.   En el plazo de veinte días a partir de la fecha de aplicación de la decisión de incluir un índice de referencia fundamental en la lista a que se refiere el artículo 13, apartado 1, el administrador de dicho índice notificará el código de conducta a la autoridad competente pertinente. Esta última verificará en el plazo de treinta días si el contenido de dicho código es conforme con el presente Reglamento.

3.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar más en detalle los elementos del código de conducta a que se refiere el apartado 2 para diferentes tipos de índices de referencia, y a efectos de tener en cuenta la evolución de los índices de referencia y los mercados financieros.

Al elaborar estos proyectos de normas técnicas de regulación, la AEVM deberá tener en cuenta el principio de proporcionalidad respecto de las distintas características de los índices de referencia y de los contribuidores, en particular las diferencias en los datos de cálculo y los métodos, los riesgos de manipulación de los datos de cálculo y la convergencia internacional de las prácticas de supervisión aplicables a los índices de referencia. La AEVM consultará a la ACER en lo relativo a la aplicabilidad de los códigos de conducta, en particular en lo que respecta a los índices de referencia fundamentales.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [XXX].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Artículo 11

Requisitos aplicables a los contribuidores supervisados

1.  Los contribuidores supervisados que aporten datos de cálculo para un índice de referencia fundamental estarán sujetos a los ▌requisitos de gobernanza y control establecidos en los apartados 2 bis y 3.

2.  Los contribuidores supervisados contarán con sistemas y controles efectivos para garantizar la integridad y fiabilidad de todas las aportaciones de datos de cálculo al administrador, en particular:

a)   controles relativos a las personas habilitadas para transmitir datos de cálculo a un administrador, incluido, cuando sea oportuno, un proceso de visado de un superior del transmitente;

b)   una formación apropiada de los transmitentes, que englobe, como mínimo, el presente Reglamento y el Reglamento (UE) nº 596/2014;

c)   medidas de gestión de conflictos, incluidas, cuando proceda, la separación organizativa de los empleados y la consideración de la manera de suprimir los incentivos para manipular los índices de referencia creados por las políticas de remuneración;

d)   la conservación de registros de comunicaciones relativas a la aportación de datos de cálculo durante un período de tiempo adecuado;

e)   la conservación de registros de las exposiciones de operadores individuales y despachos de contratación a los instrumentos sujetos al índice de referencia a fin de facilitar las auditorías y las investigaciones, y a efectos de la gestión de conflictos de intereses;

f)   la conservación de registros de las auditorías internas y externas.

2 bis.   Cuando los datos de cálculo no sean datos de operaciones ni cotizaciones comprometidas, los contribuidores supervisados establecerán, además de los sistemas y controles a que se refiere el apartado 2, políticas que regulen la realización de cualquier juicio o valoración discrecional, y conservarán en sus registros las razones que justifiquen tales juicios o valoraciones, atendiendo, siempre que resulte proporcionado, a la naturaleza del índice de referencia y los datos de cálculo.

3.  Los contribuidores supervisados cooperarán plenamente con el administrador y la autoridad competente pertinente en lo que atañe a la auditoría y supervisión de la elaboración de un índice de referencia, en particular en lo que respecta a los fines previstos en el artículo 5 quater, apartado 3, y tendrán a disposición la información y los registros a que se refieren los apartados 2 y 2 bis.

4.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar más en detalle los requisitos que en materia de sistemas y de controles se establecen en los apartados 2, 2 bis y 3 para los distintos tipos de índices de referencia.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [XXX].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

TÍTULO III

REQUISITOS APLICABLES A LOS ÍNDICES DE REFERENCIA FUNDAMENTALES

Capítulo 1

Datos regulados

Artículo 12 bis

Datos regulados

En caso de que los índices de referencia estén determinados por la aplicación de una fórmula para los datos establecidos en el artículo 3, apartado 1, punto 11), incisos i) o ii), no serán de aplicación el artículo 7, apartado 1, letras b), b bis) y c), el artículo 7, apartados 2 bis y 3 bis, el artículo 8, apartados 1 y 2, y los artículos 9, 11 y 13 bis para la elaboración de estos índices de referencia y las aportaciones a los mismos. El artículo 5 quinquies, apartado 1, letra a), no será de aplicación para la elaboración de dichos índices de referencia en lo relativo a los datos de cálculo aportados en su totalidad según lo previsto en el artículo 3, apartado 1, punto 11). Estos requisitos tampoco serán de aplicación para los fines del artículo 5 quater, apartado 3.

Capítulo 2

Índices de referencia fundamentales

Artículo 13

Índices de referencia fundamentales

1.  Se considerará que un índice de referencia que no se basa en datos regulados es fundamental en las siguientes circunstancias:

a)   si el índice de referencia se emplea como referencia para instrumentos financieros y contratos financieros con un valor medio mínimo de 500 000 000 000 EUR, que debe medirse durante un período de tiempo apropiado;

b)   si el índice de referencia se reconoce como fundamental de acuerdo con el procedimiento definido en los apartados 2 bis, 2 quater y 2 sexies a 2 octies.

La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para:

—  especificar el modo de cálculo del valor de mercado de los instrumentos financieros;

—  especificar el modo de cálculo del valor nocional bruto de los derivados;

—  especificar el plazo que se empleará para medir de forma adecuada el valor del índice de referencia;

—  revisar el umbral de 500 000 000 000 EUR al menos cada [tres] años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [XXX].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

2 bis.   La autoridad competente de un Estado miembro podrá considerar que un índice de referencia administrado en su jurisdicción es fundamental cuando, aun teniendo este un valor nocional medio total inferior a la cantidad fijada en el apartado 1, párrafo primero, letra a), dicha autoridad estime que su cesación tendría un impacto negativo considerable para la integridad de los mercados, la estabilidad financiera, los consumidores, la economía real o la financiación de hogares y sociedades dentro de su jurisdicción. En tal caso, comunicará a la AEVM su decisión en un plazo de cinco días.

2 ter.   En un plazo de diez días a partir de la fecha de recepción de la notificación prevista en el apartado 2 bis del presente artículo, la AEVM publicará la notificación en su sitio web y actualizará el registro al que se refiere el artículo 25 bis.

2 quater.   Si una autoridad nacional competente considera que una decisión tomada por otra autoridad competente de la Unión en virtud del apartado 2 bis tendrá un impacto negativo considerable para la estabilidad del mercado financiero, la economía real o los contribuidores supervisados del correspondiente índice de referencia dentro de su jurisdicción, dirigirá una solicitud a dicha autoridad nacional competente para que esta reconsidere su decisión. La autoridad competente que tomó la decisión en virtud del apartado 2 bis informará de su respuesta a la autoridad competente solicitante en un plazo de treinta días a partir de la fecha en la que reciba la solicitud.

2 quinquies.   A falta de un acuerdo entre las autoridades competentes, la autoridad competente solicitante podrá remitir esta cuestión a la AEVM. En un plazo de sesenta días a partir de la fecha en que reciba esta solicitud de remisión, la AEVM actuará de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

2 sexies.   Si una autoridad competente de un Estado miembro considera que un índice de referencia administrado en otro Estado miembro debe considerarse como fundamental, aun teniendo este un valor nocional medio total inferior a la cantidad prevista en el apartado 1, párrafo primero, letra a), ya que su cesación tendría un impacto negativo considerable para la integridad de los mercados, la estabilidad financiera, los consumidores, la economía real o la financiación de hogares y sociedades dentro de su jurisdicción, dirigirá una solicitud a la autoridad nacional competente del administrador del índice de referencia de que se trate para que lo categorice como fundamental. La autoridad competente del administrador del índice de referencia de que se trate informará de su respuesta a la autoridad competente solicitante en un plazo de treinta días a partir de la fecha en la que reciba la solicitud.

2 septies.   De conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 sexies y a falta de un acuerdo entre las autoridades competentes, la autoridad competente solicitante podrá remitir esta cuestión a la AEVM. Deberá transmitir una evaluación documentada del impacto de la cesación del índice de referencia en su jurisdicción, que incluirá, como mínimo, los siguientes elementos:

a)   la variedad de su empleo en términos de participantes en el mercado, así como su uso en mercados minoristas;

b)   la disponibilidad de un sustituto factible orientado al mercado para el índice de referencia;

c)   el valor de los instrumentos financieros y de los contratos financieros que utilicen el índice como referencia dentro de los Estados miembros y su pertinencia en términos de producto nacional bruto del Estado miembro;

d)   la concentración que se está utilizando y, si procede, la aportación al índice de referencia entre los Estados miembros;

e)   cualquier otro indicador para evaluar el posible impacto de la discontinuidad o de la falta de fiabilidad del índice de referencia para la integridad de los mercados, la estabilidad financiera o la financiación de hogares y sociedades del Estado miembro.

Cuando la AEVM sea la autoridad competente solicitante, revisará su solicitud y emitirá un dictamen vinculante.

2 octies.   En un plazo de [diez] semanas desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado 2 quinquies, y tras consultar a la JERS y a otras autoridades nacionales competentes pertinentes, la AEVM emitirá un dictamen vinculante sobre el grado de importancia del índice de referencia. La AEVM remitirá este dictamen a la Comisión, a las autoridades nacionales competentes y al administrador, junto con los resultados de las consultas. La AEVM basará este dictamen en los criterios enumerados en el apartado 2 septies y en otros criterios pertinentes.

2 nonies.   Una vez que un índice sea definido como «fundamental», se creará el colegio de autoridades competentes en virtud del artículo 34.

El colegio de autoridades competentes solicitará la información necesaria para otorgar la autorización que permita la elaboración de ese índice de referencia con arreglo a las condiciones adicionales exigidas por el presente Reglamento debido a su naturaleza fundamental, tal y como se establece en el artículo 23.

2 decies.   El colegio de autoridades competentes revisará al menos cada dos años la clasificación como fundamental de los índices de referencia definidos así previamente.

2 undecies.   En circunstancias excepcionales, los Estados miembros podrán imponer requisitos adicionales a cualquier administrador de índices de referencia respecto de las cuestiones contempladas en el presente artículo.

Artículo 13 bis

Administración obligatoria de los índices de referencia fundamentales

1.   Si el administrador de un índice de referencia fundamental tiene intención de dejar de elaborar su índice de referencia fundamental, deberá:

a)   notificarlo inmediatamente a la autoridad competente; y

b)   en un plazo de cuatro semanas a partir de dicha notificación, presentar una evaluación de cómo el índice de referencia debe transferirse a un nuevo administrador; o

c)   en un plazo de cuatro semanas a partir de dicha notificación, presentar una evaluación de cómo el índice de referencia debe dejar de elaborarse, teniendo en cuenta el procedimiento establecido en el artículo 17, apartado 1.

Durante ese periodo, el administrador seguirá elaborando el índice de referencia.

2.   Una vez recibida la evaluación del administrador a que se refiere el apartado 1, la autoridad competente tendrá un plazo de cuatro semanas para:

a)   informar a la AEVM; y

b)   realizar su propia evaluación de cómo el índice de referencia se transferirá a un nuevo administrador o dejará de elaborarse, teniendo en cuenta el procedimiento de cesación del índice de referencia propuesto por el administrador conforme al artículo 17, apartado 1.

Durante ese periodo, el administrador seguirá elaborando el índice de referencia.

3.   Una vez finalizada la evaluación de conformidad con el apartado 2, la autoridad competente estará facultada para obligar al administrador a seguir publicando el índice de referencia hasta que:

a)   la elaboración del índice de referencia se haya transferido a un nuevo administrador; o

b)   la cesación del índice de referencia pueda llevarse a cabo de manera ordenada; o

c)   el índice de referencia ya no sea fundamental.

La autoridad competente podrá obligar al administrador a seguir publicando el índice de referencia durante un periodo máximo de seis meses y, en caso necesario, podrá prorrogar dicho periodo otros seis meses más.

Artículo 13 ter

Mitigación del poder de mercado de los administradores de índices de referencia fundamentales

1.   El administrador, al controlar la elaboración del índice de referencia fundamental, prestará la debida consideración a los principios de integridad del mercado y de continuidad del índice de referencia, incluida la necesidad de seguridad jurídica para los contratos que utilicen el índice como referencia.

2.   Al elaborar un índice de referencia fundamental destinado a ser usado en un contrato financiero o en un instrumento financiero, el administrador garantizará que las licencias y la información relativas al índice de referencia se faciliten a todos los usuarios de un modo justo, razonable y no discriminatorio, tal y como se subraya en el artículo 37 del Reglamento (UE) nº 600/2014.

Artículo 14

Aportación obligatoria a un índice de referencia fundamental

1.  El administrador de uno o más índices de referencia fundamentales basados en aportaciones de contribuidores que sean en su mayor parte entidades supervisadas deberá presentar cada dos años ante su autoridad competente una evaluación de la capacidad de cada uno de los índices de referencia fundamentales que elabora para medir el mercado subyacente o la realidad económica.

2.  Cuando uno o más contribuidores supervisados de un índice de referencia fundamental tengan la intención de dejar de aportar datos de cálculo a dicho índice, lo notificarán inmediatamente por escrito al administrador del índice de referencia fundamental y a la autoridad competente correspondiente. En un plazo de catorce días a partir de la recepción de dicha notificación, el administrador informará a la autoridad competente y presentará una evaluación de las repercusiones que tendría esa cesación en la capacidad del índice de referencia para medir el mercado subyacente o la realidad económica. El administrador informará asimismo a los demás contribuidores supervisados del índice de referencia fundamental sobre la notificación recibida para cesar las aportaciones e intentará determinar si los demás también tienen intención de dejar de aportar datos.

La autoridad competente informará rápidamente al colegio de autoridades competentes y realizará su propia evaluación de las consecuencias de la cesación en un plazo razonable de tiempo. La autoridad competente estará facultada para requerir al contribuidor que notificó la intención de dejar de aportar datos de cálculo a un índice de referencia fundamental que siga aportándolos hasta que la autoridad competente haya finalizado su evaluación.

3.  En caso de que la autoridad competente considere que la representatividad de un índice de referencia fundamental se encuentra en peligro, estará facultada para:

a)   exigir a las entidades supervisadas según lo previsto en el apartado 4, incluidas las entidades que aún no son contribuidores del índice de referencia fundamental, que aporten datos de cálculo al administrador de acuerdo con la metodología, el código de conducta u otras normas. Esta obligación de aportación estará vigente durante un periodo transitorio adecuado en función de la duración media del contrato que utilice el índice en cuestión como referencia, sin exceder de los doce meses a partir de la fecha en que se tomó la decisión inicial de exigir una aportación obligatoria;

b)   tras proceder, conforme al apartado 5 ter, a una revisión del periodo transitorio a que se refiere la letra a) del presente apartado, prorrogar el periodo de aportación obligatoria otros doce meses como máximo;

c)   determinar la fecha para la cual se deben aportar los datos de cálculo, sin obligar a las entidades supervisadas a negociar o a comprometerse a negociar;

d)   exigir al administrador que modifique el código de conducta, la metodología u otras normas aplicables al índice de referencia fundamental para incrementar su representatividad y solidez, tras debatirlo con el administrador;

e)   pedir al administrador que proporcione y ponga a disposición de los usuarios del índice de referencia un informe escrito sobre las medidas que tiene previsto adoptar para incrementar la representatividad y solidez de dicho índice.

4.  La autoridad competente del administrador determinará las entidades supervisadas a que se refiere el apartado 3, letra a) con la ayuda de la autoridad competente de las entidades supervisadas, en función de la magnitud de la participación de la entidad supervisada en el mercado a cuya medición se destina el índice de referencia, así como de la experiencia del contribuidor y de la capacidad para aportar datos de cálculo con la calidad requerida. Se tendrá debidamente en cuenta la existencia de índices de referencia alternativos adecuados a los que podrían someterse los contratos y los instrumentos financieros que tengan el índice fundamental por referencia.

5.  Si se considera que un índice de referencia es fundamental de conformidad con el procedimiento fijado en el artículo 13, apartados 2 bis a 2 quinquies, la autoridad competente del administrador estará facultada para exigir la aportación de datos de cálculo de conformidad con las letras a), b) y c) del apartado 3 del presente artículo, únicamente de contribuidores supervisados que radiquen en su Estado miembro.

5 bis.   La autoridad competente de una de las entidades supervisadas a que se refiere el apartado 3 asistirá a la autoridad competente del administrador a la hora de aplicar las medidas que procedan en virtud del apartado 3.

5 ter.   Al final del periodo transitorio a que se refiere la letra a) del apartado 3, la autoridad competente del administrador, en cooperación con el colegio de autoridades competentes, examinará si es necesario mantener las medidas contempladas en la letra a) del apartado 3 y presentará por escrito sus conclusiones al respecto en un informe. La autoridad competente del administrador revocará dichas medidas si considera:

a)   que el índice de referencia puede mantenerse una vez que los contribuidores obligados a aportar datos de cálculo dejen de hacerlo;

b)   probable que los contribuidores sigan aportando datos de cálculo durante al menos un año aunque se revoque la medida;

c)   previa consulta a los contribuidores y usuarios, que está disponible un índice de referencia sustitutivo aceptable y que los usuarios del índice de referencia fundamental pueden pasar a utilizarlo a un coste razonable; dicho paso a otro índice de referencia no se considerará infracción de un contrato vigente; o

d)   que no pueden identificarse contribuidores alternativos adecuados y que el cese de las aportaciones de las entidades supervisadas correspondientes debilitaría el índice de referencia lo suficiente como para exigir poner fin al índice de referencia.

En el caso de las letras a) y b) del párrafo primero, las entidades supervisadas que tengan intención de cesar sus aportaciones deberán hacerlo en una misma y única fecha, determinada por la autoridad competente del administrador y que entre dentro de los periodos previstos en la letra b) del apartado 3.

5 quater.   En el caso de que se ponga fin a un índice de referencia fundamental, cada contribuidor supervisado de dicho índice de referencia fundamental seguirá aportando datos de cálculo durante un periodo adicional adecuado, determinado por la autoridad competente y que no excederá los periodos previstos en la letra b) del apartado 3. Ningún cambio o paso a otro índice de referencia se considerará infracción de un contrato vigente.

5 quinquies.   En cuanto resulte factible, el administrador informará a la autoridad competente pertinente de cualquier infracción por parte de un contribuidor de los requisitos contemplados en el apartado 2.

Artículo 14 bis

Índices de referencia de materias primas basados en aportaciones de entidades no supervisadas

Cuando un índice de referencia de materias primas se base en aportaciones de contribuidores que sean en su mayor parte entidades no supervisadas cuya actividad principal consista en la prestación de servicios de inversión en el sentido de la Directiva 2014/65/UE o en la actividad bancaria con arreglo a la Directiva 2013/36/UE, no serán de aplicación los artículos 5 bis y 5 ter, el artículo 5 quater, apartados 1 y 2, el artículo 5 quinquies, apartado 2, el artículo 7, apartado 1, letras b bis) y b ter), y el artículo 9.

TÍTULO IV

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Artículo 15

Declaración sobre el índice de referencia

1.  En un plazo de dos semanas desde la inclusión en el registro a que se refiere el artículo 25 bis, el administrador publicará una declaración sobre el índice de referencia para cada índice de referencia o, si procede, para cada familia de índices de referencia elaborados y publicados con vistas a obtener su autorización o registro, o con vistas a su aprobación conforme al artículo 21 ter, o a su reconocimiento conforme al artículo 21 bis. El administrador actualizará la declaración sobre el índice de referencia para cada índice de referencia o familia de índices de referencia al menos cada dos años. La declaración deberá:

a)  definir clara e inequívocamente el mercado o la realidad económica medida por el índice, así como las circunstancias en las que esa medida puede no ser fiable;

c)  ▌identificar clara e inequívocamente los elementos del índice de referencia en relación con los cuales pueda realizarse una valoración discrecional y los criterios aplicables a dicha valoración ▌;

d)  advertir de la posibilidad de que determinados factores, entre ellos factores externos que escapen al control del administrador, pueden hacer necesario introducir cambios en el índice o dar por terminado este; y

e)  advertir sobre la conveniencia de que todo contrato financiero o instrumento financiero que tenga el índice por referencia pueda soportar todo posible cambio o cesación del índice, o prevea cómo hacer frente a ello.

2.  La declaración sobre el índice de referencia incluirá al menos lo siguiente:

a)   la definición de todos los términos fundamentales en lo que respecta al índice de referencia;

b)   los motivos para la adopción de la metodología aplicable al índice de referencia y los procedimientos de revisión y aprobación de dicha metodología;

c)   los criterios y procedimientos utilizados para determinar el índice de referencia, incluyendo una descripción de los datos de cálculo, la prioridad concedida a diferentes tipos de datos de cálculo, los datos mínimos necesarios para determinar un índice de referencia, el empleo de cualesquiera modelos o métodos de extrapolación y todo procedimiento para reequilibrar los componentes del índice del índice de referencia;

d)   los controles y las normas aplicables a la realización de una valoración discrecional o juicio por parte del administrador o de cualquier contribuidor, a fin de garantizar la coherencia en el uso de tales facultades;

e)   los procedimientos que rigen la determinación del índice de referencia en períodos de tensión, o en períodos en los que las fuentes de datos de operaciones puedan resultar insuficientes, inexactas o poco fiables, y las posibles limitaciones del índice de referencia en tales períodos;

f)   los procedimientos para solventar errores en los datos de cálculo o en la determinación del índice de referencia, incluidos los casos en que será necesario volver a determinar el índice; y

g)   la identificación de posibles limitaciones de un índice de referencia, incluido su funcionamiento en mercados fragmentados o sin liquidez y la posible concentración de insumos.

Artículo 17

Cesación de un índice de referencia

1.  El administrador publicará, junto con la declaración sobre el índice de referencia a que se refiere el artículo 15, el procedimiento que aplicará para la adopción de medidas en caso de cambios en un índice de referencia o de cesación de este, o en caso de que este ya no cuente con el reconocimiento o la aprobación necesarias en virtud de los artículo 21 bis y 21 ter, respectivamente. Este procedimiento se incluirá asimismo en el código de conducta a que se refiere el artículo 9, apartado 1. El procedimiento podrá elaborarse, en su caso, para familias de índices de referencia, y se actualizará y publicará cuando se produzcan cambios sustanciales.

2.  Las entidades supervisadas que empleen un índice de referencia elaborarán y conservarán por escrito planes rigurosos que especifiquen las medidas que tomarían si el índice de referencia variara de forma importante o dejara de elaborarse. Cuando resulte factible y apropiado, dichos planes deberán señalar uno o varios índices de referencia alternativos que puedan aplicarse, indicando el motivo por el que estos índices constituyen una alternativa adecuada. Las entidades supervisadas facilitarán estos planes a la autoridad competente pertinente, cuando esta así lo solicite, y, si es posible, los reflejarán en la relación contractual con los clientes.

Artículo 17 bis

Idoneidad del índice de referencia

El administrador garantizará la precisión del índice de referencia en relación con la descripción de la realidad económica o del mercado que se pretende medir con tal índice, de conformidad con los requisitos relativos a la declaración sobre el índice de referencia establecidos en el artículo 15.

La AEVM publicará directrices de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1095/2010 seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento, en las que definirá el concepto de «idoneidad» en términos de unos niveles aceptables del riesgo de base.

A más tardar en diciembre de 2015, la Comisión publicará un informe en el que se analicen las prácticas vigentes respecto de la gestión del riesgo de base en los contratos financieros, en relación con el uso de los índices de referencia como índices de referencia de tipos de interés interbancarios e índices de referencia de divisas, y se evalúe si las normas de conducta establecidas en las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE bastan para mitigar el riesgo de base asociado a los índices de referencia utilizados en los contratos financieros.

TÍTULO V

USO DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA ELABORADOS POR ADMINISTRADORES AUTORIZADOS O REGISTRADOS O POR ADMINISTRADORES DE TERCEROS PAÍSES

Artículo 19

Uso de índices de referencia ▌

1.   Las entidades supervisadas podrán utilizar un índice de referencia o una combinación de índices de referencia en la Unión como referencia de un instrumento financiero o un contrato financiero si están elaborados por un administrador autorizado o registrado con arreglo a los artículos 23 o 23 bis, respectivamente, o por un administrador radicado en un país tercero conforme a los artículos 20, 21 bis o 21 ter.

2.   Cuando el objeto de un prospecto que vaya a publicarse de conformidad con la Directiva 2003/71/CE o de la Directiva 2009/65/CE sean valores negociables u otras inversiones que estén sujetos a un índice de referencia, el emisor, el oferente o la persona que solicite el derecho a negociar en un mercado regulado deberán garantizar que el prospecto también incluya información clara y destacada que indique si el índice de referencia está registrado o ha sido elaborado por un administrador inscrito en el registro público a que se refiere el artículo 25 bis del presente Reglamento.

3.   La AEVM suprimirá, o armonizará con el apartado 1 del presente artículo, los apartados 49 a 62 de las directrices de la AEVM para las autoridades competentes y las sociedades de gestión de OICVM, las directrices relativas a los fondos cotizados y otras cuestiones vinculadas con los OICVM(30).

Artículo 20

Equivalencia

1.  Los índices de referencia elaborados por un administrador radicado en un país tercero podrán ser utilizados por entidades supervisadas de la Unión siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones, excepto si resultan de aplicación los artículos 21 bis o 21 ter:

a)  que la Comisión haya adoptado una decisión en materia de equivalencia de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 o 2 bis;

b)  que el administrador esté autorizado o registrado, y sujeto a supervisión, en ese país tercero;

c)  que el administrador haya notificado a la AEVM que consiente en que sus índices de referencia presentes o futuros puedan ser utilizados por entidades supervisadas de la Unión ▌;

d)  que dicho administrador esté debidamente registrado con arreglo al artículo 25 bis; y

e)  que los convenios de cooperación a los que se refiere el apartado 3 del presente artículo sean operativos.

2.  La Comisión podrá adoptar una decisión en la que se declare que el marco jurídico y las prácticas de supervisión de un país tercero garantizan:

a)  que los administradores autorizados o registrados en ese país tercero cumplen disposiciones vinculantes equivalentes a las establecidas en el presente Reglamento, teniendo en cuenta, en particular, si el marco jurídico y las prácticas de supervisión del país tercero garantizan el cumplimiento de los principios de la OICV sobre los índices de referencia financieros publicados el 17 de julio de 2013, así como los principios de la OICV para agencias de comunicación de precios del petróleo publicados el 5 de octubre de 2012; y

b)  que las disposiciones vinculantes son objeto de forma permanente de una supervisión y un control del cumplimiento efectivos en ese país tercero;

b bis)   - que existe un intercambio efectivo de información con las autoridades fiscales extranjeras;

—  que las disposiciones legislativas, judiciales o administrativas no adolecen de falta de transparencia;

—  que se exige una presencia local sustantiva;

—  que el país tercero no actúa como un centro financiero extraterritorial;

—  que el país tercero no aplica medidas fiscales que supongan la no aplicación de impuestos o la aplicación de impuestos simbólicos, o que no se conceden ventajas incluso sin una actividad económica real o presencia económica sustancial en el país tercero que conceda tales ventajas fiscales;

—  que el GAFI no ha incluido al país tercero en la lista de países y territorios no cooperadores;

—  que el país tercero cumple plenamente las normas dispuestas en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE y garantiza un intercambio eficaz de información en materia tributaria, incluidos cualesquiera acuerdos fiscales multilaterales;

Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen previsto en el artículo 38, apartado 2.

2 bis.   Como alternativa, la Comisión podrá adoptar una decisión en la que indique que las normas o los requisitos específicos de un país tercero relacionados con administradores individuales y específicos, con índices de referencia individuales y específicos o con familias de índices de referencia son equivalentes a los del presente Reglamento y que, por lo tanto, las entidades supervisadas de la Unión podrán recurrir a dichos administradores individuales y específicos, índices de referencia individuales y específicos o familias de índices de referencia.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 38, apartado 2.

3.  La AEVM celebrará convenios de cooperación con las autoridades competentes de los terceros países cuyos marcos jurídicos y prácticas de supervisión hayan sido reconocidos como equivalentes según lo dispuesto en los apartados 2 o 2 bis. En dichos acuerdos se hará constar, como mínimo:

a)  el mecanismo de intercambio de información entre la AEVM y las autoridades competentes de los terceros países de que se trate, incluido el acceso a toda la información pertinente sobre los administradores autorizados en ese país tercero que solicite la AEVM;

b)  el mecanismo de notificación inmediata a la AEVM cuando la autoridad competente de un país tercero considere que el administrador autorizado en ese país tercero que esté siendo supervisado por ella infringe las condiciones de autorización u otra legislación nacional;

c)  los procedimientos relativos a la coordinación de las actividades de supervisión ▌.

4.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para determinar el contenido mínimo de los acuerdos de cooperación a que se refiere el apartado 3, a fin de garantizar que las autoridades competentes y la propia AEVM puedan ejercer plenamente sus competencias de supervisión en el marco del presente Reglamento.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [XXX].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Artículo 21

Cancelación de la inscripción de administradores radicados en terceros países

2.  La AEVM cancelará la inscripción de los administradores a que se refiere el artículo 20, letra d), cuando la AEVM (a) tenga razones fundadas, basadas en pruebas documentales, para considerar que el administrador:

a)  ▌actúa de forma claramente perjudicial para los intereses de los usuarios de sus índices de referencia o para el correcto funcionamiento de los mercados; o

b)  ▌ha infringido gravemente la legislación nacional u otras disposiciones que le sean aplicables en el país tercero considerado, basándose en las cuales la Comisión adoptó la decisión a que se refiere el artículo 20, apartado 2, o el artículo 20, apartado 2 bis.

3.  La AEVM solo adoptará una decisión con arreglo al apartado 2 si se cumplen las condiciones siguientes:

a)  que la AEVM haya remitido el asunto a la autoridad competente del país tercero y que dicha autoridad no haya adoptado las medidas adecuadas necesarias para proteger a los inversores y el correcto funcionamiento de los mercados en la Unión o no haya demostrado que el administrador en cuestión cumple los requisitos que se le aplican en dicho país tercero;

b)  que la AEVM haya informado a la autoridad competente del país tercero de su intención de cancelar la inscripción del administrador, al menos treinta días antes de proceder a dicha cancelación.

4.  La AEVM informará sin demora a las otras autoridades competentes de cualquier medida que adopte de conformidad con el apartado 2 y publicará su decisión en su sitio web.

Artículo 21 bis

Reconocimiento de un administrador radicado en un país tercero

1.   Hasta que se adopte una decisión de equivalencia de conformidad con lo previsto en el artículo 20, apartado 2, las entidades supervisadas de la Unión podrán utilizar los índices de referencia elaborados por un administrador radicado en un país tercero a condición de que el administrador adquiera el reconocimiento previo de la AEVM de conformidad con lo previsto en el presente artículo.

2.   Un administrador radicado en un país tercero que desee obtener el reconocimiento previo a que se refiere el apartado 1 deberá cumplir los requisitos establecidos en el presente Reglamento, si bien quedará exento de la aplicación de los artículos 11, 13 bis y 14. En el caso de que un administrador pueda demostrar que un índice de referencia que elabora se basa en datos regulados o es un índice de referencia de materias primas que no se basa en aportaciones de contribuidores que no sean en su mayor parte entidades supervisadas cuya actividad principal del grupo sea la prestación de servicios de inversión en el sentido de la Directiva 2014/65/UE o la actividad bancaria con arreglo a la Directiva 2013/36/UE, serán de aplicación para el administrador las excepciones de dichos índices de referencia previstas en los artículos 12 bis y 14 bis, respectivamente.

3.   Un administrador radicado en un país tercero podrá obtener, si lo desea, el reconocimiento previo a que se refiere el apartado 1 si cumple todos los requisitos establecidos en los principios para índices financieros de la OICV, o bien si cumple los criterios establecidos en los principios de la OICV para las agencias de comunicación de los precios del petróleo. El cumplimiento será revisado y certificado por un auditor externo independiente al menos una vez cada dos años y siempre que se produzca un cambio importante en el índice de referencia; el informe del auditor se remitirá a la AEVM y, previa solicitud, se pondrá a disposición de los usuarios.

4.   Un administrador radicado en un país tercero que desee obtener el reconocimiento previo a que se refiere el apartado 1 deberá tener un representante establecido en la Unión. Dicho representante será una persona física domiciliada en la Unión o una persona jurídica cuya sede social se encuentre en la Unión. El administrador radicado en un país tercero deberá nombrar expresamente al representante para que actúe en su nombre para cualquier comunicación con las autoridades, incluida la AEVM, con las autoridades competentes pertinentes y con cualquier otra persona pertinente de la Unión en lo relativo a las obligaciones del administrador derivadas del presente Reglamento.

5.   Un administrador radicado en un país tercero que desee obtener el reconocimiento previo a que se refiere el apartado 1 deberá solicitar el reconocimiento de la AEVM. El administrador solicitante presentará, de conformidad con el artículo 23 o 23 bis, toda la información necesaria para probar ante la AEVM que, en el momento del reconocimiento, ha realizado todos los trámites necesarios para cumplir los requisitos a que se refiere el apartado 2 o 2 bis, e indicará la lista de índices de referencia reales o previstos que puedan usarse en la Unión, y cuando el administrador sea supervisado por una autoridad de un país tercero, la entidad competente responsable de dicha supervisión en el país tercero.

En un plazo de [noventa] días desde la recepción de la solicitud a que se refiere el primer párrafo, la AEVM, previa consulta a las autoridades competentes pertinentes, deberá comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los apartados 2 o 2 bis, 3 y 4. La AEVM podrá delegar esta tarea en la autoridad nacional competente pertinente.

Si la AEVM considera que no es este el caso, denegará la solicitud de reconocimiento y explicará los motivos de la denegación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero, no se concederá el reconocimiento a menos que se cumplan las condiciones adicionales siguientes:

i)   cuando el administrador radicado en un país tercero esté sometido a la supervisión de la autoridad de un país tercero, que exista un acuerdo de cooperación adecuado entre la autoridad competente pertinente o la AEVM y la autoridad del país tercero del administrador, con el fin de garantizar como mínimo un intercambio eficiente de información;

ii)   que la autoridad competente o la AEVM ejerzan de forma efectiva las funciones de supervisión derivadas del presente Reglamento sin que lo impida la legislación, las regulaciones o las disposiciones administrativas del país tercero en el que esté radicado el administrador.

6.   En el caso de que un administrador radicado en un país tercero pretenda obtener un reconocimiento previo mediante el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, establecidas en el artículo 2 del presente artículo, y si considera que un índice de referencia que elabora puede cualificar para las exenciones previstas en los artículos 12 bis y 14 bis, deberá notificarlo lo antes posible a la AEVM. Presentará pruebas documentales que respalden esta afirmación.

7.   En el caso de que un administrador radicado en un país tercero considere que la cesación de un índice de referencia que elabora tendría un impacto negativo considerable para la integridad de los mercados, la estabilidad financiera, los consumidores, la economía real o la financiación de los hogares y las empresas en uno o más Estados miembros, podrá solicitar a la AEVM la exención de uno o más requisitos aplicables del presente Reglamento o de los principios de la OICV durante un período de tiempo específico y limitado que no supere los doce meses. Presentará pruebas documentales que respalden esta solicitud.

La AEVM evaluará la solicitud en un plazo de treinta días e informará al administrador del país tercero de si está exento de uno o más requisitos, tal como se especifique en la solicitud, y de la duración de la excepción.

Si un motivo pertinente lo justifica, la AEVM podrá ampliar la duración de la excepción, una vez finalizada, por un período adicional de doce meses.

8.   La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar con mayor detalle el proceso de reconocimiento, la forma y el contenido de la solicitud a que se refiere el apartado 4, la presentación de la información que exige el apartado 5 y toda eventual delegación de tareas y responsabilidades a las autoridades nacionales en relación con estos apartados.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [...].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Artículo 21 ter

Aprobación

1.   Un administrador radicado en la Unión y autorizado de conformidad con el artículo 23 o registrado de conformidad con el artículo 23 bis podrá solicitar a su autoridad competente que apruebe un índice de referencia o una familia de índices de referencia elaborados en un país tercero para su uso en la Unión, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a)   que el administrador que emita la aprobación haya verificado y pueda demostrar a su autoridad competente que la elaboración del índice de referencia o de la familia de índices de referencia que deban aprobarse cumple requisitos que:

i)   sean como mínimo tan estrictos como los establecidos en el presente Reglamento;

ii)   garanticen el pleno cumplimiento de los principios para índices financieros de la OICV, revisado y certificado por un auditor externo independiente al menos una vez cada dos años y siempre que se produzca un cambio importante en el índice de referencia, o bien

iii)   garanticen el pleno cumplimiento de los principios para índices financieros de la OICV, revisado y certificado por un auditor externo independiente al menos una vez cada dos años y siempre que se produzca un cambio importante en el índice de referencia, si el índice de referencia que deba aprobarse cumple los criterios establecidos en el artículo 14 bis, apartado 1;

b)   el administrador que emita la aprobación tenga la experiencia necesaria para controlar eficazmente las actividades de elaboración del índice de referencia realizadas en un país tercero y para gestionar los riesgos asociados;

2.   El administrador solicitante facilitará toda la información necesaria para probar ante la autoridad competente que, en el momento de la solicitud, se cumplen todas las condiciones a que se refiere el apartado 1, incluidos los informes de auditoría con arreglo a la letra a), incisos ii) y iii), de dicho apartado.

3.   En un plazo de noventa días a partir de la recepción de la solicitud, la autoridad competente pertinente estudiará la solicitud de aprobación y adoptará una decisión para autorizarla o denegarla. La autoridad competente pertinente notificará a la AEVM todos los índices de referencia o familias de índices de referencia que hayan sido autorizados para su aprobación y la identidad del administrador que emita la aprobación.

4.   Un índice de referencia o una familia de índices de referencia que hayan sido aprobados serán considerados un índice o una familia de índices elaborados por el administrador que emita la aprobación.

5.   El administrador que haya aprobado un índice de referencia o una familia de índices de referencia elaborados en un país tercero será responsable de garantizar que los índices de referencia o la familia de índices de referencia aprobados cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1.

6.   Cuando la autoridad competente del administrador que emita la aprobación disponga de razones fundamentadas para considerar que ya no se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1, estará capacitada para retirar su autorización de la aprobación e informará de ello a la AEVM. En caso de cesación de la aprobación, se aplicará el artículo 17.

TÍTULO VI

AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

Capítulo 1

Autorización

Artículo 23

Procedimiento de autorización para los índices de referencia fundamentales

1.  Una persona física o jurídica radicada en la Unión que desee actuar como administrador de al menos un índice de referencia fundamental deberá solicitarlo ante la autoridad competente designada de conformidad con el artículo 29 para el Estado miembro de radicación.

2.  La solicitud a que se refiere el apartado 1 tendrá lugar ▌en los treinta días ▌siguientes a la fecha en que una entidad supervisada acuerde utilizar un índice elaborado por ese administrador como referencia de un instrumento financiero o un contrato financiero ▌.

2 bis.   Una vez definido un índice de referencia como fundamental, ya sea de carácter nacional o europeo, la autoridad competente pertinente será responsable de conceder la autorización para elaborar dicho índice bajo su nueva naturaleza jurídica tras haber verificado el cumplimiento de todos los requisitos.

3.  El administrador solicitante facilitará toda la información necesaria para que la autoridad competente pueda comprobar que aquel ha adoptado, en el momento de la autorización ▌, todas las medidas necesarias para cumplir los requisitos establecidos en el presente Reglamento. También facilitará todos los datos necesarios para calcular el valor a que se refiere el artículo 13, apartado 1, o la estimación del mismo, en su caso, para cada índice de referencia.

4.  En el plazo de veinte días ▌a partir del recibo de la solicitud, la autoridad competente examinará si está completa y lo notificará al solicitante. Si la solicitud está incompleta, el solicitante presentará la información adicional que solicite la autoridad competente pertinente.

5.  ▌La autoridad competente pertinente ▌examinará la solicitud de autorización y decidirá si la otorga o deniega ▌en un plazo de 60 días a partir del recibo de una solicitud completa ▌.

En el plazo de cinco días ▌a partir de la adopción de la decisión de otorgar o denegar la autorización, la autoridad competente informará ▌al administrador solicitante de que se trate. Cuando la autoridad competente deniegue la autorización al administrador, motivará su decisión.

5 bis.   Si la autoridad competente pertinente decide denegar la concesión de la autorización para elaborar un índice fundamental que ya se venía elaborando sin este estatus, dicha autoridad competente pertinente podrá conceder un permiso temporal por un período de tres meses como máximo, durante el cual el índice de referencia podrá seguir elaborándose según el modelo previo, a la espera del cumplimiento de los requisitos pertinentes para su autorización como índice fundamental.

La autoridad competente pertinente podrá ampliar dicho permiso por un período adicional de seis meses como máximo.

5 ter.   Si el administrador y/o los contribuidores no cumplen los requisitos para seguir elaborando el índice de referencia definido como fundamental al expirar ese periodo, la elaboración de dicho índice cesará de conformidad con el artículo 17.

6.  La autoridad competente notificará a la AEVM toda decisión de otorgar ▌una autorización a un administrador solicitante en un plazo de diez días. ▌

7.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 37, a fin de establecer medidas destinadas a especificar de forma más detallada la información que debe facilitarse en la solicitud de autorización y en la solicitud de registro, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y los costes en que incurran los solicitantes y las autoridades competentes.

Artículo 23 bis

Procedimiento de inscripción para los índices de referencia fundamentales

1.   Una persona física o jurídica radicada en la Unión que desee actuar exclusivamente como administrador de índices de referencia no fundamentales deberá solicitar su inscripción a la autoridad competente designada de conformidad con el artículo 29 para el Estado miembro en el que radique dicha persona.

2.   Un administrador autorizado cumplirá en todo momento las condiciones establecidas en el presente Reglamento y notificará a la autoridad competente todos los cambios importantes en relación con las mismas.

3.   La solicitud a que se refiere el apartado 1 tendrá lugar en los treinta días siguientes a la fecha en que una entidad supervisada acuerde utilizar un índice elaborado por esa persona como referencia de un instrumento financiero o un contrato financiero, o para medir el rendimiento de un fondo de inversión.

4.   El administrador solicitante deberá facilitar:

a)   documentación que pruebe ante la autoridad competente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 3 bis, el artículo 5 quater, el artículo 6 (cuando sea aplicable), el artículo 7 ter y el artículo 15, y

b)   para cada índice de referencia, un valor de referencia total, o una estimación del mismo, cuando se encuentren disponibles.

5.   En el plazo de quince días a partir del recibo de la solicitud, la autoridad competente pertinente examinará si está completa y lo notificará al solicitante. Si la solicitud está incompleta, el solicitante presentará la información adicional que solicite la autoridad competente pertinente.

6.   La autoridad competente pertinente registrará al solicitante en un plazo de quince días a partir de la recepción de una solicitud de registro completa.

7.   Si la autoridad competente pertinente considera que un índice de referencia debe clasificarse como fundamental de conformidad con el artículo 13, apartado 1, lo notificará a la AEVM y al administrador en un plazo de treinta días a partir de la recepción de una solicitud completa.

8.   Si la autoridad competente del registro considera que un índice de referencia debe clasificarse como fundamental de conformidad con el artículo 13, apartados 2 bis o 2 quater, lo notificará a la AEVM y al administrador en un plazo de treinta días a partir de la recepción de una solicitud completa y presentará a la AEVM su evaluación de conformidad con el artículo 13, apartados 2 bis o 2 quater.

9.   Si se clasifica como fundamental el índice de referencia de un administrador registrado, este deberá solicitar la autorización de conformidad con el artículo 23 en un plazo de noventa días a partir de la recepción de la notificación establecida en el artículo 13, apartado 2 ter, o del dictamen establecido en el artículo 13, apartado 2 octies.

Artículo 24

Revocación o suspensión de la autorización o la inscripción

1.  La autoridad competente revocará o suspenderá la autorización o la inscripción de un administrador cuando este:

a)  renuncie expresamente a la misma o no haya elaborado índices de referencia en los doce meses anteriores;

b)  haya obtenido la autorización o la inscripción valiéndose de declaraciones falsas o de cualquier otro medio irregular;

c)  deje de cumplir las condiciones iniciales de autorización o de inscripción, o

d)  haya infringido de forma grave o reiterada las disposiciones adoptadas de conformidad con el presente Reglamento.

2.  La autoridad competente comunicará a la AEVM su decisión en el plazo de siete días ▌.

2 bis.   Una vez adoptada la decisión de suspender la autorización o la inscripción de un administrador, y en el supuesto de que la cesación del índice de referencia dé lugar a un caso de fuerza mayor, frustre o de algún otro modo infrinja o modifique los términos de cualquier contrato financiero o instrumento financiero que utilice ese índice como referencia, la autoridad competente pertinente del Estado miembro en el que esté radicado el administrador podrá autorizar la elaboración del índice de referencia hasta que se retire la suspensión. Durante este tiempo, la utilización de este índice de referencia por las entidades supervisadas únicamente se autorizará para instrumentos financieros y contratos financieros a los que ya se aplique el índice de referencia. Ningún contrato financiero o instrumento financiero nuevo utilizará ese índice de referencia.

2 ter.   Una vez adoptada la decisión de revocar la autorización o la inscripción de un administrador, se aplicará el artículo 17, apartado 2.

Capítulo 2

Notificación de los índices de referencia

Artículo 25 bis

Registro de administradores y utilización inicial de un índice de referencia

1.   La AEVM creará y mantendrá un registro público que contenga la siguiente información:

a)   la identidad de los administradores autorizados o inscritos de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 23 bis, y la autoridad competente responsable de su supervisión;

b)   la identidad de los administradores que hayan notificado a la AEVM el consentimiento a que se refiere el artículo 20, apartado 1, letra c), y la autoridad competente del país tercero responsable de su supervisión;

c)   la identidad de los administradores que hayan obtenido el reconocimiento de conformidad con el artículo 21 bis y la autoridad competente del país tercero responsable de su supervisión;

d)   los índices de referencia aprobados de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 ter y la identidad de los administradores que hayan emitido la aprobación.

2.   Antes de que una entidad supervisada pueda utilizar un índice como índice de referencia en la Unión, dicha entidad verificará que el proveedor del índice pertinente esté registrado en el sitio web de la AEVM como administrador autorizado, inscrito o reconocido de conformidad con el presente Reglamento.

Capítulo 3

Cooperación en materia de supervisión

Artículo 26

Delegación de tareas entre autoridades competentes

1.  De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento (UE) nº 1095/2010, la autoridad competente podrá delegar las tareas que le incumban en virtud del presente Reglamento en la autoridad competente de otro Estado miembro, previo consentimiento escrito. ▌ Las autoridades competentes notificarán a la AEVM toda delegación prevista sesenta días antes de que la misma surta efecto.

2.  La autoridad competente podrá delegar en la AEVM ▌las tareas que le incumban en virtud del presente Reglamento, siempre que esta última dé su consentimiento. ▌

3.  La AEVM notificará a los Estados miembros toda delegación prevista en el plazo de siete días. La AEVM publicará los detalles de toda delegación acordada en el plazo de siete días ▌a partir de la notificación.

Artículo 26 bis

Infracción del Derecho de la Unión por las autoridades nacionales competentes

1.   Cuando una autoridad nacional competente no haya aplicado el presente Reglamento o lo haya aplicado de tal forma que infrinja el Derecho de la Unión, la AEVM podrá hacer uso de sus competencias en virtud del artículo 17 del Reglamento (UE) nº 1095/2010, de conformidad con los procedimientos establecidos en dicho artículo, y podrá, a los efectos del artículo 17, apartado 6, del Reglamento (UE) nº 1095/2010, adoptar decisiones individuales dirigidas a los administradores de índices de referencia supervisados por dicha autoridad nacional competente, y a los contribuidores de índices referencia supervisados por dicha autoridad nacional competente cuando esos contribuidores sean entidades supervisadas.

2.   Cuando el índice de referencia pertinente sea un índice fundamental, la AEVM garantizará la cooperación con el colegio de autoridades competentes de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 34.

Artículo 27

Divulgación de información procedente de otro Estado miembro

1.  La autoridad competente solo podrá revelar información recibida de otra autoridad competente si:

a)  ha obtenido el consentimiento escrito de la autoridad competente y la información se divulga solo a los fines para los que esa autoridad haya dado su consentimiento; o

b)  ▌dicha divulgación resulta necesaria en el marco de un procedimiento judicial.

Artículo 28

Cooperación en ▌investigaciones ▌

1.  La autoridad competente pertinente podrá solicitar la asistencia de otra autoridad competente en relación con investigaciones o inspecciones in situ. La autoridad competente que reciba la solicitud cooperará en la medida de lo posible y de la forma más apropiada.

2.  La autoridad competente que realice la solicitud a que se refiere el apartado 1 informará de ello a la AEVM. Cuando se trate de una investigación o inspección con repercusiones transfronterizas, las autoridades competentes podrán solicitar a la AEVM que coordine dicha investigación o inspección.

3.  Cuando una autoridad competente reciba de la autoridad competente de otro Estado miembro la solicitud de realizar una investigación o una inspección in situ, podrá:

a)  realizar ella misma la investigación o inspección in situ;

b)  permitir a la autoridad competente que haya presentado la solicitud participar en la investigación o inspección in situ;

c)  designar a auditores o expertos que apoyen o lleven a cabo la investigación o inspección in situ.

Capítulo 4

Función de las autoridades competentes

Artículo 29

Autoridades competentes

1.  En relación con los administradores y los contribuidores supervisados, cada Estado miembro designará la autoridad competente responsable de llevar a cabo los cometidos que establece el presente Reglamento, e informará de ello a la Comisión y la AEVM.

2.  Cuando un Estado miembro designe más de una autoridad competente, establecerá claramente las respectivas funciones, y designará a una única autoridad responsable de coordinar la cooperación y el intercambio de información con la Comisión, la AEVM y las autoridades competentes de otros Estados miembros.

3.  La AEVM publicará en su sitio web una lista de las autoridades competentes designadas de conformidad con el apartado 1 del presente artículo y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 bis, apartado 1, letra a).

Artículo 30

Facultades de las autoridades competentes

1.  De cara al ejercicio de las funciones que les asigna el presente Reglamento, las autoridades competentes gozarán, de conformidad con la legislación nacional, de una serie de facultades mínimas en materia de supervisión e investigación que les permitan:

a)  tener acceso a cualesquiera documentos u otros datos pertinentes bajo cualquier forma y recibir o realizar una copia de los mismos;

b)  solicitar información a cualquier persona ▌que participe en la facilitación de un índice de referencia, o que contribuya al mismo, incluidos los proveedores de servicios de conformidad con el artículo 6, apartado 3 ter, así como los ordenantes de las mismas, y en caso necesario convocar e interrogar a cualquiera de esas personas con el fin de obtener información;

c)  en relación con los índices de referencia ▌de materias primas, requerir información a los contribuidores de los mercados al contado ▌mediante, cuando sean aplicables, formularios normalizados ▌e informes sobre las operaciones y acceder directamente a los sistemas de los operadores;

d)  realizar investigaciones o inspecciones in situ, en lugares distintos de los domicilios particulares de las personas físicas;

e)  acceder a los locales de personas físicas o jurídicas a fin de incautarse de documentos u otros datos bajo cualquier forma, siempre que se tenga la sospecha razonable de que existen documentos u otros datos relacionados con el objeto de la inspección o investigación que pueden ser pertinentes para demostrar una infracción del presente Reglamento; si es preciso obtener una autorización previa de las autoridades judiciales del Estado miembro de que se trate, con arreglo al Derecho nacional, esta facultad solo se utilizará una vez obtenida dicha autorización judicial previa;

f)  exigir las grabaciones de conversaciones telefónicas o de comunicaciones electrónicas u otros registros de tráfico de datos que obren en poder de entidades supervisadas;

g)  solicitar la congelación y/o el embargo de activos;

i)  exigir la suspensión temporal de toda práctica que la autoridad competente considere contraria a lo dispuesto en el presente Reglamento;

j)  imponer la prohibición temporal de ejercer una actividad profesional;

k)  adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que el público esté correctamente informado sobre la elaboración de un índice de referencia, tales como exigir a la persona que haya publicado o divulgado dicho índice que publique una declaración rectificativa de anteriores contribuciones al índice de referencia o de las cifras de este;

k bis)   revisar la declaración de cumplimiento y requerir su modificación.

2.  Las autoridades competentes podrán ejercer las funciones y facultades a que se refiere el apartado 1 y las competencias para imponer sanciones a que se refiere el artículo 31, de conformidad con sus marcos jurídicos nacionales, de una de las siguientes formas:

a)  directamente;

b)  en colaboración con otras autoridades o los organismos de los mercados;

c)  bajo su responsabilidad por delegación en dichas autoridades u organismos de los mercados;

d)  mediante solicitud a las autoridades judiciales competentes.

Para el ejercicio de dichas facultades, las autoridades competentes establecerán garantías adecuadas y efectivas con respecto al derecho de defensa y los derechos fundamentales.

3.  Los Estados miembros velarán por que se adopten las medidas apropiadas para que las autoridades competentes dispongan de todas las facultades de supervisión e investigación necesarias para el desempeño de sus funciones.

4.  Cuando una persona facilite información conforme al apartado 2, no se considerará que infringe la restricción de divulgación de información establecida en un contrato o en disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.

Artículo 31

Medidas y sanciones administrativas

1.  Sin perjuicio de las facultades de supervisión de las autoridades competentes a que se refiere el artículo 34, los Estados miembros, conforme a su legislación nacional, establecerán disposiciones que faculten a dichas autoridades para adoptar las oportunas medidas administrativas e imponer medidas y sanciones administrativas en relación con, al menos, lo siguiente:

a)  las infracciones de los artículos 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, ▌6, ▌7, 7 bis, 7 ter,8, 9, ▌11, 14, 15, 17, ▌19, ▌23 y 23 bis del presente Reglamento, cuando sean aplicables; y

b)  la falta de cooperación o el desacato en relación con una investigación o una inspección o una solicitud con arreglo al artículo 30.

2.  En caso de infracción a tenor del apartado 1, los Estados miembros facultarán a las autoridades competentes, de conformidad con su legislación nacional, para que puedan aplicar, como mínimo, las siguientes medidas y sanciones administrativas:

a)  emitir un requerimiento por el que se conmine al administrador o a la entidad supervisada responsable de la infracción a que ponga fin a la misma y se abstenga de repetirla;

b)  exigir la restitución de las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas gracias a la infracción, cuando las mismas puedan determinarse;

c)  efectuar una amonestación pública en la que se indique el administrador o la entidad supervisada responsable y la naturaleza de la infracción;

d)  revocar o suspender la autorización de un administrador;

e)  prohibir temporalmente que cualquier persona física que se considere responsable de la infracción ejerza funciones de dirección en administradores o contribuidores;

f)  imponer sanciones pecuniarias administrativas de, como máximo, el quíntuple del importe de las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas gracias a la infracción, cuando las mismas puedan determinarse; o

1)  si se trata de una persona física, sanciones pecuniarias administrativas de, como máximo, la siguiente cuantía:

i)  en caso de infracción de los artículos 5, ▌5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8, 9, ▌11, ▌12 bis, apartado 2, ▌14, 15, ▌17, 18, 19 ▌y 23, ▌500 000 EUR, o, en los Estados miembros cuya moneda oficial no sea el euro, el valor correspondiente en moneda nacional en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento; o

ii)  en caso de infracción del artículo 7, apartado 1, letra b) ▌, o del artículo 7, apartado 4, 100 000 EUR, o, en los Estados miembros cuya moneda oficial no sea el euro, el valor correspondiente en moneda nacional en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento;

2)  si se trata de una persona jurídica, sanciones pecuniarias administrativas de, como máximo, la siguiente cuantía:

i)  en caso de infracción de los artículos 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies,6, ▌7, ▌7 bis, 7 ter, ▌8, 9, ▌11, ▌14, 15, ▌17, 18, 19 ▌y 23, ▌1 000 000 EUR o el 10 % de su volumen de negocios total anual, si esta última cifra fuera más elevada, de acuerdo con las últimas cuentas disponibles aprobadas por el órgano de dirección; cuando la persona jurídica sea una empresa matriz o una filial de una empresa matriz que deba elaborar cuentas financieras consolidadas, conforme a la Directiva 2013/34/UE, el volumen de negocios total anual pertinente será el volumen de negocios total anual o el tipo de ingresos correspondientes conforme a la Directiva 86/635/CEE, en el caso de los bancos, y la Directiva 91/674/CEE, en el caso de las empresas de seguros, de acuerdo con las últimas cuentas consolidadas disponibles aprobadas por el órgano de dirección de la empresa matriz última, o, si la persona fuera una asociación, el 10 % de los volúmenes de negocios agregados de sus miembros; o

ii)  en caso de infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), 250 000 EUR o el 2 % de su volumen de negocios total anual, si esta última cifra fuera más elevada, de acuerdo con las últimas cuentas disponibles aprobadas por el órgano de dirección; cuando la persona jurídica sea una empresa matriz o una filial de una empresa matriz que deba elaborar cuentas financieras consolidadas, conforme a la Directiva 2013/34/UE, el volumen de negocios total anual pertinente será el volumen de negocios total anual o el tipo de ingresos correspondientes conforme a la Directiva 86/635/CEE, en el caso de los bancos, y la Directiva 91/674/CEE, en el caso de las empresas de seguros, de acuerdo con las últimas cuentas consolidadas disponibles aprobadas por el órgano de dirección de la empresa matriz última, o, si la persona fuera una asociación, el 10 % de los volúmenes de negocios agregados de sus miembros;

3.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a la AEVM a más tardar el [doce meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento] las disposiciones a que se refieren los apartados 1 y 2.

Los Estados miembros podrán decidir no establecer normas administrativas sancionadoras para las infracciones que sean objeto de sanciones penales en su Derecho nacional. En este caso, los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a la AEVM las disposiciones del Derecho penal pertinentes, junto con la notificación prevista en el párrafo primero.

Notificarán sin demora a la Comisión y a la AEVM cualquier modificación ulterior de las mismas.

4.  Los Estados miembros podrán otorgar a las autoridades competentes facultades sancionadoras adicionales a las mencionadas en el apartado 1, de conformidad con su legislación nacional, y prever niveles de sanciones más elevados que los establecidos en ese mismo apartado.

Artículo 32

Ejercicio de las facultades supervisoras y sancionadoras y obligación de cooperar

1.  Los Estados miembros velarán por que, a la hora de determinar el tipo, el nivel y la proporcionalidad de las sanciones administrativas, las autoridades competentes tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas, en su caso:

a)  la gravedad y duración de la infracción;

a bis)   el grado de importancia del índice de referencia para la estabilidad financiera y para la economía real;

b)  el grado de responsabilidad de la persona responsable;

c)  ▌el volumen de negocios total de la persona jurídica responsable o los ingresos anuales de la persona física responsable;

d)  la magnitud de las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas por la persona responsable, cuando las mismas puedan determinarse;

e)  el grado de cooperación de la persona responsable con la autoridad competente, sin perjuicio de la obligación de que dicha persona restituya las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas;

f)  las anteriores infracciones de la persona de que se trate;

g)  las medidas adoptadas tras la infracción por una persona responsable, para evitar que aquella se repita.

2.  Cuando ejerzan sus facultades sancionadoras en las circunstancias a que se refiere el artículo 31, las autoridades competentes cooperarán estrechamente para garantizar que las facultades de supervisión e investigación y las sanciones administrativas produzcan los resultados que persigue el presente Reglamento. Coordinarán asimismo su actuación para evitar posibles duplicaciones y solapamientos cuando ejerzan dichas facultades de supervisión e investigación y apliquen sanciones y multas administrativas en casos transfronterizos.

2 bis.   Cuando los Estados miembros hayan optado, de conformidad con el artículo 31, por establecer sanciones penales respecto de las infracciones de las disposiciones a que se refiere dicho artículo, velarán por que se adopten las medidas apropiadas para que las autoridades competentes dispongan de todas las competencias necesarias para cooperar con las autoridades judiciales en el marco de su jurisdicción con objeto de recibir información específica relativa a las investigaciones o los procedimientos penales incoados por posibles infracciones del presente Reglamento y facilitarla a otras autoridades competentes y a la AEVM para cumplir con su obligación de cooperar entre sí y con la AEVM a los efectos del presente Reglamento.

2 ter.   Las autoridades competentes prestarán ayuda a las autoridades competentes de otros Estados miembros. En particular, intercambiarán información y colaborarán en todas las investigaciones o en las actividades de supervisión. Las autoridades competentes podrán cooperar también con las autoridades competentes de otros Estados miembros para facilitar el cobro de sanciones pecuniarias.

Artículo 33

Publicación de las decisiones

1.  Las autoridades competentes publicarán en su sitio web oficial toda decisión por la que se imponga una sanción o medida administrativa por infracción del presente Reglamento, inmediatamente después de que la persona sancionada haya sido informada de dicha decisión. La publicación incluirá, como mínimo, información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de las personas responsables. Esta obligación no será de aplicación cuando se trate de decisiones que impongan medidas de índole investigadora.

2.  Si la autoridad competente considera que la publicación de la identidad de personas jurídicas o los datos personales de personas físicas resulta desproporcionada, tras una evaluación en cada caso de la proporcionalidad de dicha publicación, o si esta última pone en peligro la estabilidad de los mercados financieros o una investigación en curso, dicha autoridad podrá:

a)  aplazar la publicación de la decisión de imponer una sanción o una medida hasta el momento en que ya no existan las razones por las cuales no se efectúa la publicación; o

b)  publicar la decisión de imponer una sanción o una medida de forma anónima y conforme al Derecho nacional, si tal publicación anónima garantiza la protección efectiva de los datos de naturaleza personal; cuando se decida publicar una sanción o una medida de forma anónima, podrá aplazarse la publicación de los datos pertinentes durante un plazo razonable, si se prevé que en ese plazo dejarán de existir las razones que motivan la publicación anónima;

c)  no publicar en absoluto la decisión de imponer una sanción o medida si las opciones indicadas en las anteriores letras a) y b) se consideran insuficientes para garantizar:

i)  que la estabilidad de los mercados financieros no corra peligro; o

ii)  la proporcionalidad de la publicación de esas decisiones frente a medidas que se consideran de menor importancia.

3.  Si la decisión de imponer una sanción o medida puede recurrirse ante las autoridades judiciales o de otro tipo pertinentes, las autoridades competentes publicarán también inmediatamente en su sitio web oficial esa información y toda información posterior sobre el resultado de tal recurso. Asimismo, se publicará toda decisión que anule una decisión previa de imponer una sanción o medida.

4.  Las autoridades competentes velarán por que toda publicación efectuada con arreglo al presente artículo permanezca en su sitio web oficial durante como mínimo cinco años tras dicha publicación. Los datos personales que figuren en la publicación solo se mantendrán en el sitio web oficial de la autoridad competente durante el tiempo que resulte necesario de acuerdo con las normas aplicables en materia de protección de datos.

4 bis.   Los Estados miembros facilitarán cada año a la AEVM información agregada relativa a todas las sanciones y medidas impuestas de conformidad con el artículo 31. Esta obligación no afectará a las medidas de carácter investigativo. La AEVM publicará esta información en un informe anual.

Cuando los Estados miembros hayan optado, de conformidad con el artículo 31, por establecer sanciones penales por infracción de las disposiciones a que se refiere dicho artículo, sus autoridades competentes facilitarán anualmente a la AEVM datos anonimizados y agregados relativos a todas las investigaciones penales que hayan efectuado y a las sanciones penales impuestas. La AEVM publicará los datos sobre las sanciones penales impuestas en un informe anual.

Artículo 34

Colegio de autoridades competentes

1.  En el plazo de treinta días ▌a partir de la inclusión de un índice de referencia en la lista de índices de referencia fundamentales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 bis, con la excepción de los índices fundamentales de carácter nacional según establece el artículo 3, apartado 1, punto 21, la autoridad competente pertinente creará un colegio de autoridades competentes.

2.  Dicho colegio estará integrado por la autoridad competente del administrador, la AEVM y las autoridades competentes de los contribuidores principales.

3.  Las autoridades competentes de otros Estados miembros tendrán derecho a ser miembros del colegio en caso de que, si ese índice de referencia ▌dejara de elaborarse, ello tuviera importantes efectos adversos sobre la estabilidad financiera, el buen funcionamiento de los mercados, los consumidores o la economía real de esos Estados miembros.

Cuando una autoridad competente desee ser miembro de un colegio, con arreglo al párrafo primero, presentará a la autoridad competente del administrador una solicitud en la que demuestre que existen las condiciones a que se refiere esa disposición. La autoridad competente pertinente del administrador estudiará la solicitud y notificará a la autoridad solicitante, en el plazo de treinta días a partir de la solicitud, si considera o no que existen esas condiciones. Si estima que no existen tales condiciones, la autoridad solicitante podrá remitir el asunto a la AEVM, de acuerdo con el apartado 10.

4.  La AVEM coadyuvará a promover y vigilar el funcionamiento eficiente, eficaz y coherente de los colegios de supervisores a que se refiere el presente artículo, de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento (UE) nº 1095/2010. A tal fin, la AEVM participará en los mismos, en su caso, y se considerará autoridad competente a esos efectos.

5.  La AEVM presidirá las reuniones del colegio, coordinará las acciones de este y velará por un intercambio eficaz de información entre los miembros del colegio.

6.  La autoridad competente del administrador establecerá procedimientos escritos, en el marco del colegio, en relación con lo siguiente:

a)  la información que deban intercambiarse las autoridades competentes;

b)  el proceso de toma de decisiones entre las autoridades competentes;

c)  los casos en que las autoridades competentes deban consultarse recíprocamente.

d)  la asistencia que deba prestarse de acuerdo con el artículo 14, apartado 5 bis, con el fin de hacer cumplir las medidas a que se refiere el apartado 3 de ese mismo artículo.

Cuando el administrador elabore más de un índice de referencia, la AEVM podrá constituir un único colegio para todos los índices de referencia que elabore.

7.  Si no existiera consenso sobre los procedimientos a que se refiere el apartado 6, cualquiera de los miembros del colegio, distinto de la AEVM, podrá remitir el asunto a esta última. La autoridad competente del administrador tendrá debidamente en cuenta la opinión de la AEVM con respecto a los procedimientos escritos de coordinación antes de acordar el texto final. Dichos procedimientos de coordinación se recogerán en un solo documento, en el que se motivará plenamente cualquier desviación significativa frente a la opinión formulada por la AEVM. La autoridad competente del administrador remitirá los procedimientos escritos de coordinación a los miembros del colegio y a la AEVM.

8.  Antes de adoptar cualquiera de las medidas a que se refieren el artículo ▌24 ▌y, cuando sean aplicables, los artículos 14 y 23, la autoridad competente del administrador consultará a los miembros del colegio. Los miembros harán cuanto esté razonablemente en su poder para llegar a un acuerdo en el plazo estipulado en los acuerdos escritos a que se refiere el apartado 6. Se establecerá un mecanismo de mediación que ayude a encontrar una opinión común entre las autoridades competentes en caso de eventual desacuerdo.

9.  Si ▌los miembros ▌del colegio no llegaran a un acuerdo ▌, las autoridades competentes distintas de la AEVM podrán recurrir a esta en los siguientes casos:

a)  cuando una autoridad competente no haya comunicado información esencial;

b)  cuando, en respuesta a una solicitud al amparo del apartado 3, la autoridad competente del administrador haya notificado a la autoridad solicitante que no se dan las condiciones previstas en ese apartado, o no haya respondido a dicha solicitud en un plazo razonable;

c)  cuando las autoridades competentes no hayan alcanzado un acuerdo en relación con lo especificado en el apartado 6;

d)  cuando ▌no haya acuerdo en relación con la medidas adoptadas con arreglo a los artículos ▌23 y 24 ▌.

Si la cuestión no queda resuelta en un plazo de veinte días a partir de la fecha en que el asunto se haya sometido a la AEVM según lo establecido en el párrafo primero, la autoridad competente del administrador tomará la decisión definitiva y facilitará por escrito una explicación pormenorizada de su decisión a las autoridades a que se refiere el primer párrafo y a la AEVM.

Si la AEVM considera que la autoridad competente del administrador ha adoptado medidas a que se refiere el apartado 8 que puedan no ser conformes con el Derecho de la Unión, actuará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

9 bis.   Cualquiera de las autoridades competentes de un colegio que no consiga alcanzar un acuerdo sobre cualquiera de las medidas que deban adoptarse de conformidad con el artículo 13 bis o el artículo 14 podrá remitir el asunto a la AEVM. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 258 del TFUE, la AEVM podrá actuar de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

9 ter.   Toda medida adoptada de conformidad con el artículo 13 bis o el artículo 14 seguirá estando en vigor como mínimo hasta que se alcance un acuerdo en el colegio con arreglo a lo dispuesto en los apartados 8 y 9 bis.

Artículo 35

Cooperación con la AEVM

1.  Las autoridades competentes cooperarán con la AEVM a efectos del presente Reglamento, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1095/2010.

2.  Las autoridades competentes proporcionarán sin demora a la AEVM toda la información necesaria para el desempeño de sus obligaciones, de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

2 bis.   En virtud del cometido que incumbe a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y a otros supervisores pertinentes en la aplicación y el seguimiento del Reglamento (UE) nº 1227/2011, todos ellos cooperarán con la AEVM a efectos del presente Reglamento, serán consultados en el proceso de elaboración de todas las normas técnicas de regulación y todos los actos delegados y facilitarán sin demora toda la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.

3.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución destinadas a determinar los procedimientos y formularios para la comunicación de información a que se refiere el apartado 2.

La AEVM presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero a más tardar el [XXXX].

Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Artículo 36

Secreto profesional

1.  Toda información confidencial recibida, intercambiada o transmitida en virtud del presente Reglamento estará sujeta a las condiciones del secreto profesional establecidas en el apartado 2.

2.  La obligación de secreto profesional se aplicará a todas las personas que trabajen o hayan trabajado para la autoridad competente o para cualquier otra autoridad u organismo del mercado en los que aquella haya delegado sus facultades, incluidos los auditores o expertos contratados por ella.

3.  La información sujeta al secreto profesional no podrá divulgarse a ninguna otra persona o autoridad, salvo en virtud de disposiciones legales.

4.  Toda la información intercambiada por las autoridades competentes en virtud del presente Reglamento y referida a las condiciones comerciales u operativas, así como a otros asuntos de tipo económico o personal, se considerará confidencial y estará amparada por el secreto profesional, salvo cuando la autoridad competente declare, en el momento de su comunicación, que la información puede ser revelada o esta revelación resulte necesaria en el marco de un procedimiento judicial.

TÍTULO VII

ACTOS DELEGADOS Y DE EJECUCIÓN

Artículo 37

Ejercicio de la delegación

1.  Los poderes para adoptar actos delegados se confieren a la Comisión en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren el artículo 3, apartado 2, ▌y el artículo 23, apartado 7, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3.  La delegación de poderes a que se refieren el artículo 3, apartado 2, ▌y el artículo 23, apartado 7, ▌podrá ser revocada en todo momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Dicha decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.  Un acto delegado adoptado con arreglo al artículo 3, apartado 2, ▌y el artículo 23, apartado 7, entrará en vigor únicamente en caso de que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan manifestado ninguna objeción en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se les haya notificado dicho acto, o en caso de que, antes de que expire ese plazo, ambos hayan informado a la Comisión de que no pondrán ninguna objeción. Ese plazo se prorrogará dos meses a instancia del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 38

Procedimiento de comité

1.  La Comisión estará asistida por el Comité Europeo de Valores. Dicho comité será un comité a tenor de lo establecido en el Reglamento (UE) nº 182/2011.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011, observando lo dispuesto en su artículo 8.

TÍTULO VIII

Disposiciones finales y transitorias

Artículo 39

Disposiciones transitorias

1.  Un administrador que, a [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], elabore un índice de referencia solicitará una autorización o su inscripción con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 o en el artículo 23 bis en el plazo de [doce meses siguientes a la fecha de aplicación].

1 bis.   Las autoridades competentes nacionales decidirán cuál de los índices registrados será considerado «fundamental». Estos índices se autorizarán de conformidad con las disposiciones del artículo 23.

2.  Una persona física o jurídica que presente una solicitud de autorización o inscripción de acuerdo con el apartado 1 podrá seguir elaborando un índice de referencia ya existente que podrán utilizar las entidades supervisadas siempre que y en tanto dicha autorización no sea denegada.

3.  Si un índice de referencia ▌existente no cumple los requisitos establecidos en el presente Reglamento, pero su modificación para adaptarlo a esos requisitos pudiera dar lugar a un caso de fuerza mayor, frustrara o de algún otro modo infringiera los términos de cualquier contrato financiero o instrumento financiero que utilice ese índice como referencia, la autoridad competente del Estado miembro en el que esté radicada la persona física o jurídica que elabora el índice de referencia podrá autorizar que se siga utilizando dicho índice para los contratos financieros y los instrumentos financieros existentes hasta que la autoridad competente considere que puede dejar de utilizarse o puede sustituirse por otro índice de referencia sin causar un perjuicio a ninguna de las partes en el contrato.

3 bis.   Después de [entrada en vigor del presente Reglamento], los instrumentos financieros o los contratos financieros nuevos no podrán utilizar como referencia ningún índice existente que no cumpla los requisitos del presente Reglamento.

3 bis.   No obstante lo dispuesto en el apartado 3 bis, los instrumentos financieros nuevos podrán utilizar como referencia un índice existente que no cumpla los requisitos establecidos en el presente Reglamento durante un año después de [entrada en vigor del presente Reglamento], a menos que el instrumento financiero de que se trate sea necesario para fines de cobertura con el objeto de gestionar el riesgo de un instrumento financiero existente que utilice dicho índice como referencia.

4.  A menos que la Comisión haya adoptado una decisión en materia de equivalencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20, apartados 2 o 2 bis, las entidades supervisadas de la Unión únicamente utilizarán un índice de referencia elaborado por un administrador radicado en un país tercero si se utiliza como referencia para instrumentos financieros y contratos financieros existentes ▌en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento o si se utiliza para instrumentos financieros y contratos financieros nuevos durante tres años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

Artículo 39 bis

Plazo para la actualización de prospectos y documentos de información clave

El artículo 19, apartado 2, se entenderá sin perjuicio de los prospectos existentes aprobados de conformidad con la Directiva 2003/71/CE antes de la entrada en vigor del presente Reglamento. Para los prospectos aprobados antes de [entrada en vigor del presente Reglamento] en virtud de la Directiva 2009/65/CE, los documentos de base se actualizarán en cuanto sea posible y como más tarde el ...* [[doce] meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento].

Artículo 40

Reexamen

1.   A más tardar el 1 de enero de 2018, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el presente Reglamento, y en particular sobre los aspectos siguientes:

a)  el funcionamiento y la eficacia del régimen de índices de referencia fundamentales y del régimen de participación obligatoria contemplados en los artículos 13 y 14, y la definición de índice de referencia del artículo 3, y

b)  la eficacia del régimen de supervisión establecido en el título VI y los colegios a que se refiere el artículo 34, así como la conveniencia de que determinados índices de referencia sean supervisados por un órgano de la Unión;

1a.   La Comisión revisará la evolución de los principios internacionales, y en particular los aplicables a los índices de referencia de materias primas de las agencias de comunicación de precio, así como la evolución de los marcos jurídicos y las prácticas de supervisión de terceros países en lo que se refiere a la elaboración de índices de referencia, y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo como más tarde el ...* [cuatro años después de la entrada en vigor del presente Reglamento] y seguidamente cada cuatro años. Estos informes irán acompañados, si procede, de una propuesta legislativa.

Artículo 41

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será de aplicación seis meses después de ... [entrada en vigor de los actos delegados adoptados por la Comisión con arreglo al presente Reglamento].

No obstante, el artículo 13, apartado 1, y los artículos 14 y 34 serán de aplicación a partir del ... [seis meses desde la entrada en vigor].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ...

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) De conformidad con el artículo 61, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento, el asunto se devuelve a la comisión competente para nuevo examen (A8-0131/2015).
(2) Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el símbolo ▌.
(3)DO C 177 de 11.6.2014, p. 42.
(4) DO C 113 de 15.4.2014, p. 1.
(5)DO L 145 de 30.4.2004, p. 1.
(6)DO L 345 de 31.12.2003, p. 64.
(7)DO L 302 de 17.11.2009, p. 32.
(8)DO L 326 de 8.12.2011, p. 1.
(9) Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n° 1093/2010 (DO L 60 de 28.2.2014, p. 34).
(10) Reglamento (UE) n° 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n° 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(11) Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, p. 1).
(12)DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(13)DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
(14). Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de outubro de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (DO L 326 de 8.12.2011, p. 1).
(15)DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
(16) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
(17)Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO L 211 de 14.8.2009, p. 55).
(18)Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO L 9 de 14.8.2009, p. 112).
(19) Reglamento (UE) n° 1031/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010, sobre el calendario, la gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad (DO L 302 de 18.11.2010, p. 1).
(20) Reglamento de Ejecución (UE) n° 1348/2014 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014, relativo a la comunicación de datos en virtud del artículo 8, apartados 2 y 6, del Reglamento (UE) n° 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (DO L 363 de 18.12.2014, p. 121).
(21) Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
(22)Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
(23)DO L 302 de 17.11.2009, p. 32.
(24)Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n° 1060/2009 y (UE) n° 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
(25) Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(26)Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133 de 22.5.2008, p. 66).
(27) Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n° 1093/2010 (DO L 60 de 28.2.2014, p. 34).
(28)Reglamento (CE) n° 1287/2006 de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por el que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las obligaciones de las empresas de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la transparencia del mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos definidos a efectos de dicha Directiva (DO L 241 de 2.9.2006, p. 1).
(29) Reglamento (UE) nº 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).
(30)1.8.2014, AEVM/2014/937.


Financiación para el desarrollo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2015, sobre la financiación para el desarrollo (2015/2044(INI))
P8_TA(2015)0196A8-0143/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los documentos finales de la Primera y la Segunda Conferencias Internacionales sobre la Financiación para el Desarrollo, en particular el Consenso de Monterrey de 2002 y la Declaración de Doha de 2008,

–  Vistas las Resoluciones 68/204 y 68/279 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en Adís Abeba (Etiopía) del 13 al 16 de julio de 2015,

–  Visto el documento titulado «Elements», de 21 de enero de 2015, presentado por los copresidentes del Proceso Preparatorio de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo,

–  Visto el informe de síntesis del Secretario General de las Naciones Unidas, de diciembre de 2014, sobre la agenda para después de 2015 titulado «El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta»,

–  Visto el informe del Comité Intergubernamental de Expertos en Financiación del Desarrollo Sostenible, de agosto de 2014,

–  Visto el informe del Grupo de Trabajo Abierto de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de julio de 2014,

–  Visto el informe de 2014 de la UNCTAD sobre las inversiones en el mundo titulado «Invertir en los objetivos de desarrollo sostenible: plan de acción»(1),

–  Visto el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), de junio de 2012, titulado «El futuro que queremos»,

–  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada «Hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana», de septiembre de 2014,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de febrero de 2015, titulada «Una asociación mundial para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible después de 2015» (COM(2015)0044)(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de junio de 2014, titulada «Una vida digna para todos: de la visión a la acción colectiva» (COM(2014)0335)(3),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de julio de 2013, titulada «Después de 2015: Hacia un enfoque global e integrado para financiar la erradicación de la pobreza y la consecución del desarrollo sostenible» (COM(2013)0531)(4),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de febrero de 2013, titulada «Una vida digna para todos: Acabar con la pobreza y dar al mundo un futuro sostenible» (COM(2013)0092)(5),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 12 de diciembre de 2013, sobre la coherencia de las políticas para el desarrollo,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales, de 16 de diciembre de 2014, sobre el tema «Una agenda transformadora para después de 2015»(6),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 12 de diciembre de 2013, sobre la financiación de la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible con posterioridad a 2015(7),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 12 de diciembre de 2014, sobre un papel más importante del sector privado en la cooperación al desarrollo,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales, de 25 de junio de 2013, sobre el programa general posterior a 2015(8),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre la UE y el marco mundial para el desarrollo posterior a 2015(9),

–  Vista su Resolución, de 23 de septiembre de 2008, sobre el seguimiento de la Conferencia de Monterrey sobre la Financiación para el Desarrollo de 2002(10),

–  Vistas sus Resoluciones, de 26 de noviembre de 2014, sobre la Conferencia 2014 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático − COP 20 de Lima, Perú (1-12 de diciembre de 2014)(11); de 26 de febrero de 2014, sobre el fomento del desarrollo a través de prácticas empresariales responsables, incluido el papel de las industrias extractivas en los países en desarrollo(12); de 8 de octubre de 2013, sobre corrupción en los sectores público y privado: su impacto en los derechos humanos en terceros países(13); de 21 de mayo de 2013, sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales(14); y de 16 de abril de 2013, sobre la promoción del desarrollo a través del comercio(15),

–  Vista la Decisión nº 472/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa al Año Europeo del Desarrollo (2015)(16),

–  Visto el Reglamento (UE) nº 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020,

–  Visto el artículo 208 del TFUE, que estipula que el objetivo principal de la política de desarrollo de la UE es la erradicación de la pobreza y establece el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A8-0143/2015),

A.  Considerando que 2015 es un año crucial para los esfuerzos de desarrollo a escala mundial, con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y un acuerdo sobre una acción mundial contra el cambio climático, que serán válidos hasta 2030;

B.  Considerando que la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en Adís Abeba (Etiopía) del 13 al 16 de julio de 2015, debe crear las condiciones necesarias para la financiación y la aplicación de la agenda para después de 2015, y que el éxito de esta agenda dependerá del grado de ambición que se demuestre en dicha conferencia;

C.  Considerando que hay 1 500 millones de personas que aún viven en la pobreza y padecen privaciones en lo tocante a la salud, la educación y el nivel de vida, especialmente en Estados frágiles y afectados por conflictos; que esto es inaceptable, dado que existen suficientes recursos en el mundo para poner fin a esta situación de forma progresiva;

D.  Considerando que la erradicación de la pobreza y la desigualdad solo puede lograrse mediante la movilización de recursos suficientes y adecuados para todos y una mayor focalización en los grupos marginados, como los niños, las mujeres, las personas de edad avanzada o las personas con discapacidad; que, si bien se ha reducido significativamente la pobreza extrema, el progreso en lo relativo a los niños ha sido más lento, por lo que la inversión en los niños, movilizando tanto recursos nacionales como fondos públicos internacionales, es un factor clave;

E.  Considerando que el desarrollo sostenible no es posible sin la paz y la seguridad, como se reconoce en el Consenso Europeo sobre Desarrollo de 2005;

F.  Considerando que las tres cuartas partes de las personas más pobres del mundo, unos 960 millones de personas, viven actualmente en países de renta media, y que, por consiguiente, un nuevo paradigma de desarrollo exige programas destinados tanto a las personas pobres como a los países pobres;

G.  Considerando que la UNCTAD calcula que las necesidades de financiación en los países en desarrollo para los nuevos ODS ascienden a unos 3,9 billones de dólares al año y que actualmente faltan 2,5 billones de dólares al año; que los costes de una acción insuficiente llegarán a superar con creces los costes de una acción decidida en favor del desarrollo sostenible;

H.  Considerando que la magnitud del desafío que supone la financiación de los ODS requiere una asociación sólida y a escala mundial y el uso de todas las formas de financiación (nacional, internacional, pública y privada, así como fuentes de financiación innovadoras) y de medios no financieros; que la financiación privada puede complementar, pero no sustituir a la financiación pública;

I.  Considerando que la movilización de recursos nacionales y la ayuda oficial al desarrollo (AOD) son fundamentos irremplazables de la financiación del desarrollo que deben reforzarse;

J.  Considerando que el potencial de movilización de los recursos nacionales de los países en desarrollo es considerable, pero que en la situación actual existen límites a lo que pueden lograr los países por sí solos; que en la mayoría de los países en desarrollo los ingresos fiscales siguen siendo bajos en relación con el PIB, por lo que es esencial promover sistemas tributarios equilibrados, justos y eficientes, acordes con la capacidad de pago de los contribuyentes y las empresas; que la movilización de los recursos nacionales también exige un reparto equitativo y transparente de los beneficios de los recursos naturales;

K.  Considerando que son muy pocos los países desarrollados que cumplen su compromiso de destinar el 0,7 % de la renta nacional bruta (RNB) a la AOD, incluido un porcentaje de entre el 0,15 y el 0,20 % de la RNB para los países menos adelantados (PMA); que los Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004 o más tarde se han comprometido a hacer esfuerzos para alcanzar el objetivo del 0,33 % de la RNB, pero que ninguno de ellos lo ha logrado aún;

L.  Considerando que muchos países menos desarrollados son países frágiles o fragilizados por acontecimientos externos como conflictos armados, epidemias como el ébola o catástrofes naturales y que necesitan por ello un mayor apoyo;

M.  Considerando que la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la seguridad dependen en gran medida de la capacidad de un Estado para ejercer sus funciones soberanas, garantizar el Estado de Derecho y ofrecer servicios públicos básicos como el acceso a la educación y la asistencia sanitaria, respetando al mismo tiempo el principio de apropiación; que estos países necesitan especialmente un mayor apoyo para instaurar sistemas sanitarios sólidos;

N.  Considerando que la agenda de desarrollo se está ampliando, por lo que es importante reconocer e incentivar aún más los esfuerzos que se están realizando por encima y más allá de la AOD; que, a pesar de la difícil situación presupuestaria en muchos países de la OCDE, la AOD se ha mantenido en niveles elevados y alcanzó un máximo histórico de 134 800 millones de dólares en 2013; que la OAD puede actuar como catalizador para atraer la inversión privada, y que debe tenerse presente la pertinencia de los instrumentos financieros innovadores en este contexto;

O.  Considerando que el sector privado y la inversión extranjera directa (IED), siempre que se regulen adecuadamente y se vinculen a mejoras concretas de la economía nacional, tienen un gran potencial para contribuir a la consecución de los ODS, como se refleja en la propuesta de la UNCTAD relativa a un Plan de acción para invertir en los ODS;

P.  Considerando que los flujos de capital privado afectan a los países en desarrollo de muy diversas maneras, tanto positivas como negativas; que los flujos financieros que llegan a los países en desarrollo procedentes de fuentes privadas son importantes, pero sumamente volátiles, se distribuyen de forma desigual y con frecuencia se asocian a salidas de capital, como la repatriación de beneficios, que desde 2010 ha superado la IED;

Q.  Considerando que la sociedad civil desempeña un papel clave a la hora de asegurar un proceso universal e inclusivo, a escala tanto nacional como mundial, y contribuye a la buena gobernanza y a la rendición de cuentas; que la ayuda al desarrollo y la corrupción son incompatibles;

R.  Considerando la importancia de promover el uso de los servicios bancarios en los países en desarrollo;

S.  Considerando que la UE y sus Estados miembros, como los principales donantes de ayuda al desarrollo que son, deben liderar el proceso de la financiación para el desarrollo y contribuir a dar una respuesta creíble a los retos que plantea la financiación del desarrollo, garantizando la coherencia de las políticas en favor del desarrollo en el marco de la agenda para después de 2015; que otros países desarrollados y emergentes deberían seguir el ejemplo de la UE;

Una asociación mundial

1.  Acoge con satisfacción el borrador inicial del documento final de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, y pide a la UE y a sus Estados miembros que lo apoyen;

2.  Acoge con satisfacción el informe de síntesis del Secretario General de las Naciones Unidas y su enfoque transformador, universal, global e integrado para lograr una ambiciosa asociación mundial sobre nuevos objetivos de desarrollo, así como el marco financiero correspondiente, centrado en la erradicación de la pobreza, la universalidad de los derechos humanos y la igualdad de género; insiste en que esa ambiciosa asociación no tendrá éxito si no se prevén unos medios exhaustivos y sustanciales para su realización;

3.  Insta a la UE a que afirme su liderazgo político en todo el proceso preparatorio para la definición de un marco de desarrollo sostenible, un acuerdo renovado sobre financiación para el desarrollo y otros medios de ejecución, junto con los compromisos y valores establecidos en sus Tratados constitutivos; considera que la prestación de la ayuda al desarrollo de la UE no debe ser objeto de condiciones impuestas por otros donantes;

4.  Insiste en que la UE y sus Estados miembros deben mantener su posición como principales donantes de ayuda al desarrollo, defendiendo al mismo tiempo la responsabilidad compartida; pide a los países de renta alta, los países de renta media-alta y las economías emergentes que asuman compromisos significativos;

5.  Acoge favorablemente la reciente Comunicación de la Comisión titulada «Una asociación mundial para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible después de 2015» por su carácter global, por centrarse en la coherencia política y por confirmar que la UE está decidida a desempeñar plenamente su papel en esta asociación global; lamenta que exista, no obstante, cierta falta de compromiso en relación con el plazo para futuros objetivos financieros;

Financiación pública internacional

6.  Subraya que la AOD sigue siendo un instrumento esencial para financiar el desarrollo; insta a la UE y a sus Estados miembros a que vuelvan a comprometerse sin demora a cumplir el objetivo de destinar el 0,7 % de la RNB a la AOD, reservando al menos el 50 % de su AOD y el 0,2 % de la RNB para los PMA, y que presenten, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias, calendarios presupuestarios plurianuales para el aumento de dichos niveles de aquí a 2020; acoge con satisfacción la posición firme de la UE de centrar los esfuerzos tanto en la cantidad como en la calidad de la ayuda al desarrollo; pide a otros socios desarrollados y a los países emergentes que aumenten su ayuda al desarrollo, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que convenzan a otros donantes públicos y privados en todo el mundo para que cumplan sus promesas financieras y asuman nuevos compromisos; subraya que todos los donantes deben velar por que la AOD consista en transferencias auténticas hacia los países en desarrollo;

7.  Subraya que la UE y otros países desarrollados deben respetar su compromiso de proporcionar financiación nueva, adicional y a mayor escala para la lucha contra el cambio climático con el fin de lograr el objetivo de movilizar conjuntamente, de aquí a 2020, 100 000 millones de dólares anuales, procedentes de una gran variedad de fuentes, públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, incluidas fuentes alternativas; lamenta la falta de progresos en lo que respecta a la incorporación de la financiación para la lucha contra el cambio climático en la AOD; solicita un esfuerzo concertado a escala internacional por parte de los países desarrollados y los países emergentes para encontrar nueva financiación adicional para la lucha contra el cambio climático para los países en desarrollo —pero no a expensas del presupuesto para el desarrollo— en el marco del acuerdo sobre una acción mundial contra el cambio climático que se adoptará en la Conferencia de París en diciembre de 2015; considera que la UE debe proponer pasos intermedios en el proceso hacia la plena incorporación; insta a los Estados miembros a que destinen los ingresos recaudados a través de los mercados del carbono a la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo; pide asimismo a las economías emergentes que movilicen financiación destinada a la lucha contra el cambio climático para los países en desarrollo;

8.  Apoya el uso de fuentes innovadoras para obtener financiación adicional para el desarrollo y la lucha contra el cambio climático, incluidos los impuestos sobre las transacciones financieras, los impuestos sobre el carbono en el transporte aéreo y marítimo internacional y la asignación automática de los ingresos procedentes del mercado del carbono; acoge con satisfacción los esfuerzos adicionales realizados a escala europea e internacional para encontrar otras fuentes de financiación;

9.  Subraya que la AOD debe seguir siendo el patrón de medida de los esfuerzos financieros realizados; apoya la introducción de un indicador complementario relativo al apoyo oficial total para el desarrollo sostenible (TOSSD), siempre que quede claro que dicho indicador no puede sustituir en forma alguna ni reducir la importancia de la AOD como patrón de medida;

10.  Observa que, si bien la mayor parte de la AOD se proporciona en forma de subvenciones, la concesión de préstamos en condiciones favorables también es una herramienta importante pero que agrava la carga de la deuda y puede provocar una burbuja de la deuda, especialmente en los países del África subsahariana y del Caribe que disponen de ingresos limitados para pagar la deuda; pide a los donantes, por consiguiente, que concedan sus ayudas a los PMA en forma de subvenciones; considera que los préstamos en condiciones favorables podrían no ser adecuados para las inversiones en sectores sociales en los que no se busca la obtención de beneficios; acoge con satisfacción el acuerdo del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE de modernizar la información sobre préstamos en condiciones favorables introduciendo un sistema de cálculo del equivalente en subvenciones al objeto de calcular los importes de la AOD;

11.  Señala que la UE es el principal donante mundial de ayuda al desarrollo, ya que representa casi el 60 % de la ayuda oficial mundial al desarrollo; pide, no obstante, a la Comisión que facilite datos claros y transparentes sobre la parte correspondiente del presupuesto total destinada a la ayuda al desarrollo de la UE, con el fin de evaluar el seguimiento del Consenso de Monterrey por parte de todos los donantes europeos; lamenta la falta de visibilidad del nivel de las contribuciones financieras de la UE a los países en desarrollo, y pide a la Comisión que desarrolle herramientas de comunicación e información adecuadas y específicas para aumentar la visibilidad de la ayuda al desarrollo de la UE;

12.  Pide a la UE que tenga en cuenta las necesidades financieras a largo plazo favoreciendo y adoptando un enfoque más estratégico, ambicioso y universal en consonancia con los ODS;

13.  Recuerda la contribución del presupuesto de la UE a la financiación para el desarrollo con un importe de 19 700 millones de euros destinados a la cooperación al desarrollo y 6 800 millones de euros para la ayuda humanitaria entre 2014 y 2020, además de 2 200 millones de euros consignados en la reserva de ayuda de emergencia; señala asimismo los 30 500 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo (FED); aboga por la inclusión del FED en el presupuesto, lo que tendría ventajas como una mayor transparencia, visibilidad, eficiencia y eficacia; celebra la oportunidad que brindan la revisión intermedia tras las elecciones y la revisión del marco financiero plurianual para tener en cuenta las crecientes necesidades estructurales en materia de ayuda humanitaria, así como las necesidades de desarrollo de los países más pobres y más frágiles;

14.  Señala que el presupuesto para 2015 asigna 2 400 millones de euros en créditos de compromiso (2 100 millones de euros en créditos de pago) a la cooperación al desarrollo, así como 928,8 millones de euros en créditos de compromiso (918,8 millones de euros en créditos de pago) a la ayuda humanitaria; apoya las medidas adoptadas para reducir el retraso de las facturas sin pagar, principalmente con miras a mantener la viabilidad financiera de los socios más vulnerables, y subraya la importancia del principio de paridad entre los compromisos y los pagos en lo que respecta a la ayuda humanitaria, ya que las crisis se producen con mayor frecuencia y los fondos deben desembolsarse rápidamente;

15.  Pide a la UE que garantice que las negociaciones sobre la Agenda para el Desarrollo después de 2015, la financiación del desarrollo y el cambio climático estén vinculadas de manera creíble con el nuevo Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, de modo que se pueda aumentar la capacidad de resistencia y el nivel de preparación, logrando al mismo tiempo el objetivo mundial de no dejar a nadie abandonado;

16.  Recuerda que la cooperación al desarrollo es una responsabilidad compartida de la UE y de los Estados miembros y que debe ser coherente con los conceptos de complementariedad y coordinación; destaca la necesidad de involucrar a la sociedad civil y a las autoridades locales en el proceso de coordinación;

17.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que promuevan una agenda de efectividad de la ayuda basándose en los compromisos de la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, una reducción de la fragmentación de la ayuda a través de un mecanismo de financiación conjunta y una mayor coordinación entre los distintos mecanismos de suministro de la ayuda y las partes interesadas; hace hincapié en que toda la financiación al desarrollo debe realizarse en favor de los pobres, ser sensible a las cuestiones de género, respetuosa con el medio ambiente y a prueba de cambio climático;

18.  Recuerda que, de conformidad con el TFUE, la reducción y eventual erradicación de la pobreza es el principal objetivo de la UE en materia de desarrollo, mientras que la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la cohesión social y la lucha contra las desigualdades deben permanecer en el centro de las actividades de desarrollo;

19.  Hace hincapié en la importancia de establecer prioridades claras en relación con el gasto prestando atención especial a las medidas en el ámbito de la salud, la educación, la energía, el abastecimiento de agua y las infraestructuras; subraya la necesidad de redoblar los esfuerzos y las mejoras en el ámbito de la eficacia de la ayuda a través de un mayor grado de coordinación entre los distintos mecanismos de ayuda y los donantes;

20.  Subraya que la AOD debe dar prioridad a los servicios sociales básicos para todos y a los «bienes públicos» que el sector privado presta con menor eficacia, como la educación primaria, las redes de protección social, la atención sanitaria y las infraestructuras de saneamiento y de suministro de agua, de modo que los países en desarrollo puedan alcanzar su pleno potencial; hace hincapié en que la accesibilidad debe ser un criterio clave de la financiación pública internacional para promover servicios e infraestructuras universales e inclusivas;

21.  Destaca la necesidad de asegurar que las poblaciones más vulnerables tengan acceso a oportunidades de desarrollo; recuerda, en este sentido, que el hecho de canalizar la ayuda solo a través de los Gobiernos conlleva el riesgo de que las comunidades marginadas o vulnerables no cuenten con una financiación suficiente;

22.  Resalta la importancia de que los bancos de desarrollo movilicen fondos adicionales para reducir la brecha en materia de financiación en infraestructuras y de acceso al crédito en los países en desarrollo que cuentan con mecanismos de seguimiento y de evaluación de impacto;

23.  Destaca que es absolutamente necesario que la UE aspire a alcanzar el máximo nivel de coordinación para lograr la coherencia con otros ámbitos de actuación (medio ambiente, migración, comercio internacional, derechos humanos, agricultura, etc.) y evitar la duplicación de tareas y la incoherencia de las actividades; recuerda que el Tratado de Lisboa (artículo 208 del TFUE) convirtió la coherencia de las políticas de desarrollo en una obligación;

Movilización de los recursos nacionales y cooperación fiscal internacional

24.  Hace hincapié en que la movilización de los recursos nacionales es más previsible y sostenible que la ayuda exterior y debe ser una fuente clave de financiación; alienta los esfuerzos de los países en desarrollo para incrementar dicha movilización; destaca la importancia de una mejor recaudación de impuestos en los países en desarrollo y la necesidad de sistemas tributarios sólidos, equilibrados, justos y eficientes, que vayan en favor de los pobres, sean sensibles a los grupos más vulnerables y respeten los compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible; aboga por la eliminación de subsidios perjudiciales en los ámbitos de la energía (en particular, los combustibles fósiles), la pesca y la agricultura;

25.  Pide a la Comisión que aumente su asistencia en materia de refuerzo de las capacidades en los ámbitos de la administración fiscal, la gobernanza financiera, la gestión de las finanzas públicas, la lucha contra la corrupción, la recuperación de activos robados y la lucha contra la evasión fiscal y los precios de transferencias erróneos; considera que corresponde a la Unión un papel clave en relación con este aspecto; recuerda la importancia de la distribución de los ingresos fiscales procedentes de recursos naturales, en especial a través de la creación de fondos soberanos; subraya la necesidad de acelerar y de aumentar los esfuerzos que se están realizando en la actualidad en relación con la mejora de la información presupuestaria, y se pronuncia a favor de una mayor armonización de las prácticas en materia de información presupuestaria entre los distintos Estados;

26.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que acometan una ofensiva activa contra los paraísos fiscales, la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, que superan con creces a la asistencia al desarrollo y contribuyen a la deuda de los países en desarrollo, que colaboren con los países en desarrollo para contrarrestar las prácticas agresivas en materia de elusión fiscal por parte de determinadas empresas transnacionales, y que busquen maneras de ayudar a los países en desarrollo a soportar las presiones para que participen en la competencia fiscal, pues esta debilita la movilización de recursos nacionales para el desarrollo;

27.  Apoya la creación de un organismo intergubernamental para la cooperación fiscal bajo los auspicios de las Naciones Unidas; alienta el intercambio automático de información; pide la creación de registros públicos sobre propiedad efectiva y la obligatoriedad de presentar informes desglosados por país para las empresas transnacionales de todos los sectores, así como de garantizar una distribución justa de los derechos tributarios y negociar, simultáneamente, tratados fiscales y de inversión con los países en desarrollo;

28.  Considera que las normas internacionales en el ámbito del impuesto sobre sociedades deben incluir el principio según el cual los impuestos deben pagarse donde se extrae o crea su valor;

29.  Destaca la importancia decisiva de la buena gobernanza, la protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho, el marco institucional y los instrumentos de regulación; apoya, en particular, la inversión en el desarrollo de capacidades, servicios sociales básicos tales como la educación y la sanidad (que asegure una cobertura sanitaria universal), incluida la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la nutrición, los servicios públicos, la protección social y la lucha contra la pobreza y la desigualdad, también entre los niños y desde una perspectiva de género; reconoce la necesidad de infraestructuras accesibles y de inversiones públicas selectivas, así como de la utilización sostenible de los recursos naturales, en particular en el sector de las industrias extractivas;

30.  Subraya que la financiación al desarrollo debe fortalecer los recursos disponibles para promover la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos de las mujeres y la capacitación de las mismas; hace hincapié en el papel específico de las mujeres en la sociedad y enfatiza que esto debe incluir la integración de la dimensión de género en los presupuestos, inversiones específicas en sectores clave, como la salud y la educación, y medidas para asegurar que toda la financiación al desarrollo tenga plenamente en cuenta la situación de las mujeres y las niñas;

31.  Pide una mayor financiación de la investigación y el desarrollo en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación en los países en desarrollo, si bien reconoce que esta financiación debe ser nacional y también internacional; insta a que se fomenten una investigación y un desarrollo que ofrezcan progresos hacia la resolución de desafíos complejos y avances en relación con una buena gestión de los bienes públicos comunes, como la tecnología y la innovación para la salud; señala el importante papel de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas en este contexto; pide que se examinen todos los regímenes de derechos de propiedad intelectual introducidos en países en desarrollo mediante acuerdos de libre comercio a fin de determinar posibles repercusiones negativas, por ejemplo en la sanidad pública, el medio ambiente o la transferencia de tecnología;

Sector privado y sociedad civil

32.  Subraya la importancia de unas condiciones favorables para la empresa privada y el emprendimiento en los países en desarrollo, en especial para las microempresas y las pymes, pues estas desempeñan un papel fundamental como motor de la creación de empleo y el crecimiento integrador; pide, en particular, que se refuercen los sistemas de microcrédito y de garantía; insiste en la necesidad de seguir desarrollando los bancos locales y regionales y las cooperativas de crédito con el fin de reducir de manera significativa los tipos de interés excesivos en relación con los préstamos del mercado con miras a apoyar mejor el desarrollo de la comunidad a escala local(17); pide la alineación del sector privado con los objetivos de desarrollo sostenible a través de asociaciones apropiadas, instrumentos financieros, incentivos, un marco de rendición de cuentas y la responsabilidad social de las empresas (RSE); recuerda la necesidad de respetar las normas internacionales, como las de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas;

33.  Hace hincapié en la necesidad de favorecer que las empresas dispongan de instrumentos de información y formación, y de plataformas de asesoramiento esenciales para su desarrollo;

34.  Subraya que, con el fin de dar un impulso a la economía a largo plazo, es esencial que los jóvenes y las mujeres puedan acceder al crédito para respaldar la creación de empresas emergentes;

35.  Destaca el papel de cohesión social que desempeña el espíritu empresarial colectivo de las asociaciones de productores para prevenir conflictos étnicos y religiosos;

36.  Insiste en que el apoyo de la UE al sector privado y su cooperación con este pueden y deben contribuir a reducir la pobreza y las desigualdades y respetar y promover los derechos humanos, las normas medioambientales, los compromisos relacionados con el clima y el diálogo social; pide que se establezca un marco jurídico vinculante para las empresas, incluidas las corporaciones transnacionales, que incluya un mecanismo para tratar las quejas;

37.  Pide a la UE que, junto a los países en desarrollo, establezca un marco regulador, en consonancia con el exhaustivo Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la UNCTAD que estimule una inversión más responsable, transparente y justificable, a fin de contribuir al desarrollo del sector privado nacional en los países en desarrollo;

38.  Pide a la Comisión que apoye un mayor acceso a la financiación para las microempresas y las pymes en los países en desarrollo; subraya la importancia de los sistemas de microcrédito, especialmente para las mujeres; anima a seguir impulsando los bancos locales y regionales y las cooperativas de crédito; pide a la Comisión que anime a los países en desarrollo a instaurar políticas y marcos jurídicos que favorezcan el desarrollo de servicios bancarios; señala la necesidad de información y formación, en varios niveles, también entre los pobres, las mujeres y otros grupos vulnerables, en materia de finanzas, uso de productos bancarios y seguros, y de las nuevas tecnologías pertinentes;

39.  Recuerda que la ayuda pública por sí sola dista mucho de ser suficiente para cubrir todas las necesidades de inversión en los países en desarrollo; insiste, por lo tanto, en el efecto multiplicador de la combinación de las asociaciones público-privadas (APP) como medio para mejorar el impacto de la ayuda al desarrollo, atraer financiación privada y apoyar a las empresas locales; destaca, no obstante, que la financiación combinada no debe sustituir a la responsabilidad de los Estados de satisfacer las necesidades sociales, debe estar en consonancia con los objetivos de desarrollo nacionales y debe guiarse por los principios de eficacia del desarrollo; apoya las APP, especialmente en el ámbito de la investigación relacionada con la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores, como el programa Ébola+;

40.  Pide la adopción de normas y criterios internacionales y un análisis del riesgo de deuda para la combinación de proyectos y APP que atraigan financiación privada y apoyen a las empresas locales, a la vez que respeten las normas en materia de derechos humanos acordadas internacionalmente y por la OIT y la OMS; insta a la Comisión a que, ante su deseo de ampliar considerablemente el uso de la financiación combinada en el futuro, aplique las recomendaciones que se formulan en el Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el uso de la financiación combinada, y evalúe el mecanismo de préstamos y subvenciones combinados, en particular en términos de desarrollo y adicionalidad financiera, transparencia y rendición de cuentas; pide al BEI y a otras instituciones financieras de desarrollo que den prioridad a las inversiones en empresas y fondos que hagan públicas las titularidades efectivas y presenten informes desglosados por países;

41.  Apoya un mayor acceso al mercado para los países en desarrollo, especialmente los PMA, dado que puede fortalecer el sector privado y crear incentivos para la reforma; insta a la Comisión a que garantice que los acuerdos comerciales y de inversión, especialmente con los países en desarrollo, los PMA y los Estados frágiles, estén en consonancia con los ODS y fomenten los derechos humanos y la integración regional; hace hincapié en que estos acuerdos deben someterse a evaluaciones de su impacto en los ODS; apoya la sugerencia de la Comisión de actualizar su estrategia de ayuda al comercio a la luz de los resultados de las negociaciones para después de 2015 y de conceder un trato especial y diferenciado a los países en desarrollo, a los PMA y a los Estados frágiles en los acuerdos comerciales respetando al mismo tiempo su espacio político para adoptar decisiones soberanas de acuerdo con su contexto nacional y las necesidades de su población;

42.  Aboga por una acción que impulse el uso y la transparencia de los sistemas de contratación pública nacional en las actividades que gestiona el sector público y por el fortalecimiento de las autoridades en materia de competencia de los países en desarrollo;

43.  Destaca la contribución positiva de los migrantes al desarrollo de sus países de origen y pide más cooperación efectiva e innovadora en la política de migración entre los países de origen y de destino; llama la atención sobre los importantes y crecientes flujos financieros que representan las remesas de la diáspora y apoya la creación de fondos de la diáspora; pide que prosigan los esfuerzos para reducir los gastos de transferencia a fin de mejorar el impacto en el desarrollo local en los países de origen;

44.  Defiende una mayor participación de las autoridades locales y de la sociedad civil, incluidas las ONG centradas en la comunidad, en los diálogos sobre las prioridades en materia de desarrollo, en especial en la conferencia de Adís Abeba, así como una aplicación más inclusiva y responsable de la agenda para después de 2015; destaca el papel de las ONG en la ejecución de las operaciones sobre el terreno y en la elaboración de los mecanismos de responsabilidad, control y revisión; reconoce que el papel de las autoridades locales en la realización de los ODS requiere la asignación de los recursos necesarios; pide que, en los diálogos sobre la agenda para después de 2015, se consulte en mayor medida a los jóvenes, en particular a través de tecnologías de comunicación innovadoras; destaca el papel de las delegaciones de la UE como facilitadoras de dichos diálogos;

Gobernanza mundial

45.  Recuerda el papel central de las Naciones Unidas, en complementariedad con otras instituciones y foros existentes, como la OCDE, en la gobernanza económica mundial y el desarrollo; pide una representación equitativa y equilibrada desde la perspectiva de género de todos los países en las instituciones multilaterales y otros órganos reguladores y normativos, incluidas las instituciones financieras internacionales; recuerda que todas las instituciones financieras internacionales deben respetar normas básicas de transparencia, tal como se prevé en la Carta de Transparencia para las Instituciones Financieras Internacionales, y adoptar políticas de divulgación;

46.  Insiste en que deben ofrecerse soluciones de deuda de carácter sostenible, que incluyan normas en materia de préstamos y endeudamientos responsables, a través de un marco jurídico multilateral para procesos de reestructuración de la deuda soberana, con miras a aliviar la carga de la deuda y evitar la deuda insostenible; pide a la UE que participe de forma constructiva en las negociaciones de las Naciones Unidas sobre este marco; insta a la UE a que impulse la aplicación de los principios de la UNCTAD sobre transacciones de deuda soberana responsables para prestatarios y prestamistas;

47.  Acoge con satisfacción los esfuerzos internacionales dirigidos a aliviar las obligaciones internacionales en materia de deuda de los países afectados por el ébola, a fin de ayudarles a hacer frente a la crisis económica causada por la epidemia;

48.  Pide una revisión de los programas e instrumentos de las organizaciones internacionales en materia de asistencia financiera al desarrollo con el fin de adaptarlos a los nuevos ODS; insta en particular al Banco Europeo de Inversiones, al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a que instauren las normas de financiación responsable más elevadas y a que orienten en mayor medida sus recursos a las necesidades de los países en desarrollo, también a través de unas facilidades de préstamo favorables a los pobres que sean recíprocamente eficaces; pide en particular un aumento de los importes disponibles para el Banco Europeo de Inversiones, más allá de su mandato actual, a fin de seguir aumentando su financiación para los países de renta baja;

Seguimiento, rendición de cuentas y revisión

49.  Pide que se llegue a un acuerdo en la conferencia de Adís Abeba sobre un marco sólido, transparente y accesible de supervisión y rendición de cuentas para un control y un seguimiento eficaces de la inversión y avances en relación con compromisos y objetivos específicos; pide una iniciativa internacional para mejorar la calidad de las estadísticas, los datos y la información, en particular datos desglosados por ingresos, género, edad, raza, etnia, estatuto migratorio, discapacidad, situación geográfica y otras características pertinentes a escala nacional; solicita a todas las partes que garanticen la ejecución eficaz y transparente de la ayuda y la financiación, en particular firmando y aplicando efectivamente lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y comprometiéndose a publicar sistemáticamente datos exactos, oportunos y comparables relativos a los ingresos y los gastos, así como documentos presupuestarios; pide, en especial, a la Comisión que aumente la supervisión y el control de la financiación de sus programas y proyectos de ayuda, y que adopte medidas adecuadas en caso de que existan pruebas de corrupción y mala gestión; insta, asimismo, a la Comisión a que aumente su asistencia para reforzar las autoridades judiciales y los órganos de lucha contra la corrupción en los países en desarrollo;

50.  Pide una iniciativa internacional para mejorar la calidad de las estadísticas, los datos y la información, con el fin de controlar el gasto, la inversión y los progresos en relación con compromisos y objetivos específicos; acoge con satisfacción los esfuerzos mundiales dirigidos a garantizar que los datos utilizados en la aplicación de los ODS estén suficientemente desglosados por ingresos, género, edad y otros indicadores, de forma que sea posible controlar de manera eficaz los efectos de las políticas;

51.  Reitera que, como complemento al PIB, se requiere un nuevo conjunto de indicadores para tener en cuenta los nuevos retos sociales y medioambientales, y que este conjunto debe incluir, en particular, el índice de desarrollo humano, el coeficiente de Gini, una medida de igualdad de género, la huella de carbono y la huella ecológica;

o
o   o

52.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Secretario General de las Naciones Unidas y a los cofacilitadores del Proceso Preparatorio de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.

(1) http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2014_overview_es.pdf
(2) https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/resource.html?uri=cellar:afc5ef38-ad24-11e4-b5b2-01aa75ed71a1.0015.01/DOC_1&format=PDF
(3) https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/resource.html?uri=cellar:441ba0c0-eb02-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0003.03/DOC_1&format=PDF
(4) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/ES/1-2013-531-ES-F1-1.Pdf
(5) https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0092&rid=2
(6) http://eu-un.europa.eu/articles/es/article_15873_es.htm
(7) http://eu-un.europa.eu/articles/es/article_14363_es.htm
(8) http://eu-un.europa.eu/articles/es/article_13692_es.htm
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0059.
(10) DO C 8 E de 14.1.2010, p. 1.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0063.
(12) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0163.
(13) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0394.
(14) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0205.
(15) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0119.
(16) DO L 136 de 9.5.2014, p. 1.
(17) Informe sobre el apoyo a las pymes en los países en desarrollo mediante intermediarios financieros, Dalberg, noviembre de 2011, www.eib.org.


Una asistencia sanitaria más segura en Europa
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Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2015, sobre una asistencia sanitaria más segura en Europa: mejorar la seguridad de los pacientes y combatir la resistencia a los antimicrobianos (2014/2207(INI))
P8_TA(2015)0197A8-0142/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Posición, de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de Recomendación del Consejo sobre la seguridad de los pacientes, en particular la prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria(1),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 9 de junio de 2009, sobre la seguridad de los pacientes, en particular la prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria(2),

–  Vista la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2011, titulada «Plan de acción contra la amenaza creciente de las resistencias bacterianas» (COM(2011)0748),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 22 de junio de 2012, sobre la repercusión de la resistencia a los agentes antimicrobianos en el sector de la salud humana y en el sector veterinario - Una perspectiva de «Salud Única»,

–  Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2012, sobre el desafío microbiano: la creciente amenaza de la resistencia a los antimicrobianos(3),

–  Vistos los informes de 13 de noviembre de 2012 y de 19 de junio de 2014 de la Comisión al Consejo sobre la base de los informes de los Estados miembros relativos a la aplicación de la Recomendación (2009/C 151/01) del Consejo sobre la seguridad de los pacientes, en particular la prevención y la lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (COM(2012)0658 y COM(2014)0371),

–  Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2013, sobre el informe de la Comisión al Consejo sobre la base de los informes de los Estados miembros relativos a la aplicación de la Recomendación del consejo sobre la seguridad de los pacientes, en particular la prevención y la lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (2009/C 151/01)(4),

–  Vista la Decisión n° 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud,

–  Visto el Eurobarómetro Especial 411 sobre el tema «La seguridad de los pacientes y la calidad de la asistencia sanitaria»,

–  Visto el Informe sobre el avance del Plan de acción contra la amenaza creciente de las resistencias bacterianas (SANTE/10251/2015),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de septiembre de 2014, sobre los medicamentos veterinarios (2014/0257(COD)),

–  Visto el Marco Conceptual de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS),

–  Vistos los esfuerzos de la Presidencia letona por abordar la cuestión de la resistencia a los antimicrobianos, en particular en relación con la tuberculosis y la tuberculosis multirresistente;

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 1 de diciembre de 2014, sobre la seguridad de los pacientes y la calidad de la asistencia, en particular la prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y las resistencias a los antimicrobianos,

–  Visto el primer informe conjunto del ECDC, la EFSA y la EMA sobre el análisis integrado del consumo de agentes antimicrobianos y la aparición de resistencia a los antimicrobianos en bacterias de humanos y animales productores de alimentos —análisis conjunto interinstitucional sobre la resistencia y el consumo de antimicrobianos (JIACRA)—,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0142/2015),

A.  Considerando que la dimensión principal de la calidad global de la asistencia sanitaria es la seguridad de los pacientes, cuyos aspectos fundamentales son una cultura de seguridad del tratamiento y la gestión de los incidentes que ponen en peligro la seguridad de los pacientes;

B.  Considerando que el volumen de datos disponibles sobre la prevalencia e incidencia de acontecimientos adversos en los sistemas sanitarios de los Estados miembros actualmente es limitado, si bien está experimentando un aumento continuo, y que los últimos datos disponibles datan de 2008;

C.  Considerando que se calcula que entre el 8 y el 12 % de los pacientes hospitalizados en la UE sufren acontecimientos adversos mientras reciben tratamiento y que casi la mitad de estos acontecimientos podrían evitarse;

D.  Considerando que entre los acontecimientos adversos más frecuentes relacionados con un tratamiento figuran las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS), los efectos medicamentosos y las complicaciones que surgen en el transcurso de una intervención quirúrgica o después de esta;

E.  Considerando que la seguridad y la calidad de la asistencia sanitaria requieren condiciones de trabajo dignas y seguridad en el trabajo para los profesionales sanitarios, y que, en particular, garantizar la seguridad de los pacientes, la prevención el control de las IRAS y la prevención de la propagación de bacterias multirresistentes es muy difícil en entornos asistenciales saturados y faltos de personal;

F.  Considerando que la crisis económica actual ha incrementado la presión sobre los presupuestos de sanidad de los Estados miembros y que ello puede repercutir en la seguridad de los pacientes, ya que muchos Estados miembros han recortado los presupuestos y los niveles de personal en sus sistemas sanitarios sin que se aborde adecuadamente la eficiencia, salvo con recortes más bien duros;

G.  Considerando que la crisis económica ha intensificado las desigualdades existentes en relación con el acceso a los servicios sanitarios;

H.  Considerando que la formación continua de los facultativos y otros profesionales de la salud es fundamental para prevenir acontecimientos adversos, incluidos los ocasionados por la administración de medicamentos, cuyo coste para los sistemas sanitarios de la UE asciende a unos 2 700 millones EUR al año en gastos de asistencia sanitaria y constituyen un 1,1 % de todas las hospitalizaciones de la Unión;

I.  Considerando que la sanidad electrónica (eHealth) centrada en el paciente y los tratamientos médicos domiciliarios tienen un alto potencial para mejorar la calidad y la eficacia de los tratamientos médicos, a la vez que contribuyen a una mejora de los resultados de la atención sanitaria;

J.  Considerando que un enfoque multidisciplinario aumenta la probabilidad de resultados positivos de los tratamientos médicos;

K.  Considerando que los pacientes, las familias y las organizaciones de pacientes desempeñan un papel fundamental al abogar por una asistencia más segura, y que su papel debería promoverse a través de la capacitación y participación de los pacientes en el proceso y la política asistencial a todos los niveles;

L.  Considerando que los tratamientos médicos a domicilio pueden ayudar psicológicamente a los pacientes y mejorar los resultados de la asistencia sanitaria;

M.  Considerando que se observa un consumo mayor de antibióticos entre las personas menos informadas y que un conocimiento total de los antibióticos podría hacer que los ciudadanos hagan un uso más responsable de los mismos;

N.  Considerando que entre un 30 y un 50 % de los pacientes no toman los medicamentos que les prescriben los médicos o los toman sin respetar la prescripción médica;

O.  Considerando que hay conflictos de intereses relacionados con la industria farmacéutica en los hospitales, entre los médicos generalistas y también entre los veterinarios;

P.  Considerando que las IRAS constituyen un grave problema de salud pública en los Estados miembros (según los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), una media de 1 de cada 20 pacientes hospitalizados sufre IRAS, esto es, 4,1 millones de pacientes al año, y 37 000 personas mueren debido a alguna IRAS en la UE al año, aunque se considera que entre el 20 y el 30 % de estas infecciones podrían prevenirse con programas intensivos de higiene y control), y que esto constituye una enorme carga para los presupuestos limitados del servicio sanitario;

Q.  Considerando que las experiencias y aportaciones de los pacientes a menudo difieren de las de los profesionales sanitarios y que pueden ser de gran utilidad para encontrar nuevas maneras de reducir y evitar las IRAS;

R.  Considerando que las IRAS causadas por bacterias multirresistentes están aumentado;

S.  Considerando que la resistencia a los antimicrobianos ha aumentado en todo el mundo en el caso de los patógenos bacterianos, conduciendo a un aumento de la prevalencia de IRAS y a la ineficacia de los tratamientos de enfermedades infecciosas en humanos y animales a escala nacional, europea e internacional;

T.  Considerando que se estima que en 2050 en todo el mundo morirán cada año 10 millones de personas debido a la resistencia a los antimicrobianos;

U.  Considerando que el nivel de resistencia a los antibióticos utilizados comúnmente para tratar las bacterias causales es al menos del 25 % o más en varios Estados miembros; que existe un desequilibrio creciente entre la resistencia a los antimicrobianos y el desarrollo de nuevos antibióticos y su introducción en la práctica clínica, y que esto está vinculado a retos científicos, reglamentarios y económicos;

V.  Considerando que los estudios más recientes evidencian que, salvo unas pocas excepciones, la resistencia a los antimicrobianos en hospitales ha aumentado globalmente en la UE en los últimos años;

W.  Considerando que la UE calcula que todos los años fallecen al menos 25 000 personas por infecciones ocasionadas por bacterias resistentes, lo que se estima que cuesta a los regímenes sanitarios públicos 1 500 millones EUR, según datos de 2011 recopilados por el ECDC;

X.  Considerando que se estima que los costes ocasionados por infecciones resistentes a los medicamentos ascienden a 1 500 millones EUR anuales debido al aumento del gasto sanitario y las pérdidas en productividad. que los pacientes que tienen bacterias resistentes han de ser aislados cuando reciben tratamiento en el hospital y que estos recursos adicionales cuestan 900 millones EUR y provocan 2,5 millones de días-cama adicionales al año;

Y.  Considerando que una de las principales causas de la propagación de la resistencia a los antimicrobianos en los hospitales es la falta de cumplimiento de prácticas generalmente aceptadas de prevención y control de infecciones;

Z.  Considerando que la eficacia de los medicamentos de primera línea sobre los patógenos bacterianos es cada vez más limitada y que los medicamentos de segunda y tercera línea no siempre están disponibles y a menudo son más tóxicos y menos efectivos que los medicamentos de primera línea;

AA.  Considerando que una de las causas principales de la resistencia a los antimicrobianos es el uso indebido de estos, entre ellos los antibióticos, y en particular el consumo sistemático y el abuso de los mismos;

AB.  Considerando que el alto nivel de movilidad existente entre los sistemas sanitarios europeos y que el carácter cada vez más transfronterizo de la asistencia sanitaria en Europa pueden favorecer la propagación de microorganismos resistentes de un Estado miembro a otro;

AC.  Considerando que los programas de vacunación son un instrumento eficaz para luchar contra la resistencia a los antibióticos, ya que pueden desempeñar un papel importante para limitar el uso de antibióticos y por consiguiente el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos;

AD.  Considerando que la investigación y desarrollo sobre antibacterianos presenta algunos retos únicos que hacen necesaria una perspectiva a largo plazo para desarrollar conocimientos especializados y aplicarlos en laboratorios y que es lamentable que muchos investigadores con estos conocimientos especializados hayan pasado a otros ámbitos debido a la falta de fondos privados y públicos;

AE.  Considerando que la inobservancia de unas precauciones básicas en materia de higiene, ya sea en los centros hospitalarios o fuera de ellos, puede dar lugar a una propagación de agentes patógenos, en particular de aquellos resistentes a los agentes antimicrobianos;

AF.  Considerando que cada vez más pruebas científicas demuestran que una buena higiene de manos en los entornos asistenciales exige el uso de métodos para secar las manos que no faciliten la contaminación cruzada microbiana a través de la diseminación aérea y atomización;

AG.  Considerando que puede haber presencia de bacterias resistentes en los dispositivos médicos incluso después de haberlos esterilizado conforme a las especificaciones del fabricante;

AH.  Considerando que el uso de antimicrobianos en la medicina humana y en la medicina veterinaria contribuye al desarrollo del resistoma en el medio ambiente, que puede servir de fuente de desarrollo de la resistencia tanto en humanos como en animales; que se utilizan las mismas clases de antibióticos en la medicina animal y humana, y que en ambos sectores han aparecido mecanismos de resistencia similares;

AI.  Considerando que la ganadería intensiva puede conllevar la administración adecuada y rutinaria de antibióticos al ganado, las aves y los peces en las granjas para promover un crecimiento más rápido, así como su uso generalizado con fines profilácticos para prevenir la propagación de enfermedades asociadas a las condiciones de falta de espacio, confinamiento y estrés en que se mantiene a los animales y que inhiben sus sistemas inmunitarios, y para compensar las condiciones de insalubridad en que son criados;

AJ.  Considerando que el concepto de «Salud Única», apoyado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), reconoce que la salud humana, la salud animal y los ecosistemas están interconectados; que, en particular, los animales y los alimentos derivados de animales pueden ser una fuente directa de patógenos zoonóticos resistentes; que, por lo tanto, la administración de antibióticos a animales, en particular, a los destinados al consumo y criados con métodos de ganadería intensiva, puede afectar a la resistencia a antibióticos en los seres humanos;

AK.  Considerando, a la vista del concepto de «Salud Única», que un enfoque según el cual los profesionales médicos, tanto de medicina humana como veterinaria, emprenden iniciativas para prevenir las infecciones resistentes y reducir el uso de antibióticos, puede prevenir las IRAS, tanto dentro como fuera de los hospitales;

AL.  Considerando que, según la OMS, el uso de antimicrobianos para el ganado es superior en gran medida con respecto a su uso en seres humanos en distintos Estados miembros de la UE(5);

AM.  Considerando que, según las asociaciones europeas de consumidores, más del 70 % de los productos cárnicos inspeccionados en seis Estados miembros de la UE estaban contaminados por bacterias resistentes a los antibióticos, mientras que en otros ocho estas bacterias estaban presentes en el 50 % de las muestras(6);

AN.  Considerando que se han observado altos niveles de resistencia de la Campylobacter a las fluoroquinolonas y que gran parte de las infecciones ocasionadas por esta bacteria en el ser humano se deben a la manipulación, la preparación y el consumo de carne de pollo; que tales niveles de alta resistencia reducen las opciones eficaces de tratamiento de las infecciones ocasionadas por esta bacteria;

AO.  Considerando que, en la UE, desde 2006 está prohibido el uso subterapéutico de antibióticos basado en administrar bajas dosis del producto para promover el crecimiento del ganado;

AP.  Considerando que la inmensa mayoría de los piensos medicamentosos para animales de granja contiene antimicrobianos;

AQ.  Considerando que el uso de antimicrobianos en animales de compañía es un factor de riesgo adicional para el desarrollo y la transmisión de la resistencia a los antimicrobianos en el ser humano y que la tendencia al alza de la resistencia a los antibióticos observada en las clínicas veterinarias para los animales de compañía es similar a la que se observa en los hospitales;

AR.  Considerando que el riesgo de transmisión de la resistencia a los antimicrobianos transmitida de los animales de compañía al ser humano no puede cuantificarse plenamente y que es necesario realizar más investigaciones en este sentido;

AS.  Considerando que se ha reconocido que la actual legislación sobre medicamentos veterinarios no proporciona suficientes herramientas para garantizar que se gestionen adecuadamente los riesgos para la salud humana derivados del uso de antimicrobianos en animales;

AT.  Considerando que el problema del uso no indicado en la etiqueta de antibióticos es causa de preocupación tanto para la medicina animal como para la medicina humana;

AU.  Considerando que las empresas farmacéuticas tienden a añadir nuevos antibióticos dentro de las clases existentes de antibióticos en lugar de descubrir y desarrollar agentes antibacterianos realmente nuevos, por lo que la resistencia a estos nuevos agentes surgirá más rápido que para los medicamentos con un mecanismo de acción realmente nuevo;

AV.  Considerando que resulta necesario alentar a los laboratorios farmacéuticos para que desarrollen nuevos antibióticos reflexionando sobre la creación de medidas estimulantes y modelos económicos alternativos para recompensar la innovación;

AW.  Considerando que es de suma importancia alentar a las empresas farmacéuticas a que inviertan y sigan invirtiendo en el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos, en particular aquellos con actividad frente a enfermedades en las que la resistencia a los antimicrobianos es motivo de grave preocupación, en particular:

   enfermedades causadas por bacterias gram-negativa multirresistentes prevalentes (como K. pneumoniae, Acinetobacter, E. coli), o por otras bacterias multirresistentes como el Staphylococcus aureus o la tuberculosis;
   otras enfermedades causadas por virus (como el VIH) o parásitos (como la malaria);

así como a que desarrollen otros métodos para luchar con las IRAS sin recurrir a los antibióticos;

AX.  Considerando que esto puede lograrse abordando algunos de los retos científicos, reglamentarios y económicos fundamentales que han obstaculizado el desarrollo de antimicrobianos y, en particular, incentivando la inversión en investigación y desarrollo, y centrándola en las mayores necesidades de salud pública, preservando al mismo tiempo la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud pública;

AY.  Considerando que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/18/CE establece un plazo para el uso de genes que confieren resistencia a los antibióticos a las plantas transgénicas;

AZ.  Considerando que los especialistas de productos nunca deben realizar tratamientos terapéuticos, sino solo apoyar al personal médico cuando este lo solicite, por ejemplo para realizar operaciones de montaje y desmontaje de instrumentos específicos;

BA.  Considerando que las disposiciones de la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza se están aplicando en toda la UE, por lo que es más pertinente que los pacientes europeos deban ser informados sobre la seguridad de los pacientes en los diversos Estados miembros;

BB.  Considerando que es fundamental garantizar los derechos de los pacientes y la confianza pública en los servicios sanitarios, velando por que los Estados miembros dispongan de sistemas que ofrezcan compensaciones financieras equitativas en caso de negligencias derivadas de una asistencia médica inapropiada;

BC.  Considerando que internet es el mayor mercado farmacéutico no regulado del mundo; que el 62 % de los productos farmacéuticos comprados en línea son falsos o no conformes a la legislación; que existe una gran cantidad de operadores que venden productos ilegalmente en línea y que el volumen de negocio anual a escala mundial derivado de la venta en línea ilegal de medicamentos sujetos a prescripción se estima en unos 200 000 millones de dólares estadounidenses;

BD.  Considerando que el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la acción de la Unión Europea complementará las políticas nacionales y se encaminará a mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud física y psíquica;

Aplicación de las recomendaciones del Consejo sobre la seguridad de los pacientes

Observaciones sobre el Segundo Informe de aplicación de la Comisión

1.  Recuerda que la legislación farmacéutica de la UE se estableció para proteger la seguridad de los pacientes; recuerda su mencionada Resolución de 22 de octubre de 2013, sobre el informe de la Comisión al Consejo sobre la base de los informes de los Estados miembros relativos a la aplicación de la Recomendación 2009/C 151/01 del Consejo, sobre la seguridad de los pacientes, en particular la prevención y la lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria;

2.  Acoge con beneplácito la mejora del sistema de vigilancia de las infecciones nosocomiales en la UE y las últimas medidas implantadas por algunos Estados miembros con el fin de mejorar la seguridad general del paciente y reducir la incidencia de IRAS y, en concreto, los progresos realizados por los Estados miembros en cuanto al desarrollo de estrategias para la seguridad de los pacientes, incluida la seguridad de los pacientes en la legislación en materia de salud, y el desarrollo de sistemas de notificación y formación;

3.  Señala, no obstante, que el segundo informe de aplicación aún revela un progreso desigual entre los Estados miembros en relación con la seguridad de los pacientes y lamenta el hecho de que algunos Estados miembros hayan ralentizado significativamente la aplicación de las recomendaciones del Consejo, entre otras razones, posiblemente a consecuencia de las limitaciones financieras derivadas de la crisis económica;

4.  Lamenta que las medidas de austeridad hayan provocado una reducción en el nivel del personal de limpieza en los hospitales y otros centros asistenciales en toda Europa, dado el papel fundamental que tiene el personal de limpieza para garantizar unos altos niveles de higiene;

5.  Pide a los Estados miembros que, en este periodo de crisis económica, velen por que la seguridad del paciente no se vea afectada por medidas de austeridad y los sistemas de asistencia sanitaria sigan contando con la financiación adecuada y, en particular, que eviten las medidas más perjudiciales, como el ahorro a corto plazo, que provocarán costes elevados a medio y largo plazo, y que, en lugar de ello, se concentren en el desarrollo ulterior de unos sistemas sanitarios de alta calidad y eficiencia; pide a los Estados miembros que garanticen un número suficiente de profesionales sanitarios especializados en la prevención y el control de infecciones, así como la higiene hospitalaria, en aras de conseguir un enfoque más centrado en el paciente;

6.  Pide a los Estados miembros que identifiquen objetivos cuantitativos concretos y ambiciosos en cuanto a la reducción del uso de antibióticos;

7.  Aplaude la labor del Grupo de trabajo de la UE sobre la seguridad de los pacientes y la calidad de la asistencia médica que aúna a representantes de los 28 Estados miembros de la UE, y de los países de la AELC, organizaciones internacionales y órganos de la UE, y ofrece asistencia en el desarrollo de la agenda de la UE en materia de seguridad de los pacientes y calidad de la sanidad;

8.  Pide a la Comisión que continúe realizando un seguimiento de la aplicación de las disposiciones relativas a la seguridad de los pacientes en los Estados miembros y que, cuando sea necesario, desarrolle nuevas directrices;

Propuestas de mejora

9.  Acoge con beneplácito la labor cofinanciada por la UE y realizada por la OECD sobre indicadores comparables para evaluar la seguridad del paciente; pide a los Estados miembros que apliquen dichos indicadores para evaluar la seguridad de los pacientes;

10.  Señala la importancia de incluir la seguridad del paciente en la educación, en la formación profesional in situ y en la formación continua de los trabajadores de la salud y los profesionales sanitarios en todos los Estados miembros;

11.  Destaca los beneficios potenciales de la sanidad electrónica para reducir los acontecimientos adversos al realizar un seguimiento de los flujos de información y mejorar los conocimientos de los procesos médicos, así como mediante recetas electrónicas y avisos sobre la interacción farmacológica; pide a la Comisión y a los Estados miembros que continúen estudiando las posibilidades que ofrece la sanidad electrónica en el ámbito de la seguridad del paciente, incluida la introducción de historiales electrónicos de los pacientes, y que aumenten el nivel de cooperación mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas en este sector;

12.  Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que evalúen el potencial de la sanidad móvil en cuanto a eficiencia de la atención, incidencia de la hospitalización y reducción de costes anuales per cápita de la asistencia sanitaria;

13.  Señala que el uso de antibióticos y la prevalencia de resistencia a los antimicrobianos varían ampliamente según los Estados miembros y alienta a los Estados miembros a que apliquen las mejores prácticas;

14.  Hace hincapié en la urgente necesidad de promover la investigación y la innovación veterinaria a nivel nacional y de la UE;

15.  Insta a los Estados miembros a que apliquen o desarrollen las siguientes medidas:

   a) proseguir con su labor basada en mejorar la seguridad del paciente mediante la adopción de las medidas necesarias orientadas a la aplicación integral de las recomendaciones del Consejo;
   b) recopilar de forma periódica datos de conformidad con los estudios normalizados sobre la prevalencia e incidencia de acontecimientos adversos en su propio territorio y mejorar los sistemas de alerta temprana, así como coordinar adecuadamente el intercambio de estos datos;
   c) garantizar que los gestores sanitarios sean designados conforme a méritos y no a afiliaciones políticas;
   d) garantizar una mejora y evaluación continuas de las condiciones de trabajo para los profesionales de la salud a fin de mejorar la seguridad de los pacientes;
   e) garantizar una formación básica de todo el personal sanitario, incluido del que no está en contacto directo con los pacientes, en prevención y control de infecciones antes de que empiece a trabajar en un hospital u otro centro sanitario, y posteriormente con regularidad;
   f) garantizar la formación apropiada y actualizada de los facultativos y de otros profesionales de la salud, así como intercambiar mejores prácticas, a fin de que estén al día de la tecnología más reciente y de las mejores prácticas de higiene hospitalaria, e implantar sistemas de seguimiento para verificar que sus competencias están actualizadas, incluida la aplicación del listado de la OMS de verificación de la seguridad quirúrgica; esto reduciría la incidencia de errores médicos (incluidas las IRAS) causados por un conocimiento parcial y una falta de reciclaje en relación con los nuevos avances tecnológicos;
   g) garantizar la adopción de un enfoque multidisciplinario en los tratamientos médicos;
   h) garantizar una mayor coherencia y continuidad de la atención al paciente, centrándose en la transición entre sectores y la transmisión de información, por ejemplo de los hospitales a la atención primaria;
   i) aliviar la carga que soportan las instalaciones sanitarias incentivando los cuidados y los tratamientos médicos a domicilio;
   j) garantizar que los profesionales médicos informen a los pacientes acerca del uso de medicamentos no prescritos y sobre los riesgos potenciales a fin de que puedan dar un consentimiento informado;
   k) intercambiar información sobre los mejores enfoques en cuanto a la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos a fin de que se aplique el enfoque más eficaz en toda Europa;
   l) garantizar un acceso igual a los servicios sanitarios y el tratamiento médico para los pacientes a fin de luchar contra las desigualdades sanitarias existentes;
   m) promover campañas informativas dirigidas a los pacientes acerca de los riesgos de los acontecimientos adversos en la salud y sobre las posibles medidas de prevención a partir de medidas básicas de higiene y lanzar campañas de sensibilización y cursos de educación sanitaria en los centros escolares sobre el uso racional no solo de los antibióticos, sino también de todos los medicamentos, así como sobre el riesgo que plantea el aumento de la resistencia a los antibióticos; estas campañas deben estar dirigidas a padres y cuidadores de niños pequeños y personas mayores, y siempre deben ir seguidas de una evaluación de los resultados;
   n) hacer hincapié en la importancia de prevenir las IRAS en entornos asistenciales conteniendo la propagación a través de la evaluación del paciente y del contacto, así como medidas de control de infecciones, y seguir fomentando buenas prácticas de higiene (como lavarse las manos);
   o) aumentar las precauciones higiénicas valorando el papel del especialista en esta materia para que controle todos los aspectos de salud e higiene relativos a las instalaciones sanitarias, los pacientes y las relaciones entre los pacientes y los visitantes externos;
   p) asociar activa y formalmente a las organizaciones y a los representantes de los pacientes en todas las fases y a todos los niveles de desarrollo de políticas y programas;
   q) desarrollar orientaciones de la UE para la participación de los pacientes en las estrategias y acciones de seguridad de los pacientes en colaboración con las partes interesadas, en particular las organizaciones de pacientes;
   r) proporcionarles el apoyo adecuado para que desarrollen las actividades relacionadas con la seguridad de los pacientes;

16.  Pide a Estados miembros que investiguen las posibles malas prácticas implicadas en la renovación y reutilización de dispositivos médicos originalmente diseñados y etiquetados como de uso único;

17.  Insta a los Estados miembros a que mejoren los programas de sensibilización para profesionales médicos, otros trabajadores de la salud, los veterinarios y el público en general, concentrándose en el uso de antibióticos y la prevención de infecciones;

18.  Pide a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) que elabore directrices sobre el uso no prescrito o no autorizado de medicamentos basadas en las necesidades médicas y que compile una lista de medicamentos no prescritos que se utilizan a pesar de que existen alternativas autorizadas;

19.  Pide a la Comisión Europea y al ECDC que desarrollen directrices para los profesionales de la salud, los pacientes y sus familias sobre el lavado y secado de manos eficaz y el fomento del uso de métodos de secado de manos que no faciliten la contaminación cruzada microbiana a través de la diseminación aérea y la atomización;

20.  Hace hincapié en la necesidad de mejorar la comunicación, la educación y la formación tanto de veterinarios como de ganaderos;

21.  Insta una vez más a la Comisión a que presente cuanto antes una propuesta legislativa para que se añada obligatoriamente la ficha informativa del medicamento al prospecto; la información facilitada en la ficha informativa del medicamento debe presentarse de forma fácilmente legible, destacada y distinguible del resto del texto; la ficha informativa del medicamento debe contener una breve descripción de los datos necesarios del medicamento, para permitir al paciente comprender la utilidad y los posibles riesgos del medicamento y con objeto de utilizar el medicamento de forma segura y correcta; ello incluye, entre otras cosas, los consejos para usar correctamente los antibióticos;

22.  Insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que promuevan la introducción del logotipo europeo previsto en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 699/2014 de la Comisión para identificar con facilidad a las farmacias en línea que ofrecen al público medicamentos por venta a distancia, de tal manera que se ofrezca protección a los consumidores frente a la compra de medicamentos falsos, que a veces resultan peligrosos para la salud;

23.  Señala que, en virtud de la Decisión n° 1082/2013/UE sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud, los Estados miembros deben facilitar a la Comisión información actualizada acerca de los planes de elaboración y planificación de la respuesta a escala nacional, por lo que insta a los Estados miembros a presentar la información pertinente en los plazos establecidos en la citada Decisión;

Problemas de notificación y rendición de cuentas/responsabilidad

24.  Insta a los Estados miembros a alentar una entrada regular de información procedente de los profesionales de la salud que aconsejen a los pacientes cómo minimizar los riesgos para su seguridad a través del contacto con el sistema de asistencia sanitaria;

25.  Pide a los Estados miembros que instauren organismos independientes que interactúen con los profesionales a fin de garantizar una mayor sensibilización y la difusión de las alertas sobre amenazas a la seguridad de los pacientes;

26.  Pide a los Estados miembros que mejoren los sistemas de notificación para los acontecimientos adversos y los errores médicos con el desarrollo de medidas orientadas a fomentar la elaboración de informes precisos, anónimos y exentos de culpas por parte de los profesionales de la salud y los pacientes y que examinen la posibilidad de establecer un sistema electrónico que facilite y mejore los informes por parte de los pacientes;

27.  Pide a los Estados miembros que adopten medidas que mejoren la calidad —y no solo la cantidad— de informes sobre acontecimientos adversos, a fin de que los informes contengan información sólida que mejore realmente la seguridad de los pacientes, y establezcan un sistema en el que puedan recuperarse fácilmente datos y que garantice una evaluación amplia y sistemática;

28.  Pide a la Comisión que lleve a cabo estudios normalizados para la recopilación de datos sobre las IRAS;

29.  Pide a los Estados miembros que sean más rigurosos a la hora de verificar y hacer cumplir la prohibición de que personal externo no facultativo administre tratamientos médicos;

30.  Pide a Estados miembros que informen a los pacientes sobre los riesgos y las medidas preventivas en relación con acontecimientos adversos en la asistencia sanitaria, y sobre los procedimientos de denuncia y las opciones jurídicas disponibles en caso de que se produzca un acontecimiento adverso, por ejemplo, a través de un representante de los derechos del paciente;

31.  Pide a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para evitar los conflictos de intereses que afecten a médicos y veterinarios en relación con la prescripción y venta de medicamentos;

32.  Insta a los Estados miembros a que garanticen la disponibilidad de información completa sobre los mecanismos existentes de denuncia y de recurso para los pacientes que hayan sufrido alguna IRAS o hayan sido víctimas de una negligencia médica;

33.  Pide a la Comisión que informe sobre las prácticas nacionales de recurso colectivo en casos relacionados con las IRAS;

34.  Reconoce el valor de las iniciativas ciudadanas, como la Carta Europea de los Derechos del Paciente basada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o el Día Europeo de los Derechos del Paciente que, desde 2007, se celebra cada año el 18 de abril; Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen el Día Europeo de los Derechos del Paciente a escala local, nacional y europea;

Lucha contra la resistencia a los antimicrobianos

Situación y soluciones prometedoras

35.  Se congratula de la actuación de la Comisión sobre la resistencia a los antimicrobianos y la prevención y la lucha contra las IRAS, así como del trabajo de coordinación y vigilancia del ECDC, en particular en el marco de la Red Europea de Vigilancia de las Resistencias a los Antimicrobianos (EARS-Net), la Red Europea de Vigilancia del Consumo de Antimicrobianos (ESAC-Net), y la Red de Vigilancia de las Enfermedades Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (HAI-Net);

36.  Celebra la labor conjunta de coordinación y vigilancia del ECDC, la EMA y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en relación con la resistencia a los antimicrobianos;

37.  Observa con preocupación que, entre 2010 y 2013, los porcentajes de K. pneumoniae resistentes a fluoroquinolonas, cefalosporinas de tercera generación y aminoglucósidos, así como la resistencia combinada a los tres grupos de antibióticos y la resistencia a los carbapenemas, como grupo de antibióticos de última línea, han aumentado significativamente en muchos Estados miembros y a escala de la UE; señala, además, que durante el mismo período, la resistencia a cefalosporinas de tercera generación también ha aumentado considerablemente en muchos Estados miembros y en la UE en el caso de la E. coli; indica, por otra parte, que en determinadas regiones de Europa la tuberculosis multirresistente (MDR-TB) representa hasta un 20 % de todos los nuevos casos de tuberculosis y que los resultados del tratamiento de la MDR-TB son alarmantemente bajos;

38.  Observa con preocupación que en los países que registran altos niveles de resistencia a diversos medicamentos, como la resistencia a los carbapenemas, hay pocas opciones terapéuticas, entre otras las polimixinas; recalca que, en estos países, la presencia de bacterias resistentes a las polimixinas constituye un aviso importante de que las opciones de tratamiento de los pacientes infectados son cada vez más limitadas;

39.  Señala que es muy probable que las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antimicrobianos impliquen unas hospitalizaciones largas y costosas, así como el uso de tratamientos terapéuticos alternativos y más caros que incrementarán la carga en los sistemas sanitarios de los Estados miembros;

40.  Lamenta que, durante los últimos veinticinco años, se haya observado una falta de concienciación sobre la importancia de realizar un uso racional de los antimicrobianos, en particular de los antibióticos, así como un estancamiento en el desarrollo de medicamentos en el ámbito de los antimicrobianos, en particular debido a la aparición de barreras científicas, económicas y normativas;

41.  Señala que tanto el programa Horizonte 2020 como el Tercer Programa de Salud Pública de la UE han hecho hincapié en las IRAS y la resistencia a los antimicrobianos;

42.  Señala que algunos de los antibióticos existentes y efectivos no están disponibles en varios Estados miembros, lo que provoca una selección inadecuada de terapia con medicamentos y pide por tanto a los Estados miembros y a la Comisión que examinen cómo mantener antibióticos eficaces en el mercado;

43.  Señala que la resistencia a los antibióticos suele retrasar la prescripción de un tratamiento con antibióticos adaptado y que la administración de un tratamiento con antibióticos no adaptado o tardío causa graves complicaciones a los pacientes que padecen enfermedades infecciosas graves y, en ocasiones, puede conllevar la muerte;

44.  Observa con gran preocupación el elevado número de animales infectados por bacterias resistentes a los antibióticos, así como el riesgo de que estas bacterias de la carne infectada se transmitan a los consumidores;

45.  Observa con gran preocupación el vínculo entre el uso veterinario de antimicrobianos y el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos en ganaderos, así como el riesgo de que esta resistencia se propague en el tratamiento hospitalario;

46.  Acoge con satisfacción las iniciativas y acciones emprendidas por los Estados miembros, los profesionales veterinarios y los propietarios de animales orientadas a garantizar el uso responsable de antimicrobianos en los animales y a reducir el uso de antimicrobianos en la ganadería;

47.  Considera que la investigación de los nuevos antimicrobianos es de suma importancia y pide a la Comisión que utilice el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) para fomentar la investigación, por ejemplo apoyando las estructuras existentes como las Iniciativas sobre Medicamentos Innovadores (IMI);

48.  Pide que se conceda mayor atención al desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos orientados a nuevos objetivos;

49.  Celebra y fomenta la realización de más investigaciones para desarrollar verdaderamente nuevos antimicrobianos, en particular antibióticos que actúen contra las bacterias Gram-negativa multirresistentes más frecuentes y contra enfermedades particularmente propensas a la resistencia a los antimicrobianos, como K. pneumoniae, Acinetobacter, E. Coli, SIDA, Staphylococcus aureus, tuberculosis y malaria; insiste, sin embargo, en que es de vital importancia garantizar ante todo un uso responsable y sensato de los antimicrobianos; celebra y alienta que se siga investigando para desarrollar métodos alternativos destinados a tratar las IRAS sin la administración de antibióticos y a luchar contra la MDR-TB;

50.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aceleren las actividades de investigación y desarrollo con miras a ofrecer nuevas herramientas para luchar contra las infecciones bacterianas que están siendo cada vez más frecuentes en Europa;

51.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen los incentivos para la cooperación del sector público y privado con el fin de reforzar la investigación y el desarrollo (I+D) de los antibióticos;

52.  Insta a los Estados miembros a intensificar el nivel de cooperación en materia de seguridad de los pacientes y de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, a fin de limitar y reducir la difusión de microorganismos resistentes de un Estados miembro a otro;

53.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen modelos de «trayectorias adaptativas» y otras herramientas normativas para un acceso temprano del paciente a antibacterianos innovadores para tratar las infecciones resistentes;

54.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen el programa «trayectorias adaptativas» de la Agencia Europea de Medicamentos y que hagan uso de todas las herramientas normativas que tengan a su disposición para permitir que los pacientes accedan con mayor rapidez a los tratamientos antibacterianos innovadores;

55.  Hace hincapié en la necesidad de que los pacientes estén en el centro de cualquier política sanitaria y fomenta el conocimiento de la salud y la implicación del paciente en la toma de decisiones en torno al tratamiento;

56.  Considera de vital importancia que la Comisión garantice la continuación del Plan de acción de la UE sobre resistencias bacterianas con posterioridad a 2016, haciendo hincapié en cómo superar los retos científicos, reglamentarios y económicos asociados a las resistencias a los antimicrobianos, además de incluir la prevención y el control de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria;

Recomendaciones sobre el uso de antibióticos en la medicina humana

57.  Recuerda que la automedicación con antibióticos debe prohibirse estrictamente y subraya la necesidad de que las autoridades competentes de los Estados miembros apliquen una política de «solo con receta» para los antibacterianos;

58.  Pide a los Estados miembros que adopten las medidas adecuadas para garantizar un uso responsable y sensato en la medicina humana de todos los antimicrobianos, en particular de los antibióticos que se consideran el tratamiento de última línea de las infecciones bacterianas en hospitales, ya que el uso inadecuado de antibióticos con carácter preventivo, incluso en los hospitales, es una de las principales causas del desarrollo de resistencia a los antibióticos;

59.  Pide a los Estados miembros que promuevan el acceso a medicamentos de calidad, así como la adhesión a ciclos completos de tratamiento para todos los pacientes, con apoyo específico a los más vulnerables, como una manera de prevenir el desarrollo de resistencia;

60.  Insta a los Estados miembros a realizar investigaciones sobre los antibióticos «olvidados» para poder aumentar la variedad de medicamentos;

61.  Pide a la Comisión que participe en el trabajo de la OMS para desarrollar un nuevo modelo económico, a fin de tomar en consideración las preocupaciones y las necesidades de la sanidad pública;

62.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que inicien un proceso de reflexión encaminado a desarrollar un nuevo modelo económico que desvincule el volumen de ventas de la retribución pagada por un nuevo antibiótico, lo que reflejaría el valor para la sociedad de dicho nuevo antibiótico y aportaría rentabilidad suficiente para que la empresa invirtiera, al tiempo que el comprador tendría derecho a utilizar el producto y controlaría totalmente las cantidades del mismo;

63.  Insta a los Estados miembros a que apliquen o desarrollen las siguientes medidas:

   a) recordar a los médicos la importancia fundamental de garantizar que la prescripción de antibióticos para el tratamiento sea adecuada y responsable;
   b) garantizar que, siempre que sea posible, se realice sistemáticamente un diagnóstico adecuado antes de prescribir antibióticos, por ejemplo utilizando nuevas herramientas de diagnóstico que permitan efectuar un diagnóstico rápido en el punto de atención, especialmente en el caso de patologías que suelen ser recurrentes, y trabajar para eliminar los obstáculos que impidan un diagnóstico microbiológico adecuado, especialmente en el sector ambulatorio;
   c) regular la prescripción de antibióticos para el tratamiento y, en particular, aplicar estrictamente las leyes que prohíben la entrega de antibióticos sin receta para el tratamiento, a fin de garantizar un uso apropiado de loa medicamentos, especificando el objetivo terapéutico y seleccionando la terapia con medicamentos apropiada;
   d) aplicar prácticas comerciales responsables evitando el conflicto de intereses entre los que fabrican el medicamento y los que lo prescriben;
   e) fomentar el desarrollo de nuevos modelos de ingresos en los que la rentabilidad para las empresas esté desvinculada de la cantidad de antibióticos recetados, alentando a la vez la innovación farmacéutica equilibrándola con la sostenibilidad de los sistemas sanitarios;
   f) regular la venta y distribución de antibióticos, de tal forma que los pacientes solo puedan obtener la cantidad específica de antibióticos prescrita por el médico, pues en algunos Estados miembros rigen normativas que autorizan la venta de antibióticos en envases con mayor cantidad que la prevista específicamente para el tratamiento;
   g) garantizar un mayor nivel de adhesión del paciente y de cumplimiento de los tratamientos con antibióticos y otros tratamientos adecuados prescritos por un médico, y desarrollar estrategias destinadas a aumentar la comprensión, por parte del paciente, de la importancia de un uso responsable de los tratamientos con antibióticos y los riesgos de aumentar la resistencia a los antimicrobianos;
   h) realizar un seguimiento de la resistencia a los antibióticos y del uso de antibióticos en los hospitales y garantizar que los antibióticos utilizados en los hospitales solo se usen conforme a las indicaciones correctas, en las dosis correctas y durante el período más corto posible, según recomiendan las prácticas clínicas basadas en pruebas;
   i) intensificar el control de infecciones, en particular desde una perspectiva transfronteriza, controlando cuidadosamente el posible transporte de bacterias multirresistentes mediante una evaluación adecuada de los pacientes trasladados de un país, una región o un hospital conocido por su alta prevalencia de bacterias multirresistentes, y aislando a los pacientes que den positivo en habitaciones individuales o en salas con otros pacientes positivos;
   j) desarrollar una estrategia de múltiples interesados en la MDR-TB para abarcar aspectos clave como la prevención, la sensibilización, el diagnóstico, un tratamiento adecuado y la adhesión y el cumplimiento de la medicación recetada;
   k) mejorar las normas de seguridad, sobre todo para los dispositivos médicos resistentes a la esterilización (como, por ejemplo, los endoscopios) y controlar minuciosamente que los dispositivos médicos diseñados originalmente y etiquetados con la marca CE para un solo uso, en caso de que se regeneren, respeten todas las normas de seguridad a efectos de garantizar la salud de los pacientes;
   l) lanzar campañas de sensibilización destinadas a un público amplio, que incluyan cursos de educación sanitaria en los centros escolares, sobre el uso racional de los antibióticos y los riesgos que plantea el aumento de la resistencia a los antibióticos, así como sobre la importancia de desarrollar buenas prácticas en el ámbito de la higiene personal; estas campañas deben estar dirigidas a jóvenes y mayores, así como a padres y cuidadores de niños, y deben ir seguidas de una evaluación de los resultados, teniendo en cuenta las oportunidades que ofrecen a este respecto los sistemas sanitarios en línea;
   m) aumentar la financiación pública y crear nuevos puestos académicos para concentrarse en explorar y validar nuevos enfoques para tratar las infecciones bacterianas;
   n) aumentar, en particular, los incentivos para la investigación y el desarrollo de nuevos antimicrobianos;
   o) pedir al ECDC que realice misiones sobre el terreno para facilitar a los Estados miembros asistencia y formación científica y técnica sobre la resistencia a los antimicrobianos, tal como se prevé en el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 851/2004 por el que se crea un Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, instando a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho, especialmente a aquellos en los que la resistencia microbiana ya es alta o está creciendo de forma alarmante, a que pidan al ECDC que realice estas misiones;
   p) publicar los registros de hospitales y otros centros sanitarios en relación con las IRAS, a fin de que los pacientes puedan decidir con conocimiento de causa;

64.  Pide a la Comisión que reflexione sobre las consecuencias de la creciente movilidad prevista en la Directiva 2011/24/UE en relación con la mayor resistencia a los antimicrobianos que podría darse por los pacientes que viajan por Europa para recibir tratamiento;

Recomendaciones sobre el uso de antibióticos en la medicina veterinaria en general y en la ganadería en particular

65.  Expresa su preocupación por el hecho de que el informe conjunto de la EFSA y el ECDC sobre la resistencia a los antimicrobianos evidencia que las bacterias que causan con más frecuencia infecciones alimentarias, como la Salmonella y la Campylobacter, han demostrado una considerable resistencia a los antimicrobianos comunes;

66.  Reitera el llamamiento formulado en su Resolución de 27 de octubre de 2011 sobre la amenaza para la salud pública que representan las resistencias a los antibióticos(7) para eliminar gradualmente el uso profiláctico de los antibióticos en la ganadería, destacando que los sectores de la ganadería y la piscicultura intensiva deben centrarse en la prevención de enfermedades a través de una buena higiene, unas instalaciones adecuadas y buenas prácticas en la cría de animales, así como mediante estrictas medidas de bioseguridad, en lugar de recurrir al uso profiláctico de los antibióticos;

67.  Insta a los Estados miembros a que adopten o desarrollen las siguientes medidas:

   a) promover y alentar el uso responsable y sensato de todos los antimicrobianos en la medicina veterinaria, incluidos los piensos medicamentosos, permitiendo su uso tan solo para el tratamiento después del diagnóstico veterinario, haciendo una consideración adicional para los antibióticos que figuran en la lista de la OMS de antimicrobianos de importancia crítica para la medicina humana;
   b) introducir instrumentos jurídicos para restringir el uso de antibióticos en animales si se identifica un riesgo importante para la salud pública;
   c) realizar controles más estrictos para limitar el uso de antibióticos en la medicina veterinaria; una de las maneras de lograrlo sería limitando el derecho a recetar antibióticos a los veterinarios cualificados profesionalmente y desvinculando el derecho de los veterinarios a recetar y vender antibióticos a fin de eliminar todos los incentivos económicos;
   d) lanzar campañas de sensibilización sobre el uso responsable de los antimicrobianos para animales, incluidos los animales de compañía;
   e) reducir la necesidad de antibióticos mediante la mejora de la salud animal a través de medidas de bioseguridad, prevención de las enfermedades y buenas prácticas de gestión, y establecer unas metodologías y prioridades fuertes y más claras en la lucha contra el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos;
   f) asegurarse de que los sectores de la ganadería y la acuicultura se centren en la prevención de enfermedades a través de una buena higiene, unas instalaciones adecuadas y buenas prácticas en la cría de animales, y en estrictas medidas de bioseguridad, en lugar de recurrir al uso profiláctico de antibióticos; es sabido que pueden lograrse unos procedimientos más sólidos de gestión de granjas y ganadería mediante una revisión de las disposiciones sobre densidad máxima de los animales en la ganadería, dado que los actuales tamaños de los rebaños a menudo impiden el tratamiento individual o de grupos más pequeños de animales, lo que incentiva el uso profiláctico de antimicrobianos;
   g) limitar el uso de antibióticos en la cría intensiva e incentivar modelos de cría biológicos o extensivos;
   h) reducir el uso de antibióticos en animales, eliminando progresivamente su uso con fines profilácticos cuando se administren antibióticos a los animales a efectos preventivos y reduciendo al mínimo posible la necesidad de recurrir a la metafilaxis, es decir, a la medicación en masa de los animales con la intención de curar a los ejemplares enfermos para prevenir la infección de los que están sanos;
   i) desarrollar y aplicar estrategias o planes de acción nacionales para contrarrestar la resistencia a los antimicrobianos, que podrían incluir, entre otros:
   i) la aplicación de directrices nacionales sobre el tratamiento antimicrobiano animal para garantizar un uso responsable de los antimicrobianos basado en pruebas y condiciones específicas en los respectivos Estados miembros,
   ii) la aplicación de políticas preventivas de salud animal destinadas a mejorar el estado de salud de los animales y a reducir la necesidad de utilizar antimicrobianos en la ganadería;
   iii) la definición de las responsabilidades de los veterinarios en cuanto a la gestión de la salud animal y la toma de decisiones sobre el uso de antimicrobianos;
   iv) la aplicación de una formación continua de los profesionales veterinarios y los propietarios de animales;
   j) la confirmación de la prohibición del uso de antibióticos como promotores de la cría de ganado;

68.  Insta a los Estados miembros a regular todos los conflictos de intereses y los incentivos financieros entre los veterinarios que venden y prescriben antibióticos;

69.  Pide a la Agencia Europea de Medicamentos que elabore una lista de antibióticos administrados a los animales en los que se ha identificado un riesgo significativo para la salud pública;

70.  Insta a las autoridades nacionales y a la EMA a que apliquen o desarrollen las siguientes medidas:

   a) reforzar la actual evaluación de riesgos de nuevos antimicrobianos veterinarios identificando los principales riesgos potenciales para la salud pública en una fase muy temprana de la autorización;
   b) controlar el desarrollo de resistencia en bacterias específicas según planes acordados entre los reguladores y las empresas cuando se apruebe por primera vez un nuevo antimicrobiano en la medicina veterinaria;
   c) controlar los cambios en el uso de antimicrobianos en animales como parte del proyecto de Vigilancia Europea de la Administración Veterinaria de Antibióticos (ESVAC) (dirigido por la EMA) para medir el impacto de las acciones emprendidas;

71.  Pide al colegislador que, en el momento de negociar la propuesta de Reglamento sobre los medicamentos veterinarios (2014/0257(COD)), adopte medidas que estén en consonancia con el principio de la salud compartida y, en concreto, que:

   adopte disposiciones que prohíban el uso no prescrito en animales de determinados antimicrobianos autorizados solo en la medicina humana;
   apoye un registro obligatorio de las cantidades de todos los antimicrobianos utilizados en la ganadería, que deberá comunicarse a las autoridades nacionales competentes que deberán publicarlo anualmente;
   garantizar que las normas de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos veterinarios no se reduzcan con la nueva legislación sobre estos productos y que estas normas rigurosas se garanticen en todo el ciclo de vida de los medicamentos veterinarios;
   crear una base de datos de la UE con información sobre cuándo, dónde, cómo y en qué animales se utilizan los antimicrobianos;
   prohibir la venta en internet de antimicrobianos;

72.  Pide al colegislador que, cuando negocie la propuesta de Reglamento relativo a la fabricación, la comercialización y el uso de piensos medicamentosos y por el que se deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo (2014/0255(COD)), garantice que incluye disposiciones dirigidas a limitar de forma sustancial el uso de piensos medicamentosos que contienen antimicrobianos para los animales productores de alimentos y, en particular, prohíba estrictamente el uso preventivo de antimicrobianos incluidos en los piensos medicamentosos;

73.  Pide a la Comisión y al ECDC que realicen investigaciones sobre los daños potenciales —directos e indirectos— que provoca el uso de antibióticos en los animales de compañía y que adopten medidas de atenuación para reducir los riesgos de posible transmisión de la resistencia a los antimicrobianos de los animales a los seres humanos;

74.  Señala que algunos Estados miembros ya han eliminado con éxito el uso profiláctico a nivel de granja; pide por tanto a la Comisión que presente una legislación para eliminar el uso profiláctico de antibióticos;

Enfoques de colaboración con la Unión Europea

75.  Pide a los Estados miembros que cooperen de cara a la definición de unas normas mínimas de seguridad de los pacientes e indicadores de la seguridad y la calidad de la asistencia sanitaria a escala de la UE, en consulta con todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las organizaciones de pacientes;

76.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mantengan el diálogo con todas las partes interesadas y desarrollen una estrategia coordinada, integral y sostenible a escala de la UE en materia de seguridad de los pacientes, y que presenten soluciones concretas para implantarlas en atención primaria y a escala nacional, regional, local y de la UE;

77.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que inicien un proceso de reflexión junto con la OMS para desarrollar un nuevo modelo económico que desvincule el volumen de ventas de antibióticos de la retribución pagada por un nuevo antibiótico, garantizando una rentabilidad justa a las empresas, salvaguardando al mismo tiempo la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud;

78.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a la industria farmacéutica que optimicen las asociaciones de la UE entre el mundo académico y la industria farmacéutica, tal como pone de manifiesto la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI);

79.  Insta a las empresas farmacéuticas, a los gobiernos y al mundo académico a que contribuyan con sus mejores bazas (infraestructuras, compuestos, ideas y recursos financieros) a la investigación fundamental pionera y a proyectos conjuntos precompetitivos; considera que es necesario dotar a la Iniciativa sobre medicamentos innovadores (IMI) de la flexibilidad necesaria para estudiar todas las nuevas conclusiones que surjan de tales proyectos;

80.  Pide a la Comisión que considere la posibilidad de establecer un marco legislativo para estimular el desarrollo de nuevos medicamentos antibióticos, por ejemplo en forma de un instrumento rector de los antibióticos para uso humano similar al ya propuesto para uso veterinario;

81.  Alienta a seguir buscando colaboraciones público-privadas, como la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI), los programas «New Drugs for Bad Bugs», COMBACTE, TRANSLOCATION, Drive AB o ENABLE, para aprovechar la fuerza de la colaboración;

82.  Acoge con satisfacción la iniciativa del programa conjunto sobre resistencia a los antimicrobianos, que permite a los Estados miembros acordar las necesidades de investigación con el fin de evitar duplicaciones, y solicita un aumento de la financiación destinada a desarrollar nuevos medicamentos y otros métodos alternativos a los antibióticos para combatir la resistencia a los antimicrobianos;

83.  Alienta a la UE a unirse al fondo mundial para la innovación propuesto por la «Antibiotic Resistance Review» llevada a cabo en el Reino Unido con objeto de apoyar la «ciencia de cielos azules»;

84.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen unas herramientas de diagnóstico fáciles de aplicar para asegurarse de que se dispone más fácilmente de un diagnóstico adecuado antes de que se recete o se administre un antibiótico, sobre todo en el sector ambulatorio;

85.  Insta a la UE a promover y a participar en cualquier iniciativa integral destinada a reforzar los medios para combatir la resistencia a los antibióticos, y a apoyar la investigación en este ámbito;

86.  Pide a la Comisión que elabore, en colaboración con los Estados miembros, recomendaciones sobre las normas de seguridad alimentaria que deben aplicarse en relación con la presencia de patógenos (multi)resistentes y/o determinantes de resistencia específicos;

87.  Recalca que la resistencia microbiana se ha convertido en un grave problema que debe abordarse urgentemente; pide a la Comisión que estudie proponer una legislación sobre el uso prudente de los antibióticos en caso de lograrse poco o ningún progreso en los Estados miembros en un plazo de cinco años a partir de la publicación de estas recomendaciones;

o
o   o

88.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones y a los Estados miembros.

(1) DO C 184 E de 8.7.2010, p. 395.
(2) DO C 151 de 3.7.2009, p. 1.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0483.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0435.
(5) Tackling antibiotic resistance from a food safety perspective in Europe, WHO Europe, 2011
(6) Antibiotic use in livestock: Time to act’ (position paper), BEUC (European Consumer Organisation)
(7) DO C 131 E de 8.5.2013, p. 116.


Oportunidades de crecimiento ecológico para las pymes
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Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2015, sobre las oportunidades de crecimiento ecológico para las pymes (2014/2209(INI))
P8_TA(2015)0198A8-0135/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2013, sobre la mejora del acceso de las PYME a la financiación(1),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2014, sobre la reindustrialización de Europa para promover la competitividad y la sostenibilidad(2),

–   Vista su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre la revisión de las directrices de evaluación del impacto de la Comisión y el papel de la prueba de las pymes(3),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Pensar primero a pequeña escala — "Small Business Act" para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas» (COM(2008)0394),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Revisión de la "Small Business Act" para Europa» (COM(2011)0078),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Oportunidades para un uso más eficiente de los recursos en el sector de la construcción» (COM(2014)0445),

–  Vistas las encuestas del Eurobarómetro sobre las pymes, la eficiencia en el uso de recursos y los mercados verdes (Flash Eurobarómetro 381) y sobre el papel de las ayudas públicas a la hora de comercializar las innovaciones (Flash Eurobarómetro 394),

–  Visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre el paquete de política industrial, aprobado en el 109º pleno de los días 3 y 4 de diciembre de 2014,

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de acción ecológico para las pymes» (COM(2014)0440),

–   Vistos el manifiesto y las recomendaciones políticas de la Plataforma Europea para la Eficiencia de los Recursos - marzo de 2014,

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una economía circular: un programa de cero residuos para Europa» (COM(2014)0398),

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Innovación para un futuro sostenible - Plan de Acción sobre Ecoinnovación (Eco-AP)» (COM(2011)0899),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0135/2015),

A.  Considerando que las pymes representan más del 98 % de las empresas europeas y generan más del 67 % del empleo total de la UE y el 58 % del valor añadido bruto; que constituyen el eje de la economía de la Unión Europea y que son los motores clave de su crecimiento económico a largo plazo y de la creación de oportunidades de empleo sostenible en los veintiocho Estados miembros; que el empleo en el sector de bienes y servicios medioambientales creció, pese a la crisis, un 20 % durante el período 2007-2011 y que ofrece una oportunidad a las pymes para incrementar la generación de actividad económica y empleo, también en las zonas afectadas por procesos de despoblación y envejecimiento; que, por lo tanto, desempeñan un papel importante en el ecosistema de la industria junto con las empresas de mediana capitalización y las multinacionales; que nueve de cada diez pymes son pequeñas empresas que dan empleo a diez personas como máximo y que estas microempresas representan el 53 % de todos los puestos de trabajo en Europa;

B.  Considerando que el valor del mercado de bienes y servicios medioambientales se estima en un billón de euros anuales, y que se prevé que este importe se duplique o incluso triplique a más tardar en 2020, lo que creará oportunidades excepcionales para las pymes europeas y para el crecimiento del conjunto de la economía de la UE; que la Unión Europea es un líder mundial tanto en la importación como en la exportación de bienes medioambientales; que los servicios están ligados de forma indisoluble a estos bienes, si bien todavía existen barreras no arancelarias para los proveedores de servicios medioambientales;

C.  Considerando que la Unión Europea se ha comprometido a reindustrializar Europa invirtiendo en los principios de sostenibilidad, competitividad e innovación y apoyándolos, a fin de que la producción industrial alcance una cuota mínima del 20 % del PIB de los Estados miembros de la UE en 2020; que el Consejo Europeo se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 40 %, a aumentar la cuota de las energías renovables al menos hasta el 27 %, y a incrementar la eficiencia energética al menos en un 27 % a más tardar en 2030, con miras a elevar este objetivo hasta el 30 %; que las pymes deberían desempeñar su papel a la hora de cumplir estos objetivos, dado que el 93 %(4) de ellas ya están tomando medidas para incrementar la eficiencia en el uso de los recursos; que, según la Comisión, un mejor diseño ecológico, la prevención de la generación de residuos, el reciclaje y la reutilización podrían suponer para las empresas de la UE unos ahorros netos estimados hasta en 600 000 millones de euros, o el 8 % del volumen de negocios anual, al tiempo que reducirían las emisiones totales de gases de efecto invernadero entre un 2 y un 4 %;

D.  Considerando que uno de los principios de la Iniciativa en favor de las pequeñas empresas consiste en permitir que las pymes conviertan los desafíos medioambientales en oportunidades económicas mientras actúan de manera sostenible, pero que no se han producido avances relevantes en las políticas y las pymes siguen encontrándose a menudo con políticas incoherentes al iniciar sus actividades y al aplicar la normativa medioambiental;

E.  Considerando que tanto el mercado como la legislación favorecerán que las pymes respeten el creciente número de normas medioambientales; que la UE y los Estados miembros deberían minimizar las cargas administrativas tanto en la normativa vigente como en la nueva, y esforzarse por evitar la generación de costes adicionales para las empresas por el cumplimiento de dicha normativa; que se han propuesto nuevas iniciativas para reducir la carga normativa que pesa sobre las pymes y otros sectores, y que la Comisión y los Estados miembros deben aplicarlas;

F.  Considerando que el 90 % de las empresas de la UE son microempresas; que, a pesar de los esfuerzos realizados recientemente, a las pymes y las microempresas les sigue resultando difícil acceder a las capacidades, la información y la financiación, así como a una gama suficientemente diversificada de instrumentos de capital y deuda necesarios en la senda de crecimiento de una empresa, y que los programas de la UE siguen sin contribuir de manera significativa a la innovación; que los procedimientos de solicitud de financiación de la UE para pymes siguen siendo demasiado burocráticos y, por ello, prohibitivos para muchas pymes;

G.  Considerando que debe tenerse presente el potencial del presupuesto de la UE, como presupuesto orientado a la inversión, para facilitar el acceso de las pymes europeas a la financiación mediante la reducción de la burocracia, instrumentos financieros específicos y el incremento de la financiación de las LEO (oficinas de empresa locales); que debe mejorarse el desarrollo de procedimientos sencillos para las distintas formas de apoyo;

H.  Considerando que las pequeñas empresas se ven proporcionalmente más beneficiadas que las grandes por las medidas para la mejora en la eficiencia en el uso de los recursos y que debe prestárseles más atención política; que el posible beneficio bruto resultante de dicha mejora en la eficiencia sería, según el sector de actividad, de entre el 10 y el 17 % del volumen de negocios;

I.  Considerando que las tecnologías digitales constituyen tanto unas herramientas importantes para que las pymes puedan recoger los beneficios esperados de un uso óptimo de los recursos, como un sector donde pueden surgir y desarrollarse con rapidez nuevas pymes;

J.  Considerando que se ha hecho hincapié principalmente en las pymes de alta tecnología que generan directamente innovaciones ecológicas, pero que también otras compañías requieren apoyo para cumplir la normativa medioambiental, aplicar medidas de innovación ecológica y mejorar su comportamiento medioambiental; que la ecoinnovación puede servir de inspiración para la creación de nuevas compañías, pero también como medida para mejorar las empresas ya existentes en el contexto de la economía ecológica;

K.  Considerando que, a pesar de no existir una definición consensuada internacionalmente de crecimiento ecológico, existe un consenso en cuanto a que se trata de una combinación de crecimiento económico y sostenibilidad medioambiental; que enriquecer las capacidades y la formación es un reto fundamental para las pymes, y que deberían recibir una atención especial, sobre todo en relación con la innovación y la eficiencia en el uso de los recursos; que el acceso inadecuado a fuentes de capital riesgo, sobre todo en las fases iniciales, sigue siendo una de las limitaciones más significativas para la creación y el desarrollo de empresas orientadas al crecimiento;

L.  Considerando que, dado que las microempresas generan miles de puestos de trabajo en toda Europa (hasta el 53 % del empleo) y que como tales requieren un marco diferente en el que trabajar, se precisa con urgencia una aplicación consistente de la definición de microempresa; que las microempresas hacen frente a varios problemas serios, tales como las barreras en las normas de contratación pública, el exceso de carga normativa y el acceso a la financiación;

Cuestiones generales

1.  Apoya los conceptos de crecimiento ecológico y economía circular, y observa que las oportunidades que generan guardan relación con diversos ámbitos de relevancia, como las fuentes de energía renovable (en particular, la explotación económicamente viable de las energías eólica, solar, hidroeléctrica y geotérmica), la eficiencia energética, la eficiencia en el uso de los recursos, la gestión de residuos, la reducción de emisiones, la electrificación y el diseño «de la cuna a la cuna»; señala el notable potencial económico y de empleo que estos ámbitos tienen para diferentes sectores; observa que el crecimiento ecológico debe ser tan solo parte de una estrategia más amplia de fomento de la creación de empleo y del crecimiento económico por las pymes;

2.  Hace hincapié en que debe adoptarse un enfoque amplio en lo relativo al crecimiento ecológico, que ha de incluir también esfuerzos a lo largo de toda la cadena de valor y del ecosistema empresarial, especialmente para que los actores de la fabricación industrial reduzcan la huella ecológica de sus productos, procesos de producción, prácticas empresariales y servicios; recuerda las recomendaciones de la Plataforma Europea para la Eficiencia de los Recursos haciendo hincapié en que la eficiencia en el uso de los recursos exige un marco normativo dinámico que envíe las señales adecuadas a los productores y a los consumidores para que mejoren el comportamiento de los productos a lo largo de su ciclo de vida; pide a la Comisión que establezca un marco político global que incluya objetivos políticos concretos y que integre y racionalice mejor los instrumentos políticos existentes de cara a garantizar oportunidades y la participación de las pymes en la economía ecológica y circular;

3.  Subraya que la economía mundial tendrá que abastecer a una población cada vez mayor (9 000 millones de personas en 2050) y que nuestros recursos naturales son limitados, por lo que han de utilizarse de un modo sostenible y con gran eficiencia; toma nota de las soluciones nuevas, innovadoras, ecológicas y sostenibles a estos desafíos, entre las que se hallan los nuevos productos, procesos de producción, prácticas y servicios empresariales ─por ejemplo mediante la integración de las tecnologías digitales innovadoras─, así como un nuevo marco jurídico de apoyo;

4.  Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que las pymes son muy heterogéneas en toda Europa, abarcando desde empresas familiares muy tradicionales hasta empresas de rápido crecimiento, de alta tecnología, microempresas, empresas sociales y empresas emergentes, y que requieren, por tanto, enfoques igualmente diversos en lo que se refiere a la prestación de ayuda;

5.  Considera que la UE ha de cambiar radicalmente su cultura empresarial, a fin de contribuir al crecimiento económico logrando que más personas funden sus propias empresas y busquen más oportunidades de negocio, especialmente en el crecimiento ecológico, y asumiendo el fracaso y el riesgo; destaca la importancia de que esta cuestión se sitúe en el centro del proceso de elaboración de las políticas; pide a los Estados miembros que procuren que, tras un fracaso empresarial, el aterrizaje resulte más suave en sus respectivas legislaciones, de modo que pueda ponerse en marcha una nueva empresa al poco de la quiebra de la anterior, especialmente en los sectores nuevos e innovadores; pide a la Comisión que reduzca el miedo al fracaso a través de la formación y de campañas de sensibilización;

6.  Destaca el valor añadido que aporta el presupuesto de la UE a la hora de ayudar a las pymes, las microempresas, las empresas sociales y las cooperativas a acceder a la financiación y a los mercados internacionales, especialmente a través de los programas COSME y Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE); hace hincapié en la necesidad de una interpretación clara y uniforme en toda la UE por parte de los reguladores nacionales y de normas abiertas de contratación pública;

7.  Señala que, hoy en día, muchas pymes europeas compiten a escala internacional en soluciones que incluyen tanto productos como los llamados «servicios ecológicos», como la construcción, instalación, reparación y gestión; observa que estos servicios son esenciales para el desarrollo, la venta y la exportación de productos ecológicos; pide a la Comisión que incluya los servicios ecológicos en las negociaciones en curso acerca del Acuerdo sobre bienes ambientales, así como en los acuerdos comerciales bilaterales como la ATCI, a fin de reducir las barreras para las pymes y los proveedores de servicios europeos que quieran operar a escala internacional;

8.  Destaca la importancia de una buena gobernanza, un poder judicial independiente, la transparencia y el Estado de Derecho en toda la UE para la creación de un clima favorable a las empresas y un mercado con unas condiciones equitativas para las pymes;

Financiación de iniciativas ecológicas

9.  Señala que, en las circunstancias actuales, en las que el acceso insuficiente a fuentes adecuadas de capital riesgo, en particular en las primeras etapas, sigue siendo uno de los obstáculos más importantes para la creación y el desarrollo de empresas orientadas al crecimiento, el Plan de Acción de la Comisión para mejorar el acceso de las pymes a la financiación hace mucho hincapié en el capital riesgo como una posible modalidad de financiación del crecimiento; subraya, no obstante, que este tipo de financiación solamente resulta adecuado para un número reducido de pymes y que los préstamos bancarios siguen siendo una importante fuente de financiación, y que las alternativas deben surgir del sector privado; observa en este contexto la importancia de estimular formas alternativas de concesión de préstamos a las pequeñas y medianas empresas, como las uniones de crédito; señala las posibles oportunidades de financiación que deberían sopesarse a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas;

10.  Alienta a los Estados miembros a incentivar a los inversores extranjeros eliminando las barreras lingüísticas; señala que aceptar solicitudes y facilitar datos en inglés, además de las lenguas oficiales de un Estado miembro, es un primer paso hacia tal fin;

11.  Destaca que no existe una modalidad de financiación válida para todos los casos y pide a la Comisión que tenga en cuenta el interés de las pymes en todos los programas, instrumentos e iniciativas existentes y posibles en el futuro, en especial para los nuevos modelos de negocio de la economía ecológica, que abarquen desde instrumentos de capital (como inversores informales, micromecenazgo y sistemas de negociación multilateral) e instrumentos de cuasi capital (como la financiación de entresuelo) hasta instrumentos de deuda (bonos corporativos de pequeña cuantía, mecanismos de garantía y plataformas, entre otros) y asociaciones entre los bancos y otros agentes que intervienen en la financiación de las pymes (profesionales de la contabilidad, asociaciones de empresas o pymes, o cámaras de comercio), con el fin de brindar apoyo a las empresas en las fases de puesta en marcha, crecimiento y transferencia, teniendo en cuenta su tamaño, volumen de negocio y necesidades de financiación; pide a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales que velen por que se ofrezcan los incentivos adecuados y planteen incentivos fiscales para estos modelos de financiación; subraya la importancia de revisar los instrumentos existentes de apoyo a las pymes, a fin de introducir más oportunidades de crecimiento ecológico;

12.  Destaca la necesidad de garantizar la coordinación y complementariedad entre los instrumentos financieros del presupuesto de la UE, en particular en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social («EaSI») y el programa LIFE;

13.  Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que supervisen los resultados obtenidos por las pymes beneficiarias de la financiación de la innovación ecológica, a fin de evaluar la eficacia de dicha financiación; solicita a la Comisión Europea que, si los resultados son insatisfactorios, prepare sin demora las modificaciones oportunas para mejorar su eficacia;

14.  Observa que, dado el carácter extremadamente técnico de muchos de los planes de inversiones ecológicas, es fundamental destacar la importancia de los modelos normalizados de riesgo y rentabilidad y de que se creen nuevos modelos para los nuevos retos y sectores;

15.  Recuerda que se espera que las pymes desempeñen un papel importante en la economía circular, ofreciendo servicios sostenibles pero con fuerte intensidad de mano de obra, como las reparaciones, la restauración y el reciclaje; observa que la Comisión, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Parlamento y el Eurogrupo apoyan ampliamente el principio de desplazar la imposición sobre el trabajo hacia el uso y el consumo de los recursos naturales; solicita a la Comisión que evalúe el impacto de un desplazamiento de la imposición sobre el trabajo al uso de los recursos naturales;

16.  Subraya que los emprendedores, las pymes, las asociaciones empresariales y las organizaciones de apoyo han aumentar sus conocimientos en cuanto a las posibilidades de financiación de tecnologías más eficientes o para contratar servicios como la consultoría, el asesoramiento y la formación en lo relativo al diseño ecológico, la gestión de recursos y el espíritu empresarial ecológico y la disponibilidad de las tecnologías, los productos y los servicios ecológicos que pudieran resultar beneficiosos para su negocio; pide a los Estados miembros que mejoren la prestación de servicios a las pymes en dichos ámbitos y resalta también la necesidad de fuentes de información y bases de datos de dichos productos y servicios que sean sencillas y de fácil acceso; recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que esta información ha de comunicarse de la forma que mejor se ajuste a la lógica y los métodos de trabajo de las pymes;

17.  Toma nota de que los programas de la UE no contribuyen significativamente a la ecoinnovación y a la economía circular, y de que, por ello, la Comisión debe dirigir en mayor medida la financiación de los programas COSME y Horizonte 2020 hacia el desarrollo de soluciones ecoinnovadoras por y para las pymes, y apoyar la financiación para mejorar el diseño de productos y el rendimiento de los procesos, aprovechando la fructífera experiencia en el último MFP; considera, en particular, que debe aplicarse plenamente el instrumento dedicado a las pymes en el marco del programa Horizonte 2020;

18.  Pide a la Comisión y al BEI que velen por que, en la fase de ejecución del Plan de Inversiones para Europa, las pymes, incluidas las innovadoras y ecológicas, sean las principales beneficiarias de la ayuda prevista; insiste en la necesidad de desarrollar unos criterios claros, incluido el valor añadido europeo, para alcanzar este objetivo, y de reforzar la prestación a las pymes de servicios de asesoramiento sobre eficiencia de los recursos e innovación desde el punto de vista ecológico; pide al BEI y a la Comisión que todas las categorías enumeradas en la Recomendación de la Comisión sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (C(2003)1422) se beneficien lo suficiente; subraya la importancia de Horizonte 2020 y COSME en el apoyo a las pymes, y la necesidad de que se utilice plenamente el instrumento dedicado a las pymes en el programa Horizonte 2020;

19.  Considera que, a fin de garantizar la complementariedad de los regímenes financieros para las pymes, es fundamental coordinar las acciones emprendidas en el marco de la Política de Cohesión y otros programas, tales como Horizonte 2020, tanto a escala nacional como regional; hace hincapié en la importancia de legislar de una manera que permita a las pymes mantener su competitividad;

20.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ideen una solución rápida y duradera para los enormes retrasos en los pagos dentro de la política regional y en la liquidación de las ayudas de los Fondos EIE para el periodo de financiación anterior, con el fin de que los retrasos en el pago no desalienten la participación de las pymes como socios de proyecto en los programas y proyectos de apoyo;

La gestión del conocimiento

21.  Destaca la importancia de buscar de manera activa la colaboración entre sectores, considerando también las cadenas de valor y las zonas geográficas, lo que puede generar innovación y nuevas oportunidades de crecimiento a través de un enriquecimiento mutuo en cuanto a ideas y conceptos innovadores; acoge con satisfacción la actividad en el marco del Horizonte 2020 denominada «Proyectos facilitados por agrupamientos de empresas en favor de nuevas cadenas de valor industriales», que tiene por objeto un mayor despliegue del potencial de innovación de las pymes, incluyendo las soluciones ecoinnovadoras y eficientes en el uso de los recursos que estas plantean;

22.  Acoge con satisfacción la creación de un Centro Europeo de Excelencia sobre Utilización Eficiente de los Recursos para asesorar y ayudar a las pymes que deseen mejorar su rendimiento en la utilización eficiente de los recursos; subraya la necesidad de concebir este centro como una sólida red de socios en las regiones de la UE y aprovechar las experiencias probadas en los Estados miembros; cree que debería guiar a las pymes hacia programas europeos, nacionales y regionales en este campo de acción, y ofrecer acceso a los conocimientos especializados, las redes y las infraestructuras;

23.  Subraya la importancia de la transferencia de conocimientos y la difusión de estos entre las distintas partes interesadas, también de manera transfronteriza, mediante redes informales, en particular en el caso de las pymes y las microempresas, a fin de dar a conocer técnicas innovadoras, tanto ya existentes como nuevas, buenas prácticas, métodos para obtener una financiación adecuada, posibles ayudas públicas y los marcos legislativos pertinentes que conlleven el menor esfuerzo administrativo posible, y recuerda que los puntos de contacto nacionales existentes para los programas de financiación de la UE y la Red Europea para las Empresas han de estar plenamente implicados en el apoyo de las pymes y deben informar, preparar y apoyar proactivamente a las pymes para identificar las posibilidades de financiación a escala europea, nacional o regional; apoya la organización de una campaña europea de utilización eficiente de los recursos, para informar a las pymes sobre las ventajas y oportunidades que ofrece el uso eficiente de los recursos y cómo se pueden crear sinergias industriales en el ámbito del reciclaje; pide a la Comisión Europea y a la Red Europea de Empresas que cooperen en materia de eficiencia de los recursos con asociaciones de la industria, sindicatos, pymes, ONG, círculos académicos e iniciativas regionales; aplaude a este respecto la atención prestada por la Comisión a las simbiosis y agrupaciones, y anima a la Comisión a presentar iniciativas concretas para facilitar la cooperación intersectorial y la gestión de recursos;

24.  Insta a las federaciones sectoriales a que desempeñen un papel más importante en la prestación de servicios de información y asesoramiento adecuados sobre las tecnologías ecológicas, las posibilidades de financiación y los procedimientos pertinentes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que suplan la carencia de este apoyo allí donde exista y que, en cooperación con las federaciones y empresas del sector, sigan investigando qué oportunidades existen y aceleren las soluciones sostenibles, así como que inviertan en las tecnologías respetuosas con el medio ambiente, la eficiencia de los recursos y la economía del reciclaje; señala la creciente brecha entre las necesidades de las pymes y las destrezas de los empleados; observa que el 26 % de los empleadores en Europa tiene dificultades para encontrar empleados que posean las destrezas adecuadas;

Investigación, desarrollo e innovación y destrezas

25.  Hace hincapié en la necesidad de desarrollar más eficazmente la I+D básica, integrar plenamente a las pymes en ese proceso y apoyar activamente una mayor transformación de resultados de la I+D básica en avances tecnológicos; destaca la importancia de la reindustrialización de Europa habida cuenta de la relevancia de la industria manufacturera para la I+D+i y, por tanto, para que la UE disponga de una ventaja competitiva en el futuro; cree que las innovaciones no tecnológicas, organizativas, de sistemas y en el sector público deben recibir suficiente atención, al igual que las soluciones impulsadas por la tecnología;

26.  Resalta la importancia de la comercialización y de la valorización de los resultados de la I+D por parte de las empresas europeas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten un marco reglamentario más estable y regímenes financieros adecuados con miras a permitir la iniciativa económica y el emprendimiento y a limitar el plazo de comercialización de nuevos productos, servicios y prácticas empresariales, en especial en la economía ecológica;

27.  Destaca el potencial para la innovación y el crecimiento verde que representan las nuevas infraestructuras espaciales europeas; pide a la Comisión que fomente, entre los viveros e incubadoras de empresas, el uso por las pymes de los datos proporcionados por dichas infraestructuras; pide a la Comisión que reserve a las pymes un régimen favorable de acceso a los datos procedentes de dichas infraestructuras en las fases de investigación, desarrollo y comercialización;

28.  Toma nota de que, según el Innobarómetro de mayo de 2014, solo el 9 % de todas las empresas afirman haber disfrutado de apoyo financiero público para sus actividades de I+D+i desde enero de 2011; hace hincapié en la necesidad de desarrollar procedimientos sencillos para las distintas formas de apoyo;

29.  Toma nota de las ventajas que aporta a las pymes la patente unitaria europea, en especial en el ámbito de las tecnologías ecológicas; pide a todos los Estados miembros que se sumen a la patente unitaria europea; pide a los Estados miembros que ratifiquen sin demora el Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes, necesario para la aplicación de la patente unitaria europea; pide a la Comisión que proponga un procedimiento simplificado para la presentación, por las pymes, de demandas por falsificación ante el tribunal unificado de patentes;

30.  Pide que se mejore el marco de las políticas para la economía circular, incluyendo la adopción y aplicación de normas, códigos de conducta y regulación inteligentes, para asegurar la internalización de los factores externos, reducir los productos que consumen muchos recursos, crear unas condiciones equitativas, recompensar a los pioneros y acelerar la transición hacia una economía sostenible y eficiente con los recursos;

31.  Pide a la Comisión que incluya como parte del paquete de la economía circular la ampliación del instrumento de diseño ecológico para incluir la dimensión de eficiencia de los recursos; cree que el diseño ecológico debe abordar la durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad de los productos, incluidas normas para garantizar una vida útil de duración mínima y el desmontaje;

32.  Apoya la ampliación de los programas de apoyo innovadores, como los vales de innovación ecológica, que pueden promover la introducción de tecnologías sostenibles y soluciones respetuosas con el medio ambiente y resistentes al cambio climático; considera, en cuanto a las solicitudes de financiación, que las normas deben ser sencillas y claras y no deben constituir una carga administrativa; invita a la Comisión y a los Estados miembros a que encuentren soluciones de financiación innovadoras para las pymes y a que les faciliten instrumentos de financiación plenamente accesibles; recuerda que el crecimiento sostenible y la capacidad de innovación de las pymes europeas es una de las principales ventajas competitivas de la UE en los mercados globalizados;

La (des)regulación como motor del crecimiento

33.  Pide a los Estados miembros que eviten crear obstáculos al mercado interior mediante la sobrerregulación, revisen sus actuales regímenes reglamentarios, eliminen las reglamentaciones superfluas o ineficaces que constituyen un obstáculo para el mercado, y garanticen una transposición coherente en la legislación nacional; pide a la Comisión que garantice que la prueba de las pymes se aplique plenamente en todas las evaluaciones de impacto; pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para combatir la sobrerregulación con los Estados miembros concretos; hace hincapié en la necesidad de una interpretación a escala de la UE que sea clara y uniforme por parte de los reguladores nacionales y de normas abiertas de contratación pública, incluidas la contratación pública ecológica y la contratación pública electrónica, que por el momento representa una barrera importante para las pymes que desean internacionalizarse y, al mismo tiempo, una enorme oportunidad para que los Estados miembros se adapten cuanto antes, incluido en materia de productos y soluciones eficientes en el uso de los recursos y la energía;

34.  Celebra la decisión de la Comisión de retirar propuestas legislativas obsoletas o excesivamente gravosas; confía en que la Comisión presente una propuesta legislativa sobre residuos más ambiciosa, tal como anunció el vicepresidente Timmermans en el periodo parcial de sesiones del Parlamento de diciembre de 2014; pide a la Comisión que se abstenga de presentar propuestas legislativas que comporten una carga administrativa innecesaria para las empresas y las pymes, y que revise continuamente la legislación existente con el objetivo de disminuir la carga administrativa actual, mejorar la calidad y la eficacia de la legislación y adaptar esta legislación a los nuevos modelos de negocio; destaca, sin embargo, la necesidad de acciones ambiciosas, de la aplicación adecuada y oportuna de la legislación existente y de la participación temprana de las partes interesadas de las pymes y los sectores industriales pertinentes, también en la evaluación de impacto, a fin de alcanzar los objetivos de la UE en materia de medio ambiente;

35.  Recuerda la importancia de una legislación neutra desde el punto de vista tecnológico y favorable a la innovación, que permita que el mercado ponga a prueba y evalúe distintas nuevas tecnologías; aplaude el desarrollo del sistema de verificación de la tecnología ambiental (VTA), como una nueva herramientas para ayudar a las tecnologías medioambientales innovadoras a llegar al mercado; pide a los Estados miembros que utilicen adecuadamente los instrumentos basados en el mercado en sus regímenes de ayuda pública y se abstengan de utilizar subvenciones perjudiciales para el medio ambiente que provoquen distorsiones del mercado; recuerda que debe recurrirse a la intervención pública para subsanar las disfunciones del mercado, tales como la no fijación de precios para los factores externos; pide a la Comisión que elabore directrices comunes sobre los regímenes nacionales de ayuda pública para los proyectos de inversión ecológica a fin de crear un conjunto más uniforme de medidas;

36.  Toma nota de que las industrias y las tecnologías revolucionarias suelen sacar a la luz las imperfecciones de la legislación en vigor; hace hincapié en la necesidad de supervisar y actualizar continuamente la legislación en vigor y su ejecución, a fin de garantizar que las tecnologías sostenibles o ecoinnovadoras y las evoluciones tecnológicas no encuentran obstáculos;

Otras medidas de apoyo

37.  Cree que en los sistemas de educación básica y superior deberían incluirse el desarrollo de las destrezas empresariales y programas sobre las modalidades de funcionamiento e interactuación del mercado, la economía y el sistema financiero, así como sobre cómo las nuevas tecnologías pueden impulsar oportunidades eficaces, innovadoras y ecológicas, debiendo promoverse todo ello mediante las actividades extracurriculares y el aprendizaje a lo largo de toda la vida; considera que un plan de negocio bien trazado constituye un primer paso en pos de un mejor acceso a la financiación y de la viabilidad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan sin demora la educación medioambiental, económica, financiera, económica y para el emprendimiento en sus programas educativos; respalda, en este mismo contexto, el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores, cuyo fin es fomentar la cultura empresarial y desarrollar el mercado único y la competitividad;

38.  Subraya que las microempresas y las empresas emergentes también deben recibir ayuda y orientación para avanzar hacia el crecimiento ecológico sostenible; pide a la Comisión que garantice que las nuevas iniciativas centradas en las oportunidades de crecimiento ecológico para las pymes engloben debidamente a estas empresas;

39.  Observa que el programa Erasmus+ permite a estudiantes y jóvenes desarrollar las destrezas en materia de emprendimiento mediante, entre otras cosas, la financiación de prácticas; respalda el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores, cuyo fin es fomentar la cultura del emprendimiento y desarrollar el mercado único y la competitividad;

40.  Señala la importancia de combatir las pautas de consumo insostenibles y fomentar un cambio en el comportamiento de los consumidores; hace hincapié en la necesidad de una educación adecuada de los consumidores y en la necesidad de fomentar incentivos para un consumo más sostenible; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las medidas del lado de la demanda, tales como utilizar la contratación pública para mejorar la adopción de productos y soluciones eficientes en el uso de los recursos y la energía; pone de relieve la importancia de la inclusión del uso de los recursos en la información relativa a los productos y en las etiquetas ecológicas para responsabilizar a los consumidores;

41.  Resalta la importancia de facilitar la creación de empresas emergentes y empresas derivadas mediante la colaboración con instituciones, universidades y centros de formación profesional dedicados a la investigación tecnológica;

42.  Destaca la importancia de las exportaciones para crear puestos de trabajo y generar crecimiento en Europa; pide a la Comisión que acelere los acuerdos comerciales pendientes con nuestros socios a fin de facilitar el acceso de las pymes europeas a nuevos mercados;

43.  Considera que hasta ahora se ha valorado insuficientemente el emprendimiento femenino como una baza para el crecimiento y la competitividad de la UE que se debería promover y reforzar, y que deben suprimirse todos los obstáculos que afrontan las mujeres, particularmente la discriminación salarial, también en la economía ecológica, a fin de que las mujeres y los hombres resulten beneficiados de igual modo; opina que la recopilación regular de estadísticas armonizadas, incluidas las relativas al impacto específico de la legislación según el género y los datos sobre el mundo laboral desglosados por sexo, facilitaría la elaboración de políticas y el seguimiento sobre la base de datos contrastados y colmaría la brecha de conocimientos existente en el discurso ecológico;

44.  Pide a la Comisión que estudie y determine en qué sectores de la industria europea y en qué zonas geográficas se cumplen las condiciones para la creación de nuevas agrupaciones y plataformas, y que apoye su desarrollo;

45.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten especial atención y respondan a las oportunidades y retos que plantean las áreas rurales en relación con las pymes, el crecimiento ecológico y la innovación ecológica;

46.  Pide a los Estados miembros que promuevan sin cesar, en el plano de las autoridades de gestión y los responsables nacionales, regionales y locales, el crecimiento sostenible con arreglo a las estrategias de especialización inteligente y con el apoyo de las partes interesadas clave, lo que favorece las agrupaciones, sinergias y redes en torno a las actividades de la economía ecológica; invita a la Comisión a que informe al Parlamento de la aplicación de las estrategias de especialización inteligente a escala nacional o regional, según proceda, y especialmente respecto de los diferentes tipos de «acciones descendentes» utilizadas en la UE y en los Estados miembros; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que informen acerca de las medidas prácticas adoptadas para desarrollar las competencias de las pymes innovadoras desde el punto de vista ecológico a través de la interconexión entre los centros regionales de innovación y las redes de apoyo clave;

47.  Pide a la Comisión que, en el marco de la política regional, elabore programas específicos que incorporen todos los elementos de crecimiento ecológico pertinentes para las pymes; subraya la necesidad de explotar plenamente el potencial emprendedor de la juventud en el contexto del crecimiento ecológico de las pymes; invita a la Comisión a que prepare medidas que puedan conectar las instituciones educativas con las medidas y los programas europeos para respaldar la economía ecológica; pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen todos los medios a su disposición para asesorar y sensibilizar a los trabajadores de las pymes a fin de mejorar sus conocimientos y destrezas; aboga por que, en el apoyo a la formación, se preste especial atención a los jóvenes y a los colectivos más desfavorecidos;

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48.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0036.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0032.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0069.
(4) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_381_en.pdf

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