Índice 
Textos aprobados
Miércoles 10 de junio de 2015 - EstrasburgoEdición definitiva
Celebración de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto ***
 Acuerdo UE-Islandia sobre la participación de Islandia en el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto ***
 Adhesión de Croacia al Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal *
 Adhesión de Croacia al Convenio relativo a la lucha contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros *
 Estado de las relaciones UE y Rusia
 Informe anual 2014 del Comité de Vigilancia de la OLAF
 Situación en Hungría
 Informe de evolución de 2014 relativo a Turquía

Celebración de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto ***
PDF 254kWORD 60k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo (10400/2014 – C8-0029/2015 – 2013/0376(NLE))
P8_TA(2015)0221A8-0167/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (10400/2014),

–  Vista la enmienda al Protocolo de Kioto adoptada en el octavo período de sesiones de la Conferencia de las Partes reunidas en calidad de Partes en el Protocolo de Kioto, celebrado en Doha, Qatar, en diciembre de 2012 (la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 192, apartado 1, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0029/2015),

—  Vista la carta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía,

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0167/2015),

1.  Concede su aprobación a la celebración de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a las Naciones Unidas.


Acuerdo UE-Islandia sobre la participación de Islandia en el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto ***
PDF 240kWORD 60k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, e Islandia, por otra, sobre la participación de Islandia en el cumplimiento conjunto de los compromisos de la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia en el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (10883/2014 – C8-0088/2015 – 2014/0151(NLE))
P8_TA(2015)0222A8-0166/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (10883/2014),

–  Visto el Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, e Islandia, por otra, sobre la participación de Islandia en el cumplimiento conjunto de los compromisos de la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia en el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (10941/2014),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 192, apartado 1, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0088/2015),

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Exteriores,

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0166/2015),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Islandia.


Adhesión de Croacia al Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal *
PDF 240kWORD 59k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2015, sobre la Recomendación de Decisión del Consejo sobre la adhesión de Croacia al Convenio de 29 de mayo de 2000 celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea y a su protocolo de 16 de octubre de 2001 (COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))
P8_TA(2015)0223A8-0156/2015

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Recomendación de la Comisión al Consejo (COM(2014)0685),

–  Visto el artículo 3, apartados 4 y 5, del Acta de Adhesión de Croacia, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0275/2014),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0156/2015),

1.  Aprueba la Recomendación de la Comisión;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.


Adhesión de Croacia al Convenio relativo a la lucha contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros *
PDF 241kWORD 60k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2015, sobre la Recomendación de Decisión del Consejo sobre la adhesión de Croacia al Convenio, de 26 de mayo de 1997, establecido sobre la base del artículo K.3, apartado 2, letra c), del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o funcionarios de los Estados miembros de la Unión Europea (COM(2014)0661 – C8-0274/2014 – 2014/0322(NLE))
P8_TA(2015)0224A8-0157/2015

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Recomendación de la Comisión al Consejo (COM(2014)0661),

–  Visto el artículo 3, apartados 4 y 5 del Acta de Adhesión de Croacia, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0274/2014),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0157/2015),

1.  Aprueba la Recomendación de la Comisión;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.


Estado de las relaciones UE y Rusia
PDF 198kWORD 97k
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2015, sobre el estado de las relaciones entre la UE y Rusia (2015/2001(INI))
P8_TA(2015)0225A8-0162/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones, de 13 de diciembre de 2012, que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior sobre las negociaciones del nuevo acuerdo entre la UE y Rusia(1), de 12 de septiembre de 2013, sobre la presión ejercida por Rusia sobre los países de la Asociación Oriental (en el marco de la próxima cumbre de la Asociación Oriental en Vilna)(2), de 6 de febrero de 2014, sobre la Cumbre UE-Rusia(3), de 18 de septiembre de 2014, sobre la situación en Ucrania y el estado de las relaciones UE-Rusia(4), y de 12 de marzo de 2015 sobre el asesinato del líder de la oposición rusa Boris Nemtsov y el estado de la democracia en Rusia,(5)

–  Vistas las conclusiones y declaraciones del Consejo Europeo, del Consejo de Asuntos Exteriores y de los dirigentes del G7 en los últimos dieciocho meses sobre la situación en Ucrania y sobre las relaciones con Rusia,

–  Vistos los Acuerdos alcanzados en Minsk los días 5 y 19 de septiembre de 2014 y el 12 de febrero de 2015(6),

–  Vista la Declaración, de 5 de septiembre de 2014, de la Cumbre de la OTAN celebrada en Gales,

–  Vistas las Resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de marzo de 2014(7) y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 17 de febrero de 2015(8),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0162/2015),

A.  Considerando que la UE ha luchado durante años para establecer en beneficio mutuo una asociación estratégica con Rusia basada en valores y principios compartidos, como por ejemplo la democracia y el Estado de Derecho, y en intereses comunes; considerando que la UE sigue abierta a dicha relación y al diálogo que conduzca a la misma, y desea retomar una relación de cooperación con Rusia, siempre y cuando las autoridades de este país cumplan con sus obligaciones internacionales;

B.  Considerando que, como reacción a la violación de la integridad territorial de Georgia por Rusia en 2008, y a pesar de ella, a la ocupación continuada de las regiones georgianas de Abjazia y Tsjinvali/Osetia del Sur, y al incumplimiento por parte de Rusia de todas sus obligaciones con arreglo al acuerdo de alto el fuego de 2008, la UE optó por un modelo de mayor cooperación como forma de proseguir con el compromiso con Rusia en beneficio mutuo; que, en lugar de adoptar medidas restrictivas, se iniciaron o intensificaron una serie de iniciativas para una cooperación más estrecha, como la creación de espacios comunes, la Asociación para la modernización, las negociaciones sobre un nuevo acuerdo entre la UE y Rusia, y el diálogo en materia de derechos humanos;

C.  Considerando que, por su anexión ilegal de Crimea, una acción enérgicamente condenada por la UE y no reconocida, por mantener un conflicto armado con Ucrania, con la participación directa e indirecta de militares y servicios de seguridad, y por desestabilizar de forma deliberada un país soberano vecino e independiente, Rusia ha dañado profundamente su relación con la UE, poniendo en entredicho los principios básicos de la seguridad de Europa, no respetando las fronteras e incumpliendo sus compromisos internacionales, en particular en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, del Acta Final de Helsinki, del Memorando de Budapest, la Carta de Paris por una Nueva Europa de 1990 y del Tratado bilateral de Amistad, Cooperación y Asociación; considerando que se ha deteriorado gravemente la situación humanitaria en Crimea y en el este de Ucrania, con miles de muertos;

D.  Considerando que Rusia está, directa o indirectamente, implicada en una serie de «conflictos enquistados» en su vecindad — en Transdniéster, Osetia del Sur, Abjazia y Nagorno Karabaj — que constituyen graves obstáculos para el desarrollo y la estabilidad de los países vecinos de que se trata y para su acercamiento a la Unión Europea;

E.  Considerando que la Federación de Rusia ha confeccionado una lista negra de 89 funcionarios y políticos de la UE ―entre los cuales algunos actuales y antiguos diputados al Parlamento Europeo―, negándoles la entrada en Rusia;

F.  Considerando que Rusia, en contra del espíritu de las relaciones de buena vecindad y vulnerando el Derecho y las normas internacionales, ha emprendido, sobre la base de una doctrina por la que se considera con derecho a proteger a sus nacionales en el extranjero, acciones de forma deliberada con el objetivo de desestabilizar a sus vecinos mediante embargos comerciales ilegales y la celebración de tratados de integración con regiones separatistas y secesionistas;

G.  Considerando que, en respuesta a la ilegal anexión de Crimea y a la guerra híbrida lanzada contra Ucrania por parte de Rusia, la UE ha adoptado una serie de medidas restrictivas por etapas; considerando que, como reacción a la agresión de Rusia, otros países han adoptado sanciones similares;

H.  Considerando que debe buscarse una relación constructiva a largo plazo entre la UE y Rusia, en el interés de ambas partes, con el fin de hacer frente a los retos globales comunes, tales como el cambio climático, los nuevos avances tecnológicos y la lucha contra el terrorismo, el extremismo y la delincuencia organizada; considerando que la cooperación entre la UE y Rusia ha obtenido logros positivos en algunos ámbitos, como la Dimensión Septentrional y la cooperación transfronteriza; considerando que Rusia ha tenido una actitud constructiva en las recientes negociaciones con Irán;

I.  Considerando que estas medidas restrictivas específicas no van dirigidas contra el pueblo ruso, sino contra determinadas personas y empresas vinculadas a los dirigentes rusos, que están aprovechando la actual tensión en Ucrania, en los sectores económicos y de defensa, y que tienen por objeto propiciar un cambio en las políticas del Gobierno ruso y en sus acciones con respecto a la vecindad común; considerando que las sanciones por desestabilizar el este de Ucrania podrán levantarse cuando Rusia haya aplicado plenamente lo dispuesto en los Acuerdos de Minsk; considerando que las sanciones deben ser reforzadas en caso de que Rusia decida seguir desestabilizando Ucrania y mermando su integridad territorial directa o indirectamente; considerando que las sanciones relacionadas con la anexión ilegal de Crimea se mantendrán hasta que la península no se devuelva a Ucrania;

J.  Considerando que la Federación de Rusia, como miembro de pleno derecho del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha comprometido a regirse por los principios de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos; considerando que la UE ha apoyado decididamente la adhesión y la participación de Rusia en diferentes foros e instituciones internacionales, como el G8, el G20 y la OMC; considerando que la inclusión de Rusia en estos organismos ha creado tensiones, debido a la reiterada violación de normas por parte de Rusia, por ejemplo, por su incumplimiento de las normas y obligaciones de la OMC (mediante la introducción de varias medidas discriminatorias contra determinados Estados miembros de la UE y otros países vecinos) y por el hecho de no haber aplicado más de un millar de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni haber garantizado derechos humanos básicos; considerando que las consultas sobre derechos humanos entre la UE y Rusia no han sido concluyentes ni han alcanzado resultados concretos;

K.  Considerando que el Estado de Derecho, como uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, no solo implica el respeto de la democracia y los derechos humanos, sino también la observancia del Derecho internacional, la garantía de que la Ley se ejecuta y aplica de forma justa, así como la independencia e imparcialidad del poder judicial; considerando que estas condiciones no se cumplen en Rusia, donde las autoridades no respetan el Estado de Derecho ni los derechos fundamentales, y donde se ha producido un deterioro de los derechos políticos, de las libertades civiles y de la libertad de los medios de comunicación en los últimos años; considerando que recientemente se ha aprobado legislación con disposiciones ambiguas que se están empleando para imponer nuevas restricciones a los miembros de la oposición y de la sociedad civil; considerando que la reciente adopción de la ley que penaliza la denominada «propaganda homosexual» ha conducido a un aumento de la homofobia y de la violencia e incitación al odio anti-LGBTI, fenómenos que las autoridades no han abordado; considerando que, a raíz de la anexión ilegal de Crimea, el respeto de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, reunión y asociación, ha sufrido un importante deterioro en la península que ha afectado especialmente a la comunidad tártara de Crimea;

L.  Considerando que Alexéi Navalni, un destacado dirigente de la oposición, ha sido acusado y condenado sobre la base de pruebas manipuladas y es objeto de continua intimidación y acoso, incluso mediante el encarcelamiento de su hermano; considerando que al partido que preside (Partido del Progreso) se le impide participar en las próximas elecciones parlamentarias; considerando que Nadia Savchenko, diputada al Parlamento ucranio, se encuentra detenida ilegalmente en Rusia, lo que viola la legislación internacional;

M.  Considerando que el Índice de Percepción de la Corrupción coloca a Rusia en el puesto 136, de un total de 175 países, por lo que Rusia constituye una grave preocupación en materia de corrupción internacional y blanqueo de capitales lo que, a su vez, es una amenaza para las economías europeas y su integridad;

N.  Considerando que Rusia recurre activamente a la guerra híbrida, desdibujando deliberadamente los límites entre la actividad militar/paramilitar y el activismo político;

O.  Considerando que el índice mundial de la libertad de los medios de comunicación en 2014 sitúa a la Federación de Rusia en el puesto 148 de un total de 180 países; considerando que se ha ampliado e incrementado de manera significativa la financiación de los medios de comunicación controlados por el Estado; considerando las iniciativas y actividades de los defensores de los derechos humanos, las organizaciones independientes de la sociedad civil, los opositores políticos, los medios de comunicación independientes y los ciudadanos de a pie; considerando que el margen para la expresión de opiniones independientes y plurales se ha reducido y se encuentra bajo amenaza constante; considerando que la Dotación Europea para la Democracia aborda la cuestión de la pluralidad de los medios de comunicación rusos y que, junto con sus socios, ha sido invitada a desarrollar nuevas iniciativas relativas a los medios de comunicación;

P.  Considerando que las acciones irresponsables de cazas de Rusia cerca del espacio aéreo de los Estados miembros de la UE y la OTAN pone en peligro la seguridad de los vuelos civiles y podría suponer una amenaza para la seguridad del espacio aéreo europeo; considerando que, con fines de provocación, Rusia ha llevado a cabo maniobras militares a gran escala en la vecindad inmediata de la UE, al tiempo que se han hecho públicas amenazas de ataques militares e incluso nucleares rusos; considerando que Rusia ha suspendido su participación en las negociaciones del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa e incumplido el Tratado de eliminación de misiles nucleares de mediano y corto alcance;

Q.  Considerando que la energía, que desempeña un papel central y estratégico en las relaciones UE-Rusia, es un instrumento clave de la política exterior rusa; considerando que la capacidad de reacción de la UE a las presiones externas puede lograrse mediante la diversificación del abastecimiento energético y la reducción de la dependencia energética de Rusia; considerando que la UE ha de hablar con una sola voz y mostrar una firme solidaridad interna cuando se trata de su seguridad energética;

R.  Considerando que la Federación de Rusia ha fomentado activamente la Unión Económica Euroasiática; que este proyecto de integración económica no debe verse como competencia con la Unión Europea;

1.  Reitera que la participación directa e indirecta de Rusia en el conflicto armado en Ucrania, la anexión ilegal de Crimea, la violación de la integridad territorial de Georgia y la coerción económica y desestabilización política de sus vecinos europeos constituyen una infracción deliberada de los principios democráticos, de los valores fundamentales y del Derecho internacional; considera que, en este contexto, la UE no puede prever un regreso al statu quo y no tiene más opción que llevar a cabo una reevaluación crítica de sus relaciones con Rusia, lo que incluye la elaboración, en el plazo más breve posible, de un plan de contingencia para contrarrestar las políticas agresivas y divisorias llevadas a cabo por Rusia y un plan global sobre sus futuras relaciones con este país y con sus socios de la Europa Oriental; subraya que la resolución del conflicto en el este de Ucrania solo puede ser de naturaleza política;

2.  Subraya que, en este contexto, Rusia, debido a sus propias actuaciones en Crimea y en el este de Ucrania, ya no puede seguir siendo tratada o considerada como un «socio estratégico»; señala que las asociaciones estratégicas deben basarse en la confianza mutua y en el respeto del Derecho internacional, que se basa en la democracia, la soberanía del Estado y la libertad de elección del ordenamiento constitucional interno y de las orientaciones de la política exterior, la integridad de las fronteras del Estado y el respeto del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de los principios del comercio y la diplomacia internacionales;

3.  Expresa su profunda preocupación por el hecho de que Rusia ahora se posiciona y actúa abiertamente como un rival para la comunidad democrática internacional y su ordenamiento jurídico, con el objetivo de redefinir fronteras dentro de Europa por la fuerza; manifiesta su alarma por el creciente ambiente de odio dirigido a militantes de la oposición, defensores de los derechos humanos, minorías y naciones vecinas, y por el deterioro de la situación de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Rusia; condena la intimidación de las voces críticas mediante actos violentos, juicios, encarcelamientos y otras medidas por parte del Estado;

4.  Condena la medida arbitraria de prohibir a funcionarios y políticos de la UE el acceso a territorio ruso, y destaca que los líderes rusos infringen reiteradamente el Derecho internacional, vulnerando normas universales y obstaculizando la transparencia; considera que esta actuación es contraproducente y perjudicial para los ya maltrechos canales de comunicación entre la Unión Europea y Rusia; insiste en que los funcionarios y políticos de la UE incluidos en la lista deberían ser informados de las razones de la prohibición de su entrada en territorio ruso y tener derecho a recurrir dicha decisión ante un tribunal independiente;

5.  Considera que, a la larga, es posible y deseable en beneficio mutuo una relación entre la UE y Rusia que sea constructiva y predecible, en especial en vista de las relaciones políticas, comerciales, de transporte y energéticas existentes, incluidas las relaciones a través de Erasmus + y las medidas comunes(9), la cooperación transfronteriza, el cambio climático, el medio ambiente, la cooperación sectorial, habida cuenta de que la reciprocidad de las sanciones es perjudicial para ambas economías, de que deben abordarse los retos e intereses comunes en el escenario mundial, y de que el carácter divisorio de la percepción de la seguridad en Europa puede superarse mediante un mayor diálogo; acoge con satisfacción, a este respecto, el resultado positivo de la cooperación UE-Rusia en diversos ámbitos, como la lucha contra el terrorismo, el extremismo y la delincuencia organizada, la asociación de la dimensión septentrional y las conversaciones nucleares con Irán, así como en el proceso de paz en Oriente Próximo; pide a Rusia que participe de manera constructiva en la búsqueda de una solución al conflicto en Siria;

6.  Subraya que, en lo sucesivo, las relaciones entre la UE y Rusia deben basarse en el respeto del Derecho internacional y en un diálogo en virtud del cual la UE estaría dispuesta a comprometerse de nuevo y a relanzar la cooperación con las autoridades de Moscú en un determinado número de ámbitos concretos de interés mutuo; subraya que se contemplaría la reanudación de la cooperación a condición de que Rusia respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, incluida Crimea, aplique plenamente los Acuerdos de Minsk (que incluyen el pleno control de la frontera por las autoridades ucranianas, la retirada incondicional de las tropas rusas y de su armamento, y el fin inmediato de la ayuda a grupos rebeldes), y cese en sus desestabilizadoras actividades militares y de seguridad en las fronteras de los Estados miembros de la UE; destaca que la OSCE ha demostrado ser una estructura capaz de prestar una contribución a la resolución de la crisis; destaca que dicha cooperación potencialmente renovada no debe llevarse a cabo a expensas de los principios internacionales, de los valores europeos y de las normas y compromisos internacionales; subraya que la UE debe definir claramente sus expectativas con respecto a Rusia, especialmente en lo que se refiere a respetar el Derecho internacional y los compromisos contractuales y a actuar como socio fiable, las medidas que va a tomar después del 31 de diciembre de 2015 en caso de que Rusia no respete sus compromisos (o antes de esa fecha si se producen graves acontecimientos sobre el terreno), y la reanudación de la cooperación que estaría dispuesta a ofrecer en caso de cumplimiento; destaca que esta cooperación debe atenerse plenamente a las normas internacionales de derechos humanos;

7.  Elogia la unidad y la solidaridad demostradas por los Estados miembros en el contexto de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia y su participación directa en la guerra en Ucrania, lo que permite la adopción y posterior ampliación de medidas de respuesta, y su vinculación a la plena aplicación de los Acuerdos de Minsk; pide a los Estados miembros que consideren como prioridad absoluta la preservación de esta unidad y se abstengan de establecer relaciones bilaterales y de celebrar acuerdos que puedan dañar esta unidad o que puedan interpretarse de ese modo; reitera que la unidad de acción y la solidaridad entre los Estados miembros y con los países candidatos es fundamental para garantizar la credibilidad, legitimidad y eficacia de las políticas de la UE y su capacidad para hacer frente a los retos y presiones del exterior, al tiempo que se fomenta una relación más profunda y una mayor colaboración con los países de la Asociación Oriental;

8.  Subraya, a este respecto, que la profundización de la integración de la UE y la coherencia entre sus políticas interiores y exteriores es la clave de una política exterior y de seguridad de la UE más coherente, efectiva y coronada por el éxito, en especial con respecto a Rusia; pide, por tanto, a los Estados miembros que prosigan e intensifiquen sus esfuerzos en pos de la eliminación efectiva de los cuellos de botella en los procesos de toma de decisiones y que trabajen, junto con los países candidatos, por la consolidación de las políticas comunes, en particular en los ámbitos del comercio, los servicios y transacciones en el ámbito financiero, la migración, la energía, la gestión de las fronteras exteriores, la información y la ciberseguridad;

9.  Reitera su petición a la UE y a los Estados miembros de que hagan pleno uso de las disposiciones e instrumentos del Tratado de Lisboa con miras a reforzar la creación y el carácter estratégico de la política exterior y de seguridad común de la Unión; tiene además la firme convicción de que el papel central de los derechos humanos en todos los aspectos de la acción exterior de la UE es una condición previa para garantizar su papel respetable y creíble como agente en la escena mundial;

10.  Reitera su convencimiento de que la energía es un elemento significativo de la política exterior de la UE; apoya, por lo tanto, firmemente la rápida creación de una Unión Europea de la Energía sólida, en particular la interconexión de las redes energéticas nacionales con el fin de reducir considerablemente la dependencia de los distintos Estados miembros con respecto a los proveedores exteriores de energía, en particular Rusia; tiene la firme convicción de que los retos que supone la solidaridad europea y su vulnerabilidad, y la exposición de cada Estado miembro y país candidato al uso de la energía como moneda de cambio política y diplomática solo puede combatirse eficazmente mediante la plena aplicación de toda la legislación de la UE en materia de energía, en particular a través de la aplicación del tercer paquete de la energía y la realización de un mercado interior europeo de la energía que sea libre, transparente, integrado, sincronizado, eficiente desde el punto de vista energético —con una proporción adecuada de energías renovables —, resistente y con una oferta diversificada, y al que debe aplicarse de forma inequívoca la legislación en materia de competencia; pide a la Unión Europea que preste asistencia a las Partes Contratantes de la Comunidad de la Energía que se han comprometido a aplicar el acervo de la UE en materia de energía, con miras a mejorar su posición negociadora ante los proveedores exteriores de energía;

11.  Hace hincapié en la necesidad e importancia que reviste la suspensión de la cooperación con Rusia en el sector de la defensa habida cuenta de su actitud agresiva y pide a los Estados miembros y a los países candidatos que se abstengan de adoptar cualquier decisión que pueda poner en peligro esta postura unitaria; es de la opinión de que, a pesar de su carácter bilateral, los acuerdos en el ámbito de la cooperación en materia de defensa con Rusia deben evaluarse atentamente a escala de la UE, con miras a la definición de un planteamiento coherente y adecuado; toma nota de la importancia de la cooperación entre la UE y la OTAN a este respecto;

12.  Pone de manifiesto su profunda preocupación por las cada vez mayores restricciones a la libertad de los medios de comunicación y de Internet, el refuerzo del control sobre los medios de comunicación en línea, los medios coercitivos contra el periodismo imparcial, el deterioro de los estándares periodísticos en Rusia, así como el creciente monopolio que ejercen los medios de comunicación estatales sobre la información a disposición de las audiencias rusófonas del extranjero; condena la prohibición de las emisiones de los canales de televisión ucranianos y tártaros en Crimea;

13.  Reitera su llamamiento en favor del refuerzo de las capacidades de análisis y de seguimiento de la propaganda de Rusia, especialmente en lengua rusa, a fin de poder identificar y responder con rapidez y de manera adecuada a la información intencionadamente sesgada que se difunde en varias lenguas de la UE; pide a la Comisión que ponga a disposición sin demora financiación adecuada para proyectos concretos destinados a hacer frente a la propaganda y desinformación rusa en la UE y fuera de ella, que facilite información objetiva al público en general en los países de la Asociación Oriental y que desarrolle los instrumentos adecuados de comunicación estratégica; acoge positivamente, a este respecto, las conclusiones del Consejo Europeo del 20 de marzo de 2015 sobre un plan de acción para luchar contra campañas de desinformación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen asimismo un mecanismo coordinado para la transparencia y la recogida, seguimiento e información en materia de asistencia financiera, política o técnica prestada por Rusia a partidos políticos y otras organizaciones dentro de la UE, con el fin de evaluar su participación e influencia en la vida política y en la opinión pública en la UE y sus vecinos del Este, y que adopten las medidas adecuadas;

14.  Expresa su profunda preocupación por la reciente tendencia de los medios de comunicación controlados por el Estado ruso a reescribir y reinterpretar ciertos acontecimientos históricos del siglo XX, como por ejemplo la firma del Pacto Molotov-Ribbentrop y de sus protocolos secretos, así como por el uso selectivo del relato histórico para fines de propaganda política actual;

15.  Expresa su profunda preocupación por los contactos y la cooperación, cada vez más intensos y tolerados por las autoridades rusas, entre partidos populistas, fascistas y de extrema derecha europeos, por una parte, y grupos nacionalistas en Rusia, por otra; reconoce que esa situación representa un peligro para los valores democráticos y el Estado de Derecho en la UE; pide, a este respecto, a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que adopten medidas contra la amenaza de aparición de una «Internacional Nacionalista»;

16.  Está profundamente preocupado por el apoyo y la financiación a partidos radicales y extremistas en los Estados miembros de la UE por parte de Rusia; considera que una reunión de los partidos de extrema derecha celebrada recientemente en San Petersburgo es un insulto a la memoria de millones de rusos que sacrificaron sus vidas para salvar al mundo del nazismo;

17.  Insta a la UE a que preste apoyo a los proyectos para la promoción y el desarrollo de estándares periodísticos elevados, la libertad de los medios de comunicación y la información imparcial y fidedigna en Rusia, así como para contrarrestar la propaganda dentro de la UE y en los países de la Asociación Oriental; pide a la Comisión que ponga a disposición una financiación adecuada para apoyar iniciativas que desarrollen medios de comunicación de habla rusa que supongan una alternativa a los medios de comunicación rusos controlados por el Estado, con miras a ofrecer a la audiencia rusófona fuentes de información creíbles e independientes;

18.  Reitera que el respeto irrenunciable del Estado de Derecho es un principio fundamental de la UE y aboga por su aplicación estricta, rápida e incondicional en caso de incumplimiento de las normas; pide a la Comisión que aplique con la misma determinación el principio de la libre y leal competencia en el mercado único, especialmente en los procedimientos judiciales contra Gazprom; opina que la UE y sus Estados miembros han de hacer especial hincapié en la necesidad de que Rusia enfoque de manera constructiva su adhesión a la OMC y respete plenamente los compromisos que de la misma se deriven, especialmente poniendo fin a las restricciones comerciales injustificadas y ofreciendo un acceso no discriminatorio a su mercado;

19.  Pide a Rusia que coopere plenamente con la comunidad internacional en la investigación sobre el derribo del vuelo MH17, y condena todo intento o decisión de conceder la amnistía o retrasar el enjuiciamiento de las personas identificadas como responsables; reitera su llamamiento a las autoridades rusas para que devuelvan de inmediato los restos y todas las cajas negras del avión Tu-154 del Gobierno polaco que se estrelló en Smolensk; pide a todas las instituciones de la UE que planteen estas solicitudes en los contactos bilaterales con las autoridades rusas;

20.  Pide al Gobierno de la Federación de Rusia que reconozca el alcance y la gravedad de la violencia y el acoso de que son objeto las personas LGBTI en Rusia, y que se comprometa a tomar medidas para acabar con estos abusos y derogue las disposiciones de la Ley nº 135-FZ de 29 de junio de 2013 (la ley sobre «propaganda homosexual»), que prohíbe la difusión de información sobre relaciones LGBTI; pide al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que planteen el tema de la homofobia y la violencia contra las personas y activistas LGBTI en reuniones con los funcionarios rusos pertinentes, incluso al más alto nivel; pide al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que, con arreglo a las orientaciones de la UE de junio de 2013, promuevan y protejan el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas LGBTI, contribuyan a luchar contra cualquier forma de violencia contra estas personas buscando ayuda y reparación para las víctimas de este tipo de violencia y apoyando las iniciativas gubernamentales y de la sociedad civil destinadas a controlar los casos de violencia y concienciando al personal con funciones coercitivas;

21.  Pone de manifiesto, teniendo en cuenta el enriquecimiento que supone para la sociedad el desarrollo de una verdadera sociedad civil independiente, su profunda preocupación por la situación de deterioro en que se encuentran los derechos humanos, incluidos los derechos relativos a la libertad de expresión, asociación y reunión, los derechos de las personas LGBTI y el Estado de Derecho en Rusia y en Crimea tras su anexión ilegal; condena enérgicamente la continua represión ejercida por el Gobierno ruso contra la disidencia, apuntando especialmente a las ONG independientes mediante la denominada «ley sobre los agentes exteriores», así como la persistencia y variedad de la represión contra activistas, opositores políticos y figuras críticas con el régimen; hace especial hincapié en los asesinatos de Anna Politkóvskaya, Natalia Estemirova, Boris Nemtsov, Serguéi Magnitski y Alexander Litvinenko, entre otros; pide que todos los asesinatos de activistas políticos, periodistas y denunciantes de irregularidades sean investigados de forma adecuada e independiente, que los responsables sean llevados ante la justicia como muestra de la lucha sin compromiso contra el clima de impunidad, y que se consideren medidas restrictivas y selectivas si las investigaciones llevadas a cabo no están en consonancia con las normas internacionales; reitera su llamamiento al Consejo para que cumpla su compromiso de defender estos principios y adopte, previa propuesta presentada sin demora por la VP/AR, medidas restrictivas para los funcionarios involucrados en el caso Magnitski, muy bien documentado; subraya que la obligación de Rusia de respetar los derechos humanos y las normas del Estado de Derecho proviene directamente de su calidad de miembro de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la OSCE;

22.  Subraya la importancia de mantener el apoyo político y financiero a los activistas de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los blogueros, los medios de comunicación independientes, los representantes del mundo académico que expresan su opinión, las personalidades públicas y las ONG, con el fin de promover los valores democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales en Rusia y en la ocupada Crimea; pide a la Comisión que programe una asistencia financiera más ambiciosa para la sociedad civil rusa a partir de los instrumentos financieros externos existentes; alienta a la UE a entablar contacto con los funcionarios rusos y las organizaciones de la sociedad civil que estén dispuestos a desarrollar una visión de las relaciones políticas y diplomáticas con la UE basada en la asociación y la cooperación; subraya la necesidad de promover, en la medida de lo posible, los contactos interpersonales y de mantener, a pesar del estado actual de las relaciones, un diálogo y una cooperación estrechos entre los estudiantes y los investigadores de la UE y de Rusia, así como entre las sociedades civiles y las autoridades locales, con el fin de reducir la tensión y mejorar la comprensión mutua;

23.  Pide a la Comisión que presente propuestas legislativas que garanticen la plena transparencia de la financiación política y una financiación de los partidos políticos en la UE conforme a las recomendaciones del Consejo de Europa, en lo que se refiere, en particular, a las partes interesadas políticas o económicas de fuera de la UE;

24.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia, y a los Gobiernos y Parlamentos de los países de la Asociación Oriental.

(1)1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0505.
(2)2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0383.
(3)3 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0101.
(4)4 Textos Aprobados, P8_TA(2014)0025.
(5)5 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0074.
(6) «Protocolo sobre los resultados de las consultas del Grupo de contacto trilateral», firmado el 5 de septiembre de 2014, y el «Conjunto de medidas para la aplicación de los Acuerdos de Minsk», aprobado el 12 de febrero de 2015.
(7) Resolución A/RES/68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la integridad territorial de Ucrania
(8) Resolución S/RES/2202(2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
(9)1 Medidas comunes para el establecimiento de la exención de visados para los viajes de corta duración de los ciudadanos de Rusia y de la UE.


Informe anual 2014 del Comité de Vigilancia de la OLAF
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Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2015, sobre el Informe anual 2014 del Comité de Vigilancia de la OLAF (2015/2699(RSP))
P8_TA(2015)0226RC-B8-0539/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 del Consejo(1),

–  Vista su Decisión, de 29 de abril de 2015, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas(2),

–  Vista su Decisión, de 3 de abril de 2014, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2012, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas(3),

–  Vista su Resolución, de 3 de julio de 2013, sobre el Informe anual 2011 sobre la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha contra el fraude(4),

–  Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre el Informe anual 2013 sobre la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha contra el fraude(5),

–  Visto el Informe anual de actividad 2014 del Comité de Vigilancia de la OLAF (en lo sucesivo «el CV»),

–  Visto el Dictamen nº 4/2014 del CV titulado «Control de la duración de las investigaciones realizadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude»,

–  Vista la respuesta de la OLAF al Dictamen nº 4/2014 del CV,

–  Visto el Dictamen nº 5/2014 del CV titulado «Información pública de la OLAF sobre la duración de las investigaciones»,

–  Vista la respuesta de la OLAF al Dictamen nº 5/2014 del CV,

–  Visto el Informe nº 1/2014 del CV titulado «Salvaguarda de la independencia de la OLAF en materia de investigación»,

–  Visto el Informe nº 2/2014 del CV titulado «Aplicación de las recomendaciones del Comité de Vigilancia por parte de la OLAF»,

–  Visto el Informe nº 3/2014 del CV titulado «Apertura de casos en la OLAF en 2012»,

–  Vista la respuesta de la OLAF al Informe nº 3/2014 del CV,

–  Vista la Nota del CV sobre el análisis por parte del Comité de Vigilancia del proyecto de prioridades políticas de investigación de la OLAF para 2015,

–  Visto el Informe anual de actividad 2013 del CV,

–  Visto el Dictamen nº 2/2013 del CV titulado «Establecimiento de un procedimiento interno de la OLAF de tramitación de reclamaciones»,

–  Visto el Dictamen nº 1/2014 del CV titulado «Prioridades políticas de investigación de la OLAF»,

–  Visto el Dictamen nº 2/2014 del CV titulado «Selección de casos en la OLAF»,

–  Vistas las observaciones del CV sobre los procedimientos de investigación en la OLAF,

–  Vistas las recomendaciones del CV de 2012,

–  Visto el documento del CV titulado «Misión, competencias y objetivos del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude – Estrategia a medio plazo (2014-2015)»,

–  Vistos los Acuerdos de trabajo del CV con la OLAF,

–  Vistas las preguntas formuladas a la Comisión y al Consejo sobre el Informe anual 2014 del Comité de Vigilancia de la OLAF (O-000060/2015 – B8-0553/2015, O-000061/2015 – B8-0554/2015 y O-000066/2015 – B8-0555/2015),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, en su Informe anual de actividad 2014, el Comité de Vigilancia de la OLAF señaló que en el momento de la reorganización de la OLAF (el 1 de febrero de 2012) se abrieron 423 casos en un mismo día en virtud de una decisión única del director general de la OLAF; que, basándose en su análisis, el CV concluyó que: i) la OLAF no efectuó una evaluación adecuada de la información entrante en ninguno de los casos analizados por el CV; ii) para la inmensa mayoría de los casos no había ni siquiera rastro de una actividad de evaluación; y iii) el director general de la OLAF abrió los casos en cuestión sin determinar de antemano la existencia de una sospecha suficientemente seria de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, lo cual contradice los requisitos legales aplicables a la apertura de una investigación de la OLAF y vigentes en aquel momento;

B.  Considerando que, en sus comunicaciones a las instituciones de la UE, el CV ha señalado que, pese a la clara obligación establecida en el artículo 17, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013, en 2014 el director de la OLAF no transmitió información al CV sobre las recomendaciones a la OLAF no aplicadas;

C.  Considerando que en la primera mitad de su mandato el CV emitió cincuenta recomendaciones a la atención de la OLAF, de las que solo ocho se han aplicado en su totalidad, seis se han aplicado parcialmente, una está pendiente y veinte no han sido aplicadas, y que el CV no ha podido verificar la aplicación en quince casos por no disponer de información sustantiva suficiente;

D.  Considerando que, en su Nota sobre el proyecto de prioridades políticas de investigación (PPI) de la OLAF para 2015, el CV observó que la OLAF no había tenido en cuenta las tres recomendaciones formuladas en el Dictamen nº 1/2014 del CV: i) el director general de la OLAF no había formulado recomendaciones sobre la aplicación de los principios de selección derivados del Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 (utilización eficiente de los recursos, proporcionalidad/subsidiariedad, valor añadido) y, en lugar de revisar los indicadores financieros para adaptarlos a la realidad de los programas de gasto, los había suprimido por completo; ii) el proyecto de PPI para 2015 parecía tener en cuenta varios documentos de las partes interesadas, pero al parecer no había habido diálogo alguno con las partes interesadas sobre los indicadores financieros ni sobre el posible seguimiento de los casos en los que había sospechas suficientes de fraude pero que se habían abandonado en virtud de las PPI o los principios de selección; iii) el director general de la OLAF no había transmitido al CV una evaluación de la aplicación de las PPI precedentes ni un resumen de los comentarios de las partes interesadas, pese a haberse comprometido previamente a hacerlo;

E.  Considerando que el CV ha señalado constantemente su incapacidad para supervisar la independencia de la OLAF, su función de investigación, la aplicación de las garantías procedimentales y la duración de las investigaciones, por carecer de acceso a la información necesaria;

F.  Considerando que el CV ha señalado que el principal problema por lo que respecta a la eficacia de su función supervisora no es la deficiente aplicación de los acuerdos de trabajo sino las opiniones fundamentalmente divergentes del CV y el director de la OLAF sobre la función del CV;

G.  Considerando que, en sus Resoluciones, citadas anteriormente, sobre los informes anuales 2011 y 2013 sobre la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha contra el fraude, el Parlamento pidió que se reforzara la capacidad del CV para desempeñar su función;

H.  Considerando que el CV ha pedido en varias ocasiones a las instituciones de la UE que bien refuercen sus competencias, concretamente mediante el pleno acceso a los expedientes de la OLAF, o que adopten otras medidas para garantizar la rendición de cuentas de la OLAF;

I.  Considerando que en marzo de 2014 el director general de la OLAF se comprometió a informar al CV una vez al año del número de reclamaciones recibidas, la puntualidad de su tramitación y su clasificación como justificadas o injustificadas; considerando, sin embargo, que el CV afirma que no ha recibido dicha información;

J.  Considerando que con el Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 se reforzó la función del CV de control de la duración de las investigaciones de la OLAF; que, pese al cumplimiento formal de la OLAF de su obligación de informar regularmente al CV sobre las investigaciones que duran más de doce meses, en su Dictamen nº 4/2014 titulado «Control de la duración de las investigaciones realizadas por la OLAF», el CV concluyó que la información que se le había transmitido era insuficiente para poder controlar adecuada y efectivamente la duración de las investigaciones de la OLAF;

K.  Considerando que, en su Dictamen nº 5/2014 titulado «Información pública de la OLAF sobre la duración de las investigaciones», el CV concluyó que la información sobre la duración de las investigaciones facilitada por la OLAF no había aportado una visión de conjunto de los resultados de sus actividades de investigación; que, si bien la OLAF afirmó en su informe anual que las investigaciones se estaban completando en menos tiempo, el CV concluyó que la mejora constatada en los resultados de las investigaciones de la OLAF se debía a la introducción de nuevos métodos de cálculo;

L.  Considerando que, en su Informe nº 1/2014 titulado «Salvaguarda de la independencia de la OLAF en materia de investigación», el CV pidió que se aclarara la función que desempeña la OLAF en la aplicación de la política de la Comisión de lucha contra el fraude en el sector de los cigarrillos;

M.  Considerando que el CV ha expresado en su informe anual de actividad, durante dos años consecutivos, su preocupación por la falta de transparencia en lo relativo a la participación de la OLAF en las reuniones del centro de intercambio de información de la Comisión y los riesgos inherentes para la independencia de la OLAF en materia de investigación;

N.  Considerando que el CV ha señalado a la atención de las instituciones de la UE la necesidad de aplicar lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 en relación con el funcionamiento independiente de la secretaría del CV;

O.  Considerando que el CV ha definido cuatro condiciones básicas para garantizar el funcionamiento independiente de la secretaría: i) la contratación, evaluación y promoción del jefe de la secretaría sobre la base de las decisiones del CV; ii) la reclasificación del jefe de la secretaría como directivo; iii) la contratación, evaluación y promoción del personal de la secretaría sobre la base de las decisiones del CV; iv) la subdelegación de la ejecución del presupuesto de la secretaría en su jefe;

P.  Considerando que el Parlamento ha examinado las respuestas de la OLAF a los informes y dictámenes del CV que le han sido transmitidos;

1.  Hace especial hincapié en la responsabilidad que incumbe a la OLAF de cumplir los requisitos legales aplicables a la apertura de una investigación; recuerda, en relación con los 423 casos abiertos en un mismo día, que tan solo el 8,4 % de los que se cerraron dio lugar a recomendaciones; pide al CV que haga un seguimiento regular del respeto de los requisitos legales;

2.  Remite a su Resolución, citada anteriormente, de 29 de abril de 2015, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, e insta a la OLAF a que facilite sin retrasos indebidos una justificación para los casos en los que no haya aplicado las recomendaciones del CV;

3.  Considera lamentable que el CV no haya sido capaz de concluir si se habían definido correctamente las PPI y si su aplicación había tenido consecuencias positivas o negativas para la lucha contra el fraude y la corrupción;

4.  Lamenta que el CV no esté en condiciones de cumplir plenamente su mandato; remite a sus Resoluciones, citadas anteriormente, sobre los informes anuales 2011 y 2013 sobre la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha contra el fraude, y pide a la Comisión que adopte medidas para mejorar la capacidad del CV para supervisar la independencia de la OLAF, su función de investigación, la aplicación de las garantías procedimentales y la duración de las investigaciones sin comprometer, no obstante, la independencia de la OLAF;

5.  Insta a la Comisión a que facilite las negociaciones entre la OLAF y el CV elaborando antes del 31 de diciembre de 2015 un plan de acción destinado a modificar los Acuerdos de trabajo con el fin de crear un entorno de trabajo en el que el CV pueda cumplir su mandato; considera que en los Acuerdos de trabajo modificados se debe aclarar a las partes afectadas la función del CV; señala que la secretaría del organismo de vigilancia está supeditada al control (administrativo) del organismo vigilado;

6.  Pide que se respete el compromiso del director general de la OLAF de informar al CV del número de reclamaciones recibidas, la puntualidad de su tramitación y su clasificación como justificadas o injustificadas;

7.  Insta a la OLAF a que cumpla los requisitos legales para que el CV pueda desempeñar una de sus funciones primordiales en lo tocante a la supervisión de la duración de las investigaciones de la OLAF;

8.  Celebra, no obstante, que la OLAF y el CV hayan empezado a colaborar para mejorar la información que la OLAF proporciona al CV y para completar el contenido de los informes sobre las investigaciones que duran más de doce meses;

9.  Observa que, a finales de 2014, 13 (el 10 %) de los 134 investigadores estaban destinados en la unidad de tabaco y falsificación y 44 de ellos (el 33 %) en las unidades responsables de los fondos agrícolas y estructurales, que representan el 86 % de los intereses financieros en juego (1 900 millones de euros); recomienda, por consiguiente, que la OLAF examine de nuevo la forma en que asigna sus recursos;

10.  Manifiesta su preocupación en cuanto a la transparencia de la participación de la OLAF en las reuniones del centro de intercambio de información de la Comisión;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos nacionales y al Comité de Vigilancia de la OLAF.

(1) DO L 248 de 18.9.2013, p. 1.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0118.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0287.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0318.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0062.


Situación en Hungría
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Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2015, sobre la situación en Hungría (2015/2700(RSP))
P8_TA(2015)0227RC-B8-0532/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE) y, en particular, sus considerandos segundo y cuarto a séptimo,

–  Vistos, en particular, el artículo 2, el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, los artículos 6 y 7 del TUE y los artículos del TUE y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) relativos al respeto y la promoción y protección de los derechos fundamentales en la UE,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, proclamada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, que entró en vigor con el Tratado de Lisboa en diciembre de 2009,

–  Vistos los artículos 1, 2 y 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Protocolo n° 13 al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias,

–  Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y los convenios, recomendaciones, resoluciones e informes de la Asamblea Parlamentaria, el Comité de Ministros, el Comisario para los Derechos Humanos y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa,

–  Vista su Resolución, de 3 de julio de 2013, sobre la situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2012)(1),

–  Vista su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2012)(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158),

–  Visto el Informe del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 16 de diciembre de 2014, tras su visita a Hungría del 1 al 4 de julio de 2014,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea y de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo el 16 de diciembre de 2014, sobre la forma de garantizar el respeto del Estado de Derecho,

–  Vista la audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Hungría celebrada el 22 de enero de 2015 por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

–  Vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión en el debate celebrado en el Pleno del Parlamento Europeo el 11 de febrero de 2015 sobre un marco de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales,

–  Visto el intercambio de puntos de vista que tuvo lugar el 7 de mayo de 2015 en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, a raíz de la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 30 de abril de 2015, sobre los posibles efectos, en particular en sus derechos y en su condición de miembro de la Unión Europea, de la decisión de un Estado miembro de restablecer la pena de muerte,

–  Vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión en el debate celebrado en el Pleno del Parlamento Europeo el 19 de mayo de 2015 sobre la situación en Hungría,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, y que estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad que se caracteriza por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres (artículo 2 del TUE);

B.  Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe toda discriminación y, en particular, la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual;

C.  Considerando que la abolición de la pena de muerte es una condición previa para pertenecer a la UE y que la UE mantiene una posición firme y de principio en contra de la pena de muerte, cuya abolición es un objetivo fundamental de su política de derechos humanos;

D.  Considerando que el derecho de asilo está garantizado, dentro del debido respeto de las normas de la Convención de Ginebra, de 28 de julio de 1951, y de su Protocolo, de 31 de enero de 1967, relativo al estatuto de los refugiados, y de conformidad con el TUE y el TFUE;

E.  Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos se han incorporado plenamente a la Constitución húngara; considerando, sin embargo, que los acontecimientos recientes en Hungría han suscitado preocupación por la situación en el país;

F.  Considerando que, el 28 de abril de 2015, tras los acontecimientos que se acababan de producir en Hungría, el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, hizo una declaración sobre la necesidad de iniciar un debate público acerca de la pena de muerte; que, el 30 de abril de 2015, el Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, emitió un comunicado de prensa en el que declaraba que Víktor Orbán le había asegurado que el Gobierno húngaro no tiene intención de adoptar ninguna medida para restablecer la pena de muerte y que cumplirá y acatará todos los Tratados y la legislación de la Unión Europea; que, a pesar de ello, Viktor Orbán reiteró sus declaraciones en la misma línea el 1 de mayo de 2015 durante una entrevista en la radio pública nacional, en la que añadió que la decisión de restablecer la pena de muerte debería ser de la competencia exclusiva de los Estados miembros, apartándose así de las disposiciones de los Tratados de la UE;

G.  Considerando que, en mayo de 2015, el Gobierno húngaro inició una consulta pública sobre inmigración y que ya ha llevado a cabo anteriormente varias consultas similares sobre otros temas; que la consulta pública puede ser una importante y valiosa herramienta de la que disponen los gobiernos para elaborar políticas que puedan contar con el respaldo de la población; que las preguntas han sido objeto de críticas por su naturaleza provocadora y retórica y porque establecen un vínculo directo entre los fenómenos migratorios y las amenazas a la seguridad;

H.  Considerando que, durante el intercambio de puntos de vista mantenido en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la mayoría de los grupos políticos convino en que el restablecimiento de la pena de muerte y las preguntas formuladas en la consulta pública eran inaceptables;

I.  Considerando que, en su declaración presentada en el debate celebrado en el Pleno del Parlamento Europeo el 19 de mayo de 2015 sobre la situación en Hungría, la Presidencia del Consejo de la Unión Europea señaló que el Consejo no había examinado la situación en Hungría, y que, por lo tanto, no había adoptado ninguna posición oficial sobre esta cuestión;

J.  Considerando que los esfuerzos por abordar la situación actual en Hungría no deben tener como objeto estigmatizar a un Estado miembro o gobierno en particular sino orientarse al cumplimiento de una obligación colectiva de todas las instituciones de la UE y, en particular, de la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, de garantizar la aplicación y la observancia de los Tratados y de la Carta en toda la Unión y en cada uno de los Estados miembros;

1.  Insiste en que la pena de muerte es incompatible con los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos en los que se fundamenta la Unión Europea, y en que todo Estado miembro que restablezca la pena de muerte incurrirá, en consecuencia, en una violación de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; reafirma categóricamente que la abolición de la pena de muerte constituye un hito en la evolución de los derechos fundamentales en Europa;

2.  Recuerda que una grave violación, por un Estado miembro, de los valores a que se refiere el artículo 2 del TUE pondría en marcha la aplicación del «procedimiento del artículo 7»;

3.  Condena las reiteradas declaraciones del primer ministro húngaro Viktor Orbán, con las que se fomenta un debate sobre el posible restablecimiento de la pena de muerte en Hungría, institucionalizando y alimentando así un concepto que supone una violación de los valores en los que se fundamenta la Unión; toma nota, por consiguiente, de la declaración de Víktor Orbán en la que afirma que no restablecerá la pena capital en Hungría, y subraya la responsabilidad que incumbe a un primer ministro, como jefe de gobierno, de promover los valores de la Unión y de dar ejemplo;

4.  Observa que los Estados miembros tienen el derecho soberano a efectuar consultas nacionales; recuerda, sin embargo, que las consultas deben reflejar la disposición de los gobiernos a ejercer una gobernanza responsable orientada a garantizar soluciones políticas democráticas y a respetar los valores europeos fundamentales;

5.  Censura la consulta pública sobre la inmigración y la campaña nacional de publicidad conexa puesta en marcha por el Gobierno húngaro, e insiste en que el contenido y el lenguaje utilizado en esta consulta sobre la inmigración y el terrorismo son sumamente engañosos, tendenciosos y parciales, ya que establecen un vínculo sesgado y directo entre los fenómenos migratorios y las amenazas a la seguridad; señala que las respuestas al cuestionario en línea deben complementarse con datos personales, revelando así las propias opiniones políticas, lo que contraviene las normas relativas a la protección de datos; pide, por consiguiente, que se suspenda esta consulta;

6.  Lamenta que en la consulta pública se culpe a las instituciones de la UE y a sus políticas, sin reconocer al mismo tiempo la responsabilidad de los Estados miembros en estos ámbitos; recuerda que los Estados miembros están plenamente implicados en el proceso legislativo de la UE;

7.  Pide a todos los Estados miembros que participen de manera constructiva en el actual debate sobre la Agenda Europea de Migración, que afecta por igual a las políticas interiores, exteriores y de desarrollo que deben llevarse a cabo en la Unión Europea;

8.  Considera que todos los Estados miembros han de respetar plenamente la legislación de la Unión en su práctica legislativa y administrativa y que toda la legislación, incluido el Derecho primario de cualquier Estado miembro o país candidato, debe reflejar y respetar los valores europeos fundamentales, a saber, los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

9.  Lamenta que el Consejo no haya reaccionado ante los últimos acontecimientos en Hungría, y denuncia la falta de compromiso del Consejo y de los Estados miembros para garantizar el respeto del Estado de Derecho tal como se especifica en las conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 16 de diciembre de 2014; insta al Consejo de la Unión Europea y al Consejo Europeo a que celebren un debate y aprueben las conclusiones pertinentes sobre la situación en Hungría;

10.  Observa que estos últimos sucesos han suscitado preocupación en relación con los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales en Hungría a lo largo del pasado año, lo que en su conjunto podría representar una naciente amenaza sistémica al Estado de Derecho en este Estado miembro;

11.  Insta a la Comisión a que active la primera fase del marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho e inicie inmediatamente, en consecuencia, un proceso de control pormenorizado relativo a la situación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Hungría, evaluando la posible vulneración sistémica y grave de los valores en los que se fundamenta la Unión en virtud del artículo 2 del Tratado UE, incluido el impacto conjunto de una serie de medidas que empeoran la situación de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, y valorando la aparición de una amenaza sistémica al Estado de Derecho en Hungría susceptible de degenerar en un claro riesgo de grave violación en el sentido del artículo 7 del TUE; pide a la Comisión que informe sobre esta cuestión al Parlamento y al Consejo antes de septiembre de 2015;

12.  Pide a la Comisión que presente una propuesta relativa al establecimiento de un mecanismo de la UE sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales como herramienta para el cumplimiento y la aplicación de la Carta y de los Tratados firmados por todos los Estados miembros, basándose en indicadores comunes objetivos; pide asimismo a la Comisión que proceda a una evaluación anual imparcial de la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en todos los Estados miembros, de manera indiscriminada y en pie de igualdad, que incluya una evaluación por parte de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, junto con los oportunos mecanismos de corrección de carácter vinculante, con el fin de colmar las lagunas existentes y permitir una respuesta automática y gradual a las violaciones del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales en los Estados miembros; encarga a su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que contribuya al desarrollo y la elaboración de esa propuesta mediante un informe de iniciativa legislativa que se aprobaría antes de finales de año;

13.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al Presidente, el Gobierno y el Parlamento de Hungría, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0315.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0173.


Informe de evolución de 2014 relativo a Turquía
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Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2015, sobre el Informe de evolución de 2014 relativo a Turquía (2014/2953(RSP))
P8_TA(2015)0228B8-0455/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Informe de evolución de 2014 de la Comisión relativo a Turquía (SWD(2014)0307),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 8 de octubre de 2014, titulada «Estrategia de ampliación y principales retos para 2014-15» (COM(2014)0700),

–  Vistas sus resoluciones anteriores, en particular las de 10 de febrero de 2010 sobre el Informe de 2009 relativo a los progresos realizados por Turquía(1), de 9 de marzo de 2011 sobre el Informe de 2010 relativo a los progresos realizados por Turquía(2), de 29 de marzo de 2012 sobre el Informe de situación 2011 sobre Turquía(3), de 18 de abril de 2013 sobre el Informe de 2012 relativo a los progresos realizados por Turquía(4), de 13 de junio de 2013 sobre la situación en Turquía(5), de 12 de marzo de 2014 sobre el Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Turquía(6), de 13 de noviembre de 2014 sobre las tensiones generadas por las acciones turcas en la zona económica exclusiva de Chipre(7) y de 15 de enero de 2015 sobre la libertad de expresión en Turquía(8),

–  Vista su Resolución, de 15 de abril de 2015, sobre el centenario del genocidio armenio(9),

–  Visto el marco de negociación con Turquía, de 3 de octubre de 2005,

–  Vistas la Decisión 2008/157/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2008, relativa a los principios, prioridades y condiciones contemplados en la Asociación para la adhesión con la República de Turquía(10) («Asociación para la adhesión») y las decisiones previas del Consejo de 2001, 2003 y 2006 sobre la Asociación para la adhesión,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 14 de diciembre de 2010, 5 de diciembre de 2011, 11 de diciembre de 2012, 25 de junio de 2013, 24 de octubre de 2014 y 16 de diciembre de 2014,

–  Visto el artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que establece que las partes contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en los litigios en que sean partes,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el informe del Banco Mundial sobre la evaluación de la unión aduanera entre la UE y Turquía, de 28 de marzo de 2014,

–  Visto el Informe de la Comisión sobre la evolución de Turquía en relación con el cumplimiento de los requisitos de la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados (COM(2014)0646),

–  Vista la labor de Kati Piri como ponente de turno sobre Turquía de la Comisión de Asuntos Exteriores,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que las negociaciones de adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de octubre de 2005 y que la apertura de dichas negociaciones representa el punto de partida de un largo proceso cuyo final se desconoce, sobre la base de condiciones justas y rigurosas y de un compromiso de realizar reformas;

B.  Considerando que la UE mantiene su compromiso con nuevas ampliaciones como política clave para fomentar la paz, la democracia, la seguridad y la prosperidad en Europa; que cada país candidato será juzgado por sus propios méritos y que, sobre esta base, la Comisión no prevé ninguna nueva adhesión a la UE en esta legislatura;

C.  Considerando que Turquía se ha comprometido a cumplir los criterios de Copenhague, llevar a cabo unas reformas adecuadas y eficaces, mantener relaciones de buena vecindad y alinearse progresivamente con la UE; que estos esfuerzos deben considerarse como una oportunidad para que Turquía refuerce sus instituciones y continúe su proceso de democratización y modernización;

D.  Considerando que, según las clasificaciones elaboradas por Freedom House sobre la libertad de prensa y de los medios de comunicación, Turquía figura como «no libre» en cuanto a libertad de prensa y solo «parcialmente libre» en cuanto a libertad de internet;

E.  Considerando que Reporteros sin Fronteras clasificó a Turquía entre los países en los que los periodistas sufrieron más amenazas y ataques físicos en 2014;

F.  Considerando que la UE debe seguir siendo el punto de referencia de las reformas en Turquía;

G.  Considerando que el pleno respeto de los criterios de Copenhague y la capacidad de integración de la UE, de conformidad con las Conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2006, siguen siendo la base de la adhesión a la UE;

H.  Considerando que el Estado de Derecho —en particular, la separación de poderes, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, la libertad de reunión y de protesta pacífica, la libertad de expresión y medios de comunicación, los derechos de la mujer, la libertad de religión, los derechos de las personas pertenecientes a minorías y minorías nacionales, y la lucha contra la discriminación de grupos vulnerables como la comunidad romaní y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)— es de importancia central en el proceso de negociación;

I.  Considerando que, en su Comunicación titulada «Estrategia de ampliación y principales retos para 2014-15», la Comisión llegó a la conclusión de que Turquía es un socio estratégico para la Unión Europea en términos económicos y de seguridad de la energía, y de que la cooperación en asuntos de política exterior es crucial; que, en la misma Comunicación, la Comisión expresó su preocupación en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, la independencia del poder judicial, el Estado de Derecho, el derecho de reunión y la libertad de expresión;

J.  Considerando que, por noveno año consecutivo, Turquía continúa sin aplicar las disposiciones derivadas del Acuerdo de asociación CE-Turquía y de su Protocolo adicional; que esta negativa sigue afectando de manera profundamente negativa al proceso negociador;

K.  Considerando que, con vistas a reforzar la estabilidad y promover unas relaciones de buena vecindad, Turquía debe esforzarse en mayor medida por resolver las cuestiones bilaterales pendientes, incluidas las obligaciones jurídicas y diferencias sin resolver con sus vecinos más cercanos en materia de fronteras terrestres y marítimas y de espacio aéreo, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y con el Derecho internacional;

L.  Considerando que las autoridades turcas no se mostraron de acuerdo con la reapertura del seminario ortodoxo de la isla de Heybeliada;

Situación actual de las relaciones entre la UE y Turquía

1.  Acoge con satisfacción el Informe de evolución de 2014 de la Comisión relativo a Turquía y comparte su conclusión de que Turquía es un socio estratégico clave para la UE y de que unas negociaciones activas y creíbles ofrecerían el marco más adecuado para aprovechar plenamente el potencial de las relaciones entre la UE y Turquía; hace hincapié en que el proceso de reforma en el contexto de las negociaciones con la UE podría suponer una oportunidad importante para que Turquía desarrolle un sistema democrático pluralista fuerte, con instituciones sólidas, que beneficie a todos los ciudadanos turcos, y para estrechar las relaciones con la UE; pide a la Comisión que revalúe la manera en que se han llevado a cabo las negociaciones hasta ahora y cómo pueden mejorarse e intensificarse las relaciones y la cooperación entre Turquía y la UE;

2.  Destaca que, teniendo en cuenta su proximidad geográfica, sus vínculos históricos, la numerosa comunidad turca residente en la UE, los estrechos vínculos económicos y los intereses estratégicos comunes, una relación eficaz y que funcione, basada en el diálogo, la cooperación estrecha, el compromiso mutuo y las negociaciones entre la UE y Turquía redundaría en beneficio de ambas partes; pide a Turquía que coloque el proceso de reforma en el centro de sus opciones políticas nacionales; opina que la UE debe aprovechar esta oportunidad para convertirse en el pilar principal del proceso de profundización de la democracia en Turquía promoviendo los valores universales y las normas reguladoras europeas como criterios de referencia del proceso de reforma y ayudando a Turquía a desarrollar instituciones democráticas fuertes y una legislación eficaz basada en el respeto de las libertades fundamentales, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y que representen y defiendan los intereses de todos los sectores de la sociedad turca;

3.  Anima al Gobierno turco a acelerar el ritmo de las negociaciones y le insta a comprometerse de forma inequívoca a respetar los valores y principios democráticos, que son fundamentales para la Unión Europea; apoya a la nueva Comisión en su intento por reforzar el compromiso con Turquía sobre la base de los intereses compartidos y los retos comunes; toma nota de la apertura de las negociaciones sobre el capítulo 22 (Política regional) en noviembre de 2013;

4.  Se felicita por la elección del Parlamento más inclusivo y representativo de la historia moderna de Turquía, que refleja la diversidad del país; se congratula de la resiliencia de la democracia turca y el espíritu democrático de sus ciudadanos, como demuestran una afluencia a las urnas muy elevada y la impresionante participación de voluntarios de la sociedad civil el día de las elecciones; pide a todos los partidos políticos que trabajen para instaurar un gobierno estable e inclusivo, con el fin de dar un nuevo impulso al proceso de democratización de Turquía y al diálogo con la UE sobre la reforma;

5.  Destaca la importancia de dedicar más esfuerzos a los contactos interpersonales con vistas a crear un entorno favorable de cooperación entre Turquía y la UE; subraya, por tanto, que para lograr vínculos más fuertes entre la UE y Turquía, deben alcanzarse avances más concretos en la liberalización de visados sobre la base del cumplimiento de los requisitos establecidos en la hoja de ruta para un régimen de exención de visados con Turquía; hace hincapié en que, en el periodo de transición, la UE debe facilitar a los empresarios la obtención de visados, y deben promoverse activamente los programas de intercambio académico y de estudiantes y las oportunidades de acceso para la sociedad civil; considera que mejores oportunidades de acceso a la UE constituirían un apoyo más firme al proceso de reformas en Turquía;

Estado de Derecho y democracia

6.  Observa que Turquía ha seguido aplicando las reformas de años anteriores; acoge con satisfacción, a este respecto, los cambios introducidos en el marco jurídico relativo a los partidos políticos y las campañas electorales, que ahora permite las campañas políticas en idiomas distintos del turco, legalizan la copresidencia de partido y flexibilizan las normas que rigen la organización local de los partidos políticos; reitera la importancia de que se rebaje el umbral electoral del 10 %, lo que abriría oportunidades de participación política a todos los componentes de la sociedad turca;

7.  Hace hincapié en que una nueva Constitución basada en disposiciones que fomenten una sociedad pluralista, integradora y tolerante sostendría el proceso de reformas y constituiría una base sólida para las libertades fundamentales y el Estado de Derecho; encomia el trabajo del comité de conciliación constitucional, que logró un consenso sobre 60 enmiendas constitucionales antes de su disolución; reitera su llamamiento a fin de que continúe el proceso de reforma constitucional y hace hincapié en la necesidad de que una nueva Constitución se base en un amplio consenso de todo el espectro político y de la sociedad en su conjunto; anima a Turquía a consultar a la Comisión de Venecia en el marco del proceso de reforma constitucional;

8.  Celebra la nueva estrategia elaborada por el Gobierno de Turquía para canalizar toda la nueva legislación a través del Ministerio de Asuntos de la UE, con lo que se trata de reforzar la función de coordinación del Ministerio y mejorar la adecuación de los proyectos legislativos a las normas de la UE; recomienda, a este respecto, que, siempre que sea posible, se mantengan estrechas consultas con la Comisión de Venecia y se entable un diálogo más intenso con la Comisión Europea sobre nuevos actos legislativos en preparación y sobre la aplicación de las leyes vigentes, a fin de garantizar su compatibilidad con el acervo de la UE;

9.  Resalta la importancia de una consulta adecuada a la sociedad civil en el proceso legislativo; recomienda, por ello, que se creen mecanismos de consulta estructurada con la sociedad civil como parte del proceso legislativo y de toma de decisiones y en el proceso de aplicación de los nuevos actos legislativos; alaba a la vibrante sociedad civil de Turquía; subraya que se necesitan, con urgencia, reformas de calado para garantizar la libertad de asociación y de expresión, de modo que las organizaciones de la sociedad civil puedan operar en libertad y sin restricciones y mejorar su acceso a la financiación;

10.  Apoya firmemente y alienta la iniciativa del Gobierno turco y del resto de actores para alcanzar una conclusión global y duradera en el proceso de paz con la comunidad kurda sobre la base de las negociaciones con el PKK, que figura en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, y un proceso de integración socioeconómica y política de la comunidad kurda; respalda decididamente el anuncio del HDP de un congreso extraordinario del PKK para deponer las armas y fomentar los métodos políticos democráticos; anima encarecidamente al Gobierno a que siga dando prioridad y mejorando los derechos sociales, culturales y políticos, así como la igualdad de oportunidades, de los ciudadanos de origen kurdo; acoge con satisfacción la ley que prevé un fundamento jurídico más sólido para el proceso de resolución, aprobada por la Gran Asamblea Nacional Turca el 11 de junio de 2014, que incluye medidas para la eliminación del terrorismo, el refuerzo de la inclusión social, la reintegración de quienes abandonen el PKK y depongan las armas, y la preparación de la opinión pública para el retorno de antiguos combatientes; opina que una solución satisfactoria de la cuestión kurda constituye un elemento primordial y resultaría una contribución positiva sustancial a la democracia, la paz, la estabilidad y la protección de los derechos humanos en Turquía; anima, por lo tanto, a todos los partidos políticos a que apoyen este proceso; pide a la Comisión que preste asistencia técnica y dedique recursos del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) a, entre otros fines, los programas de integración socioeconómica y educación en el sudeste de Turquía como medio para reforzar el proceso de resolución de la cuestión kurda; señala que las negociaciones sobre el capítulo 22 (Política regional) podrían servir de ayuda a Turquía para elaborar un programa efectivo de cohesión para el sudeste;

11.  Lamenta la decisión de la Dirección General de Obras Hidráulicas de Turquía de proseguir con las obras de la presa de Ilisu, que acarreará consecuencias sociales, ambientales y políticas devastadoras; recuerda que los habitantes de esta región en particular son, en su mayoría, kurdos y que la construcción tendrá graves repercusiones en la población y la cultura kurdas;

12.  Expresa su preocupación al constatar que el Índice de Percepción de la Corrupción de 2014, publicado por Transparencia Internacional el 3 de diciembre de 2014, apunta a un fuerte incremento percibido en la corrupción en Turquía durante el año pasado, de manera que ahora Turquía ocupa el puesto 64 en el índice; lamenta profundamente el modo en que el Gobierno y el Parlamento de Turquía reaccionaron ante las acusaciones de corrupción formuladas en diciembre de 2013 entre otros contra antiguos miembros del Gobierno, y que no se haya dado curso a las muy serias investigaciones sobre la corrupción; expresa su preocupación ante el enjuiciamiento penal de periodistas de investigación que siguieron los casos de corrupción; pide una investigación transparente e independiente de las acusaciones formuladas en diciembre de 2013; destaca la necesidad de más voluntad política para desarrollar un marco jurídico adecuado para combatir la corrupción, que no solamente traba el funcionamiento democrático de las instituciones y erosiona la confianza de la población en la democracia, sino que además puede ser perjudicial para el desarrollo económico y para un entorno favorable a la inversión;

13.  Expresa su preocupación ante las recientes enmiendas a la Ley sobre el Consejo Superior de Jueces y Fiscales y los consiguientes cambios de destino y destituciones de jueces y fiscales y ante las detenciones, cambios de destino y destituciones de funcionarios policiales, que han suscitado una profunda y justificada preocupación por la independencia, la imparcialidad y la eficiencia de la magistratura y por la separación de poderes y el respeto del principio del Estado de Derecho, que siguen siendo el núcleo de los criterios políticos de Copenhague; expresa su preocupación ante las frecuentes modificaciones de actos legislativos clave sin la debida consulta a las partes interesadas; acoge con satisfacción la supresión del artículo 10 de la Ley antiterrorista; expresa su preocupación, no obstante, al constatar que, debido a unas definiciones muy amplias, el alcance de la Ley antiterrorista sigue siendo excesivo y caben interpretaciones excepcionalmente amplias; recuerda la necesidad de que sea reformado el artículo 314 del Código Penal de manera que solamente puedan ser perseguidos los miembros de organizaciones armadas o terroristas y quienes contribuyan a sus actividades; pide que se adopte una estrategia de reforma del poder judicial acorde con los estándares de la UE en cooperación con todas las partes interesadas; acoge con satisfacción los primeros pasos dados hacia la reducción de la duración máxima de la prisión preventiva de diez a cinco años, pero hace hincapié en que es necesario reducirla más para evitar que la prisión preventiva se convierta de hecho en un castigo; subraya la importancia de que se constituyan tribunales de apelación regionales y se adopten todas las medidas necesarias para que se respeten las garantías procesales; anima a Turquía a que siga reformando el ordenamiento judicial con miras a garantizar el acceso equitativo y efectivo de todos los menores a la justicia;

14.  Expresa su profunda preocupación ante la Ley 6532, que entró en vigor el 26 de abril de 2014 y amplía drásticamente los poderes de la MIT (Organización Nacional de Inteligencia), mermando la libertad de los medios de comunicación, la libertad de expresión y el derecho a acceder a información de interés público, haciendo al personal de la agencia virtualmente inmune ante procedimientos judiciales y violando la privacidad al otorgar a dicha organización la posibilidad de obtener datos privados sin una orden previa del tribunal; considera que con dichas disposiciones Turquía incumple sus obligaciones derivadas del Derecho humanitario internacional y de sus propias leyes nacionales;

15.  Celebra las diversas decisiones importantes tomadas por el Tribunal Constitucional de Turquía para proteger el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, que ha puesto de manifiesto la resiliencia del ordenamiento constitucional; señala asimismo que las sentencias del Tribunal Constitucional han puesto de relieve la deficiente conducción de las investigaciones y los consiguientes procesos en los asuntos Ergenekon y Sledgehammer; celebra que el Tribunal Constitucional continúe admitiendo demandas individuales; expresa su preocupación por las modificaciones introducidas en el Código Penal, en especial por el empleo de la expresión «sospecha razonable», que abre la puerta a ataques arbitrarios contra la oposición; destaca que tales modificaciones fueron aprobadas sin consultar a la Comisión Europea, en contra de lo que se había acordado en las negociaciones;

16.  Expresa su profunda preocupación ante el alto grado de polarización política en Turquía; recuerda que el pluralismo debe ocupar un lugar central en todo régimen democrático; insta, por tanto, al fomento del diálogo en todo el espectro político turco; destaca que este diálogo es indispensable por lo que se refiere a procesos clave de reforma a largo plazo, una nueva constitución y las conversaciones para la resolución de la cuestión kurda; pide al partido gobernante y a la oposición que se esfuercen por cooperar y llegar al consenso, y que incorporen activamente a la sociedad civil en los procesos de adopción de decisiones;

Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales

17.  Celebra la adopción en marzo de 2014 del Plan de Acción para la Prevención de Violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) como paso significativo en la adaptación del marco jurídico turco a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y confía en que el Gobierno seguirá tomando medidas para aplicar sus recomendaciones; subraya que la pertenencia de Turquía al Consejo de Europa la obliga a aplicar unos elevados estándares políticos y jurídicos y pide a Turquía que se comprometa plenamente ante el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia a llevar a cabo su proceso de reformas; recuerda que el avance de las negociaciones de adhesión depende del respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

18.  Observa con preocupación que siguen pendientes la mayoría de las investigaciones sobre los acontecimientos del parque Gezi de mayo y junio de 2013 y las acusaciones relativas al uso desproporcionado de la fuerza y los abusos policiales, y que se ha avanzado poco en la identificación de los presuntos responsables; subraya que, tras recibir una serie de denuncias sobre el uso de la fuerza por funcionarios de policía durante las protestas de Gezi, el Defensor del Pueblo emitió un informe en el que constató el uso desproporcionado de la fuerza; pide a las autoridades turcas que indemnicen a todas las víctimas que eran manifestantes pacíficos o no eran manifestantes y se encontraban por casualidad en el lugar de los hechos; pide que se lleven a cabo investigaciones eficaces e imparciales de todos los casos de presuntos malos tratos por parte de funcionarios del Estado y que se lleve a los responsables ante la justicia; subraya la necesidad de que se adopten normas claras sobre el papel de las fuerzas del orden y el uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales; insta enérgicamente a que se levanten las restricciones a la celebración de reuniones pacíficas y destaca que no deben utilizarse otras leyes, como la legislación antiterrorista, para impedir que se ejerza el derecho a protestar pacíficamente, y que manifestarse pacíficamente no debe ser motivo de detención; pide al Gobierno turco que establezca unos controles y contrapesos adecuados, objetivos y transparentes sobre la potestad de las fuerzas de seguridad; recomienda a las autoridades turcas que pongan en marcha un mecanismo independiente y eficaz para tramitar quejas contra la policía; expresa su profunda preocupación ante el paquete sobre seguridad interior, que es contrario al principio de supervisión judicial de las actividades policiales y tiene un ámbito de aplicación excesivo;

19.  Subraya la necesidad de que se revise la ley turca sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos para convertirla en un organismo independiente, dotado con los recursos adecuados, que rinda cuentas ante los ciudadanos y en el que participen grupos de la sociedad civil; toma nota de las recomendaciones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo, que incluye la petición de que la policía haga un uso de la fuerza gradual y proporcionado, y solo como último recurso y bajo supervisión; destaca la importancia de que se refuerce el derecho de iniciativa del Defensor del Pueblo y su capacidad de realizar controles sobre el terreno, y de que se garantice un seguimiento adecuado de sus decisiones;

20.  Alaba a Turquía por el crecimiento de la sociedad civil romaní; espera que se brinde apoyo y tiempo a las nuevas organizaciones romaníes para que puedan participar de una manera constructiva en iniciativas de cooperación destinadas a elaborar y poner en práctica medidas a nivel local y nacional; recomienda al Gobierno que combine los proyectos de vivienda existentes con aspectos sociales y a largo plazo como la asistencia sanitaria y la educación; acoge con satisfacción los planes de acción generales para la lucha contra la discriminación que podrían facilitar el acceso de la comunidad romaní al mercado laboral;

21.  Insta al Gobierno de Turquía a que garantice la libertad de los medios de comunicación con carácter prioritario y a que disponga un marco jurídico adecuado que garantice el pluralismo en consonancia con las normas internacionales; condena los esfuerzos del Gobierno turco para prohibir el acceso a medios sociales y sitios web o para cerrar estos últimos sin orden judicial, su enfoque restrictivo de la libertad de expresión y la presión ejercida sobre medios de comunicación y periodistas, con el resultado frecuente de intimidación, despidos y detenciones de periodistas y una extendida autocensura; señala que las violaciones de la libertad de expresión aumentaron tras el escándalo de corrupción de diciembre de 2013; considera necesario que se establezca un marco jurídico para hacer posible la plena transparencia de la propiedad de los grupos de comunicación; reitera el compromiso de la UE con la libertad de expresión en todas sus formas y pide a la Delegación de la UE en Turquía que mantenga el seguimiento de los juicios de periodistas y defensores de los derechos humanos;

22.  Condena las recientes redadas policiales y la detención de varios periodistas y representantes de los medios de comunicación el 14 de diciembre de 2014; recuerda que una prensa libre y plural es el principio central de toda democracia, al igual que las garantías procesales y la independencia judicial; destaca, por lo tanto, la necesidad, en todos los casos, i) de que se facilite información exhaustiva y transparente sobre las acusaciones contra los imputados, ii) de que se garantice a los imputados pleno acceso a las pruebas incriminatorias y el ejercicio íntegro de su derecho de defensa, y iii) de que se garantice un tratamiento adecuado de los casos para comprobar la veracidad de las acusaciones sin demora y fuera de toda duda razonable; pide a las autoridades de Turquía que examinen y aborden esos asuntos lo antes posible y que se adhieran a las normas internacionales en materia de garantías procesales, en caso de que decidan seguir adelante con los procesos;

23.  Afirma que la reciente acción del Gobierno turco contra la libertad de prensa y la pluralidad de opinión es incompatible con los derechos fundamentales de la UE y, por lo tanto, entra en conflicto con el espíritu del proceso de negociaciones;

24.  Opina que, de conformidad con el compromiso de la UE con el Estado de Derecho y los valores fundamentales, se precisan con urgencia en Turquía reformas en los ámbitos del poder judicial y los derechos fundamentales, y de la justicia, la libertad y la seguridad respectivamente; cree, además, que facilitar los criterios de referencia iniciales para abrir los capítulos 23 (poder judicial y derechos fundamentales) y 24 (justicia, libertad y seguridad) constituye un importante paso para fomentar reformas realmente efectivas y garantizar que el proceso de reformas en Turquía se configure de acuerdo a los valores y normas de la UE; reitera su llamamiento al Consejo para que, en cuanto se cumplan los criterios fijados, comiencen las negociaciones relativas al poder judicial y los derechos fundamentales y a la justicia, libertad y seguridad; pide a Turquía que coopere lo más posible en este sentido; pide a la Comisión que promueva sin demora un diálogo y una cooperación más amplios con Turquía en los ámbitos comprendidos en los capítulos 23 y 24 para favorecer un entendimiento común sobre las reformas necesarias;

25.  Celebra la decisión de aumentar la financiación de las reformas relacionadas con el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, los asuntos de interior y la sociedad civil a través del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) II para el periodo 2014-2020; señala que la aplicación del Estado de Derecho, la democracia y las libertades fundamentales son la clave del apoyo de preadhesión (IAP II); recuerda la conclusión del Consejo de diciembre de 2014 según la cual se introducirá una mayor coherencia entre la asistencia financiera y los progresos globales en la ejecución de la estrategia de preadhesión, incluido el pleno respeto del Estado de Derecho y las libertades fundamentales; pide, además, a la Comisión Europea que siga atentamente la aplicación del IAP II en todos los países candidatos y que dedique recursos del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) a apoyar la libertad de expresión, es decir, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, la libertad de asociación y de reunión, los derechos sindicales y la libertad de pensamiento;

26.  Toma nota de la contribución de Turquía a la entrada en vigor el 1 de agosto de 2014 del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul); expresa, no obstante, su preocupación ante los persistentes altos niveles de violencia contra las mujeres, así como la ausencia de medidas de protección en el marco del Derecho nacional para prevenir la violencia contra las mujeres; pide a las autoridades turcas que dispongan suficientes centros de acogida para las mujeres y niños que sean víctimas de la violencia; recomienda al Gobierno de Turquía que promueva la igualdad de género en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o en cualquier otro; pide al Gobierno de Turquía que, en cooperación con la sociedad civil y con las asociaciones empresariales pertinentes, dé facilidades a las mujeres emprendedoras y reduzca los obstáculos al acceso de las mujeres a actividades económicas, y le insta, a este respecto, a que se fije un objetivo ambicioso en materia de acceso de las mujeres al empleo; señala que Turquía ocupa el puesto 125 de 142 países en el Índice Global de Disparidad entre Géneros, del Foro Económico Mundial; lamenta profundamente los comentarios de algunos funcionarios y representantes del Gobierno turco sobre el papel de las mujeres en la sociedad turca y destaca la importancia de combatir los estereotipos y los prejuicios contra las mujeres en la sociedad;

27.  Subraya la importancia de proseguir con el proceso de reforma en el ámbito de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, permitiendo a las comunidades religiosas dotarse de personalidad jurídica, eliminando todas las restricciones a la formación, designación, residencia legal y sucesión del clero, y velando por la correcta aplicación de todas las resoluciones del TEDH en la materia y las recomendaciones de la Comisión de Venecia; destaca, a este respecto, la necesidad de fomentar el diálogo con la comunidad aleví, reconocer plenamente las casas Cem como lugares de culto, permitir la reapertura del seminario grecoortodoxo de Halki y levantar todos los obstáculos para su normal funcionamiento y permitir el uso oficial del título eclesiástico del Patriarca Ecuménico; solicita a las autoridades turcas competentes que resuelvan todas las cuestiones pendientes relacionadas con la restitución de las tierras pertenecientes al monasterio de Mor Gabriel y otras reclamaciones de tierras de la Iglesia Siria; recuerda la relevancia de implementar debidamente las recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre Imvros y Tenedos con respecto a la protección de la propiedad y los derechos educativos; destaca la necesidad de respetar plenamente, en consonancia con los valores europeos, el derecho a elegir distintos modos de vida, tanto seculares como basados en la fe, y de mantener la separación entre Estado y religión; destaca la importancia de proteger los derechos de las minorías; lamenta que, tras la derogación hace dos años de la ley anterior y debido al vacío jurídico existente, las fundaciones benéficas no musulmanas no puedan elegir a sus órganos directivos;

28.  Subraya la necesidad de reconocer el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio;

29.  Pide a Turquía que haga un serio esfuerzo por proteger los derechos de la comunidad LGBTI, y considera que la creación de un organismo específico que luchase contra la discriminación, la incitación al odio, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia reforzaría los derechos individuales en Turquía; pide a Turquía, asimismo, que adopte una ley integral contra la discriminación en la que se incluya la prohibición de la discriminación y la incitación al odio por motivos étnicos, religiosos, de orientación sexual o de identidad de género, y que incorpore dicha prohibición a una nueva constitución; expresa su preocupación por los frecuentes ataques a personas transgénero y por la falta de protección de las personas LGBTI contra los actos de violencia; lamenta profundamente que los crímenes motivados por el odio contra las personas LGBTI suelan quedar impunes y que las sentencias a los infractores se reduzcan aduciéndose la «provocación injustificada» de la víctima; reitera su petición al Gobierno de Turquía de que dé instrucciones a las fuerzas armadas para que dejen de clasificar la homosexualidad y la transexualidad como «enfermedad psicosexual»;

30.  Manifiesta su pesar por la pérdida de numerosas vidas humanas como consecuencia de las catástrofes en las minas de Soma y Ermenek; se felicita por la ratificación por parte de Turquía del Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y pide su rápida aplicación; subraya la relevancia de resolver las cuestiones de la salud y seguridad de los trabajadores en todos los sectores e insta a las autoridades turcas a que la investigación de los accidentes laborales mortales sea más transparente; considera que la libertad sindical, el diálogo social y la participación de los interlocutores sociales son vitales para el desarrollo de una sociedad próspera y plural, y destaca la importancia de lograr nuevos avances en los ámbitos de la política social y el empleo basados en la correcta y rápida aplicación de los convenios de la OIT; toma nota de las deficiencias legislativas en materia de derechos laborales y sindicales; destaca que el derecho a organizarse, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga de los empleados del sector privado y los funcionarios públicos deben ajustarse al acervo de la UE y a las normas internacionales; insta al Gobierno de Turquía a preparar una hoja de ruta para mejorar la legislación y adaptarla a las normas de la OIT; resalta la importancia de que Turquía cumpla los criterios iniciales en materia de política social y empleo; pide a la Comisión que proporcione a Turquía la asistencia técnica adecuada en el ámbito de la reforma laboral y fomente los estándares de la UE;

31.  Pide a Turquía que regule las condiciones laborales existentes en el caso de, por ejemplo, los trabajadores a tiempo parcial, que actualmente están expuestos a condiciones laborales deficientes, a la inestabilidad en el empleo y a dificultades para afiliarse a organizaciones sindicales; constata que la minería y la construcción son los sectores más peligrosos en Turquía, y pide investigaciones transparentes de los accidentes laborales mortales;

32.  Pide al Gobierno turco que suspenda sus planes para la construcción de la central nuclear Akkuyu; señala que la ubicación prevista se encuentra en una región proclive a terremotos graves, lo que no solo supone una amenaza importante para Turquía, sino también para la región del Mediterráneo; solicita al Gobierno turco, por tanto, que se adhiera al Convenio de Espoo, por el que las partes adquieren un compromiso de notificación y consulta recíprocas respecto de los grandes proyectos que puedan tener un importante impacto adverso en el medio ambiente más allá de sus fronteras; a tal efecto, solicita al Gobierno turco que asocie a los Gobiernos de los países limítrofes, o al menos les consulte, cuando se den nuevos pasos en el proyecto de Akkuyu;

Intereses compartidos y retos comunes

33.  Pone de relieve la magnitud de los beneficios de la unión aduanera entre la UE y Turquía; recuerda que, desde el comienzo de la unión aduanera en 1996, el valor del comercio bilateral entre Turquía y la UE se ha multiplicado por un factor superior a cuatro, con un importante incremento paralelo de la inversión extranjera directa de la UE en Turquía y una mayor integración entre empresas turcas y europeas en beneficio de ambas partes; destaca en este contexto, no obstante, que todo incremento del impacto positivo de la unión aduanera está vinculado estrechamente con el cumplimiento de sus normas y requisitos, por lo que le preocupa enormemente los cada vez más numerosos problemas de las empresas europeas que comercian con Turquía; observa que la evaluación reciente de la unión aduanera por parte del Banco Mundial destaca la necesidad de introducir varias reformas para mantener un entorno propicio a una cooperación económica estrecha, también en el futuro; señala, en particular, la necesidad de (i) ampliar la unión aduanera a los productos agrícolas, los servicios y la contratación pública, (ii) crear unas condiciones favorables para que prosiga el aumento de las relaciones comerciales, entre otras medidas, mediante la expedición de visados para viajes de negocios, y (iii) mantener consultas intensivas entre la UE y Turquía sobre la repercusión en Turquía de los acuerdos de libre comercio firmados por la UE con países terceros;

34.  Considera que el diálogo político entre Turquía y la UE debe completarse con un diálogo económico periódico, estructurado y de alto nivel acerca de cuestiones de interés compartido, incluidas las relaciones comerciales con países terceros; subraya, en este sentido, la interacción entre el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho y desarrollo económico; cree en la importancia del desarrollo y el fortalecimiento del marco económico, institucional y jurídico de Turquía en el ámbito de la política económica y monetaria, especialmente en lo que se refiere a la independencia del Banco Central, y considera que esto podría contribuir a la adaptación de Turquía al acervo; señala que la cooperación económica se vería considerablemente reforzada si Turquía cumpliera adecuadamente las normas de la UE en materia de contratos públicos, competencia y política social y de empleo;

35.  Reafirma su apoyo al acuerdo de readmisión con la UE, que entró en vigor el 1 de octubre de 2014; alienta a la Comisión a que siga vigilando los progresos de Turquía en relación con el cumplimiento de los requisitos de la hoja de ruta de liberalización de visados; acoge con satisfacción los esfuerzos efectivos hechos para cumplir los criterios establecidos en la hoja de ruta de liberalización de visados; recuerda que el diálogo sobre liberalización de visados es un proceso basado en los méritos, y que Turquía debe cumplir todos los requisitos fijados en la hoja de ruta de liberalización de visados, en particular la aplicación plena y efectiva de todas las disposiciones del acuerdo de readmisión; reitera la obligación de Turquía de aplicar plena y efectivamente el acuerdo de readmisión y la liberalización de visados con todos los Estados miembros, de modo que los ciudadanos de todos los Estados miembros de la UE puedan acceder a territorio turco sin visado y de forma no discriminatoria; pide a Turquía que aplique los acuerdos de readmisión bilateral existentes íntegra y eficazmente; recuerda que Turquía es uno de los principales países de tránsito para la migración irregular hacia la UE y pide la mejora de la cooperación transfronteriza de Turquía con los Estados miembros limítrofes a este respecto; se congratula por la entrada en vigor de la Ley de extranjería y protección internacional y la creación de una Dirección General de Gestión de la Migración en abril de 2014, ya que constituyen pasos esenciales hacia la adaptación a las normas de la UE relativas a la protección internacional de los migrantes regulares e irregulares; señala que es preciso aumentar la cooperación entre Turquía y todos los Estados miembros de la UE con el fin, en particular, de reforzar la gestión de las fronteras comunes con todos los Estados miembros de la UE; destaca la necesidad de que Turquía siga reforzando la seguridad fronteriza para combatir la migración irregular hacia los países de la UE;

36.  Recuerda la importancia estratégica de Turquía para la seguridad energética de la UE y considera a Turquía un socio importante en el sector de la energía; señala que los tres proyectos relativos al corredor de gas meridional aprobados a finales de 2013 mejorarán la seguridad del suministro de gas en Turquía y el acceso a la UE como principal mercado energético; considera que, en un contexto de creciente competitividad de los mercados de la energía y de necesidad de diversificación de las fuentes de energía y las rutas de transporte, Turquía puede ofrecer una contribución importante a la seguridad energética y a los ambiciosos objetivos de diversificación energética de la UE, dado su enorme potencial en materia de energías renovables; muestra su preocupación por el incremento de la cooperación entre Turquía y Rusia en materia de energía, y considera, por consiguiente, que la UE debe agilizar las negociaciones relativas a la energía;

37.  Recuerda la posición estratégica de Turquía como socio de la UE y miembro de la OTAN y, por lo tanto, su crucial importancia geopolítica y su relevancia de cara a una estrategia global para solucionar las cuestiones de seguridad y estabilidad en sus países vecinos al este y al sur, con especial referencia a Siria e Irak; señala que los gravísimos acontecimientos vividos en la región y los atentados en suelo europeo hacen indispensable incrementar el diálogo y la cooperación con la UE sobre cuestiones de política exterior en el marco del diálogo político UE-Turquía; pide a Turquía que tome parte activa en la coalición internacional contra grupos terroristas como el EIIL y que para ello emplee todos los recursos a su alcance; pide a Turquía que intensifique las medidas para impedir que a través de su territorio lleguen fondos, equipos o los llamados combatientes extranjeros al EIIL u otros grupos terroristas; destaca la necesidad de que prosiga el diálogo periódico entre la UE y Turquía en materia antiterrorista, así como la adopción de medidas y acciones concretas, como parte de los esfuerzos comunes por luchar contra el terrorismo en todas sus formas; pide a Turquía que garantice el control efectivo de sus fronteras al tiempo que presta la asistencia necesaria, en forma de ayuda humanitaria, a los refugiados que llegan de Siria, y que vele por la seguridad de las víctimas de guerra civil siria; subraya la importancia de incrementar la frecuencia del diálogo y las consultas de alto nivel entre la UE y Turquía en cuestiones de política exterior y de seguridad con el fin de garantizar la complementariedad recíproca de nuestras políticas y el alineamiento de la política exterior de Turquía con la de la UE;

38.  Considera que debería invitarse al Ministro de Asuntos Exteriores turco a asistir a las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores siempre que resulte oportuno; estima que es necesario un marco para el diálogo estructurado, la cooperación y la coordinación en asuntos de política exterior, seguridad y defensa;

39.  Lamenta que aún no se haya retirado la amenaza de casus belli declarada por la Gran Asamblea Nacional turca contra Grecia, a pesar del satisfactorio desarrollo del diálogo y la cooperación entre Grecia y Turquía;

40.  Encomia la ayuda continuada de Turquía a los aproximadamente 1,6 millones de refugiados procedentes de Irak y Siria, así como su política de apertura de fronteras con fines humanitarios; acoge con satisfacción la adopción en octubre de 2014 de la Directiva de protección temporal, que garantiza un estatuto jurídico seguro a los refugiados y les permite obtener tarjetas de identidad y acceder al mercado de trabajo; pide a la UE que siga prestando apoyo económico y ayuda humanitaria a los refugiados sirios e iraquíes en Turquía; pone de relieve que los campos de refugiados han alcanzado su capacidad máxima y que la necesidad de buscar alojamiento supone una pesada carga para su vida y sus recursos; opina que la UE debe apoyar activamente al Gobierno de Turquía en la definición de programas de ayuda a largo plazo para los refugiados y promover el acceso a la educación, la sanidad y el empleo (legal); solicita a la Comisión que incremente los recursos disponibles en el IAP II y el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz para contribuir a la prestación de ayuda adecuada a las comunidades locales afectadas por flujos importantes de refugiados; pide asimismo a los Estados miembros que ofrezcan plazas de reasentamiento (temporal) a los refugiados más vulnerables, con un auténtico espíritu de responsabilidad compartida;

41.  Pide a Turquía que, con el apoyo técnico y económico de sus socios, dé acceso a la educación al creciente número de niños sirios que viven en su territorio;

Fomento de las relaciones de buena vecindad

42.  Insta al Gobierno de Turquía a que ponga fin a las reiteradas violaciones del espacio aéreo y de las aguas territoriales de Grecia, así como a los vuelos de aeronaves militares turcas sobre las islas griegas;

43.  Pide al Gobierno turco que firme y ratifique sin dilación la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que ha sido firmada y ratificada por la UE y sus 28 Estados miembros, y subraya la plena legitimidad de la República de Chipre para celebrar acuerdos bilaterales que afecten a su zona económica exclusiva; reitera su llamamiento a Turquía para que respete los derechos soberanos de todos los Estados miembros, incluidos los relativos a la exploración y explotación de los recursos naturales cuando se ajusten al acervo de la UE y al Derecho internacional; pide a Turquía que se abstenga de toda acción que pueda dañar las relaciones de buena vecindad y o sea contrario a un clima propicio para el arreglo pacífico de diferencias bilaterales;

44.  Lamenta la negativa de Turquía a cumplir su obligación de aplicar íntegramente y de manera no discriminatoria el Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación CE-Turquía respecto de todos los Estados miembros; recuerda que esta negativa sigue afectando profundamente al proceso negociador;

45.  Reitera su firme apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la base de un acuerdo justo y viable para ambas comunidades bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas y de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con los valores y principios en que está fundada la UE, y a una federación de dos comunidades y dos zonas geográficas con una única soberanía, una única personalidad jurídica y una única ciudadanía, con igualdad política entre ambas comunidades e igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos; acoge favorablemente el anuncio del Enviado Especial de las Naciones Unidas según el cual los líderes de ambas comunidades van a reanudar las negociaciones bajos los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas en cuanto resulte posible, y muestra su firme apoyo a la labor del Asesor Especial de las Naciones Unidas sobre Chipre para crear las condiciones que permitan la reanudación de las conversaciones; confía en que el mensaje de reunificación y reconciliación del líder turcochipriota recién elegido abra una nueva oportunidad para el proceso negociador; pide a Turquía y a todas las partes interesadas que apoyen activamente las negociaciones sobre la reunificación y que tomen las medidas necesarias para la normalización de las relaciones con Chipre; pide a Turquía que comience a retirar sus fuerzas militares de Chipre y transfiera la zona inaccesible de Famagusta a las Naciones Unidas, de conformidad con la Resolución 550 (1984) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; pide paralelamente a la República de Chipre que abra el puerto de Famagusta, bajo la supervisión aduanera de la UE, con el fin de promover un entorno positivo para la solución satisfactoria de las negociaciones de reunificación en curso y permitir a los turcochipriotas comerciar directamente con la UE de un modo legal y aceptable para todos;

46.  Recuerda las decisiones pertinentes del TEDH y pide al Gobierno turco que ponga fin de inmediato a la violación de los derechos humanos de los ciudadanos chipriotas y deje de privarlos del disfrute y el ejercicio de sus derechos de propiedad y religiosos y otros derechos humanos que emanan del orden constitucional de la República de Chipre y del acervo comunitario, así como de los principios fundamentales y los valores de la UE;

47.  Deplora la política de asentamientos de Turquía y pide a Turquía que se abstenga de seguir asentado a ciudadanos turcos en las zonas ocupadas de Chipre en contra de la Convención de Ginebra y de los principios del Derecho internacional; insta a Turquía a poner fin a todas las acciones que alteren el equilibrio demográfico en la isla y que impidan, por ende, una futura solución;

48.  Pide a Turquía que otorgue al Comité sobre Personas Desaparecidas acceso ilimitado a los archivos y zonas militares pertinentes en la zona norte de Chipre para poder realizar exhumaciones y que proporcione toda la información relevante que conduzca al descubrimiento de restos reubicados; reclama que se conceda especial consideración al trabajo llevado a cabo por el Comité de Personas Desaparecidas;

49.  Insta a Turquía y a Armenia a normalizar sus relaciones ratificando sin condiciones previas los protocolos sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas, abriendo la frontera y mejorando activamente sus relaciones, en especial en lo relativo a la cooperación transfronteriza y la integración económica; se congratula por el diálogo en curso entre Turquía y Armenia;

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50.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Secretario General del Consejo de Europa, al Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de la República de Turquía.

(1) DO C 341 E de 16.12.2010, p. 59.
(2) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 98.
(3) DO C 257 E de 6.9.2013, p. 38.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0184.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0277.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0235.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0052.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0014.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0094.
(10) DO L 51 de 26.2.2008, p. 4.

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