Índice 
Textos aprobados
Martes 8 de septiembre de 2015 - EstrasburgoEdición definitiva
Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la OIT: política social ***
 Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Janusz Korwin-Mikke
 Correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria ***II
 Comercio de productos derivados de la foca ***I
 Clonación de animales criados y reproducidos con fines ganaderos ***I
 Situación de los derechos fundamentales en la UE (2013-2014)
 Audiencias de los comisarios - lecciones del procedimiento de 2014
 Derechos humanos y tecnología en terceros países
 Protección de los intereses financieros de la UE: hacia la organización de controles basados en los resultados en la política agrícola común»
 Empresas familiares en Europa
 Investigación e innovación en la economía azul para crear puestos de trabajo y crecimiento
 Fomento del emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación
 Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo
 Seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water

Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la OIT: política social ***
PDF 242kWORD 60k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en interés de la Unión Europea, el Protocolo de 2014 al Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, de 1930, de la Organización Internacional del Trabajo, en lo que respecta a las cuestiones relativas a la política social (06732/2015 – C8-0079/2015 – 2014/0259(NLE))
P8_TA(2015)0281A8-0243/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (06732/2015),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo, de conformidad con el artículo 153, apartado 2, en relación con el artículo 153, apartado 1, letras a) y b), el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), y el artículo 218, apartado 8, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0079/2015),

–  Visto el Protocolo de 2014 al Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, de 1930, de la Organización Internacional del Trabajo,

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, y el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0243/2015),

1.  Concede su aprobación al proyecto de Decisión del Consejo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Janusz Korwin-Mikke
PDF 164kWORD 64k
Decisión del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Janusz Korwin-Mikke (2015/2102(IMM))
P8_TA(2015)0282A8-0229/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Janusz Korwin-Mikke, transmitido por el fiscal general de la República de Polonia, con fecha de 13 de marzo de 2015, en relación con el procedimiento incoado por el jefe de la Policía Local de Piotrków Trybunalski el 9 de marzo de 2015 (asunto nº SM.O.4151-F.2454/16769/2014), y comunicado al Pleno del 15 de abril de 2015,

–  Previa audiencia a Janusz Korwin-Mikke, de conformidad con el artículo 9, apartado 5, de su Reglamento,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Vistos el artículo 105, apartado 2, de la Constitución de la República de Polonia y los artículos 7 ter, apartado 1, y 7 quater, apartado 1, en relación con el artículo 10 ter, de la Ley polaca de 9 de mayo de 1996 sobre el desempeño del mandato de diputado o senador,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0229/2015),

A.  Considerando que el fiscal general de la República de Polonia ha transmitido una petición del jefe de la Policía Municipal de Piotrków Trybunalski por la que se pide autorización para iniciar un procedimiento contra Janusz Korwin-Mikke, diputado al Parlamento Europeo, por una infracción prevista en el artículo 92 bis de la Ley de 20 de mayo de 1971 por la que se establece un Código de Infracciones en relación con el artículo 20, apartado 1, de la Ley de Circulación Vial de 20 de junio de 1997; que, en concreto, la supuesta infracción consiste en la superación del límite de velocidad permitida en una zona edificada;

B.  Considerando que, de conformidad con el artículo 8 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, los miembros del Parlamento Europeo no pueden ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones;

C.  Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los miembros del Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

D.  Considerando que, con arreglo al artículo 105, apartado 2, de la Constitución de la República de Polonia, no se puede exigir responsabilidad penal a un diputado sin el consentimiento previo del Sejm;

E.  Considerando que corresponde únicamente al Parlamento decidir si suspende o no la inmunidad en cada caso concreto; que el Parlamento puede tener en cuenta, de forma razonable, la posición del diputado a la hora de tomar una decisión respecto a la suspensión de su inmunidad(2);

F.  Considerando que la presunta infracción no guarda relación directa o manifiesta con el ejercicio de las funciones de diputado al Parlamento Europeo de Janusz Korwin-Mikke, ni constituye opiniones o votos por él emitidos en el ejercicio de dichas funciones a efectos del artículo 8 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea;

G.  Considerando que en el presente caso el Parlamento no tiene indicios de fumus persecutionis, es decir, una sospecha suficientemente sólida y precisa de que el asunto se haya suscitado con la intención de causar un perjuicio político al diputado;

1.  Decide suspender la inmunidad de Janusz Korwin-Mikke;

2.  Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de la comisión competente a la autoridad competente de la República de Polonia y a Janusz Korwin-Mikke.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Sentencia Mote/Parlamento, T-345/05, antes citada, apartado 28.


Correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria ***II
PDF 243kWORD 61k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 515/97 del Consejo, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (08257/3/2015 – C8–0159/2015 – 2013/0410(COD))
P8_TA(2015)0283A8-0234/2015

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Posición del Consejo en primera lectura (08257/3/2015 – C8-0159/2015),

–  Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas de 25 de febrero de 2014(1),

–  Vista su Posición en primera lectura(2) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0796),

–  Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 76 de su Reglamento,

–  Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0234/2015),

1.  Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

2.  Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

3.  Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

4.  Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO C 94 de 31.3.2014, p. 1.
(2) Textos Aprobados de 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.


Comercio de productos derivados de la foca ***I
PDF 246kWORD 62k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1007/2009 sobre el comercio de productos derivados de la foca (COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD))
P8_TA(2015)0284A8-0186/2015

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2015)0045),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0037/2015),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 27 de mayo de 2015(1),

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 30 de junio de 2015, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, así como las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0186/2015),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 8 de septiembre de 2015 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2015/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1007/2009, sobre el comercio de productos derivados de la foca, y se deroga el Reglamento (UE) nº 737/2010 de la Comisión

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2015/1775.)

(1) No publicado aún en el Diario Oficial.


Clonación de animales criados y reproducidos con fines ganaderos ***I
PDF 414kWORD 111k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la clonación de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina criados y reproducidos con fines ganaderos (COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD))
P8_TA(2015)0285A8-0216/2015

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0892),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7‑0002/2014),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista su Resolución legislativa, de 7 de julio de 2010, sobre la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre nuevos alimentos y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1331/2008 y se derogan el Reglamento (CE) nº 258/97 y el Reglamento (CE) nº 1852/2001 de la Comisión(1),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 30 de abril de 2014(2),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la opinión de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0216/2015),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 8 de septiembre de 2015 con vistas a la adopción de la Directiva del Reglamento (UE) 2015/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativa relativo a la clonación de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina criados y reproducidos con fines ganaderos [Enm. 1. La primera parte de esta enmienda, es decir, el cambio de Directiva a Reglamento, se aplica a la totalidad del texto.]

P8_TC1-COD(2013)0433


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 43, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(4),

Considerando lo siguiente:

(-1) Al aplicar la política de la Unión, y visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, debe garantizarse un nivel elevado de protección de la salud humana y de los consumidores, así como un alto nivel de bienestar animal y de protección ambiental. Debe aplicarse en todo momento el principio de precaución establecido en el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo(5). [Enm. 2]

(1)  La La clonación de animales no es conforme a la Directiva 98/58/CE del Consejo(6), que establece normas mínimas generales sobre el bienestar de los animales que se crían o se mantienen con fines ganaderos. Insta La Directiva 98/58/CE insta a los Estados miembros a evitar dolores, sufrimientos o daños innecesarios a los animales de granja, y dispone más concretamente, en el punto 20 de su anexo, que «no se deberán utilizar procedimientos de cría o artificiales que ocasionen o puedan ocasionar sufrimientos o heridas a cualquiera de los animales afectados». Si la clonación causa dolores, sufrimientos o daños innecesarios, los Estados miembros deben actuar a nivel nacional para evitarla. La existencia de distintos planteamientos nacionales sobre la clonación animal o la utilización de productos derivados de la clonación animal podría distorsionar el mercado. Por lo tanto, es necesario garantizar la aplicación de las mismas condiciones a todos aquellos que participen en la reproducción y la distribución de animales vivos y de productos derivados de animales en toda la Unión. [Enm. 3]

(2)  La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) concluyó, en su dictamen de 2008 sobre la clonación de animales(7), que «la salud y el bienestar de un gran número de clones se veían afectados adversamente, a menudo de forma grave y con consecuencias mortales». De forma más concreta, la EFSA ha confirmado que las madres de alquiler utilizadas en la clonación sufren, en particular, disfunciones placentarias que contribuyen a un elevado número de abortos(8), con posibles efectos adversos para su salud. Esta es una de las causas de la baja eficacia de la técnica (6-15 % en el caso de los bovinos y 6 % en el de los porcinos) y de la necesidad de implantar clones de embriones en varias madres para obtener un clon. Además, las anomalías de los clones y unas camadas inusualmente grandes dan lugar a partos difíciles y muertes neonatales. Elevadas tasas de mortalidad en todas las fases de desarrollo son características de la técnica de clonación(9). [Enm. 4]

(2 bis)  Por lo que respecta la seguridad alimentaria, la EFSA ha insistido en la importancia de reconocer los límites de la base de datos, y en su dictamen de 2008 sobre la clonación de animales llegaba a la siguiente conclusión: «Surgen incertidumbres en la evaluación de riesgos debido al número limitado de estudios disponibles, al pequeño tamaño de las muestras investigadas y, en general, a la ausencia de un enfoque uniforme que facilite un tratamiento más satisfactorio de todas las cuestiones relacionadas con el presente dictamen.» La EFSA ha constatado, por ejemplo, que la información sobre la competencia inmunológica de los clones es limitada, y recomendaba en su dictamen que, en el caso de que se probara la existencia de una inmunocompetencia reducida de los clones, debería investigarse «si el consumo de carne y de leche derivadas de clones o de su descendencia podría redundar —y en caso afirmativo, en qué medida— en una mayor exposición humana a agentes transmisibles». [Enm. 5]

(2 ter)  Por lo que se refiere al impacto potencial en el medio ambiente, la EFSA ha declarado que los datos disponibles son limitados y, en relación con el posible impacto en la diversidad genética, la EFSA ha advertido sobre el hecho de que podría darse un efecto indirecto debido al uso excesivo de un número limitado de animales en los programas de cría y que el aumento de la homogeneidad de un determinado genotipo en una población animal puede aumentar la vulnerabilidad de dicha población a las infecciones y otros riesgos. [Enm. 6]

(2 quater)  En su informe específico de 2008(10) sobre la clonación, el Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías expresó dudas acerca de que pueda justificarse la clonación animal para la producción de alimentos «teniendo en cuenta el actual nivel de sufrimiento y los problemas de salud de las madres de alquiler y de los clones de animales». [Enm. 7]

(2 quinquies)  Uno de los objetivos de la política agrícola común de la Unión establecidos en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) consiste en «incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola». Este objetivo se propone, entre otras cosas, mejorar la producción y, con respecto al desarrollo racional de la producción agrícola, implica el empleo óptimo de los factores de producción, esto es, la producción apropiada para fines comerciales teniendo en cuenta los intereses de los consumidores. [Enm. 8]

(2 sexies)  De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea(11), el artículo 43 del Tratado constituye la base jurídica adecuada para toda normativa sobre producción y comercialización de productos agrícolas enumerados en el anexo I del TFUE que contribuya a la realización de uno o varios de los objetivos de la política agrícola común enunciados en el artículo 39 del TFUE. Incluso si dicha legislación se dirigiera a la consecución de objetivos distintos de los de la política agrícola común —que, a falta de disposiciones específicas, se perseguirían tomando como base el artículo 114 del TFUE—, ello podría implicar la armonización de disposiciones de Derecho interno en ese ámbito sin que fuera necesario recurrir al artículo 114. Por otra parte, las medidas adoptadas en el marco de la política agrícola común pueden afectar también a la importación de los productos de que se trata. [Enm. 9]

(2 septies)  Como demuestra de forma clara y fehaciente la investigación sobre los consumidores, la mayoría de los ciudadanos de la Unión desaprueba la clonación para la reproducción de animales con fines ganaderos, entre otros, por motivos relacionados con el bienestar de los animales y por razones éticas en general(12). La clonación con fines ganaderos podría provocar que clones de animales o sus descendientes entraran en la cadena alimentaria. Los consumidores se oponen firmemente al consumo de alimentos procedentes de clones de animales o de sus descendientes. [Enm. 10]

(2 octies)  La clonación de animales para producir alimentos pone en peligro la esencia misma del modelo agrícola europeo, que se basa en la calidad de los productos, la seguridad alimentaria, la salud de los consumidores y la aplicación de normas estrictas que garanticen el bienestar de los animales y de métodos respetuosos con el medio ambiente. [Enm. 11]

(3)  Teniendo en cuenta los objetivos de la política agrícola común de la Unión, los resultados de recientes evaluaciones científicas de la EFSA y basadas en los estudios científicos disponibles, el requisito de bienestar animal establecido en el artículo 13 del Tratado TFUE y las preocupaciones de los ciudadanos, es prudente oportuno prohibir provisionalmente el uso de la clonación para la reproducción con fines ganaderos y la comercialización de animales de determinadas especies con fines ganaderos y de productos derivados de la utilización de la técnica de clonación. [Enm. 12]

(3 bis)  Los clones de animales no se producen para su uso directo en los procesos de producción de carne o de leche, sino como productos reproductivos para fines de selección. Antes bien, son los animales descendientes de estos clones de animales, reproducidos sexualmente, los que se destinan a la producción de alimentos. Si bien las consideraciones relacionadas con el bienestar de los animales pueden no ser obvias en el caso de los descendientes de clones de animales, puesto que han nacido mediante reproducción sexual convencional, por el hecho mismo de que se trata de descendientes, ha de existir un clon de animal entre sus progenitores, lo cual suscita una notable inquietud por motivos relacionados con el bienestar de los animales y por motivos éticas. Por consiguiente, las medidas dirigidas a responder a las inquietudes sobre el bienestar animal y a la percepción que tienen los consumidores de la técnica de la clonación deberían incluir en su ámbito de aplicación los productos reproductivos de clones de animales, los descendientes de los clones de animales y los productos derivados de los descendientes de clones de animales. [Enm. 13]

(4)  Actualmente existe la probabilidad de que los animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina sean clonados con fines ganaderos. El ámbito de aplicación de la presente Directiva debe limitarse, por tanto, al uso de la clonación de esas cinco especies con fines ganaderos. [Enm. 14]

(4 bis)  En relación con la comercialización de productos agrícolas, como consecuencia de la prohibición del uso de la clonación y con el fin de abordar las percepciones de los consumidores sobre la clonación con referencia, entre otros aspectos, al bienestar de los animales, a la falta de estudios científicos suficientes y a las preocupaciones éticas en general, es necesario asegurarse de que los alimentos derivados de clones de animales y de su descendientes no entren en la cadena alimentaria. Medidas menos restrictivas, como el etiquetado de los alimentos, no responderían plenamente a las preocupaciones de los ciudadanos, dado que se autorizaría la comercialización de alimentos producidos mediante una técnica que provoca sufrimiento a los animales. [Enm. 15]

(4 ter)  El uso de la clonación para la reproducción de animales con fines ganaderos ya tiene lugar en algunos terceros países. De conformidad con el Reglamento (CE) n° 178/2002, los alimentos importados de terceros países para su comercialización en la Unión deben cumplir los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria de la Unión o las condiciones que la Unión haya reconocido como equivalentes como mínimo a dichos requisitos. Por consiguiente, es oportuno adoptar medidas dirigidas a impedir la importación de terceros países en la Unión de clones de animales y sus descendientes y de productos obtenidos a partir de clones de animales y de sus descendientes. Incumbe a la Comisión complementar o proponer las modificaciones necesarias de la legislación pertinente en materia zootécnica y de salud animal con el fin de garantizar que los certificados de importación que acompañan a los animales, los productos reproductivos y los alimentos y piensos de origen animal indiquen si son clones de animales o si descienden o se derivan de clones de animales o de sus descendientes. [Enm. 16]

(4 quater)  Los clones de animales, los clones de embriones, los productos reproductivos de clones de animales y de sus descendientes y los alimentos y piensos derivados de ellos no pueden asimilarse a animales, embriones, productos reproductivos, alimentos y piensos no derivados del uso de la técnica de clonación en el sentido del artículo III, apartado 4, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Por otra parte, la prohibición de la clonación de animales y de la comercialización y la importación de clones de animales, clones de embriones, descendientes de clones de animales, productos reproductivos de clones de animales y de sus descendientes y alimentos y piensos derivados de clones de animales o de sus descendientes es una medida necesaria por motivos de ética pública y por razones de protección de la salud animal con arreglo al artículo XX del GATT. [Enm. 17]

(4 quinquies)  Deben adoptarse las medidas oportunas que garanticen que los acuerdos comerciales que se negocian actualmente no alienten la autorización de prácticas que podrían tener efectos negativos en la salud de los consumidores y los agricultores, el medio ambiente o el bienestar animal. [Enm. 18]

(4 sexies)  La aplicación del presente Reglamento podría quedar en entredicho si resultara imposible detectar los alimentos obtenidos a partir de clones de animales o de sus descendientes. Por consiguiente, de conformidad con el principio de precaución y con el fin de garantizar el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en el presente Reglamento, es necesario introducir sistemas de trazabilidad a escala de la Unión previa consulta de las partes interesadas pertinentes. Dichos sistemas deben permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos recojan datos sobre los clones de animales, los descendientes de clones de animales y los productos reproductivos de los clones de animales y de sus descendientes, así como sobre los alimentos producidos a partir de clones de animales y sus descendientes. La Comisión debe esforzarse por obtener compromisos en este sentido de los socios comerciales de la Unión en los que se lleve a cabo la clonación de animales con fines ganaderos, en el marco de las negociaciones comerciales actuales y futuras, tanto a nivel bilateral como multilateral. [Enm. 19]

(4 septies)  En su informe de 2010 al Parlamento Europeo y al Consejo, la Comisión declaró que procedía adoptar medidas para establecer la trazabilidad de las importaciones de semen y embriones, a fin de crear bancos de datos sobre sus descendientes en la Unión. Por ello, la Comisión debería actuar en consecuencia. [Enm. 20]

(4 octies)  En consonancia con la prohibición de la clonación que impone el presente Reglamento, es oportuno que la Comisión adopte medidas específicas de fomento del comercio con el fin de apoyar la producción de carne y la cría de animales de alta calidad en la Unión. [Enm. 21]

(5)  Se espera que aumenten los conocimientos sobre el impacto de la técnica de la clonación en el bienestar de los animales utilizados. Es probable que dicha técnica mejore con el paso del tiempo. Por consiguiente, las prohibiciones deben ser solo provisionales. La El presente Directiva Reglamento debe revisarse, por tanto, en un plazo de tiempo razonable, teniendo en cuenta la experiencia que los Estados miembros hayan adquirido en su aplicación, los avances técnicos y científicos, los cambios en la percepción de los consumidores y la evolución internacional, especialmente los flujos comerciales y las relaciones comerciales de la Unión. [Enm. 22]

(5 bis)  Según la última encuesta de Eurobarómetro, la mayoría de los europeos no considera que la clonación de animales para la producción de alimentos sea segura para su salud y la de sus familias. Por otra parte, en lo que respecta a la clonación de animales, son mayoría los países europeos que muestran una clara preferencia por la adopción de decisiones fundamentadas ante todo en consideraciones morales o éticas antes que sobre la base de pruebas científicas. Por consiguiente, antes de proceder a la revisión del presente acto legislativo, la Comisión debería llevar a cabo una encuesta oficial a escala de la UE para evaluar de nuevo la percepción de los consumidores. [Enm. 23]

(5 ter)  Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta al establecimiento de normas relativas a los sistemas de trazabilidad de los clones de animales, de los descendientes de clones de animales y de los productos reproductivos de clones de animales y de sus descendientes. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de forma simultánea, oportuna y adecuada. [Enm. 24]

(6)  La El presente Directiva Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular la libertad de empresa y la libertad de las ciencias. La El presente Directiva Reglamento debe aplicarse con arreglo a estos derechos y principios. [Enm. 25]

(6 bis)  Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de forma suficiente por los Estados miembros, sino que tales objetivos pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. [Enm. 26]

HAN ADOPTADO LA EL PRESENTE DIRECTIVA REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

La presente Directiva establece normas relativas a:

a)  la clonación animal en la Unión;

b)  la introducción en el mercado y la importación de clones de embriones y de clones de animales, clones de embriones, descendientes de clones de animales, productos reproductivos de clones de animales y de sus descendientes y alimentos y piensos producidos a partir de clones de animales y de sus descendientes. [Enm. 27]

Se aplicará a los todas las especies de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina («los animales») criados y reproducidos con fines ganaderos. [Enm. 28]

Artículo 1 bis

Objetivo

El presente Reglamento tiene por objeto responder a las preocupaciones relativas a la salud y el bienestar de los animales, así como a la percepción de los consumidores y las consideraciones éticas con respecto a la técnica de la clonación. [Enm. 29]

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva se aplicarán las definiciones siguientes:

a)  «animales criados y reproducidos con fines ganaderos» («animales»): los animales criados y reproducidos para la producción de alimentos, piensos, lana, cuero o pieles o con otros fines ganaderos; esta definición no se aplica a los animales criados y reproducidos exclusivamente para otros fines, como la investigación, la producción de medicamentos y productos sanitarios, la conservación de razas raras o de especies amenazadas y la celebración de actos deportivos y culturales de razas raras identificadas como tales por las autoridades competentes de los Estados miembros cuando no existen métodos alternativos disponibles; [Enm. 30]

b)  «clonación»: reproducción asexual de animales con el fin de crear, entre otros métodos mediante una técnica mediante la cual se transfiere que permite transferir el núcleo de una célula de un animal determinado a un ovocito del cual se ha retirado el núcleo, para crear embriones individuales genéticamente idénticos («clones de embriones»), que posteriormente pueden ser implantados en madres de alquiler para producir poblaciones de animales genéticamente idénticos («clones de animales»); [Enm. 31]

b bis)  «descendientes de clones de animales»: animales, distintos de los clones de animales, cuando al menos uno de los progenitores es un clon de animal; [Enm. 32]

b ter)  «productos reproductivos»: esperma, ovocitos y embriones recogidos o producidos a partir de animales con fines de reproducción; [Enm. 33]

b quater)  «trazabilidad»: la posibilidad de detectar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados a alimentos o piensos o con probabilidad de serlo; [Enm. 34]

c)  «introducción en el mercado»: la primera comercialización de un animal o un producto en el mercado interior.

c bis)  «alimento»: alimento tal y como se define en el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 178/2002. [Enm. 35]

Artículo 3

Prohibición provisional [Enm. 36]

Los Estados miembros prohibirán provisionalmente Quedan prohibidos: [Enm. 37]

a)  la clonación de animales;

b)  la introducción en el mercado de clones de animales y de clones de embriones y la importación de clones de animales, clones de embriones, descendientes de clones de animales, productos reproductivos de clones de animales y de sus descendientes y alimentos producidos a partir de clones de animales y de sus descendientes. [Enm. 38]

Artículo 3 bis

Condiciones de importación

No podrán importarse animales de terceros países a menos que los certificados de importación que los acompañan indiquen que no se trata de clones de animales o de descendientes de clones de animales.

No podrán importarse productos reproductivos y alimentos y piensos de origen animal de terceros países a menos que los certificados de importación que los acompañan indiquen que no se trata de derivados de clones de animales o de descendientes de clones de animales.

Con el fin de garantizar que los certificados de importación que acompañan a los animales, los productos reproductivos y los alimentos y piensos de origen animal indiquen si se trata de clones de animales o de descendientes de clones de animales o de sus derivados, la Comisión impondrá, como más tarde el ...(13), condiciones de importación específicas de conformidad con los artículos 48 o 49 del Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo(14) y presentará, en caso necesario, una propuesta de modificación de otros actos legislativos relativos a la salud animal o a las condiciones zootécnicas y genealógicas aplicables a las importaciones. [Enm. 39]

Artículo 3 ter

Trazabilidad

Con el fin de brindar a las autoridades competentes y a los operadores económicos la información que necesitan para la aplicación del artículo 3, letra b), se establecerán sistemas de trazabilidad para:

a)  los clones de animales;

b)  los descendientes de clones de animales;

c)  los productos reproductivos de clones de animales y de sus descendientes.

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 4 bis, con el objeto de establecer normas detalladas para la inclusión de la información a que se refieren las letras a) a c) del párrafo primero en los certificados previstos en la normativa zootécnica y de salud animal o en los certificados expedidos por la Comisión para tales fines. Dichos actos delegados se adoptarán antes del …(15) [Enm. 40]

Artículo 4

Sanciones

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable en caso de infracción de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la del presente Directiva Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución aplicación. Las sanciones previstas deberán ser serán eficaces, proporcionadas y disuasorias y garantizarán la igualdad de condiciones. Los Estados miembros comunicarán notificarán estas disposiciones a la Comisión tales disposiciones a más tardar el [fecha de transposición de la Directiva]...(16) y le comunicarán notificarán sin demora cualquier modificación posterior que les afecte las eventuales modificaciones posteriores. [Enm. 41]

Artículo 4 bis

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 3 bis se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del ...(17). La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.  La delegación de poderes a que se refiere el artículo 3 bis podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.  Todo acto delegado adoptado en virtud del artículo 3 bis entrará en vigor siempre que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulen objeciones en un plazo de dos meses a partir de la notificación del acto de que se trate a dichas instituciones o siempre que ambas instituciones informen a la Comisión, antes de que venza dicho plazo, de que no tienen la intención de formular objeciones. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. [Enm. 42]

Artículo 5

Informes y revisión

1.  A más tardar el [fecha = cinco años después de la fecha de transposición de la presente Directiva] ...(18), los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe sobre la experiencia adquirida en la aplicación de la del presente Directiva Reglamento. [Enm. 43]

2.  La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la del presente Directiva Reglamento, teniendo en cuenta:

a)  los informes presentados por los Estados miembros de acuerdo con el apartado 1;

b)  todas las pruebas científicas y técnicas disponibles de los avances científicos y técnicos, realizados, en particular por lo que respecta a los aspectos de la clonación relacionados con el bienestar animal y con la seguridad alimentaria, así como los progresos realizados en el establecimiento de sistemas de trazabilidad fiables para los clones y sus descendientes; [Enm. 44]

b bis)  la evolución de la percepción de los consumidores con respecto a la clonación; [Enm. 45]

c)  la evolución internacional.

c bis)  las preocupaciones de los consumidores en relación con la salud pública y el bienestar animal; [Enm. 46]

c ter)  las cuestiones de carácter ético que plantea la clonación de animales. [Enm. 47]

2 bis.  La Comisión pondrá a disposición del público el informe a que se refiere el apartado 2. [Enm. 48]

2 ter.  La Comisión llevará a cabo, por medio de una encuesta oficial a escala de la UE, una consulta pública destinada a evaluar las nuevas tendencias en la percepción que tienen los consumidores de los alimentos producidos a partir de clones de animales. [Enm. 49]

Artículo 6

Transposición

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar [fecha = doce meses después de la fecha de transposición de la presente Directiva], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. [Enm. 50]

Artículo 7

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Se aplicará a partir de…(19) [Enm. 52]

Artículo 8

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. [Enm. 53]

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros. [Enm. 54]

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) Textos Aprobados de esa fecha, P7_TA(2010)0266.
(2) DO C 311 de 12.9.2014, p. 73.
(3) DO C 311 de 12.9.2014, p. 73.
(4) Posición del Parlamento Europeo de 8 de septiembre de 2015.
(5) Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).
(6)Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas (DO L 221 de 8.8.1998, p. 23).
(7) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/sc_op_ej767_animal_cloning_en.pdf
(8)Dictamen del Comité Científico «Food Safety, Animal Health and Welfare and Environmental Impact of Animals derived from Cloning by Somatic Cell Nucleus Transfer (SCNT) and their Offspring and Products Obtained from those Animals» [Seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales e impacto medioambiental de los animales derivados de la clonación mediante transferencia nuclear de células somáticas (TNCS) y sus crías y de los productos obtenidos a partir de estos animales].http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf
(10) «Ethical aspects of animal cloning for food supply» (Aspectos éticos de la clonación animal con fines de abastecimiento alimentario), de 16 de enero de 2008: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf
(11) Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 1988. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra Consejo de las Comunidades Europeas, C-68/86: EU:C:1988:85; Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 1989, Comisión de las Comunidades Europeas contra Consejo de las Comunidades Europeas, C-131/87, EU:C:1989:581. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 1989, Comisión de las Comunidades Europeas contra Consejo de las Comunidades Europeas C-11/88, EU:C:1989:583.
(12) Véanse, por ejemplo, los informes de Eurobarómetro de 2008 y 2010: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf and http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf
(13) Seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
(14) Reglamento (CE) N.° 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (DO L 165 de 30.4.2004, p. 1).
(15) Seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
(16) Un año después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
(17) Fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
(18) Seis años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
(19) Un año después de la entrada en vigor del presente Reglamento.


Situación de los derechos fundamentales en la UE (2013-2014)
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Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014) (2014/2254(INI))
P8_TA(2015)0286A8-0230/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE), en particular sus guiones segundo y de cuarto a séptimo,

–  Vistos, entre otros, los artículos 2 y 3, apartado 3, segundo guion, y los artículos 6, 7 y 9 del TUE,

–  Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y, en particular, su apartado 7,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000 (en lo sucesivo «la Carta»), proclamada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, que entró en vigor con el Tratado de Lisboa en diciembre de 2009,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948,

–  Vistos los tratados de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la jurisprudencia de los órganos del Tratado de las Naciones Unidas,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, adoptada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por la UE el 23 de diciembre de 2010,

–   Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989,

–   Vistas las siguientes observaciones generales del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño: nº 7 (2005) sobre el ejercicio de los derechos del niño en la primera infancia, nº 9 (2006) sobre los derechos de los niños con discapacidad, nº 10 (2007) sobre los derechos del niño en la justicia de menores, nº 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado, nº 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia y nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que se tenga en cuenta como consideración principal su interés superior,

–  Vistas la Convención de las Naciones Unidas, de 1979, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Plataforma de Acción de Beijing, sus Resoluciones de 25 de febrero de 2014 con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el modo de combatir la violencia ejercida sobre las mujeres(1), y de 6 de febrero de 2014, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia la eliminación de la mutilación genital femenina»(2), así como las Conclusiones del Consejo, de 5 de junio de 2014, sobre la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la mutilación genital femenina,

–  Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los convenios, recomendaciones, resoluciones e informes de la Asamblea Parlamentaria, el Comité de Ministros, el Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa,

–   Visto el informe de Cephas Lumina, experto independiente del Consejo de Derechos Humanos, sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales (Adición, Misión a Grecia, UN A/HRC/25/50/Add.1),

–   Visto el informe, publicado en abril de 2013, del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes relativo a la administración de las fronteras periféricas de la Unión Europea y sus repercusiones sobre los derechos humanos de los migrantes,

–   Vista la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 26 de junio de 2014, por la que se pide la creación de un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta cuyo mandato será «elaborar un instrumento [internacional] jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho internacional de los derechos humanos»,

–  Vistas las directrices estratégicas para el espacio de libertad, seguridad y justicia adoptadas por el Consejo Europeo el 27 de junio de 2014,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

–  Vistas la Carta Social Europea, revisada en 1996, y la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos sociales,

–   Vistos el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias,

–  Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico(3),

–  Vistas las Recomendaciones del Consejo, de 9 de diciembre de 2013, relativas a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros(4),

–  Visto el paquete de directivas relativas a los derechos de defensa procesal en la UE(5),

–   Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal(6),

–  Vistos el Marco Estratégico sobre Derechos Humanos y Democracia y su Plan de Acción de acompañamiento, adoptado por el Consejo el 25 de junio de 2012,

–  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(7),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea y de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo tituladas «Garantizar el respeto del Estado de Derecho», adoptadas el 16 de diciembre de 2014,

–  Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(8),

–  Vista la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro(9),

–  Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo(10),

–  Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(11),

–  Vista la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo(12),

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión(13),

–  Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (COM(2008)0229),

–  Vistas las decisiones y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como la jurisprudencia de los tribunales constitucionales nacionales, que usan la Carta como una de sus referencias en la interpretación del Derecho nacional,

–  Vistas las orientaciones políticas de la nueva Comisión Europea, presentadas por el presidente Juncker al Parlamento el 15 de julio de 2014,

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos) (COM(2012)0011),

–  Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos (COM(2012)0010),

–  Vista la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016) (COM(2012)0286), en particular, las disposiciones relativas a la financiación de la elaboración de unas directrices para los sistemas de protección del niño y el intercambio de mejores prácticas,

–  Vista la Recomendación de la Comisión 2013/112/UE, de 20 de febrero de 2013, titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas»(14),

–  Vistas las Directrices para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), aprobadas por el Consejo el 24 de junio de 2013,

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020» (COM(2011)0173) y las Conclusiones del Consejo Europeo de 24 de junio de 2011,

–   Vista la Comunicación de la Comisión sobre los progresos en la aplicación de las estrategias nacionales para la inclusión de los gitanos (COM(2013)0454),

–  Visto el informe de la Comisión de 2011 sobre la lucha contra la corrupción en la UE (COM(2014)0038),

–  Vista la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426),

–  Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2013, sobre los progresos en la aplicación de las estrategias nacionales de integración de la población romaní(15),

–  Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género(16),

–  Vistas sus resoluciones sobre la igualdad de género,

–  Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2011, sobre una estrategia de la UE para las personas sin hogar(17),

–  Visto el informe del Senado de los EE. UU. sobre los programas de detención e interrogatorio de la CIA,

–  Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre la situación de los menores no acompañados en la UE(18),

–  Vistas sus resoluciones sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos, en particular la de 27 de febrero de 2014 sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2012)(19),

–  Vistas sus resoluciones sobre migración, en particular la más reciente con fecha de 17 de diciembre de 2014 sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión frente a la migración(20),

–  Vista su Resolución, de 8 de junio de 2005, sobre la protección de las minorías y las políticas de lucha contra la discriminación en la Unión Europea ampliada(21),

–   Vista su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre el vigesimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño(22),

–   Vistas su Resolución de 4 de julio de 2013 sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE. UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en la privacidad de los ciudadanos de la UE(23), por la que se encomienda a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que lleve a cabo una investigación en profundidad sobre el asunto, y su Resolución de 12 de marzo de 2014 sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE. UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior(24),

–   Vista su Resolución, de 11 de febrero de 2015, sobre el informe del Senado de los Estados Unidos relativo al uso de la tortura por parte de la CIA(25),

–   Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2013, sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea(26),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre la solicitud al Tribunal de Justicia de un dictamen sobre la compatibilidad con los Tratados del Acuerdo entre Canadá y la Unión Europea sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros(27),

–  Vistas sus Resoluciones de 11 de septiembre de 2012(28) y de 10 de octubre de 2013(29) sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos,

–  Vistas sus resoluciones sobre el centro de detención de la bahía de Guantánamo,

–   Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre la Carta de la UE: normas para la libertad de los medios de comunicación en la UE(30),

–  Visto el dictamen 2/2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el proyecto de acuerdo relativo a la adhesión de la UE al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH),

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 8 de abril de 2014, en los asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12 (Digital Rights Ireland y Seitlinger y Otros), por la que se anula la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE,

–  Vistas las comparecencias de Frans Timmermans ante el Parlamento Europeo el 7 de octubre de 2014 y el 11 de febrero de 2015,

–   Vista la comparecencia de Dimitris Avramopoulos ante el Parlamento Europeo el 30 de septiembre de 2014,

–  Vista la Conferencia anual de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (FRA), de 10 de noviembre de 2014, sobre el tema «Los derechos fundamentales y la inmigración en la UE», y en particular su documento titulado «Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection: a toolbox» (Canales legales de entrada a la UE para personas que necesitan protección internacional: un conjunto de herramientas),

–  Vistos las actividades, los informes anuales y los estudios del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) y de la FRA, y las encuestas a gran escala realizadas por esta Agencia sobre discriminación y delitos de odio contra los judíos en los Estados miembros de la UE, sobre la violencia contra las mujeres en la UE y las experiencias de discriminación, violencia y acoso de las personas LGTB,

–   Vistas las contribuciones de las organizaciones no gubernamentales que participan en la Plataforma de los derechos fundamentales de la FRA,

–  Vistos los informes y estudios de organizaciones no gubernamentales (ONG) en el ámbito de los derechos humanos y los estudios en la materia solicitados por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en particular, el estudio del Departamento temático C sobre el impacto de la crisis sobre los derechos fundamentales en los Estados miembros de la UE,

–  Vistos sus estudios sobre el impacto de la crisis en los derechos fundamentales en los Estados miembros,

–  Vistos los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (los principios de París), anejos a la Resolución 48/134 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

–  Vista la Resolución de 3 de julio de 2013, sobre la situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2012)(31),

–  Vistas las comunicaciones de la Comisión sobre la estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea (COM(2010)0573) y sobre las directrices operativas para tener en cuenta los derechos fundamentales en las evaluaciones de impacto (SEC(2011)0567),

–  Vistas las comunicaciones de la Comisión sobre un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho (COM(2014)0158) y las conclusiones del Consejo, de 16 de diciembre de 2014, sobre la forma de garantizar el respeto del Estado de Derecho,

–  Vistos el Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2013 (COM(2014)0224) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe,

–  Visto el Informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la UE 2013 – Ciudadanos de la Unión: vuestros derechos, vuestro futuro (COM(2013)0269),

–  Vistos el Informe de la Comisión sobre el Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos (COM(2014)0209) y la Recomendación del Consejo, de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y de la Comisión de Peticiones (A8-0230/2015),

A.  Considerando que la integración europea se produjo en parte para evitar la repetición de las trágicas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y las persecuciones y represión del régimen nazi, y también para evitar toda disminución o retroceso de la democracia y el Estado de Derecho mediante la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos;

B.  Considerando que el respeto y la promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia y los valores y principios consagrados en los Tratados de la UE y los instrumentos internacionales de derechos humanos (Declaración Universal de Derechos Humanos, CEDH, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etc.), son obligatorios para la UE y sus Estados miembros y deben ser el centro de la integración europea;

C.  Considerando que se deben garantizar los derechos de todas las personas que viven en la UE, incluso en respuesta a los abusos y actos de violencia por parte de las autoridades de cualquier nivel;

D.  Considerando que, de conformidad con el artículo 2 del TUE, la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, valores comunes a los Estados miembros que deben ser respetados tanto por la UE como por todos los Estados miembros, en todas sus políticas, tanto internas como externas; que, de conformidad con el artículo 17 del TUE, la Comisión debe velar por la aplicación de los Tratados;

E.  Considerando que, según el artículo 6 del TUE, la UE tiene la responsabilidad de respetar y hacer respetar los derechos fundamentales en todas sus acciones, independientemente de las competencias; que se alienta a los Estados miembros a obrar del mismo modo;

F.  Considerando que es necesario revisar los Tratados de la UE a fin de fortalecer la protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

G.  Considerando que, de conformidad con el preámbulo del TUE, los Estados miembros han confirmado su adhesión a los derechos sociales tal y como están definidos en la Carta Social Europea; que el artículo 151 del TFUE contiene una referencia explícita a los derechos sociales fundamentales como los que se indican en la Carta Social Europea;

H.  Considerando que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se ha integrado plenamente en los Tratados y, por lo tanto, es legalmente vinculante para las instituciones, organismos y agencias de la UE y para los Estados miembros en el marco de la aplicación de la legislación de la UE; considerando que se debe desarrollar, promover y reforzar una verdadera cultura de los derechos fundamentales en las instituciones de la Unión y también en los Estados miembros, en particular cuando aplican el Derecho de la Unión tanto en el ámbito nacional como en sus relaciones con terceros países;

I.  Considerando que en los artículos 2 y 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se reconocen el derecho a la vida y el derecho a la integridad de la persona;

J.  Considerando que el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe toda forma de trato inhumano o degradante;

K.  Considerando que los artículos 8, 9, 10, 19 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE reconocen la importancia de los derechos sociales fundamentales, subrayando así que a estos derechos, y en particular los derechos sindicales, el derecho de huelga, el derecho de asociación y el derecho de reunión, se les debe dar las mismas garantías que a los demás derechos fundamentales reconocidos por la Carta;

L.  Considerando que el artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea obliga a la Unión a respetar la diversidad cultural, religiosa y lingüística, y que el artículo 21 prohíbe la discriminación ejercida por razón de lengua o pertenencia a una minoría nacional;

M.  Considerando que el artículo 33 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social;

N.  Considerando que los artículos 37 y 38 de la Carta reconocen el derecho a un nivel elevado de protección medioambiental vinculado intrínsecamente al despliegue de las políticas de la Unión;

O.  Considerando que los Estados miembros no pueden reducir el nivel de garantías que ofrecen sus Constituciones en lo relativo a ciertos derechos con el pretexto de que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE u otros instrumentos legislativos de la Unión proporcionan un nivel de protección inferior;

P.  Considerando que se reconoce que las autoridades nacionales (judiciales, policiales y administrativas) son agentes fundamentales a la hora de concretar los derechos y las libertades consagrados en la Carta;

Q.  Considerando que la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia contemplado en el Título V del TFUE exige el pleno respeto de los derechos fundamentales por parte de la UE y de todos los Estados miembros;

R.  Considerando que los seres humanos, ciudadanos o residentes, constituyen el núcleo de la UE y que los derechos personales, civiles, políticos, económicos y sociales reconocidos en la Carta no tienen solo como finalidad proteger a los ciudadanos y residentes europeos frente a posibles injerencias, abusos y violencia, sino que también son un requisito previo para garantizar su realización plena y sin sobresaltos;

S.  Considerando que el Estado de Derecho constituye la columna vertebral de la democracia liberal europea y uno de los principios fundamentales de la UE que se derivan de las tradiciones constitucionales comunes a todos los Estados miembros;

T.  Considerando que la manera en que se aplica el Estado de Derecho a escala nacional desempeña un papel clave a la hora de garantizar la confianza mutua entre los Estados miembros y sus sistemas jurídicos, y que por ello reviste una importancia fundamental la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia contemplado en el Título V del TFUE;

U.  Considerando que el respeto del Estado de Derecho es un requisito previo para la protección de los derechos fundamentales y reviste una importancia particular dentro de la UE, dado que también es un requisito imprescindible para la defensa de todos los derechos y obligaciones que se derivan de los Tratados y del Derecho internacional;

V.  Considerando que la Unión Europea y sus Estados miembros están comprometidos en un proceso global hacia nuevos objetivos de desarrollo sostenible (ODM) que recuerdan que los derechos humanos son universales, indivisibles e inalienables;

W.  Considerando que la aplicación de estos valores y principios debe basarse también en un control efectivo del respeto de los derechos fundamentales garantizados en la Carta, que empiece, por ejemplo, en la fase de elaboración de las propuestas legislativas;

X.  Considerando que la UE está atravesando un periodo de grave crisis económica y financiera cuyas consecuencias, sumadas a determinadas medidas, por ejemplo recortes presupuestarios drásticos, que se han aplicado en algunos Estados miembros para hacer frente a dicha crisis, han afectado negativamente a las condiciones de vida de los ciudadanos de la UE (provocando el aumento del desempleo, de los niveles de pobreza, de la desigualdad y las condiciones laborales precarias, y limitando el acceso a los servicios y su calidad) y, por consiguiente, al bienestar de los ciudadanos;

Y.  Considerando que casi una tercera parte de las peticiones recibidas por el Parlamento se refieren a supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales contemplados en la Carta, que afectan a cuestiones como la ciudadanía, las cuatro libertades, el empleo, las circunstancias económicas, la protección del medio ambiente y de los consumidores, los sistemas de justicia, los derechos de voto y participación democrática, la transparencia en la adopción de decisiones, la discapacidad, los derechos del niño, el acceso a la educación o los derechos lingüísticos; que algunas de esas peticiones plantean cuestiones relacionadas con la sanidad y con el acceso a la atención médica y a los servicios de salud, pero también con el derecho al trabajo, como consecuencia directa de la crisis económica; que las peticiones suelen ser los primeros indicadores de la situación de los derechos fundamentales en los Estados miembros;

Z.  Considerando que la Unión Europea funciona sobre la base de la presunción y la confianza mutua en que los Estados miembros respetan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, consagrados en el CEDH y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, especialmente en lo relativo a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia y al principio de reconocimiento mutuo;

AA.  Considerando que el hecho de estar en paro, ser pobre o marginado social tiene importantes consecuencias en materia de acceso y ejercicio de los derechos fundamentales y subraya la necesidad de mantener el acceso a los servicios básicos, en particular los servicios de asistencia social y los servicios financieros, para las personas que se encuentran en una situación vulnerable;

AB.  Considerando que, a raíz de los recientes ataques terroristas en la Unión, algunas políticas y medidas antiterroristas pueden poner en peligro los derechos y las libertades fundamentales en la UE; que es básico garantizar que se mantenga el equilibrio entre la salvaguarda de las libertades y los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la seguridad; que la UE y sus Estados miembros tienen el deber de proteger a los ciudadanos europeos, garantizando al mismo tiempo el respeto de sus derechos y libertades fundamentales en la definición y la ejecución de políticas de seguridad; que los principios de necesidad y proporcionalidad deben prevalecer en este ámbito, a fin de evitar que las acciones políticas vulneren las libertades civiles;

AC.  Considerando la pérdida de miles de vidas humanas en el Mediterráneo, lo que constituye un hecho sin precedentes que acarrea para la UE la enorme responsabilidad de actuar para salvar vidas, acabar con los traficantes de seres humanos, proporcionar vías legales para los migrantes y asistir y proteger a los refugiados y solicitantes de asilo;

AD.  Considerando que casi 3 500 migrantes murieron o desaparecieron en 2014 cuando intentaban llegar a territorio europeo, lo que eleva el total de muertos y desaparecidos durante los últimos veinte años a casi 30 000; que la ruta migratoria hacia Europa se ha convertido, según la Organización Internacional para las Migraciones, en la ruta más peligrosa del mundo para los migrantes;

AE.  Considerando que unas mil solicitudes de asilo al año están directamente relacionadas con la mutilación genital;

AF.  Considerando que el derecho de asilo está garantizado en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de Ginebra), de 1951, y del protocolo de 31 de enero de 1967;

AG.  Considerando que las manifestaciones de nacionalismo, racismo, xenofobia e intolerancia extremas no han desaparecido todavía de nuestras comunidades; que, por el contrario, y en especial tras los recientes ataques terroristas, parecen ir en aumento en muchos Estados miembros, afectando tanto a las minorías tradicionales como a nuevas minorías nacionales;

AH.  Considerando que, en virtud del artículo 49 del TUE, cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión; que el cumplimiento de los criterios de Copenhague es una condición previa esencial para la adhesión a la UE; que las obligaciones de los países candidatos resultantes de los criterios de Copenhague no solo son requisitos básicos previos a la adhesión, sino que siguen siendo de aplicación después de la adhesión a la UE con arreglo al artículo 2 del Tratado UE; que, a la vista de lo anterior, se debe someter a todos los Estados miembros a una evaluación continua para comprobar que siguen observando los valores básicos de la UE que son el respeto de los derechos fundamentales, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho; considerando, además, que se debe introducir un mecanismo corrector graduado con el fin de cerrar la brecha entre el diálogo político y la «opción nuclear» del artículo 7 del TUE y para abordar el «dilema de Copenhague» dentro de los Tratados actuales;

AI.  Considerando que, en ausencia de indicadores comunes claros, la propia situación del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos humanos en los Estados miembros se pone continuamente en cuestión sobre la base de consideraciones políticas e institucionales; que, en demasiados casos, la falta de procedimientos vinculantes se traduce en una inercia permanente y en el incumplimiento de los Tratados y la vulneración de los valores europeos, con la complicidad de las instituciones de la UE;

AJ.  Considerando que el derecho de petición ha establecido un estrecho vínculo entre los ciudadanos de la Unión y el Parlamento Europeo; que la Iniciativa Ciudadana Europea ha introducido un nuevo vínculo directo entre los ciudadanos de la UE y las instituciones de la UE y puede mejorar el desarrollo de los derechos fundamentales y de los ciudadanos; que entre los derechos de los ciudadanos figura el derecho de petición como instrumento para que defiendan sus derechos fundamentales, con arreglo a lo establecido en el artículo 44 de la Carta y el artículo 227 del TFUE;

AK.  Considerando que las mujeres siguen siendo objeto de múltiples discriminaciones en la UE y que demasiado a menudo son víctimas de agresiones y abusos, en especial de carácter sexual;

AL.  Considerando que la violencia contra las mujeres es la violación de los derechos fundamentales más extendida en la UE y en todo el mundo, que afecta a todos los estratos de la sociedad, con independencia de la edad, el nivel de educación, los ingresos, la posición social y el país de procedencia o residencia y representa una traba de primer orden a la igualdad entre mujeres y hombres;

AM.  Considerando que, según las conclusiones de una encuesta realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2014, la mayor parte de las mujeres que han sido víctimas de actos de violencia no los denuncian a la policía;

AN.  Considerando que la salud y los derechos sexuales y reproductivos se basan en derechos humanos básicos y son elementos esenciales de la dignidad humana(32); que la negativa a practicar abortos para salvar vidas constituye una violación grave de los derechos humanos;

AO.  Considerando que la trata y la explotación sexual de mujeres y niños constituyen una clara violación de los derechos humanos, la dignidad humana y los principios fundamentales del Derecho y la democracia; que hoy las mujeres son más vulnerables a estas amenazas debido al aumento de la inseguridad económica y al mayor riesgo de desempleo y pobreza;

AP.  Considerando que la violencia contra la mujer como forma de discriminación de género no aparece explícitamente en el Derecho europeo, y solo está presente como concepto en tres ordenamientos jurídicos nacionales (España, Suecia y Alemania) y que, en consecuencia, la violencia contra las mujeres no se ve como un problema importante en materia de igualdad; que los Estados miembros han adoptado un enfoque ad hoc para definir la violencia contra la mujer y la violencia de género, con definiciones que varían significativamente en las distintas legislaciones nacionales, lo que provoca que los datos no sean comparables;

AQ.  Considerando que los Estados miembros no escapan a la lacra de la mutilación genital, de la que habrían sido víctimas 500 000 personas en la UE, y que 180 000 personas más estarían en riesgo de sufrir;

AR.  Considerando que se siguen produciendo numerosas violaciones de los derechos fundamentales en la UE y en los Estados miembros, como ponen de manifiesto, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se indica en los informes de la Comisión, la FRA, las ONG, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas, como las violaciones del derecho a la libertad de reunión y de expresión de las organizaciones de la sociedad civil, la discriminación institucional contra las personas LGTBI mediante la prohibición de contraer matrimonio y la legislación antipropaganda, y los elevados índices de discriminación y delitos de intolerancia que persisten motivados por el racismo, la xenofobia, la intolerancia religiosa o los prejuicios ante la discapacidad, la orientación sexual o la identidad de género; que las respuestas de la Comisión, el Consejo y los Estados miembros no están a la altura de lo requerido dada la gravedad de estas violaciones recurrentes;

AS.  Considerando que las sociedades en las que los derechos fundamentales se aplican y garantizan plenamente cuentan con más posibilidades de desarrollar una economía dinámica y competitiva;

AT.  Considerando que los gitanos, que constituyen la minoría étnica más grande de Europa, siguen siendo víctimas de graves discriminaciones, ataques racistas, discursos del odio, pobreza y exclusión;

AU.  Considerando que la acción exterior europea se basa en los mismos principios que apuntalan el establecimiento y desarrollo de la UE, a saber, la democracia, la solidaridad, la dignidad humana y todos los derechos fundamentales; que en las políticas exteriores de la UE se han desarrollado directrices específicas en materia de derechos humanos, pero que no ha ocurrido lo mismo en las políticas internas, lo que puede dar lugar a acusaciones de aplicación de un doble rasero; que la promoción por parte de la UE de los derechos fundamentales en el marco de su acción exterior debe ir necesariamente acompañada de una política interna firme y sistemática de vigilancia del respeto de los derechos fundamentales en su propio territorio;

AV.  Considerando que las disposiciones en materia de protección de datos de carácter personal deben respetar los principios de finalidad, necesidad y proporcionalidad, en especial en el contexto de las negociaciones y de la celebración de acuerdos internacionales, tal y como se señala en la sentencia del 6 de abril de 2014 del Tribunal de Justicia Europeo que anula la Directiva 2006/24/CE y en los dictámenes del Supervisor Europeo de Protección de Datos;

AW.  Considerando que el respeto de la vida privada y familiar así como la protección de los datos de carácter personal son derechos consagrados en la Carta y forman parte integrante, por tanto, del Derecho primario de la UE;

AX.  Considerando que las nuevas tecnologías pueden tener repercusiones negativas en los derechos fundamentales, en particular en el derecho al respeto de la vida privada y a la protección de los datos de carácter personal, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Carta;

AY.  Considerando que el acceso masivo a internet ha aumentado las posibilidades de cometer abusos físicos y psicológicos contra las mujeres, por ejemplo a través de la captación en línea;

AZ.  Considerando que la rápida evolución del mundo digital (que lleva consigo un uso cada vez mayor de internet, de las aplicaciones y de las redes sociales) requiere una protección más eficaz de los datos de carácter personal y de la vida privada a fin de garantizar su confidencialidad y protección;

BA.  Considerando que todos los ciudadanos de la UE, incluidas las personas pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas, deben poder gozar de las libertades fundamentales, los derechos humanos y la igualdad de oportunidades;

BB.  Considerando que, según la OMS, al menos 850 niños menores de 15 años mueren al año en Europa como consecuencia de malos tratos;

BC.  Considerando que, según una encuesta de la FRA sobre la discriminación y los delitos de odio contras las personas LGBTI, además de la discriminación y la violencia de la que son víctimas, casi la mitad de los encuestados pertenecientes a este colectivo consideran que el uso de un lenguaje ofensivo en relación con las personas LGBTI está muy extendido entre los políticos de su país de residencia;

BD.  Considerando que las personas LGBTI son víctimas de discriminación institucional, ya sea por la prohibición de las uniones civiles, ya por la existencia de leyes que prohíben la afirmación de la preferencia sexual;

BE.  Considerando que las personas con discapacidad son víctimas de múltiples discriminaciones que les impiden ejercer plenamente sus derechos fundamentales;

BF.  Considerando que entre las personas con discapacidad el índice de pobreza es un 70 % superior a la media, en parte debido a su limitado acceso al empleo;

BG.  Considerando que el laicismo y la neutralidad del Estado constituyen la mejor garantía de la no discriminación de las comunidades religiosas que forman parte del mismo;

BH.  Considerando que la libertad de prensa y la libertad de acción de grupos de la sociedad como las ONG son elementos esenciales de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; que esta libertad se ha visto gravemente amenazada por la adopción de leyes nacionales o la intervención directa de las autoridades de varios Estados miembros;

BI.  Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales reconoce el derecho de las personas de edad avanzada a «llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural»;

BJ.  Considerando que, si bien unas condenas proporcionales a los delitos cometidos tienen un efecto disuasorio sobre quienes violan los derechos fundamentales, el objetivo principal debe seguir siendo la prevención (mediante medidas educativas y culturales), en vez de la intervención a posteriori;

BK.  Considerando que la eficacia de instituciones especializadas, como las instituciones nacionales de derechos humanos o los organismos de igualdad, es importante para ayudar a los ciudadanos a hacer valer mejor sus derechos fundamentales, en la medida en que los Estados miembros aplican el Derecho de la UE;

BL.  Considerando que en los artículos 39 y 40 de la Carta se reconoce el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado de residencia; que hacer uso del derecho de libre circulación no debe ser óbice para que se ejerza este derecho;

BM.  Considerando la debilidad de la respuesta de la Comisión y los Estados miembros ante las revelaciones de Edward Snowden acerca de las prácticas de espionaje masivo a través de internet y las telecomunicaciones en el marco del programa Prism de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, que tenía por objetivo a países europeos, entre otros, y expresando su preocupación al observar que no han hecho tomado medidas para proteger a los ciudadanos europeos y los nacionales de terceros países residentes en la UE;

1.  Considera esencial garantizar el pleno respeto de los valores europeos comunes recogidos en el artículo 2 del TUE, tanto en la legislación europea como en la nacional, así como en las políticas públicas y su aplicación, respetando en todo momento el principio de subsidiariedad;

2.   Pide a los Estados miembros que velen por que toda la legislación de la UE, incluidos los programas de ajuste económico y financiero, se aplique de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales y con la Carta Social Europea (artículo 151 del TFUE);

3.  Indica que el artículo 6 del TUE obliga a la Unión a adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos, toma nota del dictamen 2/2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; pide a la Comisión y al Consejo que establezcan los instrumentos necesarios para garantizar que dicha obligación  consagrada en los Tratados  se cumpla de forma inmediata; considera que ello debe hacerse con total transparencia ya que proporcionará un mecanismo adicional para acrecentar el respeto genuino y la protección de los ciudadanos frente a la conculcación de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a reparación judicial, así como para acentuar la responsabilidad de las instituciones europeas por sus acciones u omisiones en materia de derechos fundamentales;

4.  Acoge con satisfacción el nombramiento del vicepresidente primero de la Comisión con competencias en materia de respeto del Estado de Derecho y de la Carta, y toma nota de su compromiso de aplicar debidamente el marco en vigor; espera la rápida adopción de una estrategia interna sobre los derechos fundamentales en estrecha colaboración con las otras instituciones y previa consulta con una amplia representación de la sociedad civil y otras partes interesadas; opina que dicha estrategia debe basarse en los artículos 2, 6, y 7 del TUE, y que debe ser consecuente con los principios y objetivos consagrados en los artículos 8 y 10 del TFUE; lamenta la falta de voluntad política para invocar el artículo 7 del TUE como sanción y medida disuasoria contra los Estados miembros responsables de vulnerar los derechos fundamentales;

5.  Subraya la necesidad de hacer pleno uso de los mecanismos existentes para garantizar el respeto, la protección y la promoción de los derechos fundamentales y los valores de la Unión a que se refieren el artículo 2 del TUE y la Carta de los Derechos Fundamentales; destaca que, a este respecto, conviene aplicar y ejecutar urgentemente todos los instrumentos que ofrecen actualmente los Tratados;

6.  Insiste en que debe hacerse pleno uso de los mecanismos existentes, llevando a cabo evaluaciones e investigaciones objetivas e iniciando procedimientos de infracción cuando un caso esté bien fundamentado;

7.  Subraya la necesidad de posibles cambios en los Tratados con miras a reforzar más la protección de los derechos fundamentales en los Tratados de la UE;

8.  Toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre el nuevo marco de la UE para fortalecer el Estado de Derecho, que supone un primer intento de subsanar las actuales deficiencias en materia de prevención y solución de los casos de vulneración de los derechos fundamentales y de los principios del Estado de Derecho en los Estados miembros; toma nota de la intención de la Comisión de mantener al Parlamento Europeo y al Consejo informados periódicamente de los avances logrados en cada etapa; considera, no obstante, que el mecanismo propuesto posiblemente no constituya un elemento disuasorio suficiente o eficaz para prevenir y resolver violaciones de los derechos fundamentales en los Estados miembros, al haber presentado la Comisión este marco en forma de comunicación no vinculante que no especifica cuándo debe activarse el marco;

9.  Pide a la Comisión que aplique este marco y lo perfeccione posteriormente con el fin de:

   a) incluirlo en la estrategia interna en materia de derechos fundamentales, dado que el Estado de Derecho constituye una condición previa para la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea y sus Estados miembros;
   b) aprovechar mejor los conocimientos prácticos del Consejo de Europa y establecer un cauce formal de cooperación en asuntos relacionados con el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;
   c) definir de forma clara los criterios de aplicación y garantizar que su aplicación proactiva y transparente evite con éxito que se cometan violaciones de los derechos fundamentales; definir en particular los criterios para determinar un «riesgo evidente de violación» y una «violación grave y persistente», sobre la base, entre otras fuentes, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considerar la posibilidad de establecer estos criterios de tal forma que cualquier violación pueda activar automáticamente el mecanismo;
   d) iniciar procedimientos de infracción, que también puedan dar lugar a unas sanciones financieras de conformidad con el artículo 260 del TFUE, en caso de que la FRA constate violaciones sistémicas o significativas del artículo 2 del TUE;
   e) garantizar la activación automática del artículo 7 del TUE en caso de que el proceso en tres etapas previsto por el marco no resuelva el asunto, especificando qué derechos derivados de la aplicación de los Tratados al Estado miembro en cuestión cabe suspender, aparte de los derechos de voto en el Consejo, a fin de contemplar la posibilidad de aplicar sanciones adicionales que garanticen el funcionamiento efectivo del marco, en cumplimiento de la legislación europea y los derechos fundamentales;
   f) establecer que todas las políticas y acciones europeas, incluidas las del ámbito económico y las relaciones exteriores, y todas las medidas financiadas por la UE, deben cumplir la Carta y someterse a un análisis exhaustivo ex ante y ex post del impacto en los derechos fundamentales, además de incluir un plan de acción proactivo que garantice una aplicación más eficaz de las normas vigentes y determine los ámbitos en los que hay necesidad de reformas; a este respecto, cree que la Comisión, el Consejo y el Parlamento deben utilizar plenamente el asesoramiento externo independiente de la FRA en su labor legislativa y de preparación de políticas y medidas;
   g) desarrollar, en cooperación con la FRA y los organismos de derechos humanos de los Estados miembros, así como con la aportación de la representación más amplia de la sociedad civil, una base de datos que recoja y publique todos los datos e informes disponibles relativos a la situación de los derechos fundamentales en la UE y en los distintos Estados miembros;

10.  Pide a la Comisión que se asegure de que dicha estrategia interna vaya acompañada de un nuevo mecanismo, claro y detallado, fundamentado en la sólida base del Derecho internacional y europeo y que abarque todos los valores protegidos en virtud del artículo 2 del TUE, con el fin de garantizar la coherencia con el marco estratégico sobre los derechos humanos y la democracia que ya se aplica en las relaciones exteriores de la UE, y de hacer a las instituciones europeas responsables de sus acciones u omisiones en materia de derechos fundamentales; considera que dicho mecanismo debe servir para controlar el respeto por todos los Estados miembros de la UE de los derechos fundamentales y disponer un diálogo sistemático e institucionalizado en caso de vulneración de derechos fundamentales por uno o varios Estados miembros; considera que, a fin de aprovechar al máximo lo dispuesto en el Tratado, la Comisión debe:

   a) establecer un cuadro de indicadores basado en indicadores comunes objetivos que permita medir la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; estos indicadores deben reflejar los criterios políticos de Copenhague que han de respetar los países candidatos y los valores y derechos previstos en el artículo 2 de los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales, y deben elaborarse sobre la base de estándares existentes; a este respecto, la Comisión debe considerar la posibilidad de extender el ámbito de aplicación del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE para cubrir la evaluación periódica por Estados del respeto de los derechos fundamentales y el Estado de derecho;
   b) garantizar un seguimiento constante, basado en el cuadro de indicadores establecido y en un sistema de evaluación anual por países, que se desarrollará en colaboración con el Consejo y el Parlamento, del respeto del Estado de Derecho y la situación de los derechos fundamentales en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y basado también en datos de la FRA, del Consejo de Europa y su Comisión de Venecia, y de las ONG;
   c) presentar, en este contexto, una propuesta de revisión del Reglamento de la FRA para dotarla de competencias más amplias y de más recursos humanos y económicos, para que pueda seguir la situación en los Estados miembros y publicar un informe de seguimiento anual con una evaluación detallada del comportamiento de cada Estado miembro;
   d) formular una advertencia formal si, sobre la base del cuadro de indicadores establecido y de dicho informe anual, los indicadores señalan vulneraciones del Estado de Derecho o los derechos fundamentales en uno o varios Estados miembros; esta advertencia formal debe ir acompañada sistemáticamente del inicio de un diálogo institucionalizado con la participación —además de la Comisión y el Estado miembro afectado— del Consejo, el Parlamento Europeo y el Estado miembro afectado;
   e) contribuir a mejorar la coordinación entre las instituciones y las agencias de la UE, el Consejo de Europa, las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil; intensificar la cooperación entre las instituciones de la UE y los Estados miembros, así como entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales;

11.  Acoge con satisfacción que el Consejo tenga previsto celebrar debates sobre el Estado de Derecho; considera, no obstante, que dichos debates no son la vía más eficaz para resolver posibles casos de vulneración de los valores fundamentales de la Unión Europea; lamenta que el Parlamento no haya sido informado ni tampoco haya sido invitado a participar en la organización de dichos debates; pide al Consejo que base sus debates en los resultados de los informes anuales y específicos de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la sociedad civil, el Consejo de Europa y su Comisión de Venecia y otras partes interesadas, de carácter institucional o de otra índole;

12.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que emprendan investigaciones sobre todas las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales garantizados por la Carta y que den seguimiento a dichas denuncias si se acredita su veracidad; insta en particular a la Comisión a que incoe procedimientos de infracción cuando se sospeche que un Estado miembro ha actuado vulnerando tales derechos;

13.  Pide a la Comisión que dé mayor prioridad a la preparación de la adhesión de la Unión a la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961 y revisada en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996;

14.  Pide a los Estados miembros que, en consonancia con los «principios de París», establezcan instituciones nacionales dedicadas a los derechos humanos y las refuercen, a fin de garantizar la promoción y la protección de los derechos humanos a escala nacional;

15.  Pide que se vele por una mejor coordinación y coherencia entre las actividades del Parlamento, el Consejo de Europa, la FRA y el EIGE;

16.  Manifiesta su preocupación por el aumento alarmante de las violaciones de los derechos fundamentales en la UE, en particular en los ámbitos de la inmigración y la asilo, de la discriminación y la intolerancia —en especial hacia ciertas comunidades— así como de los ataques y presiones sufridos por las ONG que defienden los derechos de estos grupos y comunidades; constata la reticencia de los Estados miembros a velar por que se respeten estas libertades y derechos fundamentales, en particular en lo que respecta a la población romaní, las mujeres, la comunidad LGBTI, los solicitantes de asilo, los inmigrantes y otros grupos vulnerables;

17.  Pide al Consejo que busque un terreno común de entendimiento sobre el contenido exacto de los principios y normas derivados del Estado de Derecho que varían de país a país, y que tome la definición actual de Estado de Derecho del Tribunal de Justicia Europeo como el punto de partida para el debate, con los puntos siguientes; la legalidad, incluido un procedimiento legislativo transparente, responsable y democrático; la seguridad jurídica; la prohibición de actuaciones arbitrarias de los poderes ejecutivos; unos tribunales independientes e imparciales; un control judicial efectivo (también del respeto de los derechos fundamentales) e igualdad ante la ley;

18.  Recuerda que el respeto del Estado de Derecho es un requisito previo para la protección de los derechos fundamentales y que las medidas de seguridad no deben interferir con ellos, de acuerdo con el artículo 52 de la Carta; recuerda asimismo que, de conformidad con el artículo 6 de la Carta, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad;

19.  Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que garanticen que los derechos y principios fundamentales —consagrados, en particular, en los Tratados, la Carta y el Convenio Europeo de Derechos Humanos— estén integrados en las políticas y medidas de seguridad interior desde el principio, tal como se propone en el documento de la FRA titulado «Embedding fundamental rights in the security agenda»; insta a la UE y a los Estados miembros a que introduzcan medidas de inclusión social y no discriminación en las futuras estrategias de seguridad interior;

20.  Pide a la Comisión que, con el apoyo de la FRA, refuerce las acciones y los programas de sensibilización, educación y formación en materia de derechos fundamentales; considera que estos programas deberían aspirar a crear cohesión y confianza entre todos los interlocutores sociales e implicar a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones nacionales de derechos humanos y a las oficinas nacionales para la igualdad y la lucha contra la discriminación;

21.  Subraya que la función de la Comisión como garante de los Tratados no se limita a asegurar que los Estados miembros transpongan la legislación, sino que también se extiende a la cabal aplicación de las leyes, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos; lamenta la limitación efectiva del ámbito de aplicación de la Carta debido a una interpretación excesivamente restrictiva de su artículo 51 en el sentido de que impide que cubra el cumplimiento del Derecho de la UE; opina que este enfoque debería revisarse para satisfacer las expectativas de los ciudadanos de la UE en relación con sus derechos fundamentales; recuerda que las expectativas de los ciudadanos van más allá de una interpretación estricta de la Carta y que el objetivo debería ser hacer lo más efectivos posibles estos derechos; lamenta, por consiguiente, que la Comisión alegue falta de competencias en numerosas respuestas a peticiones que denuncian la posible vulneración de derechos fundamentales; pide, en este marco, el establecimiento de un mecanismo para la supervisión, la evaluación sistemática y la emisión de recomendaciones, para fomentar la plena observancia de los valores fundamentales en los Estados miembros;

22.  Recuerda la importancia crucial de la transposición y la aplicación oportunas y correctas del Derecho de la UE, en especial cuando afecta a los derechos fundamentales y los desarrolla;

Libertad y seguridad

La libertad de expresión y los medios de comunicación

23.  Recuerda que las libertades de expresión, información y de los medios de comunicación son elementos fundamentales para garantizar la democracia y el Estado de Derecho; condena enérgicamente la violencia, las presiones y las amenazas contra periodistas y medios de comunicación, también con respecto a la divulgación de sus fuentes y de información sobre violaciones de los derechos fundamentales perpetradas por gobiernos y Estados; pide a los Estados miembros que se abstengan de aplicar medidas para obstaculizar dichas libertades; reitera su petición a la Comisión de que revise y modifique la Directiva sobre los servicios de comunicación audiovisual en el sentido indicado por el Parlamento Europeo en su Resolución de 22 de mayo de 2013;

24.  Subraya que unos medios de comunicación libres, independientes, diversos y plurales, junto con los periodistas, tanto en línea como fuera de ella, son un componente fundamental de la democracia; opina que la propiedad y la gestión de los medios de comunicación no deben estar concentradas; subraya, a este respecto, que la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación es esencial para la supervisión de las inversiones que podrían influir en la información que se publica; pide la elaboración de unas normas económicas adecuadas y justas que permitan también garantizar el pluralismo de los medios de comunicación; pide a la Comisión que elabore un plan de acción para garantizar que todos los medios de comunicación se atengan a unas normas mínimas de independencia y calidad;

25.  Expresa su profunda preocupación por el aumento de las medidas represivas en algunos Estados miembros contra movimientos sociales y manifestaciones y el ejercicio de las libertades de reunión y de expresión, en particular en relación con el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos y el escaso número de investigaciones policiales y judiciales en este ámbito; pide a los Estados miembros que protejan la libertad de reunión y no tomen medidas que pongan en tela de juicio o incluso criminalicen el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales, como los derechos de manifestación, huelga, reunión, asociación y libre expresión; expresa una gran inquietud ante las leyes nacionales de varios Estados miembros que afectan al ejercicio de derechos fundamentales en espacios públicos y restringen el derecho de reunión; pide a la Comisión que haga un seguimiento de la situación y aborde las interferencias graves con derechos fundamentales causadas por leyes nacionales que establecen restricciones en espacios públicos por motivos de seguridad;

26.  Observa que los actos terroristas han inducido a la UE y sus Estados miembros a intensificar las medidas de lucha contra el terrorismo y la radicalización; insta a la UE y a las autoridades nacionales a que adopten tales medidas respetando los principios de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, concretamente los derechos a defensa jurídica, presunción de inocencia, juicio justo, respeto de la vida privada y protección de los datos de carácter personal; pide a los Estados miembros y a la Comisión que evalúen con plena transparencia la conformidad con el artículo 2 del TUE y la Carta de todos los proyectos o propuestas de actos reglamentarios y legislativos nacionales que se inscriban en el marco de la lucha antiterrorista;

27.  Reconoce que la amplia difusión de la ciberdelincuencia y el ciberterrorrismo transnacionales plantea graves retos y serias preocupaciones sobre la protección de los derechos fundamentales en el entorno en línea; considera crucial que la UE desarrolle unos conocimientos especializados avanzados en materia de seguridad cibernética, a fin de garantizar que en el ciberespacio se respeten en mayor medida los artículos 7 y 8 de la Carta;

28.  Aplaude el informe del Senado de los Estados Unidos sobre los programas de detenciones e interrogatorios de la CIA; exhorta a los Estados miembros a que no toleren la práctica de ningún tipo de tortura o trato inhumano y degradante en su territorio; reitera su petición a los Estados miembros de que garanticen la rendición de cuentas por las violaciones masivas de los derechos fundamentales cometidas en el contexto del transporte y la detención ilegal de presos en los países europeos por la CIA; insta a los Estados miembros a que lleven a cabo investigaciones abiertas y transparentes para esclarecer la verdad sobre el uso de su territorio y su espacio aéreo y a que ofrezcan su plena cooperación con la investigación del Parlamento Europeo en la materia, reactivada recientemente, y con el curso que se le dé; solicita la protección de quienes revelan tales violaciones, como periodistas y denunciantes;

29.  Expresa su preocupación ante las informaciones reiteradas sobre supuestas violaciones de los derechos fundamentales de la UE, y de la legislación de la UE sobre protección de datos en particular, cometidas en el marco de actividades de los servicios de inteligencia de Estados miembros y terceros países que permiten la retención y la consulta de datos de comunicaciones electrónicas de ciudadanos europeos; condena enérgicamente las actividades de vigilancia masiva que se han venido revelando desde 2013, y lamenta que sigan realizándose; pide que se clarifiquen estas actividades y concretamente la implicación actual de varios Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan plenamente en cuenta las demandas y las recomendaciones formuladas por el Parlamento en su Resolución , de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior; pide a los Estados miembros que velen por que las actividades de sus servicios de inteligencia sean compatibles con los derechos fundamentales y estén sujetas a control parlamentario y judicial;

30.  Expresa su preocupación por la adopción de legislación nacional por los Estados miembros que permite la vigilancia generalizada y reitera la necesidad de unos instrumentos de seguridad que se dirijan a objetivos específicos, sean estrictamente necesarios y sean proporcionados en una sociedad democrática; reitera su petición a la UE y los Estados miembros de que adopten un sistema de protección de los denunciantes;

31.  Expresa su preocupación al observar que los ciudadanos no conocen plenamente sus derechos a la protección de los datos y la vida privada ni las vías de recurso judicial de que disponen; destaca a este respecto el papel de las autoridades nacionales de protección de datos en relación con la defensa de estos derechos y la sensibilización acerca de ellos; considera esencial familiarizar a los ciudadanos, particularmente a los niños, con la protección de sus datos personales, en particular en el ciberespacio, y con los riesgos a los que pueden exponerse; pide a los Estados miembros que organicen campañas de sensibilización en los centros escolares; destaca que, a la vista de los rápidos avances tecnológicos y los ciberataques cada vez más frecuentes, debe prestarse especial atención a la protección de los datos personales en internet, dedicando una atención muy particular a la seguridad del tratamiento y el almacenamiento; subraya que, aunque el derecho al olvido no es absoluto y debe conciliarse con otros derechos fundamentales, debe otorgarse a las personas el derecho a que se rectifiquen sus datos personales en línea; manifiesta su honda preocupación por las dificultades a las que se enfrentan la mayoría de los internautas para hacer respetar sus derechos en el ámbito digital; pide a los Estados miembros que avancen rápidamente en lo que respecta al paquete de protección de datos, a fin de garantizar un nivel elevado de protección de los datos en toda la UE;

32.  Recuerda que los Estados miembros deben velar por que sus servicios de inteligencia trabajen de manera legal y respetando plenamente los Tratados y la Carta; pide, en este sentido, a los Estados miembros que garanticen que el Derecho nacional solo permita la recogida y el análisis de datos personales (incluidos los denominados metadatos) con el consentimiento de la persona interesada o en aplicación de una resolución judicial emitida sobre la base de sospechas razonables de que el sujeto de las mismas está implicado en actividades delictivas;

33.  Subraya que la recogida y el tratamiento ilegal de datos deben sancionarse de la misma forma que la violación de la confidencialidad de la correspondencia tradicional; insiste en que debe prohibirse estrictamente la creación de «puertas traseras» o de otras técnicas para debilitar o sortear las medidas de seguridad o aprovechar sus deficiencias;

34.  Denuncia las presiones que ejercen actores tanto públicos como privados sobre empresas privadas para acceder a los datos relativos a los internautas, controlar los contenidos de internet o poner en peligro el principio de neutralidad de la red;

35.  Hace hincapié en que la protección de los derechos fundamentales en la sociedad de la información actual es una cuestión clave para la UE, ya que el uso creciente de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) plantea en el ciberespacio nuevas amenazas contra los derechos fundamentales, cuya protección debe reforzarse velando por que se promuevan y protejan en línea de igual modo y en la misma medida que en el mundo real;

36.  Insta a la Comisión a que haga un seguimiento intensivo de la aplicación de la legislación vigente de la UE en este ámbito y considera que los Estados miembros deben aplicar en la práctica las disposiciones de Derecho penal mediante investigaciones y enjuiciamientos eficaces, a fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las víctimas;

37.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ejerzan la máxima vigilancia en relación con la incidencia que determinadas nuevas tecnologías, como los drones, pueden tener en los derechos fundamentales de los ciudadanos y, más concretamente, el derecho a la vida privada y a la protección de los datos de carácter personal;

38.  Subraya el papel fundamental de la educación para prevenir la radicalización y el ascenso de la intolerancia y el extremismo entre los jóvenes;

39.  Lamenta los actos discriminatorios, por no decir brutales, perpetrados por las fuerzas policiales de algunos Estados miembros contra grupos minoritarios, como migrantes, gitanos, personas LGBTI o personas con discapacidad; insta a los Estados miembros a que investiguen y sancionen esos hechos; opina que se debería sensibilizar y formar en mayor medida a las fuerzas policiales en relación con las discriminaciones y los actos violentos infligidos a esas minorías; pide a los Estados miembros que restablezcan la confianza que las minorías deben tener en las fuerzas policiales y que animen a aquellas a denunciar los abusos; pide también a las autoridades de los Estados miembros que luchen contra la práctica discriminatoria de la elaboración de perfiles étnicos por algunas fuerzas policiales;

La libertad de religión y de conciencia

40.  Remite al artículo 10 de la Carta, que protege la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como la libertad de practicar la religión que uno elija y de cambiar de religión o creencias; considera que cubre también la libertad de los no creyentes; condena toda forma de discriminación e intolerancia y pide que se prohíba toda forma de discriminación por estos motivos; deplora, en este sentido, los recientes incidentes de discriminación y violencia antisemita y antiislámica; pide a los Estados miembros, incluidas las autoridades regionales, que protejan con todos los instrumentos disponibles la libertad de religión o de creencias y que promuevan la tolerancia y el diálogo intercultural mediante una formulación de políticas eficaz, reforzando las políticas contra la discriminación cuando sea necesario; recuerda la importancia de un Estado laico y neutral para la prevención de las discriminaciones de todo tipo contra las comunidades religiosas, ateas o agnósticas, y como garantía de la igualdad de trato para todas las religiones y creencias; expresa su preocupación por la aplicación en la Unión Europa de leyes sobre la blasfemia y los insultos de carácter religioso, que pueden tener un impacto grave sobre la libertad de expresión, y exhorta a los Estados miembros a su abolición; condena enérgicamente los ataques contra lugares de culto, y exhorta a los Estados miembros a no permitir que esos delitos queden impunes;

41.  Insta a que se respete la libertad de religión o de creencias en la parte ocupada de Chipre, donde más de 500 monumentos religiosos y culturales están a punto de venirse abajo;

42.  Expresa su alarma ante la recrudescencia del antisemitismo en Europa y los esfuerzos cada vez más generalizados por negar relativizar el Holocausto; manifiesta su profunda preocupación porque numerosos miembros de la comunidad judía prevean abandonar Europa debido al empeoramiento del clima de antisemitismo, discriminación y actos violentos contra la comunidad judía;

43.  Expresa su profunda preocupación ante el aumento de las manifestaciones antiislámicas, el incremento de los ataques a mezquitas y la extendida tendencia a asociar el Islam con el fanatismo religioso de una minoría ínfima; lamenta la discriminación y los actos violentos contra la comunidad musulmana; pide a los Estados miembros que los condenen sistemáticamente y que apliquen un nivel cero de tolerancia al respecto;

Igualdad y no discriminación

44.  Lamenta profundamente que el Consejo aún no haya adoptado la propuesta de 2008 de directiva por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual; acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión Europea considere prioritaria esta directiva; reitera su llamamiento al Consejo para que adopte la propuesta lo antes posible;

45.  Recuerda que el pluralismo, la no discriminación y la tolerancia son algunos de los valores en que se fundamenta la Unión, según el artículo 2 del TUE; considera que únicamente con políticas destinadas a promover la igualdad, tanto en la forma como en el fondo, y a luchar contra toda discriminación puede promoverse una sociedad cohesiva, terminando con todos los prejuicios que dañan la integración social; deplora que en la UE siga habiendo aún hoy casos de discriminación, marginación e incluso violencia y malos tratos, en particular, por razón de género, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual;

46.  Considera que la Unión y los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos para luchar contra la discriminación y proteger la diversidad cultural, religiosa y lingüística, y promover medidas para reforzar la igualdad de género, los derechos del niño, los derechos de las personas de edad avanzada, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas LGBTI y los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales; exhorta a la UE y a los Estados miembros a que incluyan la discriminación múltiple en sus políticas en materia de igualdad;

47.  Condena todas las formas de discriminación y violencia que se perpetran en el territorio de la UE y manifiesta su preocupación por el aumento en su incidencia; pide a la Comisión y a los Estados miembros que suscriban compromisos políticos específicos para combatir todas las formas de racismo, incluidos el antisemitismo, la islamofobia, la afrofobia y la hostilidad contra los gitanos;

48.  Pide a la Comisión Europea y al Consejo que reconozcan la necesidad de contar con datos fiables y comparables en materia de igualdad, desglosados en función de los motivos de la discriminación, que permitan medir la discriminación con el fin de suministrar información en el proceso de formulación de las políticas, evaluar la aplicación de la legislación de la UE contra la discriminación y mejorar su cumplimiento; pide a la Comisión que defina unas normas coherentes para la recopilación de datos sobre la igualdad, basados en la autoidentificación, las normas de protección de datos de la UE y la consulta de las comunidades interesadas pertinentes; pide a los Estados miembros que recojan datos sobre todos los tipos de discriminación;

49.  Insta a la UE a adoptar una directiva por la que se condene la discriminación por motivos de género y para luchar contra los prejuicios y los clichés de género en el ámbito educativo y los medios de comunicación;

Protección de las minorías

50.  Pide una mayor coherencia de la Unión Europea en el ámbito de la protección de las minorías; cree firmemente que todos los Estados miembros, así como los países candidatos, deben estar sujetos a los mismos principios y criterios con el fin de evitar la aplicación de un doble rasero; pide, por consiguiente, que se establezca un mecanismo eficaz para observar los derechos fundamentales de las minorías de todo tipo tanto en los países candidatos como en los Estados miembros de la UE y garantizar su respeto;

51.  Hace hincapié en que la Unión Europea debe ser una zona en la que prevalezca el respeto de la diversidad étnica, cultural y lingüística; pide a las instituciones de la UE que elaboren un amplio sistema de protección de la UE para las minorías nacionales, étnicas y lingüísticas con objeto de asegurar la igualdad de trato, teniendo en cuenta las normas jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas existentes, y pide a los Estados miembros que respeten plenamente los derechos de estas minorías, en particular en cuestiones de lengua, educación y cultura; anima a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a ratificar y aplicar de forma efectiva el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales; recuerda igualmente la necesidad de aplicar los principios desarrollados en el marco de la OSCE;

52.  Condena todas las formas de discriminación por motivos de uso de lenguas y pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen y apliquen de forma efectiva la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias; exhorta a los Estados miembros y a la Comisión a emprender todas las acciones necesarias para resolver todo impedimento administrativo o legislativo desproporcionado que pueda poner obstáculos a la diversidad lingüística a escala europea o nacional;

53.  Destaca que los principios de dignidad humana, de igualdad ante la ley y de prohibición de la discriminación por cualquier motivo son fundamentos del Estado de Derecho; pide a los Estados miembros que adopten un marco legislativo nacional para abordar todos los tipos de discriminación y garantizar la aplicación efectiva del marco jurídico vigente en la UE;

Situación de la población gitana

54.  Deplora la tendencia cada vez más acusada hacia el sentimiento antigitano en la UE y expresa su preocupación por la situación de los gitanos en la UE y por los numerosos casos de persecución, violencia, estigmatización, discriminación y expulsión ilegal, que son contrarios a los derechos fundamentales y el Derecho de la UE; insta a la Comisión a que tome medidas contra aquellos Estados miembros que permiten la institucionalización de la discriminación y la segregación; pide a los Estados miembros una vez más que apliquen efectivamente estrategias para fomentar una genuina inclusión, que desarrollen una acción reforzada y pertinente de promoción de la integración, en particular en los ámbitos de los derechos fundamentales, la educación, el empleo, la vivienda y la sanidad, y que combatan la violencia, la incitación al odio y la discriminación de la población gitana, de acuerdo con la Recomendación del Consejo, de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros;

55.  Subraya la importancia de la adecuada aplicación de las estrategias nacionales de integración de la población gitana mediante el desarrollo de políticas integradas que asocien en un diálogo permanente a autoridades locales, organismos no gubernamentales y comunidades gitanas; pide a la Comisión que vele por el seguimiento y una mejor coordinación de su aplicación; pide a los Estados miembros que cooperen con representantes de la población gitana en la gestión, la supervisión y la evaluación de proyectos que afectan a sus comunidades, utilizando todos los recursos financieros disponibles, incluidos los fondos de la UE, y controlando estrictamente el respeto de los derechos fundamentales de la población gitana, incluida la libre circulación, de conformidad con la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros;

56.  Deplora la actual discriminación de la población gitana en los sistemas nacionales de educación y en el mercado laboral; destaca la mayor vulnerabilidad de las mujeres y los niños gitanos en particular ante las violaciones múltiples y simultaneas de sus derechos fundamentales; reitera la importancia de proteger y promover la igualdad de acceso a todos los derechos de los niños gitanos;

57.  Insta a los Estados miembros a que adopten los cambios legislativos necesarios respecto a la esterilización y a que compensen económicamente a las mujeres gitanas y a las mujeres con discapacidades mentales víctimas de esterilizaciones forzosas, de conformidad con la jurisprudencia del TEDH;

Violencia contra las mujeres e igualdad entre mujeres y hombres

58.  Insta a la UE y a los Estados miembros a que combatan y persigan todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer; pide a los Estados miembros en particular que aborden efectivamente los efectos de la violencia doméstica y la explotación sexual en todas sus formas, incluidas las de los menores refugiados o migrantes, y el matrimonio precoz o forzoso;

59.  Manifiesta su preocupación por el alcance y las formas de la violencia contra las mujeres en la UE, como documenta la investigación a escala de la UE realizada por la FRA, que muestra que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual desde los quince años de edad, y que unos 3,7 millones de mujeres en la UE sufren violencia sexual en el curso de un año; pide, por consiguiente, a la Comisión y al Consejo que revisen la legislación vigente y mantengan el problema de la violencia contra las mujeres en un lugar destacado de la agenda, pues la violencia de género es intolerable; pide a la Comisión que aliente las ratificaciones nacionales e inicie el procedimiento de adhesión de la Unión al Convenio de Estambul lo antes posible; señala que la adhesión inmediata de todos los Estados miembros al Convenio de Estambul contribuiría a la configuración de una política integrada y a la promoción de la cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, incluido el acoso sexual en línea y fuera de línea;

60.  Pide los Estados miembros que creen redes de centros de apoyo y acogida para las mujeres víctimas de trata y prostitución, velando por que reciban ayuda psicológica, médica, social y jurídica y se las anime a buscar empleos estables y con derechos;

61.  Manifiesta una gran preocupación por la persistencia de las prácticas de mutilación genital, que constituyen una forma de violencia grave contra las mujeres y las niñas, y una vulneración inadmisible de su derecho a la integridad física; insta a la UE y a los Estados miembros a que ejerzan la máxima vigilancia posible sobre esas prácticas en su territorio y a que pongan fin a las mismas lo antes posible; pide, en particular, a los Estados miembros que adopten un enfoque firme y disuasorio mediante la formación de las personas que trabajan con migrantes y la persecución y sanción efectivas y sistemáticas de los autores de mutilaciones genitales, a los que debe aplicarse una tolerancia cero; insiste en que ello debe ir acompañado de campañas de información y sensibilización destinadas a los grupos afectados; celebra que la legislación de la UE en materia de asilo considere a las víctimas de mutilaciones genitales como personas vulnerables e incluya la mutilación genital entre los criterios que deben tenerse en cuenta para la concesión de asilo;

62.  Pide a la Comisión que garantice la continuidad de la recogida de datos sobre la prevalencia y la naturaleza de la violencia contra las mujeres como fundamento para medidas enérgicas destinadas a prevenir la violencia y cubrir las necesidades de las víctimas, incluidas la evaluación de la aplicación de la Directiva de la UE sobre las víctimas (2012/29/UE) y la organización de campañas de sensibilización contra el acoso sexual; considera que la recogida de datos debe partir de la primera investigación a escala de la UE realizada por la FRA y debe basarse en la cooperación entre la Comisión Europea (incluida Eurostat), la FRA y el Instituto Europeo de la Igualdad de Género; reitera la petición a la Comisión, formulada en su Resolución, de 25 de febrero de 2014, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres, de que presente una propuesta de acto que establezca medidas para promover y apoyar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la mutilación genital femenina; y pide a la Comisión que designe el año 2016 como «Año Europeo para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas»;

63.  Pide a la UE y a los Estados miembros que combatan y persigan todas las formas de violencia contra las mujeres; pide a la Comisión que proponga una iniciativa legislativa para prohibir la violencia contra las mujeres en la UE;

64.  Pide a la Comisión que trabaje por la sensibilización acerca de la necesidad de fomentar una cultura del respeto y la tolerancia con objeto de poner fin a toda forma de discriminación contra la mujer; pide, además, a los Estados miembros que garanticen la aplicación de estrategias nacionales en relación con el respeto y la salvaguardia de los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres; insiste en el papel de la Unión de sensibilización y fomento de las mejores prácticas en este ámbito, habida cuenta de que la salud es un derecho humano fundamental esencial para el ejercicio de otros derechos humanos;

65.  Manifiesta su preocupación por la escasa representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, en las empresas y sus consejos de administración así como en los ámbitos científico y político, tanto a escala nacional como internacional (grandes empresas, elecciones nacionales y europeas), pero, sobre todo, a escala local; pide que se apoye a las mujeres en su evolución profesional y sus esfuerzos por ocupar cargos directivos, e insta a las instituciones de la UE a que presten más atención a los datos que indican que las mujeres solo representan el 17,8 % de los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas de la UE que cotizan en bolsa;

66.  Pide que se desbloquee en el Consejo la Directiva sobre el permiso de maternidad, que hará posible una igualdad real y concreta entre hombres y mujeres y una armonización a escala europea;

67.  Señala que más de la mitad de los posgraduados son mujeres y que ello no se refleja en el mercado de trabajo, especialmente en los puestos decisorios superiores; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que tomen todas las medidas necesarias para lograr una participación equivalente de las mujeres y los hombres en el mercado laboral y que ayude a las mujeres a ocupar puestos de alto nivel, y, especialmente, que alcancen lo antes posible un acuerdo sobre la propuesta de directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y a establecer medidas afines; deplora que en la UE los ingresos de las mujeres sigan siendo, por término medio, inferiores en un 16 % a los de los hombres por un trabajo equivalente; pide, por consiguiente, a la UE que prosiga su labor de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en lo que respecta a los salarios, de conformidad con el artículo 157 del TFUE, las pensiones y la participación en el mercado de trabajo, también en los puestos de alta dirección; considera que actuando de este modo se contribuiría a combatir la pobreza y se garantizaría que Europa aproveche plenamente todo el talento disponible; deplora que la tasa de desempleo de las mujeres siga siendo significativamente superior a la de los hombres y destaca que la independencia económica de las mujeres debe ser un componente de la lucha contra la pobreza;

68.  Pide a la Comisión que refuerce la vigilancia del respeto del principio de igualdad de género en la legislación europea; pide a los Estados miembros que emprendan un análisis similar de sus legislaciones nacionales respectivas;

69.  Reconoce que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales y un componente esencial de la dignidad humana, la igualdad de género y la autodeterminación personal; insta a la Comisión a que, en su próxima Estrategia sanitaria de la UE, incluya la salud y los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos fundamentales, a fin de garantizar la coherencia entre la política interior y exterior de la UE en materia de derechos fundamentales, tal y como solicitó el Parlamento el 10 de marzo de 2015;

70.  Reconoce que la negativa a practicar abortos para salvar vidas constituye una violación grave de los derechos fundamentales;

71.  Pide a los Estados miembros que, en colaboración con la Comisión, reconozcan el derecho de acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos y a la educación sexual en las escuelas; insta a la Comisión a que complemente las políticas nacionales para mejorar la salud pública, manteniendo al Parlamento Europeo plenamente informado al respecto;

Derechos del niño

72.  Condena toda forma de violencia y malos tratos contra los niños; pide a los Estados miembros, como Estados partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que adopten las medidas adecuadas para proteger a los niños frente a cualquier forma de violencia física y psicológica, como los malos tratos y los abusos sexuales, el matrimonio forzoso, el trabajo infantil y la explotación sexual;

73.  Condena enérgicamente la explotación sexual de los niños y, en concreto, el fenómeno creciente de la pornografía infantil en internet; insta a la Unión y a los Estados miembros a que unan sus esfuerzos por combatir estas graves violaciones de los derechos del niño y a que tengan debidamente en cuenta las solicitudes que formula el Parlamento en su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre la lucha contra los abusos sexuales de menores en línea(33); reitera su solicitud a los Estados miembros de que aquellos que todavía no hayan transpuesto la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil procedan a transponerla; pide asimismo a la Unión y a los Estados miembros que todavía no han ratificado el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual que procedan a ratificarlo;

74.  Pide a los Estados miembros que apliquen la Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y que refuercen la capacidad jurídica, técnica y financiera de las fuerzas y cuerpos de seguridad para reforzar la cooperación, por ejemplo con Europol, con el fin de investigar y desmantelar con mayor eficacia las redes de delincuencia sexual infantil, dando prioridad a los derechos y la seguridad de los niños afectados;

75.  Subraya el papel de los profesionales que trabajan con niños, como los maestros, los monitores juveniles y los pediatras, a la hora de detectar indicios de violencia física y psicológica contra los niños, incluido el ciberacoso; pide a los Estados miembros que velen por que se sensibilice y forme a dichos profesionales a tal fin; pide además a los Estados miembros que abran líneas telefónicas a las que los niños puedan recurrir para denunciar que sufren actos de malos tratos, violencia sexual, intimidación o acoso;

76.  Considera que los datos personales de los niños en línea deben contar con la protección debida y que es necesario informar a los niños, de forma adecuada para ellos, sobre los riesgos y las consecuencias de utilizar sus datos personales en línea; pide a los Estados miembros que organicen campañas de sensibilización en los centros escolares; subraya que debe prohibirse la definición de perfiles de menores en línea;

77.  Condena todas las formas de discriminación contra los niños, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que actúen conjuntamente para erradicarla; pide, en particular, a los Estados miembros y a la Comisión que consideren explícitamente a los niños como una prioridad a la hora de programar y aplicar políticas regionales y de cohesión;

78.  Pide a los Estados miembros que garanticen un acceso efectivo a la justicia para todos los niños, ya sean sospechosos, autores, víctimas o parte en un procedimiento; afirma la importancia de reforzar las salvaguardias procesales para los niños en los procesos penales, especialmente en el contexto del actual debate sobre una Directiva relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales;

79.  Expresa su inquietud por el incremento de los casos de sustracción internacional cometidos por padres; subraya, a este respecto, la importancia del papel del Mediador del Parlamento Europeo para Casos de Sustracción Internacional de Menores; subraya la importancia de adoptar un enfoque común de la UE para encontrar a niños desaparecidos en la UE; pide a los Estados miembros que refuercen la cooperación policial y judicial en los casos transfronterizos de desapariciones de niños y que abran líneas de ayuda telefónica de búsqueda de niños desaparecidos;

80.  Recuerda que el interés superior del niño, a que se refiere el artículo 24 de la Carta, debe ser siempre una consideración primordial en todas las políticas y medidas que se adopten en relación con los niños; recuerda que el derecho a la educación está inscrito en la Carta y que la educación es primordial para el bienestar y la realización personal de los niños, así como para el futuro de la sociedad; considera que la educación de los niños de familias con bajos ingresos es una condición esencial para que los niños puedan salir de la pobreza; pide, por tanto, a los Estados miembros que promuevan una enseñanza de calidad para todos;

81.  Destaca que deben protegerse debidamente los intereses y los derechos de los hijos de ciudadanos de la UE, no solo en la Unión Europea, sino también más allá de sus fronteras, y pide, por consiguiente, que se refuerce la cooperación con las instituciones responsables del bienestar de los niños en los países nórdicos no pertenecientes a la Unión; considera que todos los socios de la UE (incluidos los miembros del EEE) deben ratificar el Convenio de La Haya de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños;

82.  Reconoce que la crisis financiera y económica ha repercutido muy negativamente en el ejercicio de los derechos del niño y su bienestar; pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos por atajar la pobreza infantil y la exclusión social mediante la aplicación efectiva de la Recomendación de la Comisión Europea titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas», gracias a estrategias integradas que apoyen el acceso a unos recursos adecuados, permitiendo el acceso a servicios de calidad asequibles y fomentando la participación de los niños en la toma de decisiones que les conciernen; pide a la Comisión que adopte medidas adicionales para supervisar la aplicación de dicha recomendación;

83.  Pide a la Comisión que proponga una iniciativa ambiciosa y global para suceder a la Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño en 2015; insta a la Comisión a que garantice la incorporación efectiva de los derechos del niño en toda la legislación, las políticas y las decisiones financieras de la UE; pide a la Comisión que informe una vez al año sobre los progresos realizados en la garantía de los derechos del niño y la plena aplicación del acervo de la UE en materia de derechos del niño; pide a la Comisión que vele por que el mandato y los recursos del coordinador de los derechos de la infancia reflejen adecuadamente el compromiso de la UE de incorporar de forma sistemática y efectiva en sus políticas los derechos del niño; insta a la Comisión a que adopte las directrices de la UE sobre los sistemas integrales de protección del niño que han sido anunciadas;

84.  Celebra que en los Estados miembros se tienda a penalizar los matrimonios forzosos; pide a los Estados miembros que permanezcan vigilantes y formen y sensibilicen al personal que está en contacto con niños, como los profesores o los educadores, para que distingan a los niños que podrían ser trasladados a su país de origen para forzarlos a contraer matrimonio;

Derechos de las personas LGBTI

85.  Condena con la mayor firmeza la discriminación y la violencia que se ejerce en el territorio de la UE contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), fomentada por leyes y políticas que restringen los derechos fundamentales de estas personas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten leyes y políticas de lucha contra la homofobia y la transfobia; pide a la Comisión, en este mismo contexto, que presente un plan de acción o una estrategia a nivel de la UE en favor de la igualdad con respecto a la orientación sexual y la identidad de género, como ha solicitado el Parlamento en repetidas ocasiones y como prometió la comisaria Jourová en el proceso de las audiencias de la Comisión; en este sentido, recuerda su Resolución de 4 de febrero de 2014 sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, insiste, no obstante, en que esta política global debe respetar las competencias de la Unión Europea, sus agencias y sus Estados miembros;

86.  Considera que hay más probabilidades de que los derechos fundamentales de las personas LGBTI sean protegidos si tienen acceso a instituciones jurídicas como la cohabitación, la unión de hecho registrada o el matrimonio; acoge con satisfacción que en la actualidad diecinueve Estados miembros ofrezcan estas posibilidades, y pide a los demás Estados miembros que consideren la posibilidad de ofrecerlas igualmente; reitera, por otra parte, su llamamiento a la Comisión para que presente una propuesta de normativa ambiciosa que garantice el reconocimiento mutuo de los documentos acreditativos del estado civil, incluidos el reconocimiento jurídico de género, los matrimonios y las uniones de hecho registradas, así como sus efectos jurídicos, a fin de reducir las trabas administrativas y jurídicas discriminatorias que deben afrontar los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos a la libre circulación;

87.  Pide a los Estados miembros a permanezcan vigilantes y firmes y sancionen a los cargos públicos que insulten o estigmaticen a las personas LGBTI en el ámbito público;

88.  Alienta a los Estados miembros de la UE a que apoyen a las organizaciones sindicales y patronales en sus esfuerzos por adoptar políticas en favor de la diversidad y la no discriminación centradas especialmente en las personas LGBTI;

89.  Considera que las autoridades de los Estados miembros deberían facilitar los procedimientos que permitan a las personas que hayan cambiado de sexo que se reconozca su nuevo género en los documentos oficiales; reitera su condena de cualesquiera procedimientos de reconocimiento jurídico que impongan la esterilización a las personas transgénero;

90.  Lamenta que las personas transgénero sigan siendo consideradas enfermas mentales en la mayoría de los Estados miembros y pide a estos últimos que revisen sus clasificaciones nacionales de los trastornos mentales, al tiempo que garantizan que todas las personas transexuales puedan acceder al tratamiento médico necesario;

91.   Acoge con satisfacción la iniciativa demostrada por la Comisión al promover que la identidad transgénero deje de considerarse una patología en el marco de la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud; pide a la Comisión que intensifique los esfuerzos dirigidos a evitar que la inconformidad de género en la infancia se convierta en un nuevo diagnóstico de la CIE;

92.  Lamenta profundamente que se generalice la cirugía de «normalización» genital de los niños intersexuales, a pesar de no ser necesaria desde un punto de vista médico; celebra, en este sentido, la ley maltesa de identidad de género, expresión de género y características sexuales, de abril de 2015, que prohíbe este tipo de cirugía en los niños intersexuales y refuerza el principio de autodeterminación de las personas intersexuales, y pide a los demás Estados que sigan el ejemplo de Malta;

Derechos de las personas con discapacidad

93.  Lamenta la discriminación y la exclusión que aún siguen padeciendo las personas con discapacidad; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que apliquen la Estrategia Europea sobre Discapacidad y que controlen y apliquen la legislación europea en la materia; pide, en este mismo contexto, a la Comisión que retome la iniciativa legislativa de una ley de accesibilidad, en la forma de un instrumento transversal capaz de mejorar la protección de las personas con discapacidad y de garantizar que todas las políticas que son competencia de la UE sean coherentes en este sentido; pide a la Comisión que maximice las sinergias entre la estrategia europea sobre discapacidad y las disposiciones de la CEDAW y la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, a fin de salvaguardar el pleno goce y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos, también mediante acciones de armonización y aplicación del marco legislativo y de la intervención cultural y política;

94.  Insta a la Comisión a que oriente a los Estados miembros para que utilicen los fondos europeos de la mejor forma posible y de conformidad con las obligaciones asumidas por la UE en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CNUDPD), y a que apoye a las ONG y otras organizaciones y colabore estrechamente con ellas para garantizar que dicha Convención se aplique correctamente; pide a la UE y a los Estados miembros que mejoren el acceso al empleo y a la formación de las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidades psicosociales, y que apoyen las condiciones de vida independientes y los programas de desinstitucionalización de conformidad con el artículo 26 de la Carta;

95.  Destaca la necesidad de respetar el derecho de las personas con discapacidad a la participación política en las elecciones; pide, en este sentido, a la Comisión que incluya una evaluación de la compatibilidad con la CNUDPD en sus informes sobre la aplicación de las Directivas 93/109/CE y 94/80/CE del Consejo, que establecen el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales; lamenta que un número considerable de personas con discapacidad en la UE que se han visto privadas de su capacidad legal también se vean privadas del derecho de voto; pide, por tanto, a los Estados miembros que modifiquen sus respectivas legislaciones nacionales con el objeto de no retirar sistemáticamente el derecho de voto a las personas con discapacidad privadas de capacidad jurídica, de forma que se analice cada caso por separado y se preste una asistencia para las personas con discapacidad durante los procedimientos de votación;

96.  Pide a la Comisión que evalúe la compatibilidad de las legislaciones europeas con los requisitos de la CNUDPD, y que, mediante sus análisis de impacto, evalúe también toda futura propuesta a la luz de dicha Convención;

97.  Condena el uso de medidas coercitivas físicas y farmacológicas en casos de discapacidad mental y pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que adopten políticas de inclusión social;

98.  Lamenta que las personas con discapacidad sigan encontrando obstáculos para acceder al mercado de bienes y servicios en la Unión; estima que esos obstáculos pueden limitar su participación en la sociedad y constituyen una violación de sus derechos derivados, en particular, de su ciudadanía europea; pide a la Comisión que avance rápidamente en sus trabajos sobre la accesibilidad en la Unión Europea, a fin de que pueda adoptarse sin demora un acto legislativo;

99.  Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que colaboren activamente con las personas con discapacidad, incluso mediante las organizaciones que las representan, en los procesos de toma de decisiones de sus ámbitos de competencia respectivos, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, de la CNUDPD;

100.  Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la UE que garanticen una difusión amplia y clara de las oportunidades de participación en los procesos de consulta a través de medios de comunicación accesibles, y que velen asimismo por que se puedan realizar aportaciones en otros formatos, como el braille o los formatos de lectura fácil, y por que se pueda acceder a las audiencias y las reuniones públicas en las que se debatan propuestas de leyes y políticas;

101.  Pide a la Comisión que armonice la recopilación de datos sobre discapacidad mediante las encuestas de la UE de ámbito social, de conformidad con los requisitos del artículo 31 de la CNUDPD; destaca que en el marco de dicha recopilación de datos deben emplearse metodologías que integren a todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas con discapacidades graves y las que residen en centros;

Discriminación por razones de edad

102.  Lamenta que muchas personas de más edad se vean confrontadas diariamente con actos discriminatorios y vulneraciones de sus derechos fundamentales, en particular por lo que se refiere al acceso a unos ingresos adecuados, al empleo, a la asistencia sanitaria y a los bienes y servicios más necesarios; recuerda que el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales consagra el derecho de las personas de más edad a una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural; pide a la Comisión que elabore una estrategia sobre el cambio demográfico para hacer efectivo el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

103.  Expresa su preocupación por que los malos tratos, el abandono y el abuso de las personas mayores estén generalizados en los Estados miembros; pide a los Estados miembros que adopten medidas dirigidas a erradicar el abuso y todas las formas de violencia ejercida contra las personas mayores, y que promuevan su independencia apoyando para ello la renovación y la accesibilidad de la vivienda; recuerda que las mujeres de más edad viven con más frecuencia por debajo del umbral de la pobreza debido a las diferencias en los salarios y en las pensión entre hombres y mujeres;

104.  Pide a los Estados miembros que velen por la integración de los trabajadores más jóvenes, y en particular los que se han visto afectados por la crisis económica, en el mercado laboral, por ejemplo mediante ofertas formativas que persigan la promoción social de los jóvenes;

105.  Pide que se respete la dignidad de las personas al final de su vida, en particular mediante el reconocimiento y el respeto de las decisiones expresadas en los «testamentos vitales»;

106.  Expresa su preocupación por el hecho de que los recortes de los Estados miembros en el gasto público y en las pensiones estén contribuyendo en gran medida al empobrecimiento de las personas de más edad, al disminuir sus ingresos, degradar sus condiciones de vida, generar desigualdades en la capacidad para acceder a los servicios y crear un número cada vez mayor de personas de más edad con unos ingresos que rozan el umbral de la pobreza.

Delitos de incitación al odio y lenguaje de intolerancia

107.  Lamenta los incidentes provocados por el lenguaje de intolerancia y los delitos de incitación al odio motivados por el racismo, la xenofobia, la intolerancia religiosa o los prejuicios contra la discapacidad, el género, la orientación sexual o la identidad de género de una persona que se producen a diario en la UE; pide a los Estados miembros que protejan los derechos fundamentales y promuevan la comprensión, la aceptación y la tolerancia entre las diferentes comunidades de su territorio; pide a la UE que, tanto en la elaboración de las políticas europeas contra la discriminación como en el ámbito de la justicia, conceda prioridad a la lucha contra los delitos de incitación al odio; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la lucha contra los delitos de incitación al odio y las actitudes y los comportamientos discriminatorios mediante el desarrollo de una estrategia global para la lucha contra los delitos de incitación al odio y la violencia y la discriminación motivadas por prejuicios;

108.  Expresa su preocupación por la presencia creciente del lenguaje del odio en Internet, al tiempo que pide a los Estados miembros que establezcan un procedimiento sencillo que permita a los ciudadanos señalar la presencia de contenidos de incitación al odio en Internet;

109.  Manifiesta su preocupación por las investigaciones y las condenas relacionadas con delitos de incitación al odio en los Estados miembros; pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas apropiadas para alentar la denuncia de este tipo de delitos, incluida la prestación de una protección adecuada, teniendo en cuenta que los resultados de las encuestas llevadas a cabo a gran escala por la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) demuestran de forma fehaciente que las víctimas de los delitos son reacias a denunciarlos a la policía;

110.  Expresa su preocupación por el hecho de que varios Estados miembros no hayan transpuesto correctamente las disposiciones de la Decisión Marco 2008/913/JAI, e insta a los Estados miembros a que transpongan y apliquen plenamente la normativa de la UE, a que garanticen el cumplimiento de las legislaciones nacionales dirigidas a castigar todos los delitos de intolerancia, la incitación al odio y los actos de acoso y a que activen de forma sistemática la represión de este tipo de delitos; insta a la Comisión a que supervise la correcta transposición de la Decisión Marco y emprenda procedimientos de infracción contra aquellos Estados miembros que no la lleven a cabo; pide, por otra parte, que se proceda a revisar la Decisión Marco con el objeto de que incluya plenamente todas las formas de delitos motivados por el odio o cometidos por prejuicios o motivos discriminatorios y establezcan normas coherentes y claramente definidas en materia de investigación y enjuiciamiento;

111.  Pide a la Comisión que apoye los programas de formación destinados a las autoridades policiales y judiciales y a las agencias competentes de la UE en materia de prevención y supresión de prácticas policiales y judiciales discriminatorias y basadas en prejuicios de odio; pide a los Estados miembros que doten a las autoridades encargadas de las misiones de investigación y procesamiento con las herramientas y las capacidades prácticas que los habiliten para identificar y afrontar los delitos previstos en la Decisión Marco, y que interactúen y establezcan canales de comunicación con las víctimas;

112.  Observa con preocupación la emergencia de partidos políticos que sustentan sus programas políticos sobre la exclusión por motivos étnicos, de orientación sexual o religiosos;

113.  Manifiesta su profunda preocupación por la banalización creciente de los actos y discursos racistas y xenófobos mediante la presencia cada vez más visible en la esfera pública de grupos racistas y xenófobos, algunos de los cuales han obtenido o intentan obtener el estatuto de partido político;

114.  Expresa su gran inquietud ante el ascenso de partidos políticos racistas, xenófobos e islamófobos al amparo de la actual crisis económica y social;

115.  Condena firmemente los actos intimidatorios y persecutorios perpetrados contra minorías, en particular contra la minoría romaní y contra los migrantes, por grupos paramilitares, algunos de los cuales están vinculados directamente a un partido político; insta a los Estados miembros a que prohíban y penalicen estas prácticas;

Personas sin hogar

116.  Expresa su preocupación por el número de personas que han perdido su vivienda a consecuencia de la crisis económica; estima que las personas sin hogar deben seguir integradas en la sociedad y que hay que luchar contra su aislamiento y marginación; pide, a este respecto, a los Estados miembros que adopten políticas ambiciosas para ayudar a estas personas; destaca que las personas sin hogar son personas vulnerables y reitera su llamamiento a los Estados miembros para que se abstengan de estigmatizarlos como si fueran delincuentes; pide a los Estados miembros que supriman todas las leyes o políticas que los presenten como tales; pide a los Estados miembros que elaboren estrategias nacionales para luchar contra el fenómeno de las personas sin hogar en su territorio; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en sus misiones de lucha contra el problema de las personas sin hogar facilitando el intercambio de mejores prácticas y la recogida minuciosa de datos; pide a la Comisión que haga un seguimiento de las violaciones de los derechos humanos en los Estados miembros que se dan como consecuencia de la carencia de un hogar; destaca que el derecho a una ayuda a la vivienda para los más desfavorecidos de la sociedad figura en la Carta de los Derechos Fundamentales;

Derechos de los migrantes y de los solicitantes de protección internacional

117.  Condena que un gran número de solicitantes de asilo y de migrantes que intentan alcanzar la Unión Europea sigan muriendo en el Mediterráneo, así como el papel que desempeñan los pasadores de fronteras y traficantes, que niegan a los migrantes sus derechos fundamentales; señala que la UE y los Estados miembros deberían adoptar medidas contundentes y de carácter obligatorio para evitar otras tragedias en el mar; pide a la UE y a sus Estados miembros que sitúen la solidaridad y el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes y solicitantes de asilo en el centro de las políticas migratorias de la UE y, en particular:

   destaca la necesidad de integrar los derechos fundamentales en todos los aspectos de las políticas migratorias y de llevar a cabo una evaluación detallada del impacto en los derechos fundamentales de los migrantes de todos los mecanismos y las medidas relativos a la migración, al asilo y al control de las fronteras; pide, en particular, a los Estados miembros que respeten los derechos de los migrantes más vulnerables;
   destaca la necesidad de un enfoque integrador de la UE que asegure la coherencia de las políticas interiores y exteriores de la Unión; alienta a la UE y a los Estados miembros a situar el respeto de los derechos de los migrantes en el centro de cualquier acuerdo de cooperación bilateral o multilateral con países que no pertenezcan a la UE, incluidos los acuerdos de readmisión, las asociaciones de movilidad y los acuerdos de cooperación técnica.
   recuerda a los Estados miembros su obligación internacional de socorrer a las personas en peligro en el mar:
   pide a los Estados miembros que modifiquen o revisen cualquier legislación que sancione a quienes socorren a los migrantes en situación de peligro en el mar;
   destaca el derecho fundamental a solicitar asilo; alienta a la UE y a los Estados miembros a que destinen recursos suficientes para crear nuevas posibilidades y canales seguros y legales para que los solicitantes de asilo puedan acceder a la Unión Europea, a fin de reducir los riesgos inherentes al intento de entrar ilegalmente y luchar contra las redes de pasadores de fronteras y traficantes de personas que sacan partido de poner en peligro la vida de los migrantes y de su explotación sexual y laboral;
   insta a todos los Estados miembros a que participen en los programas de reasentamiento de la UE y alienta el uso de visados humanitarias;
   insta a los Estados miembros a que garanticen unas condiciones de acogida dignas y conformes a los derechos fundamentales y la legislación de asilo vigentes, y a que presten una atención especial a las personas vulnerables y a la reducción del riesgo de exclusión social de los solicitantes de asilo; pide a la Comisión que haga un seguimiento detallado de la aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), y en particular de la Directiva 2013/32/UE, y que preste especial atención a aquellos solicitantes de asilo que necesitan garantías procesales especiales;
   pide que se establezca un sistema eficaz y armonizado de asilo en la UE que garantice una distribución equitativa de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros;
   lamenta la información sobre incidentes relacionados con devoluciones violentas en las fronteras exteriores de la UE; recuerda a los Estados miembros su obligación de respetar el principio de no devolución reconocido por el Convenio de Ginebra y por el TEDH, así como la prohibición de las expulsiones colectivas en virtud del artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales; pide a la Comisión, a sus agencias y a los Estados miembros que garanticen el cumplimiento de esta y de otras obligaciones internacionales y de la UE;

118.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que adopten la legislación necesaria para aplicar el principio de solidaridad tal y como queda recogido en el artículo 80 del TFUE;

119.  Condena con firmeza el actual sistema de protección de las fronteras de la Unión Europea con fines de seguridad, que incluso adopta a veces la forma de muros y alambradas, y la falta de vías legales de entrada en la Unión Europea, que tiene como consecuencia que numerosos solicitantes de asilo y migrantes se vean forzados a utilizar métodos cada vez más peligrosos y caigan en poder de los pasadores de fronteras y traficantes;

120.  Pide que en los controles fronterizos se tengan en cuenta los derechos fundamentales, y destaca la necesidad de que el Parlamento realice una supervisión democrática de las operaciones desarrolladas en el marco de Frontex;

121.  Reclama la suspensión de todas las actividades que se considere vulneran los derechos fundamentales establecidos en el Derecho de la UE o el mandato de Frontex;

122.  Destaca la repercusión negativa del Reglamento de Dublín sobre el acceso efectivo a la protección internacional a falta de un verdadero sistema de asilo europeo común, en particular teniendo en cuenta la jurisprudencia del TJUE y del TEDH; condena que la revisión de dicho Reglamento no haya conducido a su suspensión o, como mínimo, a la supresión de la devolución al primer país de entrada en la UE, así como la falta de iniciativa de la Comisión y de los Estados miembros y de una posible alternativa basada en la solidaridad entre los Estados miembros;

123.  Pide a los Estados miembros que ratifiquen la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares;

124.  Condena el recurso indiscriminado a la detención ilegal de migrantes irregulares, incluidos solicitantes de asilo, menores no acompañados y apátridas; pide a los Estados miembros que cumplan las disposiciones de la Directiva sobre el retorno, incluido el respeto del derecho a la dignidad y del principio del interés superior del menor, así como el Derecho internacional y de la UE; recuerda que la detención de los migrantes debe seguir siendo una medida de último recurso, e insta a los Estados miembros a que apliquen medidas alternativas; condena las deplorables condiciones de detención en algunos Estados miembros e insta a la Comisión a abordarlas sin demora; reitera la necesidad de garantizar a los migrantes el ejercicio del derecho a un recurso efectivo en caso de violación de sus derechos;

125.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten las medidas necesarias para garantizar la información y la transparencia sobre la detención de los migrantes y de los solicitantes de asilo en numerosos Estados miembros, y pide urgentemente a la Comisión que proponga una revisión del Reglamento (CE) n° 862/2007 para que incluya datos estadísticos sobre el funcionamiento de los sistemas e instalaciones de detención;

126.  Destaca la importancia que reviste el control democrático en todas las formas de privación de libertad en virtud de la legislación en materia de inmigración y asilo; pide a los diputados al Parlamento Europeo y a los diputados nacionales que visiten periódicamente los centros de acogida y de detención de migrantes y de solicitantes de asilo, e insta a los Estados miembros y a la Comisión Europea a que faciliten el acceso de las ONG y de los periodistas a dichos centros;

127.  Solicita un mayor control del funcionamiento de los centros de acogida y retención de inmigrantes, del trato que se les dispensa en ellos y de los procedimientos que aplican los Estados miembros para conceder asilo; expresa su preocupación por los llamados procedimientos de expulsión «en caliente» y por los incidentes violentos que se están produciendo en varias zonas críticas del sur de Europa, que justifican que la Comisión active de inmediato, en este mismo marco, el diálogo político con los países que incurren en este tipo de prácticas con miras a salvaguardar el Estado de Derecho;

128.  Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que adopten medidas concretas y mejores prácticas dirigidas a promover la igualdad de trato y la inclusión social con miras a mejorar la integración de los migrantes en la sociedad; recuerda que es esencial luchar contra los estereotipos negativos y la desinformación en relación con los migrantes, desarrollando discursos alternativos, especialmente en la escuela y dirigidos a los jóvenes, que destaquen los efectos positivos de la migración;

129.  Considera que los menores migrantes son especialmente vulnerables, en particular si no van acompañados; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen la Resolución del Parlamento, de 12 de septiembre de 2013, sobre la situación de los menores no acompañados en la UE; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente el paquete de medidas sobre el SECA, a fin de mejorar la situación en la UE de los menores no acompañados; acoge con satisfacción la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-648/11, que dictamina que el Estado miembro responsable de examinar una solicitud de asilo presentada en más de un Estado miembro por un menor no acompañado será el Estado en el que se encuentre el menor después de haber presentado una solicitud en él; recuerda que los menores no acompañados son ante todo niños, y que la protección de los niños, antes que las políticas de inmigración, debe ser el principio rector de los Estados miembros y la UE a la hora de abordar esta cuestión;

130.  Pide que se evalúe la forma en que se gastan los fondos asignados y utilizados en los asuntos de interior, especialmente en lo que se refiere a los recursos concedidos para la acogida de solicitantes de asilo; insta a la UE a que actúe cuando detecte que se han destinado fondos a actividades incompatibles con el respeto de los derechos fundamentales;

131.  Considera que debe prestarse asistencia a los Estados miembros situados en las fronteras exteriores de la Unión para ayudarles a colmar las lagunas sistémicas en las condiciones de acogida y los procedimientos de asilo, agravadas por el aumento del número de solicitantes;

132.  Pide a la Unión Europea que garantice la rendición de cuentas de sus agentes por las violaciones de los derechos fundamentales que hubieran podido cometer; pide, en particular, que se garantice la apertura de una investigación a raíz de las acusaciones que señalen la comisión de infracciones en el contexto de las operaciones coordinadas por Frontex, y que se adopten las medidas adecuadas, disciplinarias o de otro tipo, contra los que se compruebe que han cometido dichas infracciones; pide, con este fin, que se cree un mecanismo de recurso interno en Frontex, como ya solicitó el Defensor del Pueblo Europeo en el marco de su investigación OI/5/2012/BEH-MHZ, y que se hagan públicas las conclusiones de las investigaciones efectuadas sobre la base de acusaciones de violaciones de los derechos humanos; pide, asimismo, que se suspendan las operaciones de la Agencia cuando en el curso de las mismas se hayan cometido violaciones de los derechos fundamentales, tal como prevé el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) nº 1168/2011;

133.  Insta a los Estados miembros a que ratifiquen sin nuevas demoras el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos;

134.  Pide a los Estados miembros que garanticen el acceso efectivo a la protección internacional a las mujeres que sean víctimas de persecución por razones de género; pide a los Estados miembros que sigan las directrices de la Comisión Europea para la aplicación de la Directiva 2003/86/CE sobre el derecho a la reagrupación familiar, particularmente en relación con la concesión inmediata de un permiso de residencia autónomo a los miembros de la familia que entren en el país en virtud de la reagrupación familiar, en caso de que se trate de una situación especialmente difícil, como por ejemplo en los casos de violencia doméstica;

135.  Celebra que en la legislación europea sobre el asilo se considere a las víctimas de mutilaciones genitales como personas vulnerables y se incluyan las mutilaciones genitales entre los criterios que deben tomarse en consideración en el tratamiento de las solicitudes de asilo; pide a los Estados miembros que formen a los profesionales que están en contacto con los inmigrantes para que distingan a las mujeres y las niñas susceptibles de sufrir una mutilación genital en su país de origen;

136.  Destaca que el derecho a la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos europeos y de sus familias, consagrado en los Tratados y garantizado por la Directiva 2004/38/CE sobre la libre circulación, es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos; condena todo intento de revisar este acervo, y en particular la reintroducción de controles en las fronteras del Acuerdo Schengen al margen del Código correspondiente, y pide que toda violación de las normas en este sentido se lleve ante el Tribunal de Justicia; expresa su preocupación por la tendencia creciente a expulsar rápidamente a ciudadanos de la UE de los Estados miembros de residencia a raíz de la pérdida de su trabajo y sus ingresos, infringiendo el actual marco normativo; considera que esta práctica es contraria al espíritu de la libre circulación;

Solidaridad en la crisis económica

137.  Lamenta la forma en que la crisis financiera, económica y de la deuda soberana, junto con las restricciones presupuestarias impuestas, ha afectado negativamente a los derechos económicos, civiles, sociales y culturales, ocasionando en muchos casos un aumento del desempleo, la pobreza y la precariedad de las condiciones de vida y de trabajo, así como situaciones de exclusión y aislamiento, particularmente en los Estados miembros que han aplicado programas de ajuste económico, y destaca una nota reciente de Eurostat en la que se indica que uno de cada cuatro europeos se encuentra actualmente en riesgo de pobreza y exclusión;

138.  Señala que la crisis económica y las medidas adoptadas para abordarla han coartado el derecho a satisfacer necesidades básicas como la educación, la vivienda, la atención sanitaria y la seguridad social y han tenido un impacto negativo en las condiciones generales de salud de la población en algunos Estados miembros; destaca la necesidad de respetar el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social establecido en el artículo 30 de la Carta Social Europea; insta a todos los Estados miembros a que introduzcan medidas de apoyo, de conformidad con las respectivas prácticas nacionales, dirigidas a garantizar unas condiciones de vida dignas para sus ciudadanos y luchar contra la exclusión social;

139.  Destaca que las instituciones de la UE y los Estados miembros que aplican reformas estructurales en sus sistemas sociales y económicos están obligados en todo momento a aplicar la Carta y cumplir sus compromisos internacionales, y que están sujetos, por tanto, a la obligación de rendir cuentas por las decisiones que adoptan; reitera su llamamiento para armonizar los programas de ajuste económico con los objetivos de la UE establecidos en el artículo 151 del TFUE, incluidos el fomento del empleo y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo; reitera la necesidad de garantizar el pleno control democrático, mediante la intervención efectiva de los parlamentos, de las medidas adoptadas por las instituciones de la UE y los Estados miembros en respuesta a la crisis;

140.  Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que estudien el impacto que las medidas de austeridad, propuestas o aplicadas, han tenido sobre los derechos fundamentales, de un modo sensible al género, teniendo en cuenta las desproporcionadas consecuencias de las medidas de austeridad en las mujeres; pide a las instituciones de la UE que adopten de inmediato medidas correctoras allí donde las medidas de austeridad han tenido un impacto negativo en los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres;

141.  Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que evalúen el impacto en los derechos y las libertades fundamentales, incluidos los derechos sociales y laborales, de las medidas previstas o adoptadas para hacer frente a la crisis, y que pongan remedio, cuando sea necesario, a las eventuales situaciones de deterioro de la protección de los derechos o de violaciones del Derecho internacional, incluidos los convenios y recomendaciones de la OIT;

142.   Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que se aseguren de que, cuando adoptan y aplican medidas correctoras y recortes presupuestarios, llevan a cabo una evaluación de impacto en los derechos fundamentales, garantizando la disponibilidad de recursos suficientes para proteger los derechos fundamentales y asegurar los niveles mínimos esenciales para el disfrute de los derechos civiles, económicos, culturales y sociales, de forma que se preste una atención especial a los grupos más vulnerables y socialmente desfavorecidos;

143.  Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que reconozcan la utilidad de la inversión a largo plazo en la integración social, en la medida en que previene los altos costes causados por la discriminación y la desigualdad; pide a los Estados miembros que lleven a cabo las inversiones públicas adecuadas para sostener la educación y la asistencia sanitaria y garantizar que los recortes drásticos en los presupuestos de los organismos que promueven la igualdad no pongan en peligro el acceso a la justicia y la reparación en caso de discriminación; pide a las instituciones de la UE y de los Estados miembros que no socaven la integración social con medidas presupuestarias que comprometan el funcionamiento de las organizaciones comunitarias que trabajan por la igualdad;

144.  Pide a la Comisión que considere la posibilidad de proponer la adhesión a la Carta Social Europea, con el fin de salvaguardar efectivamente los derechos sociales de los ciudadanos europeos; insta a los Estados miembros a que promuevan la ampliación de los derechos sociales de la Carta de la UE a otros derechos sociales mencionados en la Carta Social Europea revisada del Consejo de Europa, como el derecho al trabajo, a una remuneración justa y a estar protegido frente a la pobreza y la exclusión social;

Delincuencia y lucha contra la corrupción

145.   Reitera que los delitos de corrupción, y en particular la delincuencia organizada, constituyen una vulneración grave de los derechos fundamentales y una amenaza para la democracia y el Estado de derecho; destaca que la corrupción, al desviar fondos públicos de los fines de utilidad pública a los que se destinan, reduce el nivel y la calidad de los servicios públicos y perjudica gravemente, por tanto, el trato justo de que son acreedores todos los ciudadanos; insta a los Estados miembros y a las instituciones europeas a que desarrollen instrumentos eficaces para prevenir, combatir y sancionar la corrupción y la delincuencia y para seguir controlando periódicamente el uso de los fondos públicos, tanto nacionales como europeos; pide, a este respecto, a los Estados miembros y a las instituciones que faciliten la rápida creación de la Fiscalía Europea, ofreciendo las garantías apropiadas de independencia y eficacia;

146.  Destaca que la corrupción constituye una vulneración grave de los derechos fundamentales; pide a los Estados miembros y a las instituciones que desarrollen instrumentos eficaces para luchar contra la corrupción y que controlen periódicamente el uso de los fondos públicos, tanto nacionales como europeos; destaca que el refuerzo de la transparencia y un mayor acceso a los documentos públicos por parte de los ciudadanos y los periodistas son una forma eficaz de revelar la corrupción y luchar contra ella;

147.  Insta a la Comisión Europea a que adopte una estrategia de lucha contra la corrupción dotada de instrumentos eficaces; pide a todos los Estados miembros y a la UE que se adhieran a la Alianza para el Gobierno Abierto y que desarrollen estrategias concretas para promover la transparencia, capacitar a los ciudadanos y luchar contra la corrupción; pide a los Estados miembros que sigan las recomendaciones del informe de la Comisión Europea sobre la lucha contra la corrupción y la Resolución del Parlamento, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo(34), y que refuercen la cooperación policial y judicial en la lucha contra la corrupción;

148.  Insta a los Estados miembros a que intensifiquen su lucha contra todos los tipos de delincuencia grave organizada, incluidos el tráfico de seres humanos, los abusos y la explotación sexuales, la tortura y los trabajos forzados, en particular cuando impliquen a mujeres y niños;

149.  Pide a la Comisión que contemple la tipificación de los delitos contra el medio ambiente cometidos por individuos o grupos delictivos organizados que afecten a los derechos de los seres humanos —el derecho a la salud, a la vida y al disfrute de un entorno ambiental sano—, así como a la economía y al uso de los recursos públicos; insta a la Comisión a que examine la aplicación efectiva en la UE del derecho de acceso a la justicia en el marco del derecho de todas las personas de las generaciones presentes y futuras a vivir en un entorno ambiental propicio para su salud y su bienestar;

150.  Propone la adopción de un código europeo de prevención de la corrupción y de un sistema de indicadores transparente sobre la penetración de la corrupción en los Estados miembros y los progresos alcanzados para erradicarla, así como la elaboración de un informe anual comparativo sobre la amplitud de este grave problema a nivel europeo;

151.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan fin a la competencia fiscal y luchen efectivamente contra las prácticas fiscales perniciosas y la evasión y la elusión fiscales en la UE, que merman la capacidad de los Estados miembros para aprovechar al máximo los recursos de que disponen para hacer plenamente efectivos los derechos económicos, sociales y culturales;

152.  Condena el fenómeno creciente de la trata de seres humanos, particularmente para fines de explotación sexual, y pide a la UE y a sus Estados miembros que, de conformidad con la Directiva de la UE, adopten medidas dirigidas a luchar contra la demanda de explotación que favorece todos los tipos de trata;

Condiciones de detención en las cárceles y en otras instituciones de privación de libertad

153.  Recuerda que las autoridades nacionales deben garantizar los derechos fundamentales de los presos; lamenta las condiciones de detención en las cárceles y en otras instituciones de numerosos Estados miembros, entre las que figuran la superpoblación carcelaria y los malos tratos a los presos; considera esencial la adopción por la UE de un instrumento que garantice la aplicación de las recomendaciones del Comité europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (CPT) y de las sentencias del TEDH;

154.  Recuerda que el recurso excesivo a medidas de reclusión conduce a la superpoblación carcelaria en toda Europa, lo cual vulnera los derechos fundamentales de las personas y socava la confianza mutua necesaria para sustentar la cooperación judicial en Europa; reitera que los Estados miembros deben cumplir los compromisos asumidos en los foros internacionales y europeos en el sentido de recurrir con mayor frecuencia a medidas de libertad vigilada y a sanciones que constituyan una alternativa al encarcelamiento, y de convertir la reinserción social en el objetivo último de un período detención; pide, por tanto, a los Estados miembros que se doten de estrategias encaminadas a fomentar la formación y el empleo de las personas durante el período detención;

155.  Reitera las recomendaciones a la Comisión contenidas en su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre la revisión de la orden de detención europea(35), especialmente en lo que se refiere a la introducción en la orden de detención europea de una prueba de la proporcionalidad y una excepción relativa a los derechos fundamentales o, en términos más generales, medidas de reconocimiento mutuo;

156.  Lamenta que las tres decisiones marco relativas al traslado de presos, a la libertad condicional y sanciones alternativas y a la orden europea de vigilancia, que abrigan un gran potencial para reducir la superpoblación carcelaria, solo hayan sido aplicadas por algunos Estados miembros;

157.  Pide a la Comisión que evalúe las consecuencias de las políticas de detención y los sistemas de justicia penal para los niños; señala que los derechos del niño se ven directamente afectados en toda la UE en el caso de los menores que viven en centros de detención con sus padres; destaca que, según los cálculos, unos 800 000 niños son separados cada año en la UE de uno de sus progenitores por estar encarcelado, lo que repercute en los derechos de los niños de múltiples formas;

Justicia

158.  Señala que el desarrollo de un espacio europeo de justicia basado en el reconocimiento mutuo y en las garantías jurídicas, de tal forma que armonice los diferentes sistemas judiciales de los Estados miembros, especialmente en materia penal, debería seguir siendo una de las principales prioridades de las instituciones europeas para la Agenda de justicia de la UE para 2020; considera que la aplicación efectiva de la Carta y del Derecho derivado de la UE en el ámbito de los derechos fundamentales es un elemento esencial para que los ciudadanos confíen en el correcto funcionamiento del espacio europeo de justicia;

159.  Señala que el derecho de acceso a la justicia y a tribunales independientes e imparciales es un elemento indispensable para la protección de los derechos fundamentales —que solo pueden hacerse efectivos si son justiciables—, la democracia y el Estado de Derecho; reitera la importancia que reviste asegurar la eficacia del sistema judicial, tanto en lo civil como en lo penal, así como garantizar la independencia de dicho sistema;

160.  Acoge con satisfacción el Portal Europeo de «e-Justicia», gestionado por la Comisión, que ofrece a los profesionales y al público en general información sobre los sistemas judiciales y es un instrumento práctico para mejorar el acceso a la justicia, con una sección especializada en los derechos fundamentales cuyo objetivo es informar a los ciudadanos sobre las vías de recurso en caso de vulneración de sus derechos fundamentales;

161.  Acoge con satisfacción las medidas adoptadas a escala europea con miras a armonizar las salvaguardias en los procedimientos penales entre los Estados miembros y celebra los beneficios que reportarán a los ciudadanos; reitera la importancia que reviste la adopción de disposiciones legislativas de la UE sobre derechos procesales en consonancia con los niveles más elevados de protección consagrados en la Carta, los tratados internacionales sobre derechos humanos y el Derecho constitucional de los Estados miembros;

162.  Lamenta la falta de acceso a asistencia letrada en muchos Estados miembros y que esta situación afecte al derecho de acceso a la justicia por parte de quienes carecen de recursos económicos suficientes; considera fundamental que la UE adopte una directiva sólida y global sobre la asistencia letrada;

163.  Pide a la UE y a los Estados miembros que adopten medidas de apoyo y protección para los denunciantes de irregularidades;

Ciudadanía

164.  Considera que debe fomentarse una ciudadanía de la UE activa y participativa mediante el acceso a documentos e información, la transparencia, la buena gobernanza y la eficiencia administrativa, la participación y la representación democráticas, así como la toma de decisiones lo más próxima posible a los ciudadanos de la Unión; insiste en la necesidad de garantizar la participación plena de la sociedad civil en la toma de decisiones a escala europea garantizada por el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea, al tiempo que destaca la importancia que revisten los principios de transparencia y diálogo; señala que el derecho de los ciudadanos a acceder a documentos custodiados por las instituciones públicas les capacita y les permite controlar y evaluar la actuación de las autoridades públicas, así como reclamar una rendición de cuentas; lamenta, en este mismo contexto, el bloqueo de la revisión del Reglamento (CE) n° 1049/2001, y reitera su petición a la Comisión y al Consejo para que reanuden sus trabajos teniendo en cuenta las propuestas del Parlamento;

165.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que se realicen campañas de información sobre la ciudadanía europea y los derechos que esta conlleva, esto es, los derechos a la protección diplomática y consular, el derecho de petición, el derecho a presentar denuncias ante el Defensor del Pueblo Europeo, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones europeas y el derecho a presentar iniciativas ciudadanas;

166.  Celebra el papel que desempeña el Defensor del Pueblo Europeo en su voluntad de garantizar una buena administración y la transparencia de las instituciones y los órganos de la Unión;

167.  Condena que más de 15 millones de ciudadanos de Estados terceros y 500 000 apátridas sean víctimas de la negativa discriminatoria a reconocer su ciudadanía; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que respeten el derecho fundamental a la ciudadanía, y pide en particular a los Estados miembros que ratifiquen y apliquen plenamente la Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia, así como el Convenio Europeo sobre la Nacionalidad de 1997;

168.  Recuerda que informar a los ciudadanos sobre sus derechos fundamentales es una parte integrante del derecho a una buena gobernanza establecido en la Carta; pide a los Estados miembros que presten una atención especial a las personas más desfavorecidas para que se les expliquen sus derechos y se les preste apoyo para que dichos derechos sean respetados;

169.  Pide a la Comisión que tome la iniciativa en la consolidación del derecho a una buena administración, convirtiendo el Código de buena conducta administrativa de la UE en un acto jurídicamente vinculante;

170.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen por medio de sus políticas que los derechos fundamentales son respetados, garantizados, protegidos y desarrollados adecuadamente en la UE; pide a los Estados miembros que renueven sus esfuerzos por reconocer el derecho de petición y el derecho de recurso al Defensor del Pueblo como instrumentos para defender los derechos de la ciudadanía;

171.  Expresa su preocupación, basada en cientos de peticiones recibidas cada año, por las deficiencias en la actual aplicación en los Estados miembros, tanto en la letra como en el espíritu, de las disposiciones de la legislación ambiental de la UE, como la Directiva relativa a la evaluación del impacto ambiental y la Directiva sobre la evaluación ambiental estratégica; pide a la Comisión que lleve a cabo una supervisión más detallada del contenido de dichos procedimientos, en particular cuando las peticiones se refieran a casos específicos;

172.  Reitera la importancia de la iniciativa ciudadana europea (ICE) como nuevo derecho de los ciudadanos introducido por el Tratado de Lisboa con el objetivo de incrementar la democracia participativa en la UE; señala la importancia de la ICE como un poderoso instrumento para ofrecer a los ciudadanos europeos un derecho democrático directo a contribuir al proceso de adopción de decisiones de la UE, que se suma al derecho de los ciudadanos europeos a presentar peticiones al Parlamento Europeo y a recurrir ante el Defensor del Pueblo Europeo;

173.  Pide a la Comisión Europea que refuerce el papel de las ICE adoptando un enfoque favorable a los ciudadanos para hacer frente a todas las deficiencias de este instrumento en la próxima revisión del Reglamento (UE) nº 211/2011, mejorando al mismo tiempo las campañas de información a los ciudadanos sobre el uso de las ICE y sus vías para influir en el proceso de elaboración de políticas de la Unión;

Víctimas de delitos

174.  Considera que debe concederse un carácter prioritario a la protección de las víctimas de delitos; pide a los Estados miembros que apliquen correctamente y sin demora la Directiva de la UE sobre las víctimas (2012/29/UE), con el fin de cumplir el plazo de transposición de 16 de noviembre de 2015, y a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen, de conformidad con su artículo 28, la recopilación de datos comparables sobre su transposición, en particular en lo que se refiere a la forma en que las víctimas —incluidas las víctimas de delitos por motivos de discriminación— han accedido al ejercicio de sus derechos; considera que queda todavía mucho por hacer para prestar apoyo a las víctimas de delitos, facilitándoles información sobre sus derechos y garantizando el funcionamiento de sistemas efectivos de reorientación y la formación de agentes de policía y profesionales de la justicia para establecer una relación de confianza con las víctimas, como pone de manifiesto el estudio de la FRA sobre el apoyo a las víctimas; celebra la adopción en 2013 del Reglamento relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil​;

175.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que garanticen la máxima calidad en la recopilación de datos comparables sobre la transposición de la Directiva de la UE sobre las víctimas (2012/29/UE) y sobre el modo en que las víctimas, incluidas las víctimas de delitos motivados por prejuicios o discriminación, han accedido al ejercicio de sus derechos tal como establece el artículo 28 de la Directiva;

176.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que, al diseñar sus políticas, tengan en cuenta la evolución y los cambios demográficos por lo que respecta a la dimensión y la composición de los hogares; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que sus políticas sociales y de empleo no discriminen por razón de la dimensión y la composición de los hogares;

177.  Señala el vacío legal en relación con el acceso de los ciudadanos a la justicia cuando los Estados miembros no transponen la legislación de la UE que les afecta directamente, o lo hacen con retraso; destaca la necesidad de coordinar las acciones a todos los niveles para proteger y promover los derechos fundamentales, de forma que se incluya a todas las instituciones de la UE, los Estados miembros, las entidades regionales y locales, las ONG y la sociedad civil;

178.  Destaca la necesidad de reforzar la transparencia, la responsabilidad democrática y la transparencia en la UE, e insta a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a que:

   intensifiquen sus esfuerzos con miras a una revisión sin demora del Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión a fin de garantizar la máxima transparencia y procedimientos simplificados para el acceso del público a la información y los documentos; pide a la Comisión, en este mismo contexto, que retome la iniciativa legislativa de una ley de accesibilidad, en forma de un instrumento transversal mediante el cual se pueda mejorar la protección de las personas con discapacidad y garantizar que todas las políticas que son competencia de la UE sean coherentes a este respecto;
   propongan, dentro de esta legislatura, una revisión del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea (Reglamento (UE) nº 211/2011) con el fin de mejorar su funcionamiento, introduciendo modificaciones dirigidas a suprimir los obstáculos administrativos, organizativos y financieros debido a los cuales no todos los ciudadanos europeos pueden ejercer de forma apropiada su influencia democrática por medio de la iniciativa ciudadana europea prevista en los Tratados; insta a la Comisión, asimismo, a incluir en su propuesta las disposiciones necesarias para evitar que se impida a determinados grupos de ciudadanos, como las personas ciegas o quienes residen en el extranjero, ejercer su derecho a apoyar las iniciativas ciudadanas, dado que esta exclusión limita la igualdad entre los ciudadanos;
   propongan una revisión de la Directiva 93/109/CE por la que se establecen las modalidades del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo para los ciudadanos de la Unión que residen en un Estado miembro del que no son nacionales, a fin de contribuir a que los ciudadanos de la UE que residen en un Estado miembro distinto del suyo participen en las elecciones europeas en su país de residencia; pide a los Estados miembros que permitan a todos sus ciudadanos votar en las elecciones europeas, incluso a quienes residen fuera de la UE, en particular mediante una campaña de información realizada con la antelación oportuna;
   presten la debida atención al segmento creciente de la población que está completamente privado de sus derechos en las elecciones nacionales porque no pueden votar ni en su país de origen ni en su país de residencia;

o
o   o

179.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0126.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0105.
(3) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22
(4) DO C 378 de 24.12.2013, p. 1.
(5) Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, Directiva 2013/48/UE, de 22 de octubre de 2013.
(6) DO L 328 de 6.12.2008, p. 55.
(7) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(8) DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
(9) DO L 373 de 21.12.2004, p. 37.
(10) DO L 101 de 15.4.2011, p. 1.
(11) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(12) DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.
(13) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
(14) DO L 59 de 2.3.2013, p. 5.
(15) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0594.
(16) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0062.
(17) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 101.
(18) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0387.
(19) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0173.
(20) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0105.
(21) DO C 124 E de 25.5.2006, p. 405.
(22) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0070.
(23) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0322.
(24) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0230.
(25) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0031.
(26) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0350.
(27) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0058.
(28) DO C 353 E de 3.12.2013, p. 1.
(29) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0418.
(30) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0203.
(31) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0315.
(32) Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), apartados 7.2 y 7.3.
(33) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0070.
(34) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0444.
(35) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0174.


Audiencias de los comisarios - lecciones del procedimiento de 2014
PDF 352kWORD 71k
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre los procedimientos y las prácticas relativos a las audiencias de los comisarios: lecciones del procedimiento de 2014 (2015/2040(INI))
P8_TA(2015)0287A8-0197/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 17, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 246 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista su Resolución, de 1 de diciembre de 2005, sobre el procedimiento de aprobación de la Comisión por el Parlamento Europeo(1),

–  Vista su Decisión, de 20 de octubre de 2010, sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea(2),

–  Vista su Decisión, de 14 de septiembre de 2011, sobre la modificación de los artículos 106 y 192, y del Anexo XVII del Reglamento del Parlamento Europeo(3),

–  Visto el Código de conducta de los comisarios europeos, y en particular sus puntos 1.3 a 1.6,

–  Vistos los artículos 52 y 118 y el anexo XVI de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0197/2015),

Considerando que:

A.  las audiencias de los comisarios propuestos, celebradas por primera vez en 1994, son ahora ya una práctica asentada que refuerza la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión y las acerca a los ciudadanos europeos;

B.  las audiencias son indispensables para que el Parlamento pueda juzgar a la Comisión con conocimiento de causa cuando celebra el voto de confianza que permite a la Comisión asumir sus funciones;

C.  el procedimiento de audiencias brinda al Parlamento y a los ciudadanos de la UE la oportunidad de descubrir y evaluar la personalidad de los candidatos, sus cualificaciones, preparación y prioridades, y sus conocimientos acerca de la cartera para la que se les designa;

D.  el procedimiento de audiencias aumenta la transparencia y consolida la legitimidad democrática de la Comisión en general;

E.  la igualdad entre mujeres y hombres debe garantizarse en todos los ámbitos, incluido el del empleo; este requisito ha de reflejarse en la composición de la Comisión Europea; pese a las solicitudes formuladas reiteradamente por Jean-Claude Juncker en 2014, los Gobiernos propusieron un número mucho mayor de candidatos que de candidatas; las mujeres propuestas procedían fundamentalmente de los Estados miembros con menos población y los Estados miembros más grandes ignoraron en gran medida este requisito; la única solución justa consiste en pedir a cada uno de los Estados miembros que proponga dos candidatos, un hombre y una mujer, de manera que el Presidente propuesto pueda proponer un Colegio de alta calidad con igual número de hombres y de mujeres;

F.  el procedimiento de audiencias, aunque ha demostrado su efectividad, siempre puede mejorarse, en particular, haciendo menos rígidos y más dinámicos los intercambios entre el comisario y los miembros de la comisión encargada de la organización de la audiencia;

G.  la audiencia del comisario propuesto para vicepresidente Frans Timmermans puso de manifiesto la necesidad de adaptar los procedimientos del Parlamento en caso de que las futuras Comisiones otorguen un estatus especial a una o más vicepresidencias;

H.  en el artículo 3, apartado 3, del TUE se afirma que «la Unión [...] fomentará [...] la igualdad entre mujeres y hombres», y en el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se afirma que «la igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución»;

1.  Considera que las audiencias públicas de los comisarios propuestos brindan al Parlamento Europeo y a los ciudadanos de la UE una valiosa oportunidad para evaluar las prioridades de cada uno de los candidatos así como su idoneidad profesional para el puesto;

2.  Considera que sería útil fijar un plazo en el que todos los Estados miembros deban presentar sus candidatos para que el Presidente electo de la Comisión tenga tiempo suficiente para la atribución de las carteras teniendo en cuenta el historial y la experiencia laboral del candidato, y para que el Parlamento celebre sus audiencias y lleve a cabo sus evaluaciones, y pide a su Presidente que entable negociaciones con las demás instituciones para alcanzar este objetivo;

3.  Considera asimismo que cada Estado miembro debe, de ahora en adelante, presentar al menos dos candidatos —un hombre y una mujer, en pie de igualdad— a la consideración del Presidente electo de la Comisión; estima importante que la Unión también cumpla, en sus propias instituciones, con los objetivos de igualdad de género que ha establecido;

4.  Considera que debe mejorarse el control de las declaraciones de intereses económicos de los comisarios propuestos que lleva a cabo la Comisión de Asuntos Jurídicos; estima que, a tal fin, las declaraciones de intereses económicos deben incluir los intereses familiares que se prevén en el punto 1.6 del Código de conducta de los comisarios; opina que la confirmación por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la inexistencia de conflictos de intereses, basándose en un análisis sustancial de las declaraciones de intereses económicos, es un requisito previo indispensable para que se celebre la audiencia de la comisión competente;

5.  Recuerda que son las comisiones quienes son responsables de la celebración de las audiencias; considera, sin embargo, que, cuando un vicepresidente de la Comisión tenga responsabilidades fundamentalmente horizontales, la audiencia podrá, de manera excepcional, adoptar un formato diferente, como el de una reunión de la Conferencia de Presidentes o de la Conferencia de Presidentes de Comisión, siempre que dicha reunión permita entablar un diálogo e incluya a las respectivas comisiones competentes para el fondo, de manera que estas puedan escuchar al comisario propuesto correspondiente;

6.  Considera que el cuestionario escrito enviado antes de cada audiencia debe constar de siete preguntas en lugar de cinco y no debe incluir varias subpreguntas dentro de cada una de ellas;

7.  Considera preferible formular unas veinticinco preguntas, pero de tal forma que cada interviniente tenga la posibilidad de formular inmediatamente una segunda pregunta relacionada, a fin de reforzar la eficacia y el carácter inquisitivo de las audiencias;

8.  Considera que establecer un procedimiento de seguimiento de las respuestas facilitadas por los comisarios propuestos durante las audiencias puede contribuir a mejorar el control y a aumentar la responsabilidad de la Comisión en su conjunto; exige, por lo tanto, una revisión periódica de las prioridades mencionadas por los comisarios propuestos tras el inicio de su mandato;

9.  Considera que en la reunión de evaluación de los coordinadores, que se celebra después de las audiencias, deben seguirse las siguientes orientaciones:

   si los coordinadores aprueban por unanimidad al candidato: carta de aprobación;
   si los coordinadores rechazan por unanimidad al candidato: carta de rechazo;
   si los coordinadores aprueban al candidato con una clara mayoría: carta en la que se comunique la aprobación por una amplia mayoría (las minorías podrán solicitar que se mencione que su Grupo no comparte la opinión de la mayoría);
   si no hay una mayoría clara, o si hay una mayoría (pero no consenso) opuesta al candidato, y si los coordinadores lo consideran necesario:
   en primer lugar, se solicitará más información mediante preguntas escritas adicionales;
   si todavía no se alcanza un resultado satisfactorio: solicitud de una nueva audiencia de una hora y media de duración, con la aprobación de la Conferencia de Presidentes;
   si todavía no se alcanza un consenso o una mayoría abrumadora de los coordinadores: votación en comisión;
   en este contexto, se considerará que se ha alcanzado una clara mayoría cuando los coordinadores representen al menos dos tercios de los miembros de la comisión;

10.  Señala que las audiencias de 2014 generaron más interés público y de los medios que las audiencias anteriores, en parte como consecuencia de la evolución de las redes sociales; considera que es probable que el impacto y la influencia de las redes sociales aumenten en el futuro; considera que debe preverse el uso de los medios y redes sociales para incluir de manera más eficaz a los ciudadanos de la UE en el proceso de las audiencias;

11.  Considera que:

   debe crearse una sección específica en el sitio web del Parlamento en la que, con antelación a las audiencias públicas, se publiquen, en todas las lenguas oficiales de la Unión, los currículos de los comisarios propuestos y sus respuestas a los cuestionarios escritos;
   debe preverse un lugar concreto y visible en el sitio web del Parlamento en el que se publiquen las evaluaciones en un plazo de veinticuatro horas;
   debe modificarse la normativa de tal forma que haga referencia al plazo de veinticuatro horas después de la evaluación, dado que algunas evaluaciones solo se completan al término de otros procedimientos adicionales;

12.  Considera que las cuestiones horizontales relativas a la composición, la estructura y los métodos de trabajo de la Comisión en su conjunto, que no puede abordar adecuadamente un solo comisario propuesto, competen al Presidente electo de la Comisión; considera que esas cuestiones deben abordarse en reuniones entre el Presidente electo y la Conferencia de Presidentes (una antes de que comience el procedimiento de audiencias y otra cuando haya terminado);

13.  Considera que el examen de las declaraciones de intereses de los comisarios deben seguir siendo competencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos; considera, sin embargo, que el alcance actual de las declaraciones de intereses de los comisarios es excesivamente limitado, y pide a la Comisión que revise sus normas al respecto tan pronto como sea posible; considera, por lo tanto, importante que la Comisión de Asuntos Jurídicos establezca algunas pautas en los próximos meses, en forma de recomendación o informe de propia iniciativa, con el fin de facilitar el proceso de reforma de los procedimientos relativos a las declaraciones de intereses de los comisarios; considera que las declaraciones de intereses y de intereses económicos de los comisarios también deben abarcar a los miembros de la familia que viven con ellos como parte de la misma unidad familiar;

14.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 285 E de 22.11.2006, p. 137.
(2) DO C 70 E de 8.3.2012, p. 98.
(3) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 152.


Derechos humanos y tecnología en terceros países
PDF 221kWORD 111k
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre «Derechos humanos y tecnología: el impacto de los sistemas de intrusión y vigilancia en los derechos humanos en terceros países» (2014/2232(INI))
P8_TA(2015)0288A8-0178/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular su artículo 19,

–  Visto el Marco estratégico sobre derechos humanos y democracia de la Unión Europea, adoptado por el Consejo el 25 de junio de 2012(1),

–  Vistas las orientaciones en materia de derechos humanos de la UE sobre la libertad de expresión en línea o no, adoptadas por el Consejo de Asuntos Exteriores el 12 de mayo de 2014(2),

–  Vista la Guía sobre la aplicación en el sector de las TIC de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, publicada por la Comisión en junio de 2013,

–  Vistos el informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de 15 de diciembre de 2011, titulado «La libertad de expresión en Internet»(3) y el informe periódico del Representante Especial de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación al Consejo Permanente de la OSCE de 27 de noviembre de 2014(4),

–  Visto el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, de 23 de septiembre de 2014 (A/69/397)(5),

–  Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 30 de junio de 2014 titulado «El derecho a la privacidad en la era digital»(6),

–  Visto el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas, de 17 de abril de 2013, sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión (A/HRC/23/40), en el que se analizan las consecuencias de la vigilancia de las comunicaciones por los Estados en el ejercicio de los derechos humanos a la intimidad y a la libertad de opinión y expresión,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 26 de enero de 2015, sobre vigilancia masiva(7),

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior(8),

–  Visto el informe del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, de 21 de marzo de 2011, titulado «Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”»(9),

–  Vistos las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales(10) y el informe anual de 2014 sobre las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales(11),

–  Visto el Informe anual de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet de 2013(12),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 12 de febrero de 2014, titulada «La política y la gobernanza de Internet - El papel de Europa en la configuración de la gobernanza de Internet»(13),

–  Vista la Declaración multisectorial de NETmundial, adoptada el 24 de abril de 2014(14),

–  Visto el resumen de la Presidencia del noveno Foro para la Gobernanza de Internet, celebrado en Estambul del 2 al 5 de septiembre de 2014,

–  Vistas las medidas restrictivas en vigor de la Unión Europea, que en algunos casos comprenden embargos de equipos de telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y herramientas de seguimiento,

–  Visto el Reglamento (UE) n° 599/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, que modifica el Reglamento (CE) nº 428/2009 del Consejo por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso(15),

–  Vista la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la revisión del sistema de control de las exportaciones de doble uso, de 16 de abril de 2014(16),

–  Vistas las decisiones adoptadas en la 19ª Sesión Plenaria del Arreglo de Wassenaar sobre control de exportaciones de armas convencionales y bienes y tecnología de doble uso, celebrada en Viena los días 3 y 4 de diciembre de 2013,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2014, titulada «Revisión de la política de control de las exportaciones: garantizar la seguridad y la competitividad en un mundo cambiante»(17),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 21 de noviembre de 2014 sobre la revisión de la política de control de las exportaciones,

–  Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2012, sobre una Estrategia de libertad digital en la política exterior de la UE(18),

–  Vista su Resolución, de 13 de junio de 2013, sobre la libertad de prensa y de los medios de comunicación en el mundo(19),

–  Vistas sus Resoluciones sobre casos urgentes de violaciones de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, en las que se expresa la preocupación por las libertades digitales,

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre las prioridades de la UE para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2015(20),

–  Vista su Resolución, de 11 de febrero de 2015, sobre la renovación del mandato del Foro para la Gobernanza de Internet,(21)

–  Vista su Resolución de 12 de marzo de 2015 sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto(22),

–  Vista la declaración por escrito de Edward Snowden dirigida a la Comisión LIBE, de marzo de 2014(23),

–  Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las negociaciones en curso sobre la adhesión de la UE a este,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0178/2015),

A.  Considerando que los avances tecnológicos y el acceso no censurado a Internet desempeñan un papel cada vez más importante a la hora de permitir y garantizar la aplicación y el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y han tenido un efecto positivo, al ampliar el ámbito de la libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho a la privacidad y la libertad de reunión y asociación en todo el mundo;

B.  Considerando que los sistemas tecnológicos se pueden utilizar indebidamente como instrumentos para la vulneración de los derechos humanos, a través de la censura, la vigilancia, el acceso no autorizado a dispositivos, la interferencia intencionada, y el seguimiento y rastreo de la información y los ciudadanos;

C.  Considerando que tales actividades las llevan a cabo agentes públicos y privados, incluidos gobiernos, fuerzas y cuerpos de seguridad, así como organizaciones delictivas y redes terroristas con el fin de vulnerar los derechos humanos;

D.  Considerando que el contexto en el que se diseñan y utilizan las TIC determina, en gran medida, el efecto que pueden ejercer como factor de impulso —o conculcación— de los derechos humanos; que la tecnología de la información, sobre todo el software, no suele ser de uso único, sino de doble uso, por lo que se refiere al potencial de vulneración de los derechos humanos, mientras que el software constituye asimismo una forma de expresión;

E.  Considerando que las TIC han sido instrumentos fundamentales a la hora de ayudar a las personas en la organización de movimientos sociales y protestas en diversos países, sobre todo en aquellos con regímenes autoritarios;

F.  Considerando que la evaluación de las implicaciones para los derechos humanos del contexto en que se utilicen las tecnologías queda determinada por la rigurosidad con que los marcos jurídicos nacionales y regionales regulan la utilización de las tecnologías y la capacidad de los entes políticos y judiciales para supervisar dicha utilización;

G.  Considerando que, en el ámbito digital, los agentes privados desempeñan un papel cada vez más significativo en todas las esferas de las actividades sociales, pero aún no se han tomado medidas de salvaguardia que les impidan imponer restricciones excesivas a los derechos y libertades fundamentales; que, en consecuencia, los agentes privados desempeñan un papel más activo en la evaluación de la legalidad del contenido y en el desarrollo de sistemas de ciberseguridad y de vigilancia, que pueden menoscabar los derechos humanos a escala mundial;

H.  Considerando que Internet representa una revolución en las posibilidades que ofrece en materia de intercambio de datos, informaciones y conocimientos de todo tipo;

I.  Considerando que el cifrado es un importante método que ayuda a dotar de seguridad a las comunicaciones y a las personas que las utilizan;

J.  Considerando que la gobernanza de Internet se ha beneficiado de un modelo de toma de decisiones de múltiples interlocutores, un proceso que garantiza la participación significativa, incluyente y responsable de todas las partes interesadas, incluidos los gobiernos, la sociedad civil, las comunidades técnicas y académicas, el sector privado y los usuarios;

K.  Considerando que las agencias de inteligencia han socavado de forma sistemática los protocolos y productos de cifrado para poder interceptar comunicaciones y datos; que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos ha recopilado cantidades ingentes de los llamados «ataques de día cero», esto es, vulnerabilidades de seguridad informática todavía desconocidas para el público o el vendedor del producto, que tales actividades socavan los esfuerzos mundiales para mejorar la seguridad informática;

L.  Considerando que servicios de inteligencia con sede en la UE han realizado actividades que vulneran los derechos humanos;

M.  Considerando que, habida cuenta de los rápidos avances tecnológicos que se están produciendo, los controles y garantías judiciales y democráticos están poco desarrollados;

N.  Considerando que la (ciber)seguridad y las medidas de lucha contra el terrorismo en las que intervienen las TIC, así como la vigilancia de Internet, pueden menoscabar de manera significativa los derechos humanos y libertades fundamentales de personas de todo el mundo, incluidos los ciudadanos de la UE cuando residen o viajan fuera de su país, sobre todo en ausencia de un fundamento jurídico basado en los principios de necesidad, proporcionalidad y una supervisión democrática y judicial;

O.  Considerando que los filtros de Internet y la vigilancia de las comunicaciones socavan la capacidad de los defensores de los derechos humanos de sacar partido de Internet y comunicar información delicada, y que contravienen varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) que garantizan los derechos de cada persona a la intimidad y a la libertad de expresión;

P.  Considerando que tanto la seguridad digital como la libertad digital son elementos esenciales y no pueden sustituirse entre sí, sino que han de reforzarse mutuamente;

Q.  Considerando que, por lo que se refiere a las libertades digitales, la Unión Europea solo podrá predicar con el ejemplo cuando estas libertades se encuentren salvaguardadas en la propia UE; que resulta fundamental, por tanto, la adopción del paquete de medidas de la UE sobre protección de datos;

R.  Considerando que están en juego amplios intereses de la sociedad, como la protección de los derechos fundamentales, que no deben dejarse exclusivamente en manos del mercado, sino que requieren una regulación;

S.  Considerando que el respeto de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho y el control parlamentario efectivo de los servicios de inteligencia que utilizan tecnología de vigilancia digital constituyen importantes elementos de cooperación internacional;

T.  Considerando que las empresas con sede en la UE cuentan con una importante participación en el mercado mundial de las TIC, sobre todo en lo que respecta a la exportación de tecnología de vigilancia, rastreo, intrusión y seguimiento;

U.  Considerando que la introducción de controles de las exportaciones no debería socavar la investigación legítima de cuestiones de seguridad informática ni el desarrollo sin dolo de herramientas de seguridad informática;

1.  Es consciente de que los derechos humanos y las libertades fundamentales son universales y deben defenderse en todo el mundo y en todos sus ámbitos de expresión; hace hincapié en que la vigilancia de las comunicaciones afecta, como tal, a los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión, a menos que se lleve a cabo dentro de un marco jurídico adecuado;

2.  Solicita a la Comisión que garantice la coherencia entre las acciones externas de la UE y sus políticas internas relacionadas con las TIC;

3.  Considera que la complicidad activa de determinados Estados miembros de la UE en la vigilancia masiva de los ciudadanos y el espionaje de los dirigentes políticos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad, tal como reveló Edward Snowden, ha socavado en gran medida la credibilidad de la política de la UE en materia de derechos humanos y ha minado la confianza mundial en las ventajas de las TIC;

4.  Recuerda a los Estados miembros y a las agencias de la UE en cuestión, incluidas Europol y Eurojust, las obligaciones que han contraído en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y a la hora de respetar el Derecho internacional en materia de derechos humanos, así como los objetivos de política exterior de la UE, de no compartir datos de inteligencia que puedan dar lugar a violaciones de los derechos humanos en un tercer país ni utilizar información obtenida mediante violaciones de los derechos humanos, como la vigilancia ilícita, fuera de la UE;

5.  Subraya que la repercusión de las tecnologías en la mejora de los derechos humanos debe incorporarse a todas las políticas y programas de la UE, en su caso, con el fin de fomentar la protección de los derechos humanos y la promoción de la democracia, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, así como la resolución pacífica de conflictos;

6.  Pide el desarrollo activo y la difusión de las tecnologías que contribuyen a la protección de los derechos humanos, y a facilitar los derechos y las libertades digitales de las personas, así como su seguridad, y que fomentan las mejores prácticas y marcos legislativos adecuados, al tiempo que garantizan la seguridad y la integridad de los datos personales; insta, en particular, a la UE y a sus Estados miembros a que promuevan activamente la utilización global y el desarrollo de normas abiertas y de software y tecnologías de cifrado libres, gratuitos y de fuente abierta;

7.  Pide a la UE que intensifique su apoyo a los agentes que se dedican a reforzar las normas de seguridad y protección de la intimidad en todos los ámbitos de las TIC, incluidas las normas en materia de hardware, software y comunicaciones, así como el desarrollo de hardware y software en marcos de protección de la intimidad desde el diseño;

8.  Hace un llamamiento a favor de la creación de un fondo de derechos humanos y tecnología en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos;

9.  Insta a la propia UE y, en particular al SEAE, a que cifren sus comunicaciones con los defensores de los derechos humanos a fin de evitar comprometer la seguridad de estas personas y de proteger sus propias comunicaciones con terceros de la vigilancia;

10.  Pide a la UE que utilice software libre, gratuito y de fuente abierta y que aliente a los demás agentes a hacer lo mismo, ya que este tipo de software permite una mayor seguridad y un mayor respeto de los derechos humanos;

11.  Atrae la atención sobre la importancia de desarrollar las TIC en las zonas conflictivas para promover actividades de consolidación de la paz con objeto de facilitar una comunicación segura entre las partes intervinientes en la resolución pacífica de conflictos;

12.  Pide que se apliquen los requisitos, valores de referencia y procedimientos de presentación de informes oportunos para garantizar que el apoyo técnico y financiero de la UE al desarrollo de nuevas tecnologías en terceros países no se utilice en perjuicio de los derechos humanos;

13.  Pide a la Comisión y al Consejo que se comprometan activamente con gobiernos de terceros países y que, con los mecanismos de apoyo y los instrumentos de política europeos, sigan apoyando, formando y habilitando a los defensores de los derechos humanos, a los activistas de la sociedad civil y a los periodistas independientes que utilizan las TIC en sus actividades de forma segura, y que promuevan los derechos fundamentales a la intimidad relacionados, como el acceso ilimitado a los flujos de información en Internet, el derecho a la intimidad y la protección de datos, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de prensa y de publicación en Internet;

14.  Atrae la atención sobre la difícil situación de los denunciantes y sus partidarios, incluidos los periodistas, a raíz de las revelaciones de prácticas abusivas de vigilancia en terceros países; considera que estas personas deben ser consideradas defensoras de los derechos humanos y que, como tales, merecen la protección de la UE con arreglo a lo dispuesto en las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos; reitera su petición a la Comisión y a los Estados miembros de que estudien detenidamente la posibilidad de conceder a los denunciantes protección internacional contra el enjuiciamiento;

15.  Lamenta que las medidas de seguridad, incluidas las medidas antiterroristas, se utilicen cada vez más como pretextos para la conculcación del derecho a la intimidad y para reprimir las actividades legítimas de los defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas políticos; reitera su firme convicción de que la seguridad nacional nunca puede constituir una justificación para llevar a cabo programas de vigilancia masiva, no selectivos o secretos; insiste en que dichas medidas deben aplicarse en estricta conformidad con el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluido el derecho a la intimidad y a la protección de datos;

16.  Pide al SEAE y a la Comisión que promuevan el control democrático de los servicios de seguridad e inteligencia en su diálogo político con terceros países, así como en sus programas de cooperación al desarrollo; insta a la Comisión a que apoye a las organizaciones de la sociedad civil y los órganos legislativos de terceros países que aspiran a reforzar el control, la transparencia y la rendición de cuentas de los servicios de seguridad nacionales; solicita la inclusión de compromisos específicos a este respecto en el futuro Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia;

17.  Insta al Consejo y a la Comisión a que fomenten las libertades digitales y el acceso no restringido a Internet en todas las formas de contacto con terceros países, incluidas las negociaciones de adhesión, las negociaciones comerciales, los diálogos sobre derechos humanos y los contactos diplomáticos;

18.  Reconoce que Internet se ha convertido en un espacio público y en un mercado para el cual es indispensable que la circulación de la información y el acceso a las TIC sean libres; hace hincapié, por tanto, en la necesidad de promover y proteger al mismo tiempo la libertad digital y el libre comercio;

19.  Pide la inclusión de cláusulas en todos los acuerdos con terceros países en las que se aluda explícitamente a la necesidad de promover, garantizar y respetar las libertades digitales, la neutralidad de la red, el acceso no censurado y no restringido a Internet, los derechos a la intimidad y la protección de datos;

20.  Insta a la UE a que luche contra la penalización del uso de herramientas de cifrado, evasión de la censura y protección de la intimidad por parte de los defensores de los derechos humanos, negándose a limitar el uso del cifrado dentro de la UE y a que se oponga a los gobiernos de terceros países que imputen a los defensores de los derechos humanos por dichos motivos;

21.  Insta a la UE a que luche contra la penalización del uso de herramientas de cifrado, evasión de la censura y protección de la intimidad, negándose a limitar el uso del cifrado dentro de la UE y oponiéndose a los gobiernos de terceros países que penalicen dichas herramientas;

22.  Hace hincapié en que la efectividad de la política de la UE en materia de desarrollo y de derechos humanos exigirá la integración generalizada de la consideración de las TIC y la reducción de la brecha digital, proporcionando infraestructuras tecnológicas básicas, facilitando el acceso al conocimiento y a la información para promover las competencias digitales y promoviendo la utilización de normas abiertas en los documentos y el uso de software gratuito y de fuente abierta, en su caso, para garantizar la apertura y la transparencia (sobre todo por parte de los organismos públicos) —incluida la garantía de la protección de datos en el ámbito digital en todo el mundo—, así como una mejor comprensión de los riesgos y beneficios potenciales de las TIC;

23.  Pide a la Comisión que apoye la supresión de las barreras digitales para las personas con discapacidad; considera de enorme importancia que las políticas de la UE en materia de desarrollo y fomento de los derechos humanos en el mundo persigan mitigar la brecha digital para las personas con discapacidad y ofrecer un marco más amplio de derechos, en especial por lo que respecta al acceso al conocimiento, la participación digital y la inclusión en las nuevas oportunidades económicas y sociales que brinda Internet;

24.  Subraya que la recopilación y difusión digital legítima de pruebas de violaciones de los derechos humanos puede contribuir a la lucha contra la impunidad y el terrorismo en todo el mundo; opina que este material debe ser admisible como prueba en casos debidamente justificados en el marco de la legislación (penal) internacional, en los procedimientos judiciales, con arreglo a las garantías internacionales, regionales y constitucionales; recomienda la creación de mecanismos en el ámbito del Derecho penal internacional para establecer procedimientos mediante los cuales obtener y recabar dichos datos para facilitar las pruebas necesarias en los procedimientos judiciales;

25.  Lamenta el hecho de que algunos servicios y tecnologías de la información y la comunicación producidos en la UE se vendan y puedan ser utilizados en terceros países por particulares, empresas y administraciones públicas con la intención específica de conculcar los derechos humanos mediante la censura, la vigilancia masiva, la interferencia intencionada, la intercepción y la vigilancia, y por medio del seguimiento y el rastreo de ciudadanos y de sus actividades en las redes de telefonía (móvil) e Internet; manifiesta su preocupación por que algunas empresas con sede en la UE puedan ofrecer tecnologías y servicios que puedan permitir tales violaciones de los derechos humanos;

26.  Observa que las amenazas para la seguridad de la Unión Europea y sus Estados miembros y terceros países suelen proceder de individuos o grupos reducidos que utilizan redes de comunicación digital para planear y perpetrar ataques, y que los instrumentos y tácticas necesarios para superar tales amenazas han de ser constantemente objeto de revisión y actualización;

27.  Considera que la vigilancia masiva no justificada por el aumento del riesgo de atentados y amenazas terroristas contraviene los principios de necesidad y proporcionalidad y, por tanto, constituye una vulneración de los derechos humanos;

28.  Insta a los Estados miembros a que fomenten un pleno control democrático de las operaciones de los servicios de inteligencia en terceros países y verifiquen la plena conformidad de dichas operaciones con el Estado de Derecho, y a que pidan cuentas a los servicios y particulares de las operaciones efectuadas de forma ilícita;

29.  Anima a los Estados miembros a que, en vista de la mayor cooperación e intercambio de información entre Estados miembros y terceros países, también mediante la utilización de la vigilancia digital, garanticen el control democrático de esos servicios y de sus actividades a través de una adecuada supervisión interna, ejecutiva, judicial y parlamentaria independiente;

30.  Subraya que los principios de la responsabilidad social de las empresas y los criterios de consideración de los derechos humanos en la etapa de diseño, que constituyen soluciones tecnológicas e innovaciones para la protección de tales derechos, deben adoptarse en la legislación de la UE con el fin de garantizar que los proveedores de servicios de Internet, los desarrolladores de software, los productores de equipos informáticos, los servicios y medios de las redes sociales, los operadores de telefonía móvil y otros interlocutores tengan en cuenta los derechos humanos de los usuarios finales a escala mundial;

31.  Insta a la UE a que garantice una mayor transparencia en la relación entre los operadores de telefonía móvil o los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos, y a que exija esta transparencia en sus relaciones con terceros países, requiriendo a los citados operadores y proveedores la publicación de informes anuales detallados sobre transparencia, que incluyan informes sobre las acciones solicitadas por las autoridades, así como sobre los vínculos financieros existentes entre los poderes públicos y los operadores o proveedores interesados;

32.  Recuerda a los agentes empresariales la responsabilidad que tienen de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones mundiales, con independencia de la ubicación de sus usuarios y de si el Estado de acogida cumple sus propias obligaciones en materia de derechos humanos; pide a las empresas de TIC, en particular a las que tienen sede en la UE, que apliquen los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, también mediante la adopción de medidas de diligencia debida y medidas de salvaguardia con respecto a la gestión de riesgos, así como mediante la facilitación de soluciones efectivas cuando sus actividades hayan supuesto un menoscabo de los derechos humanos o contribuido al mismo;

33.  Incide en la necesidad de velar por la aplicación y el seguimiento de la normativa y las sanciones de la UE en lo que atañe a las TIC de forma más eficaz, incluida la utilización de mecanismos de intervención generalizada, con el fin de garantizar que todas las partes, incluidos los Estados miembros, se atengan a la legislación y se preserve la igualdad de condiciones;

34.  Hace hincapié en que el respeto de los derechos fundamentales resulta crucial para el éxito de las políticas antiterroristas, incluida la utilización de tecnologías de vigilancia digital;

35.  Acoge con satisfacción la decisión adoptada en la sesión plenaria del Arreglo de Wassenaar de diciembre de 2013 con respecto a los controles de las exportaciones en los ámbitos de los instrumentos policiales, de vigilancia y de recopilación de información y de los sistemas de vigilancia de red; recuerda la aún muy incompleta naturaleza del régimen de la UE sobre productos de doble uso y, en particular, del Reglamento de la UE a este respecto, en lo concerniente al control eficaz y sistemático de las exportaciones de TIC nocivas a países no democráticos;

36.  Insta a la Comisión, en el contexto de la próxima revisión y renovación de la política sobre productos de doble uso, a que formule a la mayor brevedad una propuesta de políticas inteligentes y eficaces para limitar y regular la exportación comercial de servicios en relación con la instalación y utilización de las denominadas tecnologías de doble uso, abordando las exportaciones potencialmente dañinas de productos y servicios de TIC a terceros países, conforme se convino en la Declaración Común del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de abril de 2014; pide a la Comisión que disponga las garantías pertinentes para evitar que estos controles de las exportaciones redunden en perjuicio de la investigación, incluidas la investigación científica y la investigación de seguridad informática;

37.  Hace hincapié en que la Comisión debe, en breve plazo, ser capaz de proporcionar a las empresas que duden si solicitar una licencia de exportación información actualizada en tiempo real sobre la legalidad o los efectos potencialmente perjudiciales de las posibles transacciones;

38.  Pide a la Comisión que presente propuestas para revisar el modo en que podrían utilizarse las normas de la UE relativas a las TIC con el fin de prevenir los efectos potencialmente dañinos de la exportación de tales tecnologías u otros servicios a terceros países donde conceptos como la «intercepción lícita» no pueden considerarse equivalentes a los de la Unión Europea, o, por ejemplo, que tienen un historial deficiente en materia de derechos humanos o en los que no existe el Estado de Derecho;

39.  Reitera que las normas de la UE, en particular la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben prevalecer a la hora de evaluar los incidentes que impliquen tecnologías de doble uso utilizadas de formas que puedan restringir los derechos humanos;

40.  Aboga por el desarrollo de políticas que regulen las ventas de «ataques de día cero» y vulnerabilidades, al objeto de evitar su utilización en ciberataques o para el acceso no autorizado a dispositivos que dé lugar a violaciones de los derechos humanos, sin que dichas medidas regulatorias repercutan de forma significativa en la investigación académica o en cualquier otro tipo de investigación legítima en materia de seguridad;

41.  Lamenta la cooperación activa de ciertas empresas europeas, y de determinadas empresas internacionales que comercian con tecnologías de doble uso con posibles repercusiones negativas para los derechos humanos y operan en la UE, con regímenes cuyas acciones vulneran los derechos humanos;

42.  Insta a la Comisión a que excluya públicamente a las empresas que realicen tales actividades de los procesos de contratación de la UE, de la financiación a la investigación y el desarrollo y de cualquier otra forma de ayuda económica;

43.  Pide a la Comisión que preste especial atención a los aspectos de los derechos humanos en los procesos de contratación pública de equipos tecnológicos, sobre todo en países cuyas prácticas en dicho ámbito carezcan de fiabilidad;

44.  Pide a la Comisión y al Consejo que defiendan activamente un Internet abierto, los procedimientos de toma de decisiones en los que intervienen múltiples interlocutores, la neutralidad de la red, las libertades digitales y las garantías de protección de datos en terceros países a través de los foros de gobernanza de Internet;

45.  Condena el debilitamiento y menoscabo de los protocolos y productos de cifrado, sobre todo por parte de los servicios de inteligencia que tratan de interceptar comunicaciones cifradas;

46.  Desaconseja la privatización de las funciones coercitivas a través de empresas de Internet y proveedores de servicios de Internet;

47.  Pide que se aclaren las normas y estándares que utilizan los agentes privados para desarrollar sus sistemas;

48.  Reitera la importancia de evaluar el contexto en que se utilizan las tecnologías, a fin de determinar por completo su repercusión en los derechos humanos;

49.  Pide explícitamente que se promuevan herramientas que permitan utilizar Internet de forma anónima o seudónima y se opone al punto de vista parcial de que dichas herramientas permiten el desarrollo de actividades delictivas, en lugar de capacitar a los activistas de los derechos humanos dentro y fuera de la UE;

50.  Insta al Consejo, a la Comisión y al SEAE a que elaboren políticas inteligentes y eficaces para regular la exportación de tecnologías de doble uso, abordando las exportaciones potencialmente nocivas de productos y servicios de TIC, a escala internacional y en el marco de regímenes multilaterales de control de las exportaciones y otros organismos internacionales;

51.  Subraya que ninguna modificación de la normativa con objeto de aumentar la eficacia de los controles de las exportaciones con respecto a las transferencias intangibles de tecnología debe impedir la investigación legítima ni el acceso a información y el intercambio de la misma, y que ninguna de las posibles medidas, como el uso de autorizaciones generales de exportación de la UE para investigación de doble uso, debería tener un efecto disuasorio en las personas físicas o las pymes;

52.  Pide a los Estados miembros que garanticen que las políticas actuales y futuras sobre el control de las exportaciones no restrinjan las actividades de investigadores legítimos de seguridad, y que los controles de las exportaciones se apliquen de buena fe y solo a tecnologías claramente definidas que vayan a utilizarse para la vigilancia masiva, la censura, la interferencia intencionada, la intercepción y la supervisión, y el seguimiento y rastreo de ciudadanos y de sus actividades en las redes de telefonía (móvil);

53.  Recuerda que las tecnologías inalámbricas ad hoc en malla ofrecen grandes posibilidades para facilitar redes auxiliares en zonas donde no haya Internet o este haya sido bloqueado, y pueden contribuir al fomento de los derechos humanos;

54.  Pide a la Comisión que designe a un grupo independiente de expertos que pueda llevar a cabo una evaluación de impacto en materia de derechos humanos de las normas vigentes de la UE para las TIC, con el fin de formular recomendaciones de ajustes que aumentarán la protección de los derechos humanos, sobre todo cuando los sistemas se exporten;

55.  Reconoce que el avance tecnológico plantea un reto a los ordenamientos jurídicos y requiere su adaptación a las nuevas circunstancias; destaca la importancia de que los legisladores presten más atención a las cuestiones relacionadas con la economía digital;

56.  Pide a la Comisión que procure la implicación en estas tareas de la sociedad civil, así como de expertos independientes, incluidos investigadores de seguridad, en el ámbito de las TIC en terceros países, con el fin de garantizar la disposición de unos conocimientos técnicos actualizados que den lugar a la formulación de políticas que sigan siendo válidas en el futuro;

57.  Subraya la necesidad de evitar consecuencias no deseadas, como las restricciones o los efectos disuasorios respecto a la investigación y el desarrollo científicos y demás tipos de investigación y desarrollo de buena fe, al intercambio de información y al acceso a la misma, al desarrollo de conocimientos en materia de seguridad o a la exportación de tecnologías que contribuyan a la adquisición de las competencias digitales necesarias y al fomento de los derechos humanos;

58.  Cree que la cooperación entre las administraciones y los agentes privados en todo el mundo en el ámbito digital, incluyendo el Foro de Gobernanza de Internet, exige controles y equilibrios inequívocos, y no debe dar lugar al menoscabo de la supervisión democrática y judicial;

59.  Destaca que la voluntariedad no basta, sino que se requieren disposiciones vinculantes para hacer que las empresas tomen en consideración el historial en materia de derechos humanos de los países antes de vender en ellos sus productos y que lleven a cabo una evaluación del efecto que tendrán sus tecnologías sobre los defensores de los derechos humanos y las personas críticas con el Gobierno;

60.  Opina que la exportación de productos altamente sensibles debe evaluarse antes de que dichos productos abandonen la UE, y que se requieren sanciones en caso de infracción.

61.  Pide que se reconozca el derecho al cifrado de cada individuo y que se creen las condiciones necesarias para permitir el cifrado; considera que el usuario final debe tener el control, para lo cual necesitará las capacidades necesarias para poder ejercer adecuadamente dicho control;

62.  Pide la introducción de normas de cifrado de extremo a extremo (end-to-end) como requisito fundamental para todos los servicios de comunicación con el fin de que los gobiernos, los servicios secretos y los órganos de vigilancia tengan más dificultad para conocer los contenidos de las comunicaciones;

63.  Subraya la responsabilidad especial de los servicios secretos estatales de generar confianza, y pide que se ponga fin a la vigilancia masiva; considera que debe abordarse y detenerse la supervisión de ciudadanos europeos a través de servicios secretos nacionales y extranjeros.

64.  Rechaza la venta y distribución de tecnologías de vigilancia europeas e instrumentos de censura a regímenes autoritarios en los que no existe el Estado de Derecho;

65.  Pide que se amplíen las oportunidades de protección internacional de denunciantes y anima a los Estados miembros a que elaboren leyes para protegerlos;

66.  Pide un representante de las Naciones Unidas para las libertades digitales y la protección de datos y que se amplíe el ámbito de competencia del comisario de la UE para los derechos humanos de manera que también se tenga en cuenta la tecnología desde el punto de vista de los derechos humanos;

67.  Pide medidas que garanticen la protección de la intimidad de activistas, periodistas y ciudadanos en cualquier lugar del mundo y que estos puedan interrelacionarse a través de Internet;

68.  Insiste en que debe reconocerse el acceso a Internet como uno de los derechos humanos y pide medidas para eliminar la brecha digital;

69.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al SEAE.

(1) http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm
(2) http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf..
(3) http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
(4) http://www.osce.org/fom/127656?download=true .
(5) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.
(6) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_sp.doc.
(7) http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-92a6-e903af10b7a2.
(8) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0230.
(9) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
(10) http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
(11) http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
(12) https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
(13) COM(2014)0072.
(14) http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
(15) DO L 173 de 12.6.2014, p. 79.
(16) DO L 173 de 12.6.2014, p. 82.
(17) COM(2014)0244.
(18) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0470.
(19) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0274.
(20) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0079.
(21) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0033.
(22) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0076.
(23) http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201403/20140307ATT80674/20140307ATT80674EN.pdf.


Protección de los intereses financieros de la UE: hacia la organización de controles basados en los resultados en la política agrícola común»
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Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea: hacia la organización de controles basados en los resultados en la política agrícola común (2014/2234(INI))
P8_TA(2015)0289A8-0240/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Dictamen nº 1/2012 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre ciertas propuestas de reglamentos relativos a la política agrícola común para el período 2014-2020,

–  Visto el Dictamen nº 2/2004 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el modelo de auditoría única,

–  Visto el Informe Especial nº 16/2013 del Tribunal de Cuentas titulado «Evaluación de la "auditoría única" y del grado en que la Comisión se apoya en el trabajo de las autoridades nacionales de auditoría en el ámbito de la cohesión»,

–  Visto el Informe anual de actividad 2013 de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0240/2015),

A.  Considerando que, a lo largo de los dos ciclos de reformas de la política agrícola común (PAC), las normas se han vuelto más variadas y complejas;

B.  Considerando que unas normas más complejas dan lugar a un mayor número de errores sobre el terreno;

C.  Considerando que los objetivos de la PAC han de cumplirse, y que, para la efectiva aplicación de esta política, ha de velarse por la comprensión y la confianza mutuas entre todos los organismos nacionales y regionales así como las instituciones de la UE;

D.  Considerando que, para cumplir los objetivos de la PAC, una reforma más efectiva y eficiente de la PAC requiere simplificación y menos burocracia;

E.  Considerando que el coste de los controles y del asesoramiento ofrecido a las partes interesadas y a los agricultores se estima actualmente en 4 000 millones de euros al año en los Estados miembros, y que probablemente aumentará, al igual que las tasas de error, con la aplicación de la última reforma de la PAC, especialmente la introducción de medidas con un mayor componente ecológico («greening»);

F.  Considerando que la reforma de 2013 ha dado lugar a cambios significativos en los datos que se exigen a los agricultores para acompañar las solicitudes y justificar las reclamaciones, con nuevos requisitos que pueden generar tasas de error más elevadas en la fase inicial de aprendizaje y adaptación;

G.  Considerando que es importante no sobrecargar a los operadores con un número desproporcionado de inspecciones;

H.  Considerando que hay que cumplir los objetivos de la PAC y garantizar, al mismo tiempo, el entendimiento mutuo y la confianza entre todas las instituciones de la UE y los órganos nacionales y regionales para ejecutar eficazmente la PAC;

I.  Considerando que se incentiva a los agricultores para que ofrezcan servicios tales como paisajes, biodiversidad de la superficie agrícola y estabilidad climática, pese a que no tienen valor de mercado;

J.  Considerando que, en la actualidad, el coste de los controles y del asesoramiento a las partes interesadas y a los agricultores puede calcularse en 4 000 millones de euros a escala de los Estados miembros; que es necesario reducir al mínimo el coste de los controles y la carga burocrática que suponen;

K.  Considerando que los controles basados en resultados pueden ser un método útil, al tiempo que se necesita estabilidad y un enfoque propicio por parte de los órganos administrativos para ganarse la confianza de los beneficiarios finales; que, no obstante, no se puede imponer un sistema único a los diversos tipos y dimensiones de explotaciones agrícolas de la UE;

L.  Considerando que las medidas de ecologización introducidas con la última reforma de la PAC tienen por objeto conseguir una mayor sostenibilidad de la agricultura a través de los siguientes instrumentos:

   una condicionalidad simplificada y más específica;
   el pago directo verde y medidas voluntarias que sean beneficiosas para el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático en el desarrollo rural;

M.  Considerando que la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural(1) consideró que era necesario emitir 51 reservas para algunos organismos pagadores;

1.  Comparte la opinión del Tribunal de Cuentas Europeo cuando afirma que las disposiciones relativas al gasto de la política agrícola común para el período 2014-2020 siguen siendo complejas(2); recuerda, no obstante, que la complejidad de la PAC se debe a la diversidad de la agricultura en Europa y que la simplificación no debe tener como resultado el desmantelamiento de los instrumentos que ya se han implantado;

2.  Pide una PAC menos burocrática a fin de reducir la tasa de error y de establecer instrumentos que posibiliten la distinción entre error y fraude;

3.  Pide que, al utilizar las conclusiones de los controles y en la posible imposición de sanciones, se distinga entre omisiones no intencionadas y casos de fraude, pues las omisiones, por lo general, no comportan perjuicios económicos para el contribuyente;

4.  Pide que se organice una PAC menos burocrática que pueda aplicarse e interpretarse con claridad, para poder reducir las tasas de error y establecer instrumentos que permitan distinguir entre error y fraude y, al mismo tiempo, asegurar que los agricultores sigan estando en condiciones de suministrar la vital producción de alimentos que constituye el núcleo de la política; considera que seguir abordando la complejidad y la racionalización de la PAC es una de las claves para atraer a nuevos operadores a la agricultura, así como para retenerlos y retener sus cualificaciones, con objeto de asegurar un próspero sector agrícola en el futuro; espera, a este respecto, medidas contundentes del programa «Legislar mejor»; acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de prorrogar por un mes el plazo de solicitud de pagos directos, y la considera un paso adelante hacia la reducción de la tasa de error de la PAC;

5.  Exhorta a que, a fin de reducir la tasa de error, se impartan orientaciones más claras a las autoridades nacionales y los agricultores;

6.  Apoya la iniciativa de la Comisión de simplificar la PAC mediante el estudio inmediato de medidas que puedan aplicarse con prontitud, ya que esto beneficiaría a los agricultores, a los organismos pagadores, a las instituciones de la UE y a los contribuyentes; pide, asimismo, que en la revisión a medio plazo se presenten para su consideración propuestas de modificación del acto legislativo de base para la reforma para el próximo periodo de financiación;

7.  Teme que la tasa de error más probable determinada por el Tribunal de Cuentas contribuya a aumentar los pagos directos de la PAC durante el período 2014-2020, debido, en particular, a que el marco de la condicionalidad previsto todavía no ha conducido a una reducción del innecesario nivel de complejidad de esta política para las autoridades de gestión o para los beneficiarios;

8.  Recuerda que el Parlamento y el Tribunal de Cuentas han subrayado a menudo la necesidad de encontrar el equilibrio adecuado entre una menor carga administrativa y un control financiero efectivo;

9.  Señala que los costes de los controles de la PAC ascienden ya a 4 000 millones de euros anuales y afectan a 50 millones de operaciones, con un presupuesto para agricultura de unos 58 000 millones de euros;

10.  Celebra que la Comisión dé prioridad a un nuevo ejercicio de simplificación en relación a la PAC y que proponga, en primer término, una simplificación de ciertos actos delegados y de ejecución;

11.  Se muestra totalmente favorable a la mejora de la calidad y la coherencia de las inspecciones más que al aumento del número de controles en el sector de la agricultura por parte de todos los Estados miembros, la Comisión y el Tribunal de Cuentas;

12.  Hace hincapié, asimismo, en que los controles constituyen una garantía con respecto al gasto real de fondos presupuestarios de la Unión consignados para la financiación de instrumentos de la PAC;

13.  Recuerda que el objetivo del sistema de auditoría única es instaurar una cadena única de auditorías desde los beneficiarios finales hasta las instituciones de la Unión Europea;

14.  Lamenta que el sistema de auditoría única no sea aún operativo y que los sistemas de control establecidos por los Estados miembros no funcionen plenamente; recuerda a los Estados miembros su responsabilidad de prever el primer nivel efectivo de controles, minimizando al mismo tiempo la carga para los agricultores, y las opciones existentes para la introducción de flexibilidad en la organización de los controles;

15.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que, a título orientativo, busquen formas de optimizar y combinar las inspecciones relacionadas con la PAC de manera que, siempre que sea posible, los beneficiarios seleccionados solo tengan que someterse a una única ronda de control al año;

16.  Hace hincapié en que de acuerdo con el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 2013:

   a) el error más probable en los pagos directos habría sido de 1,1 puntos porcentuales menos, y por lo tanto relativamente próximo al umbral de materialidad del 2 %, si las autoridades nacionales hubieran utilizado la información de que disponían para evitar, detectar y corregir dichos errores al menos parcialmente(3);
   b) la tasa de error más probable se habría reducido al 2 % en desarrollo rural si las autoridades nacionales hubieran usado la información de que disponían para evitar, detectar y corregir los errores(4);

17.  Lamenta que la Comisión tuviera que corregir al alza los porcentajes de error comunicados por 42 de los 68 organismos pagadores, con un porcentaje de error residual superior al 2 %, a pesar de que casi todos los organismos pagadores responsables de las ayudas directas estaban acreditados y certificados por las autoridades de certificación, y de que 79 de las 82 declaraciones de fiabilidad de los organismos pagadores fueron objeto de una opinión sin reservas de los organismos de certificación en 2013;

18.  Espera que la nueva misión asignada a los organismos de certificación por los Reglamentos (UE, Euratom) nº 966/2012 y (UE) nº 1306/2013 mejore la fiabilidad de los datos comunicados por los Estados miembros en relación con su gestión de los fondos agrícolas de la UE;

19.  Pide a la Comisión que modifique las directrices para los organismos de certificación con objeto de verificar más de cerca la compilación de informes estadísticos;

20.  Reitera su petición a la Comisión de que redacte propuestas con miras a aplicar sanciones a la notificación de datos falsos o incorrectos por parte de los organismos pagadores, en particular en las tres dimensiones siguientes: las estadísticas de inspección, las declaraciones de los organismos pagadores y el trabajo realizado por los órganos de certificación; pide que se faculte a la Comisión para retirar la acreditación a los organismos pagadores en caso de declaraciones gravemente incorrectas;

21.  Espera que la Comisión haga pleno uso del proceso de simplificación de la PAC urgentemente, en especial por lo que respecta a la reglamentación onerosa y compleja que rige la condicionalidad y la ecologización, que afecta en última instancia a los agricultores de toda Europa;

22.  Apoya la iniciativa de la Comisión de simplificar la PAC procediendo de inmediato a un examen de las medidas que pueden aplicarse rápidamente, ya que ello reportará beneficios a los agricultores, a los organismos pagadores, a las instituciones de la UE y a los contribuyentes; pide también que se presenten propuestas de modificaciones de los actos legislativos básicos; pide a la Comisión que presente propuestas concretas para simplificar la PAC, teniendo en cuenta la información de las partes interesadas del sector agrícola;

23.  Aboga por que se refuerce y aplique más estrictamente la auditoría única mediante la coordinación de las actividades de control ejercidas por las distintas instituciones, y pide que se aligere la carga administrativa relacionada con las auditorías, de forma que los agricultores no estén sometidos a diferentes visitas de los organismos competentes por separado o a excesivos o múltiples controles de la Comisión y del Tribunal de Cuentas en el mismo ejercicio en virtud de todas y cada una de las reglamentaciones, lo que reduciría así la carga para los agricultores gracias a la disminución del número de inspecciones; pide que se agrupen las misiones de auditoría y los controles de los organismos de certificación y otros organismos de los Estados miembros; observa que el asesoramiento que ofrecen a los agricultores en forma de directrices para la aplicación de la PAC tanto las autoridades nacionales como la Comisión está a menudo en contradicción con los criterios de evaluación utilizados por el Tribunal de Cuentas, lo que genera multas a un tiempo desproporcionadas e imprevistas;

24.  Aboga por un enfoque integrado de los controles, de tal manera que todas las obligaciones de control de una explotación determinada se lleven a cabo al mismo tiempo, en la medida de lo posible, lo cual reduciría el número de misiones sobre el terreno, y que los costes y la carga financieros y en tiempo relacionados con las mismas para las administraciones y los agricultores puedan reducirse y el procedimiento de control racionalizarse;

25.  Recuerda a la Comisión que, en última instancia, son los beneficiarios quienes soportan las consecuencias del riesgo de errores involuntarios debidos a la complejidad de la reglamentación; pide que para apoyar este enfoque se adopte una política de sanciones razonable, proporcional y efectiva, que evite, por ejemplo, la doble penalización por un mismo error tanto en el sistema de pagos como en la condicionalidad;

26.  Considera que, para asegurar una correcta aplicación del proyecto, no han de interrumpirse los pagos cuando se detecten errores menores o administrativos;

27.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y al Tribunal de Cuentas que sigan desarrollando estrategias de auditoría basadas en los riesgos que incorporen todos los datos pertinentes, incluidos los relativos a la identificación previa de los actores que obtienen los mejores y los peores resultados en cada ámbito;

28.  Hace hincapié en que deben elaborarse criterios para identificar qué Estados miembros obtienen los mejores y los peores resultados;

29.  Recuerda que un gran número de Estados miembros pueden considerarse «países con peores resultados» por lo que respecta a la gestión de los fondos de la UE, dependiendo del ámbito de que se trate;

30.  Insiste en que la definición de «resultado» respecto de los controles debería basarse en una lista de control e implicar, en primer lugar, la calidad de los controles y de los sistemas administrativos de los Estados miembros, es decir, la eficiencia, la coherencia y la fiabilidad de las autoridades de gestión y de certificación;

31.  Considera que los Estados miembros que obtengan los mejores resultados en cada ámbito deberían ser recompensados con una reducción de los controles de la Unión;

32.  Considera que el desarrollo y la gestión de la organización de controles basados en los resultados no debe convertirse, en modo alguno, en causa de creciente inseguridad para la seguridad del suministro de alimentos de la UE;

33.  Pide a los Estados miembros con mejores resultados que compartan su experiencia con los que obtienen peores resultados;

34.  Pide a la Comisión que fomente el intercambio de buenas prácticas con objeto de garantizar que los controles se desarrollen de la mejor forma posible y con las menores molestias posibles para los agricultores;

35.  Señala que, de conformidad con el artículo 59, apartado 5, del Reglamento (UE) nº 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, «cada Estado miembro garantizará el nivel mínimo de controles sobre el terreno necesario para una gestión de riesgos eficaz, aumentándolo cuando sea necesario, o reduciéndolo al mínimo cuando los sistemas de gestión y control funcionen correctamente y los porcentajes de error se mantengan en un nivel aceptable»;

36.  Pide a la Comisión que defina con mayor precisión el «nivel aceptable» a que se refiere el artículo 59, apartado 5, del Reglamento (UE) nº 1306/2013 y entable un diálogo en la materia con el Parlamento y el Tribunal de Cuentas Europeo;

37.  Alienta a los Estados miembros a que desarrollen nuevas iniciativas de administración electrónica con el fin de reducir la tasa de error, evitando los errores en la fase de solicitud, como objetivo a medio y largo plazo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que respeten el plazo establecido, tal como se prevé en el artículo 122, apartado 3, del Reglamento sobre disposiciones comunes, para pasar a la cohesión electrónica en relación con la aplicación, gestión y control de proyectos; considera que una transparencia completa de los datos y el acceso a los mismos son fundamentales para prevenir y combatir los abusos; pide a la Comisión que, a este respecto, haga obligatoria la publicación de la documentación aportada por todos los beneficiarios;

38.  Considera que la cobertura total de banda ancha en las zonas rurales, acompañada de importantes campañas de sensibilización y de una formación con respecto a su uso, constituirá una herramienta esencial que permitirá a todos los agricultores beneficiarse de los sistemas más recientes de presentación de solicitudes de la PAC;

39.  Pide que se hagan esfuerzos adicionales para reducir la complejidad de los sistemas y formularios de solicitud para los agricultores, y aboga por una mayor utilización de la tecnología de la administración electrónica por parte de los Estados miembros («e-government») con el fin de evitar errores en la presentación de las solicitudes, lo que requiere que todos los beneficiarios tengan acceso a internet de banda ancha; anima a la Comisión a que cree un programa de apoyo a la formación de la generación de agricultores de más edad; destaca la necesidad de invertir significativamente en las redes de banda ancha en las zonas rurales, y pide a los Estados miembros que se esfuercen por digitalizar el proceso de solicitud; recuerda que la aplicación fiable de la tecnología de la administración electrónica exige que los Estados miembros desarrollen y financien o cofinancien dicha tecnología;

40.  Pide a los Estados miembros que apliquen programas de digitalización en lo que se refiere a la relación entre la administración y las explotaciones agrícolas, con objeto de obtener un expediente único por explotación que implique la gestión integrada y sincrónica de los datos relativos a los cultivos; considera que esta simplificación permitirá reunir elementos que se gestionan actualmente por separado (plan de cultivos, plan de seguros individuales y registro de producción), ya que las explotaciones agrícolas harían una única declaración que posteriormente compartirían las distintas administraciones, lo que redundaría en una mayor eficacia de los controles por parte de dichas administraciones y, por tanto, en un menor riesgo de error en los pagos y en una racionalización de los controles;

41.  Pide a los Estados miembros que garanticen que los órganos gubernamentales y regionales encargados de la nueva aplicación de la PAC se comuniquen y colaboren de forma eficaz en beneficio de los agricultores que llevan a la práctica la política sobre el terreno;

42.  Considera que los posibles beneficios a largo plazo que se obtendrían de desarrollar y adoptar soluciones industriales basadas en Internet, tanto para la agricultura como para los controles, son numerosos, sobre todo con respecto a las soluciones integradas para los beneficiarios y los organismos pagadores; espera que esto repercuta positivamente en la coherencia, fiabilidad y rentabilidad de los controles; insta a la Comisión a que adopte y ejecute proyectos piloto en este ámbito; recuerda que este enfoque depende del compromiso de los Estados miembros de proporcionar conexiones rápidas de banda ancha a las zonas rurales en toda la UE;

43.  Invita a la Comisión a cooperar con todas las partes interesadas correspondientes, incluidos, a título enunciativo, el Tribunal de Cuentas, los Estados miembros y las organizaciones de beneficiarios en la preparación de una estrategia a largo plazo destinada a abordar formas no políticas de impedir que siga aumentando la carga para los beneficiarios y los inspectores tras las futuras reformas de la PAC y modificaciones de los actos de base;

44.  Pide a la Comisión que respete el principio de capacidad de verificación ya en vigor en el ámbito de desarrollo rural cuando elabore, de conformidad con el artículo 46 del Reglamento (UE) nº 1307/2013, una propuesta de acto legislativo relativo a las superficies de interés ecológico;

45.  Pide a la Comisión que aborde la cuestión de la reducción del nivel mínimo de controles previsto en el artículo 59 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 en el marco del informe de evaluación previsto en el artículo 110, relativo al seguimiento y la evaluación de la PAC, del mismo Reglamento;

46.  Pide a la Comisión que elabore una comunicación sobre la posibilidad de introducir sistemas de gestión basados en los resultados en todos los ámbitos de la PAC, especialmente en la parte correspondiente a la inversión del desarrollo rural, con el fin de entablar un debate con todas las partes interesadas e introducir este principio en la legislación de la UE;

47.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al Consejo Europeo y a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.

(1)Informe anual de actividad de 2013, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.
(2)Dictamen nº 1/2012 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre ciertas propuestas de reglamentos relativos a la política agrícola común para el período 2014-2020.
(3) Véase el Informe Anual del TCE relativo al ejercicio 2013, apartado 3.8.
(4) Véase el Informe Anual del TCE relativo al ejercicio 2013, apartado 4.8.


Empresas familiares en Europa
PDF 196kWORD 88k
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre las empresas familiares en Europa (2014/2210(INI))
P8_TA(2015)0290A8-0223/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos los criterios para la definición de las pequeñas y medianas empresas (pymes) establecidos por la Comisión Europea en 2003,

–  Visto el Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020 presentado por la Comisión Europea (COM(2012)0795),

–  Visto el informe de 2009 del grupo de expertos encargados de asesorar a la Comisión Europea relativo a los temas de importancia para las empresas familiares y la investigación, las medidas estratégicas, las redes y los estudios existentes al respecto,

–  Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2013, sobre la mejora del acceso de las pymes a la financiación(1),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2014, sobre la reindustrialización de Europa para promover la competitividad y la sostenibilidad(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Pensar primero a pequeña escala — "Small Business Act" para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas» (COM(2008)0394),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, así como las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0223/2015),

A.  Considerando que la protección de la propiedad está contemplada en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

B.  Considerando que, en el pasado, las empresas familiares han contribuido generalmente en buena medida al resurgimiento de la economía europea y han desempeñado un papel significativo en el crecimiento económico y el desarrollo social al reducir el desempleo, especialmente de los jóvenes, e invertir en capital humano; que la naturaleza multigeneracional de las empresas familiares confiere una mayor estabilidad a la economía; que las empresas familiares suelen desempeñar un papel esencial en el desarrollo regional en términos de empleo, transmisión de capacidades y ordenación territorial; que unas políticas específicamente dirigidas a las empresas familiares podrían fomentar el emprendimiento y animar a las familias europeas a poner en marcha sus propias empresas familiares;

C.  Considerando que, según el anuario sobre empresas familiares de Ernst & Young para 2014, estas representan el 85 % de las empresas europeas y generan el 60 % de los puestos de trabajo en el sector privado;

D.  Considerando que las empresas familiares son de tamaño variable, lo que las expone a dificultades y problemas diferentes;

E.  Considerando que, si bien la mayoría de las empresas familiares son pymes, estas empresas pueden ser de tamaño pequeño, mediano o grande y tanto cotizar en bolsa como no hacerlo; que muy a menudo han sido equiparadas a las pymes, ignorando así que también hay grupos multinacionales muy grandes que son empresas familiares; que, en algunos Estados miembros, un número reducido de empresas familiares generan gran parte del volumen de negocios total del conjunto de empresas y contribuyen así de manera decisiva a la conservación —especialmente en época de crisis— y creación de puestos de trabajo, así como al crecimiento y al éxito económico del país; que muchas empresas familiares ya no cumplen la definición de las pymes, pero distan al mismo tiempo de ser una corporación, no pueden gozar de ciertas formas de ayuda o no están exentas de una serie de requisitos administrativos; que ello conlleva irremediablemente unas tareas burocráticas innecesarias, que resultan asimismo muy onerosas, en especial para estas empresas familiares de mediana capitalización;

F.  Considerando que hay una cantidad considerable de empresas familiares que operan en más de un país, lo que indica que el modelo de empresa familiar tiene una dimensión transnacional;

G.  Considerando que la fiscalidad directa y el Derecho de sucesiones son competencias de los Estados miembros y que algunos de estos han adoptado medidas destinadas a apoyar a las empresas familiares y dar respuesta a sus preocupaciones;

H.  Considerando que las empresas familiares se perciben como portadoras de un alto nivel de integridad y de valores que orientan su actividad empresarial, e introducen un grado elevado de responsabilidad social en relación con sus empleados y el medio ambiente, lo cual contribuye a crear un entorno propicio a la conciliación de la vida familiar y laboral; que las empresas familiares suelen garantizar la transmisión de conocimientos especializados y competencias, y desempeñan en algunos casos un importante papel de cohesión social;

I.  Considerando que, en el sector de la agricultura, las explotaciones agrarias de carácter familiar son el modelo de empresa más frecuente y aportan una contribución importante a la prevención de la despoblación rural, y que en muchos casos son la única fuente de empleo en las regiones menos desarrolladas de Europa, en especial en las regiones menos industrializadas; que las explotaciones agrarias de carácter familiar pueden representar un modelo de éxito dado que, en general, ponen en práctica el principio de la economía circular sostenible desde el punto de vista ambiental y social, y en ellas las mujeres, en funciones directivas, no solo aportan espíritu emprendedor, sino también habilidades comunicativas y sociales específicas;

J.  Considerando que el grupo de expertos de la Comisión sobre empresas familiares concluyó su trabajo hace más de cinco años y que desde entonces no se ha presentado ninguna iniciativa europea a escala de la UE; que sigue sin haber suficientes datos e investigaciones en los ámbitos nacional y europeo como para poder entender las necesidades y estructuras específicas de las empresas familiares;

K.  Considerando que no existe una definición concreta, sencilla y armonizada de empresa familiar jurídicamente vinculante a escala europea;

L.  Considerando que, en ausencia de una definición, no es posible recabar datos comparables en los distintos Estados miembros de la UE a fin de llamar la atención sobre la situación y los logros económicos específicos de las empresas familiares; que esta falta de datos fiables y comparables puede trabar la adopción de decisiones políticas e impedir que se atiendan las necesidades de las empresas familiares;

M.  Considerando que, más allá de su importancia económica, las empresas familiares también desempeñan un papel destacado en el plano social;

N.  Considerando que en los veintiocho Estados miembros de la UE no siempre existen asociaciones u otras estructuras de representación de intereses que velen expresamente por los intereses de las empresas familiares;

O.  Considerando que se deben mejorar y complementar los esfuerzos a escala de la UE a la hora de estimular el emprendimiento y las empresas emergentes, prestando más atención a facilitar y estimular la continuación a largo plazo de las empresas familiares;

P.  Considerando que el modelo de empresa familiar está repartido de forma desigual en los Estados miembros de la UE; que una parte significativa de empresas familiares en Europa tienen una dimensión transnacional y llevan a cabo sus actividades en diferentes Estados miembros;

Q.  Considerando que, en la UE, las mujeres ganan, por término medio, un 16 % menos por hora que los hombres, que hay una escasa presencia de mujeres en puestos de liderazgo y de alto nivel, y que a las mujeres y a los hombres no se les aplican las mismas prácticas laborales y sistemas salariales, lo cual dificulta la independencia económica de las mujeres, su participación plena en el mercado de trabajo y la conciliación de la vida profesional y la vida privada;

R.  Considerando que las mujeres desempeñan a menudo un papel invisible o de mero testaferro y no reciben el debido reconocimiento por el puesto de trabajo que ocupan ni por el nivel de los salarios que perciben, y que ello tiene graves repercusiones en materia de cotización a la seguridad social y derechos de pensión y protección social, así como de reconocimiento de sus competencias, tal como demuestran los datos sobre la brecha salarial y la diferencia en las pensiones según el género(3);

Importancia para la economía

1.  Destaca que las empresas familiares suelen demostrar un grado elevado de responsabilidad social para con sus empleados, gestionan los recursos de manera activa y responsable, se plantean el futuro económico de la empresa desde una perspectiva fundamentalmente sostenible y a largo plazo (modelo de «empresario íntegro», propietario o gestor responsable) y, por tanto, contribuyen de manera significativa a las comunidades locales y a la competitividad europea, así como a crear y mantener puestos de trabajo de calidad;

2.  Subraya que las empresas familiares, por su propia historia, tienen una fuerte vinculación local y que, por ese motivo, crean y mantienen puestos de trabajo también en zonas rurales y menos favorecidas, contribuyendo así a luchar contra el preocupante proceso de envejecimiento y despoblación que afecta a numerosas regiones de la UE; insta a la Comisión y a los Estados miembros, por consiguiente, a que desarrollen las infraestructuras rentables necesarias para garantizar la competitividad, la renovación, el crecimiento y la sostenibilidad de estas empresas, en particular de las microempresas y las empresas emergentes, y facilitar la colaboración intersectorial y transfronteriza, ayudándolas así a crecer e internacionalizarse;

3.  Reconoce que las empresas familiares son la mayor fuente de empleo en el sector privado y que, por tanto, lo que resulta beneficioso para la continuidad, la renovación y el crecimiento del sector de las empresas familiares propiciará la continuidad, la renovación y el crecimiento de la economía europea;

4.  Observa que, en particular, las empresas familiares altamente especializadas desempeñan un importante papel como proveedoras de grandes empresas e innovadoras para estas y que, al haber desarrollado una actividad económica durante años y a través de sucesivas generaciones, proporcionan seguridad material a las empresas a las que abastecen, aportando así una contribución nada desdeñable al crecimiento económico;

5.  Recuerda a la Comisión que la mayoría de las empresas familiares son pymes(4) y que, por consiguiente, es primordial aplicar el principio de «pensar primero a pequeña escala» a fin de adecuar mejor la legislación europea a las realidades y necesidades de estas empresas, de forma que puedan beneficiarse de programas de ayuda y mecanismos de simplificación de las obligaciones administrativas;

6.  Destaca que las empresas familiares pueden desempeñar una labor importante a la hora de animar a las minorías y a los grupos infrarrepresentados a que participen en las economías locales;

7.  Señala que el mayor grado de confianza que se da entre los miembros de una familia hace que las empresas familiares sean muy flexibles y capaces de adaptarse con rapidez a los cambios en el entorno ecosocial; indica, al mismo tiempo, que el hecho de operar en nichos de mercado durante períodos prolongados permite a las empresas familiares destacar a la hora de descubrir nuevas oportunidades y de innovar;

Financiación

8.  Observa que, a menudo, las empresas familiares presentan un coeficiente de fondos propios claramente superior al de las empresas no familiares y que este elevado coeficiente de fondos propios contribuye a la estabilidad económica de las empresas y de la economía en su conjunto, al tiempo que proporciona un margen de maniobra para realizar inversiones adicionales en la empresa que, por tanto, no debe limitarse más;

9.  Pide a los Estados miembros que, en este contexto, garanticen que sus regímenes fiscales nacionales en materia de sucesiones y donaciones, deuda y fondos propios, así como sociedades, apoyen en lugar de ejercer un efecto discriminatorio en la financiación mediante fondos propios, tan importante para las empresas familiares; recuerda que la fiscalidad directa y el Derecho de sucesiones son competencias de los Estados miembros; pide a los Estados miembros que, por consiguiente, analicen las distorsiones en favor de la deuda en sus regímenes fiscales evaluando su impacto en la estructura financiera de las empresas y los niveles de inversión, y garanticen un trato equitativo para la financiación mediante fondos propios frente a la financiación mediante deuda con objeto de no dificultar la sucesión en la propiedad de las empresas familiares ni su perspectiva a largo plazo; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que examinen cualquier discriminación fiscal en relación con la financiación mediante fondos propios en el contexto de una competencia justa;

10.  Subraya que garantizar a largo plazo la financiación empresarial se ha convertido en un factor clave de la competitividad; hace hincapié, en este contexto, en la importancia de que el mercado financiero cuente con estructuras estables a escala internacional; insta a la Comisión a que, en el marco de la regulación de los mercados financieros, se comprometa a no generar cargas innecesarias para las empresas;

11.  Pide a la Comisión que valore la ampliación de todos los instrumentos existentes para las pymes y los emprendedores, en particular COSME, de modo que beneficien también a las empresas familiares de mediana capitalización;

12.  Resalta que, debido a la crisis financiera y al ciclo económico adverso, muchas de las funciones de las empresas familiares carecen de una financiación suficiente y que es importante que estas empresas cuenten con un acceso abierto y fácil a fuentes alternativas de financiación;

13.  Señala, en este contexto, la importancia de estimular formas alternativas de concesión de préstamos a las empresas familiares, como las uniones de crédito;

Desafíos

14.  Toma nota de que el 35 % de las empresas que no invierten en los mercados extranjeros no lo hacen por falta de conocimiento de dichos mercados, así como por una experiencia insuficiente en materia de internacionalización; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, por consiguiente, faciliten información sobre las posibilidades de internacionalización, en particular a las pequeñas empresas familiares, por medio del SME Internationalisation portal (página web de internacionalización de las pymes) y la Plataforma de Colaboración de Agrupaciones Europeas, y que garanticen un mejor intercambio de experiencias y mejores prácticas, incluidas las posibilidades de internacionalización que brinda Internet; pide, además, a los Estados miembros que establezcan servicios de apoyo para las operaciones de internacionalización previstas, como, por ejemplo, servicios de información para las empresas o garantías de crédito a la exportación, eliminen las barreras al comercio e impulsen una formación específica en favor de una cultura del emprendimiento de empresas familiares;

15.  Señala que una mayor internacionalización de las empresas familiares ofrecerá más oportunidades de crecimiento económico y generará empleo; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten asistencia a las empresas familiares de menor tamaño para que hagan un mejor uso de las infraestructuras digitales;

16.  Reconoce que el entorno fiscal, jurídico y administrativo en el que operan las empresas familiares (y las empresas gestionadas por sus propietarios) se define por el efecto combinado del Derecho de sociedades y el Derecho privado;

17.  Observa que el 87 % de los empresarios familiares están convencidos de que mantener el control de su empresa es uno de los factores clave del éxito(5); toma nota de que, según el Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020 de la Comisión(6), el traspaso de la propiedad y la gestión de un negocio de una generación a la siguiente constituye el mayor desafío al que puede enfrentarse una empresa familiar;

18.  Señala que las pequeñas y medianas empresas familiares se ven confrontadas de forma constante con el desafío que supone la necesidad de innovar y atraer competencias y talento; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan incentivos a las empresas familiares de menor tamaño para que asuman riesgos en favor del crecimiento y para que apliquen programas de formación del personal y medidas que faciliten el acceso a los conocimientos externos;

19.  Pide a los Estados miembros que simplifiquen los procedimientos administrativos y los sistemas fiscales, teniendo especialmente en cuenta los problemas específicos de las empresas familiares y las pequeñas y medianas empresas;

20.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten medidas dirigidas a promover el emprendimiento y las competencias digitales, con el fin de que las empresas familiares puedan aprovechar al máximo las tecnologías digitales;

21.  Pide a los Estados miembros que, por tanto, mejoren el marco jurídico para la transmisión de las empresas familiares y establezcan instrumentos de financiación específicos para la transmisión, evitando de este modo los problemas de liquidez a fin de garantizar la continuidad de las empresas familiares y prevenir las ventas forzosas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan una formación específica para las empresas familiares en los ámbitos de la transmisión de empresas, las estructuras de gobernanza o las estrategias de propiedad y de innovación, especialmente en aquellos países en los que, por motivos históricos, no se halle tan asentada la idea de empresa familiar, con objeto de contribuir a su éxito a largo plazo, concretamente en lo que respecta a la transmisión empresarial;

22.  Destaca la necesidad de que las empresas familiares mantengan una relación directa con las actividades de formación, de forma que estén en todo momento al corriente de las últimas prácticas relativas a la buena gestión empresarial; subraya, a este respecto, que las empresas familiares contribuyen de manera decisiva al éxito de las reformas de la formación profesional y al aumento de las plazas de aprendizaje profesional; observa el papel fundamental que, a largo plazo, podrían desempeñar los sistemas de formación profesional que funcionen correctamente en la lucha contra la escasez de personal cualificado y el desempleo juvenil; señala que la Comisión y los Estados miembros deberían fomentar los intercambios de mejores prácticas con vistas a analizar la manera en que los sistemas de formación profesional pueden ofrecer a las empresas familiares el mejor contexto posible para que inviertan en el aprendizaje profesional;

23.  Destaca la necesidad de abordar otros retos a los que se enfrentan las empresas familiares, como las dificultades para encontrar y mantener mano de obra especializada, así como la importancia de reforzar la educación empresarial y la formación en gestión específica para empresas familiares;

24.  Subraya la importancia de planes de formación financiados por la UE para los pequeños empresarios, que permitan a los propietarios de una empresa familiar adaptar su empresa al entorno en rápido cambio impulsado por una creciente integración económica mundial, la aparición de nuevas tecnologías y la atención por una economía hipocarbónica y más ecológica;

25.  Señala que el fomento de la iniciativa empresarial en las escuelas y en otros entornos educativos reviste una importancia capital para desarrollar en mayor medida la mentalidad emprendedora; subraya asimismo que la educación debe incluir temas específicos relacionados con las empresas familiares, como los regímenes de propiedad y sucesión y los sistemas de gobernanza familiar, junto con información de carácter más general como la importancia de la innovación como un medio para reinventar la actividad empresarial;

26.  Insta a los Estados miembros a que tengan en cuenta el trabajo formal e informal, ocasional e invisible que realizan los miembros de la familia, también en las empresas de carácter familiar, y alienta a los Estados miembros a que establezcan un marco jurídico claro;

27.  Destaca que podría mejorarse la contribución de las empresas familiares a la innovación fomentando su participación en agrupaciones empresariales (clusters) y asociaciones público-privadas y promoviendo su colaboración con organismos de investigación;

Perspectivas

28.  Pide a la Comisión que, en el contexto de la mejora de la normativa, examine la legislación vigente que tiene un impacto en las empresas familiares, con el fin de identificar los problemas y los obstáculos al crecimiento;

29.  Insta a la Comisión a que encargue estudios periódicos con suficiente financiación, en los que se analice la importancia de la propiedad de una empresa para su éxito y su continuidad y se señalen los desafíos específicos a los que se enfrentan las empresas familiares, y a que proponga al Parlamento Europeo y a los Estados miembros una definición viable desde el punto de vista estadístico a escala europea del concepto de «empresa familiar», establecida en colaboración con Eurostat y que tenga en cuenta las distintas circunstancias de los Estados miembros; pide asimismo a la Comisión que utilice los datos del actual grupo de trabajo sobre las pequeñas y medianas empresas para recopilar información suficiente, en particular sobre las empresas familiares en todos los Estados miembros, a fin de, por un lado, poder comparar la situación y las necesidades de las empresas familiares de diferentes tamaños, así como las empresas familiares y las empresas no familiares en cada uno de ellos y, por el otro, promover la información y el intercambio de ejemplos de conocimientos especializados y buenas prácticas en toda la UE, por ejemplo mediante la creación de un punto de contacto para empresas familiares en la Comisión y una mejor utilización de programas como Erasmus para jóvenes empresarios, además de permitir una asistencia con objetivos más específicos;

30.  Pide a la Comisión que presente una evaluación de impacto que estudie en qué medida se podría ampliar la definición europea de las pymes establecida en 2003, a fin de incluir, además de criterios meramente cuantitativos, criterios cualitativos que también tendrían en cuenta la titularidad de la empresa prestando la debida atención a la imbricación de la propiedad, el control y la dirección, al hecho de que la única que corre con el riesgo y la responsabilidad es la propia familia, a la responsabilidad social de la empresa y, en general, a la personalización del buen gobierno de la empresa y a la participación de los empleados en la gestión de las actividades empresariales, y qué consecuencias podría esto tener para las empresas familiares, por ejemplo en lo relativo a las ayudas públicas o al cumplimiento de los requisitos para acceder a estas;

31.  Pide a la Comisión que, entre tanto, en el marco de su evaluación de las repercusiones de la legislación, lleve a cabo un estudio sobre la viabilidad de una «prueba de las empresas familiares» (por ejemplo, para las políticas relativas a la propiedad, la estructura de gobernanza o la intimidad) basada en la prueba de las pymes y que la introduzca lo antes posible, siempre y cuando dicho estudio demuestre su viabilidad, a fin de poder determinar por adelantado las consecuencias que tendrán determinados instrumentos jurídicos para las empresas familiares y así evitarles tareas burocráticas y obstáculos onerosos innecesarios, prestando especial atención a los efectos combinados de las normas del Derecho de sociedades y de Derecho privado;

32.  Observa que las disparidades que, por ejemplo, se registran en la legislación fiscal, los mecanismos de subvención o la aplicación de la legislación europea en países vecinos pueden causar problemas a los empresarios, como aquellos que están al frente de empresas familiares, en las regiones fronterizas; pide, por tanto, a los Estados miembros que comprueben cuál es el impacto de la legislación nacional propuesta y del método propuesto de aplicación de la legislación europea en los empresarios, como aquellos que están al frente de empresas familiares, en las regiones fronterizas;

33.  Pide a la Comisión que cree un grupo de trabajo permanente interno y defina su mandato para ocuparse de manera especial de las necesidades y especificidades de las empresas familiares, informar periódicamente al Parlamento y a los Estados miembros, fomentar los intercambios de mejores prácticas entre organizaciones de empresas familiares de los Estados miembros y difundir orientaciones, así como textos estándar y soluciones para que las empresas familiares superen sus problemas específicos; pide asimismo a la Comisión que cree una ventanilla única para las empresas que atienda, a escala europea, a las empresas familiares y a los grupos de representación de intereses de las empresas familiares en lo relativo a cuestiones concretas, especialmente sobre la legislación europea y el acceso a financiación europea;

34.  Destaca el papel emprendedor de las mujeres en las empresas familiares; pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio sobre la presencia de las mujeres en las empresas familiares en Europa y que evalúe las oportunidades que brindan las empresas familiares para la capacitación de las mujeres, la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida laboral y familiar; subraya la necesidad de proteger el derecho de las mujeres a la sucesión en las empresas familiares, en las mismas condiciones que los hombres, mediante la promoción de una cultura de igualdad entre hombres y mujeres que potencie el papel emprendedor de la mujer en las empresas familiares, también en puestos de liderazgo; destaca asimismo que las empresas familiares deben respetar las disposiciones legales en materia de seguridad social, contribución a los regímenes de pensiones y normas relativas a las condiciones de seguridad en el trabajo;

35.  Recuerda una vez más a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales la importancia de contar con una oferta suficiente de servicios de alta calidad y a precios asequibles para el cuidado de menores, ancianos y otras personas dependientes, incentivos fiscales para las empresas y otras compensaciones con el fin de ayudar a las mujeres y los hombres que trabajan como asalariados, autónomos o miembros de la dirección en las empresas familiares, a conciliar la vida familiar y la vida profesional;

36.  Hace hincapié en la necesidad de contar con permisos de maternidad, de paternidad y parentales independientes, debidamente remunerados y acordes con las necesidades de los asalariados, los autónomos y los empresarios;

37.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la Red Europea de Embajadoras del Espíritu Empresarial Femenino y la Red Europea de Mentores para Mujeres Empresarias, a fin de aumentar su visibilidad;

38.  Observa que, dado que las tierras son de su propiedad, las explotaciones familiares tienen una vinculación local; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que la continuidad de estas explotaciones familiares no se vea amenazada, en particular por un exceso de burocracia; destaca el importante papel de las mujeres en la gestión de las explotaciones agrarias de carácter familiar, y pide a los Estados miembros que promuevan medidas destinadas a la formación empresarial específica para agricultoras, con el fin de seguir fomentando la participación de las mujeres en las explotaciones familiares;

39.  Pide a la Comisión que impulse la consolidación del espíritu empresarial en toda la UE, teniendo presente la importancia de las empresas familiares en la economía de la UE, y cree un entorno que favorezca la excelencia en los negocios;

40.  Pide a la Comisión que elabore urgentemente una comunicación en la que se analice el papel de las empresas familiares con vistas a la mejora para 2020 de la competitividad y el crecimiento de la economía europea, y presente una hoja de ruta en la que se especifique qué medidas pueden reforzar a las empresas familiares de la UE en su entorno económico y en su crecimiento, aumentar la sensibilización sobre los retos específicos de las empresas familiares y mejorar su competitividad, internacionalización y generación de empleo;

o
o   o

41.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0036.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0032.
(3) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_es.pdf
(4) Informe final del grupo de expertos encargados de asesorar a la Comisión Europea sobre los temas de importancia para las empresas familiares, noviembre de 2009.
(5) Barómetro Europeo de la Empresa Familiar, junio de 2014.
(6) COM(2012)0795.


Investigación e innovación en la economía azul para crear puestos de trabajo y crecimiento
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Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre «Explotar el potencial de la investigación y la innovación en la economía azul para crear puestos de trabajo y crecimiento» (2014/2240(INI))
P8_TA(2015)0291A8-0214/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de mayo de 2014, titulada «Innovación en la economía azul: aprovechar el potencial de crecimiento y de creación de empleo que encierran nuestros mares y océanos» (COM(2014)0254),

–  Vista la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo(1),

–  Vista la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina)(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada «Iniciativa emblemática de Europa 2020: Unión por la innovación» (COM(2010)0546),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2007, sobre «Una política marítima integrada para la Unión Europea» (COM(2007)0575),

–  Vista la Declaración de Limassol, de 8 de octubre de 2012, sobre una Agenda Marina y Marítima para el Crecimiento y el Empleo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de septiembre de 2012, titulada «Crecimiento azul – Oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible» (COM(2012)0494),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de mayo de 2013, sobre un «Plan de acción para una estrategia marítima en la región atlántica – Promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2013)0279),

–  Visto el Libro Verde de la Comisión, de 29 de agosto de 2012, titulado «Conocimiento del medio marino 2020 – De la cartografía de los fondos marinos a las previsiones oceánicas» (COM(2012)0473),

–  Vista su Resolución, de 2 de julio de 2013, sobre el crecimiento azul: fomento del crecimiento sostenible en los sectores marino, del transporte marítimo y del turismo de la UE(3),

–  Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre conocimiento del medio marino 2020: cartografía de los fondos marinos para el fomento de una pesca sostenible(4),

–  Vista su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre medidas específicas en el ámbito de la Política Pesquera Común para desarrollar el papel de la mujer(5),

–  Visto el Reglamento (UE) nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión nº 1982/2006/CE(6),

–  Visto el Reglamento (UE) nº 1292/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, que modifica el Reglamento (CE) nº 294/2008 por el que se crea el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología(7),

–  Vista la Decisión 1312/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativa a la Agenda de Innovación Estratégica del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT): la contribución del EIT a una Europa más innovadora(8),

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 de octubre de 2014, sobre «Innovación en la economía azul: aprovechar el potencial de crecimiento y de creación de empleo que encierran nuestros mares y océanos»(9) ,

–  Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 3 de diciembre de 2014, sobre «Innovación en la economía azul: aprovechar el potencial de crecimiento y de creación de empleo que encierran nuestros mares y océanos»(10) ,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de febrero de 2014, titulada «Una estrategia europea para un mayor crecimiento y empleo en el turismo costero y marítimo» (COM(2014)0086),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Competitividad, de 4 de diciembre de 2014, tituladas «Fortalecimiento del turismo mediante el aprovechamiento del patrimonio cultural, natural y marítimo de Europa»,

–  Vista la declaración final aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), celebrada en Río de Janeiro (Brasil) del 20 al 22 de junio de 2012,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Pesca (A8‑0214/2015),

A.  Considerando que el concepto de economía azul abarca una amplia gama de sectores económicos relacionados con los mares y los océanos, incluyendo sectores tradicionales o establecidos y sectores emergentes, como los siguientes: pesca, acuicultura, transportes marítimos y fluviales, puertos y logística, turismo, navegación de recreo y de crucero, construcción y reparación de buques, obras marítimas y de defensa de la franja costera, prospección y explotación de recursos minerales en el mar, explotación de la energía eólica marina y de la energía de los mares y biotecnología;

B.  Considerando que el desarrollo de la economía azul debe centrarse en actividades económicas sostenibles que respondan a las necesidades de las generaciones actuales y futuras y generen prosperidad para la sociedad;

C.  Considerando que el desarrollo de la economía azul precisa una importante incorporación de conocimientos científicos, base de la innovación y la investigación, y que los ámbitos de la ciencia y la tecnología relacionados con la economía azul están muy diversificados;

D.  Considerando que la protección y conservación de los ambientes naturales marinos son un requisito fundamental para mantener, apoyar y desarrollar la economía azul, y que, además, unos ecosistemas marinos viables son un requisito previo para la explotación de los recursos de los mares y de los océanos; que la innovación y la sostenibilidad deben ser los pilares fundamentales de la economía azul para generar crecimiento y empleo;

E.  Considerando que existe una grave carencia de datos, información y conocimientos sobre nuestros mares y océanos, sus recursos, biodiversidad e interacciones con las actividades humanas, así como sobre las repercusiones medioambientales y acumulativas de estas actividades —en curso o por desarrollar—, y que este hecho supone una grave limitación para un uso sostenible de dichos recursos, representa un obstáculo para la innovación y limita el pleno aprovechamiento del potencial de los mares y océanos, en un contexto de rápido crecimiento de la población mundial en el que nuestros mares y océanos se utilizarán cada vez más para conseguir alimentos, espacio, energía y minerales, por lo que se requiere un enfoque más sistemático en aras de un uso sostenible;

F.  Considerando que los ecosistemas marinos son puntos clave de biodiversidad, frágiles y sensibles a las actividades humanas, y que cada vez es más importante conseguir y compartir información precisa sobre la ubicación y la extensión de los tipos de hábitats para facilitar una gestión, un desarrollo y una protección sólidos de las áreas sensibles;

G.  Considerando que las barreras al éxito de la innovación en la economía azul no solo están relacionadas con el vacío de conocimiento científico, al que las universidades, las empresas y las instituciones de investigación intentan hacer frente mediante investigación vanguardista, sino que también dependen significativamente de los obstáculos a la financiación procedente de recursos tanto públicos como privados;

H.  Considerando que el potencial para explotar los recursos marinos con el fin de desarrollar recursos de energía renovable sostenibles puede contribuir de manera significativa a la estrategia de seguridad energética de la UE mediante la reducción de la dependencia de los Estados miembros de fuentes de energía externas a la UE;

I.  Considerando que el desarrollo sostenible de la economía azul puede suponer un fuerte impulso para el crecimiento y el desarrollo económico, así como para la creación de empleo, particularmente en las regiones costeras y ultraperiféricas y en los países insulares, teniendo también en cuenta las necesidades y las diferencias específicas y diversas de cada área geográfica;

J.  Considerando que una mayor inversión en investigación e innovación sobre los mares y océanos puede ser un instrumento útil para apoyar objetivos de cohesión económica, social y territorial, y combatir las crecientes asimetrías y divergencias existentes entre los Estados miembros, así como reforzar la posición mundial de la UE en el ámbito de la política marítima y la economía azul (por ejemplo mediante la exportación de tecnología medioambiental), teniendo en cuenta la importancia de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas familiares para la innovación y el empleo;

K.  Considerando que deben tenerse en cuenta los diferentes niveles de competencia adecuados para las actividades de la economía azul, especialmente los ámbitos internacional, europeo y nacional; que las prioridades sectoriales para el desarrollo de la economía azul pueden diferir de un Estado miembro a otro, en función, por una parte, de su historial de desarrollo de los sectores tradicionales o establecidos y, por otra, de los recursos existentes y del potencial de desarrollo de los sectores emergentes;

L.  Considerando que para aprovechar las oportunidades de innovación de la economía azul se requiere una mano de obra capacitada, con un buen nivel educativo y con una formación adecuada; que actualmente existe una escasez de trabajadores cualificados a la que debe hacerse frente;

M.  Considerando que con el pretexto de explotar el potencial de la economía azul no deben reproducirse en los mares y océanos formas de explotación de recursos y modelos de crecimiento que han demostrado su insostenibilidad, y que la explotación de los recursos de los mares y océanos debe ajustarse estrictamente a la necesidad de garantizar una gestión y conservación correctas de los recursos, salvaguardando los equilibrios asociados con los ecosistemas marinos y restableciendo los degradados, por ejemplo mediante métodos innovadores para abordar la contaminación de los mares —especialmente a causa de los crecientes residuos de plásticos, aglomerados de plásticos y micropartículas plásticas en proceso de desintegración— y el reciclaje de los residuos sin agotar los recursos;

N.  Considerando que numerosas herramientas de gestión del medio ambiente costero y marino están respaldadas por la cartografía de los fondos marinos, incluida la planificación de investigaciones de seguimiento mediante la identificación de áreas que podrían apoyar a un determinado hábitat de interés, o la facilitación de información para ayudar a localizar y planificar proyectos marinos, como la creación de muelles y puertos deportivos, las obras de protección de la costa, los parques eólicos en el mar y la recuperación de terreno, de una forma medioambientalmente sostenible;

O.  Considerando que, en virtud del artículo 190 del Tratado de Lisboa y de la Declaración Río+20, la gestión de cualquier actividad que afecte al medio ambiente debe tener como eje el principio de cautela y un enfoque basado en el ecosistema;

P.  Considerando que la Unión Europea ha desarrollado y propuesto una serie de programas y directrices que enmarcan las actividades relacionadas con la economía azul y la innovación en la economía azul; que este marco debe evaluarse por lo que se refiere a sus resultados tangibles en cuanto al apoyo a los esfuerzos realizados por los Estados miembros y los entes regionales y locales para desarrollar la economía azul;

Q.  Considerando que la promoción y el desarrollo de una nueva economía azul sostenible también deben formar parte de la política de desarrollo de la UE y de la política exterior de la Unión para el Mediterráneo (EUROMED), y que se deben considerar como socios para la creación de una economía azul sostenible a los países africanos que bordean el Mediterráneo, a los Estados insulares de África Oriental que dan al Océano Índico y a los Estados insulares del Acuerdo de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés) de la zona ACP;

R.  Considerando que las comunidades costeras e insulares y las autoridades locales y regionales son partes interesadas indispensables en el debate sobre el potencial de la economía azul y su materialización;

S.  Considerando que los territorios costeros presentan unas características específicas diferenciadoras que condicionan sus posibilidades de desarrollo a medio y largo plazo;

T.  Considerando que los océanos y los mares europeos son muy diversos, desde las profundidades de las costas del Atlántico de Irlanda hasta las profundidades del Mar Negro en las costas de Rumanía, y desde las frías aguas del Ártico a las cálidas aguas del Mediterráneo;

U.  Considerando que el turismo representa el 5 % del PIB de la UE, doce millones de puestos de trabajo y 2,2 millones de empresas; que el turismo cultural representa casi el 40 % del turismo paneuropeo; que el turismo de mar y costa representa un tercio de todas las actividades turísticas de Europa y ofrece empleo a 3,2 millones de trabajadores;

V.  Considerando que en la actualidad se calcula que entre el 3 % y el 5 % del PIB de la UE procede del sector marítimo en su conjunto, que emplea a unos 5,6 millones de personas y genera 495 000 millones de euros en la economía europea;

W.  Considerando que se cree que, hoy en día, el número de moléculas marinas es claramente superior al de las terrestres, y que esas moléculas representan un potencial extraordinario para la investigación en los ámbitos de la salud, los cosméticos y las biotecnologías;

X.  Considerando la importancia que reviste la política marítima integrada como palanca para las actividades de la economía azul, sobre todo para responder de una manera integrada a todos los retos con que se enfrentan actualmente los mares de Europa;

Y.  Considerando que, en el marco de la anterior política pesquera común (PPC), los grupos de desarrollo pesquero han demostrado ser un instrumento muy útil para la creación de empleo y riqueza, y para la cohesión social y territorial, así como por lo que respecta a la toma de decisiones y a la hora de desempeñar un papel activo en su propio desarrollo;

1.  Toma nota de la Comunicación de la Comisión titulada «Innovación en la economía azul: aprovechar el potencial de crecimiento y de creación de empleo que encierran nuestros mares y océanos»; pone de manifiesto el alcance limitado de esta Comunicación, que no abarca todos los sectores que conforman la economía azul; pide a la Comisión que adopte un enfoque integrado y más exhaustivo, que englobe los retos que plantean la innovación y la creación de empleo en todo el conjunto diversificado de sectores interrelacionados;

2.  Se muestra favorable a una definición más específica e integradora de economía azul, que cubra todas las actividades sectoriales e intersectoriales relacionadas con los océanos, los mares, los ecosistemas costeros, las zonas conectadas del interior y las zonas costeras, incluidas las actividades de apoyo directo e indirecto; señala la importancia transversal de la innovación en todas estas actividades, ya sean tradicionales o emergentes;

3.  Defiende la necesidad de contar con una planificación estratégica de las actividades de la economía azul, modalidades de financiación directa, selección de prioridades y un plan de acción para dinamizar este sector antes de 2020, que incluya ideas específicas sobre mecanismos de cooperación e inversión en infraestructuras;

4.  Insta a los Estados miembros a realizar un análisis y una cuantificación del alcance de sus actividades actuales relacionadas con la economía azul y pide que se elabore una estrategia que reúna las iniciativas sobre todos los sectores relacionados con el entorno marítimo; pide a la Comisión que realice un registro de los numerosos proyectos que ha financiado en el pasado y que guardaban relación con la economía azul y que lleve a cabo un estudio exhaustivo sobre la importancia y el peso de la economía azul;

5.  Hace hincapié en que los mares y los océanos ya se encuentran sometidos a una presión antrópica considerable y están sufriendo las consecuencias relacionadas (contaminación, cambio medioambiental y climático, sobrexplotación de las reservas, sobreexplotación pesquera, etc.), pero destaca que los mares y los océanos siguen conteniendo importantes reservas ecosistémicas inaccesibles, por lo que se mantienen intactas; opina, por tanto, que, en el marco de la economía azul, es preciso tener en consideración la protección, la restauración y el mantenimiento de los ecosistemas, la biodiversidad, la resiliencia y la productividad de mares y océanos, incluidos los servicios relacionados con la biodiversidad marina y el funcionamiento de los ecosistemas; cree que la economía azul debe tener como eje el principio de cautela y un enfoque ecosistémico;

6.  Destaca el importante papel que desempeñan las nuevas tecnologías para contrarrestar la degradación de los ecosistemas marinos y hace hincapié en los vínculos entre la economía azul y la economía verde, especialmente por lo que respecta a métodos innovadores para limpiar los mares, incluido el reciclaje rentable de plásticos perjudiciales para el medio ambiente;

7.   Recuerda que un mayor conocimiento de los mares y los océanos, en especial del fondo marino o la vida marina, así como la evaluación del impacto ambiental, permitirá aprovechar de forma sostenible los recursos marinos, mejorando los fundamentos científicos en los que se basan las distintas políticas marítimas de la UE;

8.  Pide a la Comisión que proceda, en estrecha colaboración con los Estados miembros (tras la finalización de los análisis científicos y registros anteriormente mencionados), a evaluar las necesidades de financiación de la economía azul (a escala sectorial, regional, nacional y europea) con miras a hacer realidad su potencial de crecimiento sostenible, desarrollo y creación de empleo, prestando especial atención a las regiones altamente dependientes de la pesca y a las empresas emergentes, pymes y empresas familiares;

9.  Subraya que el desarrollo sostenible de la economía azul exige una mayor inversión en conocimiento e investigación; lamenta el impacto, a corto y largo plazo, que están teniendo los recortes en la inversión pública de I+D+i sobre los programas de investigación nacionales; considera que la UE y los Estados miembros deberían garantizar una sólida financiación para mejorar el conocimiento del medio marino y de su potencial económico, con garantía de continuidad y previsibilidad a largo plazo, sin comprometer la financiación de los programas existentes en curso;

10.  Insta a la Comisión a promover la obtención de datos científicos actualizados y periódicos sobre el estado de las poblaciones marinas dentro del ámbito de las aguas de la UE y fuera de ellas en cooperación con otros organismos internacionales; recuerda la naturaleza multidisciplinar de la investigación marina y marítima y subraya la importancia de apoyar un esfuerzo transversal que abarque los diferentes sectores y disciplinas de la investigación marina y marítima;

11.  Insta a establecer objetivos y plazos concretos con miras a lograr la transparencia de los datos —en relación tanto al fondo marino como a la columna de agua y los recursos vivos—, aumentar su accesibilidad y conseguir su plena interoperabilidad y armonización; pide que se informe a los ciudadanos acerca de los mares y océanos con vistas a fomentar la innovación, garantizando al mismo tiempo que no se malgasten los fondos y que no se dupliquen los proyectos; cree que la inversión en proyectos de adquisición de datos también contribuirá a la productividad y a una mayor innovación;

12.  Pide que los resultados de la investigación financiada con cargo a fondos públicos se divulguen sin fines comerciales (protegiendo los datos de importancia estratégica para los Estados miembros) y que este principio se aplique con carácter vinculante a los socios de los programas de investigación de la UE; anima a ofrecer un acceso abierto a los datos en los que se basan los resultados de dichas investigaciones; pide una iniciativa de la UE que anime a las empresas privadas del sector marítimo a compartir datos económicamente no sensibles para fines de investigación e insta a la Comisión a que establezca lo antes posible la plataforma de información sobre la investigación de Horizonte 2020;

13.  Pide que, en su sección sobre el impacto humano, el proyecto de la Red Europea de Observación e Información del Mar (EMODNET) incluya explícitamente el estudio de los datos relacionados con impactos acumulativos, basura marina, ruido marino y alteradores endocrinos solubles;

14.  Rechaza los recortes en el presupuesto del Programa Marco de Investigación Horizonte 2020 propuestos por la Comisión;

15.  Pide a la Comisión que lleve a cabo evaluaciones periódicas sobre la aplicación de Horizonte 2020 en los ámbitos relacionados con la economía azul y que presente sus resultados; apoya el establecimiento de una asociación específica para la industria marítima dentro del marco de Horizonte 2020 y pide que se incluya en el programa de trabajo de Horizonte 2020 para 2016 y 2017; considera que deben realizarse más esfuerzos para mejorar la relación entre la investigación y la industria en el desarrollo de nuevos productos y procesos, el crecimiento y el empleo;

16.  Señala que los Estados miembros y las autoridades regionales tienen una responsabilidad fundamental en el desarrollo de la economía azul y anima a la Comisión a apoyar y fomentar todas las formas de cooperación entre los Estados miembros y las autoridades regionales (abordando las deficiencias actuales en este ámbito), como las iniciativas de programación conjunta, implicando al mismo tiempo a las agrupaciones marítimas, el sector de la pesca y las comunidades locales; destaca la función de las estrategias macrorregionales como una manera de abordar los retos y aprovechar las oportunidades comunes (por ejemplo, la estrategia para la región del Adriático y del Jónico) y pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan consolidando los proyectos regionales de investigación satisfactorios, como el programa BONUS;

17.  Pide cooperación y asociaciones entre los Estados miembros para contribuir a una asignación más efectiva de la financiación disponible a través de instrumentos de la UE y nacionales; destaca que, en el marco de la selección de prioridades, se debe tener en cuenta el impacto directo de la financiación en la economía azul y su contribución a la misma;

18.  Hace hincapié en el interés de los Estados miembros por ampliar la cooperación con los países del Mediterráneo meridional e invita a los Estados miembros a que consideren la economía azul como un ámbito de cooperación adicional; alienta distintas formas de cooperación con terceros países (por ejemplo, la Unión por el Mediterráneo o la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro) y pide a la Comisión que incluya el apoyo al desarrollo de una economía azul sostenible como objetivo de la política de desarrollo de la UE;

19.  Pide a la Comisión que fije condiciones reglamentarias y jurídicas favorables para la inversión en energía renovable en la economía azul y que presente un marco claro y estable de apoyo a la investigación, a las empresas y a los Gobiernos que permita una mayor inversión en proyectos innovadores para desarrollar la energía renovable;

20.  Hace hincapié en que los océanos y los mares europeos son muy diversos, por lo que resulta fundamental que la Comisión no adopte un enfoque único; llama la atención sobre la necesidad de promover un enfoque integrado de los distintos sectores de la economía azul, basado en principios comunes como la sostenibilidad, que reconozca y respete las especificidades y necesidades de las distintas regiones, así como las prioridades de los distintos Estados miembros, y los ayude a desarrollar dichas prioridades;

21.  Pide a la Comisión y a sus agencias que apoyen a los Estados miembros en la formulación y la aplicación de estrategias nacionales y regionales para el desarrollo de la economía marítima;

22.  Llama la atención sobre la evolución negativa y el claro deterioro de algunos sectores tradicionales de la economía azul (como la pesca y la construcción y la reparación navales, entre otros), en especial en regiones en las que funcionaban como un auténtico catalizador para actividades económicas tanto en fases anteriores como posteriores, creando empleo y promoviendo el desarrollo; considera que ninguna estrategia de la UE en el ámbito de la economía azul debe olvidar estas actividades y regiones, y que debe resaltar el potencial de innovación y aprovechar la pericia europea (por ejemplo, la modernización naval) para invertir el rumbo de declive registrado;

23.  Destaca la importancia de la investigación marina y marítima y de una mayor cooperación en estos sectores entre los investigadores, los Estados miembros y las regiones, con el fin de superar la brecha actual entre Estados miembros, así como la concentración geográfica en determinados ámbitos, y con miras a impulsar la competitividad de las zonas costeras y la creación de empleos locales sostenibles y de calidad;

24.  Considera que la falta de profesionales cualificados en diferentes ámbitos y sectores de actividad, incluidos investigadores, ingenieros, técnicos y trabajadores, constituye un obstáculo insuperable para la plena realización del potencial de la economía azul; subraya que este déficit no es ajeno a las cada vez menores responsabilización e inversión por parte de los Estados en materia de ciencia y educación, así como a la falta de valorización de los profesionales actuales, especialmente en aquellos Estados miembros más afectados por la crisis económica, y pide, por tanto una rápida inversión de estas dos tendencias; insta a los Estados miembros y a las autoridades regionales a invertir en una dimensión social ambiciosa de crecimiento azul y alfabetización marítima para promover la formación y el acceso de los jóvenes a profesiones marítimas; pide a la Comisión y a los Estados Miembros que apoyen tanto la educación superior como los programas de formación profesional y de formación permanente, procurando incorporar en ellos la perspectiva de la economía azul;

25.  Insta a los Estados miembros, a las autoridades regionales, a las instituciones educativas y a la industria a coordinar, crear sinergias y determinar cuestiones transversales de investigación en el ámbito de la economía azul, con el fin de promover la formación y el acceso de los jóvenes a profesiones relacionadas con el crecimiento azul;

26.  Considera que un desarrollo adecuado de la economía azul exige la dignificación de las profesiones asociadas a la misma y la creación de empleo de calidad con derechos, incluidos los derechos relativos a la salud y la seguridad para los trabajadores del sector marítimo, así como una toma de conciencia respecto a estos derechos para mantener el atractivo del sector; estima, asimismo, que puesto que en la economía azul han predominado tradicionalmente los hombres, y siguen haciéndolo, es conveniente que reconozcamos que este es el momento ideal para atraer a las mujeres a este nicho económico; insta a la Comisión y a los Estados Miembros a incorporar la perspectiva de género en todas las fases de desarrollo de la economía azul y a fomentar y reforzar la participación efectiva de las mujeres en la misma;

27.  Insta a la Comisión a promover los derechos de los trabajadores y a garantizar condiciones laborales seguras en todos los sectores de la economía azul, tanto en los ya existentes como en los de nueva aparición;

28.  Pide a la Comisión que recabe y analice datos relacionados con las carreras profesionales marítimas a todos los niveles (desde el derecho hasta la ingeniería y la gestión ambiental, desde los profesores de submarinismo hasta los marineros y los técnicos marítimos) y que los utilice para explorar nuevas oportunidades laborales a diferentes niveles (tradicionales, emergentes y totalmente nuevos que puedan aparecer);

29.  Pide a la Comisión que indique todos los fondos europeos disponibles para financiar las actividades de la economía azul y concentre dichos fondos en una única plataforma a disposición de los ciudadanos; pide asimismo a la Comisión que asigne específicamente fondos dedicados a la innovación y al crecimiento azul para financiar la investigación fundamental, la I+D, la formación, la creación de empleo, la creación de empresas, las pymes, las empresas sociales, las cooperativas, la educación y los periodos de aprendizaje, la reducción de la pobreza en las zonas costeras, el desarrollo biotecnológico, los enlaces de transporte, la interconectividad energética, la construcción y reparación de buques, el acceso de las costas a la banda ancha, la protección ambiental y la comercialización de productos, servicios y procesos innovadores;

30.  Considera que las inversiones en la economía azul deben priorizar, entre otros aspectos, la «ecoinnovación» que no dependa de recursos finitos, el uso eficiente de los recursos, la economía circular, la conservación de la naturaleza, la protección marina y costera, la lucha contra el cambio climático y la adaptación al mismo, así como el uso sostenible de los recursos (con porcentajes de utilización que no superen, a largo plazo, el porcentaje de regeneración natural); insta a la Comisión a que incluya estos principios en los programas de apoyo existentes o futuros;

31.  Aboga por la creación de un marco financiero adecuado para estimular la innovación, el desarrollo sostenible de la economía azul y la creación de empleo, que combine, coordine y facilite la accesibilidad de los instrumentos financieros disponibles, como los Fondos Estructurales y de Inversión (el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca —FEMP—, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional —FEDER—, el Fondo Social Europeo —FSE— y el Fondo de Cohesión), el Programa Marco de Investigación, la posible creación de una futura comunidad de conocimiento e innovación centrada en la economía azul, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y otros instrumentos; destaca la necesidad de promover una mejor adecuación de los diversos instrumentos a las necesidades de los distintos agentes (instituciones públicas, entes locales, empresas, en particular las pymes, organizaciones no gubernamentales, etc.), así como una amplia divulgación de las oportunidades existentes;

32.  Lamenta profundamente los retrasos que ha experimentado la programación del FEMP en algunos Estados miembros;

33.  Considera que la inversión pública, en especial en algunos Estados miembros, desempeña un papel decisivo en el fomento del desarrollo y el pleno aprovechamiento del potencial de la economía azul, sin olvidar la función de la inversión privada; hace hincapié en que la inversión en la economía azul requiere una combinación de proyectos con diversos fines, desde proyectos de infraestructura hasta diferentes inversiones a pequeña escala en pymes, que requieren asistencia adicional para acceder a la financiación;

34.  Destaca que las industrias terrestres que contribuyen a la economía azul marítima constituyen un enlace vital para garantizar la innovación marina y pide a la Comisión que facilite más apoyo para estas industrias terrestres;

35.  Insta a la Comisión a que apoye los esfuerzos de los Estados miembros en lo que respecta a la promoción de las estrategias de especialización inteligentes, teniendo en cuenta la creación y explotación de cadenas de valor asociadas a las múltiples actividades de la economía azul; considera que el desarrollo de agrupaciones de empresas (clústeres o hiperclústeres) requiere un papel activo de los Estados para promover la creación de sinergias sectoriales e intersectoriales; considera que las estrategias de investigación marítima y desarrollo tecnológico pueden ponerse a prueba previamente, de modo que sirvan como ejemplo de mejor práctica para la economía azul en su conjunto;

36.  Considera que la aplicación de estrategias, planes y programas, así como de legislación específica nacional, puede ofrecer un marco político e institucional más favorable al desarrollo de la economía azul en los distintos Estados miembros; resalta que dichas estrategias, planes y programas, así como la legislación específica nacional, deben contribuir a una interacción armónica y sostenible entre las actividades humanas y el medio marino y costero; destaca la importancia de la ordenación del espacio marítimo para el desarrollo sostenible y coordinado de las actividades marítimas, teniendo en cuenta los intereses de todos los sectores afectados de manera equitativa, así como las interacciones entre la tierra y el mar y la gestión integrada de las zonas costeras; remite a la Directiva sobre la ordenación del espacio marítimo, la Directiva marco sobre la estrategia marina y la política marítima integrada a escala de la UE y de cuenca marítima;

37.  Llama la atención sobre la importancia de las empresas públicas o de capital mayoritariamente público en ámbitos como la marina mercante, la gestión portuaria, la industria naval y las obras marítimas y de defensa costera, entre otros; rechaza una visión que tienda a favorecer únicamente el sector privado y considera que el fortalecimiento y la modernización del sector público pueden constituir un importante factor dinamizador de la economía azul;

38.  Cree que para garantizar el desarrollo sostenible de la economía azul es necesario mejorar la integración y la coordinación de los esfuerzos y las competencias a escala de la UE con acciones cohesivas y coherentes; recuerda la necesidad de reunir a todos los organismos pertinentes y competencias dispersas ya existentes bajo los auspicios de una agencia actual que posea competencias marítimas, como medida de refuerzo de la coordinación, la cooperación y el apoyo prestado a los Estados miembros para el desarrollo de la economía azul y el pleno aprovechamiento de su potencial;

39.  Considera que las comunidades costeras e insulares deben implicarse plenamente en todas las fases de desarrollo de la economía azul y que ello constituye un requisito previo fundamental para materializar su potencial de innovación, empleo, prosperidad y desarrollo sostenible; reconoce el potencial y la necesidad de soluciones innovadoras en lo relativo a la expansión de la ciudad flotante;

40.  Reconoce la diversidad y la particularidad de las comunidades costeras e isleñas, y pide que se adopten medidas excepcionales destinadas a promover de manera eficiente el desarrollo de la economía azul en estas áreas mediante la reducción de las barreras a la inversión y la creación de condiciones favorables para el crecimiento;

Enfoque sectorial

41.  Aboga por un mayor apoyo a la modernización y al desarrollo sostenible del sector pesquero y del procesamiento de productos pesqueros, con el objetivo de crear un mayor valor añadido, dando prioridad a la pesca a pequeña escala y persiguiendo una mayor selectividad de las artes de pesca y una reducción del consumo energético y del impacto ambiental de la actividad, además de una mejora de la lucha contra la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada; recuerda que la cartografía y la clasificación de los hábitats de recursos son esenciales para establecer un sector pesquero viable, sostenible y bien gestionado; subraya que todos los datos científicos sobre la pesca que sirven de base para la toma de decisiones políticas deben ser puestos a disposición del público;

42.  Pide a la Comisión que tome las medidas necesarias para fortalecer el papel de los grupos de desarrollo pesquero en el marco de la nueva PPC, dotándolos de más recursos que les permitan continuar y mejorar su desempeño y favorecer la cooperación interterritorial;

43.  Defiende la necesidad de determinar y promover los lugares de interés cultural y natural; hace hincapié en la función de las zonas «prohibidas» para ayudar a la supervivencia de las áreas vírgenes y a la recuperación de las áreas sobrexplotadas de los fondos marinos, contribuyendo así a la futura sostenibilidad de nuestros mares;

44.  Considera que el desarrollo sostenible de la acuicultura europea exige un mayor apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en el ámbito del cultivo de nuevas especies, en particular de especies autóctonas, garantizando un suministro sostenible de piensos, evitando escapes, minimizando el impacto para la biodiversidad y reduciendo la repercusión del empleo de productos químicos y de medicamentos, así como en materia de desarrollo de productos nuevos o significativamente mejorados, con objeto de permitir una diversificación de la producción y de la oferta alimentaria, y una mejora de su calidad, aumentando a la par la seguridad medioambiental; señala que un conocimiento preciso de la batimetría y de la composición del fondo marino resulta fundamental para seleccionar los lugares más adecuados para la expansión de la industria local de acuicultura, para calcular su capacidad de alojamiento y para establecer modelos de contaminación derivada de actividades de la acuicultura;

45.  Aboga por la integración de criterios de sostenibilidad medioambiental y más generales en las normas de producción y para el etiquetado, con el fin de recompensar a los productores responsables y permitir que los consumidores tomen decisiones con mayor conocimiento de causa a medida que se expande este sector; reclama una reglamentación adecuada en materia de acuicultura, así como medidas para mitigar la alteración de la calidad del agua; pide apoyo para la transición desde métodos de producción acuícola convencionales hacia la acuicultura orgánica;

46.  Considera que la marina mercante y fluvial reviste un carácter cada vez más estratégico en comparación con otros modos de transporte de mercancías, por razones vinculadas al consumo energético y a la facilidad técnica de la conversión hacia el gas licuado del petróleo (GLP); aboga por una asignación de recursos destinados a apoyar la innovación en este sector, con objeto de mejorar la eficiencia energética, diversificar las energías primarias y reducir las emisiones contaminantes;

47.  Reitera la necesidad de tomar medidas inmediatamente respecto al transporte marítimo con el fin de mejorar la eficiencia y de acelerar el proceso de descarbonización del sector, y reitera que debe fomentarse el desarrollo y el empleo del gas natural licuado (GNL) como combustible más limpio de transición para este sector;

48.  Subraya la importancia estratégica de las actividades de construcción y reparación de buques y su interrelación con otros sectores, como la siderurgia, la marina mercante, la pesca o el turismo de crucero; considera que la apuesta por la innovación tecnológica y los procedimientos de alta especialización, que podrían aportar valor añadido, pueden crear marcos menos expuestos a la competencia internacional en espera de que se invierta la tendencia al declive que registra el sector; aboga por un apoyo específico destinado a reactivar y modernizar las industrias naval y de aceros especiales en Europa en sus diversas facetas;

49.  Pide a la Comisión que vuelva a examinar por completo su política para la industria europea de construcción naval y respalda plenamente la ayuda especial destinada a la reanudación y modernización de la construcción naval en Europa;

50.  Considera que debe prestarse una mayor atención al papel del mar en el turismo y a su sostenibilidad; señala que el turismo marítimo y costero de Europa se enfrenta a la competencia de terceros países; indica que la UE debe aprovechar su riqueza cultural para ofrecer servicios turísticos marítimos y costeros sostenibles y de gran calidad; considera que el patrimonio cultural y el turismo marítimo y costero pueden desempeñar un papel distintivo a la hora de atraer más consumidores y empresas al diversificar la oferta turística; hace hincapié en la contribución positiva del patrimonio cultural y del turismo marítimo y costero para lograr los objetivos de Europa en materia de crecimiento económico y creación de empleo; pide un mayor apoyo para las pymes, que constituyen la gran mayoría del sector turístico acuático, garantizando que los puestos de trabajo existentes y nuevos sean sostenibles y de gran calidad y se mantengan durante todo el año;

51.  Hace hincapié en la importancia de promover formas de turismo social, económica y medioambientalmente sostenibles, que puedan ser una fuente importante de valor añadido para las áreas marítimas;

52.  Considera imprescindible que, dentro de la economía azul, se conceda al patrimonio cultural submarino la importancia que merece, especialmente porque este patrimonio puede enseñar a las sociedades actuales la explotación que se hizo en el pasado del mar, así como las reacciones humanas al cambio climático y los aumentos del nivel del mar, entre otros elementos, y también debido a que el patrimonio cultural submarino es un recurso para el turismo;

53.  Hace hincapié en que, si bien la Unión Europea sigue siendo líder mundial en el ámbito de la economía azul, la competencia internacional en este sector es feroz y solo unas condiciones equitativas a escala mundial pueden garantizar mejor el crecimiento sostenible y la creación de empleo en Europa en este complejo sector;

54.  Considera que los estudios sobre la degradación de los sistemas costeros (contaminación y pérdida de biodiversidad), la resiliencia y la recuperación de los ecosistemas, la erosión costera, la mitigación de sus causas y la realización de obras marítimas para proteger el litoral (incluidas las soluciones basadas en la naturaleza, como las infraestructuras verdes) son áreas de la economía azul que cada vez cobran mayor importancia en el contexto del cambio climático; exige un mayor apoyo de la UE para dichas áreas y flexibilidad para las zonas con un perfil costero diferente que sufren repetidamente catástrofes como consecuencia de la erosión costera;

55.  Señala el gran potencial de la energía de mares y océanos en términos de valorización de recursos endógenos, diversificación de las fuentes de energía y contribución a la consecución de los objetivos en materia de clima y energía; hace hincapié en que las energías marinas renovables son un sector industrial para el futuro y destaca, en este sentido, la importancia de desarrollar fuentes innovadoras de energía limpia y de energía azul, como la energía mareomotriz, la energía de las olas, o la energía procedente del gradiente de salinidad, que la Comisión menciona en su Comunicación, de 20 de enero de 2014, sobre la energía azul; recalca que las redes marítimas entre Estados miembros son sumamente importantes; subraya la necesidad de tener en cuenta y de estudiar más detenidamente el potencial de captura y almacenamiento de carbono (CAC);

56.  Insiste en que, para la prospección y explotación de los recursos energéticos de los mares y los océanos, se deben tener en cuenta las necesidades en materia de transferencia de tecnología, principalmente por lo que respecta a la formación de trabajadores cualificados y altamente cualificados, así como el cumplimiento de criterios exigentes de sostenibilidad medioambiental; destaca el posible efecto multiplicador de estas actividades de cara al empleo y las actividades conexas, tanto en fases anteriores como posteriores;

57.  Recalca el importante papel de la nueva tecnología, por ejemplo para contrarrestar la degradación de los ecosistemas marinos o en la captura y el almacenamiento de emisiones de carbono; pide a la Comisión que examine en mayor profundidad cómo se pueden aplicar de manera viable económicamente la tecnología y la infraestructura vinculada a esta para transportar CO2 de forma segura y rentable;

58.  Señala que la localización óptima de los generadores de energía para utilizar la energía azul, como la energía eólica, de las olas o solar, las corrientes oceánicas, la energía osmótica y la conversión de la energía térmica, puede depender de varios factores, como la profundidad del agua, las condiciones del fondo marino, las características oceanográficas y la distancia a la costa; cree, por tanto, que la armonización de los datos recopilados en los diferentes programas nacionales sobre batimetría, las características del fondo marino o los perfiles oceánicos verticales puede ayudar en la selección de lugares y en la aprobación de políticas para el desarrollo de la energía renovable; hace hincapié, asimismo, en que resulta fundamental seguir investigando sobre soluciones de energía marina para poder desarrollar soluciones tecnológicas energéticas asequibles, rentables y eficientes en el uso de los recursos;

59.  Considera que la prospección y explotación de los recursos minerales de la plataforma continental requieren una implicación permanente de los Estados, especialmente por lo que respecta a la información, la determinación de áreas en las que quede prohibida la excavación, la evaluación del impacto ambiental, el análisis y la reducción al mínimo de los riesgos, y el ejercicio de la soberanía; pide a la Comisión que proponga y actualice una lista no exhaustiva de actividades marítimas (por ejemplo, producción energética marina, actividad minera en el fondo marino, explotación de arena y grava en el mar, etc.) que requieran evaluaciones previas del impacto ambiental y socioeconómico; pide que se preste atención a la reutilización y el reciclaje de minerales como opción alternativa a la actividad minera en fondo marino y al potencial que ofrecen estas actividades para incorporar el conocimiento y el desarrollo científicos y la transferencia de tecnología;

60.  Aboga por una participación coordinada y firme de la UE en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para garantizar un marco reglamentario medioambiental efectivo y cautelar con el fin de evitar impactos negativos derivados de la exploración y la explotación minera del fondo marino, incluidas las áreas de especial interés ambiental, así como los impactos sociales de la actividad minera en el fondo marino y de la bioprospección para las comunidades locales, y para garantizar una transparencia total de los datos;

61.  Considera que la biotecnología asociada a mares y océanos constituye un sector sumamente diversificado, que en su globalidad presenta un enorme potencial desde el punto de vista del descubrimiento y la aplicación de nuevos conocimientos, así como de la creación de nuevos procedimientos y productos de alto valor añadido (nuevos materiales, alimentos, componentes farmacéuticos, etc.); subraya las necesidades en materia de educación y formación relacionadas con este sector, que requieren una gran responsabilización de los Estados en asociación con el sector privado, así como la importancia de una cooperación internacional en este ámbito;

62.  Subraya la importancia del diálogo social y considera que todas las partes implicadas en la economía azul deberían estar representadas en este diálogo; destaca la importancia de las consultas de las partes interesadas sobre el desarrollo de la economía azul en general, incluidas las consultas de la sociedad civil y las autoridades regionales y locales;

63.  Apoya firmemente la iniciativa de la Comisión incluida en su Comunicación de promover una alianza de capacidades y un centro de innovación para el conocimiento sobre economía azul;

64.  Considera que debe ponerse en marcha el paquete Erika IV sobre seguridad marítima con el fin de evitar futuras catástrofes marítimas importantes; cree que este paquete debe reconocer los daños ecológicos en las aguas marinas en la legislación europea;

65.  Destaca la necesidad de sensibilizar más a la sociedad civil sobre la importancia del mar como recurso económico, cultural y social, así como sobre el papel de la investigación y el diálogo entre las partes interesadas y los ciudadanos para la consecución de una sostenibilidad integrada;

66.  Considera que los mares y litorales son valiosos recursos que deben constituir uno de los pilares de la política de renacimiento industrial de la UE; señala que deben tomarse medidas en favor de la revitalización de la industria azul, al tiempo que se apoya la cohesión de la economía europea y el desarrollo sostenible, particularmente en aquellas regiones en las que este potencial se ha visto marginado como resultado de los procesos de globalización;

67.  Considera que el intercambio de información y de buenas prácticas podría contribuir a un desarrollo rápido y sostenible del sector;

o
o   o

68.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

(1) DO L 257 de 28.8.2014, p. 135.
(2) DO L 164 de 25.6.2008, p. 19.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0300.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0438.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0178.
(6) DO L 347 de 20.12.2013, p. 104.
(7) DO L 347 de 20.12.2013, p. 174.
(8) DO L 347 de 20.12.2013, p. 892.
(9) DO C 12 de 15.1.2015, p. 93.
(10) DO C 19 de 21.1.2015, p. 24.


Fomento del emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación
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Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre el fomento del emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación (2015/2006(INI))
P8_TA(2015)0292A8-0239/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 14,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de diciembre de 2014, sobre el emprendimiento en la educación y la formación(1),

–  Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico,

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre la promoción del emprendimiento juvenil a fin de fomentar la inclusión social de los jóvenes(2),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»)(3),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa al establecimiento de una garantía juvenil(4),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de jueves, 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal(5),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 28 de junio de 2011, titulada «Juventud en Movimiento – Promover la movilidad en la formación de los jóvenes»(6),

–  Vista la Resolución del Consejo, de 27 de noviembre de 2009, relativa a un marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)(7),

–  Vista la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente(8),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de junio de 2013, titulada «Trabajar juntos por los jóvenes europeos – Un llamamiento a la acción contra el desempleo juvenil» (COM(2013)0447),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de enero de 2013, titulada «Plan de acción sobre emprendimiento 2020 – Relanzar el espíritu emprendedor en Europa» (COM(2012)0795),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de noviembre de 2012, titulada «Un nuevo concepto de educación: invertir en las aptitudes para lograr mejores resultados socioeconómicos» (COM(2012)0669),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, titulada «Educación y formación en una Europa inteligente, sostenible e inclusiva» (COM(2011)0902),

–  Visto el informe de la Comisión, de 28 de enero de 2015, titulado «Entrepreneurship Education: A road to success»,

–  Vista la guía de la Europa social (Social Europe guide) de la Comisión de marzo de 2013 titulada «Social Economy and Social Enterprises» (ISBN: 978-92-79-26866-3),

–  Vista su Resolución, de martes, 28 de abril de 2015, sobre el seguimiento de la aplicación del Proceso de Bolonia(9),

–  Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2012, sobre educación, formación y Europa 2020(10),

–  Vista su Resolución, de 1 de diciembre de 2011, en la que se aborda el abandono escolar prematuro(11),

–  Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre el aprendizaje durante la primera infancia en la Unión Europea(12),

–  Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2010, sobre competencias clave para un mundo cambiante: Puesta en práctica del programa de trabajo «Educación y Formación 2010»(13),

–  Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2008, sobre el aprendizaje permanente para fomentar el conocimiento, la creatividad y la innovación – Ejecución del programa de trabajo «Educación y Formación 2010»(14),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0239/2015),

A.  Considerando que el emprendimiento juvenil tiene que ser una parte esencial de la estrategia política de apoyo a la actual generación de jóvenes en el contexto de los objetivos de la UE para el crecimiento, el empleo, la educación y la inclusión social y para reducir el desempleo juvenil en la UE;

B.  Considerando que el emprendimiento debe comprenderse en su sentido más amplio como la capacidad de convertir ideas en acciones;

C.  Considerando que, en febrero de 2015, en la UE de los 28 había 4 850 000 jóvenes desempleados, cifra inaceptablemente alta, y que, si bien el desempleo juvenil se va reduciendo —ha disminuido en 494 000 personas respecto a febrero de 2014—, el ritmo es demasiado lento;

D.  Considerando que las tasas de desempleo juvenil son elevadas y que el saneamiento de las cuentas públicas de los Estados miembros más afectados por la crisis no debe efectuarse a expensas de los puestos de trabajo ocupados por jóvenes; que, como resultado de la elevada tasa de desempleo juvenil, los jóvenes están sufriendo mayores niveles de pobreza y exclusión social, especialmente quienes pertenecen a grupos desfavorecidos y vulnerables; que reconoce y aplaude, no obstante, que se hayan asumido compromisos para acelerar la entrega de fondos de la Iniciativa de Empleo Juvenil a los Estados miembros, pero pide unos compromisos aún más sólidos por parte de la Comisión para abordar este grave problema;

E.  Considerando que la brecha entre educación y formación y el mercado laboral es una de las causas del desempleo juvenil y del gran número de puestos de trabajo vacante en la UE; que para resolver este problema se debe permitir a los jóvenes que adquieran competencias fundamentales, en particular el espíritu de iniciativa y emprendimiento, necesarias para poder participar con confianza en la economía y la sociedad de hoy basadas en el conocimiento;

F.  Considerando que la Unión Europea, a través de la Estrategia Europa 2020 y de sus iniciativas emblemáticas sobre «Nuevas cualificaciones y empleos», «Agenda Digital para Europa», «Unión por la innovación» y «Juventud en movimiento», así como su apoyo específico a las mujeres emprendedoras y las personas desfavorecidas y con discapacidad, promueve el espíritu de iniciativa y emprendimiento propiciando la mentalidad emprendedora y los conocimientos, capacidades y competencias conexas que pueden potenciar la competitividad y un crecimiento inteligente, sostenible e integrador;

G.  Considerando que el emprendimiento es un motor importante de crecimiento económico y de generación de empleo, ya que permite crear nuevas empresas y puestos de trabajo, abrir nuevos mercados, reforzar la competitividad, mejorar la productividad y la innovación, reforzar la competitividad europea y generar riqueza, y que, por consiguiente, debe ser accesible a todos por igual;

H.  Considerando que el emprendimiento, en particular el emprendimiento social, es un importante motor de cohesión social y sostenibilidad que puede impulsar la economía y al mismo tiempo reducir la miseria, la exclusión social y otros problemas de la sociedad;

I.  Considerando que el emprendimiento y, en particular, las pequeñas y medianas empresas (pymes) son la columna vertebral de la economía de la UE y la fuente más importante y principal de nuevos empleos; que el potencial de emprendimiento de las mujeres es una fuente infraexplotada de crecimiento económico y de empleo;

J.  Considerando que las culturas que valoran y recompensan las competencias y las conductas emprendedoras, como la creatividad, la innovación, la iniciativa, la asunción calculada de riesgos, el pensamiento independiente y la determinación de las oportunidades, así como las cualidades de liderazgo, favorecen la propensión a desarrollar soluciones nuevas para los retos económicos, sociales y medioambientales integrando en la educación los componentes del conocimiento que aúnan teoría y práctica, reduciendo así las barreras entre la experiencia empresarial y la educación; que, por ello, es de vital importancia que estas competencias personales se integren en el sistema educativo y formen parte de la vida cotidiana a todos los niveles;

K.  Considerando que, en algunos Estados miembros, las empresas emergentes (de todo tipo, incluidos el emprendimiento social o las empresas con fines lucrativos) no están suficientemente reconocidas o incluidas como trayectoria profesional, y que en el sistema educativo se apoya muy poco a los aspirantes a empresarios;

L.  Considerando que los jóvenes emprendedores se enfrentan a múltiples retos y dificultades, como la falta de experiencia, de competencias adecuadas y de acceso a financiación e infraestructura, entre otros;

M.  Considerando que estudios recientes sugieren que las competencias de emprendimiento pueden aprenderse y que la educación en materia de emprendimiento, si está bien diseñada y aplicada y es accesible a todos, puede tener un impacto muy positivo en la vida y la empleabilidad de las personas, así como en los índices de creación de empresas y de supervivencia de estas;

N.  Considerando que, para llegar a conclusiones sólidas, el impacto de la educación en materia de emprendimiento debe medirse siguiendo un enfoque crítico y basándose en pruebas sólidas y en instrumentos y métodos estadísticos establecidos;

O.  Considerando que la educación en materia de emprendimiento debe incorporar una dimensión social, incluida la enseñanza sobre comercio justo, las empresas sociales y los modelos alternativos de empresa, como las cooperativas, para lograr una economía social, integradora y sostenible;

P.  Considerando que el espíritu emprendedor refuerza el grado de empleabilidad de los jóvenes y les permite desarrollar cualidades que resultan necesarias para afrontar los retos de la vida profesional y personal, y contribuye a evitar el aumento de la pobreza y la exclusión social; que un acceso más fácil a los mecanismos de microfinanciación puede contribuir a alcanzar estos objetivos;

Q.  Considerando que la educación y la formación profesional en su conjunto son importantes para el desarrollo personal de cada individuo y que, por ello, la educación tiene que ser lo suficientemente amplia como para poder sentar las bases para un desarrollo y una profundización de los conocimientos a lo largo de toda la vida y para la adquisición de competencias transversales, y lo suficientemente práctica para que las personas tengan una verdadera carrera y una vida profesional y privada de calidad; que la acertada combinación de estos dos aspectos de la educación está directamente relacionada con la reducción del riesgo de desempleo juvenil;

R.  Considerando que las competencias y el espíritu de emprendimiento pueden ser adquiridas, aprendidas y desarrolladas por todas las personas; que cada uno de los tipos y niveles educativos se corresponde con una oportunidad específica para crear ciertas competencias y capacidades para el emprendimiento como parte de la adquisición general de competencias clave;

S.  Considerando que las competencias de emprendimiento están vinculadas a otras competencias como las informáticas, las de resolución de problemas y la alfabetización financiera, que deben promocionarse;

T.  Considerando que la educación y la formación tienen una importancia extrema en cuanto a la motivación y las posibilidades de los jóvenes para iniciar sus propios proyectos empresariales;

U.  Considerando que la educación, como bien público, debe ser plenamente inclusiva e integrada, y se debe prestar especial atención a facilitar un acceso igualitario a los estudiantes de distintos entornos socioeconómicos;

V.  Considerando que los jóvenes estarán mejor capacitados para embarcarse en negocios a escala transnacional si dominan lenguas extranjeras;

W.  Considerando que los grupos infrarrepresentados y desfavorecidos requieren una atención y un apoyo especiales durante toda su educación, también mediante la implicación de los padres y las comunidades en el proceso educativo, así como ayuda para lanzar, gestionar o hacer crecer un negocio o una empresa;

X.  Considerando que la formación y la educación empresariales, así como las experiencias empresariales prácticas, son beneficiosas para los jóvenes, ya que les ayudan a desarrollar sus capacidades y su talento, les permiten reforzar su confianza y contribuyen a la creación de nuevas empresas, a la empleabilidad y a la innovación; que el emprendimiento es una opción fuertemente infrautilizada para muchos jóvenes con discapacidad;

Y.  Considerando que las empresas de carácter social e integrador contribuyen de forma activa a un crecimiento sostenible e innovador, promueven una mayor cohesión en la sociedad y las comunidades locales y pueden crear oportunidades de empleo para los jóvenes, incluidos los jóvenes socialmente vulnerables y aquellos que están más excluidos del mercado laboral;

Z.  Considerando que no son suficiente las personas que llegan a concretar su idea de crear una empresa y que el número de empresarias es desproporcionadamente inferior al de empresarios (más aún en el caso de las mujeres que proceden de grupos sociales vulnerables y que se enfrentan a una doble discriminación), y que, si bien las mujeres empresarias tienen de media un nivel de educación superior al de los empresarios, también más a menudo trabajan en sectores menos innovadores, de crecimiento menos rápido y en empresas más pequeñas que los hombres empresarios; que es necesario fomentar maneras de superar los factores que disuaden particularmente a las mujeres de optar por el emprendimiento o beneficiarse más de él(15);

AA.  Considerando que las cámaras de artesanía, de industria y de comercio de algunos Estados miembros ofrecen programas específicos para apoyar la creación de empresas;

AB.  Considerando que la educación y la formación son competencias fundamentalmente nacionales y que algunos Estados miembros todavía tienen que desarrollar una política transversal o un enfoque estratégico respecto de la educación en materia de emprendimiento, así como planes de estudios empresariales y métodos de enseñanza; que no todos los profesores y los responsables del sector educativo en Europa están lo suficientemente formados en educación en materia de emprendimiento, ni a través del desarrollo profesional permanente ni de su formación inicial, lo que puede impedir que el potencial de emprendimiento se integre como es debido en los sistemas educativos(16);

AC.  Considerando que los profesores deberían poder colaborar con los empresarios y definir objetivos pedagógicos en asociación con ellos, y que deberían disponer del apoyo y los recursos adecuados para aplicar estrategias centradas en el alumno y adaptar sus métodos de enseñanza a las necesidades de los estudiantes vulnerables;

AD.  Considerando que las actividades de aprendizaje no formal e informal complementan y enriquecen el aprendizaje formal ofreciendo experiencias de aprendizaje diversas que permiten adquirir capacidades, y que por consiguiente deben considerarse fuentes privilegiadas para adquirir y desarrollar competencias de emprendimiento;

AE.  Considerando que el aprendizaje formal e informal puede desempeñar un papel clave en el desarrollo y el mantenimiento de las competencias de emprendimiento, especialmente entre los grupos marginados;

AF.  Considerando que las actividades de aprendizaje no formal e informal son especialmente relevantes para los jóvenes con menos oportunidades, pues les proporcionan una fuente adicional de aprendizaje y una posible ruta hacia la educación y la formación formales;

AG.  Considerando que la formación impartida por empresarios con experiencia da una imagen positiva del espíritu empresarial y facilita el paso hacia el emprendimiento;

AH.  Considerando que el emprendimiento, incluido el emprendimiento social, debe integrarse en la formación de profesores y asesores de orientación profesional;

AI.  Considerando que los sistemas educativos nacionales han ido evolucionando a ritmos diferentes como reacción a los cambios registrados en el mercado laboral;

AJ.  Considerando que el programa Erasmus+, que abarca el periodo de 2014 a 2020, aspira a modernizar la educación, la formación y el trabajo juvenil en Europa y está abierto a las organizaciones educativas, de formación, juveniles y deportivas de todos los sectores del aprendizaje permanente; que ofrecerá a más de cuatro millones de europeos oportunidades para estudiar, hacer prácticas, adquirir experiencia profesional y hacer labores de voluntariado en el extranjero;

AK.  Considerando que el emprendimiento ya desempeña un papel dentro del programa Erasmus+ al ser uno de los resultados previstos de las acciones en materia de movilidad;

AL.  Considerando que es importante promover y fomentar la movilidad de los jóvenes emprendedores a través de programas como Erasmus para Jóvenes Emprendedores (2009-2015), que permiten a los jóvenes empresarios participar en intercambios transfronterizos y aprender de empresarios experimentados que dirigen pequeñas empresas, al tiempo que brindan oportunidades para abordar las desigualdades de género en el emprendimiento; que es necesario dedicar más fondos a este tipo de programas para aumentar la participación juvenil;

AM.  Considerando que los jóvenes tienden a manifestar una preferencia por el trabajo por cuenta propia y que hasta un 45 % de los jóvenes de entre 15 y 24 años afirman preferir trabajar por cuenta propia(17);

AN.  Considerando que el sector empresarial podría hacer contribuciones más importantes a nivel local, nacional y europeo en forma de voluntariado basado en las competencias, asociaciones con centros educativos y colaboraciones con responsables políticos;

AO.  Considerando las importantes contribuciones aportadas por las organizaciones de la sociedad civil (grupos no gubernamentales como los sindicatos, las asociaciones patronales y otros grupos sociales), y, entre ellas, la iniciativa Junior Achievement – Young Enterprise Europe, que ofrece educación y formación informal y permanente para el emprendimiento; que estas contribuciones necesitan un mayor reconocimiento, aunque no conduzcan necesariamente a la obtención de un diploma formal certificado; que también las empresas que garantizan su propia formación aportan este tipo de contribuciones;

La importancia de las capacidades y las competencias de emprendimiento

1.  Reconoce el papel del aprendizaje permanente y la movilidad internacional como una medida clave de la respuesta de Europa a la globalización y a la evolución hacia economías basadas en el conocimiento; señala en concreto la importancia del «sentido de iniciativa y espíritu de empresa», una de las ocho «Competencias clave para el aprendizaje permanente – un marco de referencia europeo», consideradas como necesarias para todos para la realización y el desarrollo personales, la ciudadanía y la participación europea activa, la inclusión social y el empleo;

2.  Pide a los Estados miembros que promuevan las competencias de emprendimiento para los jóvenes mediante acciones legislativas para garantizar prácticas de calidad, centrándose en el aprendizaje de calidad y en unas condiciones de trabajo adecuadas como herramientas de fomento de la empleabilidad, tal como propone la Recomendación del Consejo relativa al desarrollo de un marco de calidad para los períodos de prácticas;

3.  Subraya la necesidad de contar con una definición amplia de la competencia clave «un sentido de iniciativa y espíritu de empresa», que abarca el desarrollo de una mentalidad empresarial, constituida por la proactividad, la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la capacidad de planificar y gestionar proyectos para alcanzar objetivos, e incluso la idea de que las personas están al corriente del contexto de su trabajo y pueden aprovechar las oportunidades que surjan, lo que concierne tanto al emprendimiento como a la actividad laboral (utilizándose en este último caso el término de «intrapresariado»); tiene fe en los sectores de la industria creativa y las empresas relacionadas con la cultura, que pueden generar oportunidades empresariales, en particular para los jóvenes;

4.  Recuerda que las industrias creativas se encuentran entre los sectores más emprendedores y desarrollan competencias transferibles como el pensamiento creativo, la solución de problemas, el trabajo de equipo y la inventiva;

5.  Subraya la necesidad de un enfoque más amplio hacia el emprendimiento, a modo de conjunto de competencias transversales claves con fines personales y profesionales;

6.  Destaca la importancia de las competencias de seguimiento y auditoría organizativas; alienta en particular el desarrollo de una auditoría social y medioambiental, como herramienta de seguimiento innovadora;

7.  Se muestra convencido de que deberían fomentarse las capacidades y las competencias de emprendimiento, así como las capacidades y las competencias transversales, intersectoriales y propias de determinadas profesiones, para aumentar la tasa de trabajo autónomo entre los jóvenes y proporcionar a los jóvenes una verdadera oportunidad de poner en marcha su propia empresa y, de este modo, ayudarse a sí mismos y a la sociedad en general;

8.  Está convencido de que el próximo paso que hay que dar consiste en especificar detalladamente cómo se puede seguir aplicando el marco de competencias clave a cada nivel educativo para las competencias de emprendimiento, en particular los conocimientos, las capacidades y las actitudes de emprendimiento como resultado del aprendizaje de cada programa educativo y de aprendizaje específico;

9.  Subraya que la enseñanza de las competencias prácticas de emprendimiento y el fomento de la motivación, el sentido de la iniciativa y la buena disposición deben preverse en todos los niveles y tipos de enseñanza, junto con un sentido de la responsabilidad social; considera que en los planes de estudio de todas las escuelas deberían incluirse módulos sobre los principios básicos de las finanzas, la economía y el entorno empresarial, que deben acompañarse de mentorías, tutorías y orientación para los alumnos, en particular los desfavorecidos, con el fin de apoyar y facilitar la comprensión del proceso empresarial por los alumnos y desarrollar un espíritu emprendedor; hace hincapié en el papel de la educación informal e independiente, en particular las actividades de voluntariado, para inculcar en los jóvenes el espíritu y las competencias empresariales;

10.  Insta a la Comisión a que refuerce el papel y la importancia de los modelos de emprendimiento social, que a menudo constituyen las primeras modalidades de experiencia empresarial para muchos jóvenes de Europa;

11.  Recalca la necesidad de desarrollar pedagogías innovadoras más participativas y centradas en el alumno para alentar la adquisición de una serie de competencias transversales necesarias para el desarrollo de un espíritu emprendedor;

12.  Recomienda que se aliente el emprendimiento como parte de la educación superior y en proyectos de antiguos alumnos, en particular modelos de emprendimiento social;

13.  Señala que el fomento del emprendimiento a través de la enseñanza solo se puede conseguir de manera significativa si en las estrategias educativas se tienen en cuenta de forma equilibrada los aspectos económicos, sociales y cívicos;

14.  Hace hincapié en que la inclusión social y la lucha contra la pobreza podrán tener éxito en particular a través del emprendimiento social, que puede impulsar el empleo, y estableciendo un espíritu emprendedor que será muy beneficioso para las personas desfavorecidas;

15.  Subraya que los sistemas de formación dual y los programas de estudios apadrinados por empresas se han revelado como sistemas fundamentales para la transmisión de las competencias básicas del emprendimiento en los Estados miembros donde se aplican;

16.  Alienta un compromiso pleno y la asociación entre todas las partes interesadas y en particular las organizaciones empresariales locales, las empresas y los centros educativos, a fin de compartir las mejores prácticas y experiencias y mejorar las competencias de emprendimiento y la educación de los jóvenes en todos los Estados miembros;

17.  Insiste en que una estrecha vinculación entre la formación profesional y la académica constituye un modelo de éxito que se ha de reforzar y fomentar en la Unión Europea y fuera de ella;

18.  Aboga por una colaboración más estrecha con el sector privado y los interlocutores sociales para fomentar una cultura de asunción de riesgos, emprendedora e innovadora (por ejemplo, a través de compromisos estructurales, como mecanismos para la innovación y el intercambio de ideas);

19.  Está convencido de que la utilización eficaz de las competencias empresariales depende cada vez más de que al mismo tiempo se disponga de competencias mediáticas y digitales, y de que esta interacción se debe tener más en cuenta en la enseñanza y en la formación; recalca la importancia de equipar a todos los jóvenes con competencias informáticas y habilidades transversales y empresariales para permitirles aprovechar plenamente el potencial del mundo digital, a fin de ayudarles a crear nuevas formas de desarrollo, transmisión y fomento del emprendimiento, consiguiendo así que puedan competir mejor por los puestos de trabajo, establecerse por cuenta propia, aprender a comprender mejor el comportamiento y las necesidades de sus futuros empleadores y contribuir a la capacidad innovadora y competitiva de la organización empresarial;

20.  Destaca que las competencias de emprendimiento deben desarrollarse y mejorarse a lo largo de toda la vida, en particular a través de la experiencia laboral y el aprendizaje no formal e informal, y que su convalidación debe mejorarse y apoyarse, pues contribuye al desarrollo profesional;

21.  Reconoce que un elemento clave de la enseñanza del emprendimiento es la adecuada preparación de los docentes y, en particular, la apremiante necesidad de una formación de elevada calidad para garantizar la autenticidad del proceso educativo;

22.  Pide a los Estados miembros que luchen contra los obstáculos a los que se enfrentan los jóvenes emprendedores con discapacidad proponiendo para ello formaciones dirigidas a los proveedores de servicios cuyas responsabilidades incluyan la ayuda a las personas con discapacidad y adaptando los locales en los que se proporcione esta ayuda para que sean accesibles para las personas con problemas de movilidad;

23.  Señala que fomentar la cooperación entre la educación secundaria y superior permitiría ampliar el diálogo entre los jóvenes y fomentar la innovación;

24.  Destaca la necesidad de mejorar la cultura empresarial en la educación superior apoyando y facilitando la creación de nuevas empresas por parte de los jóvenes sobre la base de la investigación académica (empresas derivadas), reduciendo la carga burocrática asociada a la creación de tales empresas y creando un marco regulador claro que apoye a los estudiantes emprendedores; considera que, en este contexto, las escuelas y las universidades deberían brindar tiempo, espacio y reconocimiento a iniciativas promovidas por los jóvenes para transmitirles la confianza necesaria para emprender nuevos proyectos que puedan resultar útiles a la hora de crear empresas independientes; acoge con satisfacción las iniciativas que premian a los jóvenes por sus proyectos empresariales de éxito (por ejemplo, el premio a la mejor empresa del año creada por un estudiante); hace hincapié asimismo en la importancia de que las empresas ofrezcan a los jóvenes la posibilidad de obtener su primera experiencia laboral directa en la empresa; reitera la necesidad de promover visitas a empresas y programas de prácticas con este objetivo, para que los jóvenes puedan adquirir una visión global del mundo empresarial;

25.  Destaca que la comunidad empresarial desempeña un papel clave en la educación y la formación para el emprendimiento, proporcionando una enseñanza basada en la experiencia que complemente la educación teórica de los jóvenes;

26.  Insiste en el papel decisivo desempeñado por varias asociaciones de jóvenes emprendedores en el desarrollo del espíritu empresarial de estos, ya que les brindan la posibilidad de desarrollar proyectos innovadores y obtener experiencias de empresa y les dan las herramientas y la confianza necesarias para iniciar su andadura como empresarios;

El papel de las instituciones de la UE: coordinación, metodología e instrumentos financieros

27.  Pide al Consejo y a la Comisión que, dentro de sus competencias respectivas y respetando plenamente el principio de subsidiariedad, desarrollen herramientas y apoyo metodológicos que se pongan a disposición de los sistemas educativos nacionales en el ámbito de la educación y la formación para el emprendimiento, incluido el emprendimiento social, y que se guíen por un principio de coordinación que conmine a las administraciones públicas de los Estados miembros a cooperar más estrechamente con las empresas a fin de difundir los factores decisivos para mejorar el emprendimiento; pide a la Comisión que aumente el importe de la ayuda para los jóvenes emprendedores en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión;

28.  Pide al Consejo y a la Comisión que apliquen una perspectiva de género en relación con la metodología, la comunicación y los instrumentos financieros a fin de alentar un mayor compromiso en el emprendimiento por parte de las niñas y las jóvenes;

29.  Pide a la Comisión que establezca e impulse los periodos de prácticas y los programas de intercambio en empresas a fin de brindar a los jóvenes oportunidades para adquirir experiencia práctica y facilitar el intercambio de conocimientos y de experiencia;

30.  Pide a la Comisión que elabore una estrategia global para desarrollar competencias transversales como el pensamiento crítico, la solución de problemas, la iniciativa, la colaboración, la cooperación, la autonomía, la planificación, el liderazgo y la formación de equipos, en todos los niveles y tipos de educación y formación, teniendo en cuenta que son beneficiosas para una amplia gama de profesiones y sectores;

31.  Pide a la Comisión que se centre en mayor medida en mejorar el desarrollo y la evaluación de las competencias transversales, incluidas las competencias digitales y de emprendimiento dentro del programa Erasmus+, y señala al mismo tiempo que este programa no debería estar orientado unilateralmente hacia consideraciones de empleabilidad y que debe conservarse el fácil acceso a las actividades empresariales, sobre todo en el ámbito de la educación no formal e informal; pide también a la Comisión que fomente reformas de la política educativa de los Estados miembros y cree un marco de política coherente para los Estados miembros y la UE;

32.  Pide a la Comisión que apoye el seguimiento de las competencias TIC, las competencias en materia de resolución de problemas y la alfabetización financiera; pide a la Comisión que realice una investigación longitudinal en este ámbito;

33.  Pide a la Comisión que apoye las asociaciones entre centros educativos y empresas a través del uso del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y, en particular, del Fondo Social Europeo, para alentar el aprendizaje basado en el trabajo en las empresas y fomentar las competencias de emprendimiento a nivel nacional y local;

34.  Pide a la Comisión que apoye una red europea de educación en materia de emprendimiento que se inspire en la red European Entrepreneurship Education NETwork (EE-HUB), creada en mayo de 2015 y respaldada por organizaciones europeas y otras partes interesadas a nivel europeo, nacional y local, así como por las autoridades educativas nacionales, con el fin de recopilar e intercambiar buenas prácticas para que las compartan centros escolares, organizaciones educativas, centros de formación profesional, empresas, autoridades e interlocutores sociales;

35.  Pide a la Comisión que garantice una coordinación coherente y eficaz en el ámbito de la educación en materia de emprendimiento, en el contexto de la estrategia más amplia de aprendizaje permanente de la UE, las estrategias globales de la UE y el plan de la Comisión Juncker;

36.  Propone que la Comisión mantenga la educación y la formación para el emprendimiento como un objetivo explícito de un futuro programa Erasmus+ en el próximo periodo financiero (posterior a 2020) en todas sus acciones, incluida la movilidad, y con los siguientes elementos:

   i) la evaluación cuidadosa del impacto de las medidas existentes que promueven el emprendimiento a través de la educación y la formación, y su posible adaptación, concediendo al mismo tiempo una atención especial a sus efectos en los grupos infrarrepresentados y desfavorecidos;
   ii) el fomento de unos contenidos e instrumentos de aprendizaje mejor definidos para la educación formal y no formal para todos los estudiantes, con módulos tanto teóricos como prácticos, como los proyectos de emprendimiento estudiantil;
   iii) el apoyo a las cualificaciones iniciales de los profesores, los educadores, los trabajadores jóvenes, los instructores y los dirigentes del sector educativo, y a su desarrollo y capacitación profesional permanente en el ámbito educativo relativo al emprendimiento;
   iv) la promoción de las asociaciones entre los centros educativos, las empresas, las organizaciones sin ánimo de lucro, las entidades regionales y locales y los proveedores de educación no formal, para elaborar planes de estudio adecuados y proporcionar a los estudiantes los modelos y la experiencia práctica;
   v) el desarrollo de competencias en los ámbitos de los procesos de emprendimiento, la alfabetización financiera y la alfabetización y las competencias en TIC, el pensamiento creativo, la creatividad, la utilidad creativa, la resolución de problemas y el espíritu innovador, la autoestima, la confianza en las propias ideas, la adaptabilidad, la formación de equipos, la gestión de proyectos, la evaluación de riesgos y la asunción de riesgos, así como competencias y conocimientos empresariales específicos;
   vi) la eliminación de todas las barreras físicas y digitales que aún persisten para las personas con discapacidad, cuya plena integración en el mercado de trabajo puede ser fundamental para promover una cultura de empresa sostenible y cohesionada;
   vii) el fomento del aprendizaje no formal e informal como entorno privilegiado para adquirir competencias de emprendimiento;

37.  Pide a la Comisión que investigue y aborde los factores que disuaden a las mujeres de recurrir a la opción del emprendimiento, y que al mismo tiempo promueva expresamente el acceso a los servicios de financiación y apoyo para jóvenes emprendedoras;

38.  Insta a la Comisión a que coordine y fomente el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros;

39.  Pide a la Comisión que promueva una mejor cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros que ya han incluido la educación en materia de emprendimiento en sus planes de estudio y han logrado mayores progresos a la hora de promover el emprendimiento entre los jóvenes y aquellos Estados miembros que están aún en el inicio de este proceso;

40.  Insta a la Comisión a que, de aquí a 2017, recabe la «mejor práctica» de difusión de capacidades de emprendimiento y fomento del emprendimiento juvenil en los Estados miembros, presente al Parlamento Europeo un informe al respecto y tenga en cuenta las conclusiones de ese trabajo al evaluar sus propios procedimientos de financiación;

41.  Pide a los Estados miembros que promuevan la educación en materia de emprendimiento como una manera de fomentar las competencias transversales para una mejor gestión de la vida personal y profesional de los alumnos;

42.  Pide a la Comisión que supervise estrechamente las medidas concretas aplicadas por los Estados miembros para apoyar el emprendimiento entre la juventud, que preste especial atención a la promoción y la publicación de la información relativa a los resultados obtenidos y que aliente y apoye a las instituciones y organizaciones en el intercambio de buenas prácticas y de ideas, conocimientos y experiencias, así como en la formación de alianzas estratégicas intersectoriales; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que elaboren criterios de referencia, modelos e instrumentos y proyectos comunes para fomentar el emprendimiento juvenil;

43.  Insta a la Comisión a que vele por que ninguna medida tomada por los Estados miembros represente un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores, de modo que los jóvenes que opten por el emprendimiento puedan desarrollar su actividad allí donde deseen en el territorio de la Unión Europea;

Papel de los Estados miembros

44.  Pide a los Estados miembros, así como a las autoridades regionales y locales, que se esfuercen por promover el desarrollo de formación para la creación y la gestión de nuevas empresas, en particular mediante tutorías por expertos, de incubadoras y aceleradores, de proyectos de empresas sociales en colaboración con comunidades locales, y todo tipo de entorno favorable al emprendimiento que facilite la creación de empresas por parte de los jóvenes y les permita recuperarse rápidamente en caso de abandono escolar o de fracasos iniciales, contribuyendo así a crear una cultura empresarial positiva, evitar la percepción negativa del fracaso empresarial y fomentar los nuevos intentos, prestando una especial atención a que se llegue a los jóvenes desfavorecidos;

45.  Insta a los Estados miembros a que garanticen que los jóvenes emprendedores tengan acceso a las finanzas que necesitan y cuenten con apoyo en cada fase;

46.  Pide a los Estados miembros, así como a las autoridades regionales y locales, que hagan un uso óptimo de los recursos de los Fondos Estructurales, en particular el Fondo Social Europeo, para promover la educación y la formación en materia de emprendimiento y el desarrollo de competencias digitales a nivel nacional, regional y local;

47.  Pide a los Estados miembros, así como a las autoridades regionales y locales, que utilicen todos los recursos de financiación existentes a escala de la UE, como el Fondo Social Europeo, la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, el Programa de la UE para el Empleo y la Innovación Social (EaSI), el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores y el Programa de la UE para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), a fin de fomentar y apoyar iniciativas que pretendan establecer vínculos más eficaces y mejor orientados entre las empresas y el sector educativo;

48.  Pide a los Estados miembros que fomenten el intercambio de mejores prácticas, alienten las asociaciones tanto nacionales como transfronterizas, apoyen a las jóvenes empresas y el trabajo de las redes pertinentes de pequeñas y medianas empresas y las agencias de desarrollo;

49.  Alienta a los Estados miembros a proporcionar métodos innovadores específicos para la formación de profesores y mentores en emprendimiento, a fin de permitirles fomentar y alentar competencias de emprendimiento, y a que consideren la posibilidad de incluir el emprendimiento en los planes de estudios;

50.  Pide a los Estados miembros que sigan desarrollando sus sistemas de reconocimiento y convalidación de competencias adquiridas en el aprendizaje no formal e informal para que se respete su compromiso para 2018, a fin de brindar a las personas la oportunidad para reorientarse y «segundas oportunidades», impulsando el autorreconocimiento y la continuación del aprendizaje;

51.  Pide a los Estados miembros que alienten la participación de socios privados en la educación en materia de emprendimiento, financiando u ofreciendo formación, como un aspecto de la responsabilidad social de las empresas;

52.  Pide a los Estados miembros que supriman la burocracia relativa a la realización de proyectos empresariales por parte de los jóvenes y que estudien la posibilidad de implantar reducciones fiscales y medidas para animarles a realizar sus propias ideas empresariales; hace hincapié en la necesidad de establecer mecanismos de seguridad para las empresas emergentes que fracasen;

53.  Subraya la necesidad de abordar las dificultades financieras que afectan a los jóvenes emprendedores, de facilitar su acceso al crédito y a subvenciones especiales, de reducir las cargas administrativas existentes y de poner en marcha un marco regulador e incentivos fiscales que fomenten el desarrollo de iniciativas empresariales de jóvenes e impulsen la creación de empleo, a fin de facilitar el lanzamiento y la consolidación de los proyectos empresariales de los jóvenes emprendedores;

54.  Pide a los Estados miembros que sean proactivos a la hora de mejorar los marcos reguladores de las empresas y simplificar sus procedimientos administrativos, en particular los de las pymes y las empresas sociales, y que promuevan y supervisen la calidad de las prácticas de empleo de dichas empresas; señala que las empresas de carácter social e integrador permiten crear puestos de trabajo duraderos, contribuir al desarrollo de la comunidad y promover un medio ambiente sostenible, además de garantizar la resiliencia social en tiempos de crisis;

55.  Pide que los servicios públicos de empleo sean más proactivos a la hora de prestar ayuda y asesoramiento a las empresas, y en especial a los jóvenes emprendedores;

56.  Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que ofrezcan a los estudiantes con aptitudes innovadoras un mayor acceso a las becas y a los regímenes de micropréstamos, además de servicios de apoyo, información, tutoría, asistencia pluridisciplinar y plataformas de evaluación entre pares, para que puedan poner en marcha sus propias empresas o proyectos, como los que cuentan con el respaldo del eje de microfinanciación y emprendimiento social de EaSI; pide a los Estados miembros que faciliten el acceso al crédito y su devolución, promuevan el uso de la financiación colectiva, desarrollen asociaciones entre la economía local, las empresas y las universidades, refuercen el papel de las empresas en la integración de los jóvenes en el mercado laboral y consoliden las acciones del ESP (Entrepreneurial Skills Pass) en las distintas etapas de la educación escolar y universitaria, sobre todo, en asociación con las pymes; insta a los Estados miembros a que alienten la creación en las universidades de viveros de empresas dedicadas al desarrollo sostenible y a ramas de estudio orientadas al futuro;

57.  Pide a los Estados miembros que simplifiquen los procedimientos para las salidas no fraudulentas y creen un ambiente de apoyo a las salidas para enviar un mensaje claro a los jóvenes de que un fracaso no supondrá un revés con consecuencias para toda la vida;

58.  Pide a los Estados miembros que animen a los jóvenes a optar por el emprendimiento y que faciliten para ello, en el sistema educativo, estudios basados en proyectos interdisciplinares que se impartan en cooperación con las empresas;

59.  Pide a los Estados miembros que fomenten el emprendimiento como una opción profesional positiva en la orientación profesional de la educación secundaria y superior, y que aborden el estigma negativo que tiene el emprendimiento como opción profesional, que aún prevalece en algunos Estados miembros;

60.  Pide a los Estados miembros que fomenten el conocimiento del trabajo autónomo y la creación de empresas entre los jóvenes con discapacidad, a través de medidas como el fomento de itinerarios profesionales de personas con discapacidad que ya se han integrado en el mercado laboral y el reconocimiento público de los emprendedores con discapacidad;

Medidas posteriores de seguimiento

61.  Pide a la Comisión que realice un seguimiento y siga desarrollando su trabajo sobre Emprendimiento 360 (escuelas y formación profesional y educativa) y sobre HEInnovate (educación superior);

62.  Pide a la Comisión que incluya medidas relacionadas con la educación en materia de emprendimiento en los indicadores de evaluación del Semestre Europeo a partir de 2016;

63.  Pide a la Comisión que presente un informe de evaluación al Parlamento antes del final de su legislatura sobre los progresos realizados en la promoción del emprendimiento entre los jóvenes a través de la educación y la formación e indique en qué medida ha conseguido llegar a los miembros de los grupos sociales vulnerables;

64.  Pide a la Comisión que garantice la coordinación y la cooperación a nivel europeo en la evaluación sistemática de los programas y las actividades de emprendimiento a fin de poder comparar los resultados, por ejemplo las diferentes pautas de emprendimiento entre los jóvenes en los Estados miembros y las características de los jóvenes emprendedores en cuanto a variables sociodemográficas como la edad, el sexo y la educación;

65.  Pide a la Comisión que promueva la cooperación en materia de políticas en toda la UE y pida a los Estados miembros que se impliquen en el intercambio de buenas prácticas;

o
o   o

66.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros y de los países del EEE y al Consejo de Europa.

(1) DO C 17 de 20.1.2015, p. 2.
(2) DO C 183 de 14.6.2014, p. 18.
(3) DO C 119 de 28.5.2009, p. 2.
(4) DO C 120 de 26.4.2013, p. 1.
(5) DO C 398 de 22.12.2012, p. 1.
(6) DO C 199 de 7.7.2011, p. 1.
(7) DO C 311 de 19.12.2009, p. 1.
(8) DO L 394 de 30.12.2006, p. 10.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0107.
(10) DO C 353 E de 3.12.2013, p. 56.
(11) DO C 165 E de 11.6.2013, p. 7.
(12) DO C 377 E de 7.12.2012, p. 89.
(13) DO C 161 E de 31.5.2011, p. 8.
(14) DO C 45 E de 23.2.2010, p. 33.
(15) Informe de la Comisión sobre los progresos en materia de igualdad entre mujeres y hombres en 2013 (SWD(2014)0142), publicación de la Comisión «Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe», septiembre de 2014.
(16) Conclusiones de los simposios de la Fundación Europea de Formación de Budapest y Estambul.
(17) Comisión Europea: Eurobarómetro FL354 «El emprendimiento en la UE y fuera de la UE», 9 de enero de 2013.


Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo (2014/2149(INI))
P8_TA(2015)0293A8-0207/2015

El Parlamento Europeo,

—  Vistos el Preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE), que afirma que los firmantes se inspiran «en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa», y el artículo 3, apartado 3, de dicho TUE,

—  Visto el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 22,

—  Vista la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales aprobada por la Unesco el 20 de octubre de 2005,

—  Visto el Reglamento (UE) nº 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) y se derogan las Decisiones nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE y nº 1041/2009/CE(1),

—  Visto el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo(2),

—  Visto el Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006(3),

—  Visto el Reglamento (UE) nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020 – Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión nº 1982/2006/CE(4),

—  Vista la Directiva 2014/60/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n° 1024/2012(5),

—  Vista la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público,(6)

–  Vista la Convención sobre el Valor Cultural del Patrimonio para la Sociedad (Convención de Faro) de 13 de octubre de 2005(7),

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 21 de mayo de 2014, sobre el patrimonio cultural como recurso estratégico para una Europa sostenible(8),

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 25 de noviembre de 2014, sobre la gobernanza participativa del patrimonio cultural(9) y sobre el Plan de trabajo en materia de cultura para el periodo 2015-2018(10), así como el Año Europeo del Patrimonio Cultural mencionado en las conclusiones,

–  Vista la Recomendación 2011/711/CE de la Comisión, de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital(11),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, titulada «Un Plan de Inversiones para Europa» (COM(2014)0903),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de julio de 2014, titulada «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo» (COM(2014)0477),

–  Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de noviembre de 2014, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo»,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión de Transportes y Turismo y de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0207/2015),

A.  Considerando que la cultura y el patrimonio cultural son recursos compartidos y bienes y valores comunes que no pueden ser objeto de un uso exclusivo, y que aún se debe reconocer en su totalidad y aprovechar adecuadamente su pleno potencial para un desarrollo económico, social y humano sostenible tanto a escala de las estrategias de la UE como de los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas para después de 2015;

B.  Considerando que en el proceso de toma de decisiones es preciso tener en cuenta los múltiples impactos de la cultura en las sociedades;

C.  Considerando que el patrimonio cultural tiene un carácter naturalmente heterogéneo, refleja la diversidad y el pluralismo cultural y lingüístico y afecta al desarrollo regional, la cohesión social, la agricultura, los asuntos marítimos, el medio ambiente, el turismo, la educación, la agenda digital, las relaciones exteriores, la cooperación aduanera y la investigación y la innovación;

D.  Considerando que la promoción de la cultura, la diversidad cultural y el diálogo intercultural actúa como catalizador para la cooperación entre los Estados miembros;

E.  Considerando que el incremento de la diversidad cultural y lingüística europea, la promoción del patrimonio cultural de Europa y el refuerzo de la competitividad de los sectores culturales y creativos europeos tienen como objetivo la promoción de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador;

F.  Considerando que los recursos del patrimonio cultural son activos a largo plazo que tienen la función de crear valor y contribuyen al desarrollo de cualificaciones y el crecimiento económico, mediante la promoción del turismo, así como a la creación de empleo;

G.  Considerando que los proyectos relativos al patrimonio cultural suelen constituir ejemplos de actividades económicas innovadoras y sostenibles, que desarrollan las capacidades empresariales y de investigación de las pymes;

H.  Considerando que el patrimonio cultural, material e inmaterial, desempeña una función significativa en la creación, preservación y promoción de la cultura y los valores europeos y de la identidad nacional, regional local y personal, así como de la identidad actual de los pueblos de Europa;

I.  Considerando que las políticas relativas al mantenimiento, la restauración y la conservación, la accesibilidad y la explotación del patrimonio cultural son, ante todo, responsabilidad nacional, regional o local, pero que diversas políticas de la UE, incluidas las referentes a la agricultura, el medio ambiente y la investigación y la innovación, abordan directamente la cuestión del patrimonio cultural, que tiene también una clara dimensión europea;

J.  Considerando que el artículo 167 del TFUE dispone que «la Unión contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común»;

K.  Considerando que el artículo 167 del TFUE afirma que «la acción de la Unión favorecerá la cooperación entre Estados miembros y, si fuere necesario, apoyará y completará la acción de éstos en» el ámbito de «la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos» y «la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea»;

L.  Considerando que el Plan de trabajo en materia de cultura aprobado por el Consejo el 25 de noviembre de 2014 incluye el patrimonio cultural como una de las cuatro prioridades del trabajo de la UE en el ámbito de la cultura para el periodo 2015-2018;

M.  Considerando que la falta de datos culturales desglosados por sexo, también en el ámbito del patrimonio cultural, es un factor que impide a los responsables de las políticas y de la toma de decisiones conocer la brecha y los desafíos existentes en materia de género;

N.  Considerando que, si bien se dispone de información sobre las posibilidades de financiación, mediante programas de la UE, en ámbitos relacionados con el patrimonio cultural —como el desarrollo local y regional, la cooperación cultural, la investigación, la educación, el apoyo a las pymes y a la sociedad civil y el turismo —, esta información está fragmentada;

O.  Considerando que ha de reforzarse el valor cultural y turístico de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa para la promoción de un patrimonio cultural europeo común y el desarrollo de un turismo cultural sostenible;

P.  Considerando que los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra promueven la excelencia, inspiran a través del «poder del ejemplo» y estimulan el intercambio de buenas prácticas en el ámbito del patrimonio en toda Europa;

Q.  Considerando que la Carta de Venecia sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios, el Convenio de Granada para la protección del patrimonio arquitectónico de Europa y el Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico (Convenio de La Valeta) establecen claramente normas reconocidas a escala internacional relativas a la restauración del patrimonio cultural y el trabajo arqueológico;(12)

Planteamiento integrado

1.  Considera de suma importancia utilizar los recursos disponibles para apoyar, mejorar y promover el patrimonio cultural con arreglo a un planteamiento integrado, al tiempo que se tienen en cuenta los componentes culturales, económicos, sociales, históricos, educativos, medioambientales y científicos;

2.  Cree que, en lo relativo al patrimonio cultural, es necesario aplicar un planteamiento integrado si lo que se desea es lograr un diálogo cultural y una comprensión mutua; expresa su convencimiento de que este planteamiento puede redundar en una mayor cohesión social, económica y territorial, a la vez que contribuye a la consecución de los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020;

3.  Dirige a la Comisión, en el contexto del desarrollo de un nuevo planteamiento integrado con respecto al patrimonio cultural, las siguientes recomendaciones específicas:

   a) establecer, de conformidad con los actuales métodos de trabajo de la Comisión relativos a un trabajo transectorial y flexible, un planeamiento común en esta institución, mediante una mayor cooperación entre los diferentes ámbitos políticos que conciernen al patrimonio cultural, e informar al Parlamento sobre los resultados de esta muy estrecha cooperación;
   b) comunicar a los posibles beneficiarios, de forma clara y accesible, por ejemplo mediante una plataforma única de información e intercambio de buenas prácticas en la UE, la existencia de líneas de financiación europeas para el patrimonio cultural;
   c) designar, preferiblemente para 2018, un año europeo del patrimonio cultural, dotándolo de un presupuesto adecuado, con el objetivo, entre otros, de difundir y acrecentar la conciencia y la educación entre las futuras generaciones sobre los valores del patrimonio cultural europeo y su protección, y remitir al Parlamento el proyecto de programa para el año europeo a más tardar en 2016;
   d) reconocer, en su enfoque político y transversal, el patrimonio cultural como patrimonio móvil e inmóvil, material e inmaterial, y como un recurso no renovable cuya autenticidad debe ser preservada;

4.  Pide que se establezca un marco político para el entorno histórico —conocido como patrimonio inmóvil— en un futuro próximo, que contenga un marco reglamentario para los monumentos, la arqueología y los paisajes históricos, de conformidad con el artículo 4 del TFUE;

5.  Promueve la innovación creativa contemporánea en arquitectura y diseño sobre la base del respeto del pasado y del presente, garantizando al mismo tiempo una gran calidad y coherencia;

Financiación europea del patrimonio cultural

6.  Constata el compromiso de la Unión con la preservación y la mejora del patrimonio cultural europeo mediante diversos programas (Creative Europe, Horizon 2020, Erasmus+, Europe for Citizens), financiación (los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos) y acciones como la Capital Europea de la Cultura, las Jornadas Europeas del Patrimonio y el Sello de Patrimonio Europeo; recomienda a la UE y a los Estados miembros que intensifiquen aún más su promoción de la investigación;

7.  Pide a la Comisión que:

   a) cree un portal de la UE único dedicado al patrimonio cultural material e inmaterial que reúna información de todos los programas de la UE que financian este patrimonio y que esté estructurado en torno a tres aspectos principales: una base de datos de los objetos culturales materiales e inmateriales, incluidos ejemplos de buenas prácticas en la preservación y promoción, con todas las referencias pertinentes, posibilidades de financiación del patrimonio cultural así como datos relativos al estado del patrimonio cultural europeo y datos relevantes para la conservación, tales como datos climáticos e información detallada sobre proyectos de restauración ya realizados, y noticias y enlaces relativos a la evolución, actuaciones y actos en este ámbito;
   b) apoye con fondos, estudios, investigación y medidas piloto especializados y específicamente elaborados para analizar el impacto de los procesos de promoción del patrimonio cultural, elaborar indicadores de referencia específicos relativos a la contribución, directa e indirecta, del patrimonio cultural a los procesos de desarrollo económico y social y apoyar de forma directa la innovación cultural y social integrada en los contextos territoriales en los que el patrimonio cultural puede promover el desarrollo y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población;
   c) refuerce el principio de financiación múltiple recientemente establecido, que permite el uso complementario de diferentes fondos europeos en el marco de un mismo proyecto de gran envergadura;
   d) impulse las asociaciones público-privadas;
   e) adapte los requisitos en materia de plazos de la gestión de los proyectos a los Fondos Estructurales con objeto de incluir más adecuadamente los requisitos específicos referentes a los proyectos de conservación, restauración y preservación;
   f) revise la referencia de 5 millones EUR en relación con los proyectos en materia de patrimonio cultural presentados en el marco de la acción relativa a proyectos de pequeña envergadura(13), incrementándola al menos hasta el mismo nivel que los proyectos de la Unesco, esto es, 10 millones EUR;

8.  Destaca que el espíritu de la reforma del Reglamento del FEDER y, en particular, el principio de financiación integrada también pueden, en casos específicos, llevarse a la práctica apoyando proyectos de gran envergadura; reconoce, no obstante, la necesidad de promover y apoyar iniciativas culturales a pequeña escala, que revisten especial importancia para el desarrollo endógeno y pueden contribuir a la conservación del patrimonio cultural y la promoción del desarrollo local y regional, así como al crecimiento socioeconómico en general;

9.  Insta a la Comisión a que, en las orientaciones que regirán la próxima generación de Fondos Estructurales destinados al patrimonio cultural, incluya un sistema obligatorio de control de calidad que habrá de aplicarse a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto;

10.  Hace hincapié en la función de los Estados miembros de asegurar tanto un alto nivel de capacidad y conocimiento profesional de los operadores como una estructura empresarial capaz de garantizar buenas prácticas en la salvaguardia del patrimonio cultural, también mediante sistemas adecuados de control de la calidad, como requieren las cartas internacionales;

11.  Pide a la Comisión que en los actos delegados, convocatorias de manifestaciones de interés e iniciativas para el desarrollo de los Reglamentos relativos a la política de cohesión en el curso del periodo 2014-2020 se consideren las medidas en materia de innovación en la conservación del patrimonio así como las soluciones de bajo impacto por lo que respecta a la eficiencia energética en los edificios históricos como cuestiones elegibles;

12.  Pide a los Estados miembros que examinen posibles incentivos fiscales en relación con la labor de restauración, preservación y conservación, como la reducción del IVA u otros impuestos, dado que el patrimonio cultural europeo también es gestionado por organismos privados;

13.  Exhorta a la Comisión a analizar las mejores prácticas en materia de política fiscal en Europa y a recomendar las que sean adecuadas a los Estados miembros; exhorta a los Estados miembros a seguir dichas recomendaciones e intercambiar buenas prácticas entre ellas, con objeto de asegurar la máxima promoción del apoyo privado a proyectos relativos al patrimonio cultural material e inmaterial y maximizar el impacto del desarrollo económico y la cohesión social en el entorno local pertinente;

Nuevos modelos de gobernanza

14.  Acoge con satisfacción la iniciativa del Consejo de elaborar orientaciones relativas a nuevos modelos de gobernanza participativa para el ámbito del patrimonio cultural, valorizando su dimensión de recurso compartido y reforzando los vínculos entre los planos local, regional, nacional y europeo;

15.  Pide a los Estados miembros que velen por la elaboración de instrumentos jurídicos que permitan modelos de financiación y administración alternativos, como la participación de las comunidades, la sociedad civil y las asociaciones público-privadas, con vistas a implementar acciones relativas al patrimonio cultural (conservación, restauración, preservación y promoción);

16.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan en marcha un diálogo a escala europea entre los responsables de las políticas en todos los niveles de gobernanza, junto con las industrias culturales y creativas, las redes de agentes turísticos, las asociaciones entre agentes públicos y privados y las organizaciones no gubernamentales;

17.  Anima a todas las partes interesadas que participan en la gobernanza del patrimonio cultural a buscar el equilibrio entre conservación sostenible y desarrollo del potencial económico y social del patrimonio cultural;

18.  Subraya que los proyectos del FEDER relacionados con el patrimonio cultural son un ejemplo tangible de gobernanza a múltiples niveles, así como de aplicación satisfactoria del principio de subsidiariedad, y representan una parte importante del gasto del FEDER; destaca la importancia de los proyectos culturales transfronterizos que contribuyen a aumentar la cohesión económica y social y favorecen la inclusión; pide, en este contexto, que se adopten medidas para reforzar y ampliar el apoyo a la financiación mediante acuerdos de asociación público-privada;

19.  Destaca la necesidad de que los nuevos modelos de gobernanza incluyan un sistema de control de calidad en todas las formas alternativas de financiación y administración del patrimonio cultural;

20.  Insta a los Estados miembros a aumentar los controles del gasto de los componentes relacionados con el patrimonio cultural y a fomentar la cooperación en la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad irregular que se ejerza en este ámbito;

21.  Propone que las propuestas legislativas europeas sean complementadas por una evaluación de impacto relativa al patrimonio cultural, y que cuando esta evaluación resulte negativa, el patrimonio cultural deba ser excluido del ámbito de aplicación de la propuesta legislativa como una excepción;

El potencial económico y estratégico del patrimonio cultural

22.  Observa que el patrimonio cultural contribuye a empleos, productos, servicios y procesos innovadores y que puede ser una fuente de ideas creativas, nutriendo la nueva economía —mediante una gestión adecuada— y teniendo un impacto relativamente bajo en el medio ambiente;

23.  Reconoce que el patrimonio cultural desempeña una función vital en diversas iniciativas emblemáticas de Europa 2020, como la Agenda Digital, la Unión de la Innovación, la Agenda de nuevas cualificaciones y empleos y una política industrial para la era de la globalización; pide, por tanto, un mayor reconocimiento para el papel del patrimonio cultural europeo como recurso estratégico para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020;

24.  Observa que el ámbito del patrimonio cultural puede crear puestos de trabajo altamente cualificados; insta a los Estados miembros a establecer iniciativas sobre el desarrollo de formación en gestión y conservación para trabajadores e investigadores en el ámbito del patrimonio cultural; acoge favorablemente, en particular, perspectivas de financiación a largo plazo para las redes de investigadores, como las becas Marie Sklodowska Curie;

25.  Destaca la importancia para el turismo europeo del patrimonio cultural, material o inmaterial, y natural designado por la UNESCO;

26.  Insiste en la posibilidad de prestar más atención al turismo cultural en el marco del desarrollo de estrategias macrorregionales diseñadas para integrarlo más en el marco estratégico para la cooperación europea;

27.  Insta a las instituciones europeas y a los Estados miembros a que promuevan y apoyen iniciativas de turismo sostenible (circuitos pedestres, ecuestres y ciclistas), abriendo así nuevas oportunidades para un turismo cultural y natural;

28.  Insta a los Estados miembros a que trabajen junto con las autoridades regionales y locales con objeto de maximizar el valor del patrimonio cultural en nuestras sociedades y su contribución al crecimiento y el empleo en la UE;

29.  Recuerda que el turismo cultural, que constituye el 40 % del turismo europeo, es un sector económico clave en cuanto a posibilidades de crecimiento y empleo, cuyo desarrollo debe promoverse aún más mediante el uso de las nuevas tecnologías; destaca, no obstante, la importancia de preservar el patrimonio cultural y natural mediante la creación de formas de turismo sostenibles, menos invasivas y de más valor añadido, en las que el sector turístico esté integrado en las estrategias de desarrollo local;

30.  Expresa su preocupación por el estado de las políticas de conservación, restauración, preservación y promoción del patrimonio cultural, que reviste la máxima importancia para la identidad europea; hace hincapié en que la financiación destinada a la salvaguarda del patrimonio cultural se ha reducido drásticamente en algunos Estados miembros como consecuencia de la crisis económica y financiera; pide, en este sentido, a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que se destinen fondos e iniciativas adecuados a la valorización del patrimonio cultural europeo;

31.  Invita a la Comisión a promover la excelencia, la innovación y la competitividad en los sectores culturales y creativos mediante el apoyo al trabajo de artistas, creadores y profesionales de la cultura;

32.  Afirma que es urgentemente necesario situar claramente al patrimonio cultural en el lugar que le corresponde en el Plan de Inversiones para Europa de la Comisión;

33.  Atrae la atención sobre la necesidad de mejorar el marco metodológico con objeto de contar con mejores estadísticas relacionadas con el ámbito del patrimonio cultural; insta a la Comisión a que proponga un conjunto de indicadores uniformes para todos los Estados miembros que puedan utilizarse para controlar y evaluar la situación del patrimonio cultural; subraya la necesidad de obtener más resultados de investigaciones en todos los aspectos del patrimonio cultural y de asociarlos entre sí a fin de contrarrestar la fragmentación en este ámbito; señala a este respecto el potencial de los datos masivos o «big data» para extraer más conocimiento de los proyectos de investigación; hace hincapié en que la recogida más sistemática de estadísticas es esencial para evaluar el valor económico real y potencial del patrimonio cultural;

34.  Considera que la Comisión debe clasificar a las empresas y entidades dedicadas a la conservación del patrimonio en sus diversas vertientes como un sector específico, que utiliza métodos tradicionales con valor añadido y posibilita una conservación ecológica y sostenible;

35.  Reconoce la urgente necesidad de afrontar el problema del desempleo juvenil, y destaca que en el ámbito del patrimonio cultural se pueden crear más y mejores puestos de trabajo y reforzar la conexión entre educación y vida laboral, por ejemplo mediante una formación de aprendices de calidad, periodos de prácticas y empresas de nueva creación en el ámbito de las pymes así como el desarrollo de la economía social; anima a este respecto a los Estados miembros a desarrollar nuevas e innovadoras posibilidades de financiación para apoyar la formación y educación en materia de gestión y conservación, así como la movilidad de los trabajadores e investigadores en este sector;

36.  Exhorta a la Comisión Europea a que promueva programas conjuntos en materia de patrimonio cultural y turismo sobre una base integrada y científica que sirvan de referencia y ejemplo de buenas prácticas;

37.  Pide a los Estados miembros que planifiquen estratégicamente proyectos relacionados con el patrimonio cultural que puedan dar lugar a un desarrollo regional y local general, a programas de cooperación internacional e interregional, a la creación de nuevos puestos de trabajo, una regeneración rural y urbana sostenible y la preservación y promoción de cualificaciones tradicionales relacionadas con la restauración del patrimonio cultural;

38.  Propone a la Comisión y a los Estados miembros la elaboración de un estudio económico y estadístico sobre las empresas, las entidades de gestión y distintas especialidades profesionales del sector dedicado a la conservación y promoción del patrimonio cultural y su contribución específica por lo que respecta a la producción y la creación de empleo;

39.  Atrae la atención sobre la necesidad de crear, desarrollar y fomentar la movilidad y el intercambio de experiencias para las personas que trabajan en el sector del patrimonio cultural garantizando una auténtica reciprocidad profesional, conforme a la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, mediante la identificación y la puesta en común entre los Estados miembros de unos niveles mínimos de competencias (capacidades y conocimientos), en especial para la figura del restaurador-conservador; insta, en este contexto, a la Comisión a que presente una propuesta para ampliar los programas pertinentes a fin de incluir la movilidad de los gestores y empleados del sector del patrimonio cultural (por ejemplo, gestores de castillos) con vistas a intercambiar experiencias y buenas prácticas;

40.  Exhorta a los Estados miembros a que hagan hincapié en el valor de sus «activos» patrimoniales promoviendo estudios para determinar el valor cultural y económico de su patrimonio cultural, a fin de transformar el «coste» de su conservación en una «inversión» en su valor;

41.  Pide a la Comisión que considere la posibilidad de que el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) establezca en el marco de su próxima Agenda de Innovación Estratégica, una comunidad de conocimiento e innovación (CCI) en el ámbito del patrimonio cultural y de las empresas creativas, apoyando de este modo directamente una visión integral de la investigación y la innovación;

42.  Reitera la importancia de promover en los planes de estudios la inserción de la educación artística, musical, teatral y cinematográfica, como componente esencial para desarrollar el conocimiento del patrimonio cultural, la práctica y la expresión artísticas así como las habilidades orientadas a la creatividad y la innovación;

43.  Anima a los Estados miembros a introducir en los distintos niveles educativos temas interdisciplinares relacionados con el patrimonio cultural;

44.  Insiste en las enormes posibilidades existentes de desarrollo de la actividad empresarial y de un planeamiento participativo en el sector turístico, en particular para las pequeñas y medianas empresas del sector turístico, pero también para las empresas de nueva creación, el sector sin ánimo de lucro y otras organizaciones que contribuyen a la preservación, la protección y la promoción del patrimonio cultural de Europa; hace hincapié en que, además de los activos culturales, la calidad del servicio, una alta cualificación profesional y la existencia de unos especialistas bien formados en el ámbito en línea son factores clave para el éxito y la competitividad del sector turístico europeo; subraya que la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones, son esenciales para acercar el patrimonio cultural a las personas; considera asimismo que se deben suprimir las cargas innecesarias que pesan sobre las pymes, en aras de su competitividad, y que se debería revisar la legislación que afecte negativamente a las pymes del sector turístico;

Oportunidades y retos

45.  Destaca el potencial de la digitalización del patrimonio cultural, como instrumento de preservación del pasado y como fuente de educación, oportunidades de investigación, creación de empleo de calidad, mejor inclusión social, mayor acceso para las personas con discapacidad o las personas que viven en zonas remotas, y desarrollo económico sostenible; destaca que la digitalización del patrimonio exige el consiguiente esfuerzo financiero para las instituciones culturales de pequeño y mediano tamaño o aisladas, y que una financiación adecuada es clave para garantizar un público más amplio y una mayor difusión de dicho patrimonio; hace hincapié en que las oportunidades que ofrecen la digitalización y las nuevas tecnologías, que nunca sustituirán el acceso al patrimonio original o los beneficios sociales asociados de formas tradicionales de participación en la cultura, no deben desembocar en la negligencia de la conservación de los originales o el menosprecio de las formas tradicionales de promoción de la cultura, durante o después de la digitalización;

46.  Apoya la innovación digital en el sector de las artes y el patrimonio, y observa que el uso de infraestructuras electrónicas puede atraer nuevas audiencias y asegurar un mejor acceso al patrimonio cultural digital y su explotación; destaca la relevancia de los instrumentos existentes, como el sitio web Europeana, e insta a mejorar sus criterios de búsqueda con objeto de incrementar su facilidad de uso;

47.  Subraya la necesidad de mejorar el nivel de digitalización, preservación y disponibilidad en línea del patrimonio cultural, en particular del patrimonio filmográfico europeo;

48.  Hace hincapié en la importancia de desarrollar un discurso auténticamente democrático y participativo en cuanto al patrimonio europeo, incluido el de las minorías religiosas y étnicas; atrae la atención sobre la presencia de bienes del patrimonio que plasman pasados diferentes o polémicos, y destaca que los procesos de reconciliación no deberían conllevar la supresión de la conciencia histórica de las comunidades; pide a los Estados miembros que reflexionen sobre la ética y los métodos de presentación del patrimonio cultural y que tengan en cuenta la diversidad de interpretaciones;

49.  Afirma que el patrimonio religioso constituye una parte inmaterial del patrimonio cultural europeo; destaca la importancia de que los lugares, prácticas y bienes vinculados a prácticas religiosas no se menosprecien en el discurso del patrimonio cultural europeo ni sean objeto de forma alguna de trato discriminatorio;

50.  Considera que el patrimonio religioso histórico, incluidas la arquitectura y la música, ha de ser conservado por su valor cultural, con independencia de sus orígenes religiosos;

51.  Hace hincapié en la importancia del diálogo intercultural, dentro y fuera de Europa, y considera que la Unión debería promover dicho diálogo como un instrumento adecuado contra el radicalismo de cualquier origen;

52.  Atrae la atención sobre las características específicas de las minorías nacionales de los Estados miembros en lo que respecta al patrimonio cultural; pide, en consecuencia, la preservación de su patrimonio cultural y el fomento y la protección de la diversidad cultural;

53.  Hace hincapié en que debe evitarse la discriminación cultural de las minorías religiosas y étnicas;

54.  Resalta la importancia de apoyar las actividades culturales de las comunidades migrantes;

55.  Reafirma la importante contribución del patrimonio cultural a las industrias culturales y creativas así como a la inclusión social a través de la cultura;

56.  Hace hincapié en la importancia de mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los bienes del patrimonio cultural;

57.  Señala la importancia de la preservación de los paisajes culturales y, en particular, del patrimonio cultural inmaterial, que representa una cultura viva y alimenta la artesanía tradicional, y pide a la Comisión que lo incluya, en una mayor medida, en los correspondientes programas;

58.  Subraya la importancia del patrimonio gastronómico, que debe protegerse y apoyarse; considera que la interacción con otras políticas de la UE, como la política agrícola común y la política en materia de protección del consumidor, permitiría optimizar los recursos asignados a este ámbito;

59.  Señala que entre el patrimonio cultural y el turismo existe una relación de beneficio mutuo, ya que, por una parte, el patrimonio cultural genera unas ganancias sustanciosas para la industria turística y, por otra, el turismo es positivo para la cultura, al fomentar la exhibición y la preservación de los bienes culturales y crear los ingresos necesarios para su conservación;

60.  Destaca que el turismo cultural debe desempeñar un papel fundamental en la conservación y realización del valor de nuestro patrimonio cultural, que no solo incluye el patrimonio físico y el paisaje, sino también el patrimonio inmaterial, como las lenguas y las tradiciones religiosas y culinarias;

61.  Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que sigan cooperando a fin de aplicar, a todos los niveles pertinentes, las medidas destinadas a la promoción del patrimonio cultural y el turismo cultural que figuran en la Comunicación de la Comisión, de 30 de junio de 2010, titulada «Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo» (COM(2010)0352

62.  Hace hincapié, dados los profundos cambios demográficos y sociales, en la importancia de nuestro patrimonio cultural europeo, así como del año europeo previsto, para la identificación de los ciudadanos con la Unión Europea y el refuerzo del sentido de comunidad dentro de la Unión;

63.  Opina que, en particular para las próximas generaciones, apreciar el patrimonio cultural común europeo ofrece orientación y margen para la creación de una identidad europea y valores como una convivencia respetuosa más allá de las fronteras del Estado miembro propio; recomienda, por este motivo, que se tenga especialmente en cuenta a la generación joven, en particular, a la hora de organizar el Año Europeo del Patrimonio Cultural;

64.  Celebra el gran éxito registrado por las Capitales Europeas de la Cultura; pide que esas ciudades se unan como parte de una red, a fin de ampliar la atención sobre dichos territorios, hacer posible el intercambio de experiencias y buenas prácticas, en especial para ayudar a futuras candidatas, y facilitar la organización de actos y circuitos específicos;

65.  Insta a que el patrimonio cultural se utilice como herramienta educativa para abordar los problemas de la sociedad y acercar más a las personas que viven en Europa;

66.  Atrae la atención sobre las amenazas medioambientales que afectan a un importante número de bienes del patrimonio en la UE, e insta a que, en sus estrategias de financiación a largo plazo para la preservación del patrimonio y los métodos de restauración, los Estados miembros tengan en cuenta las consecuencias que tienen el cambio climático y la presión humana; recomienda, además, que los Estados miembros y la UE promuevan en mayor medida la investigación en este ámbito, entre otras cosas a fin de investigar más detalladamente los múltiples efectos del cambio climático en el patrimonio cultural y elaborar medidas para contrarrestarlo;

67.  Insta a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a que potencien la iniciativa «Los 7 lugares más amenazados», lanzada por Europa Nostra en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones, mediante la identificación de otros ejemplos del patrimonio europeo que corran peligro, la elaboración de planes de acción y la búsqueda de posibles fuentes de financiación; subraya que el desarrollo de esta iniciativa es una forma de atraer inversiones privadas para la rehabilitación del patrimonio;

68.  Insta a la Comisión a que coordine y apoye más adecuadamente los esfuerzos de los Estados miembros en la lucha contra el robo, el contrabando y el tráfico ilegal de bienes del patrimonio cultural, dentro y fuera de la UE; pide la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro;

69.  Recuerda la importancia de que se conserve y proteja el patrimonio cultural, no solo de los estragos causados del tiempo, sino también del vandalismo y el expolio; señala que numerosos sitios arqueológicos siguen corriendo el riesgo de ser expoliados por cazatesoros organizados, en particular en sitios subacuáticos de difícil acceso y control por las autoridades; aboga en este sentido por una cooperación más efectiva entre los Estados miembros en la identificación y recuperación de bienes culturales y la prevención del tráfico ilegal de dichos bienes;

70.  Hace hincapié en la función que desempeña el patrimonio cultural en las relaciones exteriores de la Unión a través del diálogo político y la cooperación con terceros países, y pide a los Estados miembros, a la Comisión y al Consejo que reactiven la diplomacia cultural; señala, además, el potencial de los proyectos de investigación interdisciplinarios para la conservación del patrimonio cultural entre los Estados miembros y terceros países;

71.  Pide a los Estados miembros, a la UE y a la comunidad internacional que contraigan un fuerte compromiso con la prevención, la protección, la documentación y la restauración del patrimonio cultural de la UE o de terceros países en los casos en que sea objeto de amenazas y daños intencionados como acto de guerra y de violación de la identidad cultural y religiosa, también mediante la cooperación con organismos internacionales como ICCROM, ICBS (International Committee of the Blue Schield), las autoridades civiles y militares, las instituciones culturales y las asociaciones profesionales;

72.  Anima a adoptar acuerdos internacionales para evitar el tráfico ilícito de patrimonio cultural; destaca la necesidad de que la UE, junto con las Naciones Unidas y la Unesco, defienda el patrimonio cultural que se encuentre en peligro y combatan el pillaje y la destrucción de objetos culturales en zonas en conflicto;

73.  Subraya el potencial del know-how existente en la UE en la conservación de los bienes culturales dañados o destruidos como consecuencia del terrorismo y la guerra;

74.  Apoya la creación de productos derivados del turismo cultural transnacional que reflejen un patrimonio y unos valores europeos comunes; insta a la Comisión a que intensifique la colaboración con los Estados miembros y otras organizaciones que elaboran políticas en materia de cultura y turismo, como la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Unesco, y que siga cofinanciando y promoviendo redes, proyectos regionales transfronterizos y —en estrecha colaboración con el Consejo de Europa— las rutas culturales europeas, que ofrecen el mejor ejemplo de proyectos paneuropeos transnacionales de turismo temático;

o
o   o

75.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 221.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
(3) DO L 347 de 20.12.2013, p. 289.
(4) DO L 347 de 20.12.2013, p. 104.
(5) DO L 159 de 28.5.2014, p. 1.
(6) DO L 175 de 27.6.2013, p. 1.
(7) Aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 13 de octubre de 2005; abierta a la firma por los Estados miembros en Faro (Portugal) el 27 de octubre del mismo año; entró en vigor el 1 de junio de 2011.
(8) DO C 183 de 14.6.2014, p. 36.
(9) DO C 463 de 23.12.2014, p. 1.
(10) DO C 463 de 23.12.2014, p. 4.
(11) DO L 283 de 29.10.2011, p. 39.
(12) Carta de Venecia aprobada por ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) en 1965; Convenio de Granada aprobado por el Consejo de Europa en 1985; Convenio de La Valletta aprobado por el Consejo de Europa en 1992.
(13) Véase el artículo 3, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) nº 1301/2013.


Seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water
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Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water (2014/2239(INI))
P8_TA(2015)0294A8-0228/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano(1) (en lo sucesivo, «Directiva sobre agua potable»),

–  Vista la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas(2) (en lo sucesivo, «DMA»),

–  Visto el Reglamento (UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011 sobre la iniciativa ciudadana(3),

–  Vista la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión(4),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, titulada «Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa» (COM(2012)0673),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de marzo de 2014, relativa a la Iniciativa Ciudadana Europea «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!» (COM(2014)0177) (en lo sucesivo, «la Comunicación»),

–  Visto el Informe de síntesis de la Comisión sobre la calidad del agua potable en la UE en el que se examinan los informes de los Estados miembros correspondientes al período 2008-2010 de conformidad con la Directiva 98/83/CE (COM(2014)0363),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la mencionada Comunicación de la Comisión de 19 de marzo de 2014(5),

–  Visto el informe de síntesis de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) titulado «El medio ambiente europeo - Situación y perspectivas 2015»,

–  Vista la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 28 de julio de 2010, titulada «El derecho humano al agua y el saneamiento»(6), y la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 2013, titulada «El derecho humano al agua potable y el saneamiento»(7),

–  Vistas todas las resoluciones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento,

–  Vista su Resolución de 9 de octubre de 2008, sobre «Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea»(8),

–  Vista su Resolución de 3 de julio de 2012 relativa a la aplicación de la legislación de la UE sobre el agua antes de la adopción de un enfoque global de los retos europeos en materia de recursos hídricos(9),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre la UE y el marco mundial para el desarrollo posterior a 2015(10),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y la Comisión de Peticiones (A8-0228/2015),

A.  Considerando que «Right2Water» es la primera iniciativa ciudadana europea (ICE) que cumple los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) nº 211/2011 sobre la iniciativa ciudadana y que ha sido oída por el Parlamento, tras recibir el apoyo de casi 1,9 millones de ciudadanos;

B.  Considerando que el derecho humano al agua y al saneamiento abarca las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, asequibilidad y calidad;

C.  Considerando que la plena realización del derecho humano al agua y el saneamiento, reconocido por las Naciones Unidas y apoyado por los Estados miembros de la UE, es esencial para la vida, y que la adecuada gestión de los recursos hídricos desempeña un papel crucial a la hora de garantizar el uso del agua y salvaguardar el capital natural del mundo; que los efectos combinados de la actividad humana y del cambio climático hacen que toda la región mediterránea de la UE y algunas regiones de Europa Central se clasifiquen actualmente como regiones semidesérticas con escasez de agua;

D.  Considerando que, como recoge el informe de la AEMA de 2015 sobre el estado del medio ambiente, las tasas de pérdidas por fugas de conducciones de agua en Europa es actualmente de entre el 10 % y el 40 %;

E.  Considerando que el acceso al agua es una de las claves para conseguir un desarrollo sostenible; que centrar la ayuda al desarrollo en mejorar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento es una manera eficaz de perseguir los objetivos fundamentales de erradicación de la pobreza así como de fomentar la igualdad social, la salud pública, la seguridad alimentaria y el crecimiento económico;

F.  Considerando que al menos 748 millones de personas carecen de acceso sostenible a agua potable salubre, y que un tercio de la población mundial no dispone del saneamiento básico; que, en consecuencia, el derecho a la salud corre peligro y se propagan las enfermedades, provocando dolor y muerte y obstaculizando sobremanera el desarrollo; que cada día mueren unos cuatro mil niños por enfermedades que se contagian por el agua o que se deben a una calidad del agua, un saneamiento y una higiene insuficientes; que la falta de acceso al agua potable mata a más niños que el sida, la malaria y la viruela sumados; que, no obstante, estas cifras muestran una clara tendencia a la baja y que se puede y se debe acelerar este descenso;

G.  Considerando que el acceso al agua también tiene una dimensión de seguridad que requiere una mejor cooperación regional;

H.  Considerando que la falta de acceso al agua y al saneamiento tiene consecuencias para la realización de otros derechos humanos; que los problemas relacionados con el agua afectan desproporcionadamente a las mujeres, ya que en muchos países en desarrollo son ellas las que tradicionalmente se encargan del suministro doméstico de agua; que las mujeres y las niñas son quienes más sufren la falta de acceso a un saneamiento adecuado y decente, lo cual suele limitar su acceso a la educación y las hace más vulnerables ante las enfermedades;

I.  Considerando que cada año tres millones y medio de personas mueren por enfermedades transmitidas por el agua;

J.  Considerando que el Protocolo Opcional del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor en 2013, creó un mecanismo de denuncia que permite a las personas o a grupos de personas presentar denuncias formales sobre violaciones del derecho humano al agua y al saneamiento, entre otros derechos;

K.  Considerando que, en los países en desarrollo y en las economías emergentes, la demanda de agua está aumentando en todos los sectores y, en especial, en el sector de la energía y la agricultura; que el cambio climático, la urbanización y la evolución demográfica pueden suponer una grave amenaza para la disponibilidad de agua en muchos países en desarrollo, y que se calcula que unos dos tercios de la población mundial vivirán en países con escasez de agua en 2025;

L.  Considerando que la UE es el mayor donante en el sector del agua, el saneamiento y la higiene, con un 25 % de su financiación anual global humanitaria dedicada exclusivamente a apoyar a socios de desarrollo en este ámbito; que, no obstante, un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo de 2012 sobre la ayuda al desarrollo de la Unión Europea para el suministro de agua potable y el saneamiento básico en los países subsaharianos señalaba la necesidad de mejorar la eficacia de la ayuda y la sostenibilidad de los proyectos apoyados por la UE;

M.  Considerando que, a nivel europeo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa declaró que el acceso al agua debe ser reconocido como un derecho humano fundamental porque es esencial para la vida en el planeta y es un recurso que debe ser compartido por la humanidad;

N.  Considerando que la privatización de los servicios básicos en el África subsahariana en la década de 1990 ha obstaculizado, entre otras cosas, la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de agua y saneamiento, pues la importancia dada por los inversores a la recuperación de los costes ha aumentado, entre otras consecuencias, las desigualdades en la prestación de dichos servicios en detrimento de los hogares con menos ingresos; que, en vista del fracaso de la privatización del agua, la transferencia de los servicios de agua de empresas privadas a las autoridades locales es una tendencia creciente en el sector del agua en todo el mundo;

O.  Considerando que el suministro de agua es un monopolio natural y que los ingresos producidos por el ciclo del agua deben cubrir los costes y la protección de los servicios de aguas, así como su mejora, y que en todo momento deben destinarse cumpliendo la condición de que se garantice el interés público;

P.  Considerando que la ausencia de agua y saneamiento adecuados tiene una grave repercusión en la salud y en el desarrollo social, en especial para los niños; que la contaminación de los recursos hídricos es la principal causa de diarrea, la segunda mayor causa de mortalidad infantil en los países en desarrollo y conduce a otras enfermedades importantes como el cólera, la esquistosomiasis y la tracoma;

Q.  Considerando que el agua tiene funciones sociales, económicas y ecológicas y que una gestión correcta y solidaria del ciclo del agua garantizará su disponibilidad continua y estable en el contexto actual de cambio climático;

R.  Considerando que Europa es especialmente sensible al cambio climático y que el agua es uno de los primeros sectores en los que repercute;

S.  Considerando que la ICE se estableció como mecanismo de democracia participativa con el propósito de fomentar la intervención directa de los ciudadanos en la toma de decisiones de la UE, y ofrece una excelente oportunidad para que las instituciones de la UE recuperen el apego de los ciudadanos;

T.  Considerando que las encuestas Eurobarómetro han mostrado sistemáticamente en los últimos años unos niveles de confianza bajísimos de los ciudadanos en la UE;

La ICE como instrumento de democracia participativa

1.  Considera que la ICE es un mecanismo democrático único con un potencial considerable para contribuir a salvar la brecha entre los movimientos sociales y de la sociedad civil europeos y nacionales y para promover la democracia participativa al nivel de la UE; opina, no obstante, para poder aprovechar aún mejor el mecanismo democrático es imprescindible evaluar las experiencias hasta la fecha y reformar la Iniciativa Ciudadana, y que las acciones de la Comisión —que pueden consistir, cuando resulte conveniente, en la introducción de elementos adecuados en las revisiones legislativas o en nuevas propuestas legislativas— deben responder mejor a las exigencias de las ICE cuando estas incidan en su ámbito de competencias, especialmente cuando afecten a cuestiones de derechos humanos;

2.  Destaca que la Comisión debe garantizar la máxima transparencia durante los dos meses de la fase de análisis, que una ICE satisfactoria debe recibir una asistencia y un asesoramiento jurídicos adecuados por parte de la Comisión y gozar de una difusión apropiada, y que debe facilitarse información completa y actualizada a los promotores y partidarios de la ICE a lo largo de todo el proceso;

3.  Insiste en que la Comisión aplique eficazmente el Reglamento sobre la ICE y proceda a eliminar todas las trabas burocráticas a las que se enfrentan los ciudadanos al presentar o al respaldar una iniciativa, e insta a la Comisión a considerar la implantación de un sistema de registro de iniciativas común para todos los Estados miembros;

4.  Celebra que el apoyo dado por casi 1,9 millones de ciudadanos de la UE de todos los Estados miembros a esta ICE concuerde con la decisión de la Comisión de excluir el agua y los servicios de saneamiento de la Directiva sobre concesiones;

5.  Pide a la Comisión que mantenga y confirme la exclusión de los servicios de aguas y saneamiento de la Directiva sobre concesiones en cualquier posible revisión de dicha Directiva;

6.  Juzga lamentable que la Comunicación carezca de ambición, no responda a las demandas concretas expresadas en la ICE y se limite a reiterar compromisos existentes; destaca que la respuesta dada por la Comisión a la ICE Right2Water es insuficiente, pues no aporta ninguna contribución nueva ni introduce todas las medidas que podrían contribuir a alcanzar los objetivos; pide a la Comisión Europea, en relación con esta ICE en particular, que ponga en marcha una campaña informativa exhaustiva sobre las medidas ya adoptadas en el ámbito del agua y sobre cómo podrían contribuir estas medidas a la consecución de los objetivos de la ICE Right2Water;

7.  Considera que muchas de las peticiones relacionadas con la calidad y la gestión del agua proceden de Estados miembros que no están bien representados en la consulta pública a escala europea puesta en marcha en junio de 2014, y hace hincapié, por tanto, en que podría existir una incoherencia entre los resultados de la consulta pública y la situación denunciada en las peticiones;

8.  Espera un compromiso político explícito de la Comisión y del vicepresidente responsable de la sostenibilidad para garantizar que se toman las medidas adecuadas en respuesta a las preocupaciones expresadas en esta ICE;

9.  Reitera el compromiso de su Comisión de Peticiones de dar voz a los peticionarios por lo que respecta a cuestiones relativas a los derechos fundamentales y recuerda que los peticionarios de la ICE Right2Water se han manifestado a favor de declarar el agua como derecho humano garantizado en toda la UE;

10.  Pide a la Comisión, de acuerdo con el objetivo primordial de la ICE Right2Water, que presente propuestas legislativas, si procede una para la revisión de la DMA, que reconozcan el acceso universal y el derecho humano al agua; defiende, por otra parte que se reconozca el acceso universal a agua potable salubre y saneamiento en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE;

11.  destaca que si la Comisión desatiende ICE exitosas y ampliamente respaldadas en el marco del mecanismo democrático establecido por el Tratado de Lisboa, la UE como tal perderá credibilidad a ojos de los ciudadanos;

12.  Pide a la Comisión que adopte acciones de información y educación a escala europea para fomentar la cultura del agua como bien común, acciones de sensibilización y fomento de un comportamiento personal más consciente (para ahorrar agua), acciones para el desarrollo reflexivo de políticas de gestión de los recursos naturales y acciones de apoyo a una gestión pública participativa y transparente;

13.  Considera necesario elaborar unas políticas del agua que alienten el uso racional, el reciclaje y la reutilización de los recursos hídricos, que son elementos esenciales para una gestión integrada; opina que ello permitirá reducir costes, ahorrar recursos naturales y garantizar una gestión medioambiental correcta;

14.  Pide a la Comisión que desincentive las prácticas de acaparamiento de agua y fracturación hidráulica y las someta a estudios de impacto ambiental;

El derecho al agua y al saneamiento

15.  Recuerda que las Naciones Unidas afirman que el derecho humano al agua y al saneamiento es el derecho de todos a disponer para el uso personal y doméstico de agua de calidad, salubre, físicamente accesible, asequible, en cantidad suficiente y aceptable; resalta que las Naciones Unidas recomiendan asimismo que el 3 % de la renta del hogar sea considerado como lo máximo que puede dedicarse a pagar el agua, allí donde deba pagarse;

16.  Apoya al relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a agua potable salubre y saneamiento y subraya la importancia de su trabajo y el de su predecesora en el reconocimiento de dicho derecho;

17.  Lamenta que en la UE-28 todavía más de un millón de personas siga sin tener acceso a agua potable salubre y limpia, y que casi un 2 % de la población carezca de acceso a instalaciones de saneamiento, según el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, y, por consiguiente, insta a la Comisión a que actúe de inmediato;

18.  Pide a la Comisión que reconozca la importancia del derecho humano al agua y al saneamiento y el agua como bien público y valor fundamental para todos los ciudadanos de la UE y que no constituye un producto comercial; expresa su preocupación al constatar que, desde 2008, debido a políticas de austeridad excesivas, que han aumentado la pobreza en Europa y el número de hogares con rentas bajas, son cada vez más las personas con dificultades para pagar la factura del agua, e indica que la asequibilidad está convirtiéndose en objeto de preocupación creciente; rechaza los cortes de agua y la suspensión forzosa del suministro de agua, y pide a los Estados Miembros que pongan fin con carácter inmediato a estas situaciones cuando se deban a factores socioeconómicos en hogares de bajos ingresos; celebra que en algunos Estados miembros se utilicen «bancos de agua» o cuotas mínimas de agua en un intento de ayudar a los grupos más vulnerables con los costes de los servicios y como garantía de que el agua es un componente inalienable de los derechos fundamentales;

19.  Pide a la Comisión que, en vista de los efectos de la reciente crisis económica, realice un estudio, en colaboración con los Estados Miembros, sobre cuestiones de la pobreza relacionada con el agua, como el acceso y la asequibilidad; Insta a la Comisión a que siga apoyando y facilitando la cooperación entre los operadores de aguas para ayudar a quienes viven en regiones menos desarrolladas y en zonas rurales, a fin de apoyar el acceso a agua de buena calidad por todos los ciudadanos de esas zonas;

20.  Pide a la Comisión que determine qué áreas sufren o pueden sufrir escasez de agua, y que ayude a los Estados miembros, regiones y zonas afectados, en especial a las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas, a abordar de manera adecuada este problema;

21.  Destaca que la supuesta neutralidad de la Comisión en lo que respecta a la propiedad y la gestión del agua está en contradicción con los programas de privatización impuestos a ciertos Estados miembros por la troika;

22.  Reconoce que, como se afirma en la DMA, el agua no es un producto comercial sino un bien público imprescindible para la vida y la dignidad humanas, y recuerda a la Comisión que las normas del Tratado exigen la neutralidad de la UE en relación con las decisiones nacionales que regulan el régimen de propiedad de las empresas del agua, por lo que no debe de ningún modo promover la privatización de las empresas del agua en el contexto de programas de ajuste económico o cualquier otro procedimiento de coordinación de política económica de la UE; pide a la Comisión, habida cuenta de que se trata de servicios de interés general y por tanto principalmente de interés público, que excluya permanentemente el agua y el saneamiento y tratamiento de las aguas residuales de las normas del mercado interior y de cualquier acuerdo comercial, y que los suministre a precios asequibles y pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por una gestión técnica, financiera y administrativa que sea eficiente, eficaz y transparente;

23.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que revisen la gobernanza de la política de aguas y que la restablezcan sobre la base de una participación activa, entendida como transparencia del proceso de toma de decisiones y apertura ante los ciudadanos;

24.  Opina que, en cuestiones de regulación y control, es necesario proteger la titularidad pública del agua impulsando modelos de gestión pública, transparente y participativa en los que, solo en determinados casos, la autoridad de titularidad pública podría conceder algunos cometidos de gestión a la iniciativa privada, siempre en términos estrictamente regulados y garantizando permanentemente el derecho al recurso y a un adecuado saneamiento;

25.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un suministro generalizado de agua a precios asequibles, de calidad elevada y con unas condiciones laborales justas y sujeto a controles democráticos;

26.  Pide a los Estados miembros que apoyen la promoción de campañas educativas y de concienciación para los ciudadanos con el fin de preservar y economizar los recursos hídricos y garantizar una mayor participación cívica;

27.  Pide a los Estados miembros que garanticen un acceso no discriminatorio a los servicios de aguas, garantizando su suministro a todos, incluidos los grupos de usuarios marginados;

28.  Pide a la Comisión, al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y a los Estados miembros que apoyen a los municipios de la Unión que carecen del capital necesario para acceder a asistencia técnica, a la financiación de la UE disponible y a préstamos a largo plazo con tipos de interés preferentes, especialmente para fines de mantenimiento y mejora de las infraestructuras de aguas para garantizar el suministro de agua de calidad elevada y extender los servicios de aguas y saneamiento a los grupos de población más vulnerables, en especial los pobres y los habitantes de las regiones ultraperiféricas y remotas; subraya la importancia de disponer de una gobernanza abierta, democrática y participativa para garantizar que se adopten las soluciones más eficientes en función del coste con respecto a la gestión de los recursos hídricos en beneficio de toda la sociedad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la transparencia de los recursos económicos generados por el ciclo del agua;

29.  Reconoce que los servicios de aguas y saneamientos son servicios de interés general y que el agua no es un producto comercial sino un bien público, por lo que deben ofrecerse a precios asequibles que respeten el derecho de las personas a agua de una calidad mínima y que prevea la aplicación de una tarifa progresiva ; solicita a los Estados Miembros que garanticen la aplicación a los servicios de aguas y saneamiento de un sistema tarifario justo, equitativo, transparente y adecuado, de manera que se garantice a todos los ciudadanos igualdad de acceso a servicios de alta calidad, con independencia de los recursos de que dispongan;

30.  Observa que es necesario comprender el agua como un activo ecosocial en lugar de como un mero elemento de producción;

31.  Recuerda que el acceso al agua es esencial para la agricultura a fin de materializar el derecho a una alimentación adecuada;

32.  Pide a la Comisión que apoye decididamente los esfuerzos de los Estados miembros para desarrollar y mejorar la infraestructura que proporciona acceso a servicios de riego, alcantarillado y abastecimiento de agua potable;

33.  Considera que la Directiva sobre agua potable ha contribuido en gran medida a la disponibilidad de agua potable de gran calidad en toda la UE y pide a la Comisión y a los Estados miembros que actúen con decisión para hacer realidad los beneficios que aporta el fomento del consumo de agua corriente al medio ambiente y a la salud;

34.  Recuerda a los Estados miembros su responsabilidad de aplicar el Derecho de la UE; insta a los Estados miembros a que apliquen cabalmente la Directiva sobre el agua potable y toda la legislación afín; recuerda a los Estados miembros que deberían determinar sus prioridades de gasto y aprovechar plenamente las posibilidades de apoyo financiero de la UE en el sector del agua previstas en el nuevo periodo de programación financiera (2014-2020), en particular en virtud de la prioridad de inversión centrada específicamente en la gestión del agua;

35.  Recuerda las conclusiones del Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la integración de los objetivos de la política del agua de la UE con la PAC, en el que se afirma que «para responder a los problemas relativos al agua la PAC emplea instrumentos que hasta ahora no han conseguido avanzar lo suficiente para alcanzar las ambiciosas metas fijadas en este ámbito»; cree que una mejor integración de la política de aguas con otras políticas, por ejemplo las de la agricultura, es esencial para mejorar la calidad del agua en toda Europa;

36.  Destaca la importancia de aplicar cabalmente y con eficacia la DMA, la Directiva relativa a la protección de las aguas subterráneas, la Directiva sobre agua potable y la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y considera imprescindible coordinar mejor su aplicación con las directivas relativas al medio marítimo, a la biodiversidad y a las inundaciones; expresa su preocupación al observar que los instrumentos de política sectorial de la Unión no contribuyen lo suficiente a la realización de normas de calidad ambiental para sustancias prioritarias y al objetivo de suprimir gradualmente las emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), y el artículo 16, apartado 6, de la DMA; Pide a la Comisión y a los Estados Miembros que tengan en cuenta que la gestión del agua debe integrarse como elemento transversal en la elaboración de legislación sobre otros aspectos esenciales para este recurso como la energía, la agricultura, la pesca, el turismo, etc., a fin de impedir su contaminación a causa, por ejemplo, de los vertederos de residuos peligrosos ilegales y no regulados; o de la extracción y la prospección de hidrocarburos; recuerda que la condicionalidad en virtud de la PAC establece requisitos legales de gestión basados en la legislación vigente de la UE aplicable a los agricultores y las normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales, incluida la relativa al agua; recuerda que los agricultores deben regirse por estas normas para recibir la totalidad de los pagos de la PAC;

37.  Pide a los Estados miembros que:

   obliguen a los proveedores de agua a indicar las características fisicoquímicas del agua en la factura;
   elaboren planes urbanísticos en función de la disponibilidad de recursos hídricos;
   aumenten los controles y el seguimiento de sustancias contaminantes y planifiquen acciones inmediatas para eliminar sustancias tóxicas y desinfectar;
   tomen medidas para reducir las considerables fugas de las conducciones de agua en Europa renovando las redes de suministro de agua inadecuadas;

38.  Considera necesario establecer un orden prioritario o una jerarquización para el uso sostenible del agua; pide a la Comisión que presente un análisis y las propuestas pertinentes;

39.  Destaca que los Estados miembros se han comprometido con la defensa del derecho humano al agua a través de su respaldo a la Declaración de las Naciones Unidas, y que este derecho cuenta con el apoyo de un gran número de ciudadanos y de operadores de la Unión Europa.

40.  Destaca que el apoyo a la ICE Right2Water y sus objetivos ha quedado demostrado una vez más por el gran número de ciudadanos de países como Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Finlandia, España, Luxemburgo, Italia e Irlanda que se han pronunciado sobre la cuestión del agua y su propiedad y abastecimiento;

41.  Señala que, desde 1988, su Comisión de Peticiones ha recibido un número significativo de peticiones de ciudadanos de la UE de muchos Estados miembros que expresan su preocupación acerca de la calidad y el abastecimiento del agua, así como por la gestión de las aguas residuales; llama la atención sobre una serie de factores negativos denunciados por los peticionarios —como los vertederos, la falta de control eficaz de la calidad del agua por las autoridades y las prácticas agrícolas e industriales irregulares o ilegales—, que provocan la baja calidad del agua y, por tanto, afectan al medio ambiente y a la salud humana y animal; considera que estas peticiones son prueba del interés genuino de los ciudadanos en que se imponga cabalmente el cumplimiento de una normativa de la UE sostenible en materia de aguas y en su desarrollo;

42.  Insta enérgicamente a la Comisión a que se tome en serio las preocupaciones y las advertencias que los ciudadanos reflejan en dichas peticiones y a que les dé curso, en especial habida cuenta de la urgente necesidad de abordar la pérdida de recursos hídricos debida al uso excesivo y al cambio climático mientras aún estemos a tiempo de evitar la contaminación y la mala gestión; expresa su preocupación ante el número de procedimientos de infracción iniciados en relación con la calidad y la gestión del agua;

43.  Pide a los Estados miembros que concluyan, con carácter urgente, los planes hidrológicos de cuenca, que constituyen un elemento clave para la aplicación de la Directiva marco sobre el agua, y que los apliquen correctamente respetando plenamente los criterios ecológicos primordiales; pone de relieve que ciertos Estados miembros se enfrentan cada vez con mayor frecuencia a graves inundaciones que afectan seriamente a la población local; señala que los planes hidrológicos de cuenca previstos en la Directiva marco sobre el agua y los planes de gestión de riesgo de inundación previstos en la Directiva sobre inundaciones ofrecen una oportunidad inmejorable para aprovechar sinergias entre estos instrumentos, contribuyendo así a la provisión de agua limpia en cantidades suficientes y reduciendo al mismo tiempo el riesgo de inundaciones; recuerda, además, que cada Estado miembro debe contar con una página web central en la que se facilite información sobre la aplicación de la Directiva marco sobre el agua a fin de ofrecer una visión general de la gestión y la calidad de las aguas;

Los servicios de aguas y el mercado interior

44.  Observa que en países de toda la UE, como España, Portugal, Grecia, Irlanda, Alemania e Italia, la posible o efectiva pérdida de la titularidad pública de los servicios de aguas se ha convertido en motivo de gran preocupación para los ciudadanos; recuerda que la elección del método de gestión del agua se basa en el principio de subsidiariedad, tal como se contempla en el artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el Protocolo (nº 26) sobre los servicios de interés general, lo que pone de relieve la especial importancia de los servicios públicos para la cohesión social y territorial en la Unión,; recuerda que las empresas públicas del sector del abastecimiento de agua y del saneamiento de aguas son servicios de interés general y tienen la misión general de garantizar que se suministre a toda la población agua de alta calidad a precios aceptables socialmente y de reducir al mínimo los efectos de las aguas residuales perjudiciales en el medio ambiente;

45.  Destaca que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la Comisión debe mantenerse neutral en relación con las decisiones nacionales sobre el régimen de propiedad de los servicios de aguas, por lo que no debe de ningún modo promover la privatización de estos servicios ni por vía legislativa ni de ningún otro modo;

46.  Recuerda que la posibilidad de remunicipalización de los servicios agua debe seguir garantizada sin limitaciones y que estos servicios deben seguir siendo de gestión pública si así lo ha decidido la autoridad local responsable; recuerda que el agua es un derecho humano básico que debe ser accesible y asequible para todos; destaca que los Estados miembros tienen el deber de velar por que el agua esté garantizada para todos, con independencia del operador, y asegurarse al mismo tiempo de que los operadores proporcionen agua potable salubre y mejoren el saneamiento;

47.  Destaca que el carácter especial de los servicios de aguas y saneamiento, es decir, la producción, la distribución y el tratamiento, impone que queden excluidos de todo acuerdo comercial que la UE negocie o considere; insta a la Comisión a que excluya de manera vinculante jurídicamente los servicios de aguas de las negociaciones en curso sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios; hace hincapié en que todos los futuros acuerdos de comercio e inversión deben incluir cláusulas sobre el acceso a agua potable por parte de la población del país al que se refiera el acuerdo, conforme al ya antiguo compromiso de la Unión con el desarrollo sostenible y los derechos humanos, y en que un acceso real al agua potable por parte de la población del tercer país al que se refiera el acuerdo debe ser una condición previa para cualquier futuro acuerdo de libre comercio;

48.  Recuerda el importante número de peticiones de ciudadanos que se oponen a la inclusión de servicios públicos básicos, como los de aguas y saneamiento, en las negociaciones de la ATCI; pide a la Comisión que exija una mayor responsabilidad a los proveedores de agua;

49.  Pide a la Comisión que actúe como facilitador para promover la cooperación entre los operadores de aguas a través de la puesta en común de mejores prácticas de regulación y de otras prácticas e iniciativas, aprendizaje recíproco y experiencias comunes, y apoyando la evaluación comparativa voluntaria; Acoge con satisfacción la petición expresada en la Comunicación de la Comisión de una mayor transparencia en el sector de aguas y reconoce los esfuerzos hechos hasta ahora, señalando al mismo tiempo que todo ejercicio de evaluación debe ser voluntario, habida cuenta de la gran variedad de servicios de aguas y de las especificidades regionales y locales en toda Europa; señala asimismo que un ejercicio de evaluación que se base exclusivamente en indicadores financieros no debe considerarse equivalente a las medidas de transparencia, y que deben emplearse otros criterios de importancia crucial para los ciudadanos, como la calidad del agua, las medidas para mitigar los problemas de asequibilidad, la información sobre el porcentaje de la población que tiene acceso a suministros de agua adecuados y los niveles de participación pública en relación con la gobernanza del agua, expresado todo ello de manera comprensible para ciudadanos y reguladores;

50.  Destaca la importancia de las autoridades reguladoras nacionales para garantizar una competencia leal y abierta entre prestadores de servicios, facilitar una aplicación más rápida de soluciones innovadoras y del progreso técnico, promover la eficiencia y calidad de los servicios de aguas y garantizar la protección de los intereses de los consumidores; pide a la Comisión que apoye iniciativas de cooperación de reguladores en la UE a fin de acelerar la evaluación comparativa, el aprendizaje mutuo y el intercambio de mejores prácticas de regulación;

51.  Considera que debe llevarse a cabo una evaluación de los proyectos y programas europeos en materia de aguas y saneamiento desde la perspectiva de los derechos humanos, a fin de desarrollar las políticas, directrices y prácticas adecuadas; invita a la Comisión a que establezca un sistema de criterios de referencia (para calidad del agua, asequibilidad, sostenibilidad, cobertura, etc.) a fin de mejorar la calidad de los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento en toda la Unión Europea, y como medio para empoderar a los ciudadanos;

52.  Recuerda que las concesiones relacionadas con los servicios de aguas y saneamiento están sometidas a los principios del Tratado y, por lo tanto, deben adjudicarse respetando los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación;

53.  Destaca que los servicios de producción, distribución y tratamiento de aguas y saneamiento deben quedar excluidos de la Directiva sobre concesiones y de cualquier futura revisión a que se la someta

54.  Recuerda que la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior concitó un fuerte rechazo de la sociedad civil en muchos aspectos, como las cuestiones relacionadas con los servicios de interés económico general como los servicios de distribución y abastecimiento de agua y la gestión de aguas residuales;

55.  Destaca la importancia de que las asociaciones público-públicas y público-privadas intercambien mejores prácticas sobre la base de la cooperación sin ánimo de lucro entre operadores de aguas, y se congratula de que la Comisión haya reconocido por primera vez en la Comunicación la importancia de las asociaciones público-públicas;

56.  Celebra el éxito de los esfuerzos de algunos municipios por potenciar la participación pública en la mejora de la prestación de servicios de aguas y la protección de los recursos hídricos, y recuerda que las entidades locales desempeñan un papel importante en el proceso de toma de decisiones sobre gestión del agua;

57.  Pide al Comité de las Regiones que participe más activamente en esta ICE a fin de fomentar una mayor implicación de las autoridades regionales en este asunto;

58.  Recuerda la obligación de garantizar el acceso a la justicia y a la información en materia de medio ambiente, así como la participación pública en la toma de decisiones, de conformidad con el Convenio de Aarhus; pide, por tanto, a la Comisión, los Estados miembros y sus autoridades regionales y locales que cumplan con los principios y los derechos consagrados en el Convenio de Aarhus; recuerda que es fundamental que los ciudadanos sean conscientes de sus derechos a fin de lograr la más amplia participación posible en el procedimiento de toma de decisiones; insta, por consiguiente, a la Comisión a que ponga en marcha de forma proactiva una campaña para informar a los ciudadanos de la UE de los logros del Convenio de Aarhus en materia de transparencia y de los instrumentos efectivos ya disponibles, y a que cumpla las disposiciones relativas a las instituciones de la UE; pide a la Comisión que elabore criterios de transparencia, responsabilidad y participación como método para mejorar el rendimiento, la sostenibilidad y la eficacia de costes de los servicios del agua;

59.  Insta a los Estados miembros y a las entidades regionales y locales a que avancen hacia un auténtico acuerdo social por el agua con objeto de garantizar la disponibilidad, la estabilidad y la gestión segura del recurso, en especial, adoptando medidas como el establecimiento de fondos de solidaridad u otros mecanismos de acción social para las aguas con el fin de apoyar a las personas que no puedan permitirse el acceso a los servicios de aguas y saneamiento, a fin de cumplir las obligaciones en materia de seguridad del abastecimiento y de no poner en peligro el derecho humano al agua; alienta a todos los Estados miembros a que establezcan mecanismos de acción social como los ya existentes en algunos países de la UE para asegurar el suministro de agua potable a los ciudadanos cuyas condiciones de vida son especialmente difíciles;

60.  Pide a la Comisión Europea que organice un intercambio de experiencias entre Estados miembros sobre el aspecto social de la política de aguas;

61.  Expresa su rechazo ante el recurso como medida coercitiva en algunos Estados miembros a la denegación del suministro de aguas y el saneamiento a comunidades desfavorecidas y vulnerables; reitera que el hecho de que en algunos Estados miembros las autoridades hayan cerrado pozos públicos ha dificultado el acceso de los grupos más vulnerables al agua;

62.  Señala que los Estados miembros deben prestar especial atención a las necesidades de los grupos vulnerables de la sociedad y asimismo garantizar que las personas necesitadas tengan acceso a agua de calidad asequible;

63.  Pide a los Estados miembros que introduzcan la figura del defensor del pueblo en materia de servicios de aguas para garantizar que todas las cuestiones relativas al agua, como las quejas y sugerencias sobre la calidad y el acceso a los servicios de aguas, puedan ser tramitadas por un organismo independiente;

64.  Anima a las empresas de aguas a que reinviertan los ingresos económicos producidos por la gestión del ciclo del agua en el mantenimiento y la mejora de los servicios de aguas y la protección de los recursos hídricos; recuerda que el principio de recuperación de los costes de los servicios de aguas incluye los costes medioambientales y los costes de los recursos, respetando los principios de equidad y transparencia y el derecho humano al agua, así como las obligaciones de los Estados miembros de cumplir el requisito de la recuperación de costes del mejor modo posible, siempre que ello no comprometa la finalidad y la consecución de los objetivos de la DMA; recomienda que se ponga fin a las prácticas por las que se desvían recursos económicos del sector del agua para financiar otras políticas, como la inclusión en la factura del agua de cánones de concesión no reservados para infraestructuras hidráulicas; recuerda el preocupante estado de las infraestructuras en algunos Estados miembros en los que se derrocha agua por fugas debidas a las canalizaciones inadecuadas y anticuadas, e insta a los Estados miembros a que refuercen la inversión en mejora de la infraestructura y de otros servicios de aguas como premisa para garantizar el derecho humano al agua en el futuro;

65.  Pide a la Comisión que garantice que las autoridades competentes pongan a disposición de los ciudadanos interesados toda la información relativa a la calidad y la gestión del agua de manera fácilmente accesible y comprensible, y que se informe y se consulte plenamente y a tiempo a los ciudadanos sobre todos los proyectos de gestión del agua; observa, asimismo, que, en la consulta pública realizada por la Comisión, el 80 % de los participantes afirmaron que resulta esencial aumentar la transparencia del control de la calidad del agua;

66.  Pide a la Comisión que supervise atentamente el uso de financiación directa o indirecta de la UE destinada a proyectos de gestión del agua y que garantice que dichos fondos se utilicen exclusivamente para los proyectos a que estaban destinados, teniendo presente que el acceso al agua es fundamental para reducir las disparidades entre los ciudadanos de la UE y mejorar la cohesión económica, social y territorial de la UE; pide, a este respecto, al Tribunal de Cuentas que verifique que se cumplen satisfactoriamente los criterios de eficiencia y sostenibilidad;

67.  Pide a la Comisión que tome en consideración la actual falta de inversión en la gestión equilibrada del agua, teniendo en cuenta que el agua es uno de los activos comunes de los ciudadanos de la UE;

68.  Pide, por consiguiente, que aumente la transparencia entre los operadores de aguas, en particular mediante el desarrollo de un código de gobernanza privado y público para las empresas de aguas de la UE; opina que este código deberá basarse en el principio de eficiencia y estar supeditado siempre a las disposiciones medioambientales, económicas, infraestructurales y de participación pública de la DMA; insta asimismo a la creación de la figura de un regulador nacional;

69.  Pide a la Comisión que respete el principio de subsidiariedad y los poderes y responsabilidades en materia de aguas tanto en relación con los diferentes niveles de gobierno como con las comunidades locales de aguas que gestionan el servicio de aguas (manantiales y mantenimiento);

70.  Lamenta que la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas todavía no se aplique plenamente en los Estados miembros; pide que los recursos financieros de la Unión se utilicen de manera prioritaria en zonas donde no se respete la legislación medioambiental de la UE, incluido el tratamiento de aguas residuales; señala que los índices de cumplimiento han resultado mayores donde se recuperan los costes y donde se aplica el principio de que «quien contamina, paga», y pide a la Comisión que examine si los instrumentos actuales son adecuados para ofrecer un alto nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente;

71.  Destaca que, en el caso del agua, el sector servicios tiene un enorme potencial de creación de empleo a través de la integración medioambiental y de fomento de la innovación a través de la transferencia de tecnología entre sectores y de la I+D+i aplicada al ciclo integral del agua; solicita, por ello, que se dedique una atención especial a impulsar el uso sostenible del agua como energía renovable;

72.  Anima a la Comisión a elaborar un marco legislativo europeo para la reutilización del efluente tratado, especialmente con el fin de proteger las actividades y las zonas sensibles; pide, asimismo, a la Comisión que favorezca el intercambio de experiencias entre los organismos de salud de diferentes Estados miembros;

73.  Insta a la Comisión a que en cualquier revisión de la DMA garantice que las evaluaciones cuantitativas de los problemas de asequibilidad del agua se conviertan en un elemento obligatorio de los informes de los Estados miembros sobre la aplicación de la DMA;

74.  Pide a la Comisión que explore la posibilidad de que la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) observe los problemas de asequibilidad del agua en los veintiocho Estados miembros e informe al respecto;

75.  Señala que la buena gestión del agua se está convirtiendo en una prioridad para las próximas décadas, tanto en términos ecológicos como ambientales, ya que responde a exigencias en el ámbito de la energía y la agricultura y a imperativos económicos y sociales;

Internalización de los costes de la contaminación

76.  Recuerda que, a través de las facturas del agua, los ciudadanos de la UE corren con los costes de purificación y tratamiento del agua, y hace hincapié en que adoptar medidas que combinen y concilien de forma eficaz los objetivos de protección de los recursos hídricos con el ahorro de costes, como los planteamientos de «control en la fuente», es más eficiente y preferible económicamente; recuerda que, según el informe de la AEMA de 2015 sobre el estado del medio ambiente, más del 40 % de los ríos y las aguas costeras se ven afectados por una contaminación difusa causada por la agricultura, mientras que entre el 20 % y el 25 % están expuestos a la contaminación resultante de fuentes puntuales como estructuras industriales, redes de alcantarillado y redes de gestión de las aguas residuales; Destaca la importancia de aplicar efectivamente la DMA y la Directiva sobre agua potable, de mejor coordinación por lo que se refiere a su aplicación, de más coherencia al elaborar legislación y de más medidas proactivas para ahorrar recursos hídricos y aumentar sustancialmente la eficiencia en el uso del agua en todos los sectores (industrias, hogares, agricultura y redes de distribución); recuerda que garantizar una protección sostenible de áreas naturales como los ecosistemas de agua dulce también es clave para el desarrollo y decisivo para ofrecer suministros de agua potable, además de reducir los costes para ciudadanos y operadores;

Política exterior y de desarrollo de la UE en materia de aguas

77.  Destaca que las políticas de desarrollo de la UE deben integrar plenamente el acceso universal al agua y el saneamiento mediante la promoción de asociaciones público-públicas y público-privadas basadas en la solidaridad entre operadores y trabajadores del sector de las aguas de diferentes países, y utilizar una amplia gama de instrumentos de promoción de mejores prácticas mediante la puesta en común de conocimientos, así como de programas de desarrollo y cooperación en este sector; reitera que las políticas de desarrollo de los Estados miembros deben reconocer la dimensión de derechos humanos del acceso a agua potable segura y al saneamiento, y que un enfoque basado en los derechos requiere que se potencien los marcos legislativos, financiación y que se refuerce la voz de la sociedad civil para poder llevar a la práctica estos derechos;

78.  Reitera que el acceso a agua potable en cantidad suficiente y de calidad suficiente es un derecho humano fundamental y considera que los Gobiernos nacionales tienen el deber de cumplir esta obligación;

79.  Destaca, de conformidad con la legislación vigente de la UE y sus requisitos, la importancia de evaluar periódicamente la calidad, la pureza y la seguridad del agua y de los recursos hídricos en la UE y fuera de sus fronteras;

80.  Subraya que se debe conceder una elevada prioridad a la ayuda para el agua potable segura y el saneamiento al asignar fondos de la UE y programar ayudas; pide a la Comisión Europea que garantice un apoyo financiero adecuado a las acciones para el desarrollo de capacidades en el sector del agua, contando y cooperando con las plataformas e iniciativas internacionales existentes;

81.  Insiste en que el sector del agua, el saneamiento y la higiene en los países en desarrollo debe recibir una prioridad elevada tanto en la ayuda oficial al desarrollo (AOD) como en los presupuestos nacionales; recuerda que la gestión del agua es una responsabilidad colectiva; aboga por la amplitud de miras en cuanto a las diversas modalidades de ayuda y por la escrupulosa observancia de los principios de eficacia del desarrollo, de coherencia política para el desarrollo y de dedicación constante a la erradicación de la pobreza y la maximización del impacto del desarrollo; apoya, en este sentido, la participación de las comunidades locales en la realización de proyectos en los países en desarrollo, así como el principio de la responsabilización de la comunidad local;

82.  Destaca que, si bien se registran avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) por lo que se refiere al agua potable segura, 748 millones de personas carecen en el mundo de acceso a un mejor suministro de agua y se calcula que al menos 1 800 millones de personas beben agua que presenta contaminación fecal, y el objetivo en materia de saneamiento dista mucho de cumplirse;

83.  Recuerda que velar por una gestión sostenible del agua subterránea es indispensable para reducir la pobreza y conseguir una mayor prosperidad común, ya que el agua subterránea podría proporcionar una fuente mejor de agua potable para millones de personas con pocos medios en entornos urbanos y rurales;

84.  Pide a la Comisión que incluya el agua en su Programa para el Cambio, al igual que la agricultura sostenible;

85.  Considera que el agua debe encontrarse en el centro de los trabajos de preparación de los dos actos internacionales más importantes de 2015, es decir, la cumbre sobre la Agenda para el desarrollo después de 2015 y la COP 21 sobre el cambio climático; apoya firmemente, en este contexto, que se incluyan objetivos ambiciosos y de gran alcance para el agua y el saneamiento, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 6 propuesto para garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos en 2030, cuya adopción debe tener lugar en 2015; reitera que solo se podrá acabar con la pobreza a través del proceso para el periodo posterior a 2015 si garantizamos que todo el mundo en todas partes tenga acceso a agua potable, saneamiento básico e higiene; subraya que la consecución de la totalidad de los objetivos de desarrollo sostenible exige que se movilice una financiación del desarrollo mucho mayor que la actual, procedente tanto de países desarrollados como de países en desarrollo; pide que se establezca un mecanismo de vigilancia mundial para seguir el progreso hacia la consecución del acceso universal al agua potable, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos hídricos, y el fortalecimiento de una gobernanza del agua equitativa, participativa y responsable en todos los países; insta a la Comisión a que vele por que las ayudas se gasten eficazmente y se asignen más específicamente al sector del agua, el saneamiento y la higiene en la perspectiva de la Agenda de desarrollo después de 2015;

86.  Subraya el mayor riesgo de escasez de agua debido al cambio climático; insta a la Comisión a que incluya entre los temas de la COP21 la gestión estratégica de los recursos hídricos y planes de adaptación a largo plazo, a fin de incorporar al futuro acuerdo mundial sobre el clima un enfoque de resiliencia ante el cambio climático por lo que se refiere al agua; hace hincapié en que disponer de infraestructuras hidráulicas resilientes ante el cambio climático es clave para el desarrollo y la reducción de la pobreza; reitera que, sin esfuerzos continuados por mitigar las consecuencias del cambio climático y sin una mejor gestión de los recursos hídricos, podría ponerse en peligro el progreso logrado con respecto a los objetivos de reducción de la pobreza, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones: económica, social y medioambiental;

87.  Observa con preocupación que la falta de acceso al agua y al saneamiento en los países en desarrollo puede afectar de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, en especial a las de edad escolar, y que se considera que los índices de absentismo y abandono escolar guardan relación con la falta de acceso a saneamientos limpios, seguros y accesibles;

88.  Pide que la asignación de fondos de la Unión y de los Estados miembros refleje las recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable salubre y el saneamiento, en particular para favorecer infraestructuras de pequeña escala y para destinar más fondos a funcionamiento y mantenimiento, creación de capacidades y sensibilización;

89.  Observa con preocupación que, según el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable salubre y al saneamiento, las personas que viven en barrios de chabolas suelen pagar más que quienes viven en asentamientos formales por unos servicios que además son de mala calidad y no están regulados; insta a los países en desarrollo a que den prioridad a las asignaciones presupuestarias destinadas a los servicios a personas desfavorecidas y aisladas;

90.  Recuerda que la OMS afirma que, en la situación de partida, sin las tecnologías innovadoras más recientes de depuración y ahorro de agua, la cantidad óptima de agua por persona al día se sitúa entre 100 y 200 litros, y señala que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubran las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud; indica que, de conformidad con los derechos humanos fundamentales reconocidos, establecer una cuota mínima por persona es indispensable para satisfacer las necesidades básicas de agua de las poblaciones;

91.  Subraya que el acceso a la cantidad de agua necesaria para cubrir las necesidades básicas debería ser un derecho humano fundamental no discutible y defendido implícita y explícitamente por el Derecho internacional y por declaraciones y prácticas del Estado;

92.  Pide a los Gobiernos, las agencias de ayuda internacionales, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales que trabajen para cubrir las necesidades básicas de agua de todos los seres humanos y garantizar que el agua es un derecho humano;

93.  Pide a los Estados miembros que introduzcan, de conformidad con las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, una política de precios que respete el derecho de las personas a la cantidad de agua mínima para vivir y que grave el despilfarro, y que dispongan la aplicación de una tarifa progresiva proporcional a la cantidad de agua consumida;

94.  Anima a que se tomen medidas para garantizar el consumo racional de agua a fin de evitar el despilfarro;

95.  Alaba a ciertos operadores de aguas que dedican un porcentaje de su volumen de negocios anual a asociaciones dedicadas a las aguas en países de desarrollo, y anima a los Estados miembros y a la UE a que creen el marco jurídico necesario para establecer tales asociaciones;

96.  Pide un control eficaz de los proyectos llevados a cabo mediante ayuda exterior; subraya la necesidad de supervisar las estrategias de financiación y los presupuestos para asegurar que los fondos asignados se empleen para combatir disparidades y desigualdades existentes en el acceso al agua y que respeten los principios de los derechos humanos de no discriminación, acceso a la información y participación;

97.  Pide a la Comisión que conceda prioridad a la renovación de las redes de agua potable anticuadas el Plan de Inversiones para Europa consignando estos proyectos en el directorio de proyectos de la Unión, hace hincapié en el efecto multiplicador que ofrecen estos proyectos para el empleo no deslocalizable, lo que contribuye a estimular la economía verde en Europa;

98.  Pide a la Comisión que favorezca el intercambio de conocimientos para que los Estados miembros puedan diagnosticar el estado de las redes, lo que debe permitir dar comienzo a las tareas de renovación para poner fin al despilfarro;

99.  Pide más transparencia para informar a los consumidores de manera más completa sobre el agua y para contribuir a una gestión más económica de los recursos hídricos; anima a la Comisión, con este fin, a que continúe trabajando con los Estados miembros para poner en común las experiencias nacionales sobre la implantación de sistemas de información sobre el agua;

100.  Pide a la Comisión que evalúe la conveniencia de extender al nivel europeo los instrumentos de apoyo financiero en el sector de la cooperación internacional en materia de agua y saneamiento;

101.  Subraya que una gestión eficiente y equitativa de los recursos hídricos depende de la capacidad de los Gobiernos locales para prestar servicios; insta, por lo tanto, a la UE a que siga apoyando el fortalecimiento de la gobernanza del agua y la infraestructura en los países en desarrollo y a que al mismo tiempo aborde en particular las necesidades de las poblaciones rurales vulnerables;

102.  Apoya la Plataforma de Solidaridad Mundial para el Agua, creada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para involucrar a las autoridades locales en la búsqueda de soluciones para los desafíos del agua; también acoge con satisfacción el 1 % solidario para el agua y el saneamiento y las otras iniciativas emprendidas por los ciudadanos y las autoridades de algunos Estados miembros al objeto de apoyar proyectos en los países en desarrollo con fondos provenientes del canon de consumo; señala que varias compañías de suministro de aguas han puesto en práctica iniciativas de este tipo; reitera su petición a la Comisión para que fomente acuerdos de solidaridad en este y otros ámbitos, por ejemplo difundiendo información y facilitando el establecimiento de asociaciones y el intercambio de experiencia, entre otras vías, a través de una posible asociación entre la Comisión y los Estados miembros, con la aportación de fondos adicionales de la UE a proyectos realizados mediante esta iniciativa; alienta en particular la promoción de asociaciones público-públicas en compañías de suministro de aguas en países en desarrollo, en consonancia con la Alianza Mundial de Colaboración entre Empresas de Abastecimiento de Agua (GWOPA), coordinada por ONU-Hábitat;

103.  Pide a la Comisión que vuelva a introducir el instrumento del Fondo para el Agua, que resultó eficaz para fomentar un mejor acceso a los servicios de aguas en los países en desarrollo mediante la promoción de medidas de creación de capacidades en las comunidades locales;

104.  Celebra el considerable apoyo en toda Europa a la Resolución de las Naciones Unidas por la que se reconoce como un derecho humano el derecho a agua potable y saneamiento;

o
o   o

105.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 330 de 5.12.1998, p. 32.
(2) DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
(3) DO L 65 de 11.3.2011, p. 1.
(4) DO L 94 de 28.3.2014, p. 1;
(5) DO C 12 de 15.1.2015, p. 33.
(6) Resolución A/RES/64/292.
(7) Resolución A/RES/68/157.
(8) DO C 9 E de 15.1.2010, p. 33.
(9) DO C 349 E de 29.11.2013, p. 9.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0059.

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