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Textos aprobados
Miércoles 8 de julio de 2015 - EstrasburgoEdición definitiva
Negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)
 Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia (Protocolo para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la UE) ***
 Acuerdo de Estabilización y Asociación con Serbia (Protocolo para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la UE) ***
 Cooperación científica y tecnológica con la India: renovación del Acuerdo ***
 Cooperación científica y tecnológica con las Islas Feroe: Horizonte 2020 ***
 Gobernanza empresarial: implicación a largo plazo de los accionistas y transparencia ***I
 Reserva de estabilidad del mercado en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión ***I
 Gente de mar ***I
 Acuerdo sobre cooperación científica y técnica con Suiza: Horizonte 2020 y actividades del ITER ***
 Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros *
 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2015/001 FI/Broadcom, de Finlandia
 Presupuesto 2016 - Mandato para la negociación tripartita
 Iniciativa de Empleo Verde
 La elusión fiscal y la evasión fiscal como obstáculos en los países en desarrollo

Negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)
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Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión Europea relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) (2014/2228(INI))
P8_TA(2015)0252A8-0175/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las directrices de negociación de la UE relativas a la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (ATCI), entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, aprobadas por unanimidad por el Consejo el 14 de junio de 2013(1) y desclasificadas y hechas públicas por el Consejo el 9 de octubre de 2014,

–  Vistos los artículos 168 a 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular el principio de cautela establecido en el artículo 191, apartado 2,

–  Vista la declaración conjunta de la Cumbre UE-Estados Unidos, de 26 de marzo de 2014(2),

–  Vista la declaración conjunta de 20 de marzo de 2015 de la comisaria Cecilia Malmström y el representante de Comercio de los Estados Unidos Michael Froman sobre la exclusión de los servicios públicos en los acuerdos comerciales entre la UE y los EE.UU.,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la ATCI, de 20 de marzo de 2015,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la ATCI, de 21 de noviembre de 2014(3),

–  Vista la declaración conjunta, de 16 de noviembre de 2014, realizada por el presidente estadounidense, Barack Obama, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, el primer ministro británico, David Cameron, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés, François Hollande, el primer ministro italiano, Matteo Renzi, y el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tras su reunión celebrada al margen de la Cumbre del G-20 que tuvo lugar en Brisbane, Australia(4),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio de 2014(5),

–  Vistas las orientaciones políticas del presidente Juncker, de 15 de julio de 2014, dirigidas a la próxima Comisión y tituladas «Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático»(6),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 25 de noviembre de 2014, relativa a la transparencia en el marco de las negociaciones de la ATCI (C(2014)9052)(7), las Decisiones de la Comisión, de 25 de noviembre de 2014, relativas a la publicación de información acerca de las reuniones celebradas entre miembros de la Comisión y organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia (C(2014)9051) y a la publicación de información acerca de las reuniones celebradas entre directores generales de la Comisión y organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia (C(2014)9048), las sentencias y los dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-350/12 P, 2/13, 1/09) sobre el acceso a los documentos de las instituciones, y la Decisión de la Defensora del Pueblo Europeo, de 6 de enero de 2015, por la que se archiva su investigación por iniciativa propia (OI/10/2014/RA) relativa a la Comisión Europea sobre la tramitación de solicitudes de información y acceso a los documentos (transparencia),

–  Vista la declaración conjunta, de 3 de diciembre de 2014, del Consejo de Energía UE-Estados Unidos(8),

–  Visto el enfoque integrado de la UE en materia de seguridad alimentaria («De la granja a la mesa»), adoptado en 2004(9),

–  Visto el informe de la Comisión, de 13 de enero de 2015, sobre la protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados en la ATCI (SWD(2015)0003),

–  Vistas las propuestas de textos de la Unión Europea presentadas para ser examinadas con los EE.UU. en las rondas de negociación de la ATCI, en particular las que han sido desclasificadas y hechas públicas por la Comisión, entre otras, los documentos de posición de la UE titulados «TTIP regulatory issues - engineering industries» (Cuestiones reglamentarias ATCI - Industrias de ingeniería)(10), «Test–case on functional equivalence: proposed methodology for automotive regulatory equivalence» (Caso de prueba sobre equivalencia funcional: metodología propuesta para equivalencia normativa en el sector del automóvil)(11), y «Trade and sustainable development chapter/labour and environment: EU paper outlining key issues and elements for provisions in the TTIP» (Capítulo relativo al comercio y el desarrollo sostenible / trabajo y medioambiente: documento de la UE en el que se describen las cuestiones y elementos fundamentales de las disposiciones de la ATCI)(12), y las propuestas de textos sobre obstáculos técnicos al comercio(13), medidas sanitarias y fitosanitarias(14), aduanas y facilitación del comercio(15), pequeñas y medianas empresas (pymes)(16), posibles disposiciones en materia de competencia(17), posibles disposiciones sobre empresas públicas y empresas a las que se han otorgado derechos o privilegios especiales o exclusivos(18), posibles disposiciones en materia de subvenciones(19) y solución de diferencias(20), así como disposiciones iniciales sobre cooperación en materia de regulación(21),

–  Vistos el dictamen del Comité de las Regiones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) (ECOS-V-063), aprobado durante la 110ª sesión plenaria (11-13 de febrero de 2015), y el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 4 de junio de 2014, sobre las relaciones comerciales transatlánticas y el punto de vista del CESE sobre el refuerzo de la cooperación y un posible acuerdo de libre comercio UE-EE.UU.,

–  Visto el informe final, de 28 de abril de 2014, elaborado por ECORYS para la Comisión titulado «Trade Sustainability Impact Assessment (Trade SIA) in support of negotiations of a comprehensive trade and investment agreement between the European Union and the United States of America» (Evaluación de impacto sobre la sostenibilidad del comercio en apoyo de las negociaciones de un acuerdo global de comercio e inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América)(22),

–  Visto el informe de la Comisión de 2015 sobre los obstáculos al comercio y a la inversión (COM(2015)0127)(23),

–  Visto el documento titulado «Detailed Appraisal of the European Commission’s Impact Assessment on EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership» (Balance detallado de la evaluación de impacto de la Comisión Europea sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión entre la UE y los EE.UU.), publicado en abril de 2014 por CEPS para el Parlamento,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones, en particular la de 23 de octubre de 2012 sobre las relaciones económicas y comerciales con los Estados Unidos(24), de 23 de mayo de 2013 sobre las negociaciones en materia de comercio e inversión entre la UE y los Estados Unidos de América(25), y de 15 de enero de 2015 sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2013(26),

–  Vistos el artículo 108, apartado 4, y el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión de Cultura y Educación, la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Peticiones (A8-0175/2015),

A.  Considerando que las exportaciones a través del comercio y el crecimiento a través de las inversiones son motores fundamentales de creación de empleo y de crecimiento económico que no exigen inversiones públicas;

B.  Considerado que el PIB de la UE depende en gran medida del comercio y de la exportación y se beneficia de un comercio y unas inversiones basados en normas, y que un acuerdo ambicioso y equilibrado con los Estados Unidos debería apoyar la reindustrialización de Europa y contribuir a conseguir el objetivo de que el PIB de la UE correspondiente a la industria pase del 15 % al 20 % en 2020 reforzando el comercio transatlántico tanto de productos como de servicios; que tiene potencial para crear oportunidades, en especial para las pymes, las microempresas, de acuerdo con la definición de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, las agrupaciones y redes de empresas que se ven mucho más afectadas por las barreras no arancelarias que las empresas más grandes, puesto que estas últimas tienen economías de escala que les permiten acceder con facilidad a los mercados a ambas orillas del Atlántico; que un acuerdo entre los dos bloques económicos mayores del mundo tiene potencial para elaborar normas y reglamentaciones que se adoptarán a nivel mundial, lo que redundaría asimismo en beneficio de terceros países y evitaría una mayor fragmentación del comercio mundial; que, si no se logra negociar un acuerdo, serán otros terceros países con diferentes normas y valores quienes asuman este papel;

C.  Considerando que nueve Estados miembros de la Unión Europea ya han firmado un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, lo que permite a la ATCI inspirarse en las buenas prácticas y responder mejor a los obstáculos que encuentran dichos Estados;

D.  Considerando que las recientes crisis en las fronteras de la UE y los acontecimientos producidos en todo el mundo demuestran la necesidad de invertir en la gobernanza mundial y en un sistema basado en normas y valores;

E.  Considerando que, dada la creciente interconexión de los mercados mundiales, es fundamental que los responsables políticos configuren y promuevan la interacción de los mercados; que contar con reglas comerciales adecuadas y eliminar las barreras innecesarias es fundamental para crear valor añadido, manteniendo y desarrollando al mismo tiempo una base industrial sólida, competitiva y diversificada en Europa;

F.  Considerando que los intentos de la UE por hacer frente a los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y la seguridad de los consumidores han generado costes regulatorios elevados para las empresas de la UE, a los que se añaden los elevados precios de las materias primas energéticas y de la electricidad, que —si no se abordan en la ATCI— pueden acelerar el proceso de deslocalización, desindustrialización y pérdida de puestos de trabajo, poniendo así en peligro la reindustrialización y los objetivos de empleo de la UE, lo que también frustrará los objetivos políticos que se pretenden alcanzar con la normativa de la UE;

G.  Considerando que un acuerdo comercial bien diseñado puede contribuir a aprovechar las oportunidades de la mundialización; que un acuerdo comercial sólido y ambicioso no solo debe centrarse solo en la reducción de los aranceles y de las barreras no arancelarias, sino que también debe constituir un instrumento de protección de los trabajadores, los consumidores y el medioambiente; que un acuerdo comercial sólido y ambicioso constituye una oportunidad para crear un marco reforzando la regulación al máximo nivel, en consonancia con nuestros valores compartidos, evitando así el dumping social y ambiental y garantizando un elevado nivel de protección al consumidor a la luz del objetivo compartido de garantizar una competencia abierta en condiciones equitativas;

H.  Considerando que, a pesar de que unas normas comunes rigurosas benefician a los consumidores, hay que reconocer que la convergencia también tiene sentido para las empresas, ya que los mayores costes derivados de normas más estrictas pueden verse compensados por el aumento de las economías de escala en un mercado potencial de 850 millones de consumidores;

I.  Considerando que, aunque los anteriores acuerdos comerciales han aportado importantes beneficios para la economía europea, el impacto real de la ATCI en las economías tanto de la UE como de los Estados Unidos es difícil de evaluar y de predecir, ya que las negociaciones están aún en curso y los estudios arrojan resultados contradictorios; que la ATCI por sí sola no resolverá los problemas económicos estructurales persistentes de la UE ni sus causas subyacentes, sino que debe considerarse como un elemento de una estrategia europea más amplia para la creación de empleo y crecimiento, y que las expectativas que despierta la ATCI deben ser proporcionales al nivel de ambición que se alcance en las negociaciones;

J.  Considerando que las consecuencias del embargo ruso han demostrado claramente la gran relevancia geopolítica de la agricultura, la importancia de tener acceso a una gran variedad de mercados agrícolas y la necesidad de contar con asociaciones comerciales sólidas y estratégicas con socios comerciales fiables;

K.  Considerando que para la agricultura europea es importante concluir un acuerdo comercial con los Estados Unidos que sea beneficioso para ambas partes, a fin de reforzar la posición de Europa como agente clave en el mercado mundial sin poner en peligro las actuales normas de calidad de los productos agrícolas europeos ni las futuras mejoras de dichas normas, preservando al mismo tiempo el modelo agrícola europeo y garantizando su viabilidad económica y social;

L.  Considerando que los flujos comerciales y de inversiones no son objetivos en sí mismos, y que el bienestar de los ciudadanos, los trabajadores y los consumidores de a pie, así como unas mayores oportunidades para las empresas como motores de crecimiento y empleo, son puntos de referencia para un acuerdo comercial; que la ATCI debería considerarse un modelo de buen acuerdo comercial que responda a estas necesidades, para que sirva de ejemplo para nuestras futuras negociaciones con otros socios comerciales;

M.  Considerando que las negociaciones requieren cierto grado de confidencialidad para poder obtener un resultado de calidad, y que el limitado nivel de transparencia que ha caracterizado a las negociaciones efectuadas en el pasado ha dado lugar a un déficit de control democrático del proceso de negociación;

N.  Considerando que el presidente Juncker ha reiterado claramente en sus orientaciones políticas que quiere un acuerdo comercial equilibrado y razonable con los Estados Unidos y que —aunque la UE y los Estados Unidos pueden ir mucho más allá en cuanto al reconocimiento de las respectivas normas de producto y trabajar por la elaboración de normas transatlánticas— la UE no sacrificará sus normas sociales y en materia de seguridad (alimentaria), salud, salud animal, medioambiente y protección de datos o nuestra diversidad cultural; recordando que la seguridad de los alimentos que consumimos, la protección de los datos personales de los europeos y sus servicios de interés general no son negociables, salvo que el objetivo consista en lograr un nivel de protección aún más elevado;

O.  Considerando la importancia de garantizar una conclusión satisfactoria de las negociaciones relativas al puerto seguro y al Acuerdo marco de protección de datos;

P.  Considerando que el Presidente Juncker también ha especificado claramente en sus orientaciones políticas que no aceptará que la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros quede limitada por regímenes especiales para los litigios entre inversores; que, ahora que los resultados de la consulta pública sobre la protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados en la ATCI están disponibles, se está llevando actualmente a cabo un proceso de reflexión en el seno de las tres instituciones europeas y entre las mismas, en comunicación con los representantes de la sociedad civil y las empresas y teniendo en cuenta las aportaciones, sobre la mejor manera de lograr la protección de las inversiones y la igualdad de trato de los inversores, garantizando al mismo tiempo el derecho a regular de los Estados;

Q.  Considerando que el Parlamento apoya plenamente la decisión del Consejo de desclasificar las directrices de negociación y la iniciativa de transparencia de la Comisión; que el animado debate público sobre la ATCI en Europa ha demostrado que es necesario que las negociaciones de dicha Asociación se concluyan de una forma más transparente e incluyente, teniendo en cuenta las preocupaciones manifestadas por los ciudadanos europeos, y comunicando los resultados de la negociación al público en general;

R.  Considerando que desde julio de 2013 se han mantenido conversaciones entre los Estados Unidos y la UE, pero que hasta el momento no se ha acordado ningún texto común;

S.  Considerando que se espera que la ATCI sea un acuerdo mixto que deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y los veintiocho Estados miembros de la UE;

1.  Considera que la UE y los Estados Unidos son socios estratégicos fundamentales; subraya que la ATCI es el más importante de los recientes proyectos entre la UE y los Estados Unidos, y que debe revitalizar la asociación transatlántica en su conjunto, más allá de sus aspectos comerciales; hace hincapié en que la conclusión con éxito del Acuerdo reviste una gran importancia política;

2.  Dirige, en el contexto de las negociaciones en curso sobre la ATCI, las siguientes recomendaciones a la Comisión:

   a) en relación con el alcance y el contexto más amplio:
   i) garantizar que unas negociaciones transparentes de la ATCI culminen en un acuerdo de comercio e inversión ambicioso, amplio y equilibrado de alto nivel que promueva el crecimiento sostenible con beneficios para todos los Estados miembros de la UE y ventajas mutuas y recíprocas para los socios, aumente la competitividad internacional y abra nuevas oportunidades para las empresas de la UE, en particular las pymes, fomente la creación de empleos de alta calidad para los ciudadanos europeos y beneficie directamente a los consumidores europeos; el contenido del acuerdo y la ejecución del mismo son más importante que la velocidad de las negociaciones; subrayar que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) es el más importante de los recientes proyectos entre la UE y los Estados Unidos, y debería revitalizar la asociación transatlántica en su conjunto, más allá de sus aspectos comerciales; destacar que la conclusión con éxito del Acuerdo reviste una gran importancia geopolítica;
   ii) hacer hincapié en que, si bien las negociaciones para la ATCI abarcan tres áreas principales —una mejora ambiciosa del acceso recíproco a los mercados (bienes, servicios, inversiones y contratación pública a todos los niveles de gobierno), la reducción de las barreras no arancelarias y la mejora de la compatibilidad de los regímenes regulatorios, así como el desarrollo de normas comunes para hacer frente a los desafíos y oportunidades comunes que representa el comercio mundial—, todas estas áreas son igualmente importantes y deben incluirse en un paquete exhaustivo; la ATCI debería ser ambiciosa y vinculante para todos los niveles de gobierno a ambas orillas del Atlántico, el acuerdo debería desembocar en una apertura genuina y duradera del mercado sobre una base recíproca y en la facilitación del comercio sobre el terreno, y debería prestar especial atención a las medidas estructurales destinadas a lograr una mayor cooperación transatlántica, manteniendo al mismo tiempo unos estándares normativos y la protección de los consumidores y previniendo el dumping social, fiscal y medioambiental;
   iii) tener en cuenta la importancia estratégica de la relación económica entre la UE y los Estados Unidos en general, y de la ATCI en particular, entre otras razones, como una oportunidad para promover los principios y valores anclados en un marco normativo que la UE y los Estados Unidos comparten y valoran, así como diseñar un planteamiento y una visión comunes con respecto al comercio, las inversiones y otras cuestiones relacionadas con el comercio a nivel mundial como unos estándares, normas y reglas exigentes, con el fin de desarrollar una visión transatlántica más amplia y un conjunto común de objetivos estratégicos; tener en cuenta que, dado el tamaño del mercado transatlántico, la ATCI representa una oportunidad para dar forma y regular el orden del comercio internacional a fin de garantizar que ambos bloques se desarrollan en un mundo interconectado;
   iv) garantizar, sobre todo teniendo en cuenta los recientes avances positivos en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que un acuerdo con los Estados Unidos sirva para impulsar negociaciones comerciales más amplias y no se adelante ni contrarreste el proceso de la OMC; los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales deberían considerarse en general la segunda mejor opción y no deben impedir que se realicen esfuerzos para conseguir mejoras significativas a escala multilateral; la ATCI debe garantizar sinergias con otros acuerdos comerciales en proceso de negociación;
   v) tener en cuenta que el TFUE define la política comercial de la UE como parte integrante de la acción exterior general de la Unión y, por lo tanto, evaluar las repercusiones del acuerdo final, reconociendo las oportunidades, como por ejemplo un acceso más fácil a los mercados gracias a estándares transatlánticos comunes, y los riesgos, como la desviación del comercio a partir de países en desarrollo debido a la erosión de la preferencia arancelaria;
   vi) velar por que el acuerdo garantice el pleno respeto de las normas de la UE en materia de derechos fundamentales a través de la inclusión de una cláusula de derechos humanos, que deberá ser jurídicamente vinculante y suspensiva, como un componente estándar de los acuerdos comerciales de la UE con terceros países;
   b) en relación con el acceso al mercado:
   i) garantizar que las ofertas de acceso al mercado en los diferentes ámbitos son recíprocas, igual de ambiciosas y reflejan las expectativas de ambas partes, subrayando que las diferentes propuestas para estos ámbitos deben ser equilibradas;
   ii) tener como objetivo la eliminación de todos los derechos arancelarios, respetando al mismo tiempo la existencia de una serie de productos agrícolas e industriales sensibles para ambas partes, para los que habrá que acordar listas exhaustivas durante el proceso de negociación; prever para los productos más sensibles períodos transitorios y cuotas más adecuados y, en un pequeño número de casos, su exclusión, teniendo en cuenta que en muchos casos estos productos tienen unos costes de producción más elevados en la UE debido a sus normas propias;
   iii) introducir en el acuerdo, tal como se expresa claramente en el mandato para la negociación, una cláusula de protección que se invocaría cuando el aumento de las importaciones de un determinado producto amenace con ocasionar un grave perjuicio para la producción nacional y que haga referencia en particular a la producción de alimentos y a los sectores de la UE con un elevado consumo de energía y con fuga de carbono, de la industria química, de las materias primas y del acero;
   iv) tener en cuenta que, puesto que la UE es el principal bloque comercial del mundo, existen importantes intereses ofensivos para la UE en el sector de los servicios altamente especializados, por ejemplo en los ámbitos de la ingeniería y otros servicios profesionales, las telecomunicaciones y los servicios financieros o de transporte;
   v) aumentar el acceso al mercado de los servicios de acuerdo con un «enfoque de lista híbrida», utilizando para el acceso al mercado «listas positivas», de modo que los servicios que se vayan a abrir a empresas extranjeras se mencionen de forma explícita y se excluyan nuevos servicios, garantizando al mismo tiempo que las posibles cláusulas de mantenimiento del statu quo y de trinquete solo se aplican a disposiciones de no discriminación y se permite flexibilidad suficiente tanto para que los servicios de interés económico general vuelvan a estar bajo control público como para tener en cuenta la creación de servicios nuevos e innovadores, y utilizando un «enfoque de listas negativas» para el tratamiento nacional;
   vi) las negociaciones deberían abordar de manera significativa y eliminar las actuales restricciones aplicadas por los Estados Unidos a los servicios de transporte marítimo y aéreo propiedad de empresas europeas como consecuencia de leyes estadounidenses como la Jones Act, la Foreign Dredging Act, la Federal Aviation Act y la Air Cabotage law de los Estados Unidos, y en relación con las restricciones de capital a la propiedad extranjera de las compañías aéreas, que obstaculizan gravemente el acceso al mercado para las empresas de la UE, así como la innovación en los propios Estados Unidos;
   vii) basarse en la declaración conjunta que refleje el compromiso claro de los negociadores de excluir los servicios de interés general y los servicios de interés económico general, actuales y futuros (entre otros, agua, salud, servicios sociales, sistemas de seguridad social y educación) del ámbito de aplicación de la ATCI a fin de garantizar que las autoridades nacionales y, cuando proceda, las locales siguen teniendo pleno derecho a introducir, adoptar, mantener o rechazar cualquier medida relacionada con la puesta en marcha, la organización, la financiación y la prestación de servicios públicos conforme a lo previsto en los Tratados y al mandato de negociación de la UE; esta exclusión se aplicará con independencia de cómo se presten y financien dichos servicios;
   viii) trabajar duro para garantizar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales, en especial mediante la creación de un marco jurídico con los estados federales que disponen de competencias de regulación en este ámbito, a fin de permitir a los profesionales de la UE y de los Estados Unidos ejercer a ambos lados del Atlántico y facilitar la movilidad de inversores, profesionales, trabajadores altamente cualificados y técnicos entre la UE y los Estados Unidos para los sectores cubiertos por la ATCI;
   ix) tener en cuenta que la facilitación de visados para los proveedores europeos de bienes y servicios constituye uno de los elementos clave para aprovechar el acuerdo y aumentar la presión política sobre los Estados Unidos, en el marco de las negociaciones, con el fin de garantizar la reciprocidad plena de los visados y la igualdad de trato para todos los Estados miembros de la UE, sin discriminación en lo que se refiere a su acceso a los Estados Unidos;
   x) combinar las negociaciones sobre acceso a los mercados en relación con los servicios financieros con la convergencia de la regulación financiera al máximo nivel, a fin de respaldar la introducción y la compatibilidad de la normativa necesaria para reforzar la estabilidad financiera, garantizar una protección adecuada a los consumidores de productos y servicios financieros y apoyar los esfuerzos de cooperación en marcha en otros foros internacionales, como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera; garantizar que estos esfuerzos de cooperación no limitan la soberanía normativa y de supervisión de la UE y de los Estados miembros, incluida su capacidad para prohibir determinados productos y actividades financieros;
   xi) establecer una cooperación reforzada entre la UE, los Estados miembros y los Estados Unidos, con mecanismos para una cooperación internacional más eficaz, con vistas a fijar normas globales más estrictas contra la delincuencia financiera y fiscal y contra la corrupción;
   xii) garantizar que el acervo de la UE en materia de privacidad de los datos no se vea comprometido por la liberalización de los flujos de datos, en particular en el ámbito del comercio electrónico y los servicios financieros, reconociendo al mismo tiempo la importancia de los flujos de datos como espina dorsal para el comercio transatlántico y la economía digital; incorporar, como punto fundamental, una disposición independiente, horizontal, global e inequívoca, basada en artículo XIV del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que excluya plenamente del acuerdo al actual y futuro marco jurídico de la UE en materia de protección de los datos personales, sin condición alguna de que deba guardar coherencia con otras partes de la ATCI; negociar sobre disposiciones que inciden en el flujo de datos personales solo si se garantiza y respeta la plena aplicación de las normas en materia de protección de datos a ambos lados del Atlántico para colaborar con los Estados Unidos, a fin de animar a terceros países de todo el mundo a que adopten normativas similares de alta protección de datos;
   xiii) tener en cuenta que la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la versión definitiva del Acuerdo ATCI podría correr peligro mientras no cesen por completo las actividades de vigilancia masiva generalizada de los Estados Unidos y no se encuentre una solución adecuada para los derechos de privacidad de datos de los ciudadanos de la UE, incluido el recurso administrativo y judicial, tal y como se prevé en el apartado 74 de la Resolución del Parlamento de 12 de marzo de 2014(27);
   xiv) velar por que se restablezca pronto y plenamente la confianza entre la UE y los Estados Unidos, que se ha resentido por los escándalos de la vigilancia masiva;
   xv) incluir un capítulo ambicioso en materia de competencia que garantice que la legislación europea en materia de competencia se respeta adecuadamente, en particular en el mundo digital; garantizar que las empresas privadas pueden competir de manera justa con empresas estatales o bajo el control del Estado; garantizar que las subvenciones públicas para empresas privadas estén reguladas y sujetas a un sistema de control transparente;
   xvi) abogar por una competencia abierta y el desarrollo de la economía digital, algo que es mundial por naturaleza pero que tiene sus principales bases en la UE y los Estados Unidos; hacer hincapié en las negociaciones en que la economía digital debe ser fundamental para el mercado transatlántico, con una influencia en la economía mundial y una mayor apertura de los mercados mundiales;
   xvii) tener en cuenta, con respecto a los servicios de la sociedad de la información y los servicios de telecomunicaciones, que es de especial importancia que la ATCI garantice unas condiciones de competencia equitativas con un acceso igualitario y transparente, basado en la reciprocidad, de las empresas de servicios de la UE al mercado de los Estados Unidos y con la obligación por parte de los proveedores de servicios estadounidenses de respetar y cumplir todas las normas de seguridad de los productos y de la industria, así como los derechos de los consumidores, cuando presten servicios en Europa o a clientes europeos;
   xviii) garantizar, mediante una cláusula general jurídicamente vinculante y aplicable a todo el acuerdo que, en pleno cumplimiento de la Convención de la Unesco sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, las partes se reservan el derecho a adoptar o mantener cualquier medida (en particular de carácter normativo o financiero) en relación con la protección o la promoción de la diversidad cultural y lingüística, en consonancia con los artículos pertinentes tal como se recogen en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y del pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, con independencia de la plataforma tecnológica o de distribución empleada y teniendo presente que el mandato que han otorgado los Estados miembros a la Comisión Europea excluye explícitamente los servicios audiovisuales;
   xix) especificar que ningún punto del acuerdo afectará a la capacidad de la UE o de los Estados miembros de la UE para conceder subvenciones y facilitar apoyo financiero a las industrias culturales, así como a servicios culturales, educativos, audiovisuales y de prensa;
   xx) confirmar que las obligaciones que establezca el acuerdo ATCI no pondrán en peligro los sistemas de precio fijo para los libros y la fijación de precios de periódicos y revistas;
   xxi) garantizar, mediante una cláusula general, el derecho de los Estados miembros de la UE a adoptar o mantener cualquier medida en relación con la prestación de todos los servicios educativos y culturales que funcionen de manera no lucrativa o reciban financiación pública en cualquier medida o apoyo estatal en cualquier forma, y garantizar que los prestadores extranjeros financiados de forma privada cumplen los mismos requisitos de calidad y acreditación que los prestadores nacionales;
   xxii) habida cuenta del enorme interés por parte de las empresas europeas, en especial las pymes, en obtener acceso no discriminatorio a los contratos públicos en los Estados Unidos, tanto a nivel federal como subfederal, por ejemplo, para los servicios de construcción, ingeniería civil, infraestructuras de transporte y energía y bienes y servicios, adoptar un enfoque ambicioso en el capítulo sobre contratación pública, asegurando al mismo tiempo que dicho capítulo respeta las nuevas directivas de contratación pública y concesión de la UE, con el objetivo de equilibrar, de conformidad con el principio de reciprocidad, la gran disparidad que existe actualmente por lo que respecta al grado de apertura de los dos mercados de contratación pública a ambos lados del Atlántico, abriendo de manera significativa el mercado de los Estados Unidos (que sigue regulándose de conformidad con la Buy American Act de 1933), tanto en el nivel federal como en el subfederal, sobre la base de los compromisos adoptados en el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), y eliminando las restricciones que actualmente se aplican en el nivel federal, estatal y local en los Estados Unidos; y crear mecanismos que garanticen que los compromisos que adopten las autoridades federales de los Estados Unidos se respetarán en todos los niveles políticos y administrativos;
   xxiii) garantizar que, con el objetivo de establecer requisitos procedimentales abiertos, no discriminatorios y predecibles que aseguren un acceso equitativo de las empresas de la UE y de los Estados Unidos, en especial las pymes, al concursar para contratos públicos, los Estados Unidos aumenten la transparencia del proceso de adjudicación vigente en su territorio;
   xxiv) promover la cooperación entre la UE y los Estados Unidos en el ámbito internacional con el fin de promover estándares comunes de sostenibilidad para la contratación pública en todos los niveles federales y subfederales de la administración, entre otras cosas, en la aplicación del Acuerdo sobre Contratación Pública, recientemente revisado; y la adopción y el respeto de normas de responsabilidad social de las empresas basadas en las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE);
   xxv) garantizar que los estados de los Estados Unidos estén incluidos en el proceso de negociación, con el fin de lograr resultados significativos en cuanto a la apertura de los contratos públicos estadounidense a las empresas de la UE;
   xxvi) ser consciente, por lo que respecta a la contratación pública, del carácter sensible de los ámbitos de defensa y seguridad, y tener en cuenta los objetivos establecidos por los jefes de Estado y de Gobierno durante el Consejo de Defensa de 2013 para promover el establecimiento de un mercado europeo de seguridad y defensa y una base tecnológica e industrial de la defensa europea (BITDE);
   xxvii) garantizar que las negociaciones sobre las normas de origen estén dirigidas a conciliar el enfoque de la UE y el de los Estados Unidos y a establecer unas normas de origen eficaces, evitándose que otros acuerdos puedan socavarlas, y considerar las negociaciones como una oportunidad para avanzar hacia estándares comunes en materia de indicación obligatoria del origen de los productos; dadas la conclusión de las negociaciones para el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la UE y Canadá, y la posible actualización del acuerdo de libre comercio entre la UE y México, habrá que considerar la posibilidad y el alcance de la acumulación; sin embargo, debe tenerse en cuenta que la finalidad de la ATCI es facilitar el comercio de productos realmente elaborados en los Estados Unidos y en la UE, y no permitir importaciones de terceros países, por lo que las exclusiones para determinados productos deberán estudiarse de forma individual, y deben fijarse excepciones para todos los tipos de acumulaciones en los sectores sensibles;
   xxviii) garantizar que la ATCI es un acuerdo abierto y buscar formas para que los socios de valor, que tienen intereses en las negociaciones de la ATCI debido a los acuerdos de la asociación aduanera con la UE o con los Estados Unidos, pueden estar más activamente informados de los avances;
   c) con respecto al pilar de coherencia y cooperación en materia de regulación y a las barreras no arancelarias:
   i) garantizar que el capítulo de cooperación en materia de regulación promueve un entorno económico transparente, eficaz y favorable a la competencia a través de la detección y prevención de posibles futuras barreras no arancelarias al comercio, que afectan de manera desproporcionada a las pymes, y la facilitación del comercio y la inversión, al tiempo que se desarrolla y garantiza el más elevado nivel de protección de la legislación en los ámbitos de la salud y la seguridad, respetando el principio de cautela establecido en el artículo 191 del TFUE, así como de los consumidores, laboral, medioambiental y del bienestar animal y la diversidad cultural que existe en la UE; apoyar, con total respeto a su autonomía en materia de regulación, el establecimiento de un diálogo estructurado y de cooperación entre reguladores de la manera más transparente posible y con la participación de las partes interesadas; incluir disciplinas transversales sobre la coherencia y transparencia en materia de regulación para el desarrollo y la aplicación de normativas eficaces, rentables y más compatibles para productos y servicios; los negociadores de ambas partes tienen que identificar y ser claros con respecto a qué procedimientos técnicos y qué normas son fundamentales y no pueden comprometerse, y cuáles pueden ser objeto de un enfoque común, cuáles son las áreas donde es deseable el reconocimiento mutuo basado en un estándar común elevado y un sistema sólido de vigilancia del mercado, y cuáles son los ámbitos donde simplemente es posible mejorar el intercambio de información, sobre la base de la experiencia de varios años de negociaciones en los distintos foros consagrados a ellas, como el Consejo Económico Transatlántico y el Foro de Alto Nivel sobre Cooperación en materia de Regulación, para garantizar igualmente que no va a afectar a normas que todavía no se han establecido en ámbitos en los que la legislación o las normas difieren considerablemente entre los Estados Unidos y la UE, como, por ejemplo, la aplicación de la actual legislación (marco) (por ejemplo, el Reglamento REACH), la adopción de nueva legislación (por ejemplo, sobre la clonación) o futuras definiciones que influyan en el nivel de protección (por ejemplo, los disruptores endocrinos); garantizar que ninguna disposición sobre cooperación en materia de regulación en la ATCI establezca un requisito en materia de procedimiento para la adopción de actos de la Unión a los que esta afecta, ni dé lugar a derechos exigibles en este sentido;
   ii) basar las negociaciones sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y sobre los obstáculos técnicos al comercio (OTC) en los principios clave de los acuerdos multilaterales sobre OTC y MSF, y proteger las normas y los procedimientos sanitarios y fitosanitarios europeos; procurar en primer lugar eliminar o reducir significativamente las MSF excesivamente gravosas, incluidos los procedimientos de importación conexos; en particular, garantizar que las aprobaciones previas, los protocolos obligatorios o los controles previos al despacho de aduanas no se apliquen como una medida de importación permanente; aumentar la transparencia y apertura, lograr el reconocimiento mutuo de normas equivalentes, realizar intercambios de mejores prácticas, reforzar el diálogo entre los órganos reguladores y las partes interesadas e incrementar la cooperación en los organismos internacionales de normalización; garantizar, en las negociaciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y en materia de obstáculos técnicos al comercio, que las normas estrictas que se han establecido para proteger la seguridad alimentaria y la vida o la salud humana, animal o vegetal en la UE, no se vean comprometidas en modo alguno;
   iii) reconocer que, cuando la UE y los Estados Unidos tengan una normativa muy diferente, como en el caso de los servicios públicos de salud, de los OMG, del uso de hormonas en el sector bovino, del sistema REACH y su aplicación, y de la clonación de animales con fines ganaderos, no habrá acuerdo, y, por lo tanto, no entablar negociaciones sobre estas cuestiones;
   iv) animar a los Estados Unidos a levantar la prohibición de las importaciones de carne de vacuno de la UE;
   v) en relación con el capítulo de cooperación normativa horizontal, dar prioridad a la promoción de la cooperación bilateral entre organismos reguladores a fin de evitar divergencias innecesarias en cuanto a nuevas tecnologías y servicios, en beneficio de la competitividad de Europa y los Estados Unidos y de la capacidad de elección de los consumidores; lograr todo ello a través de un mayor intercambio de información y mejorar la adopción y aplicación de instrumentos internacionales, a la vez que se respeta el principio de subsidiariedad, sobre la base de experiencias internacionales exitosas, tales como las normas ISO o en el marco del Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos (WP.29) de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas; recordar que el reconocimiento de equivalencia del mayor número posible de normas sobre seguridad de los vehículos, sobre la base de un nivel de protección equivalente verificado, sería uno de los logros más importantes de la ATCI; garantizar que la evaluación de impacto previa para el acto normativo debería también medir su impacto en los consumidores y el medio ambiente además de su impacto en el comercio y la inversión; promover la compatibilidad normativa sin poner en peligro los objetivos políticos y normativos legítimos ni las competencias de los legisladores de la UE y los Estados Unidos;
   vi) procurar seguir garantizando un alto nivel de seguridad de los productos dentro de la Unión, así como suprimir una duplicidad innecesaria de pruebas, que genera una pérdida de recursos, en particular en los productos de bajo riesgo;
   vii) abordar los problemas aduaneros que transcienden de las disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC, y hacer hincapié en que, con miras a lograr una auténtica eliminación de las cargas administrativas, es preciso esforzarse en conseguir el máximo grado de adecuación normativa en las políticas y prácticas aduaneras y fronterizas conexas;
   viii) definir claramente, en el marco de la futura cooperación en materia de regulación, qué medidas se refieren a los OTC y a cargas y formalidades administrativas duplicadas o redundantes, y cuáles están vinculadas a estándares y normativas fundamentales o procedimientos al servicio de un objetivo de política pública;
   ix) respetar plenamente los sistemas normativos establecidos a ambas orillas del Atlántico, así como el papel del Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones de la UE y su control democrático de los procesos de regulación de la UE, al crear el marco para la cooperación en el futuro, al mismo tiempo que se garantiza la mayor transparencia y se vela por una participación equilibrada de las partes interesadas en las consultas incluidas en el desarrollo de una propuesta normativa y por no dilatar el proceso legislativo europeo; detallar la función, la composición y el estatuto jurídico del órgano de cooperación en materia de regulación, teniendo en cuenta que cualquier aplicación directa y obligatoria de sus recomendaciones implicaría un incumplimiento de los procedimientos legislativos establecidos en los Tratados; supervisar, además, que preserva plenamente la capacidad de las autoridades nacionales, regionales y locales de legislar sobre sus propias políticas, en particular las políticas sociales y medioambientales;
   d) con respecto a la normativa:
   i) combinar las negociaciones en materia de acceso al mercado y cooperación en materia de regulación con el establecimiento de normas y principios ambiciosos teniendo presente que cada pilar incluye elementos sensibles específicos sobre cuestiones como, por ejemplo, el desarrollo sostenible, la energía, las pymes, la inversión y las empresas estatales;
   ii) garantizar que el capítulo de desarrollo sostenible es vinculante, tiene fuerza ejecutoria y tiene como objetivo la ratificación, aplicación y cumplimiento plenos y efectivos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de su contenido, el Programa de Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos internacionales fundamentales en materia de medio ambiente; las disposiciones han de tener por objetivo mejorar aún más los niveles de protección de los estándares laborales y medioambientales; un capítulo de comercio y desarrollo sostenible ambicioso debe, asimismo, incluir normas sobre responsabilidad social de las empresas basadas en las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y un diálogo claramente estructurado con la sociedad civil;
   iii) garantizar que los estándares laborales y medioambientales no se limiten al capítulo de comercio y desarrollo sostenible, sino que se incluyan igualmente en otros ámbitos del acuerdo, como la inversión, el comercio de servicios, la cooperación en materia de regulación y la contratación pública;
   iv) garantizar que los estándares laborales y medioambientales tengan fuerza ejecutiva, partiendo de la experiencia positiva de los acuerdos de libre comercio vigentes celebrados por la UE y los Estados Unidos y las legislaciones nacionales; garantizar asimismo que la aplicación de las disposiciones laborales y su cumplimiento estén sujetos a un proceso de seguimiento eficaz en el que participen los interlocutores sociales y representantes de la sociedad civil, y al mecanismo general de solución de diferencias aplicable a todo el acuerdo;
   v) garantizar, en el pleno respeto de la legislación nacional, que los empleados de empresas transatlánticas registradas conforme a la legislación de un Estado miembro de la UE tengan acceso a la información y consulta de conformidad con la Directiva sobre los comités de empresa europeos;
   vi) garantizar que el impacto económico, social, medioambiental y en términos de empleo de la ATCI se examine asimismo mediante una evaluación ex ante exhaustiva y objetiva del impacto del acuerdo comercial sobre la sostenibilidad (EIS), en el pleno respeto de la Directiva de la UE sobre EIS, con una participación clara y estructurada de todas las partes interesadas pertinentes, incluida la sociedad civil; pide a la Comisión que lleve a cabo estudios detallados comparativos del impacto para cada Estado miembro, así como una evaluación de la competitividad de sectores de la UE en relación con sectores análogos de la industria estadounidense, con miras a realizar proyecciones sobre la pérdida y la creación de puestos de trabajo en los sectores afectados en cada Estado miembro, de manera que los costes de ajuste pudieran ser parcialmente asumidos por la financiación de la UE y de los Estados miembros;
   vii) mantener el objetivo de dedicar un capítulo específico a la energía, incluidas las materias primas industriales; garantizar que, en el curso de las negociaciones, ambas partes examinen la manera de facilitar las exportaciones de energía, en virtud de lo cual la ATCI aboliría las restricciones o los impedimentos existentes a la exportación de combustibles —incluidos el GNL y el crudo petrolífero— entre ambos socios comerciales, con miras a crear un mercado de la energía competitivo, transparente y no discriminatorio, de modo que se apoye la diversificación de las fuentes de energía, se contribuya a la seguridad del suministro y se obtengan precios de la energía más baratos; hace hincapié en que este capítulo sobre energía debe incorporar garantías claras de que no se socavarán las normas de la UE en materia de medio ambiente y sus objetivos en el ámbito de la acción por el clima; promover la cooperación entre la UE y los Estados Unidos con el fin de acabar con las exenciones de los impuestos sobre hidrocarburos para la aviación comercial, de acuerdo con los compromisos del G20 de eliminar paulatinamente las subvenciones a los combustibles fósiles;
   viii) garantizar que el derecho de cualquiera de los socios a dirigir y regular la exploración, explotación y producción de fuentes energéticas no se vea afectado por ningún acuerdo, pero que, una vez se decida la explotación, se aplique el principio de no discriminación; recordar que ninguno de los puntos del acuerdo debe socavar las decisiones democráticas legítimas y no discriminatorias en lo que respecta a la producción de energía, de conformidad con el principio de cautela; garantizar que también se conceda acceso a las materias primas así como a la energía de forma no discriminatoria a las empresas tanto de la UE como de los Estados Unidos, y que se respeten las normas de calidad para los productos energéticos, incluidas las concernientes a los productos energéticos en relación con su impacto en las emisiones de CO2, como la establecida en la Directiva sobre la calidad de los combustibles;
   ix) garantizar que la ATCI apoye el uso y la promoción de bienes y servicios ecológicos, también facilitando el desarrollo de los mismos, y simplifique su exportación e importación, aprovechando con ello el considerable potencial de beneficios tanto medioambientales como económicos que ofrece la economía transatlántica y complementando las negociaciones multilaterales en curso en relación con el Acuerdo sobre productos ecológicos con el fin de luchar contra el calentamiento climático y de crear nuevos puestos de trabajo en la «economía verde»;
   x) garantizar que la ATCI sirva de foro para el desarrollo de estándares comunes, ambiciosos y vinculantes en materia de sostenibilidad para la producción y la eficiencia energéticas, teniendo siempre en cuenta y respetando los estándares existentes a ambos lados, como por ejemplo las Directivas de la UE sobre diseño ecológico y etiquetado energético, y explorar maneras de mejorar la cooperación en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de energía, y el fomento de tecnologías hipocarbónicas y respetuosas con el medio ambiente;
   xi) velar por que la ATCI contribuya a la gestión sostenible de los recursos pesqueros, en particular mediante la cooperación de ambas partes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR);
   xii) garantizar que la ATCI incluya un capítulo específico sobre pymes basado en el compromiso mutuo de ambas partes negociadoras y aspira a crear nuevas oportunidades para las pymes (incluidas las microempresas) europeas en los Estados Unidos, sobre la base de las experiencias transmitidas por las pymes exportadoras, por ejemplo, mediante la eliminación de los requisitos de doble certificación, el establecimiento de un sistema de información basado en la web acerca de las diferentes reglamentaciones y mejores prácticas, la facilitación del acceso de las pymes a programas de apoyo, la introducción de procedimientos acelerados en la frontera o la eliminación de los picos arancelarios específicos que siguen existiendo; debería establecer mecanismos para que ambas partes trabajen juntas a fin de facilitar la participación de las pymes en el comercio transatlántico, por ejemplo a través de una «ventanilla única» para pymes, en cuyo establecimiento las partes interesadas de las pymes habrían de desempeñar un papel clave, que facilitaría toda la información de que precisan para exportar a los Estados Unidos, importar de dicho país o invertir en él, en particular sobre derechos arancelarios, impuestos, normativas, regímenes aduaneros y oportunidades de mercado;
   xiii) garantizar que la ATCI contenga un capítulo exhaustivo sobre inversión que incluya disposiciones tanto sobre acceso al mercado como sobre protección de las inversiones, y reconozca que el acceso al capital puede estimular el empleo y el crecimiento; el capítulo de inversiones debería procurar garantizar un trato no discriminatorio en relación con el establecimiento de empresas europeas y estadounidenses en el territorio del otro socio, teniendo en cuenta al mismo tiempo la naturaleza sensible de algunos sectores específicos; deberían potenciar Europa como destino para las inversiones y aumentar la confianza con respecto a las inversiones de la UE en los Estados Unidos, así como abordar las obligaciones y responsabilidades de los inversores haciendo referencia, entre otros, a los principios de la OCDE para las empresas multinacionales y los principios de las Naciones Unidas sobre negocios y derechos humanos como puntos de referencia;
   xiv) garantizar que las disposiciones en materia de protección de las inversiones se limiten a las disposiciones posteriores al establecimiento y se centren en el trato nacional, el trato de nación más favorecida, y una protección justa y equitativa contra la expropiación directa e indirecta, incluido el derecho a una compensación rápida, adecuada y eficaz; deberían elaborarse estándares de protección y definiciones de inversor e inversión de una manera precisa y legal, de modo que se proteja el derecho a regular en el interés público, se aclare el significado de expropiación indirecta y se eviten demandas infundadas o insustanciales; la libre transferencia de capital debería estar en consonancia con las disposiciones de los tratados de la UE e incluir medidas cautelares con una duración ilimitada en caso de crisis financieras;
   xv) garantizar que los inversores extranjeros sean tratados de forma no discriminatoria sin que se beneficien de derechos superiores a los de los inversores nacionales y sustituir el mecanismo de resolución de litigios entre inversores y Estados por un nuevo sistema para resolver las diferencias entre los inversores y los Estados que esté sujeto a los principios y el control democráticos, en el que los posibles asuntos sean tratados de forma transparente por jueces profesionales, independientes y designados públicamente en audiencias públicas, y que incluya un mecanismo de apelación en el que se garantice la coherencia de las decisiones judiciales, se respete la jurisdicción de los tribunales de la UE y de los Estados miembros, y los intereses privados no puedan menoscabar los objetivos en materia de políticas públicas;
   xvi) asegurar que la ATCI incluya un capítulo ambicioso, equilibrado y moderno sobre derechos de propiedad intelectual, que cuente con ámbitos definidos con precisión, incluidos el reconocimiento y una protección mejorada de las indicaciones geográficas, y refleje un nivel justo y eficiente de protección, sin dificultar la necesidad de la UE de reforzar su sistema de derechos de autor, y garantizando al mismo tiempo un justo equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y el interés público, en particular la necesidad de proteger el acceso a medicamentos asequibles, sin dejar de apoyar las flexibilidades existentes en el Acuerdo sobre los ADPIC;
   xvii) considerar de suma importancia que la UE y los Estados Unidos mantengan su compromiso con las negociaciones multilaterales mundiales en materia de armonización de patentes a través de los organismos internacionales existentes y participen en los mismos, por lo que advierte del peligro de intentar introducir en la ATCI disposiciones sobre el Derecho sustantivo de patentes, en particular sobre cuestiones relacionadas con la patentabilidad y los períodos de gracia;
   xviii) garantizar que el capítulo sobre derechos de propiedad intelectual no incluya disposiciones sobre la responsabilidad de los intermediarios en internet o sobre las sanciones penales como una herramienta para la ejecución, ya que esto fue rechazado anteriormente por el Parlamento, incluido el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) propuesto;
   xix) garantizar el pleno reconocimiento y una firme protección jurídica de las indicaciones geográficas de la UE, así como medidas para luchar contra el uso indebido de las mismas y la información y las prácticas engañosas; velar por el etiquetado, la rastreabilidad y la autenticidad del origen de estos productos en beneficio de los consumidores, y por la protección del saber hacer de los productores, en cuanto elementos esenciales de un acuerdo equilibrado;
   e) en relación con la transparencia, la participación de la sociedad civil y la difusión pública y política:
   i) mantener los esfuerzos para aumentar la transparencia de las negociaciones, poniendo más propuestas de negociación a disposición del público en general, y aplicar las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo, en particular las relativas a las normas sobre el acceso público a los documentos;
   ii) velar por que estos esfuerzos de transparencia se traduzcan en resultados prácticos significativos, entre otras cosas, llegando a acuerdos con la parte estadounidense para mejorar la transparencia, incluido el acceso de los diputados al Parlamento Europeo a todos los documentos de negociación, también los textos consolidados, garantizando al mismo tiempo la confidencialidad necesaria, con el fin de permitir que los parlamentarios y los Estados miembros lleven a cabo un debate constructivo con las partes interesadas y el público; garantizar que ambas partes de la negociación deban justificar cualquier negativa a revelar una propuesta de negociación;
   iii) promover un compromiso aún más estrecho con los Estados miembros —responsables del mandato para la negociación que ordenaba a la Comisión Europea iniciar las negociaciones con los Estados Unidos— con objeto de forjar su participación activa a la hora de comunicar mejor el alcance y los posibles beneficios del acuerdo para los ciudadanos europeos, a lo que se comprometieron en las Conclusiones del Consejo adoptadas el 20 de marzo de 2015, con el fin de garantizar un amplio debate público basado en hechos sobre la ATCI en Europa con miras a explorar las auténticas preocupaciones suscitadas por el acuerdo;
   iv) reforzar su compromiso continuo y transparente con una amplia gama de partes interesadas a lo largo del proceso de negociación; alentar a todas las partes interesadas a que participen activamente y propongan iniciativas e información relevantes para las negociaciones;
   v) alentar a los Estados miembros a que asocien a los parlamentos nacionales en consonancia con sus respectivas obligaciones constitucionales, facilitar el apoyo necesario para que los Estados miembros cumplan este cometido y reforzar los contactos con los parlamentos nacionales, a fin de mantener a los parlamentos nacionales oportunamente informados sobre las negociaciones en curso;
   vi) tomar como punto de partida el estrecho compromiso con el Parlamento y buscar un diálogo estructurado y aún más estrecho, que continuará vigilando de cerca el proceso de negociación, y trabajar por su parte con la Comisión, los Estados miembros y el Congreso y la Administración estadounidenses, así como con las partes interesadas a ambas orillas del Atlántico, para garantizar un resultado que beneficie a los ciudadanos de la UE, de los Estados Unidos y del resto de países;
   vii) garantizar que la ATCI y la futura ejecución de la misma vayan acompañadas de una profundización de la cooperación parlamentaria transatlántica, sobre la base del Diálogo Transatlántico de Legisladores y sirviéndose de la experiencia adquirida a ese respecto, que desemboque en el futuro en un marco político ampliado y mejorado para desarrollar planteamientos comunes, reforzar la asociación estratégica e incrementar la cooperación global entre la UE y los Estados Unidos;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo, a la Comisión y, para información, al Consejo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, y a la Administración y el Congreso de los Estados Unidos.

(1) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/es/pdf
(2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf.
(4) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm
(5) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/es/pdf
(6) http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf
(7) http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9052_en.pdf
(8) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_es.htm
(9)http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf
(10) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf
(11) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf
(12) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf
(13) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf
(14) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
(15) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf
(16) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
(17) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf
(18) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf
(19) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf
(20) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf
(21) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf
(22) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf
(23) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153259.pdf
(24) DO C 68 E de 7.3.2014, p. 53.
(25) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0227.
(26) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0009.
(27) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0230


Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia (Protocolo para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la UE) ***
PDF 241kWORD 60k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, del Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (05548/2014 – C8-0127/2014 – 2013/0386(NLE))
P8_TA(2015)0253A8-0188/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (05548/2014),

–  Visto el proyecto de Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (05547/2014),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 217, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso i), y apartado 8, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0127/2014),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0188/2015),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Protocolo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la Antigua República Yugoslava de Macedonia.


Acuerdo de Estabilización y Asociación con Serbia (Protocolo para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la UE) ***
PDF 240kWORD 59k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, del Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (06682/2014 – C8-0098/2014 – 2014/0039(NLE))
P8_TA(2015)0254A8-0189/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (06682/2014),

–  Visto el proyecto de Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (06681/2014),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 217, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso i), y con el artículo 218, apartado 8, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0098/2014),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0189/2015),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Protocolo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Serbia.


Cooperación científica y tecnológica con la India: renovación del Acuerdo ***
PDF 239kWORD 59k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de la India (05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))
P8_TA(2015)0255A8-0179/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de la India (05872/2015),

–  Vista la Decisión del Consejo 2002/648/CE, de 25 de junio de 2002, relativa a la celebración del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de la India(1),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 186 y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0074/2015),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, el artículo 108, apartado 7, y el artículo 50, apartado 1, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0179/2015),

1.  Concede su aprobación a la renovación del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de la India.

(1) DO L 213 de 9.8.2002, p. 29.


Cooperación científica y tecnológica con las Islas Feroe: Horizonte 2020 ***
PDF 248kWORD 59k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y las Islas Feroe, por el que estas se asocian a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) (05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))
P8_TA(2015)0256A8-0180/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (05660/2015),

–  Visto el proyecto de Acuerdo sobre cooperación científica y »entre la Unión Europea y las Islas Feroe, por el que estas se asocian a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) (14014/2014),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con los artículos 186, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), y apartado 8, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0057/2015),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0180/2015),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de las Islas Feroe.


Gobernanza empresarial: implicación a largo plazo de los accionistas y transparencia ***I
PDF 496kWORD 169k
Texto
Texto consolidado
Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 8 de julio de 2015 sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas y la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a determinados elementos de la declaración sobre gobernanza empresarial (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))(1)
P8_TA(2015)0257A8-0158/2015

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

[Enmienda 1, a menos que se indique de otro modo]

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
P8_TA(2015)0257A8-0158/2015
a la propuesta de la Comisión
P8_TA(2015)0257A8-0158/2015

DIRECTIVA (UE) 2015/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a determinados elementos de la declaración sobre gobernanza empresarial y la Directiva 2004/109/CE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 50 y 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,(3)

Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)  La Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(4) establece requisitos relativos al ejercicio de determinados derechos de los accionistas vinculados a acciones con derecho de voto en lo que atañe a las juntas generales de sociedades que tengan su domicilio social en un Estado miembro y cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado que esté situado u opere en un Estado miembro.

(2)  Aunque no sean propietarios de las sociedades, que son entidades jurídicas diferenciadas que escapan a su pleno control, los accionistas desempeñan un papel importante en la gobernanza de esas sociedades. La crisis financiera ha puesto de manifiesto que, en muchos casos, los accionistas han apoyado una asunción excesiva de riesgos a corto plazo por parte de los gestores. Además, ▌el nivel actual de «seguimiento» y de implicación en las sociedades en las que se invierte por parte de los inversores institucionales y los gestores de activos es a menudo inadecuado y se centra en exceso en los beneficios a corto plazo, lo que da lugar a resultados subóptimos en términos de gobernanza empresarial y rendimiento de las sociedades cotizadas.

(2 bis)  Uno de los incentivos que pueden ayudar a mejorar el desempeño financiero y no financiero de dichas sociedades es una mayor implicación de los accionistas en la gobernanza empresarial de las sociedades. No obstante, dado que los derechos de los accionistas no son el único factor que hay que tener en cuenta a largo plazo en la gobernanza empresarial, estos deben ir acompañados de medidas adicionales que garanticen una mayor implicación de todas las partes implicadas, en particular los empleados, las autoridades locales y la sociedad civil.

(3)  En el Plan de acción sobre el Derecho de sociedades europeo y el gobierno corporativo, la Comisión anunció una serie de medidas en el ámbito de la gobernanza empresarial, destinadas en particular a fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas y aumentar la transparencia entre las sociedades y los inversores.

(4)  Con el fin de facilitar aún más el ejercicio de los derechos de los accionistas y su implicación en las sociedades cotizadas, estas deben tener el derecho de determinar la identidad de sus accionistas y de comunicarse directamente con ellos. Por lo tanto, a fin de mejorar la transparencia y el diálogo, la presente Directiva debe establecer un marco que garantice que los accionistas puedan ser identificados. [Enm. 29]

(5)  El ejercicio efectivo de los derechos de los accionistas depende en gran medida de la eficiencia de la cadena de intermediarios que mantienen las cuentas de valores en nombre de los primeros, especialmente en un contexto transfronterizo. La presente Directiva pretende mejorar la transmisión de información por parte de los intermediarios a través de la cadena de tenencia de capital social para facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas.

(6)  Teniendo en cuenta su importante papel, los intermediarios deben estar obligados a facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas ▌cuando estos deseen ejercerlos por sí mismos o cuando prefieran nombrar a un tercero para hacerlo. Cuando los accionistas no deseen ejercer los derechos por sí mismos y hayan designado como tercero al intermediario, este debe estar obligado a ejercer tales derechos previa autorización explícita y siguiendo las instrucciones de los accionistas y en su beneficio.

(7)  A fin de promover la inversión en capital social en toda la Unión y el ejercicio de los derechos vinculados a las acciones, la presente Directiva debe establecer un alto nivel de transparencia en relación con los costes de los servicios prestados por los intermediarios. A fin de impedir la discriminación de precios entre la tenencia transfronteriza de acciones y la tenencia puramente nacional, todas las diferencias entre los costes aplicados por el ejercicio de derechos a nivel nacional y transfronterizo deben estar debidamente justificadas y reflejar la variación de los costes reales en que hayan incurrido los intermediarios para prestar esos servicios. Los intermediarios de terceros países que hayan establecido una sucursal en la Unión deben estar sujetos a las normas relativas a la identificación de los accionistas, transmisión de información, facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas y transparencia de los precios ▌para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones relativas a las acciones poseídas a través de ellos.

(8)  La implicación efectiva y sostenible de los accionistas es un elemento importante del modelo de gobernanza empresarial de las sociedades cotizadas, que depende de los pesos y contrapesos existentes entre los distintos órganos y las diferentes partes interesadas. La participación adecuada de las partes interesadas, en particular de los trabajadores, debe considerarse un elemento de la mayor importancia a la hora de desarrollar un marco europeo equilibrado sobre la gobernanza empresarial.

(9)  Los inversores institucionales y los gestores de activos son a menudo importantes accionistas de las sociedades cotizadas en la Unión y pueden, por lo tanto, desempeñar un papel destacado en la gobernanza de esas sociedades, y también, de forma más general, en lo que se refiere a su estrategia y rendimiento a largo plazo. Ahora bien, la experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto que los inversores institucionales y los gestores de activos no suelen implicarse de manera adecuada en las sociedades en las que poseen acciones, y ▌que los mercados de capitales a menudo ejercen una fuerte presión sobre las sociedades para que obtengan resultados a corto plazo, lo que pone en peligro el desempeño financiero y no financiero a largo plazo de las sociedades y conduce, entre otras muchas consecuencias negativas, a un nivel de inversión subóptimo, por ejemplo en investigación y desarrollo, en detrimento de los resultados a largo plazo ▌de las sociedades ▌.

(10)  A menudo, los inversores institucionales y los gestores de activos no son transparentes ni sobre sus estrategias de inversión y políticas de implicación ni sobre la aplicación y los resultados de las mismas. La publicación de esta información tendría un efecto positivo en la concienciación de los inversores, permitiría a los beneficiarios finales —por ejemplo, futuros pensionistas— optimizar sus decisiones de inversión, facilitaría el diálogo entre las sociedades y sus accionistas, reforzaría la implicación de estos y mejoraría la rendición de cuentas de aquellas a los accionistas y a la sociedad civil.

(11)  Por consiguiente, los inversores institucionales y los gestores de activos deben desarrollar una política de implicación de los accionistas que determine, en particular, cómo integrarán la implicación de los accionistas en su estrategia de inversión, supervisarán las sociedades en las que inviertan (incluidos sus riesgos sociales y medioambientales), mantendrán un diálogo con ellas y sus partes interesadas y ejercerán sus derechos de voto. Tal política de implicación debe incluir medidas que permitan gestionar los conflictos de intereses reales o potenciales, como la prestación de servicios financieros a la sociedad en la que se invierte por el inversor institucional o gestor de activos, o por sociedades asociadas a ellos. Esta política, su aplicación y sus resultados deben publicarse y enviarse a los clientes de los inversores institucionales cada año. Si los inversores institucionales o los gestores de activos deciden, o no desarrollar una política de implicación, o no comunicar su aplicación y sus resultados, deben justificar su proceder ofreciendo una explicación clara y razonada.

(12)  Los inversores institucionales deben comunicar cada año la forma en que su estrategia de inversión ▌corresponde al perfil y a la duración de sus pasivos y cómo contribuye al rendimiento a medio y largo plazo de sus activos. Si recurren a gestores de activos, bien mediante mandatos discrecionales de gestión de activos sobre una base individual o a través de fondos mancomunados, deben hacer públicos los principales elementos del acuerdo con el gestor de activos en relación con varios aspectos, por ejemplo si se le incentiva para adaptar sus decisiones y su estrategia de inversión al perfil y la duración de los pasivos del inversor institucional, si se le incentiva para tomar las decisiones de inversión basándose en el rendimiento a medio y largo plazo de las sociedades y para implicarse en ellas, la manera en que se evalúan los resultados de los gestores de activos, la estructura de la contraprestación por los servicios de gestión de activos y el índice de rotación de la cartera que se prevé alcanzar. Ello contribuiría a una adecuada armonización de los intereses entre los beneficiarios finales de los inversores institucionales, los gestores de activos y las sociedades receptoras de las inversiones y, en su caso, al desarrollo de estrategias de inversión a más largo plazo y de relaciones a más largo plazo con las sociedades en las que se invierta, con la implicación de los accionistas.

(13)  Los gestores de activos deben estar obligados a hacer pública la manera en que su estrategia de inversión y su aplicación se ajustan al acuerdo de gestión de activos y cómo la estrategia y las decisiones de inversión contribuyen al rendimiento a medio o largo plazo de los activos del inversor institucional. Además, los gestores de activos deben hacer público el índice de rotación de la cartera, si basan sus decisiones de inversión en juicios sobre el rendimiento a medio o largo plazo de la sociedad en la que se invierte ▌y si recurren a asesores de voto a efectos de su implicación. Los gestores de activos deben revelar la información adicional directamente a los inversores institucionales, incluida la información sobre la composición de la cartera, los costes de la rotación de la cartera y los conflictos de intereses que hayan surgido y cómo se han gestionado. Esta información permitiría a los inversores institucionales supervisar mejor a los gestores de activos e incentivaría una adecuada armonización de los intereses y la implicación de los accionistas.

(14)  Con el fin de mejorar la información en la cadena de inversión en capital social, los Estados miembros deben garantizar que los asesores de voto adopten y apliquen las medidas oportunas para garantizar, en la medida de sus capacidades, que sus recomendaciones de voto sean exactas y fiables, estén basadas en un análisis exhaustivo de toda la información disponible y no se vean afectadas por ninguna relación comercial o ningún conflicto de intereses real o potencial. Los asesores de voto deben aprobar y seguir un código de conducta. Las excepciones en el cumplimiento del código deben declararse y explicarse, junto a cualquier solución alternativa que se haya adoptado. Los asesores de voto deben informar sobre la aplicación de su código de conducta cada año. Deben revelar determinados datos esenciales relacionados con la elaboración de sus recomendaciones de voto y cualquier relación comercial o conflicto de intereses real o potencial que pueda influir en la elaboración de las recomendaciones de voto.

(15)  Dado que la remuneración es uno de los instrumentos esenciales para garantizar que los intereses de las sociedades estén en consonancia con los de sus consejeros y teniendo en cuenta el papel fundamental que estos desempeñan en las sociedades, es importante que la política de remuneración de las sociedades esté determinada de manera adecuada sin perjuicio de las disposiciones relativas a la remuneración establecidas en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(5), y teniendo en cuenta las diferentes estructuras del consejo aplicadas por las sociedades en los distintos Estados miembros. El desempeño de los consejeros debe evaluarse usando criterios de desempeño financiero y no financiero, incluidos factores medioambientales, sociales y de gobernanza.

(15 bis)  La política de remuneración de los consejeros de las sociedades también debe contribuir al crecimiento a largo plazo de la sociedad, con el fin de que se corresponda con una práctica más eficaz de la gobernanza empresarial y que no se asocie completamente o en gran medida a objetivos de inversión a corto plazo.

(16)  Para garantizar que los accionistas puedan pronunciarse realmente sobre la política de remuneración de la sociedad, se les debe conceder el derecho de votarla, sobre la base de una descripción global clara, comprensible y completa de dicha política, que debe estar en consonancia con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo de la sociedad e integrar medidas para evitar los conflictos de intereses. Las sociedades únicamente deben remunerar a sus consejeros de acuerdo con la política de remuneración votada por los accionistas. La política de remuneración votada debe ser publicada sin dilación. [Enm. 30]

(17)  Para que la política de remuneración sea aplicada de conformidad con la política aprobada, debe otorgarse a los accionistas el derecho a celebrar una votación consultiva acerca del informe relativo a las remuneraciones de la sociedad. Con el fin de garantizar la rendición de cuentas de los consejeros, dicho informe debe ser claro y comprensible e incluir una descripción completa de la remuneración percibida por cada consejero en el último ejercicio. Si los accionistas votan en contra de dicho informe, la sociedad, si es necesario, debe entablar un diálogo con los accionistas con objeto de determinar los motivos del rechazo. En el siguiente informe relativo a las remuneraciones, la sociedad debe explicar cómo se ha tenido en cuenta el voto de los accionistas. [Enm. 31]

(17 bis)  Una mayor transparencia en lo que respecta a las actividades de las grandes sociedades, y en particular en lo que respecta a los beneficios obtenidos, los impuestos abonados sobre los beneficios y las subvenciones recibidas, es fundamental para garantizar la confianza y facilitar la implicación de los accionistas y otros ciudadanos de la Unión en las sociedades. Por ello, la obligatoriedad del suministro de información en este ámbito puede considerarse un elemento importante de la responsabilidad social de las empresas con respecto a los accionistas y la sociedad en general.

(18)  Para que las partes interesadas, los accionistas y la sociedad civil puedan acceder con facilidad a toda la información pertinente sobre la gobernanza empresarial, el informe relativo a las remuneraciones debe formar parte de la declaración sobre gobernanza empresarial que las sociedades cotizadas deben publicar de conformidad con el artículo 20 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013(6).

(18 bis)  Es necesario distinguir entre los procedimientos para establecer la remuneración de los consejeros y los sistemas de determinación de los salarios de los trabajadores. Por consiguiente, las disposiciones en materia de remuneración deben entenderse sin perjuicio del pleno ejercicio de los derechos fundamentales garantizados en el artículo 153, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y de los principios generales del Derecho contractual y laboral nacional, así como, cuando proceda, del derecho de los interlocutores sociales a celebrar y aplicar convenios colectivos con arreglo a las leyes y costumbres nacionales.

(18 ter)  Asimismo, cuando proceda, las disposiciones en materia de remuneración deben entenderse sin perjuicio de las disposiciones relativas a la representación de los trabajadores en los órganos de administración, dirección o supervisión estipuladas por la legislación nacional.

(19)  Las transacciones con partes vinculadas pueden causar un perjuicio a las sociedades ▌, ya que pueden dar a la parte vinculada la posibilidad de apropiarse de valor perteneciente a la sociedad. Así pues, es importante que existan salvaguardias adecuadas para la protección de los intereses de las sociedades. Por esta razón, los Estados miembros deben garantizar que las transacciones importantes con partes vinculadas sean aprobadas por los accionistas o por el órgano de administración o de supervisión de las sociedades con arreglo a los procedimientos que evitan que una parte vinculada se aproveche de su posición y proporcionan una protección adecuada en interés de la sociedad y de los accionistas que no son partes vinculadas, incluidos los minoritarios. Las sociedades deben anunciar públicamente las transacciones importantes con partes vinculadas a más tardar en el momento de su celebración, y presentar simultáneamente un informe redactado por un tercero independiente en el que se evalúe si la transacción se realiza en condiciones de mercado y se confirme que es justa y razonable desde el punto de vista de la sociedad, incluidos los accionistas minoritarios. Resulta oportuno permitir que los Estados miembros excluyan las transacciones entre la sociedad y las empresas conjuntas y uno o varios miembros de su grupo, siempre que dichos miembros del grupo o empresas conjuntas sean íntegra o parcialmente propiedad de la sociedad, o que ninguna otra parte vinculada de la sociedad tenga intereses en los miembros o en las empresas conjuntas, y que las transacciones se realicen en el curso ordinario de la actividad empresarial y se concluyan en condiciones normales de mercado.

(20)  Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995(7), es necesario encontrar un equilibrio entre la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas y el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales. La información identificativa de los accionistas debe limitarse a su nombre y sus datos de contacto, incluidos la dirección completa, el número teléfono y, si procede, el correo electrónico, así como el número de acciones que poseen y los derechos de voto de que disponen. Esta información debe ser exacta y mantenerse actualizada, y tanto los intermediarios como las sociedades deben permitir la rectificación o supresión de todos los datos inexactos o incompletos. Esta información identificativa de los accionistas no debe utilizarse para ningún fin distinto al de la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas, la implicación de los accionistas y el diálogo entre la sociedad y los accionistas.

(21)  A fin de garantizar la aplicación uniforme de los artículos relativos a la identificación de los accionistas, a la transmisión de información, a la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas y a los informes relativos a las remuneraciones, deben delegarse ▌en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la definición de los requisitos específicos sobre la transmisión de información sobre la identidad de los accionistas, la transmisión de información entre la sociedad y los accionistas, la facilitación por el intermediario del ejercicio de los derechos de los accionistas y la presentación normalizada del informe relativo a las remuneraciones. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(22)  A fin de garantizar que los requisitos establecidos en la presente Directiva o en las medidas de ejecución de la misma se apliquen en la práctica, toda vulneración de tales requisitos debe ser objeto de sanciones, que deben ser suficientemente disuasorias y proporcionadas.

(23)  Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, debido a la naturaleza internacional de los mercados de renta variable de la Unión, que la actuación aislada de los Estados miembros puede desembocar en diferentes normativas, lo que puede perjudicar o crear nuevos obstáculos para el funcionamiento del mercado interior, y que, en razón de su escala y efectos, los objetivos pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

(24)  De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos(8), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificaciones de la Directiva 2007/36/CE

La Directiva 2007/36/CE queda modificada como sigue:

1)  El artículo 1 queda modificado como sigue:

a)  En el apartado 1, se añade la frase siguiente:"

«También establece requisitos específicos para facilitar la implicación de los accionistas a largo plazo, incluidas la identificación de los accionistas, la transmisión de información y la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas. Además, garantiza la transparencia de las políticas de implicación de los inversores institucionales y de los gestores de activos, así como de las actividades de los asesores de voto, y establece determinados requisitos en relación con la remuneración de los consejeros y las transacciones con partes vinculadas.

"

a bis)  Después del apartado 3, se añade el apartado siguiente:"

«3 bis. Las empresas a que se refiere el apartado 3 no estarán en ningún caso exentas de las disposiciones establecidas en el capítulo I ter.»

"

b)  Después del apartado 3 bis, se añade el apartado siguiente:"

«3 ter. El capítulo I ter se aplicará a los inversores institucionales y a los gestores de activos siempre que inviertan, directamente o a través de un organismo de inversión colectiva, en nombre de inversores institucionales, en la medida en que inviertan en acciones. También se aplicará a los asesores de voto.»

"

b bis)  Después del apartado 3 ter, se añade el apartado siguiente: "

«3 quater. Las disposiciones de la presente Directiva se entenderán sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la legislación sectorial de la UE que regula los tipos específicos de sociedades o entidades cotizadas. Las disposiciones de la legislación sectorial de la UE prevalecerán sobre la presente Directiva en la medida en que los requisitos contemplados en la presente Directiva contradigan los requisitos establecidos en la legislación sectorial de la UE. Cuando la presente Directiva prevea normas más específicas o añada requisitos en comparación con las disposiciones establecidas en la legislación sectorial de la UE, dichas disposiciones se aplicarán junto con las disposiciones de la presente Directiva.»

"

2)  En el artículo 2, se añaden las siguientes letras d) a j quater):"

«d) «intermediario»: una persona jurídica que tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Unión Europea y mantenga cuentas de valores para clientes;

   d bis) «gran sociedad»: una sociedad que se ajuste a los criterios establecidos en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2013/34/UE;
   d ter) «grupo grande»: un grupo que se ajuste a los criterios establecidos en el artículo 3, apartado 7, de la Directiva 2013/34/UE;
   e) «intermediario de un tercer país»: una persona jurídica que tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad principal fuera de la Unión Europea y mantenga cuentas de valores para clientes;
   f) «inversor institucional»: una empresa que lleve a cabo actividades de seguros de vida en el sentido del artículo 2, apartado 3, letras a), b) y c), y actividades de reaseguros que cubran obligaciones de seguro de vida y no esté excluida de conformidad con los artículos 3, 4, 9, 10, 11 o 12 de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(9), y un fondo de pensiones de empleo que entre en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(10) con arreglo a lo dispuesto en su artículo 2, salvo que un Estado miembro haya optado por no aplicar dicha Directiva en parte o en su totalidad a ese fondo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 de dicha Directiva;
   g) «gestor de activos»: una empresa de inversión, según se define en el punto 1 del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(11), que proporcione servicios de gestión de cartera a inversores institucionales, un gestor de fondos de inversión alternativos (GFIA), según se define en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(12), que no cumpla las condiciones para acogerse a una exención de conformidad con el artículo 3 de dicha Directiva, o una sociedad de gestión, según se define en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(13); o una sociedad de inversión autorizada de conformidad con la Directiva 2009/65/CE, a condición de que no haya designado una sociedad de gestión autorizada en virtud de dicha Directiva para su gestión;
   h) «implicación del accionista»: la supervisión ejercida por un accionista, solo o con otros accionistas, sobre la sociedad en lo que respecta a asuntos importantes como la estrategia, el desempeño financiero y no financiero, el riesgo, la estructura de capital, los recursos humanos, el impacto social y medioambiental y la gobernanza empresarial, manteniendo un diálogo con las sociedades y sus partes interesadas sobre estos asuntos y ejerciendo derechos de voto y otros derechos asociados a las acciones;
   i) «asesor de voto»: una persona jurídica que formule, con carácter profesional, recomendaciones a los accionistas sobre el ejercicio de sus derechos de voto;
   l) «consejero»:
   todo miembro de los órganos de administración, dirección o supervisión de una sociedad;
   el consejero delegado y los consejeros delegados adjuntos, cuando no sean miembros de los órganos de administración, dirección o supervisión;
   j) «parte vinculada»: tiene el mismo sentido que en las normas internacionales de contabilidad adoptadas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo(14);
   j bis) «activos»: valor total del activo presentado en el balance consolidado de la sociedad elaborado de acuerdo con las normas internacionales relativas a los informes financieros;
   j ter) «parte interesada»: cualquier persona, grupo, organización o comunidad local que se vea afectada por el funcionamiento y los resultados de la sociedad o tenga algún otro interés en los mismos;
   j quater) «información sobre la identidad de los accionistas»: cualquier información que permita determinar la identidad de un accionista y que incluya, como mínimo:
   los nombres y los datos de contacto de los accionistas (incluidos la dirección completa, el número de teléfono y el correo electrónico) y, cuando se trate de personas jurídicas, su identificador único o, en caso de que no dispongan de él, otros datos de identificación;
   el número de acciones que poseen y los derechos de voto asociados a dichas acciones.»

"

2 bis)  En el artículo 2, se añade el apartado siguiente:"

«A efectos de la presente Directiva, los Estados miembros podrán incluir en la definición de consejero que figura en la letra l) del párrafo primero a otras personas que ocupen puestos similares.»

"

2 ter)  Después del artículo 2, se añade el artículo siguiente:"

«Artículo 2 bis

Protección de datos

Los Estados miembros garantizarán que cualquier tratamiento de datos personales realizado en virtud de la presente Directiva sea conforme a la legislación nacional por la que se transponga la Directiva 95/46/CE.»

"

3)  Después del artículo 3, se añaden los capítulos I bis y I ter siguientes:"

«CAPÍTULO I BIS

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS, TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN Y FACILITACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

Artículo 3 bis

Identificación de los accionistas

1.  Los Estados miembros garantizarán que las sociedades tengan el derecho de identificar a sus accionistas, teniendo en cuenta los sistemas nacionales existentes.

2.  Los Estados miembros garantizarán que, a petición de la sociedad, el intermediario le comunique sin demora indebida la información sobre la identidad de los accionistas. Cuando la cadena de tenencia conste de más de un intermediario, los intermediarios se transmitirán sin demora injustificada la solicitud de la sociedad. El intermediario que posea la información sobre la identidad de los accionistas la transmitirá directamente a la sociedad.

Los Estados miembros podrán disponer que los depositarios centrales de valores (DCV) sean los intermediarios encargados de recoger la información sobre la identidad de los accionistas y de facilitarla directamente a la sociedad.

3.  El intermediario informará debidamente a los accionistas de que la información sobre su identidad podrá ser tratada de conformidad con el presente artículo y, en su caso, de que esa información se ha transmitido efectivamente a la sociedad. Esta información podrá utilizarse únicamente para facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas, su implicación y el diálogo entre la sociedad y los accionistas sobre asuntos referentes a la sociedad. En cualquier caso, las sociedades podrán ofrecer a terceros una visión de conjunto de la estructura de participación de la sociedad, divulgando las diferentes categorías de accionistas. La sociedad y el intermediario deberán garantizar que las personas físicas y jurídicas puedan rectificar o suprimir los datos incompletos o inexactos. Los Estados miembros velarán por que las sociedades y los intermediarios no conserven la información sobre la identidad de los accionistas que se les haya transmitido de conformidad con el presente artículo más tiempo del necesario y, en cualquier caso, no más de 24 meses desde el momento en que la sociedad o los intermediarios hayan tenido conocimiento de que el interesado ha dejado de ser accionista.

4.  Los Estados miembros garantizarán que no se considere que los intermediarios que notifiquen a la sociedad la información relativa a los accionistas que se contempla en el apartado 2 vulneran las restricciones sobre comunicación de información impuestas contractualmente o por cualquier disposición legislativa, reglamentaria o administrativa.

5.  A fin de garantizar la aplicación uniforme del presente artículo, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 14 bis para especificar los requisitos mínimos de transmisión de información establecidos en los apartados 2 y 3 por lo que respecta a la información que debe transmitirse, el formato de la solicitud, incluidos los formatos seguros que se van a utilizar, y los plazos que han de respetarse. [Enm. 24]

Artículo 3 ter

Transmisión de información

1.  Los Estados miembros garantizarán que, cuando una sociedad no se comunique directamente con sus accionistas, la información relativa a sus acciones se facilite en el sitio web de la sociedad y les sea transmitida o, de conformidad con las instrucciones impartidas por el accionista, sea trasmitida a un tercero por el intermediario y sin demora injustificada en todos los casos siguientes:

   a) cuando la información sea necesaria para el ejercicio, por el accionista, de un derecho derivado de sus acciones;
   b) cuando la información vaya dirigida a todos quienes poseen acciones de esa categoría.

2.  Los Estados miembros exigirán a las sociedades que faciliten y entreguen al intermediario, oportunamente y de manera normalizada, la información relacionada con el ejercicio de los derechos derivados de acciones de conformidad con el apartado 1.

3.  Los Estados miembros obligarán al intermediario a transmitir sin dilación indebida a la sociedad, de conformidad con las instrucciones recibidas de los accionistas, la información recibida de los accionistas relacionada con el ejercicio de los derechos derivados de sus acciones.

4.  Cuando la cadena de tenencia conste de más de un intermediario, los intermediarios se trasmitirán sin demora injustificada la información mencionada en los apartados 1 y 3.

5.  A fin de garantizar la aplicación uniforme del presente artículo, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 14 bis para especificar los requisitos mínimos de transmisión de información establecidos en los apartados 1 a 4 por lo que respecta al contenido que debe transmitirse, los plazos que han de respetarse y el tipo y el formato de la información que debe transmitirse, incluidos los formatos seguros que se van a utilizar.

Artículo 3 quater

Facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas

1.  Los Estados miembros garantizarán que los intermediarios faciliten el ejercicio de los derechos de los accionistas, incluido el derecho a participar y a votar en las juntas generales. Dicha facilitación comprenderá, al menos, una de las actuaciones siguientes:

   a) el intermediario adopta las medidas necesarias para que el accionista o un tercero designado por él pueda ejercer por sí mismo los derechos;
   b) el intermediario ejerce los derechos derivados de las acciones según la autorización y las instrucciones explícitas del accionista y en beneficio de este último.

2.  Los Estados miembros garantizarán que las sociedades hagan pública, a través de su sitio web, el acta de las juntas generales y los resultados de las votaciones. Los Estados miembros garantizarán que las sociedades confirmen los votos emitidos en las juntas generales por los accionistas o en su nombre cuando sean emitidos por medios electrónicos. Cuando un intermediario emita el voto, transmitirá la confirmación de la votación al accionista. Cuando la cadena de tenencia conste de más de un intermediario, los intermediarios se trasmitirán sin demora injustificada dicha confirmación.

3.  A fin de garantizar la aplicación uniforme del presente artículo, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 14 bis en los que se especifiquen los requisitos mínimos de facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas establecidos en los apartados 1 y 2 del presente artículo por lo que respecta al tipo y el contenido de la facilitación, la forma de la confirmación de la votación y los plazos que han de respetarse.

Artículo 3 quinquies

Transparencia sobre los costes

1.  Los Estados miembros podrán permitir que los intermediarios cobren a las sociedades costes por los servicios prestados con arreglo al presente capítulo. Los intermediarios publicarán, por separado, los precios, honorarios y cualesquiera otras tarifas correspondientes a cada uno de los servicios mencionados en el presente capítulo.

2.  Cuando se autorice a los intermediarios, de conformidad con el apartado 1, a cobrar costes, los Estados miembros velarán por que los intermediarios publiquen, por separado para cada servicio, los costes de los servicios mencionados en el presente capítulo.

Los Estados miembros garantizarán que los costes que cobre un intermediario a los accionistas, las sociedades y otros intermediarios sean no discriminatorios, razonables y proporcionados. Toda diferencia entre las tarifas cobradas por el ejercicio de derechos a nivel nacional y transfronterizo deberá estar debidamente justificada y reflejar la variación de los costes reales en que se haya incurrido para prestar los servicios.

Artículo 3 sexies

Intermediarios de terceros países

Los intermediarios de terceros países que hayan establecido una sucursal en la Unión estarán sujetos a las disposiciones del presente capítulo.»

CAPÍTULO I TER

TRANSPARENCIA DE LOS INVERSORES INSTITUCIONALES, LOS GESTORES DE ACTIVOS Y LOS ASESORES DE VOTO

Artículo 3 septies

Política de implicación

1.  Los Estados miembros garantizarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 septies, apartado 4, que los inversores institucionales y los gestores de activos desarrollen una política para la implicación de los accionistas («política de implicación»). Esta política determinará la manera en que los inversores institucionales y los gestores de activos actúan para:

   a) integrar la implicación de los accionistas en su política de inversión;
   b) supervisar las sociedades que reciben las inversiones, incluidos sus resultados no financieros, y la reducción de los riesgos sociales y medioambientales;
   c) desarrollar diálogos con las sociedades que reciben las inversiones;
   d) ejercer los derechos de voto;
   e) utilizar los servicios prestados por los asesores de voto;
   f) cooperar con otros accionistas.
   f bis) entablar un diálogo y cooperar con otras partes interesadas de las sociedades que reciben las inversiones.

2.  Los Estados miembros garantizarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 septies, apartado 4, que la política de implicación incluya medidas que permitan gestionar los conflictos de intereses reales o potenciales en lo que respecta a la implicación de los accionistas. En particular, deberán definirse tales medidas para las situaciones siguientes:

   a) el inversor institucional o el gestor de activos, u otras sociedades asociadas a ellos, ofrecen productos financieros a la sociedad en la que se invierte o mantienen otras relaciones comerciales con ella;
   b) un consejero del inversor institucional o del gestor de activos es también un consejero de la sociedad en la que se invierte;
   c) un gestor de activos que gestiona los activos de un fondo de pensiones de empleo invierte en una sociedad que abona sus aportaciones a ese fondo;
   d) el inversor institucional o gestor de activos está asociado a una sociedad cuyas acciones son objeto de una oferta pública de adquisición.

3.  Los Estados miembros garantizarán que los inversores institucionales y los gestores de activos publiquen anualmente su política de implicación, la manera en que ha sido aplicada y sus resultados. La información indicada en la primera frase deberá estar disponible como mínimo, y de forma gratuita, en el sitio web de la sociedad. Los inversores institucionales facilitarán a sus clientes tal información anualmente.

Para cada sociedad de la que posean acciones, los inversores institucionales y los gestores de activos harán público si votan en las juntas generales de la sociedad de que se trate y cómo emiten su voto, y ofrecer una explicación de su comportamiento de voto. Cuando un gestor de activos vote en nombre de un inversor institucional, este deberá indicar el lugar en que el gestor de activos ha publicado dicha información sobre la votación. La información indicada en el presente apartado deberá estar disponible como mínimo, y de forma gratuita, en el sitio web de la sociedad.

4.   Cuando los inversores institucionales o los gestores de activos decidan o no desarrollar una política de implicación o no revelar su aplicación o sus resultados, deberán justificar tal proceder ofreciendo una explicación clara y razonada. [Enm. 25]

Artículo 3 octies

Estrategia de inversión de los inversores institucionales y acuerdos con los gestores de activos

1.  Los Estados miembros garantizarán que los inversores institucionales comuniquen al público la manera en que su estrategia de inversión («estrategia de inversión») se ajusta al perfil y a la duración de sus pasivos y contribuye al rendimiento a medio y largo plazo de sus activos. La información indicada en la primera frase deberá estar disponible como mínimo, y de forma gratuita, en el sitio web de la sociedad mientras sea pertinente, y se enviará anualmente a los clientes de la sociedad junto con la información sobre su política de implicación.

2.  Cuando un gestor de activos invierta en nombre de un inversor institucional, bien de manera discrecional, cliente por cliente, o bien a través de un organismo de inversión colectiva, el inversor institucional deberá publicar cada año los principales elementos del acuerdo con el gestor de activos en relación con los siguientes aspectos:

   a) si incentiva (y, en su caso, en qué medida) al gestor de activos a adaptar su estrategia y sus decisiones de inversión al perfil y la duración de sus pasivos;
   b) si incentiva (y, en su caso, en qué medida) al gestor de activos a adoptar sus decisiones de inversión basándose en los resultados de la sociedad a medio y largo plazo, incluidos los no financieros, y a implicarse en las sociedades con el fin de mejorar sus resultados por lo que respecta a los rendimientos de las inversiones;
   c) el método y el horizonte temporal de la evaluación de los resultados del gestor de activos, y, en particular, cómo dicha evaluación tiene en cuenta los resultados absolutos a largo plazo frente a los resultados respecto a un índice de referencia u otros gestores de activos que persigan estrategias de inversión similares;
   d) la manera en que la estructura de la contraprestación por los servicios de gestión de activos contribuye a la adecuación de las decisiones de inversión del gestor de activos con el perfil y la duración de los pasivos del inversor institucional;
   e) el objetivo fijado en lo que respecta a la rotación o el intervalo de rotación de la cartera, el método utilizado para calcular la rotación, y si se ha establecido algún procedimiento aplicable cuando el gestor de activos supere dicho objetivo;
   f) la duración del acuerdo con el gestor de activos.

Cuando el acuerdo con el gestor de activos no contenga uno o varios de los elementos indicados en las letras a) a f), el inversor institucional deberá explicar el motivo de manera clara y razonada [Enm. 26]

Artículo 3 nonies

Transparencia de los gestores de activos

1.  Los Estados miembros garantizarán que, tal como se especifica en los apartados 2 y 2 bis, los gestores de activos indiquen ▌la forma en que su estrategia de inversión y su aplicación se ajustan al acuerdo mencionado en el artículo 3 octies, apartado 2.

2.  Los Estados miembros garantizarán que los gestores de activos publiquen cada año toda la información siguiente:

   a) si (y, en su caso, cómo) adoptan decisiones de inversión basándose en juicios sobre los resultados a medio y largo plazo de la sociedad en la que se invierte, incluidos los no financieros;

   b) el índice de rotación de la cartera, el método utilizado para calcularlo y una explicación si la rotación ha rebasado el objetivo previsto;

   c) si han surgido conflictos de intereses reales o potenciales en relación con las actividades de implicación (y, en su caso, cuáles) y cómo han sido abordados por el gestor de activos;
   d) si (y, en su caso, cómo) el gestor de activos utiliza asesores de voto a efectos de sus actividades de implicación.
   e) la forma en que, en general, la estrategia de inversión y su aplicación contribuyen al rendimiento de medio a largo plazo de los activos del inversor institucional.

2 bis.   Los Estados miembros garantizarán que los gestores de activos comuniquen cada año al inversor institucional con el que hayan concluido el acuerdo mencionado en el artículo 3 octies, apartado 2, toda la información siguiente:

   a) la forma en que se haya compuesto la cartera y una explicación de cualquier cambio significativo que haya registrado en el período precedente;
   b) los costes de rotación de la cartera;
   c) su política de préstamo de valores y los detalles de su aplicación.

3.  La información comunicada con arreglo al apartado 2 estará disponible como mínimo, y de forma gratuita, en el sitio web del gestor de activos. La información comunicada con arreglo al apartado 2 bis se facilitará de forma gratuita y, cuando el gestor de activos no gestione los activos de manera discrecional, cliente por cliente, deberá facilitarse también a otros inversores que la soliciten.

3 bis.   Los Estados miembros podrán establecer que, en casos excepcionales, un gestor de activos pueda, si así lo aprueba la autoridad competente, abstenerse de divulgar una parte determinada de la información que debe comunicarse de conformidad con el presente artículo, si dicha parte hace referencia a acontecimientos inminentes o cuestiones en curso de negociación y su divulgación puede perjudicar gravemente a la posición comercial del gestor de activos.

Artículo 3 decies

Aumentar la transparencia de la labor de los asesores de voto

1.  Los Estados miembros garantizarán que los asesores de voto adopten y apliquen las medidas adecuadas para asegurar, en la medida de sus capacidades, que su investigación y sus recomendaciones de voto sean exactas y fiables, se basen en un análisis completo de toda la información de que dispongan y se elaboren en beneficio único de sus clientes.

1 bis.   Los Estados miembros garantizarán que los asesores de voto se remiten al código de conducta que aplican. Si se apartan de alguna de las recomendaciones de dicho código de conducta, lo declararán, explicarán las razones de su comportamiento e indicarán las medidas alternativas adoptadas, caso de haberlas. Esta información, junto con la referencia al código de conducta que aplican, se publicará en el sitio web del asesor de voto de que se trate.

Los asesores de voto informarán cada año de la aplicación del código de conducta. Los informes anuales se publicarán en el sitio web del asesor de voto y permanecerán disponibles, de forma gratuita, durante un período mínimo de tres años a partir de la fecha de publicación.

2.  Los Estados miembros garantizarán que los asesores de voto publican cada año toda la información que figura a continuación sobre la preparación de su investigación y sus recomendaciones de voto:

   a) las características esenciales de los métodos y los modelos aplicados;
   b) las principales fuentes de información utilizadas;
   c) si (y, en su caso, cómo) tienen en cuenta las condiciones jurídicas, reglamentarias, específicas de la sociedad y de mercado nacionales;
   c bis) las características esenciales de la investigación realizada y las políticas de voto aplicadas a cada mercado;
   d) si mantienen comunicación o diálogos con las sociedades que son objeto de su investigación y sus recomendaciones de voto y sus partes interesadas, y, en su caso, su alcance y su naturaleza;
   d bis) la política relativa a la prevención y a la gestión de conflictos de intereses potenciales;
   e) el número total y las cualificaciones del personal dedicado a la preparación de las recomendaciones de voto;
   f) el número total de recomendaciones de voto emitidas en el último año.

Dicha información deberá ser publicada en los sitios web de los asesores de voto y permanecer disponible, de forma gratuita, durante un período mínimo de tres años a partir del día de su publicación.

3.  Los Estados miembros garantizarán que los asesores de voto determinen y comuniquen sin demora indebida a sus clientes ▌cualquier conflicto de intereses real o potencial o cualquier relación comercial que puedan influir en la investigación y la preparación de las recomendaciones de voto y las medidas adoptadas para eliminar o reducir los conflictos de intereses reales o potenciales.

"

4)  Se insertan los siguientes artículos:"

«Artículo 9 bis

Derecho de voto sobre la política de remuneración

1.  Los Estados miembros garantizarán que las sociedades establezcan una política de remuneración de los consejeros y la sometan a una votación vinculante en la junta general de accionistas. Las sociedades únicamente deberán remunerar a sus consejeros de acuerdo con una política de remuneración aprobada en votación por los accionistas en la junta general. Toda modificación de dicha política será sometida a votación en la junta general de accionistas y la política será sometida en todos los casos a la aprobación de la junta general, como mínimo, cada tres años.

No obstante, los Estados miembros podrán prever que el voto de los accionistas en una junta general sobre la política de remuneración sea consultivo.

En los casos en que previamente no se haya aplicado una política de remuneración y que los accionistas rechacen el proyecto de política que se les haya presentado, la sociedad podrá, al tiempo que reelabora el proyecto y durante un período no superior a un año hasta la adopción del mismo, remunerar a sus consejeros con arreglo a las prácticas existentes.

En los casos en que exista una política de remuneración y los accionistas rechacen el proyecto de política que se les haya presentado de conformidad con el párrafo primero, la sociedad podrá, al tiempo que reelabora el proyecto y durante un período no superior a un año hasta la adopción del mismo, remunerar a sus consejeros con arreglo a la política existente.

2.  La política será clara, comprensible y compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo de la sociedad e incluirá medidas destinadas a evitar los conflictos de intereses.

3.  La política deberá explicar de qué manera contribuye a los intereses y la sostenibilidad a largo plazo de la sociedad. Establecerá criterios claros para la concesión de la remuneración fija y variable, incluidas todas las primas y todas las prestaciones en cualquiera de sus formas.

La política indicará la proporción relativa adecuada de los diversos componentes de la remuneración fija y variable. Expondrá de qué forma se han tenido en cuenta las condiciones de retribución y empleo de los trabajadores de la sociedad al fijar la política o la remuneración de los consejeros.

En lo que respecta a la remuneración variable, la política señalará los criterios de desempeño financiero y no financiero, también, en su caso, los programas y los resultados en materia de responsabilidad social de las empresas, que se utilizarán, explicando la forma en que contribuyen a los intereses y la sostenibilidad a largo plazo de la sociedad, y los métodos que deben aplicarse para determinar en qué medida se han cumplido los criterios de desempeño; especificará los períodos de exclusión, los períodos de consolidación para la remuneración basada en acciones y la retención de las acciones tras la consolidación, e informará sobre la posibilidad de que la sociedad exija la devolución de la remuneración variable.

Los Estados miembros garantizarán que el valor de las acciones no desempeñe un papel dominante en los criterios de desempeño financiero.

Los Estados miembros garantizarán asimismo que la remuneración basada en acciones no constituye la parte más significativa en la remuneración variable de los consejeros. Los Estados miembros pueden prever excepciones sobre las disposiciones de este apartado a condición de que la política de remuneración incluya una explicación clara y razonada sobre la manera en qué tal excepción contribuye a los intereses y la sostenibilidad a largo plazo de la sociedad.

La política expondrá las principales condiciones de los contratos de los consejeros, incluida su duración, los plazos de preaviso aplicables, las condiciones de rescisión y los pagos vinculados a la rescisión, así como las características de los sistemas de pensión suplementaria o jubilación anticipada. En caso de que la legislación nacional permita a las sociedades mantener acuerdos con consejeros sin contrato, la política expondrá las principales condiciones de los acuerdos con los consejeros, incluida su duración, los plazos de preaviso aplicables, las condiciones de rescisión y los pagos vinculados a la rescisión, así como las características de los sistemas de pensión suplementaria o jubilación anticipada.

La política especificará los procedimientos de la sociedad para fijar la remuneración de los consejeros, incluidos el papel y el funcionamiento del comité de remuneraciones.

La política explicará el proceso de toma de decisiones específico conducente a su determinación. En caso de revisión de la política, se incluirá una explicación de todos los cambios significativos y de cómo se tienen en cuenta las votaciones y los puntos de vista de los accionistas sobre la política y los informes presentados al menos en los tres años anteriores consecutivos.

4.  Los Estados miembros garantizarán que, una vez aprobada por los accionistas, la política se haga pública sin demora y esté disponible, de forma gratuita, en la página web de la sociedad al menos mientras sea aplicable. [Enm. 27 rev.]

Artículo 9 ter

Información a facilitar en el informe relativo a las remuneraciones y derecho a votar sobre el mismo

1.  Los Estados miembros garantizarán que la sociedad elabore un informe sobre las remuneraciones claro y comprensible, que ofrezca una descripción detallada de la remuneración –incluidas todas las prestaciones en cualquiera de sus formas– concedida, con arreglo a la política de remuneración a que se refiere el artículo 9 bis, durante el último ejercicio a cada consejero, incluidos los antiguos consejeros y los contratados recientemente. Contendrá, cuando proceda, todos los elementos siguientes:

   a) la remuneración total concedida, abonada o por abonar, desglosada en sus componentes, la proporción relativa de la remuneración fija y variable, una explicación de la forma en que se vincula la remuneración total con el desempeño a largo plazo, e información sobre la manera en que se han aplicado los criterios de desempeño financiero y no financiero;
   b) la variación relativa de la remuneración de los consejeros ejecutivos a lo largo de los tres últimos ejercicios y su relación con la evolución de los resultados generales de la sociedad y con la variación de la remuneración media de los trabajadores durante el mismo período;
   c) toda remuneración percibida o por percibir por los consejeros procedente de cualquier empresa perteneciente al mismo grupo;
   d) el número de acciones y de opciones sobre acciones concedidas u ofrecidas y las principales condiciones para el ejercicio de los derechos, incluidos el precio y la fecha de ejercicio, así como cualquier modificación de las mismas;
   e) información sobre el uso de la posibilidad de exigir la devolución de la remuneración variable;
   f) información sobre cómo se ha establecido la remuneración de los consejeros, en particular sobre la función del comité de remuneraciones.

2.  Los Estados miembros garantizarán que durante el tratamiento de los datos personales de los consejeros se proteja el derecho a la intimidad de las personas físicas de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE.

3.  Los Estados miembros garantizarán que los accionistas tengan derecho a someter a una votación consultiva el informe relativo a las remuneraciones del ejercicio precedente durante la junta general anual. Cuando los accionistas voten en contra de dicho informe, la sociedad, si es necesario, entablará un diálogo con los accionistas con objeto de determinar los motivos del rechazo. En el siguiente informe relativo a las remuneraciones, la sociedad deberá explicar de qué manera se ha tenido en cuenta la votación de los accionistas.

3 bis.   Las disposiciones relativas a la remuneración contempladas en el presente artículo y en el artículo 9 bis se entenderán sin perjuicio de los sistemas nacionales de determinación de los salarios de los trabajadores y, cuando proceda, de las disposiciones nacionales sobre la representación de los trabajadores en los consejos.

4.  A fin de garantizar la aplicación uniforme del presente artículo, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 14 bis, en los que se especifique la presentación normalizada de la información contemplada en el apartado 1 del presente artículo. [Enm. 28]

Artículo 9 quater

Derecho a votar sobre las transacciones con partes vinculadas

1.  Los Estados miembros garantizarán que las sociedades anuncien públicamente, a más tardar en el momento de su celebración, las transacciones importantes con partes vinculadas ▌, y acompañen el anuncio con un informe ▌en el que se evalúe si la transacción se realiza o no en condiciones de mercado y se confirme que es justa y razonable desde el punto de vista de la sociedad, incluidos los accionistas minoritarios, y ofreciendo una explicación respecto de las evaluaciones en las que se basa la evaluación en cuestión. El anuncio deberá incluir el nombre de la parte vinculada e información sobre la naturaleza de la relación con ella, el importe de la transacción, así como cualquier otra información necesaria para evaluar la equidad económica de la transacción desde el punto de vista de la sociedad, incluidos los accionistas minoritarios.

Los Estados miembros definirán normas específicas respecto del informe que deberá adoptarse de conformidad con el párrafo primero, incluido el agente encargado de facilitar los informes, que será uno de los siguientes:

   un tercero independiente;
   el órgano supervisor de la sociedad; o
   un comité de consejeros independientes.

2.  Los Estados miembros garantizarán que las transacciones importantes con partes vinculadas sean aprobadas por los accionistas o por el órgano de administración o de supervisión de las sociedades con arreglo a los procedimientos que evitan que una parte vinculada se aproveche de su posición y proporcionan una protección adecuada para los intereses de la sociedad y de los accionistas que no son partes vinculadas, incluidos los accionistas minoritarios.

Los Estados miembros podrán prever que los accionistas tengan derecho a votar sobre las transacciones importantes aprobadas por el órgano de administración o de supervisión de la sociedad.

De este modo, se tratará de impedir que la parte vinculada obtenga una ventaja de una posición especial y dotar a los intereses de la sociedad de la debida protección.

2 bis.   Los Estados miembros garantizarán que las partes vinculadas y sus representantes queden excluidos de la elaboración del informe a que se hace referencia en el apartado 1 y de las votaciones y decisiones con arreglo al apartado 2. Cuando en la transacción con una parte vinculada participe un accionista, este quedará excluido de toda votación relativa a la transacción. Los Estados miembros podrán permitir a los accionistas que sean partes vinculadas participar en la votación, siempre y cuando la legislación nacional garantice unas salvaguardias adecuadas que se apliquen durante el proceso de votación para proteger los intereses de los accionistas que no sean partes vinculadas, incluidos los accionistas minoritarios, impidiendo que la parte vinculada apruebe la transacción a pesar de la opinión contraria de la mayoría de los accionistas que no sean partes vinculadas o a pese a la opinión contraria de la mayoría de los consejeros independientes.

3.  Los Estados miembros garantizarán que las transacciones con la misma parte vinculada que hayan sido celebradas en cualquier período de 12 meses o en el mismo ejercicio y no hayan estado sujetas a las obligaciones enumeradas en los apartados 1, 2 y 3 se agreguen a efectos de la aplicación de dichos apartados.

4.  Los Estados miembros podrán no aplicar los requisitos contenidos en los apartados 1, 2 y 3:

   a las transacciones celebradas entre la sociedad y uno o varios miembros de su grupo o empresas conjuntas, siempre que dichos miembros del grupo o empresas conjuntas sean íntegramente propiedad de la sociedad o que ninguna otra parte vinculada de la sociedad tenga intereses en dichos miembros o en las empresas conjuntas;
   a las transacciones celebradas en el curso ordinario de la actividad empresarial y concluidas en condiciones normales de mercado.

4 bis.   Los Estados miembros definirán las transacciones importantes con partes vinculadas. Las transacciones importantes con partes vinculadas se definirán teniendo en cuenta:

   a) la influencia que la información sobre la transacción podría tener en las decisiones de los individuos que participan en el proceso de aprobación;
   b) el impacto de la transacción en los resultados, los activos, la capitalización o el volumen de negocios de la sociedad y la posición de la parte vinculada;
   c) los riesgos que la transacción conlleva para la sociedad y sus accionistas minoritarios.

A la hora de definir las transacciones importantes con partes vinculadas, los Estados miembros podrán fijar uno o varios indicadores cuantitativos basados en el impacto de la transacción en los ingresos, los activos, la capitalización o el volumen de negocios de la sociedad, o tener en cuenta la naturaleza de la transacción y la posición de la parte vinculada.»

"

5)  A continuación del artículo 14 se inserta el capítulo II bis siguiente:"

«CAPÍTULO II BIS

ACTOS DELEGADOS Y SANCIONES

Artículo 14 bis

Ejercicio de poderes delegados

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 3 bis, apartado 5, el artículo 3 ter, apartado 5, el artículo 3 quater, apartado 3, y el artículo 9 ter se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del…*.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 3 bis, apartado 5, el artículo 3 ter, apartado 5, el artículo 3 quater, apartado 3, y el artículo 9 ter podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3 bis, apartado 5, el artículo 3 ter, apartado 5, el artículo 3 quater, apartado 3, y el artículo 9 ter entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 14 ter

Sanciones

Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones previstas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán dichas disposiciones a la Comisión a más tardar el [fecha de la transposición], así como cualquier modificación posterior de las mismas sin demora.

"

Artículo 2

Modificaciones de la Directiva 2013/34/UE

La Directiva 2013/34/UE se modifica como sigue:

-1) En el artículo 2 se inserta el punto siguiente:"

«17)"resolución fiscal", cualquier interpretación o aplicación por anticipado de una disposición legal para una transacción o situación transfronteriza de una sociedad que podría dar lugar a una pérdida de recaudación fiscal en los Estados miembros, o que podría traducirse en un ahorro fiscal para la sociedad a resultas de transferencias intragrupo artificiales de beneficios.»

"

-1 bis) En el artículo 18, se añade el siguiente apartado tras el apartado 2:"

«2 bis. En las notas sobre los estados financieros, las grandes empresas y las entidades de interés público divulgarán asimismo, especificando por Estado miembro y por tercer país en donde estén establecidas, la siguiente información según una base consolidada para el ejercicio de que se trate:

   a) denominación, naturaleza de la actividad y ubicación geográfica;
   b) volumen de negocios;
   c) número de trabajadores equivalentes a tiempo completo;
   d) valor de los activos y coste anual de mantenimiento de esos activos;
   e) ventas y adquisiciones;
   f) resultado bruto antes de impuestos;
   g) impuestos sobre el resultado;
   h) subvenciones públicas recibidas.
   i) las sociedades matrices facilitarán una lista de las filiales que operan en cada Estado miembro o tercer país junto con los datos correspondientes.»

"

-1 ter) En el artículo 18, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: "

«3. Los Estados miembros podrán disponer que lo previsto en el apartado 1, letra b), y en el apartado 2 bis no se aplique a los estados financieros anuales de una empresa cuando la empresa se incluya en los estados financieros consolidados exigidos con arreglo al artículo 22, siempre que dicha información se proporcione en las notas explicativas del estado financiero consolidado.

"

-1 quater) Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 18 bis

Información adicional en el caso de grandes empresas

1.   En las notas explicativas de los estados financieros, las grandes empresas revelarán públicamente, además de la información exigida con arreglo a los artículos 16, 17 y 18 y cualquier otra disposición de la presente Directiva, elementos esenciales de resoluciones fiscales, así como información relativa a las mismas, desglosados por Estado miembro y por tercer país donde tengan una filial. La Comisión estará facultada para establecer, mediante actos delegados adoptados con arreglo al artículo 49, el formato y el contenido de la publicación.

2.   Las empresas cuyo número medio de trabajadores sobre una base consolidada durante el ejercicio no supere los 500 y, en las fechas de su balance, tengan sobre una base consolidada bien un balance que no supere en total los 86 millones de euros o un volumen de negocios neto que no supere los 100 millones de euros, estarán exentas de la obligación establecida en el apartado 1 del presente artículo.

3.   La obligación establecida en el apartado 1 del presente artículo no se aplicará a ninguna empresa que se rija por la legislación de un Estado miembro cuya empresa matriz esté sujeta a la legislación de un Estado miembro y cuya información esté incluida en la información divulgada por esa empresa matriz de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.

4.   La información a que se refiere el apartado 1 será objeto de auditoría de conformidad con la Directiva 2006/43/CE.

"

1)   El artículo 20 se modifica como sigue:

a)  En el apartado 1 se añade la letra h) siguiente:"

«h) el informe relativo a las remuneraciones definido en el artículo 9 ter de la Directiva 2007/36/CE.»

"

b)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. El auditor legal o la entidad auditora emitirá un dictamen con arreglo al artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, por lo que respecta a la información elaborada con arreglo al apartado 1, letras c) y d), del presente artículo y se asegurará de que se haya facilitado la información indicada en el apartado 1, letras a), b), e), f), g) y h), del presente artículo.»

"

c)  El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«4. Los Estados miembros podrán eximir de la aplicación del apartado 1, letras a), b), e), f), g) y h), del presente artículo, a las empresas a que se refiere el apartado 1 que solo hayan emitido valores distintos de las acciones admitidas a negociación en un mercado regulado, en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE, a no ser que tales empresas hayan emitido acciones que se negocien en un sistema de negociación multilateral en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 15, de esa misma Directiva.».

"

Artículo 2 bis

Modificaciones de la Directiva 2004/109/CE

La Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(15) se modifica como sigue:

1)   En el artículo 2, apartado 1, se añade la letra r) siguiente:"

«r) "resolución fiscal", cualquier interpretación o aplicación por anticipado de una disposición legal para una transacción o situación transfronteriza de una sociedad que podría dar lugar a una pérdida de recaudación fiscal en los Estados miembros, o que podría traducirse en un ahorro fiscal para la sociedad a resultas de transferencias intragrupo artificiales de beneficios.»

"

2)   Se insertan los siguientes artículos:"

«Artículo 16 bis

Información adicional en el caso de emisores

1.   Los Estados miembros exigirán a todos los emisores la publicación anual, especificando por Estado miembro y por tercer país en donde tengan una filial, de la siguiente información sobre una base consolidada para el ejercicio de que se trate:

   a) denominación, naturaleza de la actividad y ubicación geográfica;
   b) volumen de negocios;
   c) número de trabajadores equivalentes a tiempo completo;
   d) resultado bruto antes de impuestos;
   e) impuestos sobre el resultado;
   f) subvenciones públicas recibidas.

2.   La obligación establecida en el apartado 1 no se aplicará a ningún emisor que se rija por la legislación de un Estado miembro cuya sociedad matriz esté sujeta a la legislación de un Estado miembro y cuya información esté incluida en la información divulgada por esa sociedad matriz de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.

3.   La información a que se refiere el apartado 1 será objeto de auditoría de conformidad con la Directiva 2006/43/CE, y será publicada, si es posible, como anexo de los estados financieros anuales o, en su caso, de los estados financieros consolidados del emisor de que se trate.».

Artículo 16 ter

Información adicional en el caso de emisores

1.   Los Estados miembros exigirán a todos los emisores la publicación anual, según una base consolidada para el ejercicio de que se trate, de elementos esenciales de resoluciones fiscales, así como información relativa a las mismas, desglosados por Estado miembro y por tercer país donde tengan una filial. La Comisión estará facultada para establecer, mediante actos delegados adoptados con arreglo al artículo 27, apartados 2 bis, 2 ter y 2 quater, el formato y el contenido de la publicación.

2.   La obligación establecida en el apartado 1 del presente artículo no se aplicará a ningún emisor que se rija por la legislación de un Estado miembro cuya sociedad matriz esté sujeta a la legislación de un Estado miembro y cuya información esté incluida en la información divulgada por esa sociedad matriz de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.

3.   La información a que se refiere el apartado 1 será objeto de auditoría de conformidad con la Directiva 2006/43/CE, y será publicada, si es posible, como anexo de los estados financieros anuales o, en su caso, de los estados financieros consolidados del emisor de que se trate.».

"

3)   En el artículo 27, el apartado 2 bis se sustituye por el texto siguiente:"

«2 bis) Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 2, apartado 3, el artículo 5, apartado 6, el artículo 9, apartado 7, el artículo 12, apartado 8, el artículo 13, apartado 2, el artículo 14, apartado 2, el artículo 16 bis, apartado 1, el artículo 17, apartado 4, el artículo 18, apartado 5, el artículo 19, apartado 4, el artículo 21, apartado 4, y el artículo 23, apartados 4, 5 y 7, se otorgan a la Comisión por un período de cuatro años a partir de enero de 2011. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar seis meses antes de que finalice el período de cuatro años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo la revocan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 bis.».

"

Artículo 3

Transposición

1.  Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el [18 meses después de su entrada en vigor]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 4

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 5

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en …,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) De conformidad con el artículo 61, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento, el asunto se devuelve a la comisión competente para nuevo examen (A8-0158/2015).
(2) Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el símbolo ▌.
(3) DO C 451 de 16.12.2014, p. 87.
(4) Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas (DO L 184 de 14.7.2007, p. 17).
(5) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, DO L 176 de 27.6.2013, p. 338.
(6) Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
(7) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
(8) DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
(9) Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
(10) Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo (DO L 235 de 23.9.2003, p. 10).
(11) Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (refundición) (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
(12) Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n° 1060/2009 y (UE) n° 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
(13) Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
(14) Reglamento (CE) n° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).
(15) Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 390 de 31.12.2004, p. 38).


Reserva de estabilidad del mercado en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión ***I
PDF 246kWORD 61k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión, y por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE (COM(2014)0020 – C8-0016/2014 – 2014/0011(COD))
P8_TA(2015)0258A8-0029/2015

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0020),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta al Parlamento (C8-0016/2014),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 4 de junio de 2014(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 13 de mayo de 2015, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0029/2015),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 8 de julio de 2015 con vistas a la adopción de la Decisión (UE) 2015/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión, y por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, la Decisión (UE) 2015/1814.)

(1) DO C 424 de 26.11.2014, p. 46.


Gente de mar ***I
PDF 245kWORD 60k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa la gente de mar, por la que se modifican las Directivas 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE y 2001/23/CE (COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))
P8_TA(2015)0259A8-0127/2015

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0798),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 153, apartado 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7‑0409/2013),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de marzo de 2014(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 3 de abril de 2014(2),

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 13 de mayo de 2015, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Pesca (A8‑0127/2015),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 8 de julio de 2015 con vistas a la adopción de la Decisión (UE) 2015/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2008/94/CE, 2009/38/CE y 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 98/59/CE y 2001/23/CE del Consejo en lo que se refiere a la gente de mar

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, la Directiva (UE) 2015/1794.)

(1) DO C 226 de 16.7.2014, p. 35.
(2) DO C 174 de 7.6.2014, p. 50.


Acuerdo sobre cooperación científica y técnica con Suiza: Horizonte 2020 y actividades del ITER ***
PDF 244kWORD 60k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo sobre cooperación científica y técnica entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por un lado, y la Confederación Suiza, por otro, por el que se asocia a la Confederación Suiza a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación, y al Programa de Investigación y Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica que complementa Horizonte 2020, y se regula la participación de la Confederación Suiza en las actividades del ITER desarrolladas por Fusión para la Energía (05662/2015 – C8-0056/2015 – 2014/0304(NLE))
P8_TA(2015)0260A8-0181/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (05662/2015),

–  Visto el proyecto de Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por un lado, y la Confederación Suiza, por otro, por el que se asocia a la Confederación Suiza a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación, y al Programa de Investigación y Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica que complementa Horizonte 2020, y se regula la participación de la Confederación Suiza en las actividades del ITER desarrolladas por la Empresa Común Fusion for Energy (15369/2014),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 186, el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), el artículo 218, apartado 7, y el artículo 218, apartado 8, primer párrafo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0056/2015),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, el artículo 108, apartado 7, y el artículo 50, apartado 1, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0181/2015),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la Confederación Suiza.


Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros *
PDF 517kWORD 173k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (COM(2015)0098 – C8-0075/2015 – 2015/0051(NLE))
P8_TA(2015)0261A8-0205/2015

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2015)0098),

–  Visto el artículo 148, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8‑0075/2015),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8‑0205/2015),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Decisión
Considerando 1
(1)  Los Estados miembros y la Unión deben esforzarse por desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, en particular para potenciar una mano de obra cualificada, formada y capaz de adaptarse, así como mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico, con vistas a lograr los objetivos de pleno empleo y progreso social enunciados en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. Teniendo en cuenta las prácticas nacionales relacionadas con las responsabilidades de los interlocutores sociales, los Estados miembros han de considerar el fomento del empleo como un asunto de interés común y coordinar su acción al respecto en el seno del Consejo.
(1)  Los Estados miembros y la Unión deben esforzarse por desarrollar una estrategia eficaz y coordinada para el empleo, diseñada para contrarrestar las graves consecuencias del desempleo, para potenciar una mano de obra cualificada y formada, así como mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico, social y medioambiental, especialmente a través de la promoción selectiva de la formación en los sectores de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas y de la adaptación de los sistemas educativos, con vistas a lograr los objetivos de pleno empleo y progreso social enunciados en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea.
Se debe hacer un esfuerzo particular por aumentar el empleo de los trabajadores con niveles muy bajos de educación o de cualificación y de los que no consiguen adquirirlas con rapidez, así como por reducir el elevado desempleo a largo plazo y a gran escala en constante crecimiento, prestando especial atención a las regiones menos desarrolladas. Teniendo en cuenta las prácticas nacionales relacionadas con las responsabilidades de los interlocutores sociales, los Estados miembros han de considerar el fomento del empleo como una prioridad y un asunto de interés común, y coordinar su acción al respecto en el seno del Consejo. La Unión debe acompañar estos esfuerzos con propuestas políticas para alcanzar los objetivos del Tratado y garantizar un mercado de trabajo inclusivo e integrado, así como unas condiciones de trabajo dignas en toda la Unión, que incluyan unos salarios adecuados, conseguidas también mediante negociación colectiva.
Enmienda 2
Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)
(1 bis)  Eurostat estima que en enero de 2015 el número de desempleados en la Unión Europea ascendía a 23 815 000, de los cuales 18 059 000 en la zona del euro.
Enmienda 3
Propuesta de Decisión
Considerando 1 ter (nuevo)
(1 ter)  Resulta actualmente necesario establecer indicadores seguros de la situación de pobreza en la que se encuentran numerosos ciudadanos de la Unión en lo que se refiere a los datos anteriores incluidos en la Decisión 2010/707/UE del Consejo1 bis que indicaban la necesidad de sustraer al menos a 20 millones de personas del riesgo de pobreza y exclusión.
____________
1 bis Decisión 2010/707/UE del Consejo, de 21 de octubre de 2010, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 308 de 24.11.2010, p. 46).
Enmienda 4
Propuesta de Decisión
Considerando 2
(2)  La Unión debe combatir la exclusión social y la discriminación, velar por la igualdad de acceso a los derechos fundamentales y promover la justicia y la protección sociales. En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión debe tener en cuenta las exigencias relacionadas con la garantía de una protección social adecuada y la lucha contra la exclusión social, así como un nivel elevado de educación y formación.
(2)  La Unión debe combatir la exclusión social y todas las formas de pobreza y de discriminación, velar por la igualdad de acceso a los derechos fundamentales y promover la justicia y la protección sociales. Este objetivo global no debe verse comprometido por los efectos colaterales de otras legislaciones o políticas. En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión debe tener en cuenta las exigencias relacionadas con la garantía de una protección social adecuada y la lucha contra la exclusión social, así como un nivel elevado de educación y formación.
Enmienda 6
Propuesta de Decisión
Considerando 4
(4)  Los Estados miembros deben considerar sus políticas económicas como una cuestión de interés común y coordinarlas en el seno del Consejo. El Consejo debe adoptar orientaciones para las políticas de empleo y orientaciones generales para las políticas económicas a fin de guiar las políticas de la Unión y de los Estados miembros.
(4)  Los Estados miembros deben considerar sus políticas económicas, junto a sus políticas sociales, como una cuestión de interés común y coordinarlas en el seno del Consejo. El Consejo debe adoptar orientaciones para las políticas de empleo y orientaciones generales para las políticas económicas a fin de guiar las políticas de la Unión y de los Estados miembros.
Enmienda 7
Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)
(4 bis)  A fin de garantizar una toma de decisiones más democrática en materia de orientaciones integradas, que afectan a los ciudadanos y a los mercados de trabajo de toda la Unión, es importante que tanto las orientaciones para las políticas de empleo como las orientaciones generales para las políticas económicas las decidan el Parlamento Europeo y el Consejo. Las orientaciones integradas deben permitir orientar las prioridades de los Estados miembros hacia modelos de economía sostenibles e integrados a escala de la Unión, nacional y territorial.
Enmienda 8
Propuesta de Decisión
Considerando 5
(5)  De conformidad con las disposiciones del Tratado, la Unión Europea ha elaborado y aplicado instrumentos estratégicos de coordinación para las políticas presupuestarias y las políticas macroestructurales. El Semestre Europeo reúne los diferentes instrumentos en un marco global para la supervisión económica y presupuestaria multilateral integrada. La racionalización y la consolidación del Semestre Europeo, tal como se indica en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015 de la Comisión, contribuirá a mejorar aún más su funcionamiento.
(5)  De conformidad con las disposiciones del Tratado, la Unión Europea ha elaborado y aplicado instrumentos estratégicos de coordinación para las políticas presupuestarias y las políticas macroestructurales, que tienen una importante repercusión en la situación social y económica de la Unión. Estas políticas pueden generar en algunas zonas de la Unión una tendencia de estancamiento y deflación que seguramente no favorece el crecimiento ni el empleo. En ese sentido, es indispensable tener en cuenta los nuevos indicadores sociales y los efectos asimétricos que la crisis económica y financiera ha tenido en algunos los Estados miembros. El Semestre Europeo reúne los diferentes instrumentos en un marco global para la supervisión multilateral integrada de las políticas económicas, presupuestarias, de empleo y sociales, y debería orientarse mejor hacia el cumplimiento de los objetivos de la estrategia Europa 2020. La racionalización y la consolidación del Semestre Europeo, tal como se indica en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015 de la Comisión, puede contribuir a mejorar aún más su funcionamiento, pero este instrumento todavía no ha mejorado la situación económica en los Estados miembros más afectados por la crisis.
Enmienda 9
Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)
(5 bis)  Según el Observatorio Social Europeo (OSE), ya existen formas de ayuda a la renta y de protección social en 26 Estados miembros de la Unión1 bis. La comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, declaró que si tuviera competencias a nivel de los Estados miembros, existiría una renta mínima en todos los países de Europa.
____________
1 bis http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/revenu-minimum_-etude-ose_-vfinale_en--2.pdf
Enmienda 10
Propuesta de Decisión
Considerando 5 ter (nuevo)
(5 ter)  La UE carece de competencia normativa para crear un marco regulador para un salario mínimo de la UE.
Enmienda 47
Propuesta de Decisión
Considerando 6

(6)  La crisis económica y financiera ha revelado y acentuado importantes deficiencias en la economía de la Unión y de sus Estados miembros. Ha puesto también de manifiesto la estrecha interdependencia de las economías y los mercados de trabajo de los Estados miembros. El principal reto de hoy en día es colocar a la Unión en una situación de crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo y de creación de empleo. Para ello se requiere una acción política coordinada y ambiciosa, tanto a escala de la Unión como nacional, en consonancia con las disposiciones del Tratado y de la gobernanza económica de la Unión. Combinando medidas que incidan en la oferta y la demanda, estas acciones deberían incluir estímulos a la inversión, un compromiso renovado con las reformas estructurales y un ejercicio de responsabilidad presupuestaria.

(6)  La crisis económica y financiera ha revelado y acentuado graves deficiencias en las economías de los Estados miembros y en los mecanismos de coordinación de la UE. Ha puesto también de manifiesto la estrecha interdependencia de las economías y los mercados de trabajo de los Estados miembros. El principal reto de hoy en día es colocar a la Unión en una situación de crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo y de creación de empleo, lo que exige poner fin a las grandes bolsas de desempleo que se han generado en algunas zonas del territorio de la Unión. Para ello se requiere una acción política firme, coordinada, ambiciosa y, sobre todo, eficaz, tanto a escala de la Unión como nacional, en consonancia con las disposiciones del Tratado y de la gobernanza económica de la Unión. Combinando medidas que incidan en la oferta y la demanda, estas acciones deberían incluir estímulos a la inversión, en particular para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, las empresas emergentes innovadoras y las empresas que fomentan el empleo ecológico, así como un compromiso renovado con las reformas estructurales y un ejercicio de responsabilidad presupuestaria. Dichas acciones habrán de impulsar también un mercado laboral fundamentado en los derechos más integrador, consolidado por una adecuada protección social. Asimismo deben incluir medidas de protección social tales como una renta mínima garantizada, que se introduciría con arreglo a las prácticas nacionales, para luchar contra la pobreza extrema y la exclusión social.

Enmienda 12
Propuesta de Decisión
Considerando 7
(7)  Los Estados miembros y la Unión deberían abordar también el impacto social de la crisis y aspirar a construir una sociedad cohesionada en la que se capacite a las personas para que puedan anticipar y gestionar el cambio y participar activamente en la vida social y económica. Es necesario garantizar el acceso y las oportunidades para todos y reducir la pobreza y la exclusión social, principalmente velando por un funcionamiento eficaz de los mercados de trabajo y los sistemas de bienestar social, así como por la eliminación de los obstáculos a la participación en el mercado de trabajo. Los Estados miembros deben procurar, asimismo, que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los ciudadanos y a todas las regiones.
(7)  Los Estados miembros y la Unión deberían abordar también el impacto social de la crisis, facilitando datos más fiables sobre la pobreza absoluta, y aspirar a construir una sociedad integradora y más justa en la que se capacite a las personas para que puedan anticipar y gestionar el cambio y participar activamente en la vida social y económica. Es necesario garantizar el acceso no discriminatorio y las oportunidades para todos y reducir sustancialmente la pobreza y la exclusión social, principalmente velando por un funcionamiento eficaz de los mercados de trabajo y garantizando unos sistemas de bienestar social adecuados, así como por la eliminación de las trabas administrativas superfluas y de los obstáculos a la participación en el mercado de trabajo, especialmente los que afectan a las personas con discapacidad. Los Estados miembros deben procurar, asimismo, que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los ciudadanos y a todos los entes regionales y locales. El cuadro de indicadores sociales y de empleo del Informe Conjunto sobre el Empleo es un instrumento especialmente útil a este respecto, ya que ayuda a detectar los problemas y las divergencias fundamentales en materia laboral y social de forma oportuna, así como a determinar las áreas en las que más se necesita una respuesta política. No obstante, las próximas ediciones del cuadro deberían incluir también datos desglosados por sexo.
Enmienda 13
Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)
(7 bis)  El Tribunal de Cuentas Europeo ha señalado tres aspectos críticos relativos a la aplicación de la Garantía Juvenil: el alcance económico de la financiación total, la definición de «oferta de gran calidad» y las modalidades de control del resultado de ese enfoque.
Enmienda 14
Propuesta de Decisión
Considerando 7 ter (nuevo)
(7 ter)  La Decisión 2010/707/UE recogía los siguientes objetivos: elevar el porcentaje de ocupación de los hombres y las mujeres de edad comprendida entre los 20 y los 64 años al 75 % antes de 2020; reducir el índice de abandono escolar a menos del 10 %; llevar al menos al 40 % el porcentaje de personas de entre 30 y 34 años en posesión de un certificado de enseñanza superior o equivalente; y promover la integración social, en particular mediante la reducción de la pobreza, tratando de sacar del riesgo de pobreza y de exclusión al menos a 20 millones de personas. El cumplimiento de la Estrategia Europa 2020 en el ámbito social y laboral sigue siendo uno de los objetivos principales de la política de los Estados miembros en materia de empleo.
________________
1 bis Decisión 2010/707/UE del Consejo, de 21 de octubre de 2010, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 308 de 24.11.2010, p. 46).
Enmienda 15
Propuesta de Decisión
Considerando 8
(8)  Una acción en consonancia con las orientaciones constituye una importante contribución a la consecución de los objetivos de la estrategia Europa 2020. Las orientaciones forman un conjunto integrado de políticas europeas y nacionales que los Estados miembros y la Unión deberían aplicar a fin de aprovechar los efectos positivos de las reformas estructurales coordinadas, la combinación global adecuada de las políticas económicas y una contribución más coherente de las políticas europeas a los objetivos de la estrategia Europa 2020.
(8)  Una acción en consonancia con las orientaciones constituye una importante contribución a la consecución de los objetivos de la estrategia Europa 2020, objetivos de momento incumplidos. Los resultados de la consulta pública de 2014 sobre la estrategia Europa 2020 mostraron claramente que los objetivos de la estrategia en materia de empleo, pobreza, exclusión social y educación siguen siendo muy pertinentes, son igualmente importantes e interdependientes y se refuerzan mutuamente. Las orientaciones forman un conjunto integrado de políticas europeas y nacionales que los Estados miembros y la Unión deberían aplicar a fin de aprovechar los efectos positivos de las reformas coordinadas para reducir las desigualdades y aumentar el bienestar de los ciudadanos, la combinación global adecuada de las políticas económicas y una contribución más coherente de las políticas europeas a los objetivos de la estrategia Europa 2020.
Enmienda 16
Propuesta de Decisión
Considerando 9
(9)   Aunque las presentes orientaciones se dirigen a los Estados miembros y a la Unión, su aplicación debe hacerse conjuntamente con las autoridades nacionales, regionales y locales, y en estrecha colaboración con los parlamentos, así como con los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil.
(9)   En la definición y ejecución de sus políticas nacionales, los Estados miembros deben garantizar una gobernanza efectiva. Aunque las presentes orientaciones se dirigen a los Estados miembros y a la Unión, su aplicación, supervisión y evaluación deben hacerse conjuntamente con las autoridades nacionales, regionales y locales, los parlamentos y los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil.
Enmienda 17
Propuesta de Decisión
Considerando 10
(10)  Las orientaciones generales de las políticas económicas guían a los Estados miembros en la aplicación de las reformas, reflejando su interdependencia, y están en consonancia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las orientaciones deben constituir la base de cualquier recomendación específica que dirija el Consejo a un Estado miembro.
(10)  Las orientaciones generales de las políticas económicas y las orientaciones para las políticas de empleo guían a los Estados miembros en la aplicación de las reformas y deben constituir la base de cualquier recomendación específica que dirija el Consejo a un Estado miembro. Habida cuenta de la estrecha interdependencia de las economías y los mercados laborales de los Estados miembros, el Consejo debe tener en consideración, cuando adopte las recomendaciones específicas por país, la situación de los países vecinos, así como la de los países con los que los Estados miembros, a título individual, mantengan vínculos claros tras una tendencia migratoria de los trabajadores o sobre la base de cualquier otro indicador importante. En este sentido, la Comisión ha de disponer de estadísticas y datos precisos y actualizados, por si es necesario adaptar las recomendaciones específicas por país.
Enmienda 18
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 5 – párrafo 1
Los Estados miembros deben favorecer la creación de empleo, reducir los obstáculos a la contratación, fomentar el emprendimiento y, en particular, apoyar la creación y el desarrollo de pequeñas empresas a fin de aumentar la tasa de empleo de mujeres y hombres. Por otra parte, los Estados miembros deben fomentar activamente la economía social y apoyar la innovación social.
Los Estados miembros, en colaboración con las autoridades regionales y locales, deben hacer frente, de manera rápida y eficaz, al grave problema del desempleo, y favorecer e invertir en la creación de empleo sostenible y de calidad, abordar la accesibilidad de los grupos de riesgo y reducir los obstáculos a la contratación en todos los niveles de competencias y sectores del mercado laboral mediante, entre otras medidas, la reducción de la burocracia sin menoscabo de las normas laborales y sociales, fomentar el emprendimiento juvenil y, en particular, apoyar la creación y el desarrollo de medianas y pequeñas empresas y microempresas a fin de aumentar la tasa de empleo de mujeres y hombres. Por otra parte, los Estados miembros deben fomentar activamente, entre otras cosas, la economía social y el empleo en los sectores ecológico, sanidad y servicios sociales y marítimo, y apoyar la innovación social.
Enmienda 19
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 5 – párrafo 2
Es preciso desplazar la carga impositiva del trabajo a otras fuentes de impuestos menos perjudiciales para el crecimiento y el empleo y proteger, al mismo tiempo, los ingresos en aras de una protección social adecuada y unos gastos favorables al crecimiento. Las reducciones de la fiscalidad sobre el trabajo deberían aplicarse a los componentes pertinentes de la presión fiscal y a la eliminación de los obstáculos y la falta de incentivos para la participación en el mercado de trabajo, en particular para las personas más alejadas de este.
Es preciso desplazar la carga impositiva del trabajo a otras fuentes de impuestos menos perjudiciales para el crecimiento y el empleo y proteger, al mismo tiempo, los ingresos en aras de una protección social adecuada y unos gastos destinados a la inversión pública, la innovación y la creación de empleo. Las reducciones de la fiscalidad sobre el trabajo deberían aplicarse a los componentes pertinentes de la presión fiscal, a la lucha contra la discriminación y a la eliminación de los obstáculos y de la falta de incentivos para la participación en el mercado de trabajo, en particular para las personas con discapacidad y para las personas más alejadas de aquel, sin que ello redunde en perjuicio de las normas laborales y sociales.
Enmienda 20
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 5 – párrafo 3
Los Estados miembros, junto con los interlocutores sociales, deben fomentar mecanismos de fijación de salarios que prevean su adaptación en función de la evolución de la productividad. A este respecto, deben tenerse en cuenta las diferencias en las capacidades y en las condiciones de los mercados laborales locales, así como las divergencias en los resultados económicos entre regiones, sectores y empresas. A la hora de fijar los salarios mínimos, los Estados miembros y los interlocutores sociales deben tener en cuenta su impacto en la pobreza de la población ocupada, la creación de empleo y la competitividad.
Para crear un empleo de mejor calidad y reducir la pobreza en la Unión, sigue siendo importante elaborar unas políticas que garanticen unos salarios que permitan vivir dignamente. Los Estados miembros, junto con los interlocutores sociales, deben, por consiguiente, respetar y fomentar los mecanismos de fijación de salarios que prevean la adaptación de los salarios reales en función de la evolución de la productividad y que ayuden a corregir las divergencias del pasado sin exacerbar por ello las presiones deflacionistas. Estos mecanismos deben garantizar los recursos suficientes para atender a las necesidades básicas, teniendo en cuenta los indicadores de pobreza relativa de cada Estado miembro. A este respecto, deben valorarse adecuadamente las diferencias en las capacidades y en las condiciones de los mercados laborales locales, a efectos de garantizar en toda la Unión una renta que permita vivir dignamente. A la hora de fijar los salarios mínimos de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales, los Estados miembros y los interlocutores sociales deben velar por su idoneidad así como tener en cuenta su impacto en la pobreza de la población ocupada, los ingresos de los hogares, la demanda agregada, la creación de empleo y la competitividad.
Enmienda 21
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 5 – párrafo 3 bis (nuevo)
Los Estados miembros deben reducir los trámites burocráticos a fin de aliviar la carga que soportan las pequeñas y medianas empresas, dado que estas contribuyen de manera significativa a la creación de empleo.
Enmienda 22
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 6 – párrafo 1
Los Estados miembros deben promover la productividad y la empleabilidad a través de una oferta adecuada de conocimientos y cualificaciones pertinentes. A tal fin, deben realizar las inversiones necesarias en los sistemas de educación y formación profesional, mejorando al mismo tiempo su eficacia y eficiencia para mejorar el nivel de cualificación de la mano de obra, de modo que pueda anticipar y responder mejor a la rápida evolución de las necesidades de unos mercados de trabajo dinámicos en una economía cada vez más digital. Los Estados miembros deben redoblar los esfuerzos para mejorar el acceso a una enseñanza de adultos de calidad para todos y aplicar estrategias de envejecimiento activo a fin de permitir la prolongación de la vida laboral.
Los Estados miembros deben promover una productividad sostenible y una empleabilidad de calidad a través de una oferta adecuada de conocimientos y cualificaciones pertinentes, que sean utilizables y accesibles por todos los ciudadanos. Debe prestarse especial atención a la sanidad, los servicios sociales y los servicios de transporte, sectores en los que se registra o se registrará a medio plazo una escasez de personal preparado. A tal fin, deben realizar inversiones eficaces en sistemas de educación de calidad e inclusivos desde una edad temprana y en formación profesional, mejorando al mismo tiempo su eficacia y eficiencia para mejorar el nivel de cualificación y especialización de la mano de obra y ampliar el abanico de sus competencias, de modo que pueda anticipar y responder mejor a la rápida evolución de las necesidades de unos mercados de trabajo dinámicos en una economía cada vez más digital. Para ello, deberá tenerse en cuenta que las aptitudes interpersonales —como la capacidad de comunicación— tienen cada vez mayor importancia en un buen número de ocupaciones.
Enmienda 23
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 6 – párrafo 1 bis (nuevo)
Los Estados miembros deben promover el emprendimiento entre los jóvenes introduciendo, por ejemplo, cursos de emprendimiento optativos y alentando la creación de empresas de estudiantes en los mismos centros de enseñanza secundaria y en las facultades. Los Estados miembros, en cooperación con las autoridades regionales y locales, deben redoblar los esfuerzos para evitar el abandono escolar prematuro, para facilitar más la transición de la educación y la formación profesional a la vida laboral y para mejorar el acceso y eliminar las barreras a una enseñanza de adultos de calidad para todos, con especial atención a los grupos de alto riesgo y a sus necesidades, desarrollando las competencias cuando la pérdida del empleo y los cambios del mercado laboral hagan necesaria su reinserción activa. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben aplicar estrategias de envejecimiento activo a fin de permitir el trabajo saludable hasta la edad de jubilación real.
Enmienda 24
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 6 – párrafo 1 ter (nuevo)
Al tiempo que garantizan el nivel de competencias necesario para adaptarse a un mercado laboral en constante evolución y apoyan los programas de educación y formación para adultos, los Estados miembros deben tener en cuenta que también son necesarios los empleos que requieren poca cualificación y que las personas con mejores cualificaciones tienen más posibilidades de encontrar trabajo que aquellas menos preparadas.
Enmienda 25
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 6 – párrafo 1 quater (nuevo)
El acceso a unas estructuras de enseñanza y de guardería asequibles, de alta calidad y desde edades tempranas debe ser una prioridad para las políticas globales asociadas a inversiones en apoyo familiar y parental, así como en medidas de conciliación que ayuden a los padres a lograr un equilibrio entre su trabajo y la vida familiar, lo que contribuye a prevenir el abandono escolar precoz y a aumentar las posibilidades de los jóvenes en el mercado laboral.
Enmienda 26
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 6 – párrafo 2
Es necesario abordar la elevada tasa de paro y evitar el desempleo de larga duración. El número de desempleados de larga duración debe reducirse de forma significativa mediante estrategias globales y mutuamente reforzadas, que incluyan la prestación de servicios de apoyo activo a los desempleados de larga duración para su reincorporación al mercado de trabajo. Es imprescindible dar una respuesta global al desempleo juvenil, dotando a las instituciones pertinentes con los medios necesarios para que puedan implementar plena y sistemáticamente sus planes de aplicación de la Garantía Juvenil.
Es necesario resolver con prontitud y eficacia la cuestión del desempleo, en particular el de larga duración y el desempleo regional elevado, además de prevenirlo mediante una combinación de medidas que actúen sobre la oferta y la demanda. Conviene abordar la cuestión del alto nivel de desempleo de larga duración y el problema del desajuste y la obsolescencia de las cualificaciones mediante estrategias globales y mutuamente reforzadas que incluyan la prestación de apoyo activo personalizado y basado en las necesidades y sistemas adecuados de protección social a los desempleados de larga duración para su reincorporación al mercado laboral de forma informada y responsable. Es imprescindible dar una respuesta global al desempleo juvenil mediante una estrategia global de empleo juvenil. Dicha estrategia requiere invertir en sectores que puedan crear empleo de calidad para los jóvenes, así como dotar a los agentes pertinentes, como los servicios de apoyo a la juventud, los prestadores de servicios de educación y formación, las organizaciones juveniles y los servicios públicos de empleo con los medios necesarios para que puedan aplicar de forma plena y coherente sus planes de aplicación de la Garantía Juvenil, pero también que los Estados miembros procedan a una rápida absorción de los fondos asignados. Debe facilitarse el acceso a la financiación a quienes deciden iniciar una actividad empresarial, mejorando la disponibilidad de la información, reduciendo la burocracia excesiva y posibilitando la conversión de las prestaciones de desempleo de varios meses en subvenciones de puesta en marcha inicial previa presentación de un plan de negocios y de conformidad con las respectivas legislaciones nacionales.
Enmienda 27
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 6 – párrafo 2 bis (nuevo)
Los Estados miembros deben tener en cuenta las disparidades locales y regionales a la hora de concebir y poner en práctica medidas contra el desempleo, así como colaborar con los servicios locales de empleo.
Enmienda 28
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 6 – párrafo 3
Las debilidades estructurales de los sistemas de educación y de formación deberían subsanarse a fin de garantizar la calidad de los resultados del aprendizaje y prevenir y luchar contra el abandono escolar. Los Estados miembros deben aumentar el nivel de enseñanza alcanzado y prever sistemas de formación dual, así como una mejora de la formación profesional, multiplicando al mismo tiempo las posibilidades de reconocimiento de las competencias adquiridas fuera del sistema de educación formal.
Las debilidades estructurales de los sistemas de educación y de formación deberían subsanarse a fin de garantizar la calidad de los resultados del aprendizaje y prevenir y luchar contra el abandono escolar, promoviendo una educación global y de alta calidad a partir de los niveles más básicos. Ello requiere sistemas educativos flexibles con un enfoque centrado en la práctica. Los Estados miembros, en cooperación con las autoridades locales y regionales, deben aumentar la calidad de las prestaciones educativas facilitando su accesibilidad general, establecer y mejorar los sistemas de formación dual, adaptándolos a sus respectivas necesidades, potenciando la formación profesional y los marcos de formación existentes como el «Europass», garantizando al mismo tiempo, cuando sea necesario, una reconversión de las competencias adecuada y el reconocimiento de las competencias adquiridas fuera del sistema de educación formal. Conviene reforzar los vínculos entre el sistema educativo y el mercado laboral, al tiempo que se garantiza que la educación tiene un carácter suficientemente amplio para ofrecer a los ciudadanos una base sólida para la empleabilidad a lo largo de toda la vida.
Enmienda 29
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 6 – párrafo 3 bis (nuevo)
Los Estados miembros deberían ajustar en mayor medida sus sistemas formativos al mercado laboral, con miras a mejorar la transición de la formación al empleo. Este aspecto es esencial especialmente en el contexto de la digitalización y de las nuevas tecnologías.
Enmienda 30
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 6 – párrafo 4
Es preciso reducir los obstáculos a la participación en el mercado laboral, especialmente para las mujeres, los trabajadores de mayor edad, los jóvenes, las personas con discapacidad y los inmigrantes en situación regular. Debe garantizarse la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, incluida la igualdad de retribución, así como el acceso a estructuras educativas y de cuidados de la primera infancia que sean asequibles y de calidad.
Es preciso seguir reduciendo la discriminación en el mercado laboral, así como en el acceso a este, especialmente para los grupos que sufren discriminación o exclusión, como las mujeres, los trabajadores de mayor edad, los jóvenes, las personas con discapacidad y los inmigrantes en situación regular. Debe garantizarse la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, incluida la igualdad de retribución, así como el acceso a estructuras educativas y de cuidados de la primera infancia asequibles y de alta calidad, procurando la flexibilidad necesaria para evitar la exclusión de quienes interrumpen su carrera profesional para asumir responsabilidades familiares, como el cuidado de familiares. En este sentido, los Estados miembros deberían desbloquear la Directiva sobre mujeres en los consejos de administración.
Enmienda 31
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 6 – párrafo 4 bis (nuevo)
A este respecto, los Estados miembros deben tener en cuenta que los porcentajes de jóvenes que no están empleados ni se encuentran en el sistema educativo o en proceso de formación son más elevadas entre las mujeres que entre los hombres, y que este fenómeno es debido ante todo al aumento del desempleo juvenil, pero también a la inactividad asociada a carencias educativas.
Enmienda 32
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 6 – párrafo 5
Los Estados miembros deben hacer un uso pleno del Fondo Social Europeo y otros fondos de la Unión, a fin de mejorar el empleo, la inclusión social, la educación y la administración pública.
Los Estados miembros deben hacer un uso pleno, eficaz y eficiente del Fondo Social Europeo y otros fondos de la Unión, a fin de luchar contra la pobreza, mejorar el empleo de calidad, la inclusión social, la educación, la administración pública y los servicios públicos. Debe movilizarse, asimismo, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y sus plataformas de inversión para crear empleos de calidad y dotar a los trabajadores de las cualificaciones que necesitan para poder acompañar a la Unión en su transición hacia un modelo de crecimiento sostenible.
Enmienda 33
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 7 – párrafo 1
Los Estados miembros deben reducir la segmentación del mercado de trabajo. Las normas relativas a la protección del empleo y las instituciones competentes deben proporcionar un entorno adecuado para la contratación, ofreciendo, al mismo tiempo, un nivel adecuado de protección a los trabajadores, los demandantes de empleo, los trabajadores temporales y los autónomos. Es preciso garantizar un empleo de calidad en términos de seguridad socioeconómica, oportunidades de educación y formación, condiciones laborales (salud y seguridad, entre otras) y un equilibrio entre vida privada y profesional.
Los Estados miembros deben reducir la segmentación del mercado laboral abordando los problemas del empleo precario, el subempleo, el trabajo no declarado y los contratos de cero horas. Las normas relativas a la protección del empleo y las instituciones competentes deben proporcionar un entorno adecuado para la contratación, ofreciendo, al mismo tiempo, un nivel adecuado de protección a los trabajadores, los demandantes de empleo, los trabajadores con contratos temporales, a tiempo parcial y atípicos y los trabajadores autónomos, implicando activamente a los interlocutores sociales y promoviendo la negociación colectiva. Es preciso garantizar un empleo de calidad para todos en términos de seguridad socioeconómica, durabilidad, salarios suficientes, derechos laborales, condiciones laborales dignas (en particular en materia de salud y seguridad), protección de la seguridad social, igualdad entre hombres y mujeres y oportunidades de educación y formación. Por tanto, es necesario promover la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, la reintegración de los desempleados de larga duración y el equilibrio entre la vida privada y profesional, brindando servicios accesibles de atención y cuidados y modernizando la organización del trabajo. Conviene promover la convergencia al alza de las condiciones laborales en el conjunto de la Unión.
Enmienda 34
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 7 – párrafo 1 bis (nuevo)
El acceso al mercado laboral debería favorecer el espíritu emprendedor y la creación de empleo sostenible en todos los sectores, incluidos el empleo ecológico y la asistencia y la innovación social, con el fin de hacer el mejor uso posible de las competencias de las personas, fomentar su desarrollo permanente y alentar la innovación impulsada por los empleados.
Enmienda 35
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 7 – párrafo 2
Los Estados miembros deben trabajar estrechamente con los parlamentos nacionales y los interlocutores sociales en la concepción y la aplicación de las reformas y políticas pertinentes, de acuerdo con las prácticas nacionales, apoyando al mismo tiempo la mejora del funcionamiento y la eficacia del diálogo social a nivel nacional.
Los Estados miembros deben trabajar estrechamente con los parlamentos nacionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades regionales y locales en la concepción y la aplicación de las reformas y políticas pertinentes, de acuerdo con el principio de asociación y las prácticas nacionales, reforzando al mismo tiempo el funcionamiento y la eficacia del diálogo social a nivel nacional, especialmente en los países que tienen importantes problemas de devaluación salarial causada por la reciente desregulación de los mercados laborales y la debilidad de la negociación colectiva.
Enmienda 36
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 7 – párrafo 3
Los Estados miembros deben reforzar las políticas activas del mercado de trabajo ampliando su orientación, ámbito de aplicación, cobertura e interacción con las medidas pasivas. El objetivo de estas políticas es mejorar la adecuación entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo y apoyar transiciones viables en el mismo, mientras que el papel de los servicios públicos de empleo es prestar una ayuda individualizada y poner en marcha sistemas de medición de los resultados. Los Estados miembros también deben velar por que sus sistemas de protección social activen y capaciten eficazmente a quienes pueden acceder al mercado de trabajo, protejan a quienes han quedado excluidos (temporalmente) o no pueden participar en ese mercado y preparen a las personas para hacer frente a los riesgos potenciales, mediante la inversión en capital humano. Deben promover asimismo mercados de trabajo inclusivos y abiertos a todos, e introducir medidas eficaces para combatir la discriminación.
Los Estados miembros deben garantizar las normas mínimas de calidad de las políticas activas del mercado de trabajo mejorando su orientación, ámbito de aplicación, cobertura e interacción con medidas de apoyo como la seguridad social. El objetivo de estas políticas es mejorar el acceso al mercado de trabajo, reforzar la negociación colectiva y el diálogo social y apoyar las transiciones viables en dicho mercado, mientras que el cometido de los servicios públicos de empleo, altamente cualificados, es prestar una ayuda individualizada y aplicar sistemas de medición de los resultados. Los Estados miembros también deben velar por que sus sistemas de protección social activen y capaciten eficazmente a quienes pueden acceder al mercado de trabajo, protejan a quienes han quedado excluidos (temporalmente) o no pueden participar en ese mercado y preparen a las personas para hacer frente a los riesgos potenciales y las cambiantes condiciones económicas y sociales, mediante la inversión en capital humano. Los Estados miembros deberían introducir, como una de las posibles medidas para reducir la pobreza y de conformidad con las respectivas prácticas nacionales, una renta mínima adaptada a la situación socioeconómica específica del país de que se trate. Deben promover asimismo mercados de trabajo inclusivos y abiertos a todos, e introducir medidas eficaces para combatir la discriminación.
Enmienda 37
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 7 – párrafo 4
Es preciso garantizar la movilidad de los trabajadores con el fin de explotar plenamente el potencial del mercado de trabajo europeo, que incluya la mejora de la transferibilidad de los derechos de pensión y del reconocimiento de las cualificaciones. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben combatir los abusos de las normas existentes.
Es preciso garantizar la movilidad de los trabajadores como un derecho fundamental y una cuestión de libre elección, con el fin de explotar plenamente el potencial del mercado de trabajo europeo, que incluya la mejora de la transferibilidad de los derechos de pensión, el reconocimiento efectivo de las cualificaciones y las competencias y la eliminación de la burocracia y otros obstáculos que existen actualmente. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben hacer frente a las barreras lingüísticas mejorando los sistema de formación en esta materia. Asimismo, los Estados miembros deberían servirse de forma adecuada de la red EURES con miras a fomentar la movilidad de los trabajadores. A fin de mitigar la fuga de cerebros y alentar el regreso de los trabajadores desplazados, debería promoverse la inversión en las regiones en las que se produce la salida de trabajadores.
Enmienda 38
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 7 bis (nueva) – título
Mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles
Enmienda 39
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 7 bis (nueva)
El acceso a estructuras educativas y de cuidados de la primera infancia asequibles y de calidad debe ser una prioridad de los Estados miembros, dado que se trata de medidas de apoyo importantes para los agentes del mercado laboral que contribuyen a aumentar la tasa de empleo global al tiempo que apoyan a los ciudadanos en el desempeño de sus responsabilidades. Los Estados miembros deberían elaborar políticas globales y realizar las inversiones necesarias para incrementar el apoyo a las familias y los progenitores, así como a la aplicación de medidas de conciliación que ayuden a los padres a encontrar un equilibrio entre la vida laboral y familiar como contribución para impedir el abandono escolar y aumentar las posibilidades de los jóvenes en el mercado laboral.
Enmienda 40
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 8 – título
Garantizar la equidad, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades
Garantizar la justicia social, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades
Enmienda 41
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 8 – párrafo 1
Los Estados miembros deben modernizar sus sistemas de protección social para ofrecer de manera eficaz y eficiente una protección adecuada a lo largo de todas las etapas de la vida de una persona, garantizando la equidad y luchando contra las desigualdades. Se precisan políticas sociales simplificadas y mejor orientadas, que se complementen con estructuras educativas y de cuidado de niños de calidad y asequibles, formación y ayudas al empleo, ayudas a la vivienda, una asistencia sanitaria asequible y acceso a servicios básicos como cuentas bancarias e internet, así como medidas para evitar el abandono escolar y combatir la exclusión social.
Los Estados miembros, en cooperación con las autoridades locales y regionales, deben mejorar sus sistemas de protección social garantizando las normas mínimas para ofrecer una protección eficaz, eficiente y sostenible a lo largo de todas las etapas de la vida de una persona, asegurando una vida digna, la solidaridad, el acceso a la protección social, el pleno respeto de los derechos sociales y la equidad, luchando contra las desigualdades y fomentando la inclusión con el fin de eliminar la pobreza, en particular en beneficio de los ciudadanos excluidos del mercado laboral y de los grupos más vulnerables. Se precisan políticas sociales simplificadas, mejor orientadas y más ambiciosas, que incluyan unas estructuras educativas y de cuidados infantiles asequibles y de alta calidad, unos servicios eficaces de asistencia a la formación y al empleo, ayudas a la vivienda, una asistencia sanitaria de alta calidad asequible para todos y el acceso a servicios básicos como cuentas bancarias e internet, así como la adopción de medidas dirigidas a evitar el abandono escolar y combatir la pobreza extrema, la exclusión social y todas las formas de pobreza en general. Debe abordarse de forma decidida, en particular, el problema de la pobreza infantil.
Enmienda 42
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 8 – párrafo 2
A tal fin, es necesario utilizar diversos instrumentos de manera complementaria, incluidos los servicios de capacitación y activación laboral y el apoyo a los ingresos en función de las necesidades individuales. Los sistemas de protección social deben diseñarse de forma que faciliten el acceso a todos los beneficiarios, apoyen la inversión en capital humano y contribuyan a prevenir, reducir y combatir la pobreza.
A tal fin, es necesario utilizar diversos instrumentos de manera complementaria, incluidos los servicios de capacitación y activación laboral y el apoyo a los ingresos en función de las necesidades individuales. A este fin, incumbe a cada Estado miembro fijar los niveles de renta mínima de conformidad con las respectivas prácticas nacionales y en correspondencia con la situación socioeconómica específica del Estado miembro de que se trate. Los sistemas de protección social deben diseñarse de forma que faciliten el acceso y la aceptación de todas las personas de forma no discriminatoria, apoyen la inversión en capital humano y contribuyan a prevenir, reducir y ofrecer protección contra la pobreza y la exclusión social, así como frente a otros riesgos como la enfermedad o el desempleo. Debe prestarse una atención especial a los niños que se encuentran en situación de pobreza como consecuencia del desempleo de larga duración de sus progenitores.
Enmienda 43
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 8 – párrafo 3
Los sistemas de pensiones deben reformarse para garantizar su sostenibilidad y pertinencia para las mujeres y los hombres en un contexto de aumento de la longevidad y cambios demográficos, vinculando la edad legal de jubilación con la esperanza de vida, aumentando la edad de jubilación y desarrollando planes de pensiones complementarios.
Los sistemas de pensiones deben organizarse de tal forma que se garantice su sostenibilidad, seguridad y suficiencia para las mujeres y los hombres, reforzando los planes de jubilación con miras a asegurar pensiones dignas, situadas como mínimo por encima del umbral de pobreza. Los sistemas de pensiones deben garantizar la consolidación, el desarrollo y la mejora de los tres pilares de los sistemas de acumulación de derechos de pensión. La vinculación de la edad de jubilación a la esperanza de vida no es el único instrumento para abordar el reto del envejecimiento de la población. Las reformas de los sistemas de pensiones deben reflejar también, entre otros aspectos, las tendencias del mercado laboral, las tasas de natalidad, la situación demográfica, el estado de la salud y la riqueza, las condiciones laborales y la tasa de dependencia económica. La mejor forma de abordar el reto del envejecimiento de la población es aumentar la tasa global de empleo sobre la base, entre otros elementos, de la inversión social en el envejecimiento activo.
Enmienda 44
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 8 – párrafo 4
Los Estados miembros deben mejorar la accesibilidad, eficiencia y eficacia de los sistemas de salud y de asistencia de larga duración, salvaguardando al mismo tiempo su sostenibilidad presupuestaria.
Los Estados miembros deben mejorar la calidad, la asequibilidad, la accesibilidad, la eficiencia y la eficacia de los sistemas de salud y de asistencia de larga duración, así como unas condiciones de trabajo dignas en los sectores conexos, salvaguardando al mismo tiempo la sostenibilidad financiera de estos sistemas mediante la mejora de la financiación basada en la solidaridad.
Enmienda 45
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 8 – párrafo 4 bis (nuevo)
Los Estados miembros deben utilizar plenamente las ayudas del Fondo Social Europeo y otros fondos de la Unión con objeto de luchar contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación, mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad, promover la igualdad entre hombres y mujeres y mejorar la administración pública.
Enmienda 46
Propuesta de Decisión
Anexo – orientación 8 – párrafo 4 ter (nuevo)
Los objetivos principales de Europa 2020, a partir de los cuales los Estados miembros fijan sus objetivos nacionales teniendo en cuenta sus posiciones de partida y circunstancias nacionales relativas, se proponen alcanzar para 2020 una tasa de ocupación del 75 % de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años, reducir el índice de abandono escolar a menos del 10 %, llevar al menos al 40 % el porcentaje de personas de entre 30 y 34 años en posesión de un certificado de enseñanza superior o equivalente, y promover la integración social, en particular mediante la reducción de la pobreza, protegiendo del riesgo de pobreza y exclusión al menos a 20 millones de personas1 bis.
__________________
1 bis Se define la población como el número de personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión según tres indicadores (en situación de riesgo de pobreza, privación material, hogar de desempleados); es cosa de los Estados miembros fijar sus objetivos nacionales sobre la base de los indicadores más apropiados teniendo en cuenta sus circunstancias y prioridades nacionales.

Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2015/001 FI/Broadcom, de Finlandia
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Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el punto 13 del Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2015/001 FI/Broadcom, de Finlandia) (COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))
P8_TA(2015)0262A8-0210/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–  Visto el Reglamento (UE) n° 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1927/2006 (1)(Reglamento FEAG),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(2), y en particular su artículo 12,

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3) (AI de 2 de diciembre de 2013). y en particular, su apartado 13,

–  Vistos los resultados de la negociación tripartita prevista en el apartado 13 del AI de 2 de diciembre de 2013,

–  Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–  Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0210/2015),

A.  Considerando que la Unión Europea ha establecido instrumentos legislativos y presupuestarios para prestar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en modelos comerciales mundiales o la crisis económica y financiera mundial, así como para prestarles ayuda en su reincorporación al mercado laboral;

B.  Considerando que la ayuda financiera de la Unión Europea a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a disposición de los mismos de la manera más rápida y eficaz posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobada en la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta el AI de 2 de diciembre de 2013 por lo que respecta a la adopción de las decisiones de movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG);

C.  Considerando que la adopción del Reglamento FEAG refleja el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo a fin de reintroducir el criterio de movilización de crisis, aumentar la contribución financiera de la Unión hasta el 60 % del coste total estimado de las medidas propuestas, aumentar la eficiencia en la tramitación de las solicitudes de intervención del FEAG en la Comisión, agilizar los procedimientos de evaluación y aprobación por parte del Parlamento y el Consejo, ampliar el abanico de actuaciones y beneficiarios elegibles mediante la introducción de los autónomos y los jóvenes y financiar los incentivos para la creación de empresas propias;

D.  Considerando que las autoridades finlandesas presentaron la solicitud de contribución financiera del FEAG con la referencia EGF/2015/001 FI/Broadcom a raíz de 568 despidos efectuados en Broadcom Communications Finland, que opera en la división 46 («Comercio al por mayor, excepto de vehículos de motor y motocicletas») (4)de la NACE Rev. 2, y en dos proveedores o transformadores de dicha empresa;

E.  Considerando que la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el Reglamento FEAG;

1.  Está de acuerdo con la Comisión en que se cumplen los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento FEAG y en que, por lo tanto, Finlandia tiene derecho a una contribución financiera de 1 365 000 EUR en virtud del citado Reglamento;

2.  Señala que las autoridades finlandesas presentaron la solicitud de contribución financiera del FEAG el 30 de enero de 2015 y que la Comisión presentó su evaluación el 2 de junio de 2015; se congratula de la celeridad del proceso de evaluación, que ha durado menos de cinco meses;

3.  Recuerda que durante los años 2000 aumentó el número de empleados en las filiales finlandesas en todos los continentes, hasta que en 2004 Asia se impuso como el mayor empleador en la industria eléctrica y electrónica y el número de empleados empezó a disminuir en Europa; considera que los despidos en Broadcom están relacionados en parte con la tendencia que afecta a toda la industria electrónica finlandesa y culminaron en el anuncio de Nokia de que en 2011 procedería a despidos a gran escala; concluye, sin embargo, que estos hechos están en gran medida relacionados con los profundos cambios estructurales en los patrones del comercio internacional provocados por la globalización;

4.  Señala que estos despidos agravarán aún más la situación del desempleo, en particular en la región de Ostrobotnia Septentrional (región NUTS del nivel 2 FI1A)(5), en la que se produjeron 424 de los 568 despidos; señala que en esta región la tasa de desempleo es sistemáticamente dos puntos porcentuales superior a la media nacional; señala que en agosto de 2014, cuando la tasa de desempleo nacional era del 12,2 %, en Ostrobotnia Septentrional era del 14,1 % y en la ciudad más afectada, Oulu, del 16,1 %, y que esta misma región se vio gravemente afectada por los numerosos despidos en Nokia a partir de 2011;

5.  Considera que las encuestas y visitas a empresas son medidas que no solo pueden beneficiar a los trabajadores despedidos cubiertos por la presente solicitud, sino que también pueden contribuir a mejorar el conocimiento de las cuestiones de empleo dentro de este sector y resultar útiles para otros despidos en el futuro; señala que estas medidas específicas ya son una continuación de una medida similar llevada a cabo en un caso anterior del FEAG en Finlandia (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  Señala que hasta la fecha el sector del «Comercio al por mayor, excepto de vehículos de motor y motocicletas» ha sido objeto de otra solicitud del FEAG (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT) basada también en el criterio de la globalización;

7.  Observa con satisfacción que, con el fin de proporcionar a los trabajadores una asistencia rápida, las autoridades finlandesas decidieran iniciar la aplicación de los servicios personalizados a los trabajadores afectados el 11 de agosto de 2014, con bastante antelación a la decisión, e incluso a la presentación de la solicitud, de concesión de la ayuda del FEAG para el paquete coordinado propuesto;

8.  Señala que Finlandia planea tres tipos de medidas para los trabajadores despedidos cubiertos por esta solicitud: i) ayudarles a encontrar un nuevo empleo, ii) ayudarles a crear su propia empresa, y iii) proporcionarles formación o educación;

9.  Observa que las autoridades planean utilizar el 17,46% de todos los gastos en subsidios e incentivos en forma de subvenciones para salarios (como parte del salario correspondiente a cada relación laboral con un trabajador afectados) y de indemnizaciones por gastos de viaje, alojamiento y mudanza, lo que representa la mitad del máximo permitido del 35 % de los gastos totales para esas medidas;

10.  Se congratula de los procedimientos que han seguido las autoridades finlandesas para consultar a los beneficiarios previstos o sus representantes o a los interlocutores sociales, así como a las autoridades locales y regionales;

11.  Recuerda la importancia que reviste la mejora de las perspectivas de empleo de todos los trabajadores mediante medidas de formación adaptadas y el reconocimiento de las capacitaciones y las competencias adquiridas a lo largo de la carrera profesional del trabajador; espera que la formación ofrecida en el paquete coordinado no se adapte solamente a las necesidades de los trabajadores despedidos, sino también al entorno empresarial real;

12.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento del FEAG, el diseño del paquete coordinado de servicios personalizados debe prever las futuras perspectivas del mercado laboral y las cualificaciones que se requerirán, y debe ser compatible con el cambio hacia una economía sostenible que utilice eficientemente los recursos;

13.  Acoge con satisfacción la complementariedad de las intervenciones del FEAG propuestas con otras acciones financiadas por fondos nacionales o de la Unión;

14.  Observa que la información facilitada sobre el paquete coordinado de servicios personalizados que se ha de financiar con cargo al FEAG incluye información sobre su complementariedad con las acciones financiadas por los Fondos Estructurales; destaca que las autoridades finlandesas confirman que las medidas subvencionables no reciben asistencia de otros instrumentos financieros de la Unión; reitera a la Comisión su petición de que presente una evaluación comparativa de estos datos en sus informes anuales, con el fin de garantizar que se respeten plenamente las normas en vigor y que no se produzca ninguna duplicación de servicios financiados por la Unión;

15.  Alaba el procedimiento mejorado introducido por la Comisión a raíz de la solicitud del Parlamento de liberación agilizada de las subvenciones; observa las limitaciones de tiempo que supone el nuevo calendario y su posible impacto sobre la eficacia de la instrucción del caso;

16.  Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

17.  Encarga a su Presidente que firme la presente Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud EGF/2015/001 FI/Broadcom, presentada por Finlandia)

(No se reproduce el texto del presente anexo dado que coincide con el acto final, la Decisión (UE) 2015/1477.)

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(3) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(4) Reglamento (CE) nº 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
(5) Reglamento (UE) n° 1046/2012 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2012, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS), en lo relativo a la transmisión de las series temporales para el nuevo desglose regional (DO L 310 de 9.11.2012, p. 34).


Presupuesto 2016 - Mandato para la negociación tripartita
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Resolución
Anexo
Anexo
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, sobre el mandato para la negociación tripartita del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016 (2015/2074(BUD))
P8_TA(2015)0263A8-0217/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 312 y 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, adoptado por la Comisión el 24 de junio de 2015 (COM(2015)0300),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(2),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3),

–  Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2016 – Sección III – Comisión(4),

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 17 de febrero de 2015, sobre las orientaciones presupuestarias para el ejercicio 2016,

–  Visto el título II, capítulo 8, de su Reglamento,

–  Vistas las cartas de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Asuntos Constitucionales,

–  Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0217/2015),

Proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016: respetar los compromisos y las prioridades de financiación

1.  Recuerda que, en su mencionada Resolución de 11 de marzo de 2015, el Parlamento situó la creación de empleo digno y de calidad y el desarrollo de empresas y del emprendimiento con miras a un crecimiento inteligente, sostenible e incluyente en toda la Unión (las «tres E»), junto con la solidaridad interior y exterior en una Europa segura, en el centro de sus prioridades para el presupuesto 2016; reitera la adhesión del Parlamento al respeto de los compromisos jurídicos y políticos y pide a las instituciones que cumplan sus promesas;

2.  Destaca, en este contexto, que el marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020 establece límites máximos para todas las rúbricas pero también la máxima flexibilidad específica posible para permitir que la Unión cumpla con sus obligaciones legales, así como instrumentos especiales para que la Unión pueda responder a determinadas situaciones imprevistas o financiar gastos claramente definidos por encima de los límites máximos disponibles;

3.  Acoge con satisfacción el hecho de que el proyecto de la Comisión de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 refuerce las prioridades citadas y propone que se aumente el apoyo de la UE a los programas orientados a inversiones, conocimiento, empleo y crecimiento, en particular a un programa de movilidad emblemático como Erasmus+; considera que este proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016 es un paso satisfactorio para ayudar a los Estados miembros a afrontar los retos estructurales, en particular la pérdida de competitividad; se alegra de que, además de los incrementos esperados en el conjunto de la rúbrica 3 (Seguridad y ciudadanía) y la rúbrica 4 (Europa global), la Comisión haga frente al reto de responder a nuevos fenómenos como las crisis en Ucrania, Siria y el Mediterráneo, atendiendo a las necesidades de la UE y de los Estados miembros en el sector de la seguridad y la migración y demostrando una firme voluntad política en el ámbito de la acción exterior y del compromiso presupuestario con los países de origen y de tránsito;

4.  Acoge con satisfacción la inclusión del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) en el proyecto de presupuesto para 2016 y, en particular, la movilización del margen global para compromisos para cubrir parte del gasto necesario para financiar los 8 000 millones EUR del fondo de garantía del FEIE, en lugar de recurrir exclusivamente a recortes en Horizonte 2020 y en el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE); destaca que el Parlamento pretendía minimizar lo más posible el impacto sobre estos dos programas y que el acuerdo alcanzado por los colegisladores reduce aun más estos recortes por un total de 1 000 millones EUR, dejando intacta en particular la investigación básica; espera que el acuerdo final sobre el FEIE se refleje cuanto antes en el presupuesto 2016 sobre la base de una nota rectificativa;

5.  Recuerda, sin embargo, que la Autoridad Presupuestaria solo tomará la decisión sobre los créditos anuales que deben autorizarse para la creación del fondo de garantía del FEIE en el marco del procedimiento presupuestario anual; se compromete en este marco a seguir compensando los recortes que afectan a Horizonte 2020 y el MCE, que siguen siendo importantes, a fin de que estos programas puedan cumplir plenamente los objetivos acordados hace solamente dos años como consecuencia de las negociaciones sobre sus respectivas bases jurídicas; tiene asimismo la intención de estudiar cuidadosamente si estos recortes deben concentrarse en los años 2016-2018, como propone la Comisión, o repartirse entre los años 2019-2020, como una forma de minimizar su impacto sobre estos programas;

6.  Lamenta que el programa de competitividad de las empresas y las pequeñas y medianas empresas (COSME) sufra un recorte nominal de los créditos de compromiso de 2015 a 2016; pone de relieve que esta reducción enviaría una señal muy negativa en un momento en el que se necesita sobremanera el potencial de las pymes como fuentes de innovación y creación de empleo para estimular la recuperación de la UE, reducir las brechas en materia de inversiones y contribuir a la prosperidad futura de la Unión; recuerda que promover el emprendimiento, mejorar la competitividad y el acceso de las empresas de la Unión a los mercados, incluidas las empresas sociales, y mejorar el acceso a la financiación de las pymes que contribuyen de manera importante a la economía y la competitividad de Europa son prioridades con las que están claramente de acuerdo todas las instituciones y han sido la justificación de la anticipación y el refuerzo de los créditos de COSME durante los dos años anteriores, habida cuenta del elevado porcentaje de ejecución del programa; se propone, por consiguiente, velar por una evolución positiva de este programa en 2016;

7.  Reitera su preocupación por la financiación de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) como instrumento clave de la lucha contra el desempleo juvenil en la Unión, que es una de las máximas prioridades para todos los responsables políticos europeos; señala la anticipación de la asignación específica complementaria de la IEJ en 2014 y 2015; lamenta que no se propongan nuevos compromisos en 2016; recuerda que el MFP ofrece un margen global para compromisos que está disponible por encima de los límites a partir de 2016 para objetivos políticos relacionados con el crecimiento y el empleo, en particular el empleo juvenil; recuerda que, en consecuencia, el Reglamento sobre el Fondo Social Europeo ha establecido que los recursos de la IEJ puedan revisarse al alza para los ejercicios 2016 a 2020 en el marco del procedimiento presupuestario; pide, por consiguiente, que se dé continuidad a la Iniciativa de Empleo Juvenil recurriendo a las disposiciones de flexibilidad del MFP, y quiere garantizar que el presupuesto 2016 prevea los importes necesarios;

8.  Observa que, gracias a un oportuno acuerdo sobre la reprogramación de compromisos en régimen de gestión compartida en el MFP 2014-2020 debido a la adopción tardía de las normas y los programas correspondientes, la Comisión ha incluido en su proyecto de presupuesto 2016 (rúbrica 2 y 3) 4 500 millones EUR en créditos de compromiso que no pudieron utilizarse en 2014; recuerda que el presupuesto modificativo n° 1/2015 ya ha permitido la transferencia de 16 500 millones EUR de 2014 a 2015 en las rúbricas 1b, 2 y 3; destaca, no obstante, que se trata de transferencias de créditos ya acordadas en 2014, por lo que a efectos de comparación deben deducirse en cualquier análisis de la evolución del presupuesto 2016 con respecto al presupuesto 2015; señala, por consiguiente, que los programas afectados se benefician de hecho de unos créditos de compromiso reforzados en el proyecto de presupuesto 2016;

9.  Expresa su preocupación ante el despegue más lento de lo previsto de los nuevos programas comprendidos en el MFP para el periodo 2014-2020 debido a la tardía aprobación de las bases jurídicas y los programas operativos así como a la escasez de créditos de pago en 2014; se propone examinar si los créditos de compromiso y de pago solicitados permitirán efectivamente que estos programas alcancen su velocidad de crucero; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que tomen todas las medidas necesarias para recuperar el retraso en su ejecución;

10.  Observa que el proyecto de presupuesto de la UE para 2016 asciende a 153 500 millones EUR en créditos de compromiso (incluidos 4 500 millones EUR reprogramados de 2014) y 143 500 millones EUR en créditos de pago; señala que, dejando aparte el efecto de la reprogramación en 2015 y 2016, esto corresponde a un incremento del 2,4 % en los compromisos y del 1,6 % en los pagos con respecto al presupuesto de 2015; destaca que estos aumentos generales moderados, que siguen la senda del MFP y corresponden a la inflación, apenas suponen un aumento en términos reales, lo que subraya la importancia de la eficiencia y la eficacia de los gastos;

11.  Subraya que la Comisión está dejando márgenes de 2 200 millones EUR en créditos de compromiso (de ellos, 1 200 millones EUR en la rúbrica 2) y 1 600 millones EUR en créditos de pago dentro de los límites del MFP; recuerda que los márgenes disponibles para compromisos y para pagos así como los pagos no ejecutados se incorporan a los márgenes globales para ser utilizados en ejercicios posteriores cuando sea necesario; observa que el margen global para compromisos se ha movilizado por primera vez y que una parte del mismo se utilizará para el FEIE; acoge con satisfacción en principio la utilización propuesta del Instrumento de Flexibilidad para gastos claramente identificados como parte de nuevas iniciativas de la UE en los ámbitos del asilo y la migración, que no pueden financiarse dentro de los límites de la rúbrica 3; se propone utilizar parte de los márgenes restantes y aprovechar las disposiciones pertinentes en materia de flexibilidad ofrecidas por el MFP para reforzar prioridades cruciales;

Pagos: restablecer la confianza

12.  Recuerda que la escasez de pagos, debida en gran parte a los límites de pagos insuficientes y a la infrapresupuestación, alcanzó un nivel sin precedentes en 2014 y sigue siendo aguda en 2015; teme que esto siga poniendo en peligro la correcta ejecución de los nuevos programas del MFP 2014-2020, y penalizando a los beneficiarios, en particular a las autoridades locales, regionales y nacionales, que se enfrentan a dificultades económicas y sociales; expresa su preocupación, si bien apoya la gestión activa de los pagos por parte de la Comisión, ante el aplazamiento de convocatorias de propuestas, la reducción de la prefinanciación y los pagos retrasados, que pueden resultar perjudiciales para alcanzar los objetivos de cohesión económica, social y territorial; reitera su preocupación por los recortes ad hoc en los pagos introducidos por el Consejo en su lectura de los presupuestos anuales, incluso en los programas «Competitividad para el crecimiento y el empleo» de la rúbrica 1a; pide a la Comisión que presente, a más tardar el 31 de marzo de 2016, un informe sobre las repercusiones para los beneficiarios a los que la Unión pagó con demora en el período 2013-2015, así como sobre las repercusiones para la ejecución de los programas;

13.  Acoge con satisfacción que el proyecto de presupuesto de la UE refleje la declaración común relativa al plan de pagos para 2015-2016 acordada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión a raíz del diagnóstico compartido y del compromiso asumido por las tres instituciones para reducir el retraso acumulado; recuerda que, según el artículo 310 del TFUE, los ingresos y los gastos del presupuesto de la UE deben estar equilibrados; señala que, según las estimaciones de la Comisión, los créditos de pago solicitados en el proyecto de presupuesto reducirán la acumulación de facturas pendientes a un nivel sostenible de 2 000 millones EUR aproximadamente; tiene el propósito, por consiguiente, de apoyar plenamente la propuesta de la Comisión y espera que el Consejo cumpla sus compromisos en este contexto;

14.  Subraya que el Parlamento, el Consejo y la Comisión se han comprometido a evitar que en el futuro se produzca una acumulación insostenible de solicitudes de pago pendientes de liquidación a final de año, sin dejar por ello de respetar y aplicar en su totalidad los acuerdos alcanzados en el contexto del marco financiero plurianual y de los procedimientos presupuestarios anuales; reitera, a este respecto, la necesidad de controlar atenta y activamente la evolución de esta acumulación; reitera su preocupación por que las especificidades de los ciclos de pago ejercen una presión adicional sobre el nivel de los créditos de pago, en particular al final del MFP; recuerda a la Comisión su compromiso, expresado en la declaración común sobre un plan de pagos, de desarrollar sus instrumentos de previsión a medio y largo plazo y de establecer un sistema de alerta temprana con el objetivo de presentar estas primeras previsiones de pago en julio, de manera que en el futuro la Autoridad Presupuestaria pueda tomar decisiones con pleno conocimiento de causa;

15.  Celebra que por fin el equilibrio dentro de los créditos de pago totales vaya desplazándose de la finalización de pasados programas del periodo 2007-2013 a la ejecución de los nuevos programas del periodo 2014-2020; subraya, sin embargo, que el nivel de los pagos del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016, en particular en la rúbrica 1b, es bajo en comparación con el nivel de los compromisos, lo que conlleva el riesgo de una acumulación similar de pagos pendientes al final del actual MFP; se pregunta, por lo tanto, hasta qué punto esto concuerda con la perspectiva del plan de pagos a largo plazo;

Subrúbrica 1a — Competitividad para el crecimiento y el empleo

16.  Observa que, en comparación con 2015, la propuesta de la Comisión para 2016 representa un incremento de los compromisos de la subrúbrica 1a del 6,1 %, hasta un importe de 18 600 millones EUR; señala que el incremento de los compromisos se debe en gran medida a la integración del FEIE, los incrementos para Erasmus+ y el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) y, en menor medida, a incrementos para «Aduanas, Fiscalis y Lucha contra el Fraude» así como para el programa para el Empleo y la Innovación Social; prestará una atención especial a la reducción de las desigualdades entre los sistemas de aprendizaje y de educación superior en Europa, en particular garantizando la igualdad de acceso a la movilidad;

17.  Lamenta, no obstante, las reducciones de créditos para grandes proyectos de infraestructura, Horizonte 2020 y COSME, así como la menor progresión de MCE Transporte a causa de la reasignación al FEIE; recuerda que la propuesta inicial de la Comisión relativa al FEIE habría supuesto un recorte de 170 millones EUR para Horizonte 2020 en 2016 frente a 2015, lo que habría enviado una señal contradictoria en relación con un programa reconocido ampliamente como una prioridad emblemática en el actual MFP; lamenta las consecuencias sobre la financiación de la investigación, incluidos los sectores de la energía, las pymes, el clima y el medio ambiente, las ciencias sociales y la ciencia en la sociedad; se compromete a buscar una compensación ulterior de las reducciones propuestas en estos programas mediante aumentos durante el procedimiento presupuestario utilizando el margen de 200 millones EUR aún disponible dentro del límite de la rúbrica 1a; destaca que la financiación de las inversiones, la investigación, el desarrollo y la innovación deben concentrarse en los sectores en los que puede alcanzarse el mayor valor añadido, como la mejora de la eficiencia energética, las TIC, las subvenciones a la investigación básica, y las tecnologías hipocarbónicas y de las energías renovables;

18.  Reitera su apoyo al programa ITER y se compromete a garantizar su financiación adecuada; manifiesta, sin embargo, su preocupación por que la presentación de un calendario revisado y de una programación financiera de ITER prevista para noviembre de 2015 no permita a la Autoridad Presupuestaria tener en cuenta la nueva información en el procedimiento presupuestario anual para 2016; pide, además, a ITER y a su Empresa Común para la Unión Europea – Fusión por energía que presenten sin demora los informes solicitados sobre la aprobación de su gestión en 2013, y que den curso a las recomendaciones pertinentes del Parlamento;

19.  Subraya que la pasada infrapresupuestación de los créditos de pago ha ensanchado la brecha entre compromisos y pagos en varios programas de la rúbrica 1a, lo que ha contribuido al acusado incremento de los créditos pendientes de liquidación (RAL) en comparación con otras rúbricas; expresa su preocupación al observar que la Comisión ha tenido que reducir el importe de prefinanciación y, lo que es peor aun, aplazar nuevas convocatorias de propuestas y retrasar la firma de contratos; observa, por ejemplo, que en el marco de Horizonte 2020, la Comisión estima que, en una hipótesis de ejecución normal, sin límites de los créditos de pago, a finales de 2014 se habrían gastado alrededor de 1 000 millones EUR más; reitera, a la vez que alaba los esfuerzos de la Comisión por mantener bajo control la situación de los pagos, que bajo ninguna circunstancia tolerará que se considere que la ralentización de los programas del periodo 2014-2020 podría ser un modo de abordar la escasez de pagos;

20.  Acoge con satisfacción, por consiguiente, el incremento de los créditos de pago en un 11,4 %, hasta un importe de 17 500 millones EUR en comparación con 2015 y el incremento de la relación entre pagos y compromisos para 2016; observa, en particular, que en el caso de varios programas (Copernicus, Erasmus+, Horizonte 2020, MCE Transporte, seguridad nuclear y clausura de centrales), el nivel de los créditos de pago supera el de los créditos de compromiso;

Subrúbrica 1b — Cohesión económica, social y territorial

21.  Toma nota de la propuesta de 50 800 millones EUR en compromisos (+3,2 % en comparación con 2015, una vez neutralizado el impacto de la reprogramación) y 49 100 millones EUR en pagos (-4 %) para la rúbrica 2, lo que deja un pequeño margen de 15 300 millones EUR por debajo del límite para los compromisos; recuerda que la política de cohesión constituye la principal política de inversión de la UE con el objetivo de disminuir las disparidades entre las regiones europeas mediante el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial; subraya que instrumentos como el FSE, el FEDER, el Fondo de Cohesión o la Iniciativa de Empleo Juvenil son decisivos para fomentar la convergencia, reducir la brecha en materia de desarrollo y contribuir a crear empleos sostenibles y de calidad; subraya el papel fundamental de la política de cohesión de la UE en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

22.  Destaca que el 44 % de los créditos de pago propuestos para 2016 cubren solicitudes de pago pendientes de periodos de programación anteriores, lo que deja solo 26 800 millones EUR en pagos para el inicio de los nuevos programas de cohesión para 2014-2020; considera, por tanto, que los créditos de pago propuestos son el mínimo indispensable necesario en esta subrúbrica;

23.  Recuerda que es necesario un importe de 21 600 millones EUR en el presupuesto de 2016 a fin de reducir el nivel de las solicitudes de pago pendientes para los programas de cohesión del periodo 2007-2013 de 24 700 millones EUR a finales de 2014 y de 20 000 millones EUR a finales de 2015 a unos 2 000 millones EUR a finales de 2016, tal como se describe en la evaluación de la Comisión adjunta a la declaración común sobre un plan de pagos para 2015-2016; insta a evitar una acumulación «anormal» de facturas impagadas similar en el futuro para no poner en peligro la credibilidad de la UE;

24.  Destaca, además de su llamamiento en pos de la continuación de la Iniciativa de Empleo Juvenil, que la aceleración eficiente y efectiva de su ejecución en los Estados miembros es fundamental; anima a los Estados miembros y a la Comisión a adoptar todas las medidas necesarias para poner en marcha todos los regímenes nacionales de garantía juvenil con carácter prioritario teniendo en cuenta como corresponda las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo expuestas en su Informe especial n° 3/2015; reitera que el aumento recientemente aprobado del porcentaje de prefinanciación hasta el 30 %, con el firme apoyo del Parlamento, depende de la presentación rápida de las solicitudes de pagos intermedios por los Estados miembros en el plazo de un año, que debería materializarse en 2016; insiste en que el incremento de la prefinanciación de la Iniciativa de Empleo Juvenil no debe afectar negativamente a la ejecución de otros elementos del FSE;

Rúbrica 2 — Crecimiento sostenible: recursos naturales

25.  Toma nota de la propuesta de 63 100 millones EUR en compromisos (-0,1 % en comparación con 2015, con el impacto de la reprogramación neutralizado) y 55 900 millones EUR (-0,2 %) para la rúbrica 2, lo que deja un margen de 1 200 millones EUR por debajo del límite para los compromisos y un margen de 1 100 millones EUR por debajo del sublímite para el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA); señala que el mecanismo de disciplina financiera se aplica solo con objeto de crear una reserva para las crisis en el sector agrícola; espera la nota rectificativa de la Comisión, prevista para octubre de 2015, que debería basarse en información actualizada sobre la financiación del FEAGA; hace hincapié en que las transferencias entre los dos pilares de la PAC comportan un aumento general del importe disponible para el desarrollo rural;

26.  Resalta que el proyecto de presupuesto para 2016 refleja un descenso en las necesidades de intervención en los mercados agrícolas en comparación con el presupuesto para 2015. debido principalmente al efecto en 2015 de las medidas de emergencia relativas al embargo ruso sobre las importaciones de determinados productos agrícolas procedentes de la UE; señala que, según la Comisión, no se necesitan nuevas medidas en el presupuesto de 2016; pone de relieve los objetivos de aumentar la competitividad y la sostenibilidad de la agricultura europea, y pide que se destinen recursos para alcanzar estos objetivos;

27.  Destaca que la política pesquera común reformada constituye un marco jurídico ambicioso con el que afrontar los retos de la pesca responsable, incluso mediante la recogida de datos, y se congratula de que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca haya recibido en 2015 una transferencia de créditos no utilizados en 2014, mientras que, una vez neutralizado el impacto de esta reprogramación, los créditos de compromiso para este fondo siguen mejorando en 2016; observa, no obstante, que, en los pagos, la desaparición gradual del programa anterior se compensa solo parcialmente con el inicio del nuevo, lo que resulta en una reducción de créditos para 2016;

28.  Celebra el aumento de los créditos previstos para el programa LIFE para el medio ambiente y el cambio climático, tanto en compromisos como en pagos; saluda las primeras medidas de ecologización del presupuesto de la UE, y señala la necesidad de acelerar su ritmo;

Rúbrica 3 – Seguridad y ciudadanía

29.  Acoge con satisfacción que el proyecto de presupuesto para 2016 aumente su apoyo en todos los programas de la rúbrica 3 y alcance los 2 500 millones EUR en créditos de compromiso (+12,6 % en comparación con el presupuesto para 2015 una vez neutralizada la reprogramación) y 2 300 millones EUR en créditos de pago (+9,7 %); señala que, de esta manera, no queda margen para posibles refuerzos, proyectos piloto ni acciones preparatorias en la rúbrica 3; estima que, en la situación geopolítica actual, debido en particular a la creciente presión de los flujos migratorios, el nivel de los límites fijados para la que es, con diferencia, la rúbrica más pequeña del MFP podría haber quedado obsoleto y debe abordarse en el contexto de la revisión postelectoral del MFP;

30.  Acoge con satisfacción la Agenda Europea de Migración de la Comisión y reitera su apoyo a la mejora de los medios de la UE y al desarrollo de una cultura de reparto justo de la carga en ámbitos como el asilo, la migración y la gestión de las fronteras exteriores; alaba, por consiguiente, los aumentos de los créditos de pago asignados al Fondo de Seguridad Interior y al Fondo de Asilo, Migración e Integración, incluido el desarrollo del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA); acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de movilizar el instrumento de flexibilidad por valor de 124 millones EUR para hacer frente a las actuales tendencias migratorias en el Mediterráneo; se pregunta si los recursos propuestos serán suficientes; subraya la necesidad de un estricto control del destino de estos fondos;

31.  Destaca que, dado el gran número de llegadas a las costas meridionales de la Unión y al papel creciente que la OEAA debe desempeñar en la gestión del asilo, la propuesta de aumentar la plantilla de la OEAA en solo seis personas es claramente insuficiente; solicita, por consiguiente, un nivel de dotación de personal y de presupuesto de la OEAA en 2016 adecuado para que pueda cumplir con eficacia sus tareas y operaciones;

32.  Opina que la Comisión debe evaluar pormenorizadamente el impacto presupuestario y las tareas adicionales que para Europol conlleven las medidas presentadas en el marco de la Agenda Europea de Migración y la Agenda Europea de Seguridad, con objeto de que la Autoridad Presupuestaria pueda adaptar adecuadamente las necesidades de la Agencia en materia de presupuesto y de personal; subraya el papel de Europol en el apoyo transfronterizo prestado a los Estados miembros y en el intercambio de información; hace hincapié en la necesidad de garantizar un nivel de dotación de personal y de presupuesto de la Agencia en 2016 adecuado para que pueda cumplir con eficacia sus tareas y operaciones;

33.  Considera que las agencias en cuestión no deben ser objeto de reducción o redistribución de personal y que deben destinarlo de forma adecuada para responder a sus cada vez mayores responsabilidades;

34.  Recuerda asimismo el firme y consecuente apoyo del Parlamento a la financiación adecuada de los programas en favor de la cultura y los medios de comunicación; celebra, por ello, el aumento en el programa Europa Creativa, que incluye acciones multimedia, en comparación con el presupuesto para 2015, aunque manifiesta sus reservas por la separación administrativa entre sus componentes sobre cultura y sobre medios de comunicación; apoya asimismo la propuesta de aumento para «Europa con los ciudadanos», pues este programa es vital para la participación cívica de los ciudadanos en el proceso democrático en Europa; opina que la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es un instrumento fundamental de la democracia participativa en la UE, y pide que se mejore su visibilidad y accesibilidad; destaca el papel positivo desempeñado por las redes paneuropeas constituidas por medios de comunicación locales y nacionales como EuranetPlus;

35.  Hace hincapié en que la seguridad de los alimentos y los piensos, la protección del consumidor y la salud son ámbitos de interés fundamental para los ciudadanos de la UE; valora, por tanto, los aumentos en los créditos de compromiso para el programa Alimentos y Piensos, el programa de Salud y el programa de Consumidores, en comparación con el presupuesto de 2015;

Rúbrica 4 – Una Europa global

36.  Celebra el aumento de la financiación general de la rúbrica 4, que alcanza 8 900 millones EUR en créditos de compromiso (+5,6 % en comparación con el presupuesto de 2015), lo que deja un margen de 261,3 millones EUR por debajo del límite; señala que esto demuestra un elevado nivel de solidaridad con los terceros países; considera que el presupuesto de la UE es decisivo para llegar a las personas necesitadas y para fomentar los valores fundamentales europeos; expresa su satisfacción por el hecho de que las dificultades económicas y sociales que ha experimentado la UE en los últimos años no hayan disminuido la atención prestada al resto del mundo; considera, no obstante, que será muy probablemente necesario reforzar más determinados ámbitos prioritarios, como el Instrumento Europeo de Vecindad, incluidos la ayuda al proceso de paz en el Oriente Próximo, a Palestina y al OOPS, dada la actual crisis humana y política en la región y fuera de ella;

37.  Celebra el aumento de créditos de pago solicitado por la Comisión en todos los programas de la rúbrica 4 (+28,5 %, hasta 9 500 millones EUR), con lo que los pagos superan a los compromisos especialmente en los ámbitos del desarrollo, la ayuda humanitaria y la ayuda de la UE a Palestina y al OOPS; considera que tales aumentos están plenamente justificados ante la necesidad de corregir los efectos de la grave carencia de pagos ocurrida en dicha rúbrica en 2014 y 2015, que llevó a la Comisión a reducir la prefinanciación y a aplazar compromisos jurídicos; recuerda que en 2015 fue necesario abonar 1 700 millones EUR en intereses por pagos retrasados dentro de la rúbrica 4; espera que la diferencia entre compromisos y pagos se reduzca progresivamente y la acumulación de facturas impagadas regrese a un nivel normal; hace hincapié en que tal condición es indispensable para la sostenibilidad financiera de los beneficiarios vulnerables y para que la UE sea un socio fiable frente a las organizaciones internacionales;

38.  Considera que los instrumentos financieros exteriores ofrecen herramientas para abordar, desde muchos puntos de vista y de conformidad con sus objetivos respectivos, las causas profundas de aquellos retos en materia de seguridad interior y migración que constituyen el núcleo del presupuesto del año siguiente, en especial con respecto a las fronteras meridionales y orientales de la Unión y, más en general, a las zonas afectadas por conflictos; señala, en concreto, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo y el Instrumento Europeo de Vecindad, pero también políticas que experimentan incrementos más moderados, como la ayuda humanitaria, el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz, la política exterior y de seguridad común y el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos; pide a la Comisión que defina claramente ámbitos en los que puede contribuir a afrontar estos retos actuales y en los que un posible refuerzo se pueda absorber de manera eficiente; recuerda a este respecto la importancia de prestar asistencia en la reducción y eventual erradicación de la pobreza, la necesidad de que la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la cohesión social y la lucha contra las desigualdades sigan ocupando el centro de las actividades de ayuda exterior de la UE;

39.  Subraya el notable aumento en el importe consignado en el presupuesto de 2016 para el fondo de garantía relativo a las acciones exteriores gestionado por el Banco Europeo de Inversiones y observa que se debe, entre otros factores, a la puesta en marcha de los préstamos de asistencia macrofinanciera a Ucrania;

40.  Pide a la Comisión y al SEAE que garanticen que se aplica un enfoque concertado en los países estratégicos que reciben importes relativamente importantes de fondos procedentes de múltiples fuentes de la UE, tales como Ucrania y Túnez; opina que la UE puede lograr un mayor impacto político y económico asegurando una coherencia y una coordinación mayores entre los principales actores en la Unión y sobre el terreno, simplificando y acortando los procedimientos y ofreciendo una imagen más clara de la acción de la UE;

Rúbrica 5 – Administración

41.  Toma nota de que el gasto de la rúbrica 5 aumenta un 2,9 % con respecto al presupuesto de 2015 hasta los 8 908,7 millones EUR, cifra que se explica en conjunto por el gasto administrativo de las instituciones (+2,2 %) y las pensiones y las escuelas europeas (+5,4 %); observa que queda un margen de 574,3 millones EUR por debajo del límite; subraya que la proporción del presupuesto de la UE dedicada a la rúbrica 5 se mantiene estable en un 5,8 %; recuerda, sin embargo, que esta cifra no tiene en cuenta la asistencia técnica que se computa como gastos de operaciones;

Instrumentos especiales

42.  Reitera que los instrumentos especiales son clave para respetar y ejecutar totalmente el MFP y deben calcularse, por su propia naturaleza, por encima de los límites tanto en compromisos como en pagos, sobre todo a fin de determinar el margen global para los pagos; celebra la paridad propuesta entre compromisos y pagos en la Reserva para Ayudas de Emergencia (RAE); observa que los importes destinados a la Reserva para Ayudas de Emergencia, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) y el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) en el proyecto de presupuesto para 2016 se mantienen en general estables o aumentan ligeramente;

Proyectos piloto – Acciones preparatorias

43.  Destaca la importancia que revisten los proyectos piloto y las acciones preparatorias como instrumentos para la determinación de las prioridades políticas y la introducción de nuevas iniciativas que puedan convertirse en actividades y programas de la UE en vigor, incluidas iniciativas destinadas a reflejar y acompañar los cambios económicos, ecológicos y sociales en la UE; observa con preocupación que la Comisión no ha previsto créditos para la continuación de proyectos piloto y acciones preparatorias de gran éxito, en especial dentro de la rúbrica 3; tiene la intención de proceder a determinar un paquete equilibrado de proyectos piloto y acciones preparatorias; señala que, en la propuesta actual, el margen de algunas rúbricas es muy limitado o incluso inexistente, y tiene previsto buscar maneras para dejar margen para posibles proyectos piloto y acciones preparatorias;

Organismos descentralizados

44.  Subraya el papel fundamental que desempeñan los organismos descentralizados en la elaboración de políticas de la UE, y manifiesta su determinación de evaluar las necesidades presupuestarias y de personal de todos los organismos caso por caso, con objeto de garantizar los créditos y el personal adecuados para todos los organismos y, en especial, para aquellos a los que se han asignado recientemente nuevas tareas o que se enfrentan a una mayor carga de trabajo debido a las prioridades políticas decididas o a otras razones; tiene la intención específica de facilitar a los organismos del ámbito de la justicia y los asuntos de interior los recursos necesarios para hacer frente a los actuales retos migratorios; destaca una vez más su oposición a la reserva de reasignación y espera encontrar, durante el procedimiento presupuestario, una solución que ponga fin a los recortes de personal adicionales en los organismos descentralizados; reitera asimismo su intención de recurrir al Grupo de trabajo interinstitucional sobre organismos descentralizados a fin de encontrar una visión compartida entre las instituciones sobre el trato de los organismos en lo relativo al presupuesto, también con la vista puesta en la conciliación relativa al presupuesto de 2016;

o
o   o

45.  Solicita que se realice un esfuerzo continuo a través del presupuesto para facilitar una formación y una recualificación adecuadas en los sectores con escasez de mano de obra y en sectores clave con gran potencial de creación de empleo, tales como la economía verde, la economía circular, la salud y las TIC; destaca que el presupuesto de 2016 debe proporcionar la ayuda adecuada para promover la inclusión social y llevar a cabo acciones destinadas a erradicar la pobreza y capacitar a las personas en situación de pobreza y exclusión social; recuerda que la cuestión de la igualdad de género debe incluirse en las políticas de la UE y tenerse en cuenta en el procedimiento presupuestario; insta a que se preste ayuda financiera a todos los programas que apoyen la creación de empleo y la inclusión social para quienes sufren diversas desventajas, como los desempleados de larga duración, las personas con discapacidad, las pertenecientes a minorías y las personas inactivas y desmotivadas;

46.  Recuerda que, con los programas que se espera que alcancen su pleno funcionamiento, con la integración de nuevas iniciativas importantes en los ámbitos de las inversiones y la migración, con la oportunidad de resolver asuntos del pasado tales como los pagos y los instrumentos especiales, y con la primera activación de las nuevas disposiciones del MFP tales como el margen global para compromisos, el procedimiento presupuestario para 2016 será una prueba para la estrategia del Consejo en relación con el plan de pagos, así como para la evaluación del MFP actual; recuerda a la Comisión su obligación jurídica de presentar una revisión del funcionamiento del MFP a finales de 2016 y de adjuntar a esta revisión presupuestaria una propuesta legislativa de revisión del Reglamento (EU, Euratom) n° 1311/2013 por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020; recuerda que, paralelamente a este proceso, la Comisión también debe evaluar las nuevas iniciativas sobre recursos propios sobre la base de los resultados de los trabajos del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios, que deben presentarse en 2016;

47.  Reconoce el amplio consenso que ha guiado el examen del proyecto de presupuesto rectificativo para 2015 así como la negociación del plan de pagos hasta la fecha, lo que demuestra una voluntad compartida de respetar el MFP, aplicar los fundamentos jurídicos negociados cuidadosamente y garantizar la financiación de los nuevos programas; pide que se mantenga el espíritu de cooperación entre la Comisión y las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria de la UE, y espera que este permita afrontar en último término las causas del aumento del retraso que radican en el procedimiento presupuestario; espera que el mismo espíritu se imponga en la negociación del presupuesto de 2016 y en la búsqueda de medios para afrontar futuros retos imprevistos y emergentes;

48.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

ANEXO I: DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE FECHAS DEL PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO Y MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO DELCOMITÉ DE CONCILIACIÓN EN 2015

A.  De conformidad con la parte A del anexo del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión acuerdan las siguientes fechas principales para el procedimiento presupuestario 2016:

1.  Se convocará un diálogo tripartito para el 14 de julio, antes de la adopción de la posición del Consejo.

2.  El Consejo hará todo lo posible por adoptar su posición y remitirla al Parlamento Europeo para la semana 38 (tercera semana de septiembre), a fin de facilitar un acuerdo con el Parlamento Europeo con la suficiente antelación.

3.  La Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo hará todo lo posible por votar las enmiendas a la posición del Consejo antes de que termine la semana 42 (mediados de octubre) a más tardar.

4.  Se convocará un diálogo tripartito para el 19 de octubre, antes de la lectura del Parlamento Europeo.

5.  El Pleno del Parlamento Europeo votará sobre su lectura durante la semana 44 (sesión plenaria del 26 al 29 de octubre).

6.  El periodo de conciliación comenzará el 29 de octubre. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 314, apartado 4, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la UE, el plazo disponible para la conciliación expirará el 18 de noviembre de 2015.

7.  El Comité de Conciliación se reunirá el 9 de noviembre en la sede del Parlamento Europeo, y el 13 de noviembre en la sede del Consejo, y podrán reanudarse las reuniones cuando proceda; las sesiones del Comité de Conciliación se prepararán mediante diálogos tripartitos, uno de los cuales está previsto para el 11 de noviembre. Podrán convocarse diálogos tripartitos adicionales en el transcurso de los 21 días que dura el período de conciliación.

B.  Las modalidades de funcionamiento del Comité de Conciliación se establecen en la parte E del anexo del citado acuerdo interinstitucional.

ANEXO II: DECLARACIÓN COMÚN SOBRE UN PLAN DE PAGOS PARA 2015-2016

Sobre la base de la declaración conjunta relativa a un plan de pagos, acordada en diciembre de 2014 en el marco del acuerdo alcanzado para los presupuestos de 2014 y 2015, las tres instituciones han evaluado conjuntamente la situación y las perspectivas de los pagos en el presupuesto de la UE, tomando como referencia el documento que presentó la Comisión el 23 de marzo de 2015.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión convienen en lo siguiente:

1.  Situación actual

El Parlamento Europeo y el Consejo toman nota de la detenida evaluación que ha facilitado la Comisión en su documento relativo a los elementos de un plan de pagos destinado a volver a situar el presupuesto de la UE en una senda sostenible («Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track», que figura en el anexo), que constituye una base analítica para determinar los principales factores causales del aumento del volumen de compromisos pendientes de liquidación a final de año, y para alcanzar el objetivo de reducir el volumen de facturas impagadas, con especial referencia a la ejecución de los programas de la política de cohesión del periodo 2007-2013.

a)  La restricción a que están sujetos los créditos de pago autorizados en presupuestos anteriores, combinada con el ciclo de ejecución de los programas de cohesión, ha provocado una acumulación progresiva e insostenible de compromisos pendientes de liquidación a final de año, alcanzándose a finales de 2014 el nivel sin precedentes de 24 700 millones de euros. Las instituciones reconocen, sin embargo, que las difíciles decisiones adoptadas en relación con los presupuestos de 2014 y 2015 han permitido estabilizar en gran medida el retraso acumulado.

b)  Por otra parte, la insuficiencia de los pagos ha ralentizado la ejecución de los programas de 2014-2020 en otras rúbricas, sobre todo debido al cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de compromisos anteriores a fin de evitar el riesgo de tener que pagar intereses de demora, en un momento en el que se espera que los programas clave contribuyan al crecimiento y a la creación de empleo en Europa y ayuden a afianzar el papel de la UE a escala internacional.

2.  Perspectivas

c)  El Parlamento Europeo y el Consejo toman nota de las perspectivas para 2015 y 2016 que ha presentado la Comisión: según el análisis de esta, en lo que se refiere a los programas de cohesión del periodo 2007-2013, sería posible reducir la acumulación de compromisos pendientes de liquidación a final de año a un nivel cercano a los 2 000 millones de euros de aquí a finales de 2016, teniendo en cuenta, en particular, que los programas de cohesión están llegando a la fase final, y a condición de que se autoricen en el presupuesto de 2016 suficientes créditos de pago. Se contribuiría así a evitar repercusiones negativas y retrasos innecesarios en la ejecución de los programas del periodo 2014-2020.

d)  El Parlamento Europeo y el Consejo destacan que están resueltos a poner fin paulatinamente a la insostenible acumulación de compromisos pendientes de liquidación para los programas de cohesión del periodo 2007-2013. Se comprometen a cooperar estrechamente con el fin de autorizar en el presupuesto de 2016 un volumen de créditos de pago que permita alcanzar ese objetivo. En sus deliberaciones tendrán en cuenta las perspectivas actuales, que la Comisión afinará y plasmará en sus estimaciones para el proyecto de presupuesto de 2016.

e)  La Comisión seguirá observando con atención la evolución del atraso acumulado y, de ser necesario, propondrá las medidas oportunas para garantizar una progresión ordenada de los créditos de pago que esté en consonancia con los créditos de compromiso autorizados.

f)  Las tres instituciones recuerdan que están resueltas a supervisar activamente la evolución de la ejecución de los pagos a lo largo de 2015. Confirman su voluntad de organizar, en el contexto de los cambios de impresiones que mantienen regularmente, unas reuniones interinstitucionales específicamente dedicadas a esta cuestión, que tendrán lugar los días 26 de mayo, 14 de julio y 19 de octubre, a fin de garantizar un proceso de presupuestación sostenible. En las mencionadas reuniones interinstitucionales convendría abordar también las previsiones a más largo plazo de la evolución esperada de los pagos hasta el final del actual marco financiero plurianual; se ruega a la Comisión que presente a tal fin, si ha lugar, previsiones basadas en hipótesis alternativas.

g)  Para facilitar el proceso de seguimiento de la situación para los programas del periodo 2007-2013, la Comisión presentará en julio y octubre informes en los que se analice la ejecución del presupuesto en comparación con las previsiones mensuales para el año en curso y con la ejecución presupuestaria del año anterior en las mismas fechas, así como la evolución de los compromisos pendientes de liquidación acumulados en relación con la subrúbrica 1b.

h)  Resueltos a evitar semejante acumulación de atrasos en el futuro, el Parlamento Europeo y el Consejo piden a la Comisión que supervise con atención la ejecución de los programas del periodo 2014-2020 y establezca un sistema de alerta rápida. A tal efecto, la Comisión se compromete a elaborar los instrumentos oportunos para facilitar, a lo largo del procedimiento presupuestario, previsiones dinámicas de los pagos por rúbrica y subrúbrica para las rúbricas o subrúbricas 1b, 2 y 5, y por programas para las rúbricas o subrúbricas 1a, 3 y 4, centradas en los ejercicios N y N+1, que incluyan la evolución de las facturas impagadas y los compromisos pendientes de liquidación; estas previsiones se actualizarán regularmente en función de las decisiones presupuestarias y de cualquier cambio pertinente que incida en los perfiles de pagos de los programas; las previsiones de pagos se presentarán en julio, en el marco de las reuniones interinstitucionales para valorar la ejecución de los pagos a que se refiere el apartado 36, párrafo tercero, del anexo del Acuerdo interinstitucional.

i)  Esto debería permitir a la autoridad presupuestaria tomar las decisiones necesarias, en el momento oportuno, para evitar que en el futuro se produzca una acumulación insostenible de compromisos pendientes de liquidación a final de año, sin dejar por ello de respetar y aplicar plenamente los acuerdos alcanzados en el contexto del marco financiero plurianual y de los procedimientos presupuestarios anuales.

ANEXO AL ANEXO II: ELEMENTOS DE UN PLAN DE PAGOS PARA DEVOLVER AL PRESUPUESTO DE LA UE A UNA SENDA SOSTENIBLE

Índice

Síntesis

1.   Antecedentes

2.   Situación a finales de 2014

2.1.   Aplicación a finales de 2014

2.2.   Medidas de mitigación adoptadas en 2014

3.   TERMINOLOGÍA

3.1.   Ciclo de proyectos

3.2.   Compromisos pendientes de liquidación (RAL)

3.3.   Las limitaciones de tesorería frente al déficit de créditos de pago

3.4.   Acumulación de las solicitudes de pago pendientes al final de ejercicio

4.   Subrúbrica 1b: evolución de la acumulación y perspectivas

4.1.   La ejecución de los Fondos Estructurales 2007-2013

4.2.   El perfil de las solicitudes de pago para el periodo de programación 2007-2013

4.3.   Componentes y tipos de retrasos en la liquidación

4.4.   Panorama general de los pagos pendientes para el período 2007-2013 en 2015 y 2016

4.5.   Solicitudes de pago previstas para 2016

4.6.   Resumen de la información utilizada para calcular las solicitudes de pago y los retrasos en la liquidación

4.7.   Pagos al cierre

5.   Otras rúbricas: perspectivas para los programas 2007-2013

5.1.   Panorama general

5.2.   Programas de gestión compartida en las rúbricas 2 y 3

5.2.1.   Rúbrica 2

5.2.2.   Rúbrica 3

5.3.   Gestión directa de los programas de las rúbricas 1a y 4

5.3.1.   Rúbrica 1a

5.3.2.   Rúbrica 4

6.   Perspectivas para los programas del período 2014-2020

7.   Conclusiones

Anexo 1: información remitida por la Comisión el 15 de diciembre de 2014

Anexo 2: Rúbrica 1b: últimas previsiones de los Estados miembros

Síntesis

La diferencia cada vez mayor entre los créditos de pago autorizados y los compromisos asumidos por las instituciones europeas en el pasado ha sido una de las principales evoluciones relacionadas con la ejecución del presupuesto de la UE, en particular desde 2012. Este déficit de pagos ha dado lugar a varias consecuencias negativas en los distintos ámbitos de gasto y especialmente a una creciente acumulación de las solicitudes de pago pendientes para los programas de la política de cohesión 2007-2013 (subrúbrica 1b), que alcanzó un punto máximo sin precedentes a finales de 2014.

Esta creciente acumulación de solicitudes de pago pendientes se debe a la simultaneidad del punto máximo en el ciclo de programación 2007-2013 y la caída en 2014 del límite máximo de pagos del marco financiero plurianual (MFP), en un contexto general de saneamiento de las finanzas públicas a nivel nacional. Por consiguiente, existen dos factores fundamentales para comprender esta evolución.

En primer lugar, el aumento cíclico de las solicitudes de pago impulsado por la continua aplicación de los programas de la política de cohesión 2007-2013, que deben abonarse durante los primeros años del MFP 2014-2020. Tras un lento comienzo de los programas para el período 2007-2009, debido (entre otras cosas) a los efectos de la crisis financiera y las medidas adoptadas para contrarrestarla, la aplicación de los programas se ha acelerado desde 2012, con más solicitudes de pago cada año, que han alcanzado el récord histórico de 61 000 millones EUR en 2013 en el ámbito de la política de cohesión, impulsado por los plazos de ejecución y las normas de liberación automática de los compromisos establecidas en la legislación en materia de política de cohesión(5).

Ha sido difícil ajustar el presupuesto de la UE a un aumento tan elevado de las solicitudes de pago para la política de cohesión 2007-2013, con otros programas a velocidad de crucero, una reducción del límite máximo de pago en 2014 y en el contexto del saneamiento presupuestario en curso en los Estados miembros.

De hecho, el segundo factor fundamental que explica esa situación radica en la reducción significativa de los límites máximos de pago en el nuevo MFP, especialmente importante en 2014 (8 000 millones EUR inferior). El déficit de créditos de pago resultante afecta no solo a la Cohesión (subrúbrica 1b), sino también a otros ámbitos de gasto y, en particular, a los ámbitos de las políticas de Crecimiento y empleo (subrúbrica 1a), Una Europa Global (rúbrica 4) y Seguridad (rúbrica 3).

Para hacer frente a este desafío, la Comisión ha establecido medidas para garantizar una gestión activa de los escasos créditos de pago, a saber: acelerar las medidas para recuperar los importes abonados indebidamente; limitar los importes inactivos de las cuentas fiduciarias; reducir los porcentajes de prefinanciación; hacer el mejor uso posible de los plazos de pago máximos permitidos; aplazar las convocatorias de propuestas/licitaciones y las contrataciones similares y dar mayores prioridades a los países que reciben ayuda financiera.

Por otra parte, la autoridad presupuestaria fue informada a tiempo sobre la evolución y los desafíos que se presentaban, por lo que se propusieron varios presupuestos rectificativos para aumentar los créditos de pago autorizados.

A pesar de los incrementos en los créditos de pago a través de los presupuestos rectificativos autorizados por el Parlamento y el Consejo(6), y a pesar de la gestión activa de los créditos de pago disponibles por parte de la Comisión, la acumulación de las solicitudes de pago pendientes ha seguido creciendo: para el período de 2007-2013, la política de cohesión por sí sola alcanzó los 24 700 millones EUR a finales de 2014(7).

Gracias a las medidas de mitigación adoptadas por la Comisión, el crecimiento de la acumulación fue contenido en gran medida en los demás ámbitos políticos gestionados directamente por la Comisión. La mayoría de los créditos de pago disponibles en 2014 se utilizaron para cumplir obligaciones contractuales contraídas en el período de programación anterior y así minimizar las sanciones por demora, que no obstante mostraron un aumento anual cinco veces mayor (hasta 3 millones EUR)(8). Si bien estas acciones evitaron un mayor impacto financiero negativo en el presupuesto de la UE, también dieron lugar al aplazamiento de algunos pagos a 2015, lo que supuso un impacto en la confianza legítima de los interesados que hayan tenido que retrasar el inicio de sus proyectos y/o cofinanciarlos temporalmente en mayor medida.

Se acerca la fase de cierre de los programas de cohesión 2007-2013. En 2014, el nivel total de las solicitudes de pago recibidas disminuyó hasta 53 000 millones EUR (frente a 61 000 millones en 2013). En sus previsiones más recientes (de enero de 2015), los Estados miembros esperan presentar solicitudes de pago que ascienden a aproximadamente 48 000 millones EUR en 2015 y 18 000 millones en 2016. Sin embargo, estas cifras no pueden tomarse al pie de la letra, dado que en el período 2015-2016 se establecerá un límite para las solicitudes de pago del 95 % de la totalidad de la dotación financiera del programa, como establece la legislación correspondiente.(9) La Comisión estima que las solicitudes de pago resultantes supondrán unos 35 000 millones EUR en 2015 y hasta 3 500 millones en 2016.

El presupuesto de 2015 autoriza casi 40 000 millones EUR en créditos de pago para la política de cohesión de 2007-2013. Este presupuesto cubrirá tanto los pagos pendientes (24 700 millones EUR, lo que supone un 62 % del presupuesto total para la política de cohesión 2007-13) como las nuevas solicitudes recibidas a tiempo para ser abonadas (estimadas en 35 000 millones EUR). En consecuencia, se estima que a finales de 2015 la cantidad pendiente de pago se habrá reducido a 20 000 millones EUR.

En esta fase del procedimiento, la Comisión calcula que se necesitarán hasta 23 500 millones EUR para cubrir las solicitudes de pago restantes antes del cierre y acabar con la acumulación de pagos pendientes. Para que esto se consiga y puedan aplicarse los programas 2014-2020 de forma adecuada, la Comisión ajustará los créditos de pago para la subrúbrica 1b en su proyecto de presupuesto de 2016.

Ejercicio presupuestario de 2015 para la política de cohesión (en miles de millones EUR)

Créditos de pago disponibles en el presupuesto de 2015

(1)

39.5

—  De los cuales, para los pagos pendientes a finales de 2014

(2)

24.7

—  De los cuales, para la previsión de 2015 con un límite del 95 %

(3)

~35

Estimación de pagos pendientes a finales de 2015

(4)=(1)-(2)-(3)

~20

Ejercicio presupuestario de 2016 para la política de cohesión (en miles de millones EUR)

Estimación de pagos pendientes a finales de 2015

(1)

~20

Solicitudes de pago restantes máximas que se espera recibir en 2016 antes del cierre

(2)

~3.5

Máximo de solicitudes de pago a cubrir con el presupuesto de 2016

(3)=(1)+(2)

~23.5

Asimismo, el nivel de los créditos de pago para las demás áreas políticas propuesto en el presupuesto de 2016 debería permitir cumplir con las obligaciones derivadas de los compromisos pasados y minimizar el riesgo de intereses de demora, además de garantizar un nivel adecuado de ejecución y contratación de los programas de 2014-2020.

El carácter plurianual de una gran parte del presupuesto de la UE explica la existencia de un lapso de tiempo entre el momento en que se registra el compromiso y el momento del pago por este compromiso. Por lo tanto, la acumulación de un volumen estructural de los compromisos pendientes de liquidación (conocidos como «RAL», por el acrónimo francés de «reste à liquider») es normal y previsible. Dado el plazo legal para que la Comisión abone el pago de las solicitudes(10), la concentración de solicitudes a final de ejercicio impulsada por la obligación de evitar la liberación y las posibles interrupciones de los compromisos, una determinada cantidad de solicitudes de pago pendientes a final de ejercicio se considera «normal». No obstante, la cantidad cada vez mayor de acumulación en los últimos años ha alcanzado niveles «anormales»(11), que suponen una parte significativa y creciente del presupuesto del año siguiente y no son sostenibles en términos de buena gestión financiera.

La Comisión calcula que alrededor de la mitad de la acumulación de solicitudes de pago pendientes en la política de cohesión a finales de 2013 y 2014 era «anormal», es decir, causada por el déficit de créditos de pago autorizados en el presupuesto, que ha generado un «efecto de bola de nieve». Con la fase de cierre cada vez más próxima, se necesitarán niveles de pago más bajos en 2015 y 2016, por lo que la acumulación se reducirá automáticamente. También se prevé que disminuya el nivel de interrupciones y suspensiones conforme los programas se acerquen a la fase de cierre. Con alrededor de 21 500 millones EUR de créditos de pago en 2016 destinados a los programas de 2007-2013, se estima que a finales de 2016 la acumulación pase a ser de unos 2 000 millones EUR.

Programas de la política de cohesión para el período 2007-2013: evolución de la acumulación de solicitudes de pago pendientes al final del ejercicio 2007-2016

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La necesidad de suprimir gradualmente la acumulación «anormal» generada ha sido reconocida por las dos ramas de la Autoridad presupuestaria, el Consejo y el Parlamento Europeo, que durante las negociaciones sobre el presupuesto de 2015 acordaron conjuntamente «reducir el nivel de las facturas pendientes de pago, prestando atención especial a la política de cohesión a finales de año hasta su nivel estructural en el curso del actual MFP», y se comprometieron «a ejecutar, a partir de 2015, un plan para reducir el nivel de las facturas pendientes de pago correspondientes a la ejecución de los programas 2007-2013 hasta el nivel acordado en común con ocasión de la revisión intermedia del actual marco financiero plurianual».

Este documento ofrece una base sólida para una comprensión común de las dos ramas de la Autoridad presupuestaria, que se espera que se esfuercen por adoptar decisiones que permitan que para finales de 2016 se haya suprimido gradualmente la acumulación «anormal» de facturas pendientes de pago de los programas del período 2007-2013.

Este plan de pagos ofrece también la oportunidad de extraer algunas lecciones sobre la gestión presupuestaria para el futuro:

1.  El acuerdo sobre el presupuesto rectificativo nº 2/2014(12) a finales de 2014 fue muy importante para estabilizar en gran medida la acumulación de solicitudes de pago pendientes a un nivel desde el que pudiera ir suprimiéndose gradualmente en un período de dos años. Las instituciones han asumido su responsabilidad frente a una situación presupuestaria muy difícil en muchos Estados miembros.

2.  Las medidas de gestión presupuestaria activa adoptadas por la Comisión han resultado indispensables para hacer frente a un déficit de créditos de pago en muchos ámbitos políticos. Estas medidas deberán mantenerse durante el tiempo necesario para evitar perturbaciones desproporcionadas para los beneficiarios y/o el pago de intereses de demora.

3.  Aunque existe un ciclo periódico en la aplicación de los programas de la política de cohesión, la intensidad de los puntos máximos y las depresiones pueden suavizarse si se ejecutan los programas con la mayor diligencia posible en una fase temprana del período de programación. Esto es especialmente recomendable en las actuales condiciones económicas en las que se necesitan inversiones urgentemente para estimular la recuperación económica y la competitividad.

4.  Las solicitudes de pago deben presentarse puntualmente. Los Estados miembros deberían evitar retrasos administrativos innecesarios a la hora de presentar sus solicitudes de pago a lo largo del año. Presentar las solicitudes de forma puntual contribuye a mejorar la gestión presupuestaria y ayuda a reducir la acumulación al final del ejercicio.

5.  Por otra parte, la presupuestación de créditos de pago suficientes es una condición necesaria para aplicar correctamente el presupuesto y evitar la acumulación de un nivel insostenible de solicitudes de pago pendientes al final del ejercicio. Además, debe aplicarse la «flexibilidad específica y máxima», mencionada en las conclusiones del Consejo Europeo y en la declaración del Presidente Barroso en febrero de 2013, con el fin de cumplir con las obligaciones jurídicas de la Unión. Asimismo, las decisiones de la autoridad presupuestaria deberían, en la medida de lo posible, permitir un buen perfil de pagos durante el período de vigencia del MFP.

6.  Hay que reforzar la capacidad de previsión. Además de los distintos análisis ya facilitados(13), la Comisión mejorará sus previsiones a medio y largo plazo a fin de identificar en una fase temprana, en la medida de lo posible, los eventuales problemas. En particular, informará a las dos ramas de la Autoridad presupuestaria en cuanto se identifique cualquier imprevisto en la ejecución de los programas 2014-2020 que presente un riesgo para mantener un buen perfil de pagos.

1.  Antecedentes

Desde 2011, la Comisión ha tenido que hacer frente a un creciente nivel de solicitudes de pago pendientes a final del año a pesar de haber utilizado la totalidad de los límites máximos de pago en 2013 y 2014 y de haber recurrido al margen para imprevistos para liquidar pagos en 2014. Mientras que prácticamente todos los créditos de pago autorizados en los presupuestos anuales se han agotado, la acumulación de las solicitudes de pago pendientes al final del ejercicio para la política de Cohesión (subrúbrica 1b) y algunos programas específicos de otras rúbricas (como la rúbrica 4, «Una Europa Global») ha aumentado de forma constante.

La Comisión ha dado curso a la invitación formulada por el Parlamento y el Consejo para hacer un seguimiento de la situación a lo largo de todo el ejercicio y se han celebrado reuniones interinstitucionales ad hoc en los últimos años para compartir información sobre la evaluación de la situación. Desde 2011, la Comisión ha tenido que presentar proyectos de presupuestos rectificativos (PPR) destinados a aumentar de forma significativa el nivel de créditos de pago para hacer frente a los déficits de pago. Al ser inferiores los niveles iniciales de créditos de pago autorizados, se han originado repetidos PPR que han hecho más complejo el proceso de toma de decisiones sobre el proyecto de presupuesto, que debería ser el principal objeto del procedimiento de conciliación. Los presupuestos rectificativos se votaron tarde, lo que aumentó la dificultad para gestionar el proceso de pago.

En este contexto, en el que los niveles de créditos de compromiso son sistemáticamente más elevados, el gráfico que figura a continuación muestra cómo los presupuestos y los límites máximos de pago por año han sido cada vez más ajustados e ilustra la reducción progresiva de la diferencia entre el límite máximo de pago y los créditos aprobados, que culminó en la necesidad de recurrir al margen para imprevistos en 2014.

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En diciembre de 2014, en el marco del acuerdo alcanzado sobre los presupuestos de 2014 y 2015, el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron la siguiente declaración conjunta:

Las Instituciones acuerdan el objetivo de reducir el nivel de las facturas pendientes de pago, prestando atención especial a la política de cohesión, a finales de año hasta su nivel estructural en el curso del actual MFP.

A fin de alcanzar este objetivo:

—  la Comisión se compromete a presentar, junto con las conclusiones conjuntas sobre el presupuesto de 2015, una previsión lo más actualizada posible del nivel de facturas pendientes de pago a finales de 2014; la Comisión actualizará estas cifras y ofrecerá supuestos alternativos en marzo de 2015, cuando se disponga de una perspectiva general del nivel de facturas pendientes de pago a finales de 2014 en los principales ámbitos de actuación;

—  sobre esta base, las tres Instituciones se esforzarán por acordar como objetivo un nivel máximo de facturas pendientes de pago a finales de año que pueda considerarse sostenible;

—  sobre esta base y dentro del pleno respeto del Reglamento del MFP, de las dotaciones financieras acordadas para los programas, así como de cualquier otro acuerdo vinculante, las tres Instituciones se comprometerán a ejecutar, a partir de 2015, un plan para reducir el nivel de facturas pendientes de pago correspondientes a la ejecución de los programas 2007-2013 hasta el nivel acordado en común con ocasión de la revisión intermedia del actual marco financiero plurianual. Este plan será acordado por las tres Instituciones en el momento oportuno antes de la presentación del proyecto de presupuesto de 2016. Dado el nivel excepcionalmente elevado de facturas pendientes de pago, las tres Instituciones convienen en estudiar cualquier medio posible para reducir el nivel de dichas facturas.

Cada año, la Comisión está de acuerdo en adjuntar a su proyecto de presupuesto un documento en el que se evalúe el nivel de facturas pendientes de pago y se explique la forma en que el proyecto de presupuesto hará posible la reducción de este nivel y la medida en que lo hará. Este documento anual hará balance de los progresos realizados hasta el momento y propondrá ajustes del plan en función de las cifras actualizadas.

Como seguimiento inmediato a la declaración conjunta, el 15 de diciembre de 2014 la Comisión presentó una previsión actualizada del nivel de las solicitudes de pago pendientes a finales de 2014, que figura en el anexo 1.

Este documento ofrece una visión de conjunto del estado de aplicación a finales de 2014, centrándose en la acumulación de pagos pendientes relativa a los programas de la política de cohesión de 2007-2013, a fin de reducirlo al nivel acordado en la revisión intermedia del actual MFP en 2016. El documento también aborda la evolución de la acumulación relativa a las demás rúbricas, aunque este problema de acumulación es mucho menor en términos de tamaño absoluto que en la subrúbrica 1b: la acumulación de solicitudes de pago pendientes en otras rúbricas a finales de 2014 era de unos 1 800 millones EUR.

2.  Situación a finales de 2014

2.1.  Aplicación a finales de 2014

A finales de 2014, la aplicación de los créditos de pago (antes de las prórrogas) ascendió a 134 600 millones EUR (el 99 % de los créditos autorizados en el presupuesto de 2014). La infrautilización de los pagos (después de las prórrogas) es la más baja que se ha registrado nunca y ascendió a 32 millones EUR, frente a 107 millones en 2013 y 66 millones en 2012. Este alto nivel de ejecución, a pesar de la adopción tardía del proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2014, confirma las fuertes limitaciones impuestas a los créditos de pago, en particular para la finalización de los programas del período 2007-2013. En muchos casos, las líneas presupuestarias correspondientes también se han reforzado con créditos previstos inicialmente para pagar la prefinanciación de los programas del período 2014-2020 recientemente adoptados.

Durante 2014, los créditos de pago para los programas de cohesión 2007-2013 se reforzaron en 4 600 millones EUR, de los cuales 2 500 millones provenían del proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2014, 600 millones de la transferencia de fin de año(14) y 1 500 millones de transferencias internas de los programas del período 2014-2020. Estos refuerzos contribuyeron a estabilizar la acumulación relativa a los programas de cohesión 2007-2013 a finales de 2014.

Una gran parte de los créditos de compromiso no utilizados se prorrogaron o volvieron a programarse para 2015, no solo para la política de cohesión, sino también para los programas de desarrollo rural (rúbrica 2) y los fondos de migración y de seguridad (rúbrica 3). Como consecuencia de ello, el total de los compromisos pendientes de liquidación (RAL) se redujo a 189 000 millones EUR a finales de 2014, lo que supone una reducción de 32 000 millones en comparación con los RAL a finales de 2013. No obstante, esta disminución es un tanto artificial, ya que deriva principalmente de la infrautilización de los créditos de compromiso para los programas de 2014-2020 prorrogados y reprogramados para 2015 y los años posteriores, cuando «reaparecerán». Si todos los créditos para los nuevos programas se hubieran comprometido en 2014, el nivel de RAL se habría mantenido muy similar al de 2013 (224 000 millones EUR).

El gráfico que figura a continuación muestra la evolución del nivel de RAL en el período 2007-2014 y las previsiones del nivel de RAL a finales de 2015, tanto del presupuesto total como de los programas en régimen de gestión compartida de las rúbricas 1b, 2 y 3, así como de otros programas/rúbricas. Como se muestra en el gráfico, se espera que el nivel global de RAL a finales de 2015 vuelva a cotas similares a las de finales de 2013. No obstante, el gráfico muestra también la diferencia entre los programas en régimen de gestión compartida de las rúbricas 1b, 2 y 3, cuyos RAL a finales de 2015 se espera que disminuyan en comparación con 2013, y los otros programas/rúbricas, para cuyos RAL a finales de 2015 se prevé un aumento.

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2.2.  Medidas de mitigación adoptadas en 2014

El 28 de mayo de 2014, la Comisión presentó su proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2014, en el que solicitaba créditos de pago adicionales para 2014. Después de un largo proceso de adopción, el PPR nº 3/2014 finalmente se aprobó el 17 de diciembre de 2014. A la espera de la aprobación del presupuesto rectificativo, la Comisión adoptó durante el año 2014 una serie de medidas de mitigación a fin de cumplir con las obligaciones jurídicas derivadas de los compromisos anteriores, al mismo tiempo que ponía en marcha la nueva generación de programas dentro de un marco presupuestario excepcionalmente apretado.

Para poder aplicar las políticas acordadas con los créditos autorizados en el presupuesto, la Comisión ha seguido un enfoque de gestión activa del presupuesto teniendo en cuenta tres principios fundamentales:

—  Minimizar el impacto financiero en el presupuesto de la UE de los intereses de demora y las deudas potenciales;

—  Maximizar la aplicación de los programas;

—  Reducir el potencial impacto negativo de las decisiones en terceros y en la economía en su conjunto.

En consecuencia, las medidas para garantizar una gestión activa de los escasos créditos de pago incluyeron los siguientes aspectos: recuperar de forma proactiva los importes abonados indebidamente; limitar los importes inactivos de las cuentas fiduciarias; reducir los porcentajes de prefinanciación; hacer el mejor uso posible de los plazos de pago máximos permitidos; aplazar las convocatorias de propuestas/licitaciones y las contrataciones similares.

Estas medidas de mitigación ayudaron a la Comisión a proteger su estatus de inversor de primera clase y su reputación de socio fiable y seguro. La Comisión logró reducir, en la medida de lo posible, los efectos negativos de los déficits de pago, por ejemplo a la hora de limitar el importe de los intereses de demora. A pesar de un incremento casi cinco veces mayor con respecto a 2013, el importe de los intereses pagados a finales de 2014 sigue siendo limitado (3 millones EUR). Los aumentos más pronunciados, relativos a la subrúbrica 1a (Competitividad para el crecimiento y el empleo) y a la rúbrica 4 (Una Europa Global), tal como muestra el cuadro que figura a continuación, ilustran la presión sobre los créditos de pago.

Pagos realizados en concepto de intereses de demora (en EUR)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Subrúbrica 1a

294 855

157 950

173 748

329 615

137 906

243 748

1 047 488

Subrúbrica 1b

1 440

5 324

6 220

11 255

31 726

71 620

103 960

Rúbrica 2

27 819

1 807

9 576

15 713

61 879

30 991

61 985

Rúbrica 3

13 417

59 852

48 673

50 397

29 375

13 060

7 252

Rúbrica 4

250 204

178 468

257 818

1 266 425

335 820

247 786

1 797 825

Rúbrica 5

43 915

442 678

237 367

60 825

142 254

46 187

8 614

Total

631 651

846 079

733 403

1 734 230

738 960

653 392

3 027 124

Los intereses de demora en la política de cohesión (subrúbrica 1b) no son excesivamente elevados, puesto que la gestión compartida, que no da lugar a intereses de demora, representa la mayor parte de esta subrúbrica. Sin embargo, el incumplimiento de los plazos reglamentarios para las políticas de gestión compartida es altamente perjudicial en términos de credibilidad.

3.  TERMINOLOGÍA

En esta sección se explican una serie de definiciones utilizadas en el presente documento.

3.1.  Ciclo de proyectos

Antes de aprobar un programa operativo o un proyecto, la Comisión reserva los créditos mediante la creación de un compromiso en una línea presupuestaria por un importe definido. Esta transacción consume parte de los créditos de compromiso autorizados.

Muy a menudo, la firma del contrato para el proyecto o la aprobación del programa operativo conducen a un determinado nivel de prefinanciación, que permite al beneficiario poner en marcha el proyecto sin necesidad de préstamos. Ir consiguiendo objetivos definidos permite al beneficiario presentar solicitudes de pagos intermedios y que se le reembolsen los gastos relativos al programa en los que haya incurrido.

No obstante, en el caso de programas de gran envergadura como la investigación (Horizonte 2020), los Fondos Estructurales, el Fondo Europeo de Pesca y el de Desarrollo Rural, una vez alcanzada una determinada fase de ejecución ya no es posible solicitar pagos intermedios, puesto que están cubiertos por el importe de la prefinanciación. Por otra parte, un porcentaje del total de los fondos comprometidos para el proyecto o el programa no se abona hasta el momento del cierre, previa verificación por la Comisión de que todo el trabajo se ha llevado a cabo de conformidad con el acuerdo inicial. Si este no es el caso, los fondos se liberan parcialmente. En algunos casos, la Comisión también puede emitir órdenes de ingreso para recuperar pagos que no se han justificado.

3.2.  Compromisos pendientes de liquidación (RAL)

Los compromisos pendientes de liquidación son generalmente denominados «RAL» por el acrónimo francés de «reste à liquider». Hacen referencia a la parte de un compromiso que no ha sido consumido por ningún pago en un momento determinado. En los proyectos plurianuales, los compromisos se formalizan al principio del proyecto con una prefinanciación limitada, mientras que los pagos intermedios se efectúan en una fase posterior, cuando el proyecto se está ejecutando, y el pago final se efectúa al cierre.

Una gran parte del presupuesto de la UE está destinado a inversiones cuya aplicación se extiende a lo largo de varios años. La diferencia entre los créditos de compromiso y los créditos de pago autorizados en el presupuesto anual determina el cambio en el nivel global de RAL. A su vez, la velocidad a la que crecen los compromisos y el ritmo de ejecución de los programas determinan la evolución normal de los RAL. No obstante, los RAL aumentan aún más cuando se presupuestan créditos de pago insuficientes, independientemente del ritmo de ejecución. En este último caso, el resultado es el aumento del nivel de solicitudes de pago pendientes a finales de año.

El índice entre los RAL y los compromisos del año es un buen indicador que permite comparar el tamaño de los RAL de programas específicos con su dotación financiera. Por ejemplo, los programas y acciones de carácter anual, como el programa Erasmus o el de ayuda humanitaria, tienen un índice de RAL/compromisos por debajo de uno, lo que indica que la mayoría de los compromisos se pagan en el plazo de un año. Los programas de cohesión, por otra parte, suelen tener un índice de RAL/compromisos entre 2½ y 3, lo que refleja el impacto de las normas de liberación automática establecidas en la legislación (las denominadas normas «N+2» y «N+3»; véase el punto 4.1). Algunos programas de la rúbrica 4 tienen un índice superior, debido a la complejidad del ciclo de negociaciones relativo a la ejecución. En las solicitudes de pago, la Comisión tiene en cuenta estos indicadores.

3.3.  Las limitaciones de tesorería frente al déficit de créditos de pago

El flujo de tesorería de la Comisión viene determinado fundamentalmente por las cantidades que se reclaman mensualmente a los Estados miembros con arreglo a las normas sobre recursos propios. La Comisión no está autorizada a pedir prestado dinero para cubrir los déficits del flujo de tesorería. Las limitaciones de tesorería pueden dar lugar a retrasos temporales en los pagos a los beneficiarios de los fondos de la UE a pesar de que se hayan autorizado suficientes créditos de pago en el presupuesto del ejercicio. Esto puede suceder, normalmente en la primera parte del año, cuando la suma de las solicitudes de pago pendientes a finales del año precedente y las que se deben abonar en los primeros meses del ejercicio en curso (por ejemplo, para el Fondo Europeo Agrícola de Garantía) es mayor que el flujo mensual de entrada máximo de recursos propios puestos a disposición de la Comisión. Cuando, progresivamente, se pone fin a la acumulación del ejercicio anterior y el flujo de entrada mensual de recursos se mantiene durante el ejercicio, la limitación del flujo de tesorería desaparece en los siguientes meses.

Las limitaciones de tesorería a principios de año se ven amplificadas por el déficit de créditos de pago, puesto que la petición mensual de fondos se basa en los ingresos previstos en el presupuesto autorizado en vigor, antes de la adopción de los presupuestos rectificativos que aumentan el nivel de pagos y que normalmente tiene lugar a finales de año.

En función de la fecha exacta de aprobación (es decir, antes o después del 16 de noviembre del año en cuestión), la correspondiente petición adicional de recursos propios para cubrir los créditos de pago adicionales autorizados en los presupuestos rectificativos aprobados a finales de año podría dar lugar a la disponibilidad de efectivo solo a principios del ejercicio siguiente, lo que puede dar lugar a posibles dificultades en la ejecución de los presupuestos rectificativos del mismo año.

3.4.  Acumulación de las solicitudes de pago pendientes al final de ejercicio

Al final de cada año, existe una acumulación de solicitudes de pago pendientes, es decir, solicitudes enviadas por los beneficiarios de los fondos de la UE que han de ser pagadas dentro de un determinado plazo (por lo general en menos de 2 meses) pero que aún no han sido abonadas(15). Esto se debe a uno de los tres motivos siguientes:

a)  Interrupciones/suspensiones en curso: Los pagos se interrumpen/suspenden para determinados beneficiarios/programas. Las interrupciones de pagos son normalmente acciones formales a corto plazo por las que la Comisión demora el pago a la espera de información no aportada o del resultado de controles en los sistemas de gestión y supervisión.

b)  Calendario: Las solicitudes de pago no son abonadas porque se han presentado en los últimos días del ejercicio, no dejando tiempo suficiente para su tratamiento antes del final del mismo.

c)  Falta de créditos: Las solicitudes de pago no son abonadas debido a que se han agotado los créditos de pago autorizados en la línea presupuestaria correspondiente.

Parte de la acumulación se considera «normal» (véanse los puntos a y b). El crecimiento de la acumulación «anormal» de solicitudes de pago pendientes, la mayor parte de la cual pertenece a la política de cohesión, está asociado al déficit de créditos de pago (punto c), considerando que las limitaciones de tesorería a principios de año (véase la sección 3.3) también tienen un impacto. El apartado 4 profundiza en el caso de la política de cohesión.

4.  Subrúbrica 1b: evolución de la acumulación y perspectivas

Este capítulo estudia el caso específico de la política de cohesión (subrúbrica 1b). En primer lugar, establece las características principales de los Fondos Estructurales y explica cómo algunos acontecimientos específicos del pasado o relacionados con la legislación condujeron a la difícil situación actual. Después, analiza de qué manera podría definirse una acumulación «normal» y ofrece un análisis detallado de la situación a finales de 2014.

4.1.  La ejecución de los Fondos Estructurales 2007-2013

Los Fondos Estructurales 2007-2013: características principales

Los proyectos financiados a partir de la subrúbrica 1b se organizan en programas operativos. Estos programas operativos son propuestos por los Estados miembros y negociados y adoptados por la Comisión a principios del período y para toda su duración. Cada programa operativo se ejecuta en gestión compartida a través de proyectos independientes. Esto significa que son los Estados miembros quienes aplican los fondos. La Comisión participa en los comités de seguimiento, en los que tiene un papel consultivo en la selección de proyectos y supervisa la ejecución de estos a través de los informes anuales de ejecución.

Los programas se cofinancian con el presupuesto de la UE; esto significa que la Comisión no paga la totalidad del coste del programa. Los Estados miembros deben encontrar cofinanciación para financiar parte de los programas.

Una vez se adopta el programa, la Unión Europea contrae una obligación legal para todo el período. La Comisión comprometió automáticamente los créditos para cada año antes de finales de abril, desde 2007 a 2013, basándose en el plan de financiación del programa y no en la ejecución real de los proyectos pertenecientes al programa. Si bien los pagos de la UE no pueden nunca exceder los compromisos presupuestarios de la UE, los gastos pueden subvencionarse desde el comienzo del período (es decir, incluso antes de la adopción del programa) hasta el final del periodo de subvencionabilidad.

Tras la aprobación del programa, la Comisión abona la prefinanciación. Estos pagos se hacen automáticamente al Estado miembro y permanecen a su disposición hasta la liquidación en el momento del cierre.

Mientras la ejecución de los diferentes proyectos está en curso, los Estados miembros presentan sus solicitudes de pagos intermedios a través de su autoridad de certificación. La Comisión abona los pagos intermedios en base al índice de cofinanciación en vigor y siempre que el proyecto no sea interrumpido o suspendido.

Este mecanismo funciona siempre y cuando el total de las prefinanciaciones abonadas por la Comisión y las solicitudes de pagos intermedios presentadas por los Estados miembros para cubrir los programas no alcance el 95 % de la dotación total asignada. Una vez se alcanza dicho umbral, el Estado miembro sigue teniendo derecho a enviar sus solicitudes de pago, pero estas se utilizan para liquidar las prefinanciaciones pendientes. El resto se abonará al cierre del programa. Los Estados miembros tienen que justificar gastos subvencionables que cubran el importe de prefinanciación recibido al comienzo del periodo y el importe retenido para el cierre (5 % de la dotación total).

Una vez terminado el periodo de subvencionabilidad, se prevé un periodo de 15 meses para preparar y presentar los documentos de cierre a la Comisión y solicitar el pago final a liquidar. Antes de proceder a abonar el pago final, la Comisión examina el paquete de cierre (es decir, la declaración de cierre, el informe de ejecución final y la solicitud de pago final). Dado que estos documentos se esperan para el 31 de marzo de 2017, la decisión sobre el cierre (y los correspondientes pagos finales) tendrán lugar entre 2017 y 2019.

Sobre la base del resultado de este examen, el 5 % retenido para el cierre se utiliza para pagar las solicitudes de pago pendientes. De lo contrario, la Comisión no abona el importe total en el momento del cierre. El importe no abonado se libera. Si las correcciones son superiores al 5 %, la Comisión recupera los importes indebidamente abonados.

La norma N+2/N+3

La norma N+2/N+3 se estableció por primera vez para el periodo de programación 2000-2006. Esta norma prevé que un compromiso contraído en el año N debe estar cubierto por el mismo importe de prefinanciación que de solicitudes de pago intermedio antes del 31 de diciembre del año N+2 (norma N+2). Por ejemplo, un compromiso asumido en 2012 debe estar plenamente cubierto por solicitudes de pago antes del 31 de diciembre de 2014. El importe no cubierto se libera, lo que significa que el Estado miembro pierde la financiación. Sin embargo, en la actualidad no hay antecedentes de liberaciones N+2/N+3 relevantes en toda la historia de los Fondos Estructurales.

La finalidad de esta norma es garantizar la disciplina financiera en la gestión de los fondos de la UE. Dado que los compromisos se contraen automáticamente una vez que el programa ha sido aprobado, la norma obliga a los Estados miembros a ejecutar los proyectos de forma dinámica y evitar problemas al final del ciclo. Su existencia da lugar igualmente a un perfil de pagos más regular ya que obliga a los Estados miembros a presentar sus solicitudes de pago a intervalos regulares. No obstante, como se expone en el próximo capítulo, la «flexibilización» de la norma, especialmente a raíz de la crisis financiera de 2008, redujo su efecto regulador.

Esta norma es el origen de la concentración de solicitudes de pago al final de ejercicio: los Estados miembros tienen que enviar sus solicitudes de pago antes del 31 de diciembre a medianoche, a través de un sistema informático específico. Aunque están legalmente obligados a enviar sus solicitudes periódicamente a lo largo del año(16), la experiencia muestra que muchos esperan a las últimas semanas para enviar grandes cantidades.

4.2.  El perfil de las solicitudes de pago para el periodo de programación 2007-2013

Principales impulsores del ciclo de pago

Al inicio del periodo, se abonan cantidades significativas de prefinanciación, seguidas durante algunos años por un nivel relativamente bajo de pagos intermedios mientras los programas establecen sus estructuras y comienzan la ejecución de los proyectos. Puesto que la norma N+2/N+3 no empieza a producir sus efectos hasta finales del tercer año del periodo de programación como pronto, no se ejerce presión alguna al inicio del marco para la presentación de solicitudes. Además, la prefinanciación también cubre una gran parte de los compromisos asumidos al inicio del periodo de programación. Entre 2 y 3 años antes de que finalice el periodo de programación, el nivel anual de pagos intermedios empieza a aumentar mientras los programas van alcanzando madurez y las solicitudes de pago se mantienen a velocidad de crucero. Se observa un punto máximo al final del periodo/inicio del siguiente periodo de programación, seguido de un descenso hasta casi cero en los años siguientes, cuando los programas alcanzan el umbral del 95 %. Como se ha mencionado anteriormente, los pagos de cierre se abonan entre uno y tres años después del final del periodo de subvencionabilidad.

Exenciones

Tres cambios en el marco legislativo aplicable al periodo de programación 2007-2013 acentuaron el carácter cíclico del nivel de pagos intermedios:

1.  El paso de N+3 a N+2. Como parte de la transacción global por la que se establece el MFP 2007-2013, los nuevos Estados miembros, así como Grecia y Portugal, se sometieron a la norma N+3 para los tramos de compromisos de 2007-2010 y después a la norma N+2 para el resto del periodo. Esto significa que para finales de 2013, los Estados miembros tenían que cubrir dos tramos de compromisos: el tramo de 2010 y el de 2011. Por supuesto, los Estados miembros no esperaron necesariamente hasta el plazo de liberación para ejecutar los programas y para presentar sus solicitudes de pago, para que estas no se duplicaran en 2013. No obstante, esta norma potenció considerablemente el punto máximo de 2013 y tuvo un efecto indirecto en los años siguientes que resultó en la creciente acumulación de los pagos pendientes.

2.  Se solicitó a los Estados miembros que comprobaran la conformidad de sus sistemas de control para los fondos. Los resultados de esta comprobación debían ser aprobados por la Comisión. Las solicitudes de pago intermedio podían seguir presentándose, pero la Comisión solo las abonaría una vez aprobada la evaluación de la conformidad. Si bien la mayoría de los programas se aprobaron en 2007, la presentación de solicitudes (o al menos sus correspondientes pagos por parte de la Comisión) se retrasaron, con casi ningún pago intermedio realizado en 2008.

3.  A consecuencia de la crisis financiera, los Estados miembros pidieron firmemente que se neutralizara el tramo de compromisos de 2007 con respecto a la norma N+2/N+3. La Comisión aceptó, pero en lugar de posponer un año el umbral de liberación del tramo de 2007, las normas N+2/N+3 se vieron aún más debilitadas por la votación unánime en el Consejo de repartir la obligación relativa al tramo de 2007 en seis sextas partes durante todo el periodo. Esta denominada «norma griega» permitió presentar menos solicitudes de pago al principio del periodo, que se contrarrestaron con un aumento de las solicitudes de pago al final del periodo.

Por otra parte, también a consecuencia de la crisis, el periodo de subvencionabilidad de los gastos para los programas de 2000-2006 se amplió desde finales de 2008 hasta 2009 (mediante la modificación de la Decisión de la Comisión por la que se aprueba el programa) y, por lo tanto, los Estados miembros siguieron centrándose en la ejecución de los programas del periodo 2000-2006. Como resultado de ello, la ejecución de los programas de 2007-2013 y las correspondientes presentaciones de solicitudes de pago intermedio para 2007-2013 se retrasaron.

Comparación de los programas de 2000-2006 con los programas de 2007-2013

Mientras que el período de programación 2007-2013 pasó de N+3 a N+2 a finales del cuarto año, durante el período de programación 2000-2006 solo se dio una norma N+2, aunque con algunos ajustes en 2004 debido a la adhesión de los 10 nuevos Estados miembros.

El siguiente gráfico compara la cantidad de los pagos intermedios acumulados para el período 2000-2006, que fueron realizados a lo largo de los años 2001-2007, expresada como porcentaje de la dotación total, con la de los pagos intermedios acumulados para los programas 2007-2013, que se efectuaron del 2008 al 2014, expresada también como porcentaje de la dotación total.

Gráfico 1: Evolución anual de los pagos intermedios acumulados (con un año de desfase): comparación de los períodos 2000-2006 (UE-15) y 2007-2013 (% de la dotación total, excluida la prefinanciación)

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Como puede comprobarse en el gráfico, los pagos acumulados para los programas correspondientes al período 2007-2013 evolucionaron en todo momento a un nivel inferior a la progresión del período 2000-2006, si bien se observa una aproximación de las curvas hacia el final del período. Este perfil diferido de los programas del período 2007-2013 fue el resultado de la combinación de una serie de factores que se han mencionado anteriormente. Refleja la infrautilización de los créditos de pago y el límite máximo de los pagos establecido en la fase inicial del período, dado que el perfil de pagos de los programas del período 2000-2006 se utilizó como referencia para fijar los límites máximos.

No obstante, cuando empezaron a aumentar las solicitudes de pagos en una fase posterior, estos se vieron fuertemente limitados por el nivel de los créditos autorizados y/o por el límite máximo de los pagos, lo cual dio lugar a una acumulación de casos pendientes de liquidación.

Evolución de los retrasos en la liquidación para el período 2007-2014

El siguiente gráfico(17) muestra la evolución de los pagos pendientes para los programas del período 2007-2013 a lo largo del período 2007-2016.

Gráfico 2: Programas de la política de cohesión para el período 2007-2013: evolución de las solicitudes de pago pendientes al final del ejercicio (miles de millones EUR)

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Como muestra el gráfico, la acumulación de pagos pendientes para los programas del período 2007-2013 empezó a reflejar una clara tendencia al alza en 2011, cuando alcanzó el nivel de 11 000 millones EUR, para situarse en la cota máxima en 2014, con de 24 700 millones EUR. Como se explica a continuación, las proyecciones señalan una cota todavía muy elevada de retrasos en la liquidación a finales de 2015, antes de volver a un nivel de demora «normal» y sostenible a finales de 2016.

4.3.  Componentes y tipos de retrasos en la liquidación

A lo largo del ejercicio, la Comisión recibe las siguientes solicitudes de pago para los Fondos Estructurales:

a)  Las solicitudes de pago elegibles cubiertas por los pagos en el curso del ejercicio.

b)  Las solicitudes de pago ya cubiertas por la prefinanciación al inicio del período de programación y que no son objeto, por tanto, de pagos adicionales.

c)  Las solicitudes de pago que solo pueden abonarse tras el cierre tienen que esperar hasta que la Comisión y el beneficiario alcanzan un acuerdo sobre el cierre.

d)  Las solicitudes de pago no abonadas porque se presentan en los últimos días del ejercicio, esto es, demasiado tarde para su tratamiento antes del final de este.

e)  Las solicitudes de pago que se interrumpen/suspenden para determinados beneficiarios. Las interrupciones o suspensiones de pagos son normalmente acciones formales a corto plazo por las que la Comisión demora el pago a la espera de información no aportada o del resultado de controles en los sistemas de gestión y supervisión.

f)  Las solicitudes de pago pendientes al final del ejercicio debido a que se han agotado los créditos autorizados en la línea presupuestaria correspondiente.

Los últimos cuatro categorías —la correspondientes a las letras c) a f)— se mantienen como pagos pendientes al final del ejercicio, pero la demora en la liquidación incluye solicitudes de pago pendientes por los motivos expuestos en las letras d), e) y f). Un determinado nivel de solicitudes de pago pendientes al final del ejercicio se considera «normal» cuando corresponde a los motivos expuestos en las letras d) y e). Los retrasos «anormales» incluyen únicamente las solicitudes de pago pendientes por los motivos expuestos en la letra f).

El siguiente gráfico ilustra el flujo de solicitudes de pago correspondientes a la rúbrica 1b, desde su presentación por los Estados miembros mediante su identificación como «créditos pendientes de pago» hasta los retrasos en la liquidación considerados «normales» y «anormales».

20150708-P8_TA(2015)0263_ES-p0000007.png

Concentración de créditos al final del ejercicio y plazos de pago

En el mes de diciembre se produce una elevada concentración de solicitudes de pago de los Estados miembros, que para el período 2011-2014 oscilan entre el 27 % y el 35 % del total anual. Por cada solicitud de pago, la Comisión debe llevar a cabo una serie de controles antes de proceder a los abonos correspondientes. Cuanto mayor es el número de solicitudes recibidas en las últimas semanas del ejercicio, tanto mayor es el riesgo de que los reembolsos no tengan lugar antes de su finalización.

Por este motivo, la Comisión alienta a los Estados miembros a remitir sus solicitudes de forma periódica a lo largo de todo el año.

El siguiente gráfico muestra la evolución mensual de la presentación de solicitudes de pago relativas a los programas del período 2007-2013 a lo largo del período 2007-2014.

Gráfico 3a: Evolución mensual de la presentación de solicitudes de pago intermedias acumuladas para el período 2007-2013 (en % del total)

20150708-P8_TA(2015)0263_ES-p0000008.png

El gráfico muestra con claridad un fuerte aumento recurrente de las solicitudes de pago al final del ejercicio.

Gráfico 3b: Concentración de la presentación de solicitudes de pago en los dos últimos meses del ejercicio (porcentaje correspondiente a las solicitudes recibidas en noviembre y diciembre) entre 2011 y 2014

20150708-P8_TA(2015)0263_ES-p0000009.png

Los gráficos muestran que se recibe un número cada vez mayor de solicitudes a finales del año debido a la presión creciente de la regla N+2. La supresión de la regla N+2 en 2013 implicaba que todos los Estados miembros disponían de una regla N+2 salvo Rumanía, Eslovaquia y Croacia. Este hecho tuvo una gran repercusión en el volumen de las solicitudes recibidas ese año. El número de solicitudes que llegan demasiado tarde para ser abonadas durante el ejercicio depende del número total de solicitudes recibidas y de su perfil en el contexto del ejercicio.

Efectos de las interrupciones y las suspensiones

La Comisión utiliza una serie de mecanismos preventivos, destinados a proteger el presupuesto de la UE, que intervienen antes de efectuar pagos a los Estados miembros cuando tiene conocimiento de posibles deficiencias. Dichos mecanismos son especialmente adecuadas para mejorar los sistemas de control en los Estados miembros, reduciendo así la necesidad de futuras correcciones financieras por parte de la Comisión.

Como consecuencia de ello, algunas solicitudes no pueden tramitarse inmediatamente para abonar los pagos correspondientes, debido a que la Comisión las ha interrumpido o suspendido a la espera de introducir mejoras en los sistemas de control. Si bien la mayoría de esas solicitudes no será desestimada en última instancia, no puede procederse a efectuar los pagos de forma inmediata.

De conformidad con el Reglamento(18), la Comisión puede:

—  interrumpir el plazo de pago por un período máximo de seis meses para los programas del período 2007-2013 si existen pruebas de la existencia de deficiencias importantes en el funcionamiento de los sistemas de gestión y control del Estado miembro interesado; o si los servicios de la Comisión deben proceder a verificaciones adicionales por disponer de información que indica que el gasto consignado en una declaración de gastos certificada guarda relación con una irregularidad grave que no ha sido corregida;

—  suspender la totalidad o una parte de un pago intermedio a un Estado miembro para los programas del período 2007-2013 si existen pruebas de una deficiencia grave en el sistema de gestión y control del programa y el Estado miembro no ha adoptado las medidas correctivas necesarias; o si el gasto consignado en una declaración de gastos certificada guarda relación con una irregularidad grave que no ha sido corregida; o en caso de una vulneración grave por un Estado miembro de sus obligaciones de gestión y control. Si el Estado miembro no adopta las medidas necesarias, la Comisión puede imponer una corrección financiera.

Estimación de los retrasos «normales» en la liquidación

Como se ha expuesto anteriormente, el volumen de los retrasos considerados «normales» en el proceso de liquidación está constituido por el total de los créditos interrumpidos o suspendidos y las solicitudes presentadas demasiado tarde para que el pago pueda tramitarse antes de la conclusión del ejercicio. Puede considerarse que las solicitudes recibidas en los últimos diez días naturales del año se han presentado demasiado tarde para su abono, dado que la Comisión debe tener la seguridad suficiente de que estará en condiciones de ejecutar plenamente los créditos disponibles en el presupuesto. Sin embargo, algunas de las solicitudes interrumpidas o suspendidas figuran también entre las solicitudes que llegan demasiado tarde para su abono, y no deben contarse por partida doble.

En consecuencia, el volumen de retrasos «normales» aumentará con el número total de solicitudes recibidas durante el ejercicio y su concentración relativa en los últimos días del año.

Para el período 2010-2014, el siguiente cuadro ofrece un panorama general de las solicitudes de pago recibidas, de los retrasos en los pagos al final del ejercicio y de las solicitudes recibidas demasiado tarde para su liquidación o suspensión.

Gráfico 4 - Rúbrica 1b: solicitudes de pago, retrasos en la liquidación y suspensiones durante el período 2010-2014

20150708-P8_TA(2015)0263_ES-p0000010.png

En los últimos tres años (2012-2014), el volumen de retrasos «normales» —esto es, las solicitudes de pago recibidas en los últimos diez días del año, o interrumpidas o suspendidas, incluso si se han recibido antes de los diez últimos días— puede estimarse en aproximadamente la mitad del volumen de los retrasos totales registrados al final de cada ejercicio. La otra mitad estaba relacionada con la falta de créditos de pago autorizados en el presupuesto, que generó un «efecto de bola de nieve»(19).

Con la reducción del volumen de solicitudes previstas para 2015 y 2016, la previsible disminución de los casos interrumpidos/suspendidos y la falta de presión de la regla N+2 a finales de 2015(20), también se espera que disminuyan considerablemente los retrasos considerados «normales».

4.4.  Panorama general de los pagos pendientes para el período 2007-2013 en 2015 y 2016

Estimación para 2015 y 2016 basada en las previsiones de los Estados miembros

El Reglamento que regula los fondos para el período 2007-2013(21) obliga a los Estados miembros a remitir a la Comisión, como más tarde el 30 de abril del año N, una previsión de las solicitudes de pago intermedio probables para el año N y el año N+1. En los últimos años, los Estados miembros han acordado actualizar esta información en el mes de septiembre del año N, con el fin de evaluar de forma más detallada el nivel creciente de pagos pendientes y la importante concentración de las solicitudes de pago en los últimos meses del año.

No obstante, el nuevo Reglamento que regula los fondos para el período 2014-2020(22) obliga a los Estados miembros a remitir sus previsiones de solicitudes de pago intermedio para el año N y N+1 como más tarde el 31 de enero del año N (con una actualización a más tardar el 31 de julio). Los Estados miembros han aplicado este nuevo plazo de forma voluntaria en 2015 para sus programas del período 2007-13 sobre la base de una solicitud de la Comisión confirmada en diciembre de 2014. De acuerdo con los datos recibidos por la Comisión a 3 de marzo de 2015, los Estados miembros estiman que presentarán solicitudes de pago por valor de aproximadamente 48 000 millones EUR (tanto pagaderas como no pagaderas) en 2015 y de aproximadamente 18 000 millones EUR en 2016(23).

Como se ha explicado anteriormente, no todas las solicitudes se traducirán inmediatamente en pagos debido a que debe tenerse en cuenta el límite del 95 % establecido en el artículo 79 del Reglamento 1083/2006(24). Dado que cada vez son más los programas que alcanzan el límite del 95 %, esta corrección adquirirá una relevancia mucho mayor en 2015 y en los ejercicios siguientes. Por consiguiente, las cifras reales correspondientes a las previsiones de solicitudes pagaderas son inferiores a las estimaciones de los Estados miembros, dado que por encima del límite del 95 % solo se consideran al cierre. Sobre la base de estas previsiones limitadas, la Comisión espera recibir solicitudes efectivamente pagaderas por un importe total de aproximadamente 35 000 millones EUR en 2015. La cifra correspondiente para 2016 se eleva actualmente a unos 3 000 millones EUR. Este importe de 2016 se irá precisando (y podría ser ligeramente mayor) una vez los Estados miembros presenten la información actualmente incompleta o revisen los datos transmitidos para algunos programas operativos.

El anexo 2 ofrece más detalles sobre las previsiones de los Estados miembros relativas a las solicitudes de pago correspondientes a 2015 y 2016 para los programas de cohesión del período 2007-2013.

Estimaciones de la Comisión basadas en la ejecución

A finales de 2014, el importe total acumulado de las prefinanciaciones y de los pagos intermedios ascendía a 266 100 millones EUR. La dotación total para los programas de la política de cohesión 2007-2013 es de 347 300 millones EUR. Teniendo en cuenta la liberación de compromisos a la que ya se ha procedido hasta la fecha y el riesgo de otras liberaciones como consecuencia de la aplicación de la regla N+2/N+3 a finales de 2014, pero aún pendientes de confirmación (por un importe máximo total de 900 millones EUR desde el inicio del período), el importe máximo pendiente de pago es de aproximadamente 80 300 millones EUR. Sin embargo, el 5 % de los pagos correspondientes a cada programa solo deberán hacer efectivos al cierre (17 300 millones EUR).

Por consiguiente, el nivel previsto de solicitudes provisionales pendientes de pago en 2015 o en los ejercicios siguientes se sitúa en torno a los 63 000 millones EUR, lo que representa un 18 % de la dotación total, que incluye los retrasos en la liquidación a finales de 2014 (24 700 millones EUR). El nivel máximo de nuevas solicitudes de pago efectivamente liquidables que está previsto recibir en 2015 o en los ejercicios siguientes, antes del cierre, asciende a 38 300 millones EUR. Si está previsto que en 2015 se reciban solicitudes de pago por valor de 35 000 millones EUR, el importe previsto para 2016 sería de 3 500 millones EUR.

Estimaciones de pagos pendientes a finales de 2015 tomando como base las previsiones corregidas de los Estados miembros

El nivel de los créditos de pago autorizados en el presupuesto de 2015 asciende a 39 500 millones EUR. Este importe cubrirá los retrasos en la liquidación anteriores a 2015 (24 700 millones EUR) y las nuevas solicitudes de pago (estimadas en 35 000 millones EUR). Por consiguiente, la estimación de retrasos en la liquidación a finales de 2015 ascendería a 20 000 millones EUR, de los cuales al menos alrededor de la mitad —esto es, aproximadamente 10 000 millones EUR— se mantendrían como retrasos «anormales».

En miles de millones EUR

Pagos pendientes a finales de 2014 (ajustado)

Estimaciones de solicitudes de pago de los Estados miembros para 2015 corregidos con el límite del 95 %

Créditos de pago autorizados en el presupuesto de 2015

Estimaciones de pagos pendientes para finales de 2015

24.7

~35

39.5

~20

4.5.  Solicitudes de pago previstas para 2016

Como se ha señalado anteriormente, la previsión de retrasos en la liquidación a finales de 2015 asciende a unos 20 000 millones EUR, siempre y cuando las estimaciones de los Estados miembros sean exactas. Por otra parte, antes del cierre de los programas se prevé la presentación de solicitudes pagaderas por valor de hasta 3 500 millones EUR. Dado el número relativamente limitado de solicitudes de pago y habida cuenta de que no existirá la presión de la regla N+2, no hay ninguna razón para suponer que un gran número de estas solicitudes se recibirán demasiado tarde para ser liquidadas en 2016.

La Comisión ajustará su petición en el proyecto de presupuesto 2016 teniendo en cuenta los retrasos considerados «normales» a finales de 2016. Cabe esperar, no obstante, que estos retrasos «normales» —que cubren la presentación de solicitudes en el último momento y las interrupciones y suspensiones todavía no resueltas— sean muy reducidos en comparación con los ejercicios anteriores, dado que se prevé también un volumen muy reducido de nuevas solicitudes en 2016 y que la Comisión espera que los Estados miembros subsanen las deficiencias y presenten solicitudes «limpias». Dichos retrasos podrían ascender a unos 2 000 millones EUR. Por consiguiente, estos retrasos considerados «normales» para finales de 2016 tendrán que cubrirse en el presupuesto 2017. Así pues, el importe que debería incluirse en el presupuesto 2016 sería de aproximadamente 21 500 millones EUR.

4.6.  Resumen de la información utilizada para calcular las solicitudes de pago y los retrasos en la liquidación

El siguiente cuadro resume la información relativa a la dotación del programa, el uso previsto de los créditos presupuestarios disponibles en el presupuesto 2015 y el importe máximo de las solicitudes de pago previstas en 2016.

Pagos provisionales pendientes para el período 2015-2017 (miles de millones EUR)

Dotación del programa

(1)

347.3

—  de los cuales, prefinanciaciones y pagos intermedios efectuados hasta finales de 2014

(2)

266.1

—  de los cuales, reservados para el cierre (5 %) y las liberaciones de compromisos efectuadas

(3)

18.2

Importe máximo de los pagos intermedios liquidables (2015-2017)

(4)=(1)-(2)-(3)

~63.0

—  de los cuales, pendientes de liquidación a finales de 2014 (solicitudes de pago pendientes)

(5)

24.7

—  de los cuales, importe máximo de los pagos intermedios liquidables en 2015-2017

(6)=(4)-(5)

38.3

Ejercicio presupuestario 2015, miles de millones EUR

Créditos disponibles, presupuesto 2015

(1)

39.5

—  de los cuales, pendientes de liquidación a finales de 2014

(2)

24.7

—  de los cuales, previsiones para 2015, corregidas aplicando el límite del 95 %

(3)

~35

Estimaciones de pagos pendientes a finales de 2015

(4)=(1)-(2)-(3)

~20

Ejercicio presupuestario 2016, miles de millones EUR

Estimaciones de pagos pendientes a finales de 2015

(1)

~20

Solicitudes de pago restantes máximas que se espera recibir en 2016 antes del cierre

(2)

~3.5

Máximo de solicitudes de pago por cubrir en el presupuesto de 2016

(3)=(1)+(2)

~23.5

4.7.  Pagos al cierre

El cierre de los Fondos Estructurales tiene su propia dinámica de pagos. Cada uno de los Estados miembros remitirá sus documentos de cierre para cada uno de los programas como más tarde el 31 de marzo de 2017. La Comisión notificará al Estado miembro su dictamen sobre el contenido de la declaración de cierre en un plazo de cinco meses a partir de la fecha de su recepción, siempre y cuando se haya presentado toda la información pertinente en el documento de cierre inicial(25). Por norma general, los pagos relativos al cierre no se efectuarán hasta después de 2016. El importe total reservado para el cierre (un 5 % de la asignación global) asciende a 17 300 millones EUR, si bien el nivel de los pagos dependerá de la calidad de la aplicación del programa durante todo el período. Las posibles liberaciones de compromisos relativos al cierre en la política de cohesión podrían reducir las necesidades de pagos.

Según un cálculo orientativo, para el período 2000-2006, el porcentaje de la liberación de compromisos al cierre representó el 2,6 % de la dotación total del Fondo Social Europeo (FSE) y el 0,9 % de la dotación total del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). No obstante, en el caso del FSE sigue habiendo unos 500 millones EUR de compromisos pendientes de liquidación (RAL) relacionados con casos problemáticos de irregularidades, por lo que la Comisión calcula que el porcentaje final de liberaciones al cierre se situará en torno al 3 % para dicho Fondo. La Comisión no excluye que la liberación de compromisos al cierre podría ser más elevada que en el período anterior, de forma que el cálculo a que se ha hecho referencia debe considerarse como una indicación prudencial.

En el análisis de la reducción de la parte considera «normal» en los retrasos no se tienen en cuenta las solicitudes de cierre, dado que la mayoría se abonarán en el período 2017-2019 o en ejercicios posteriores y que no todos los expedientes darán lugar a pagos, puesto que los importes pagados indebidamente deberán liquidarse antes de que pueda procederse al pago final.

5.  Otras rúbricas: perspectivas para los programas 2007-2013

5.1.  Panorama general

Tras el análisis detallado de cada caso concreto de la política de cohesión (rúbrica 1b), efectuado en la sección 4, la presente sección analiza la situación en las otras rúbricas, que puede resumirse en los términos siguientes:

—  Los créditos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (rúbrica 2) no se disocian, de forma que los pagos y los compromisos se presupuestan al mismo nivel. Por consiguiente, no existen retrasos en la liquidación al final del ejercicio.

—  La gestión del Desarrollo Rural, el Fondo Europeo de Pesca (rúbrica 2) y los fondos relativos al asilo, la migración, las fronteras y la seguridad (rúbrica 3) se comparte con los Estados miembros de forma similar a la política de cohesión. Si bien hasta ahora no se han registrado retrasos en el Desarrollo Rural, este no es el caso para los otros fondos.

—  La mayoría de los demás programas (rúbricas 1a y 4) son gestionados por la Comisión. En vista de las dificultades de pago, muchos de estos programas han sido objeto de las medidas de mitigación que la Comisión puso en marcha en 2014 (y, en determinados casos, ya en 2013), que van de la disminución de la prefinanciación (teniendo debidamente en cuenta la naturaleza y la solidez financiera de los socios encargados de la ejecución, los destinatarios y los beneficiarios) al aplazamiento de los pagos finales o los pagos de apoyo presupuestario, el desistimiento de asumir nuevos compromisos y el retraso de la contratación. No obstante, la mayoría de estas medidas de mitigación se limitan a aplazar la fecha del desembolso, de forma que los compromisos siguen manteniendo su vigencia.

El siguiente cuadro ofrece una visión general de la evolución de los retrasos en las liquidaciones correspondientes a las rúbricas 1a y 4. Si bien se aprecia una clara tendencia al alza en los atrasos para la partida 4, que en 2014 alcanzó su nivel más alto en los últimos ejercicios, la evolución de la rúbrica 1a es menos evidente.

Retrasos en la liquidación al final del ejercicio (millones EUR)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rúbrica 1a

1 679

507

291

628

604

567

551

541

Rúbrica 4

172

178

284

226

387

367

389

630

5.2.  Programas de gestión compartida en las rúbricas 2 y 3

5.2.1.  Rúbrica 2

Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)

No se registran retrasos en el caso del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), dado que se basa en créditos no disociados.

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

Hasta el momento, no se han registrado retrasos en lo que se refiere al Desarrollo Rural: la Comisión ha conseguido siempre liquidar todas las solicitudes de pago a su debido tiempo. Teniendo en cuenta el volumen del programa de Desarrollo Rural y la regla del 95 % que se aplica también en este caso, el nivel máximo de los pagos provisionales que podrían abonarse todavía antes del cierre asciende es de aproximadamente 8 700 millones EUR para el período 2007-2013. Los créditos de pago autorizados en el presupuesto 2015 para los programas del período 2007-2013 ascienden a 5 900 millones EUR. El importe restante de 2 800 millones EUR debe abonarse en 2016, después de la presentación por los Estados miembros de la declaración trimestral final prevista para enero de 2016.

El importe total reservado para el cierre se sitúa en torno a los 4 800 millones EUR. La cantidad que se abonará efectivamente dependerá de las liberaciones de compromisos. De forma orientativa y aplicando un porcentaje de liberaciones de compromisos del 1,5 % sobre la base de la experiencia del cierre para el período anterior 2000-2006, cabe concluir que se liberarán unos 1 500 millones EUR. Se espera que los pagos de cierre se efectúen entre 2016 y 2019.

Fondo Europeo de la Pesca (FEP)

La modalidad de gestión del FEP es similar a la política de cohesión (rúbrica 1b). No obstante, puesto que en este caso no se aplica una regla N+3, el FEP no experimentó el problema específico de la conversión de la regla N+3 a la regla N+2 entre el tramo de compromisos de 2010 y el tramo de compromisos de 2011. Por otra parte, tampoco se aplicó la «regla griega», aunque el inicio de los programas sufrió un pequeño retraso como consecuencia de las obligaciones relativas a los sistemas de gestión y control. Con todo, en los últimos años, los retrasos de las liquidaciones en el ámbito del FEP han sido muy importantes. A principios de 2014, el nivel de los retrasos se situaba a la altura de los créditos de pago aprobados para los programas 2007-2013.

Por lo que se refiere al ritmo de presentación de las solicitudes de pago durante el ejercicio, dos tercios de las solicitudes anuales de pago para el período 2010-2014 se recibieron en los meses de noviembre y diciembre. El siguiente gráfico muestra el nivel de los retrasos de 2011 a 2014 para los programas 2007-2013 del FEP, junto con los créditos de pago iniciales del ejercicio siguiente.

20150708-P8_TA(2015)0263_ES-p0000011.png

La razón principal que motivó la reducción de los retrasos en el ámbito del FEP a finales de 2014 fue la reasignación de todos los créditos de pago disponibles en el capítulo del presupuesto (incluidos todos los créditos de pago para la gestión compartida del FEMP, debido al retraso en la adopción de la nueva base jurídica) y los refuerzos recibidos en el proyecto de presupuesto rectificativo 3/2014 (adoptado como presupuesto rectificativo 2/2014) y en las transferencias de fin de año.

Cabe prever que el nivel más elevado de pagos autorizados en el presupuesto de 2015 permita reducir los retrasos acumulados a su nivel normal de aproximadamente 100 millones EUR.

5.2.2.  Rúbrica 3

Asilo, migración, fronteras y políticas de seguridad

Las políticas comunes de asilo e inmigración en el período 2007-2013 se aplicaron principalmente por medio del programa general de «Solidaridad y gestión de los flujos migratorios» (SOLID). Este programa general constaba de cuatro instrumentos: el Fondo para las Fronteras Exteriores, el Fondo Europeo para el Retorno (FR), el Fondo Europeo para los Refugiados (FER) y el Fondo Europeo para la Integración de nacionales de terceros países (FEI).

El siguiente gráfico muestra el nivel creciente de solicitudes de pago pendientes a finales del ejercicio para los programas desarrollados en el ámbito de la política de asilo, la migración, las fronteras y la seguridad.

20150708-P8_TA(2015)0263_ES-p0000012.png

Los compromisos pendientes de liquidación (RAL) aumentaron de 150 millones EUR a principios de 2007 a 2 600 millones EUR en 2014, a pesar de los compromisos liberados durante el período 2007-2014 por valor de 300 millones EUR. Siguen pendientes de pago unos 1 900 millones EUR para los programas 2007-2013. Los créditos de pago autorizados para los programas en el presupuesto 2015 se sitúan ligeramente por encima de los 600 millones EUR, incluidos los créditos destinados a los pagos de prefinanciación inicial y anual de los nuevos programas 2014-2020.

Teniendo en cuenta la cantidad que se abonará al cierre (estimada en aproximadamente 1 000 millones EUR) y que en 2013 y 2014 no pudieron abonarse las segundas prefinanciaciones debido a la falta de créditos de pago, las necesidades de pago para reconducir a finales de 2016 los retrasos para los programas 2007-2013 a un nivel normal se estiman en unos 235 millones EUR.

5.3.  Gestión directa de los programas de las rúbricas 1a y 4

5.3.1.  Rúbrica 1a

Esta sección ofrece un panorama de la situación de los pagos relativos a los programas de la rúbrica 1a a finales de 2014.

Solicitudes de pago pendientes al final de ejercicio

El siguiente gráfico muestra la evolución de las solicitudes de pago pendientes a final del ejercicio para los principales programas de la rúbrica 1a.

20150708-P8_TA(2015)0263_ES-p0000013.png

El elevado nivel de las solicitudes de pago pendientes a finales de 2007 resultó ante todo de la gestión del ciclo de proyectos del 6º Programa Marco de Investigación y del número particularmente elevado de compromisos pendientes en aquel momento. Por otra parte, los contratos de investigación exigían la presentación de certificados de auditoría antes de que pudiera procederse al pago de gastos.

Las medidas de mitigación adoptadas por la Comisión en 2014 (véase la sección 2.2) con el fin de abordar la falta de créditos de pago impidió que aumentaran las solicitudes de pago pendientes a finales de 2014. Las medidas incluían la reducción del nivel de prefinanciación y el aplazamiento de la firma de nuevos contratos y convenios de subvención, desplazando de esta forma una parte de los pagos al ejercicio siguiente. Al tiempo que limitaban el nivel de solicitudes de pagos pendientes, estas medidas tuvieron también el efecto de ralentizar la ejecución de los programas 2014-2020. En determinados casos, tuvieron que adoptarse medidas más drásticas para dar prioridad a los pagos dirigidos a los beneficiarios más vulnerables.

Evolución de los compromisos pendientes de liquidación (RAL)

El nivel —estable, en términos generales— de las solicitudes de pago pendientes a final del ejercicio para los programas de la rúbrica 1a contrasta con la clara tendencia al alza de los compromisos pendientes de liquidación (RAL), tal como muestra el siguiente cuadro:

20150708-P8_TA(2015)0263_ES-p0000014.png

El aumento de los RAL en la rúbrica 1a es en gran medida el resultado de la brecha creciente entre los créditos de compromiso y los créditos de pago en el ámbito de la investigación, el programa de mayor gasto en esta rúbrica. Esta circunstancia se refleja en el gráfico siguiente, que muestra la tendencia decreciente del ratio pagos/compromisos.

20150708-P8_TA(2015)0263_ES-p0000015.png

Con el fin de ejemplificar cómo se ejecutan los proyectos de la rúbrica 1a, a continuación se describe el ciclo de proyectos para los programas de investigación.

Ciclo de proyectos en el ámbito de la investigación

Los programas de investigación se ejecutan por medio de programas plurianuales de trabajo que contienen los datos relativos a los siguientes aspectos: convocatorias de propuestas, procedimientos de contratación pública, estudios, reuniones de expertos, participación en organizaciones internacionales, seminarios, talleres, evaluación y seguimiento. Alrededor del 90 % de los programas de investigación se refieren a convocatorias de propuestas y el 10 % restante, a otras actividades.

El programa de trabajo anual para el año N es adoptado por la Comisión a mediados del año N-1. A partir de la segunda mitad del año N-1 se lanzan las convocatorias de propuestas. En la mayoría de los casos, la presentación de propuestas tiene lugar en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la convocatoria. Los compromisos globales se establecen tras la adopción del programa de trabajo en el año N y, como más tarde, antes de la negociación de los contratos (normalmente la fecha de cierre de la convocatoria). Después de la evaluación de las propuestas (tres meses) y la selección (de uno a dos meses), se procede a la negociación de los contratos (de uno a seis meses) y la firma (hasta varios meses). La Comisión/agencia ejecutiva dispone de ocho meses desde el cierre de la convocatoria hasta la firma de la subvención (el denominado «plazo para la concesión»), cinco de los cuales se dedican a informar a los solicitantes sobre los resultados de la evaluación científica, y tres, a preparar el acuerdo de subvención. Una vez se ha establecido el compromiso individual y se ha firmado el contrato, el pago de la prefinanciación debe efectuarse en un plazo de 30 días a partir de la firma del acuerdo o de 10 días antes de la fecha de inicio de la acción, aplicándose la fecha más reciente. A raíz de las medidas estructurales adoptadas por las direcciones generales de investigación en 2014, en muchos casos la prefinanciación de los compromisos del año N se paga ahora en el año N+1 en lugar del año N. Los pagos intermedios se basan en declaraciones financieras y están vinculadas a informes periódicos elaborados por lo general cada 18 meses. El pago final del 10 % se abona tras la aceptación del informe final.

Para todas las demás acciones previstas en el programa de trabajo, los compromisos provisionales se realizan el año N y los pagos anticipados se efectúan el mismo año. El resto se abona en el año N+1.

Dificultades de pago en el ámbito de la investigación: consecuencias prácticas

Con el fin de gestionar la falta de créditos de pago en los programas de investigación, en 2014 se transfirió un importe total de 236,5 millones EUR de las líneas «Horizonte 2020» 2014-2020 con el fin de reforzar las líneas presupuestarias destinadas a la finalización del período 2007-2013 para los mismos programas, retrasando a 2015 la prefinanciación de las convocatorias de Horizonte 2020 lanzadas en 2014. Este no fue el caso en ejercicios anteriores y redunda en un retraso en la ejecución de los nuevos programas.

La investigación requiere tiempo, y la retención de la firma de contratos y de la financiación no es coherente con el objetivo de desplegar un mayor esfuerzo de investigación para apoyar el crecimiento económico. Cabe prever que el aumento del nivel de los créditos de pago autorizados para Horizonte 2020 en el presupuesto 2015 facilite una recuperación parcial de este importante programa.

Erasmus+

Erasmus+ constituye un buen ejemplo de un programa anual en el que el nivel de los pagos sigue de cerca el de los compromisos, dado que el ciclo de vida de la mayoría de las acciones evoluciona en función del calendario académico.

No obstante, debido a la caída de los pagos, el aumento de los créditos de pago en 2014 no coincidió con el aumento de los créditos de compromiso, que se prevé que continúe durante el período 2014-2020. Esta disminución de los pagos en 2014 puede observarse también en el ratio pagos/compromisos del siguiente gráfico.

20150708-P8_TA(2015)0263_ES-p0000016.png

Como resultado de esta situación, en 2014 no fue posible pagar una parte de la segunda prefinanciación a las agencias nacionales, cuya finalidad es financiar acciones de movilidad. Si bien cabe esperar una ligera mejora de la situación, se prevé que Erasmus+ siga afrontando restricciones análogas en 2015.

Transporte y energía

El siguiente gráfico muestra la creciente divergencia entre el nivel de compromisos y el nivel de pagos para los ámbitos políticos del transporte y la energía.

20150708-P8_TA(2015)0263_ES-p0000017.png

Los créditos de pago autorizados en el presupuesto 2015 será suficiente para cubrir la primera prefinanciación de los proyectos del período 2014-2020 y abordar parcialmente los RAL 2007-2013, que se estiman en más de 2 000 millones EUR.

Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE)

En comparación con el elevado nivel de compromisos en 2009 y 2010, la ejecución de los pagos para este programa empezó con lentitud, dado que los proyectos PERE consisten fundamentalmente en proyectos de infraestructura a gran escala.

20150708-P8_TA(2015)0263_ES-p0000018.png

En particular en 2014, los créditos de pago resultaron insuficientes para cubrir todas las solicitudes recibidas durante el ejercicio, incluso tras la adopción tardía del proyecto de presupuesto rectificativo 3/2014, que aseguró la disponibilidad de créditos de pago adicionales. A finales de 2014, los RAL se situaban todavía en 2 000 millones EUR, lo cual representaba la mitad de los importes inicialmente comprometidos para el PERE. El nivel de los créditos de pago autorizados en 2015 asciende a 407 millones EUR, con los cuales se espera cubrir las necesidades previstas para el ejercicio.

5.3.2.  Rúbrica 4

El gráfico siguiente muestra el nivel de los compromisos pendientes de liquidación (RAL) para los programas de la rúbrica 4 desde 2007.

20150708-P8_TA(2015)0263_ES-p0000019.png

La rúbrica 4 comprende instrumentos de respuesta a las crisis a corto plazo, instrumentos a más largo plazo que se sirven de una programación plurianual e instrumentos ad hoc como la ayuda macrofinanciera mediante préstamos y subvenciones. Por medio de una programación plurianual, tres grandes instrumentos copan el 73 % de los gastos de esta rúbrica: el Instrumento de Ayuda de Preadhesión II, el Instrumento Europeo de Vecindad y el Instrumento de Cooperación para el Desarrollo. La asistencia a terceros países financiada en el marco de estos programas tiene normalmente un ciclo de vida de entre 6 y 8 años. Los instrumentos de respuesta a las crisis (ayuda humanitaria, instrumento de contribución a la estabilidad y la paz, política exterior y de seguridad común) y la ayuda macrofinanciera tienen, por su parte, ciclos de pago mucho más cortos, de entre 12 y 18 meses.

Desde 2013, la mayor parte de los instrumentos de la rúbrica 4 sufrió una grave carencia de créditos de pago que afectó ante todo a la ayuda humanitaria y a los instrumentos relacionados con la crisis con ciclos de ejecución de desembolso rápido y posteriormente a instrumentos como el Instrumento de Cooperación para el desarrollo y el Instrumento Europeo de Vecindad, cuyos pagos están relacionados en gran medida con contratos y compromisos existentes. La situación empeoró en 2014, debido a la reducción global de los créditos de pago en comparación con 2013. Para algunos de los programas, el refuerzo aportado por el proyecto de presupuesto rectificativo 3/2014 (y otras acciones, por ejemplo transferencias)(26) llegó muy tarde y resultó insuficiente para cubrir la acumulación de retrasos pendientes.

Las medidas adoptadas (véase el punto 2.2) solo pudieron paliar parcialmente los efectos de las dificultades de pago aplazando la fecha del desembolso, mientras que no se han cumplido todavía los anteriores compromisos.

Solicitudes de pago pendientes al final de ejercicio

En términos generales, aumentaron considerablemente las solicitudes de pago pendientes a finales de 2014 para la rúbrica 4. Ello se explica en gran medida por el fuerte aumento de las solicitudes y la falta de créditos de pago correspondientes, como en los casos del Instrumento Europeo de Vecindad y del Instrumento de Cooperación para el Desarrollo, tal como muestra el gráfico que figura a continuación.

20150708-P8_TA(2015)0263_ES-p0000020.png

Por otra parte, los incrementos en los créditos de pago autorizados en los presupuestos 2013 y 2014 permitieron corregir el nivel de las solicitudes de pago pendientes para la ayuda humanitaria(27):

20150708-P8_TA(2015)0263_ES-p0000021.png

Como se ha señalado anteriormente, los RAL de la rúbrica 4, y en particular de los tres grandes instrumentos a largo plazo, han aumentado constantemente a lo largo de los últimos cinco años, en consonancia con los niveles de compromiso del anterior MFP. Los programas inicialmente comprometidos en 2010, por ejemplo, se habrían formalizado con el tercer país beneficiario durante 2011, y los contratos se habrían concluido en el período transcurrido hasta 2014. De ello se desprende que ahora es necesario pagar muchos de estos programas más amplios, comprometidos cuando los compromisos experimentaban un rápido aumento. Cabe esperar que el nivel de los créditos de pago autorizados en el presupuesto 2015 reduzca la brecha actual, lo cual contribuiría a estabilizar la situación, que, no obstante, continúa siendo tensa, y es previsible que dicha brecha y los RAL sigan aumentando todavía en muchos instrumentos, por ejemplo el Instrumento de Cooperación para el Desarrollo.

6.  Perspectivas para los programas del período 2014-2020

El presupuesto de 2016 deberá incluir no solo los créditos de pago suficientes para eliminar gradualmente el nivel anormal de solicitudes de pago pendientes derivadas de compromisos relativos a los programas del período 2007-2013, sino también en lo que se refiere a los programas del período 2014-2020 en las rúbricas 1a y 4, cuya aplicación se ha visto obstaculizada por las dificultades de pago. El presupuesto 2016 deberá incluir también los créditos de pago necesarios para otros fondos, como el Desarrollo Rural (rúbrica 2), a fin de evitar nuevos retrasos que no existían en el pasado.

La Comisión evaluará las necesidades de pagos del ejercicio 2016 para los programas del período 2014-2020 en el proyecto de presupuesto 2016.

7.  Conclusiones

En los últimos años, y especialmente en 2014, el nivel de los créditos de pago fue insuficiente para cubrir las solicitudes de pago recibidas. Esta situación dio lugar, a su vez, a un retraso creciente de las solicitudes de pago pendientes al final del ejercicio, especialmente en los que se refiere a los programas de la política de cohesión para el período 2007-2013. La Comisión adoptó una serie de medidas de mitigación dirigidas a reducir al mínimo los efectos negativos de las dificultades de pago, cumpliendo en la medida de lo posible las obligaciones derivadas de compromisos anteriores. No obstante, como efecto derivado, esta situación dificulta la ejecución de los programas del período 2014-2020.

Cabe esperar que los créditos de pago consignados en el presupuesto 2015 redunden en una reducción del número de solicitudes pendientes de pago para los programas del período 2007-2013. La Comisión ha definido el nivel de pagos necesario para eliminar gradualmente el volumen anormal de solicitudes pendientes de pago para los programas del período 2007-2013 hasta finales de 2016. En su proyecto de presupuesto de 2016, la Comisión propondrá los créditos de pago en consonancia con esa evolución.

La Comisión considera que, sobre esta base, las tres Instituciones pueden comprometerse a ejecutar un plan dirigido a reducir, hasta finales de 2016, el nivel de facturas pendientes de pago correspondientes a la ejecución de los programas del período 2007-2013, hasta alcanzar un nivel sostenible.

Anexo 1: información remitida por la Comisión el 15 de diciembre de 2014

El 15 de diciembre de 2014, la Comisión presentó los retrasos previstos, a finales de 2014 y 2015, para los programas de cohesión correspondientes al período 2007-2013, en los términos siguientes:

2010

2011

2012

2013

2014 (*)

2015 (*)

Retrasos en la liquidación de facturas pendientes de pago al final del ejercicio (miles de millones EUR)

6.1

10.8

16.2

23.4

Hasta25 (1)

19 (2)

(*) Estimaciones de la Comisión basadas en las previsiones corregidas de los Estados miembros

(1)  Teniendo en cuenta los créditos de pago adicionales en el presupuesto rectificativo 3/2014, en la versión finalmente aprobada.

(2) Teniendo en cuenta los créditos de pago adicionales en el presupuesto rectificativo 3/2014, en la versión finalmente aprobada, y los créditos de pago autorizados en el presupuesto 2015.

La Comisión desglosó también los retrasos previstos a finales de 2014 para los programas de cohesión correspondientes al período 2007-2013. Tal como muestra el cuadro que figura a continuación, el volumen total de las solicitudes de pago recibidas efectivamente a finales del ejercicio 2014 se situó alrededor de 1 500 millones EUR por debajo de las previsiones elaboradas por los Estados miembros y alrededor de 2 500 millones EUR por encima de la horquilla superior de las estimaciones de la Comisión.

RETRASOS ACUMULADOS PREVISTOS PARA FINALES DE 2014

Miles de millones EUR

(1)

Solicitudes de pago recibidas a finales de 2013 y no pagadas a finales de 2013 (retrasos acumulados)

23.4

(2)

Solicitudes de pago recibidas a finales de noviembre de 2014

31.4

(3)  = (1) + (2)

Solicitudes de pago a finales de noviembre pagaderas en 2014

54.8

(4)

Nivel de créditos de pago autorizados (con el presupuesto rectificativo 3/2014)

49.4

(5)  = (3) – (4)

Retrasos acumulados a finales de noviembre de 2014 cuyo pago se solicitó para finales de 2014

5.4

Previsiones

Realización efectiva

Estimaciones de los Estados miembros sobre las solicitudes de pago previstas para diciembre de 2014

23

21.5

Estimaciones de la Comisión sobre las solicitudes de pago previstas para diciembre de 2014

18 - 19

21.5

Estimación del volumen de facturas pendientes de pago a finales de 2014: hasta 25 000 millones EUR.

Por último, la Comisión presentó las estimaciones de los Estados miembros, desglosadas por países, de las solicitudes de pago cuya presentación estaba prevista en 2014 para la política de cohesión (54 330 millones EUR), las solicitudes de pago remitidas hasta el 31 de octubre de 2014 (31 360 millones EUR) y, en consecuencia, las solicitudes de pago cuya presentación estaba prevista en noviembre y diciembre (22 970 millones EUR).

La Comisión añadió que, «teniendo en cuenta la media de los porcentajes de error observados en las previsiones "brutas" de los Estados miembros en los últimos años y el límite del 95 % en los pagos antes del cierre exigidos por el artículo 79 del Reglamento n° 1083/2006, la Comisión estima entre 18 000 millones EUR y 19 000 millones EUR el volumen de las solicitudes previstas para diciembre». Estas estimaciones son coherentes con los cuadros anteriores.

Anexo 2: Rúbrica 1b: últimas previsiones de los Estados miembros

En el presente anexo se exponen las previsiones más recientes de los Estados miembros sobre la presentación en 2015 y 2016 de las solicitudes de pago correspondientes a los programas de cohesión del período 2007-2013, distinguiendo entre previsiones brutas (desglosadas por Estados miembros) y previsiones limitadas (véase la explicación del punto 4.4).

Previsiones de los Estados miembros (miles de millones EUR)

Período

2007-2013

2015*

2016

Previsiones brutas

Previsiones brutas

AT

Austria

0,09

0,00

BE

Bélgica

0,24

0,06

BG

Bulgaria

1,35

0,00

CY

Chipre

0,06

0,00

CZ

República Checa

4,01

3,75

DE

Alemania

2,43

0,95

DK

Dinamarca

0,04

0,03

EE

Estonia

0,09

0,00

ES

España

4,65

1,74

FI

Finlandia

0,21

0,02

FR

Francia

1,92

0,34

GR

Grecia

0,75

0,00

HR

Croacia

0,22

0,31

HU

Hungría

3,86

1,24

IE

Irlanda

0,03

0,01

IT

Italia

5,07

1,44

LT

Lituania

0,09

0,00

LU

Luxemburgo

0,01

0,00

LV

Letonia

0,54

0,09

MT

Malta

0,14

0,04

NL

Países Bajos

0,21

0,10

PL

Polonia

8,92

3,99

PT

Portugal

0,52

0,06

RO

Rumanía

6,64

2,81

SE

Suecia

0,11

0,00

SI

Eslovenia

0,38

0,18

SK

Eslovaquia

2,68

0,64

UK

Reino Unido

1,52

0,25

CB

Cooperación territorial

1,16

0,25

TOTAL

47,93

18,32

PREVISIONES TOTALES LIMITADAS***

34,74

2,95**

* Para los programas operativos respecto a los cuales los Estados miembros no remitieron ninguna previsión en enero de 2015, las previsiones de ese año se calculan a partir de las previsiones afines comunicadas en septiembre de 2014.

** El importe máximo por pagar en 2016 es de 3 500 millones EUR, de los cuales 3 000 millones EUR han sido ya confirmados por los Estados miembros en esta fase.

*** La «limitación» consiste en la aplicación de la regla del 95 %, que prevé que los pagos intermedios solo podrán hacerse efectivos antes del cierre si la suma de los pagos es inferior al 95 % de la dotación de los programas.

(1) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(3) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0061.
(5)Esta circunstancia tiene su origen en las denominadas normas «N+2» y «N+3», según las cuales hay que abonar los pagos en el plazo de dos (N+2) o tres (N+3) años después de la formalización de los compromisos correspondientes. A finales de 2013, ambas normas de liberación estaban vigentes al mismo tiempo.
(6)El total de los créditos de pago adicionales autorizados a través de presupuestos rectificativos ascendió a 6 700 millones EUR en 2012, 11 600 millones en 2013 y 3 500 millones en 2014.
(7)La acumulación de solicitudes de pago pendientes para los programas de cohesión de 2007-2013 a final del ejercicio aumentó de 11 000 millones EUR en 2011 a 16 000 millones en 2012, 23 400 millones en 2013 y 24 700 millones en 2014.
(8) Es preciso señalar que, en el marco de las políticas en régimen de gestión compartida, como la política de cohesión (en la que la Comisión reembolsa los gastos de los Estados miembros), los intereses de demora no se aplican.
(9)El 5 % restante se pagará al cierre del programa, que tendrá lugar en el período 2017-2019, tras la comprobación de la Comisión de que el programa se ha ejecutado con éxito y que no es necesario realizar correcciones.
(10) La legislación relativa a la política de cohesión establece un plazo reglamentario de 60 días.
(11) Las definiciones de acumulación normal y anormal se encuentran en los puntos 3.4 y 4.3.
(12)El presupuesto rectificativo nº 2/2014 fue inicialmente presentado como proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2014.
(13) Informes mensuales sobre los pagos intermedios y las solicitudes pendientes, alerta de las previsiones presupuestarias (dos veces al año).
(14)DEC 54/2014.
(15)Los importes impagados derivados de la reducción de tasas de prefinanciación a un índice inferior al mínimo legal/normal no se incluyen en la actual definición de «solicitudes de pago pendientes»: no obstante, para algunos programas, algunas reducciones de las tasas de prefinanciación se han aplicado en 2014 (y en algunos casos ya en 2013) a fin de aplazar los pagos a una fecha posterior.
(16) Artículo 87 del Reglamento (CE) nº 1083/2006: «(...) las solicitudes de pagos intermedios en relación con cada programa operativo se agrupan y remiten a la Comisión, en la medida de lo posible, en tres ocasiones al año».
(17) Idéntico al que figura en el resumen.
(18) Artículos 91 y 92, respectivamente, del Reglamento 1083/2006 para el período de programación 2007-2013.
(19) Debido a las dificultades de tesorería en los primeros meses del año (véase la sección 3.3), es posible que una parte de los retrasos no pueda liquidarse a principios del ejercicio, en los plazos reglamentarios establecidos.
(20) Excepto para Croacia, Rumanía y Eslovaquia.
(21) Artículo 76 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999 (DO L 210 de 31.7.2006, p. 25).
(22) Artículo 112 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
(23) Las previsiones presentadas por los Estados miembros en enero de 2015 no incluían todos los programas operativos. En estos casos, la Comisión utilizó las previsiones recibidas el pasado mes de septiembre. En el caso de las previsiones no disponibles de los Estados miembros para 2016, no es posible este tipo de extrapolación, dado que las previsiones presentadas en septiembre de 2014 incluían únicamente los años 2014 y 2015 (pero no 2016). Esto significa que las previsiones para 2016 incluyen únicamente los programas operativos respecto a los cuales los Estados miembros transmitieron información, por lo que es posible que deban revisarse al alza cuando se remitan los datos actualmente no disponibles.
(24) El artículo 79 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo establece que «el importe total acumulado de las prefinanciaciones y de los pagos intermedios realizados no podrá superar el 95 % de la contribución de los Fondos al programa operativo»; el 5 % restante no se pagará hasta el cierre del programa operativo.
(25) Artículo 89 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999 (DO L 210 de 31.7.2006, p. 25).
(26) + 406 millones EUR (incremento neto en créditos de pago) para ayuda humanitaria, + 30 millones EUR para el ICD y + 250 millones EUR para el IEV.
(27) No obstante, el gráfico no refleja el impacto de la disminución del nivel de prefinanciación.


Iniciativa de Empleo Verde
PDF 224kWORD 111k
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, sobre la Iniciativa de Empleo Verde: aprovechar el potencial de creación de empleo de la economía verde (2014/2238(INI))
P8_TA(2015)0264A8-0204/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa de Empleo Verde: aprovechar el potencial de creación de empleo de la economía verde» (COM(2014)0446),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de acción ecológico para las pymes» (COM(2014)0440),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una economía circular: un programa de cero residuos para Europa» (COM(2014)0398),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo al aprovechamiento del potencial de empleo del crecimiento ecológico («Exploiting the employment potential of green growth» (SWD(2012)0092)),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 6 de diciembre de 2010, sobre «Políticas de empleo para una economía competitiva, verde, con bajas emisiones de carbono y que aproveche los recursos eficazmente»,

–  Vista la Decisión 2010/707/UE del Consejo, de 21 de octubre de 2010, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros,

–  Visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre un plan de acción ecológico para las pymes y la Iniciativa de Empleo Verde,

–  Visto el estudio de 2014 de la OCDE y el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional titulado «Greener Skills and Jobs, OECD Green Growth Studies» (Competencias y empleos más verdes, Estudios de la OCDE sobre el crecimiento verde),

–  Visto el informe del Observatorio Europeo del Empleo, de abril de 2013, titulado «Promoting green jobs throughout the crisis: a handbook of best practices in Europe 2013» (Fomentar el empleo verde durante la crisis: manual de mejores prácticas en Europa 2013),

–  Visto el informe de 2011 de la Organización Internacional del Trabajo y el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional titulado «Skills for green jobs: a global view: synthesis report based on 21 country studies» (Competencias profesionales para empleos verdes: una mirada a la situación mundial - Informe de síntesis basado en estudios realizados en 21 países)),

–  Visto el informe de 2010 del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional titulado «Skills for green jobs – European synthesis report» (Competencias profesionales para empleos verdes — Informe europeo de síntesis),

–  Vistos los informes de Eurofound titulados «Relaciones laborales y sostenibilidad: el papel de los interlocutores sociales en la transición hacia una economía ecológica» (2011), «Hacia una economía verde en Europa: respuestas e iniciativas de los Estados miembros y los agentes sociales» (2009) y «La ecologización de las industrias en la UE: Anticipación y gestión de sus efectos sobre la cantidad y calidad de los puestos de trabajo» (2013),

–  Visto el documento de trabajo del CFE/LEED de la OCDE, de 8 de febrero de 2010, titulado «Green jobs and skills: the local labour market implications of addressing climate change» (Empleos y competencias profesionales verdes: consecuencias para el mercado de trabajo nacional de la lucha contra el cambio climático),

–  Vista la definición de la OIT y el PNUMA de empleo verde como todo empleo digno que contribuya a preservar y restaurar la calidad del medio ambiente, ya sea en la agricultura, la industria, los servicios o la administración,

–  Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2013, sobre Ecoinnovación – Empleo y crecimiento a través de la política medioambiental,(1)

–  Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2012, sobre una hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050(2),

–  Vista su Resolución, de 7 de septiembre de 2010, sobre el desarrollo del potencial de creación de empleo de una nueva economía sostenible(3),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0204/2015),

A.  Considerando que las tendencias mundiales como el uso ineficiente de los recursos, la presión insostenible sobre el medio ambiente y el cambio climático se acercan a un punto en que ya no será posible evitar consecuencias irreversibles para nuestras sociedades y el medio ambiente, y que la exclusión social y las desigualdades en aumento son un reto para las sociedades;

B.  Considerando que en el informe de 2015 de la Agencia Europea de Medio Ambiente se pone de relieve la insuficiencia de las actuales medidas para alcanzar los objetivos en materia de protección de la biodiversidad, reducción del uso de los combustibles fósiles, lucha contra el cambio climático y prevención de su impacto en la salud humana y el medio ambiente;

C.  Considerando que la falta de respuesta política coherente a estos retos comunes puede hacer que no se aproveche una parte importante del potencial de creación de empleo sostenible que ofrece una transición verde e integradora desde el punto de vista social;

D.  Considerando que, en respuesta a estas amenazas, asistimos al desarrollo de nuevos sectores, a cambios en muchos otros y al declive de algunos, como es el caso de los más contaminantes; que es necesario centrarse en la innovación y en los medios para reducir la contaminación; que, en relación con algunos sectores en declive, se ha de prestar especial atención a las necesidades de los trabajadores para favorecer su reciclaje profesional y encontrar empleos alternativos; que las inversiones en estos sectores prioritarios con arreglo al programa de empleos verdes de la Comisión, incluidos el reciclado, la biodiversidad, la eficiencia energética, la calidad del aire y todas las tecnologías en materia de energías renovables, como la energía renovable marina, tienen potencial para impulsar la creación de empleo, incluso en regiones escasamente pobladas;

E.  Considerando que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el sector de bienes y servicios ecológicos aumentó en más de un 50 % entre 2000 y 2011, y generó más de 1,3 millones de puestos de trabajo, y que, según los cálculos de la Comisión, la economía vinculada a las energías renovables creará 20 millones de nuevos puestos de trabajo en Europa hasta 2020; que una política ambiciosa y coherente de la UE junto con inversiones en energías renovables, gestión forestal, agricultura sostenible y protección del suelo (para prevenir y corregir la inestabilidad hidrológica) pueden impulsar en gran medida la creación de puestos de trabajo;

F.  Considerando que el Tratado de Lisboa fija el objetivo del desarrollo sostenible y que su aplicación hace que las cuestiones medioambientales reciban el mismo trato que las cuestiones económicas y sociales;

G.  Considerando que la Estrategia Europa 2020 para promover unas economías inteligentes, sostenibles e inclusivas reconoce el papel fundamental de una transición hacia economías verdes y socialmente justas;

H.  Considerando que las rigideces del mercado laboral impiden la creación de empleo, mientras que un mercado laboral de la UE competitivo puede contribuir a alcanzar los objetivos de empleo de la Estrategia Europa 2020;

I.  Considerando que la UE y sus Estados miembros se comprometieron, en la Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Cancún de 2010, a velar por «una reconversión justa de la fuerza laboral que cree trabajos dignos y empleos de calidad»; que una reconversión justa para todos hacia una economía ecológicamente sostenible debe estar bien gestionada y contribuir al objetivo de un empleo sostenible y a largo plazo para todos – incluidos los puestos de trabajo que requieren una gran capacitación, pero sin limitarse a ellos –, a la inclusión social y a la erradicación de la pobreza;

J.  Considerando que los cinco pilares de una «transición justa» son: consulta/voz de los sindicatos, inversión en puestos de trabajo verdes y dignos, competencias ecológicas, respeto de los derechos laborales y humanos, y protección social de los trabajadores y de las comunidades en la vanguardia de la transición de una economía hipercarbónica a otra hipocarbónica;

K.  Considerando que una firme participación de los trabajadores en la transición resulta fundamental con vistas a aumentar la concienciación medioambiental y la comprensión de la necesidad de la eficiencia en el uso de los recursos y reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente;

L.  Considerando que el potencial de expansión de los empleos verdes se ve frenado por la escasez de competencias profesionales y su falta de adecuación causadas por varios factores, entre los que se incluye la variabilidad de los currículos en lo relativo a la sostenibilidad, las deficiencias identificadas en sectores concretos, la falta de estudiantes con las competencias necesarias en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas y en TI y la concentración de un género en algunos sectores, en lugar del equilibrio de género;

M.  Considerando que existen indicios de que invertir en la eficiencia en el uso de la energía y los recursos y desarrollar la cadena de suministro mediante una estrategia industrial clara, así como pasar de una tributación basada en el trabajo a otra basada en otras fuentes, tienen el potencial de repercutir positivamente en la creación de empleo;

N.  Considerando que Europa se encuentra inmersa en una competencia mundial y que unos costes energéticos asequibles, la realización del mercado interior de la UE y un mejor clima para las inversiones desempeñan un papel decisivo para el crecimiento sostenible y la creación de puestos de trabajo;

O.  Considerando que determinados sectores, como el de la renovación de edificios para la eficiencia energética, se desarrollan en un lugar determinado y no pueden externalizarse o reubicarse;

P.  Considerando que la inseguridad y la falta de coherencia en la dirección política y la ausencia de objetivos claros obstaculizan la inversión, el desarrollo de capacidades y la I+D y, por lo tanto, impiden el desarrollo de oportunidades de empleo;

Q.  Considerando que una mayor conciencia social sobre la importancia de la necesidad de una economía verde aumentaría las posibilidades para el empleo;

R.  Considerando que unos objetivos determinados y claros a medio y largo plazo, incluidos los objetivos de contaminación y de eficiencia energética de la UE, puede ser un importante motor de cambio, y que la normativa de la UE también pueden ser un factor importante a este respecto; que la inversión selectiva que cree empleo, también en el desarrollo de cadenas de suministro dentro de la UE, debe surgir de un marco estratégico claro y ser coherente con él;

S.  Considerando que el sector público y los entes locales y regionales pueden desempeñar un papel fundamental en la facilitación de la transición hacia una economía verde y en la creación de mercados de trabajo inclusivos;

T.  Considerando que herramientas tales como la etiqueta ecológica, EMAS y CPE contribuyen a la creación de empleo verde;

U.  Considerando que las micro, pequeñas y medianas empresas figuran entre los generadores de empleo más importantes de la UE, representan mucho más del 80 % de todos los puestos de trabajo y han sido líderes en muchos sectores «verdes», pero se enfrentan a dificultades específicas a la hora de anticipar las competencias necesarias y de aprovechar el potencial de empleo;

V.  Considerando que las orientaciones integradas son un elemento clave de la coordinación de las políticas económicas y de empleo de los Estados miembros y conforman la base de las recomendaciones específicas por país, y que deben sustentar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, especialmente el objetivo del empleo, también al promover la creación de puestos de trabajo de calidad, entre otros, mediante el empleo verde;

W.  Considerando que las mujeres han de beneficiarse equitativamente de la creación de empleos verdes dignos y que es preciso romper el «techo de cristal»;

X.  Considerando que las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada por las crisis y las políticas de austeridad, y que los empleos verdes han demostrado ser más resistentes que otros a la crisis;

Y.  Considerando que los sectores hipocarbónicos suelen tener una mayor productividad laboral y que la parte salarial se ha reducido menos en estos sectores que en las quince industrias con más emisiones;

Z.  Considerando que los datos del Eurobarómetro sobre el empleo verde en las pymes muestran que el ahorro de energía, la reducción de los residuos y un menor consumo de materias primas son medidas que han demostrado que aportan beneficios económicos;

Hacia una economía verde: oportunidades para el mercado de trabajo

1.  Destaca que una transición hacia sociedades y economías sostenibles, con pautas de consumo y producción igualmente sostenibles, puede generar oportunidades de crear nuevos puestos de trabajo de calidad y transformar el empleo existente en empleo verde en prácticamente todos los sectores y a lo largo de toda la cadena de valor: desde la investigación hasta la producción, la distribución y el mantenimiento, y tanto en nuevos sectores verdes de tecnología punta, como las fuentes de energía renovables, como en industrias tradicionales, como la fabricación y la construcción o la agricultura y la pesca, o en sectores de servicios como el turismo, el catering, el transporte y la educación; hace hincapié, asimismo, en que, además de crear una gran cantidad de puestos de trabajo, la inversión en energías renovables y eficiencia energética contribuye al mantenimiento de la competitividad económica e industrial de Europa y a la reducción de su dependencia energética;

2.  Destaca que dos tercios de los servicios que proporciona la naturaleza, como tierras fértiles o aire y agua puros, están en declive, y que el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad están cerca de los límites más allá de los cuales las repercusiones en nuestras sociedades y el medio ambiente son inevitables;

3.  Señala que solo es posible un crecimiento económico continuo si se tienen en cuenta las limitaciones medioambientales; destaca, en este contexto, que la economía verde y circular puede proporcionar soluciones para el medio ambiente y la economía, así como la sociedad en general;

4.  Destaca que la aplicación plena de la legislación medioambiental así como la intensificación de la integración medioambiental y la coherencia entre las distintas políticas sectoriales en la UE son esenciales para desarrollar completamente el potencial asociado a la economía verde y, por tanto, para la creación de empleo verde;

5.  Recuerda que en el informe de 2015 de la Agencia Europea de Medio Ambiente se pone de relieve la insuficiencia de las actuales medidas para alcanzar los objetivos en materia de protección de la biodiversidad, reducción del uso de los combustibles fósiles, lucha contra el cambio climático y prevención de su impacto en la salud humana y el medio ambiente;

6.  Observa que la transición ofrece un importante potencial de creación de puestos de trabajo locales que no pueden reubicarse y en áreas que no pueden deslocalizarse, así como en los sectores afectados por la crisis, como el sector de la construcción; señala que existen pruebas sólidas de que la transición verde tendrá, en su conjunto, un impacto positivo en el empleo, consecuencia de que las actividades económicas sostenibles como el ahorro energético o la agricultura ecológica requieren más mano de obra que aquellas a las que sustituyen, y podría contribuir a una mayor autosuficiencia de las regiones;

7.  Considera que debe adoptarse una definición acordada de «empleos verdes» basada en la de la OIT y la Conferencia Internacional de Estadísticos;

Transición justa y creación de puestos de trabajo de calidad y sostenibles

8.  Saluda la afirmación de la Comisión de que la reestructuración de llevarse a cabo de manera responsable desde un punto de vista social, al mismo tiempo que reconoce la necesidad de innovación y reestructuración por parte de las empresas;

9.  Considera esencial, con el fin de maximizar el potencial neto de empleo de la economía verde, que ofrezcamos a nuestra mano de obra actual las oportunidades adecuadas para adquirir las nuevas competencias necesarias para la economía circular;

10.  Pide a los Estados miembros que estimulen políticas dirigidas a hacer más seguros y rehabilitar los edificios públicos, a fin de incrementar su eficiencia energética y reducir el consumo;

11.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión, cuando proceda, que se comprometan con una «hoja de ruta hacia una transición justa» para perseguir objetivos medioambientales ambiciosos, incluida la promoción de los siguientes aspectos: una protección social y una remuneración adecuadas, empleo a largo plazo y condiciones de trabajo saludables y seguras, inversiones dirigidas por el Gobierno en educación, programas de formación y capacitación profesional, el respeto de los derechos laborales y el reforzamiento de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores en cuestiones referidas al desarrollo sostenible y la representación efectiva de los trabajadores; pide a todos los Estados miembros que persigan estos objetivos;

12.  Recuerda que la estrategia revisada de la UE de salud y seguridad debería tener en cuenta los cambios específicos registrados en los nuevos sectores, cuando proceda;

13.  Destaca que para anticipar los cambios en el empleo se requiere una gestión proactiva de la transformación y una recolección mejorada de datos de gran calidad sobre las necesidades del mercado de trabajo, con la participación de las instituciones europeas de educación superior, y que la planificación a largo plazo es esencial para garantizar una transición efectiva y un incremento del empleo; hace hincapié en el importante papel que desempeñan los entes locales y regionales en la transición hacia una economía más verde en la educación, la infraestructura, el apoyo a las empresas locales y la creación de empleo estable con salarios regulados por convenios colectivos u otros medios permitidos de conformidad con la legislación nacional; considera que el diálogo social es un elemento imprescindible de la gestión del cambio; pide a la Comisión, a los Estados miembros, a los Gobiernos regionales y locales y a los interlocutores sociales que asuman su responsabilidad y hagan frente a este reto de manera colectiva, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad;

14.  Señala que el papel de los interlocutores sociales en la transición hacia empleos verdes ha aumentado gradualmente en los últimos años, pero recuerda que debe hacerse más para construir un diálogo social duradero y sostenible que pueda ayudar a superar los retos que supone el avance hacia una economía competitiva, hipocarbónica y eficiente en el uso de los recursos;

15.  Hace hincapié en la importancia de los Gobiernos locales para promover el diálogo social sectorial, especialmente en industrias verdes de reciente aparición, así como para garantizar la inclusión de las pymes;

16.  Observa que determinadas regiones tienen que hacer frente a más retos que otras debido a la concentración geográfica de industrias intensivas en el uso de energía y recursos y de industrias contaminantes, así como de niveles de pobreza o desempleo más elevados; pide a los Estados miembros y a los Gobiernos locales y regionales que reciben apoyo de la Unión Europea que colaboren con los interlocutores sociales en la aplicación colectiva de hojas de ruta hacia una transición justa que incluyan mecanismos de solidaridad para lograr una transición verde y socialmente justa de sus economías locales y regionales, mientras apoyan a las comunidades y los trabajadores afectados por los cambios, reduciendo así la inseguridad provocada por el desplazamiento de los puestos de trabajo y garantizando que se responde a la demanda de nuevas competencias de trabajo;

17.  Hace hincapié en que las autoridades locales pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de promover el crecimiento del empleo en la economía verde y más puestos de trabajo dignos e inclusivos mediante:

   inversiones ecológicas;
   el aprovechamiento del poder de la contratación pública, incluido el empleo de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública;
   la creación de asociaciones, también con instituciones de formación, para mejorar la adecuación de las competencias a los empleos en los mercados de trabajo locales;
   el apoyo a las pymes verdes y a la ecologización de las pymes; y
   el establecimiento de programas verdes de empleo inclusivos que garanticen que los grupos vulnerables también se beneficiarán del crecimiento ecológico;

18.  Señala que existen datos que confirman la importancia del compromiso de la gerencia respecto a los trabajadores para garantizar la contribución sustancial de estos últimos al logro de los cambios a través de las asociaciones sociales; recomienda la participación de «representantes verdes» de los sindicatos para que trabajen junto con los empresarios con el fin de intensificar la ecologización de la economía y aumentar la sostenibilidad en sus lugares de trabajo; pide a los Estados miembros que ofrezcan un apoyo específico a las iniciativas conjuntas de trabajadores y empresarios para la ecologización de las industrias;

19.  Considera que deben elaborarse proyectos piloto que apoyen algunos de estos objetivos;

20.  Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de utilizar los planes de movilidad laboral específicos en el marco del Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) para promover la movilidad laboral de los solicitantes de empleo;

Competencias profesionales para el empleo verde

21.  Acoge favorablemente las herramientas para el desarrollo de las competencias profesionales y las previsiones de necesidades de competencias profesionales propuestas por la Comisión; destaca que, en el marco del desarrollo de las competencias, se debe fomentar el desarrollo de las capacidades en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, que resultan de utilidad generalizada en una economía; apunta, no obstante, que se requiere una actuación más ambiciosa e inversión; considera que, para anticiparse a futuras necesidades de competencias, todas las partes interesadas del mercado laboral deben participar activamente a todos los niveles;

22.  Pide a los Estados miembros que colaboren con la Comisión en el establecimiento de un banco de datos con las ofertas de cursos de formación y de puestos de trabajo relacionados con el empleo verde, a fin mejorar la calidad de la información, el asesoramiento y la orientación disponibles sobre carreras profesionales y las competencias necesarias para aprovechar las oportunidades de empleo ofrecidas por la ecologización de la economía;

23.  Pide a la Comisión que vele por que se recopilen datos en todos los sectores verdes, entre ellos aquellos desatendidos actualmente, como el transporte público y el sector minorista; pide a la Comisión que, a la vez que apoya a los institutos nacionales de estadística y los servicios públicos de empleo (SPE) y que refuerza el uso de herramientas de modelización cuantitativa, incorpore una perspectiva de género a la recogida de datos en todos los sectores del empleo verde;

24.  Pide a la Comisión que incorpore una perspectiva de género en el desarrollo de nuevas tareas de recogida de datos, desglose y análisis, como la labor desarrollada con la herramienta econométrica FIDELIO, o con partes interesadas como la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo;

25.  Destaca la necesidad de hacer mayor hincapié en solucionar la escasez de trabajadores cualificados mediante el fomento del desarrollo de competencias profesionales;

26.  Pide a la Comisión que ayude a fomentar el desarrollo de competencias mediante la actualización de las cualificaciones y de los currículos de educación y formación correspondientes a escala de la UE;

27.  Pide a la Comisión que haga hincapié en un mayor uso de sistemas de clasificación como la ESCO que puedan utilizarse para detectar situaciones de escasez de trabajadores cualificados;

28.  Subraya la importancia de lograr unas mejores sinergias entre los sistemas de educación y los nuevos empleos verdes emergentes mediante una mejor coordinación entre las instituciones educativas y las agrupaciones de empresarios y otras organizaciones pertinentes;

29.  Pide a los Estados miembros, a los Gobiernos regionales y a las autoridades locales que adopten y apliquen, junto con los interlocutores sociales y los prestadores de servicios de formación, estrategias de anticipación y desarrollo de las competencias profesionales con el objetivo de mejorar las competencias genéricas, sectoriales y específicas de las actividades en cuestión; destaca en mayor medida la importancia de las asociaciones y de la confianza entre las instituciones educativas, las empresas, los interlocutores sociales y las autoridades;

30.  Señala que estas estrategias deben incluir una evaluación detallada del tipo y el nivel de empleos verdes que se crearán y de las competencias y el conocimiento necesarios, para poder así anticipar y determinar las lagunas de competencias y establecer programas selectivos de formación profesional y aprendizaje permanente centrados en la adaptación de las competencias a los puestos de trabajo con el fin de aumentar los niveles de empleo; destaca la necesidad de integrar activamente en las estrategias tanto a los trabajadores desplazados como a los menos cualificados, que corren el riesgo de quedar excluidos del mercado laboral, al garantizar que la formación de competencias es específica, accesible y gratuita para estos trabajadores;

31.  Señala que el Cedefop sugiere que adaptar los currículos e incluir la sensibilización medioambiental, con una comprensión del desarrollo sostenible y la eficiencia empresarial, es mejor que proponer nuevos programas de formación;

32.  Anima a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a que incorporen el desarrollo sostenible y las competencias medioambientales a los sistemas educativos y de formación profesional, en especial reforzando los sistemas de educación y formación profesionales y alentando a los centros de investigación a elaborar tecnologías, proyectos y patentes para producciones ecológicas en colaboración con nuevas empresas verdes; alienta los intercambios de ideas entre centros de investigación y redes de empresas y profesionales; recuerda la importancia de las competencias en materia de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas y la necesidad de garantizar que más mujeres estudien asignaturas de estos ámbitos;

33.  Pide que se elabore una estrategia ambiciosa para crear puestos de trabajo sostenibles, en la que se aborde la falta de adecuación de las competencias haciendo especial hincapié en conseguir las competencias necesarias para una economía más verde;

34.  Insta a los Estados miembros a aprovechar el desarrollo de este sector para crear puestos de aprendizaje sumamente capacitados para facilitar a los jóvenes un conocimiento y un aprendizaje especializados y para ayudar a hacer frente a los elevados niveles de desempleo juvenil;

35.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que en la transición hacia una economía verde se tome en cuenta también la necesidad de que se mejore el acceso de las mujeres y las jóvenes a la formación continuada, principalmente en sectores con un alto potencial de creación de numerosos empleos verdes como la ciencia, la investigación, la ingeniería o las nuevas tecnologías digitales, a fin de reforzar la posición de las mujeres en la sociedad, evitar los estereotipos de género y garantizar empleos que respondan plenamente a las necesidades y al carácter de la integración de las mujeres;

36.  Solicita a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que incluyan sistemáticamente una perspectiva de género en la definición, la aplicación y la supervisión de las políticas de creación de empleos verdes en todos los niveles al objeto de asegurar que se garantiza la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta los retos que plantea la creación de empleos verdes en las zonas rurales; alienta a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a que intensifiquen sus esfuerzos para permitir a las mujeres participar plenamente en el diseño de las políticas, la toma de decisiones y la ejecución de una estrategia de empleo verde que englobe las capacidades verdes;

37.  Pide a la Comisión que inicie un debate público y que promueva el concepto de «educación para el desarrollo sostenible», haciendo especial hincapié en la educación de las niñas y mujeres; pide a los Estados miembros y a la Comisión que promuevan unas políticas por las que se fomente una mayor participación de las mujeres en los ámbitos educativos CTIM así como el emprendimiento, y que se vincule el programa de empleos verdes al empoderamiento de la mujer a través de la educación; pide que se adopten medidas para alentar la participación de las mujeres en oportunidades de EFP y de aprendizaje permanente en sectores verdes;

38.  Pide a la Comisión que adopte una estrategia europea para el período 2015-2020 en materia de igualdad de género que tenga en cuenta los objetivos relativos a la tasa de empleo de la Estrategia Europa 2020 para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

39.  Destaca la necesidad de una actuación selectiva de las autoridades y servicios públicos que incluya a todas las partes interesadas del mercado de trabajo, incluidas las organizaciones de empleadores y de empleados, para corregir la escasez de competencias profesionales; pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que dispongan de mecanismos que formen al personal de las autoridades y servicios laborales para incorporar las competencias relativas al empleo verde en todas las políticas del mercado de trabajo y que establezcan medios para evaluar el impacto de esta formación; hace hincapié en la importancia de que las instituciones educativas europeas adecuen sus programas a las necesidades de la economía verde y del mercado de trabajo en general;

40.  Pide a los Estados miembros que establezcan un entorno reglamentario que fomente la innovación en la economía verde;

Coherencia de las políticas para aprovechar plenamente el potencial de empleo de las economías sostenibles

41.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten ambiciosos marcos integrados a largo plazo de carácter normativo, fiscal y financiero para inversiones sostenibles y que fomenten la innovación, liberando plenamente el potencial de empleo de estos cambios; subraya que las políticas deben elaborarse en un marco de horizontes a largo plazo que incluya objetivos e indicadores para medir el progreso en su consecución;

42.  Hace hincapié en que la coordinación dentro de la Comisión y entre los ministerios pertinentes a nivel nacional es importante a la hora de crear un marco de cambio exhaustivo que incluya todo el gobierno y sea capaz de ofrecer la atención necesaria a los efectos distributivos de la transición;

43.  Señala que el éxito o el fracaso de la Iniciativa de Empleo Verde depende del nivel de ambición de los objetivos vinculantes del Comisión en materia de energía renovable y eficiencia energética, así como de la inversión en tecnologías de energía renovable y en los programas de eficiencia energética con los que se comprometen los Estados miembros;

44.  Destaca que la Comisión y los Estados miembros poseen la competencia para adoptar políticas coherentes que promuevan la producción de energía renovable y una mayor eficiencia energética con el fin de impulsar el desarrollo local y regional y crear empleos locales de calidad; hace hincapié en que, en los próximos años, la inversión en energía renovable y eficiencia energética puede pasar a ser una de las principales fuentes de creación de empleo de Europa;

45.  Recuerda que la autonomía energética de los territorios sigue siendo uno de los objetivos a plazo de las políticas económicas y energéticas de la Unión; insiste además en la necesidad absoluta de tener en cuenta la dimensión territorial de las inversiones, ya que contribuye a la realización de los objetivos de las políticas de la Unión en materia de cohesión de los territorios conectando el medio rural y el urbano;

46.  Acoge con satisfacción la inclusión por parte de la Comisión del empleo digno en el mandato de negociación de la UE para los debates de la CP 21 de París, basándose en el acuerdo de Cancún de 2010 y en las iniciativas posteriores; Pide a la Comisión que garantice que el programa de «transición justa» siga formando parte de su posición negociadora;

47.  Pide a la UE y a los Estados miembros que establezcan objetivos vinculantes de ahorro y eficiencia energéticos y que respalden los certificados blancos como instrumento que facilite la consecución de los objetivos de ahorro energético de la UE; solicita a los Estados miembros que hagan cumplir y apliquen plenamente la Directiva sobre eficiencia energética y que sigan comprometidos con el cumplimiento, como mínimo, de los objetivos de eficiencia energética fijados para 2030;

48.  Apoya los compromisos de la UE de impulsar una transición mundial justa hacia una economía verde integradora en colaboración con otros socios internacionales;

49.  Pide a los Estados miembros que respeten y apliquen plenamente las nuevas disposiciones de la legislación revisada de la UE sobre contratación pública, y que consideren la posibilidad de comprobar si la introducción de criterios ambientales y sociales en sus políticas de contratación podrían fomentar la creación de empleo en una economía más verde; subraya que podrían clarificarse las inseguridades jurídicas restantes relacionadas con el empleo de las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública;

50.  Insta a la Comisión a tomar medidas que fomenten el renacimiento de los trabajos en el área de la reparación, que crearían nuevos empleos, ya de por sí ecológicos;

51.  Pide a los Estados miembros que apoyen la contribución de los servicios públicos para la transición justa hacia una economía sostenible, especialmente al garantizar proactivamente la prestación de manera sostenible de servicios como las comunicaciones, la energía, el transporte y la gestión de los residuos y del agua;

52.  Expresa su profunda decepción ante la retirada del conjunto de medidas legislativas sobre la economía circular, a través de cuyas disposiciones se preveía crear, solo en el sector de la gestión de residuos de la UE, hasta 180 000 puestos de trabajo; pide a la Comisión, por tanto, que, respetando las responsabilidades de los Estados miembros, cumpla su compromiso de proponer lo antes posible una ambiciosa legislación en materia de residuos con el objetivo de reducirlos desde la fuente, fijar nuevos objetivos para el reciclado y definir nuevos criterios de cálculo de la cantidad de materiales realmente reciclados;

53.  Pide asimismo a la Comisión que estudie la introducción de criterios dirigidos a incentivar a las empresas que apliquen un ciclo de eliminación de los residuos virtuoso y sostenible para el medio ambiente;

54.  Reconoce que la vinculación de la producción agrícola sostenible con el seguimiento y la protección de la biodiversidad de las explotaciones y el posterior etiquetado inteligente de los productos agrícolas para indicar su impacto medioambiental a fin de estimular la demanda de productos respetuosos con la biodiversidad por parte de los consumidores representa un importante potencial de empleo verde en las zonas rurales de la UE;

55.  Observa que la gestión sostenible de los bosques tiene un potencial real de creación de empleo, al tiempo que contribuye de forma activa a mitigar los efectos del cambio climático y a proteger la biodiversidad;

56.  Pide a la Comisión que aproveche el Semestre Europeo y la revisión de la Estrategia Europa 2020 para apoyar la creación de empleo verde; pide asimismo a la Comisión que formule recomendaciones por país que puedan contribuir a aumentar el empleo y a disminuir la huella ecológica y pide estudios detallados e independientes acerca de los costes y la utilidad del paso de unas tributaciones a otras (por ejemplo, de una tributación del trabajo a una tributación ambiental) y la supresión gradual para 2020 de los subsidios;

57.  Destaca que cabría incluir en dichas recomendaciones el paso de una tributación de las rentas del trabajo a otra basada en otras fuentes, y que este cambio debe ir orientado a modificar las conductas contaminantes, pero sin entrañar repercusiones no deseadas sobre los regímenes de seguridad social ni afectar de manera desproporcionada en los grupos de ingresos más reducidos;

58.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que eliminen gradualmente todas las subvenciones directas e indirectas con efectos nocivos para el medio ambiente, entre ellas, las destinadas a los combustibles fósiles; invita a la Comisión que desarrolle modelos que los Estados miembros puedan aplicar para desplazar la fiscalidad del trabajo a la contaminación medioambiental, y a tener en cuenta el impacto medioambiental de los productos y los servicios conforme al espíritu del principio de que quien contamina, paga; pide a la Comisión que formule a los Estados miembros recomendaciones por país que puedan apoyar sus esfuerzos por impulsar el empleo verde y disminuir la huella ecológica; pide, además, a la Comisión que integre de manera proactiva los aspectos medioambientales y climáticos en el Semestre Europeo con el fin de apoyar la creación de empleo verde;

59.  Invita a los Estados miembros a que introduzcan subvenciones o exenciones de impuestos adecuadas para las empresas emergentes, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas que ofrezcan productos y servicios de alto valor medioambiental añadido, por ejemplo, una reducción global del contenido de carbono;

60.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros una mayor coherencia y cohesión en sus políticas así como el refuerzo de los compromisos políticos al más alto nivel en el resto de aspectos relacionados, como es la tributación de las transacciones financieras o la lucha contra el fraude y la evasión fiscales;

61.  Pide a la Comisión que renueve su compromiso con la Estrategia Europa 2020 y que haga pública sin demora su revisión intermedia, a más tardar para 2015; pide a la Comisión que confirme de nuevo los objetivos en el Semestre Europeo, teniendo en cuenta el cuadro de indicadores de desequilibrios macroeconómicos y la revisión de la Estrategia Europa 2020; pide a la Comisión que proponga objetivos sociales y medioambientales más ambiciosos para 2030 y 2050; hace hincapié en que un seguimiento preciso, con una base metodológica y compartido de los empleos verdes también puede ayudar a los Estados miembros a evaluar la efectividad de sus políticas ambientales y laborales, así como reforzar los instrumentos desarrollados a escala europea para realizar un seguimiento del progreso y de las orientaciones sobre empleo de la Estrategia Europa 2020;

62.  Hace hincapié en las oportunidades en materia de creación de empleo que ofrece el paquete de medidas sobre el clima y la energía para 2030, y la función que la legislación medioambiental desempeñará en el futuro en el logro de los objetivos medioambientales a largo plazo de la UE y en la creación de puestos de trabajo y de crecimiento verde;

63.  Pide a la Comisión que considere la innovación como la piedra angular de la industria europea y que desarrolle estrategias activas para garantizar la gestión adecuada de las transiciones sociales y la difusión de los beneficios en toda Europa; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la aparición de nuevas cadenas de suministro y redes industriales de eficiencia energética, bienes y servicios mediante una política industrial sostenible e incentivos de transformación del mercado;

64.  Subraya la necesidad de que los Estados miembros preparen sus economías para un futuro hipocarbónico y eficiente en recursos y energía, y de que tengan asimismo en cuenta el posible riesgo de deslocalizaciones y «fugas de carbono» (carbon leakage) debido a las repercusiones de las políticas climáticas;

65.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a reforzar la cooperación internacional en materia de coordinación de la política global medioambiental, a fin de limitar los daños causados por la deslocalización de la producción industrial fuera de la UE y por las fugas de carbono;

66.  Pide a la Comisión que presente lo antes posible su propuesta de reforma del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) teniendo en cuenta la necesidad de proteger a los sectores expuestos a un riesgo considerable de fugas de carbono;

67.  Pide a la Comisión que aborde la cuestión del empleo verde en el desarrollo de la Unión de la Energía;

Invertir en la creación de empleo sostenible

68.  Hace hincapié en que resulta necesario aplicar un conjunto adecuado de intervenciones en materia de oferta y de demanda, procedente de la combinación de la creación de empleo con políticas activas de mercado de trabajo acordes y específicas para las necesidades de los diferentes mercados laborales locales;

69.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan, también en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, las inversiones de calidad orientadas a generar beneficios sociales y económicos, como empleos sostenibles de calidad, igualdad de género, educación de calidad e innovación para promover la transición verde y para luchar contra la pobreza energética; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que dirijan la inversión a ámbitos con repercusiones positivas para el mercado laboral con el fin de crear empleos sostenibles con una protección social completa y luchar contra el desempleo; hace hincapié en que los proyectos financiados deberán contribuir a la Estrategia Europa 2020 de una manera cuantificable; destaca, en este contexto, que la creación de empleo en los sectores verdes ha seguido siendo positiva durante la recesión;

70.  Destaca que invertir en eficiencia energética puede promover la creación de empleo local y el desarrollo económico local y reducir la pobreza energética, y que garantizar la eficiencia energética en los edificios es la forma más rentable de ofrecer soluciones a largo plazo a la pobreza energética, que en Europa afecta a aproximadamente 125 millones de personas, y constituye un importante factor a la hora de garantizar un uso más eficiente de la energía europea, así como de crear empleos verdes; reitera que asegurar la seguridad de los edificios también resulta crucial a este respecto; insta a la Comisión a que presente lo antes posible su iniciativa de «financiación inteligente para edificios inteligentes»;

71.  Recomienda que los objetivos en materia de clima, energía renovable y eficiencia energética se consideren objetivos de inversión y máximas de acción política importantes;

72.  Advierte del peligro de respaldar actividades que generan impactos medioambientales y sociales negativos, puesto que minan la coherencia política necesaria para maximizar el potencial de empleo de los puestos de trabajo verdes;

73.  Recomienda que la inversión de calidad en servicios públicos clave como la comunicación, la energía, el transporte y la gestión de los residuos y del agua se destine a apoyar procedimientos de contratación pública sostenible y a incorporar las capacidades verdes;

74.  Pide a los Estados miembros que aprovechen al máximo las posibilidades que ofrece el marco jurídico de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y las demás fuentes de financiación de la UE para promover proyectos sostenibles que fomenten el empleo verde y que hagan que la financiación y los instrumentos financieros de la UE sean lo más fácilmente accesibles posible para los entes locales, con normas claras y sencillas y umbrales mínimos de financiación alcanzables;

75.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que aprovechen la revisión postelectoral de 2016 del marco financiero plurianual (MFP) como una oportunidad para promover la transición más verde de nuestras economías;

76.  Señala que el FSE ofrece apoyo para ayudar al crecimiento verde de la economía y del empleo y anima a los gobiernos nacionales y a los servicios nacionales competentes a estudiar la opción de utilizar esta financiación de manera más activa con el fin de promover la creación de puestos de trabajo verdes económicamente justificados y económicamente sostenibles;

77.  Señala que algunos Estados miembros han progresado significativamente en materia de ecologización de la economía, y anima a la Unión y a los Estados miembros a fomentar el intercambio de ideas, conocimiento, experiencia y mejores prácticas en este ámbito con el fin de garantizar una transición fluida;

78.  Insta a los Estados miembros y al sector privado a que utilicen herramientas tales como el diseño ecológico, la etiqueta ecológica, EMAS y la contratación pública ecológica (CPE), ya que pueden respaldar la economía verde y contribuir así a la creación de empleo verde; pide a la Comisión que proporcione herramientas de orientación para crear unas condiciones de mercado favorables a la adopción plena de estos instrumentos de carácter voluntario;

79.  Pide a los Estados miembros que presten mayor atención a la puesta en práctica de sistemas de gestión medioambiental y de auditoría ecológica sobre la base de la norma europea (ISO 14000);

Pequeñas y medianas empresas (pymes)

80.  Apoya los objetivos del Plan de acción ecológico para las pymes y las acciones dirigidas a las pymes, incluido el establecimiento de un centro europeo para la eficiencia en el uso de los recursos que asesore y ayude a las pymes que deseen mejorar su eficiencia en el uso de los recursos, apoye el emprendimiento verde, aproveche las oportunidades de cadenas de valor más ecológicas y facilite el acceso al mercado a las pymes y las microempresas verdes; considera que las actividades de concienciación y la asistencia técnica resultan fundamentales para que las pymes participen activamente en la economía circular;

81.  Recuerda que las pymes tienen un gran potencial de creación de empleo, en especial de empleo juvenil, y de fomento de un sistema dual de formación profesional y programas de aprendizaje;

82.  Reconoce el potencial del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) para facilitar el desarrollo de actividades con un nivel elevado de innovación social y medioambiental por parte de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas;

83.  Señala que los datos del Eurobarómetro sobre el empleo verde en las pymes muestran que el ahorro de energía, la reducción de los residuos y un menor uso de materias primas se han convertido en ventajas económicas;

84.  Pide a la Comisión que estimule nuevos modelos de negocio, como las sociedades cooperativas, para aumentar la eficiencia de los procesos de producción y distribución, adoptando soluciones innovadoras que ahorren recursos y ofreciendo productos y servicios más sostenibles;

85.  Recalca que las pymes únicamente pueden crear crecimiento y empleo si se facilitan asimismo oportunidades de incentivación favorables a través de la economía verde;

86.  Pide a la Comisión que garantice que los incentivos verdes para pymes tienen una repercusión significativa en aquellos ámbitos en los que más se necesitan;

87.  Señala que las pymes y las microempresas son motores fundamentales de la creación de empleo en Europa; destaca que las pymes y las microempresas se enfrentan a retos específicos a la hora de aprovechar las oportunidades de empleo de la transición verde, en particular en lo que se refiere al acceso a la financiación, a la formación y a la corrección de la escasez de competencias profesionales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que lleven a cabo actuaciones ambiciosas que presten apoyo a la creación de empleo verde en las pymes y en las microempresas, incluida información selectiva, sensibilización, asistencia técnica y acceso a medidas de financiación y formación;

88.  Señala que una cadena de valor más verde, que incluya la remanufactura, la reparación, el mantenimiento, el reciclado y el ecodiseño, puede ofrecer oportunidades empresariales importantes para muchas pymes;

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o   o

89.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0584.
(2) DO C 251 E de 31.8.2013, p. 75.
(3) DO C 308 E de 20.10.2011, p. 6.


La elusión fiscal y la evasión fiscal como obstáculos en los países en desarrollo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, sobre la elusión fiscal y la evasión fiscal como obstáculos a la gobernanza, la protección social y el desarrollo en los países en desarrollo (2015/2058(INI))
P8_TA(2015)0265A8-0184/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas la Declaración de Monterrey (2002), la Conferencia Internacional sobre la Financiación del Desarrollo de Doha (2008), la Declaración de París (2005) y el Programa de Acción de Acra (2008),

–  Vistas las Resoluciones 68/204 y 68/279 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación del Desarrollo, que se celebrará en Adís Abeba (Etiopía) del 13 al 16 de julio de 2015,

–  Vistos los trabajos del Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas,(1)

–  Vista la Convención modelo de las Naciones Unidas sobre la doble tributación entre países desarrollados y países en desarrollo(2),

–  Vista la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo(3),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de abril de 2010, titulada «Fiscalidad y desarrollo – Cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos de abril de fiscales» (COM(2010)0163),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de febrero de 2015, titulada «Una asociación mundial para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible después de 2015» (COM(2015)0044),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de marzo de 2015, sobre la transparencia fiscal para luchar contra la evasión y la elusión fiscales (COM(2015)0136),

–  Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales(4),

–  Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre fiscalidad y desarrollo – Cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales(5),

–  Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre el fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal(6),

–  Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2013, sobre corrupción en los sectores público y privado: su impacto en los derechos humanos en terceros países(7),

–  Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre el fomento del desarrollo a través de prácticas empresariales responsables, incluido el papel de las industrias extractivas en los países en desarrollo(8),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre la UE y el marco mundial para el desarrollo posterior a 2015(9),

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2014, relativa al Informe de la UE de 2013 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo(10),

–  Visto el artículo 208 del TFUE, que estipula que el objetivo principal de la política en el ámbito del desarrollo de la UE es la erradicación de la pobreza y que establece el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0184/2015),

A.  Considerando que los flujos financieros ilícitos, es decir, todos los flujos financieros no registrados de particulares que implican fondos ilegalmente obtenidos, transferidos o utilizados, suelen proceder de actividades de evasión y elusión fiscal, como precios de transferencias abusivos, contrarias al principio de que han de pagarse impuestos allí donde se hayan generado beneficios; y que todos los principales textos y conferencias internacionales sobre financiación del desarrollo han definido la evasión fiscal y la elusión fiscal como obstáculos importantes para la movilización de recursos nacionales en favor del desarrollo;

B.  Considerando que, según el informe de Global Financial Integrity de 2014, la inversión extranjera directa (IED )y la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) en su conjunto, desde 2003 a 2012, representan una cifra ligeramente inferior a la de los flujos de salida ilícitos; y que los flujos financieros ilícitos suman aproximadamente diez veces el total de la ayuda recibida por los países en desarrollo para la erradicación de la pobreza y reforzar el bienestar e impulsar el desarrollo sostenible, lo que equivale a una fuga de capitales a partir de los países en desarrollo estimada en 1 billón de USD;

C.  Considerando que la generación de recursos públicos a partir de las industrias extractivas es fundamental para las estrategias de desarrollo de numerosos países en desarrollo, en particular los países en desarrollo menos adelantados (PMA), pero que, en términos generales, y debido a las carencias en las normativas fiscales o a las dificultades para asegurar su aplicación, el potencial de las industrias extractivas para aumentar los ingresos fiscales no se explota correctamente, ya que los acuerdos entre los Gobiernos de los países en desarrollo y las empresas que extraen recursos minerales suelen ser ad hoc y se negocian sin transparencia y sin pautas claras;

D.  Considerando que la existencia de amplios sectores informales en las economías de los países en desarrollo hace prácticamente imposible una imposición de amplio espectro; y que en los países donde un porcentaje elevado de la población vive en la pobreza una parte considerable del PIB no es imponible;

E.  Considerando que unos regímenes fiscales justos, equilibrados, eficaces y transparentes proporcionan a los gobiernos una financiación vital para asegurar los derechos de los ciudadanos a unos servicios públicos básicos, como la sanidad y la educación universales, y que unas políticas fiscales redistributivas eficaces contribuyen a mitigar el efecto de las crecientes desigualdades sobre las personas más necesitadas;

F.  Considerando que, según la UNCTAD, alrededor de un 30 % de las inversiones empresariales transfronterizas se han canalizado a través de países de tránsito antes de alcanzar su destino como activos productivos;

G.  Considerando que los ingresos fiscales en concepto del impuesto de sociedades representan una parte importante de la renta nacional de los países en desarrollo, por lo que se ven particularmente afectados por la evasión del impuesto de sociedades; y que en los últimos años los países en desarrollo han reducido constantemente los tipos del impuesto de sociedades;

H.  Considerando que los paraísos fiscales y las jurisdicciones opacas que permiten la no divulgación de la información bancaria o financiera, junto con regímenes que aplican impuestos nulos para atraer capital e ingresos que deberían haber sido gravados en otros países, crean una competencia fiscal perjudicial, minan la equidad del sistema fiscal y distorsionan el comercio y las inversiones, y afectan en particular a los países en desarrollo, con una pérdida estimada en 189 000 millones de ingresos fiscales anuales;

I.  Considerando que los impuestos pueden ser una fuente fiable y sostenible de ingresos en los países en desarrollo y ofrecen la ventaja de la estabilidad en comparación con los mecanismos tradicionales de financiación del desarrollo, como los préstamos en condiciones favorables, solamente si existe un régimen fiscal justo, equilibrado, eficaz y transparente, una administración fiscal eficiente y eficaz que fomente el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y una utilización transparente y responsable de los recursos públicos;

J.  Considerando que los beneficios potenciales de unas políticas fiscales e impositivas eficaces y transparentes van más allá del incremento de los recursos disponibles para fomentar el desarrollo y que tienen efectos directos positivos sobre la buena gobernanza y la consolidación del Estado, al reforzar las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y el contrato social entre el gobierno y los ciudadanos con vistas al establecimiento de un vínculo recíproco entre impuestos, servicios públicos y sociales y los esfuerzos por impulsar la estabilidad de los presupuestos públicos, fomentando de ese modo una independencia a largo plazo con respecto a la ayuda exterior y permitiendo a los países en desarrollo la posibilidad de responder y rendir cuentas en relación con los objetivos nacionales y asumir la autoría de sus decisiones políticas;

K.  Considerando que la necesidad de aumentar los recursos nacionales se ha vuelto más acuciante debido a la crisis financiera y económica;

L.  Considerando que la cantidad de recursos recaudados por los países en desarrollo mediante la movilización de los recursos nacionales ha ido aumentando a ritmo constante y que se han realizado avances importantes en este ámbito con la ayuda de los donantes internacionales;

M.  Considerando que los países en desarrollo se enfrentan a importantes limitaciones políticas, administrativas y de tipo técnico a la hora de recaudar ingresos fiscales debido a la insuficiencia de los recursos humanos y financieros para llevar a cabo la recaudación de impuestos, una capacidad administrativa débil para hacer frente a la complejidad de la imposición fiscal en relación con las compañías transnacionales, la falta de capacidades y infraestructuras en relación con la recaudación tributaria, la fuga del personal cualificado de las administraciones tributarias, la corrupción, la falta de legitimidad del sistema político, la falta de participación en materia de cooperación fiscal a nivel internacional, una distribución injusta de los ingresos y la mala gobernanza en asuntos fiscales;

N.  Considerando que el contexto mundial actual favorable a la liberalización de los intercambios comerciales y la supresión gradual de las barreras al comercio en los últimos decenios han generado un aumento del comercio transfronterizo de mercancías y, además, dificultades a los países en desarrollo que dependen en gran medida de los impuestos procedentes del comercio, en particular los PMA, para compensar el declive de los impuestos comerciales y adoptar otros tipos de recursos nacionales, en particular una mezcla equilibrada de impuestos;

O.  Considerando que en los últimos años se ha multiplicado el número de convenios en materia tributaria entre los países desarrollado y los países en desarrollo que se han utilizado para reducir la imposición en relación con las transferencias financieras transfronterizas, lo que ha reducido las capacidades de movilización de los recursos nacionales de los países en desarrollo y ha abierto vías para que las empresas multinacionales puedan eludir los impuestos; y que una reciente evaluación del impacto realizada por las autoridades de los Países Bajos llegó a la conclusión de que el sistema fiscal neerlandés facilitaría la elusión de la retención fiscal en origen, lo que generaría unas pérdidas en concepto de dividendos e intereses derivados de la retención en origen en los países en desarrollo que oscilarían entre 150 y 550 millones de euros anuales(11);

P.  Considerando que, comparativamente hablando, los países en desarrollo recaudan mucho menos que las economías avanzadas (con una ratio impuestos/PIB que oscila entre el 10 y el 20 % frente al 30-40 % de las economías de la OCDE) y que se caracterizan por unas bases imponibles sumamente reducidas; y que existe un potencial considerable para incrementar las bases imponibles y aumentar el volumen de los ingresos fiscales a fin de que se pueda disponer de los recursos necesarios para los servicios públicos básicos;

Q.  Considerando que los países en desarrollo han estado intentando atraer inversiones en particular ofreciendo diversos incentivos y exenciones fiscales que no son transparentes ni se guían por una análisis coste-beneficio adecuado y que, a menudo, no atraen inversiones reales y sostenibles, lo que ha situado a unas economías en desarrollo contra otras, pues compiten por ofrecer el tratamiento fiscal más favorable, lo que conlleva resultados insatisfactorios en términos de sistemas tributarios eficaces y eficientes y una competencia fiscal perjudicial;

R.  Considerando que los Estados miembros ya se han comprometido a asignar el 0,7 % de su renta nacional bruta a la asistencia oficial para el desarrollo; que el importe de las ayudas en apoyo de la movilización de recursos nacionales sigue siendo reducido, ya que en 2011 representaba menos del 1 % del total de la asistencia oficial para el desarrollo; y que se calcula que solo un 0,1 % (118,4 millones de USD) de la asistencia oficial para el desarrollo se ha dedicado al desarrollo de capacidades en materia tributaria en 2012;

S.  Considerando que numerosos países en desarrollo ni siquiera llegan a alcanzar el nivel impositivo mínimo necesario para financiar su funcionamiento básico, sus servicios públicos o sus actuaciones de reducción de la pobreza;

T.  Considerando que el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BEDR) y las organizaciones de financiación del desarrollo apoyan directamente a las empresas privadas en los países en desarrollo proporcionando préstamos o, indirectamente, apoyando a los intermediarios financieros, como las entidades bancarias comerciales y los fondos de capital de inversión, que, a continuación, invierten en las empresas o les conceden préstamos;

U.  Considerando que los países en desarrollo deberían estar mejor representados en las estructuras y procedimientos de cooperación fiscal a nivel internacional para poder participar en pie de igualdad en la elaboración y al reforma de las políticas fiscales a nivel mundial;

V.  Considerando que el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación es un órgano subsidiario del Consejo Económico y Social que presta especial atención a los países en desarrollo y a los países con economías en transición;

W.  Considerando que la recaudación de recursos públicos suficientes puede desempeñar un papel fundamental en el fomento de sociedades más justas que rechacen la discriminación entre hombres y mujeres y que presten un apoyo especial a los menores y a otros grupos vulnerables;

1.  Pide a la Comisión que presente en el plazo más breve posible un plan de acción ambicioso, en forma de comunicación, para ayudar a los países en desarrollo en su lucha contra la evasión y la elusión fiscales y a establecer unos sistemas impositivos justos, equilibrados, eficaces y transparentes, teniendo en cuenta la labor emprendida por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE en la preparación de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en Adís Abeba (Etiopía) del 13 al 16 de julio de 2015, así como el impacto sobre los países en desarrollo de los convenios internacionales en materia tributaria;

2.  Insiste en que la movilización efectiva de los recursos nacionales y el refuerzo de los sistemas fiscales serán factores esenciales para realizar el marco posterior a 2015 que sustituirá a los objetivos de desarrollo del milenio, lo que representa una estrategia viable para, a largo plazo, conseguir superar la dependencia de la ayuda exterior, así como que unos sistemas fiscales eficaces y justos revisten una importancia fundamental para la reducción de la pobreza, la lucha contra las desigualdades, la buena gobernanza y la consolidación del Estado; recuerda que ciertas actividades económicas transnacionales han tenido repercusiones sobre la capacidad de los países para generar recursos públicos nacionales y la elección de su estructura fiscal, mientras que el incremento de la movilidad de los capitales, junto con el recurso a los paraísos fiscales, ha alterado considerablemente las condiciones de la imposición; manifiesta, asimismo, su preocupación por el nivel de corrupción y de falta de transparencia de la administración pública, lo que constituye un obstáculo a la inversión de los ingresos fiscales en la consolidación del Estado y en infraestructuras y servicios públicos;

3.  Observa que los recursos fiscales siguen siendo bajos en relación con el PIB en la mayoría de los países en desarrollo, lo que les hace especialmente vulnerables a la evasión fiscal y a las actividades elusivas de los contribuyentes y empresas; subraya que esto representa una pérdida financiera considerable para los países en desarrollo que promueve la corrupción y repercute negativamente sobre la política de desarrollo de la UE, y que la adopción de medidas adecuadas a nivel nacional, de la UE y a escala internacional para luchar contra estas prácticas debe ser una prioridad absoluta para la UE y sus Estados miembros, teniendo en cuenta las necesidades y limitaciones a las que deben hacer frente los países en desarrollo para tener acceso a sus ingresos fiscales; considera que la UE debería asumir un papel protagonista en la conducción de los esfuerzos internacionales en materia de lucha contra los paraísos fiscales, el fraude y la evasión fiscales, predicando con el ejemplo; y que debería cooperar con los países en desarrollo para contrarrestar las prácticas de evasión fiscales agresivas adoptadas por algunas empresas transnacionales, así como en la búsqueda de formas para ayudarlos a resistir presiones para adoptar medidas en materia de competencia fiscal;

Plan de acción para luchar contra la elusión y la evasión fiscales en los países en desarrollo

4.  Insta a la Comisión a que adopte medidas concretas y eficaces para apoyar a los países en desarrollo y a los marcos de cooperación regional de las administraciones tributarias, como el Foro Africano de Administración Tributaria y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, en la lucha contra la evasión y elusión fiscales, el desarrollo de unas políticas fiscales justas, equilibradas, eficaces y transparentes, la promoción de reformas administrativas y el refuerzo de la cuota, en términos de ayudas y desarrollo, de la asistencia financiera y técnica a las administraciones tributarias nacionales de los países en desarrollo; considera que esta ayuda debería prestarse para reforzar las autoridades judiciales y los órganos de lucha contra la corrupción en estos países; pide que se pongan en común los conocimientos del sector público de los Estados miembros y de los países beneficiarios, con el objetivo de mejorar las actividades de cooperación mientras generan unos resultados concretos acordados previamente en favor de los países beneficiarios; expresa su apoyo a la organización de talleres, sesiones de formación, misiones de expertos, visitas de estudio y el asesoramiento;

5.  Pide a la Comisión que asigne a la buena gobernanza en materia fiscal y a la recaudación tributaria justa, equilibrada, eficaz y transparente, un puesto destacado en la agenda de su diálogo político (en materia de política, desarrollo y comercio) y en todos los acuerdos de cooperación al desarrollo con los países socios, reforzando la apropiación y rendición de cuentas a nivel nacional mediante el fomento de un entorno en el que los Parlamentos nacionales puedan contribuir significativamente a la elaboración y supervisión de los presupuestos nacionales, también en relación con los recursos nacionales y los asuntos fiscales, y apoyando el papel de la sociedad civil para garantizar el control público de la gestión tributaria y el seguimiento de los casos de fraude fiscal creando, por ejemplo, sistemas eficaces para la protección de los denunciantes y de las fuentes periodísticas;

6.  Pide que la información sobre la titularidad efectiva de las empresas, los fideicomisos y otras entidades jurídicas se haga pública con carácter de urgencia en formatos de datos de libre acceso, para evitar que sociedades ficticias anónimas y estructuras jurídicas similares sean utilizadas para blanquear capitales, financiar actividades ilegales o terroristas, ocultar la identidad de individuos corruptos y criminales y encubrir el robo de dinero público y de los beneficios procedentes del tráfico ilegal y la evasión fiscal; considera, por otra parte, que, como mínimo, todos los países deberían adoptar y aplicar plenamente las recomendaciones contra el blanqueo de capitales del Grupo de Acción Financiera (GAFI);

7.  Pide a la UE y a los Estados miembros que apliquen el principio según el cual las multinacionales de todos los países y sectores —y especialmente aquellas que extraen recursos naturales— deben publicar, por norma, la información desglosada por países, lo que les obligaría a publicar en su informe anual para cada territorio en el que operan, desglosados por países, los nombres de todas sus filiales, el rendimiento financiero de estas, información fiscal relevante, activos y número de empleados, así como a garantizar que esta información tenga carácter público, al mismo tiempo que minimizan las cargas administrativas sobre la base de la exclusión de las microempresas; pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa dirigida a modificar en consecuencia la Directiva contable; recuerda que la transparencia en los asuntos públicos es vital para reconfigurar el sistema impositivo vigente y fomentar la confianza de los ciudadanos; pide a la OCDE que recomiende que todas las empresas multinacionales hagan pública su propuesta de plantilla para la información desglosada por países con el fin de garantizar que todas las autoridades fiscales de todos los países tengan acceso a una información completa, de tal manera que puedan evaluar los riesgos asociados a los precios de transferencia y determinar la forma más efectiva para desplegar los recursos de auditoría; hace hincapié en que las exenciones y ventajas fiscales concedidas a los inversores extranjeros mediante convenios fiscales bilaterales proporcionan a las empresas multinacionales una ventaja competitiva injusta frente a las empresas nacionales, en particular las pymes;

8.  Pide que se revisen las condiciones y las normativas fiscales que constituyen el marco operativo de las industrias extractivas; pide a la UE que refuerce su asistencia dirigida a los países en desarrollo en apoyo del objetivo de gravar adecuadamente la extracción de recursos naturales, reforzando la posición negociadora de los Gobiernos de los países de acogida para mejorar el rendimiento de su base de recursos naturales y estimular la diversificación de sus economías; expresa su apoyo a la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE) y su extensión a las empresas productivas y a las empresas que comercian con materias primas;

9.  Acoge con satisfacción la adopción de un Mecanismo de Intercambio de Información Automático, una herramienta fundamental para mejorar la transparencia y la cooperación mundial en la lucha contra la elusión y la evasión fiscales; reconoce, no obstante, la necesidad de continuar prestando ayuda en términos de finanzas, conocimientos técnicos y tiempo para que los países en desarrollo puedan desarrollar la capacidad necesaria para poder enviar y elaborar la información; destaca, por tanto, la importancia de garantizar que la nueva Norma de Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras de la OCDE incluya un período de transición para los países en desarrollo, reconociendo que, al conferir un carácter recíproco a dicha norma, los países que no disponen de los recursos y las capacidades para establecer la infraestructura necesaria para compilar, gestionar y compartir la información exigida podrían quedar excluidos en la práctica; considera, además, que debería contemplarse la posibilidad de establecer una norma única en materia de confidencialidad;

10.  Pide que antes de que finalice 2015 se adopte una definición global del concepto de «paraíso fiscal», se establezcan sanciones para los operadores que los utilizan y que se elabore una lista negra de los países, incluidos los Estados miembros de la UE, que no luchan contra la evasión fiscal o la aceptan; pide a la UE que apoye la reconversión económica de los países en desarrollo que se utilizan como paraísos fiscales; pide a los Estados miembros con dependencias y territorios que no forman parte de la Unión que trabajen con las administraciones de estas zonas para que adopten los principios de transparencia fiscal, y velen por que no se utilicen como paraísos fiscales;

11.  Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que velen por que en las negociaciones de convenios fiscales y de inversión con los países en desarrollo se vele por que los ingresos o los beneficios resultantes de las actividades transfronterizas se sometan a imposición en el país de origen en el que se extrae o crea su valor; pone de relieve, en este contexto, que la Convención modelo de las Naciones Unidas garantiza una distribución justa de los derechos impositivos entre los países de origen y de residencia; destaca que, al negociar convenios fiscales, la Unión Europea y sus Estados miembros deben respetar el principio de coherencia de la política en el ámbito del desarrollo establecido en el artículo 208 del TFUE;

12.  Insta a la Comisión y a todos los Estados miembros, siguiendo el ejemplo de algunos de ellos, a llevar a cabo evaluaciones de impacto de las políticas fiscales europeas en los países en desarrollo y a intercambiar las buenas prácticas, para reforzar la coherencia de las políticas en materia de desarrollo y mejorar las prácticas existentes, así como tener mejor en cuenta los efectos negativos indirectos sobre los países en desarrollo y sus necesidades especiales; acoge con satisfacción, en este contexto, el Plan de acción revisado de la Comisión sobre evasión y elusión fiscales, que se presentará en 2015, e insta a los Estados miembros a que lleguen rápidamente a un acuerdo sobre una base imponible consolidada común en relación con el impuesto sobre sociedades (BICCIS);

13.  Apoya firmemente el actual abanico de iniciativas internacionales dirigidas a reformar el sistema global, incluida la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de la OCDE, con un enfoque centrado en una mayor participación de los países en desarrollo en las estructuras y los procedimientos de cooperación fiscal internacional; insta a la UE y a los Estados miembros a que garanticen que el Comité en cuestiones de tributación de Naciones Unidas se transforme en un verdadero organismo intergubernamental, mejor dotado y que cuente con recursos adicionales suficientes, en el marco del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, con el fin de garantizar que todos los países puedan participar en igualdad de condiciones en la elaboración y la reforme de las políticas fiscales a escala mundial; pone de relieve que sanciones deberían preverse sanciones tanto para las jurisdicciones no cooperativas como para las entidades financieras que operen en los paraísos fiscales;

14.  Destaca que cuando los recursos públicos son suficientes pueden contribuir a reequilibrar la desigualdad de género y ayudar mejor a los menores y a los grupos vulnerables de la sociedad, y reconoce que, si bien la evasión fiscal afecta al bienestar de las personas, es especialmente perjudicial para los hogares pobres y con bajos niveles de renta, en muchos de los cuales las mujeres están representadas de forma desproporcionada;

15.  Observa con preocupación que muchos países en desarrollo se encuentran en una posición de negociación muy débil ante algunos inversores extranjeros directos; considera que las empresas tendrían que asumir compromisos concretos en términos de efectos positivos indirectos de sus inversiones en el desarrollo socioeconómico a nivel local y/o nacional en el país de acogida; pide a la Comisión, al Consejo y a los Gobiernos asociados que velen por que los incentivos fiscales no representen posibilidades adicionales para la evasión fiscal; destaca que los incentivos deberían ser más transparentes y orientarse preferentemente en el fomento de las inversiones en favor de un desarrollo sostenible;

16.  Pide al BEI y al BERD, así como a las organizaciones de financiación del desarrollo, que controlen y velen por que las empresas y otras entidades jurídicas que reciben su apoyo no practican la evasión y la elusión fiscales mediante la interacción con intermediarios financieros establecidos en centros financieros extraterritoriales y en paraísos fiscales o facilitando flujos de capitales ilícitos, así como que refuercen sus políticas de transparencia, por ejemplo haciendo públicos todos sus informes e investigaciones; pide al BEI que actúe con la debida diligencia, exigiendo informes anuales desglosados por países, determinando la titularidad real de los beneficiarios y asegurando la verificación de los precios de transferencia con vistas a garantizar la transparencia de sus inversiones y prevenir la evasión y la elusión fiscales;

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17.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) http://www.un.org/esa/ffd/tax/
(2) http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_2011_UpdateSp.pdf
(3) DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0205.
(5) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 37.
(6) DO C 341 E de 16.12.2010, p. 29.
(7) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0394.
(8) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0163.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0059.
(10) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0251.
(11) «Evaluation issues in financing for development Analysing effects of Dutch corporate tax policy on developing countries», estudio encargado por la Dirección de Evaluación de Políticas y Operaciones del ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, noviembre de 2013

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