Índice 
Textos aprobados
Miércoles 9 de septiembre de 2015 - EstrasburgoEdición definitiva
Preguntas con solicitud de respuesta escrita (interpretación del artículo 130, apartado 3 del Reglamento)
 Suspensión o levantamiento de la sesión (interpretación del artículo 191 del Reglamento)
 Denominación de una delegación parlamentaria
 Acuerdo de colaboración en el sector pesquero con Guinea-Bisáu: posibilidades de pesca y contrapartida financiera (aprobación) ***
 Acuerdo de colaboración en el sector pesquero con Guinea-Bisáu: posibilidades de pesca y contrapartida financiera (resolución)
 Acuerdo de asociación en el sector pesquero con Cabo Verde: posibilidades de pesca y contrapartida financiera (aprobación) ***
 Acuerdo de asociación en el sector pesquero con Cabo Verde: posibilidades de pesca y contrapartida financiera (resolución)
 Acuerdo de colaboración en el sector pesquero con Madagascar: posibilidades de pesca y contrapartida financiera ***
 Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (aprobación) ***
 Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio) (resolución))
 Autorización a Austria, Bélgica y Polonia para ratificar o adherirse al Convenio de Budapest relativo al Contrato de Transporte de Mercancías por Vías de Navegación Interior (CMNI) ***
 Medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia *
 Dimensión urbana de las políticas de la UE
 Inversión para el empleo y el crecimiento: promover la cohesión económica, social y territorial en la Unión
 Evaluación general del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012)
 Aplicación del Libro Blanco de 2011 sobre el transporte
 Carreras profesionales de las mujeres en los ámbitos científico y académico
 Capacitación de las jóvenes a través de la educación en la UE
 EEE-Suiza: obstáculos a la plena realización del mercado interior

Preguntas con solicitud de respuesta escrita (interpretación del artículo 130, apartado 3 del Reglamento)
PDF 146kWORD 61k
Decisión del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, relativa a las preguntas con solicitud de respuesta escrita (interpretación del artículo 130, apartado 3, del Reglamento) (2015/2152(REG))
P8_TA(2015)0295

El Parlamento Europeo,

—  Vista la carta del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de 4 de septiembre de 2015,

—  Visto el artículo 226 de su Reglamento,

1.  Decide incluir en el artículo 130, apartado 3, de su Reglamento la siguiente interpretación:

«La expresión "con carácter excepcional" debe interpretarse en el sentido de que la pregunta complementaria se refiere a una cuestión urgente y de que la presentación de la cuestión no puede esperar al mes siguiente. Además, el número de preguntas presentadas al amparo del párrafo segundo del apartado 3 debe ser inferior al de la regla general de cinco preguntas al mes.»

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la Comisión.


Suspensión o levantamiento de la sesión (interpretación del artículo 191 del Reglamento)
PDF 148kWORD 61k
Decisión del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, relativa a la suspensión o levantamiento de la sesión (interpretación del artículo 191 del Reglamento) (2015/2153(REG))
P8_TA(2015)0296

El Parlamento Europeo,

—  Vista la carta del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de 4 de septiembre de 2015,

—  Visto el artículo 226 de su Reglamento,

1.  Decide incluir en el artículo 191 de su Reglamento la siguiente interpretación:"«Si se presenta una solicitud de suspensión o levantamiento de la sesión, el procedimiento de votación correspondiente se debe iniciar sin más demora. Se deberán emplear los medios habituales para anunciar las votaciones del Pleno y, con arreglo a la práctica actual, se debe dejar tiempo suficiente para que los diputados lleguen al salón de sesiones.Por analogía con el párrafo segundo del artículo 152, apartado 2, si se rechaza dicha solicitud, no podrá presentarse otra solicitud similar en el mismo día. De conformidad con la interpretación del artículo 22, apartado 1, el Presidente puede poner fin al recurso excesivo a solicitudes presentadas al amparo del presente artículo.»"

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la Comisión.


Denominación de una delegación parlamentaria
PDF 154kWORD 60k
Decisión del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, relativa a la denominación de una delegación parlamentaria (2015/2842(RSO))
P8_TA(2015)0297

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Conferencia de Presidentes,

–  Vista su Decisión, de 12 de marzo de 2014, sobre el número de delegaciones interparlamentarias, de delegaciones en las comisiones parlamentarias mixtas y de delegaciones en comisiones parlamentarias de cooperación y asambleas parlamentarias multilaterales(1),

–  Visto el artículo 212 de su Reglamento,

1.  Decide que su Delegación para las Relaciones con el Consejo Legislativo Palestino pasará a denominarse «Delegación para las Relaciones con Palestina».

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados de dicha fecha, P7_TA(2014)0217.


Acuerdo de colaboración en el sector pesquero con Guinea-Bisáu: posibilidades de pesca y contrapartida financiera (aprobación) ***
PDF 244kWORD 60k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Guinea- Bisáu (11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE))
P8_TA(2015)0298A8-0233/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (11667/2012),

–  Visto el proyecto de Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Guinea-Bissau (11671/2012),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 43 y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), y apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0278/2014),

–  Vista su Resolución no legislativa, de 9 de septiembre de 2015(1), sobre el proyecto de Decisión del Consejo,

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Pesca y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Presupuestos (A8-0233/2015),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de República de Guinea-Bissau.

(1) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2015)0299.


Acuerdo de colaboración en el sector pesquero con Guinea-Bisáu: posibilidades de pesca y contrapartida financiera (resolución)
PDF 264kWORD 73k
Resolución no legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Guinea-Bisáu (11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE)2015/2119(INI))
P8_TA(2015)0299A8-0236/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (11667/2012),

–  Visto el proyecto de Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Guinea‑Bisáu (11671/2012),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 43 y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), y apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0278/2014),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2012, sobre el Informe de la UE de 2011 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo(1),

–  Visto el informe de evaluación ex post del Protocolo de aplicación del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República de Guinea‑Bisáu (Contrato marco FISH/2006/20, Convenio específico nº 27 de septiembre de 2010),

–  Vista su Resolución legislativa, de 9 de septiembre de 2015(2), sobre el proyecto de Decisión del Consejo,

–  Visto el artículo 99, apartado 1, párrafo segundo, de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Pesca y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0236/2015),

A.  Considerando que el objetivo general del Protocolo es reforzar la cooperación entre la Unión Europea y la República de Guinea‑Bisáu en el ámbito pesquero, en beneficio de ambas Partes, instaurando un marco de asociación que permita, por un lado, favorecer el desarrollo de una política pesquera sostenible y una explotación igualmente sostenible y responsable de los recursos pesqueros en la zona económica exclusiva de la República de Guinea‑Bisáu, y, por otro, obtener una parte de los excedentes pesqueros disponibles adecuada que corresponda a los intereses de las flotas de la Unión;

B.  Considerando que la Unión Europea debería hacer todo lo posible para que los acuerdos de pesca sostenibles celebrados con terceros países redunden en un interés mutuo de la Unión y de los terceros países en cuestión, incluidas sus poblaciones locales y sus industrias pesqueras;

C.  Considerando que el primer acuerdo en materia de pesca celebrado entre la CEE y la República de Guinea‑Bisáu data de 1980 y que, desde esa fecha y hasta el 15 de junio de 2012, las flotas de los Estados miembros de la CEE/UE tuvieron acceso a posibilidades de pesca en sus aguas, a través de una serie de protocolos de aplicación del Acuerdo que estuvieron en vigor;

D.  Considerando que las posibilidades de pesca concedidas a las flotas de la Unión Europea en virtud del Protocolo son: 3 700 TRB (toneladas de registro bruto) para arrastreros camaroneros congeladores y 3 500 TRB para arrastreros congeladores (especies de aleta y cefalópodos), 28 buques atuneros cerqueros congeladores y palangreros de superficie y 12 atuneros cañeros; considerando que el Acuerdo de pesca entre la UE y Guinea‑Bisáu reviste gran importancia por ser uno de los pocos acuerdos de pesca de la UE que permiten el acceso a pesquerías mixtas;

E.  Considerando que los créditos transferidos en virtud del Acuerdo a la República de Guinea‑Bisáu, especialmente en concepto de indemnización por el acceso a los recursos, constituyen una parte importante del presupuesto de este Estado; considerando, por otra parte, que en el pasado las transferencias efectuadas en el marco de la cooperación sectorial se suspendieron por ciertas dificultades de absorción de la ayuda por parte de la República de Guinea‑Bisáu;

F.  Considerando las carencias existentes en Guinea‑Bisáu en materia de desarrollo socioeconómico en general y en particular en el propio sector de la pesca, en ámbitos tan significativos como la formación de profesionales, la vertebración sectorial o el reconocimiento del papel de la mujer en el sector, entre otros;

G.  Considerando que los resultados obtenidos hasta el momento en el ámbito de la cooperación sectorial no han sido satisfactorios en términos globales; considerando, no obstante, que se han producido avances en el seguimiento, el control y la supervisión en el sector pesquero, así como la capacidad de inspección sanitaria y la participación de Guinea‑Bisáu en los organismos regionales de pesca; considerando que se puede mejorar a la hora de asegurar que el Acuerdo contribuye de manera más efectiva a la transparencia y la rendición de cuentas en la cooperación sectorial y al fomento del desarrollo sostenible del sector pesquero de Guinea‑Bisáu y de las industrias y actividades conexas, de modo que un porcentaje mayor del valor añadido generado como consecuencia de la explotación de sus recursos naturales permanezca en el país;

H.  Considerando que los armadores industriales transbordan o desembarcan sus capturas fuera del país (por ejemplo, en Dakar o en las islas Canarias), lo que contribuye a que los beneficios económicos de la pesca industrial sean mínimos y se limiten a la creación de algunos puestos de trabajo (148 tripulantes locales, en virtud del Protocolo anterior); considerando que en 2010 solo estaba operativo en el país un centro de transformación de pescado;

I.  Considerando que, a pesar de algunos avances recientes en este ámbito, se ha impedido el comercio de productos de la pesca con la UE debido al incumplimiento de las medidas sanitarias exigidas por la UE;

J.  Considerando que la pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada) en Guinea‑Bisáu es un problema que viene de antiguo; considerando que en 2008 y 2009 las autoridades nacionales detectaron 58 buques infractores, de los cuales 11 faenaban sin licencia y 7 faenaban en zonas prohibidas; considerando que, a pesar de los progresos realizados y de la capacidad demostrada por Guinea‑Bisáu en el ámbito del control de la actividad pesquera —que incluye un cuerpo de observadores y patrulleras rápidas—, todavía existen lagunas en el sistema de supervisión y control de la pesca en las aguas territoriales del país;

K.  Considerando que las lagunas detectadas, tanto respecto a las repercusiones de este Acuerdo en el ecosistema marino y a la garantía de que se limite el acceso a los excedentes de poblaciones que no puedan ser capturados por las flotas locales como las debidas a la falta de datos biológicos actualizados (en particular, tras la salida de las flotas de la UE de las aguas de Guinea‑Bisáu en 2012), deben constituir un motivo de preocupación y subsanarse lo antes posible;

L.  Considerando que debe mantenerse al Parlamento inmediata y plenamente informado, en todas las etapas, de los procedimientos relativos al Protocolo o a su renovación;

1.  Estima que este Acuerdo es de gran importancia tanto para Guinea‑Bisáu como para las flotas de la UE que faenan en las aguas de este país; considera, no obstante, insatisfactorios los resultados obtenidos hasta la fecha en el ámbito de la cooperación sectorial y pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias instaurando mecanismos para lograr un mayor grado de transparencia, rendición de cuentas y participación de los beneficiarios, en particular las comunidades de pesca artesanal a pequeña escala, así como la posible revisión y el aumento de la parte del Acuerdo relativa al apoyo sectorial, al igual que la creación de otras y mejores condiciones para aumentar la tasa de absorción de dicha ayuda, a fin de garantizar que se desanda el camino seguido en las últimas décadas;

2.  Reitera que el Acuerdo debe promover un desarrollo más efectivo y sostenible del sector pesquero de Guinea‑Bisáu y de las industrias y actividades conexas, en particular de las pesquerías a pequeña escala que contribuyen en gran medida a la seguridad alimentaria y al sustento local, incrementando el valor añadido que permanece en el país como consecuencia de la explotación de sus recursos naturales; reconoce los avances positivos registrados en los últimos años, pero considera que es necesario un esfuerzo decidido y duradero para que puedan producirse resultados importantes; señala como ejemplos de ámbitos que deben apoyarse, en especial con asistencia técnica: el refuerzo de la capacidad institucional, la formación de profesionales de la pesca, las asociaciones con la pesca artesanal a pequeña escala y una mayor atención a las políticas de género, con el reconocimiento y la potenciación del papel de la mujer (distribución y comercialización de pescado, conservación, primera transformación, etc.);

3.  Considera que se debe explotar plenamente la posibilidad de emplear marineros locales a bordo de buques de la UE prevista en el Protocolo;

4.  Estima que se deben reforzar las medidas destinadas a impedir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en la zona económica exclusiva de Guinea‑Bisáu a través de, entre otras medidas, la mejora del seguimiento, el control y la supervisión mediante el uso generalizado del sistema de localización de buques vía satélite, diarios de pesca e inspectores y la aplicación de las decisiones de las organizaciones de pesca regionales;

5.  Aboga por la necesidad de una mejor vertebración entre el apoyo sectorial prestado en el marco del Acuerdo de pesca y los instrumentos disponibles en el marco de la cooperación al desarrollo, en particular el Fondo Europeo de Desarrollo (FED);

6.  Insta a la Comisión, pese a los esfuerzos ya realizados, a seguir ayudando a las autoridades de la República de Guinea‑Bisáu en la mejora del sistema de supervisión y control de la pesca en aguas territoriales del país a fin de intensificar la lucha contra la pesca INDNR;

7.  Subraya que este Acuerdo contiene una cláusula de no discriminación; observa con satisfacción que el contenido de los acuerdos de pesca celebrados por Guinea‑Bisáu con terceros países ha sido publicado en el marco de las negociaciones y puede consultarse; pide a la Comisión que realice un seguimiento atento de la evolución de estos acuerdos y las actividades de pesca en aguas guineanas;

8.  Considera deseable mejorar la cantidad y la fiabilidad de la información sobre todas las capturas (específicas y accesorias) y, en general, sobre el estado de conservación de los recursos pesqueros con objeto de determinar mejor el impacto del Acuerdo en el ecosistema marino y en las comunidades pesqueras, así como el apoyo al desarrollo de las capacidades propias de adquisición de esa información por parte de Guinea‑Bisáu; pide a la Comisión que promueva un funcionamiento más regular y transparente de los órganos de seguimiento de la aplicación del Acuerdo, en particular del Comité científico conjunto;

9.  Pide a la Comisión que transmita al Parlamento las actas y conclusiones de las reuniones de la Comisión mixta prevista en el artículo 9 del Acuerdo, el programa sectorial plurianual mencionado en el artículo 3 del nuevo Protocolo y los resultados de sus evaluaciones anuales, así como las actas y conclusiones de las reuniones previstas en el marco del artículo 4 del nuevo Protocolo; solicita a la Comisión que facilite la participación de representantes del Parlamento en calidad de observadores en las reuniones de la Comisión mixta y que fomente la participación de las comunidades pesqueras de Guinea‑Bisáu; pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo, en el último año de aplicación del Protocolo y antes de la apertura de negociaciones para su renovación, un informe completo de su aplicación, sin restricciones innecesarias al acceso a este documento;

10.  Estima que la Comisión debe esforzarse por incluir en el programa sectorial plurianual previsto en el artículo 3 del Protocolo objetivos tendentes a un verdadero desarrollo de la pesca local, en particular la pesca artesanal y la industria de procesamiento, por ejemplo realizando más desembarques en Guinea‑Bisáu, así como otras actividades económicas y asociaciones en el sector pesquero;

11.  Considera que la Comisión mixta prevista por el Acuerdo de colaboración debe asegurar que, frente al problema de la corrupción, la solidez de la totalidad de los mecanismos contemplados en el Protocolo sea incontestable;

12.  Pide a la Comisión y al Consejo que, en el marco de sus respectivas competencias, mantengan al Parlamento inmediata y plenamente informado, en todas las etapas del procedimiento relacionadas con el nuevo Protocolo y con su renovación, de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea y el artículo 218, apartado 10, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

13.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Guinea‑Bisáu.

(1) DO C 72 E de 11.3.2014, p. 21.
(2) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2015)0298.


Acuerdo de asociación en el sector pesquero con Cabo Verde: posibilidades de pesca y contrapartida financiera (aprobación) ***
PDF 243kWORD 61k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo entre la Unión Europea y la República de Cabo Verde por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde (15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE))
P8_TA(2015)0300A8-0201/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (15848/2014),

–  Visto el proyecto de Protocolo entre la Unión Europea y la República de Cabo Verde por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde (15849/2014),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 43, el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), y el artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0003/2015),

–  Vista su Resolución no legislativa de 9 de septiembre de 2015(1) sobre el proyecto de Decisión del Consejo,

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vistas la recomendación de la Comisión de Pesca y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Presupuestos (A8-0201/2015),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Protocolo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Cabo Verde.

(1) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2015)0301.


Acuerdo de asociación en el sector pesquero con Cabo Verde: posibilidades de pesca y contrapartida financiera (resolución)
PDF 251kWORD 67k
Resolución no legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo entre la Unión Europea y la República de Cabo Verde por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde (15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))
P8_TA(2015)0301A8-0200/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (15848/2014),

–  Visto el proyecto de Protocolo entre la Unión Europea y la República de Cabo Verde por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde (15849/2014),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 43, el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), y el artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0003/2015),

–  Vista la Decisión 2014/948/UE del Consejo, de 15 de diciembre de 2014, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y a la aplicación provisional del Protocolo entre la Unión Europea y la República de Cabo Verde por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde(1),

–  Vista su Resolución legislativa, de 9 de septiembre de 2015(2) sobre el proyecto de Decisión,

–  Vistos la evaluación y el análisis del Protocolo anterior,

–  Visto el artículo 99, apartado 1, párrafo segundo, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Pesca (A8-0200/2015),

A.  Considerando que el objetivo general del Protocolo es intensificar la cooperación entre la Unión Europea y la República de Cabo Verde a fin de instaurar un marco de asociación que favorezca el desarrollo de una política pesquera sostenible y la explotación responsable de los recursos pesqueros en la zona de pesca de la República de Cabo Verde, en beneficio de ambas Partes;

B.  Considerando que en el Protocolo las Partes acuerdan aplicar un mecanismo estricto de seguimiento a fin de garantizar una explotación sostenible del recurso; que este mecanismo se basará, en concreto, en el intercambio trimestral de datos de las capturas de tiburones;

C.  Considerando que ambas Partes se han comprometido a respetar plenamente todas las recomendaciones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA);

D.  Considerando que la CICAA y el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) han definido las especies de tiburón como una población sana, lo que ha corroborado la reunión científica mantenida por las dos Partes del presente Protocolo;

E.  Considerando que, en particular, el nuevo mecanismo de seguimiento, vinculado con umbrales del 30 % y el 40 % de capturas de tiburones que activan medidas suplementarias, es un paso en la dirección correcta;

F.  Considerando que la aplicación del apoyo sectorial presenta retrasos; que el nivel de los progresos es satisfactorio, si bien existen asimismo dificultades para determinar la repercusión del apoyo sectorial europeo en comparación con otras acciones llevadas a cabo en el contexto de los programas de apoyo emprendidos por otros socios en materia de desarrollo;

G.  Considerando la necesidad de establecer un marco de intervención lógico para orientar mejor y normalizar las evaluaciones del Protocolo; que esto debe realizarse especialmente en lo que se refiere al apoyo sectorial;

1.  Acoge con satisfacción este nuevo Protocolo pesquero entre la Unión Europea y la República de Cabo Verde, aprobado con arreglo a las medidas de sostenibilidad de la nueva política pesquera común (PPC) tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el socioeconómico;

2.  Pide a la Comisión que transmita al Parlamento las actas y las conclusiones de las reuniones de la Comisión mixta prevista en el artículo 9 del Acuerdo de asociación en el sector pesquero, así como el programa sectorial plurianual mencionado en el artículo 3 del nuevo Protocolo;

3.  Pide a la Comisión que, en el curso del último año de aplicación del Protocolo y antes de la apertura de negociaciones para su renovación, presente al Parlamento y al Consejo un informe completo sobre su aplicación;

4.  Expresa su preocupación por el incremento significativo del volumen de capturas de especies de tiburón durante los últimos años del Protocolo anterior; pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre las acciones adoptadas por la Comisión mixta como respuesta al estudio científico que se llevará a cabo según lo descrito en el artículo 4, apartado 6, del anexo al Protocolo, a fin de disponer de garantías de que este recurso pesquero se explota de manera sostenible y responsable; destaca que el Parlamento debe ser informado también de los datos obtenidos sobre poblaciones de tiburones;

5.  Pide a la Comisión y al Consejo que, dentro de los límites de sus atribuciones, mantengan al Parlamento inmediata y plenamente informado en todas las etapas relacionadas con el nuevo Protocolo y con su renovación, de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea y el artículo 218, apartado 10, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

6.  Solicita que la Comisión evalúe si los buques que faenan con arreglo a las disposiciones del presente Protocolo cumplen los requisitos de información pertinentes;

7.  Pide a la Comisión que informe anualmente al Parlamento acerca de los acuerdos internacionales adicionales de Cabo Verde de manera que el Parlamento pueda supervisar todas las actividades de pesca en la región, incluidas aquellas que puedan ser contrarias a la política pesquera europea, por ejemplo, el cercenamiento de aletas de tiburón;

8.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Cabo Verde.

(1) DO L 369 de 24.12.2014, p. 1.
(2) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2015)0300.


Acuerdo de colaboración en el sector pesquero con Madagascar: posibilidades de pesca y contrapartida financiera ***
PDF 238kWORD 59k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la República de Madagascar y la Comunidad Europea (15225/2014 – C8-0002/2015 – 2014/0319(NLE))
P8_TA(2015)0302A8-0196/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (15225/2014),

–  Visto el proyecto de Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la República de Madagascar y la Comunidad Europea (15226/2014),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 43, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), y apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0002/2015),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vistas la recomendación de la Comisión de Pesca y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Presupuestos (A8-0196/2015),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Protocolo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Madagascar.


Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (aprobación) ***
PDF 243kWORD 59k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE))
P8_TA(2015)0303A8-0237/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (06040/2015),

–  Visto el proyecto de Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (06041/2015)

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartado 4, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0077/2015),

–  Vista su Resolución no legislativa de 9 de septiembre de 2015(1) sobre el proyecto de Decisión,

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vistas la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0237/2015),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Protocolo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la Organización Mundial del Comercio.

(1) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2015)0304.


Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio) (resolución))
PDF 266kWORD 74k
Resolución no legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, que contiene una propuesta de resolución no legislativa sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE)2015/2067(INI))
P8_TA(2015)0304A8-0238/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (06040/2015),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartado 4, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0077/2015),

–  Vista su Resolución, de 21 de noviembre de 2013, sobre la situación del Programa de Doha para el Desarrollo (DDA) y los preparativos para la novena Conferencia Ministerial de la OMC(1),

–  Vista la resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE sobre integración regional y modernización de los servicios de aduanas para el desarrollo sostenible en los países ACP, en cooperación con la UE(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una asociación mundial para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible después de 2015»(3),

–  Vistos los resultados de la novena Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Indonesia en diciembre de 2013, así como el acuerdo en ella alcanzado sobre facilitación del comercio(4),

–  Vista la declaración del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio de 27 de noviembre de 2014(5),

–  Visto el informe de la OCDE, de febrero de 2014, titulado «El Acuerdo de la OMC sobre Facilitación del Comercio: posible incidencia sobre los costes comerciales»,

–  Vista su Resolución legislativa de 9 de septiembre de 2015(6) sobre el proyecto de Decisión del Consejo,

–  Visto el artículo 99, apartado 1, párrafo segundo, de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0238/2015),

A.  Considerando que la facilitación del comercio incumbe primordialmente a las autoridades nacionales pero que, en muchos ámbitos, la cooperación multilateral puede sin duda multiplicar los beneficios y reducir los costes;

B.  Considerando que para entrar en vigor el Acuerdo de Facilitación del Comercio debe ser ratificado por al menos dos tercios de los miembros de la OMC; que, en este sentido, pide a todos los miembros de la OMC que se aseguren de que el Acuerdo pueda entrar en vigor cuanto antes, y en particular antes de la décima Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en Nairobi en diciembre de 2015;

C.  Considerando que algunas de las grandes economías emergentes, como por ejemplo Brasil, India o China, no pedirán asistencia técnica que se trata de una buena noticia, puesto que demuestra que la asistencia disponible se destinará a los que más la necesitan;

D.  Considerando que la UE trabaja activamente en la consecución de la coherencia entre sus diferentes políticas (en materia comercial, de cooperación, de ayuda humanitaria, etc.); que estas deben ser intersectoriales y valorarse sobre la base de estudios de impacto;

E.  Considerando que la UE está comprometida con la promoción de un libre comercio abierto, justo, equilibrado y beneficioso para todas las partes; que la OMC constituye el marco natural para la continuación y reafirmación de estos principios;

F.  Considerando que la UE y sus Estados miembros son los mayores donantes de ayuda del mundo; que la ayuda financiera para la aplicación del Acuerdo de Facilitación del Comercio es una medida en marco de la iniciativa «ayuda al comercio», y no debe tener impacto alguno en la parte del marco financiero plurianual (MFP) correspondiente a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD);

1.  Celebra los resultados de la novena Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en diciembre de 2013, en la cual los 160 miembros de la OMC concluyeron las negociaciones sobre el Acuerdo de Facilitación del Comercio; considera este Acuerdo de Facilitación del Comercio un hito de gran importancia, ya que se trata del primer acuerdo multilateral desde la creación de la OMC, en 1995, y constituirá un prototipo para la modernización de las aduanas entre los 161 países miembros;

2.  Destaca que la UE sigue estando a favor de que todos los miembros de la OMC apliquen total y fielmente las decisiones del Paquete de Bali, lo que permitiría que la atención se dirigiese hacia la conclusión exitosa de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo (DDA);

3.  Reconoce los beneficios que reportará la aplicación de este acuerdo a los países en desarrollo, al contribuir a crear un entorno más favorable para las empresas, en particular para las pymes; destaca, en particular, que el Acuerdo debe reducir la incertidumbre en cuanto a las condiciones de acceso a los mercados y los costes comerciales entre un 12,5 % y un 17,5 % (según diversas estimaciones, como las de la OCDE), si se aplica plenamente, permitiendo así a los consumidores acceder a una mayor gama de productos a menor precio, y a las empresas, acceder a nuevos mercados y mejorar su competitividad al aumentar la eficiencia y reducirse la burocracia innecesaria y los costes asociados;

4.  Destaca que la aplicación del Acuerdo, en particular por los países en desarrollo, conducirá a una armonización y una simplificación de los procedimientos relacionados con los intercambios comerciales; pone de manifiesto que el Acuerdo puede abrir nuevas oportunidades de difusión del uso de las tecnologías innovadoras y los sistemas electrónicos, como los sistemas de pago electrónico, los portales comerciales nacionales y las ventanillas únicas;

5.  Insta a todos los miembros de la OMC a que encuentren sin demora una solución para aplicar el Paquete de Bali en todos sus aspectos, incluida la reducción de las subvenciones que distorsionan el comercio, de manera que pueda concluirse el DDA para la décima Conferencia Ministerial de la OMC;

6.  Destaca la importancia de este acuerdo desde la perspectiva del desarrollo, teniendo en cuenta que se aplica un tratamiento especial y diferencial mediante el cual los países en desarrollo y los países menos adelantados pueden decidir cuándo se aplicarán las diferentes disposiciones y para cuáles de ellas se requerirá asistencia técnica;

7.  Destaca que el grado y los plazos de ejecución del Acuerdo determinarán los beneficios que se vayan a derivar del mismo; considera que una aplicación plena y fiel que refleje las prioridades y preocupaciones de los países en desarrollo en el ámbito de las competencias del DDA será muy beneficiosa para todos los firmantes;

8.  Destaca que el Acuerdo prevé disposiciones vinculantes y disposiciones no vinculantes de orientación; pide a todos los miembros de la OMC que hagan lo posible por aplicar ambos tipos de disposiciones a fin de lograr la mayor reducción posible de los costes comerciales;

9.  Destaca que varios requisitos del Acuerdo, especialmente sobre transparencia y la entrada y el pago de derechos automáticos, pueden suponer unas herramientas potentes para luchar contra la corrupción en las fronteras; pide una mejor cooperación entre autoridades aduaneras y subraya que una mayor transparencia conducirá a una mayor seguridad y constituirá un fuerte incentivo para la intensificación del comercio, además de garantizar unos controles aduaneros más efectivos;

10.  Apoya plenamente la iniciativa de la UE de dedicar financiación por valor de 400 millones de euros a apoyar reformas y proyectos encaminados a facilitar el comercio, como la mejora de los sistemas de aduanas de a los países en desarrollo y los países menos adelantados; recuerda que esta financiación, que se ofrecerá en su mayor parte a través de las asignaciones para la integración económica regional de los programas indicativos plurianuales regionales, forma parte de la iniciativa de la UE «ayuda al comercio» (3 500 millones de ayudas de la UE en 2013), de carácter mucho más amplio, y solicita que se facilite información periódica en este sentido al Parlamento Europeo y a los Estados miembros;

11.  Resalta, no obstante, que esta financiación debe estar muy bien coordinada con la financiación procedente de otros donantes internacionales como la UNCTAD, la OMC y el Banco Mundial; destaca la necesidad de evitar duplicaciones, así como la excesiva burocracia para los países solicitantes, que podría actuar como factor disuasorio para los que solicitan asistencia;

12.  Pide asimismo una mayor cooperación con organizaciones especializadas, como la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que puede ofrecer valiosos conocimientos prácticos y técnicos caso por caso, facilitando el desarrollo y el refuerzo de las capacidades en este ámbito; hace hincapié en que los países menos adelantados, en particular, aprovechen al máximo las oportunidades comerciales creadas por el Acuerdo de Facilitación del Comercio;

13.  Destaca el papel clave que pueden desempeñar las delegaciones de la UE distribuidas por todo el mundo, ya que pueden trabajar con los países en desarrollo y menos adelantados sobre el terreno, y pide la máxima implicación de estas delegaciones en la concesión de asistencia técnica;

14.  Pide a la Comisión que haga todo lo posible por apoyar a los países en desarrollo y a los países menos adelantados en la aplicación de sus compromisos, tomando en consideración la flexibilidad necesaria para aplicar las obligaciones en virtud del Acuerdo; subraya que la financiación del desarrollo de capacidades debe estar orientada a los beneficiarios y basarse en una evaluación adecuada de las necesidades;

15.  Recomienda que las organizaciones internacionales y los socios de los países en desarrollo y menos adelantados colaboren estrechamente para aplicar las disposiciones de la categoría C dentro del plazo más breve posible;

16.  Admite que sigue existiendo una brecha amplia en materia de procedimientos fronterizos entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y que la deficiente infraestructura, la ineficiente gestión aduanera, casos de corrupción y la excesiva burocracia ralentizan el comercio; reconoce que el Acuerdo de Facilitación del Comercio y el proceso de liberalización del comercio comparten el mismo objetivo de reducir los costes comerciales para estimular la actividad económica;

17.  Recuerda que para muchos países en desarrollo la facilitación del comercio representará la principal fuente de ingresos en el marco del DDA; se felicita por las amplias disposiciones relativas al trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y los países menos adelantados; sugiere que el enfoque nuevo de hacer corresponder los compromisos y sus calendarios con las capacidades de los países sirva de referencia para futuros acuerdos;

18.  Reconoce que la experiencia del sector privado puede desempeñar un papel esencial a la hora de promover medidas de facilitación del comercio y de prestar ayuda y apoyo para la ejecución del Acuerdo en los países en desarrollo; toma nota de la iniciativa proyectada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) en relación con una alianza de los sectores público y privado a este fin; pide a la Comisión que aliente la participación del sector privado y que estudie posibilidades de asociación con industrias europeas en apoyo de la ejecución del Acuerdo;

19.  Reconoce que la aplicación de las reformas en materia de facilitación del comercio reporta amplios beneficios en materia de desarrollo; toma nota, en este contexto, de la función clave que pueden desempeñar las aduanas a la hora de facilitar la rápida circulación de envíos de ayuda en caso de catástrofe; destaca que la ayuda humanitaria de emergencia se debe beneficiar de unos procedimientos de despacho aduanero simplificados para agilizar la entrega de la ayuda y, además, estar exenta de derechos e impuestos;

20.  Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la Organización Mundial del Comercio.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0511.
(2) DO C 345 de 2.10.2014, p. 28.
(3) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 5 de febrero de 2015 (COM(2015)0044).
(4) Declaración Ministerial de Bali (WT/MIN(13)/DEC); Decisión Ministerial de Bali sobre un Acuerdo de Facilitación del Comercio (WT/MIN(13)/36 o WT/L/911 de 11 de diciembre de 2013). https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc9_s/balipackage_s.htm
(5) Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio WT/L/940 de 28 de noviembre de 2014.
(6) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2015)0303.


Autorización a Austria, Bélgica y Polonia para ratificar o adherirse al Convenio de Budapest relativo al Contrato de Transporte de Mercancías por Vías de Navegación Interior (CMNI) ***
PDF 244kWORD 60k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza al Reino de Bélgica y a la República de Polonia a ratificar y a la República de Austria a adherirse, respectivamente, al Convenio de Budapest relativo al Contrato de Transporte de Mercancías por Vías de Navegación Interior (CMNI) (08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE))
P8_TA(2015)0305A8-0231/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (08223/2015),

–  Visto el Convenio de Budapest relativo al Contrato de Transporte de Mercancías por Vías de Navegación Interior (08223/15/ADD1),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 81, apartado 2, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0173/2015),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0231/2015),

1.  Aprueba el proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza al Reino de Bélgica y a la República de Polonia a ratificar y a la República de Austria a adherirse, respectivamente, al Convenio de Budapest relativo al Contrato de Transporte de Mercancías por Vías de Navegación Interior;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


Medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia *
PDF 473kWORD 186k
Resolución
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa al establecimiento de medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia (COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE))
P8_TA(2015)0306A8-0245/2015

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2015)0286),

–  Visto el artículo 78, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8‑0156/2015),

–  Vista la carta del Consejo, de 30 de julio de 2015, en la que se informaba al Parlamento de su orientación general,

–  Vista la carta de la Comisión de Presupuestos,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0245/2015),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Aprueba la declaración adjunta a la presente Resolución;

3.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

4.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

5.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

6.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Decisión
Visto 3 bis (nuevo)
Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular el capítulo I y los artículos 18 y 19,
Enmienda 2
Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)
(2 bis)  En consonancia con el artículo 78, apartado 3, y el artículo 80 del Tratado, las medidas de solidaridad previstas en la presente Decisión son vinculantes.
Enmienda 3
Propuesta de Decisión
Considerando 4 bis (nuevo)
(4 bis)  Las medidas temporales para la reubicación de emergencia son solo una parte del enfoque global en materia de migración que se esboza en la Comunicación de la Comisión, de 13 de mayo de 2015, titulada «Una Agenda Europea de Migración», y el futuro informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo. Dicha institución subraya que todos los componentes del enfoque global son importantes y deben desarrollarse en paralelo. En su reunión de los días 25 y 26 de junio de 2015, a la luz de la actual situación de emergencia y del compromiso de reforzar la solidaridad y la responsabilidad, el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo en particular sobre la reubicación temporal y excepcional durante dos años, desde Italia y Grecia a otros Estados miembros, de 40 000 personas claramente necesitadas de protección internacional. Los Estados miembros deben acordar una cuota obligatoria para la distribución de dichas personas.
Enmienda 4
Propuesta de Decisión
Considerando 5
(5)  En su Resolución de 29 de abril de 2015, el Parlamento Europeo insistió en la necesidad de que la Unión base su respuesta a las últimas tragedias acaecidas en el Mediterráneo en la solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades y de que intensifique sus esfuerzos en este ámbito para apoyar a los Estados miembros que reciben el mayor número de refugiados y solicitantes de protección internacional, en términos absolutos o proporcionales.
(5)  En su Resolución de 29 de abril de 2015, el Parlamento Europeo insistió en la necesidad de que la Unión base su respuesta a las últimas tragedias acaecidas en el Mediterráneo en la solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades y de que intensifique sus esfuerzos en este ámbito para apoyar a los Estados miembros que reciben el mayor número de refugiados y solicitantes de protección internacional, en términos absolutos o proporcionales, sobre la base de los criterios para determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional de conformidad con el Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo1bis. El Parlamento Europeo pidió una cuota obligatoria para la distribución de solicitantes de asilo entre todos los Estados miembros.
______________
1bis Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO L 180 de 29.6.2013, p. 31).
Enmienda 5
Propuesta de Decisión
Considerando 7
(7)  Entre los Estados miembros que padecen una especial presión, y vistos los trágicos acontecimientos acaecidos recientemente en el Mediterráneo, Italia y Grecia en particular han experimentado flujos sin precedentes de inmigrantes, incluidos solicitantes de protección internacional que están manifiestamente en necesidad de protección internacional, que llegan a sus territorios, lo que ejerce una fuerte presión sobre sus sistemas de migración y asilo.
(7)  Entre los Estados miembros que padecen una especial presión, y vistos los trágicos acontecimientos acaecidos recientemente en el Mediterráneo, Italia y Grecia en particular han experimentado flujos sin precedentes de inmigrantes, incluidos solicitantes de protección internacional que están manifiestamente en necesidad de protección internacional, que llegan a sus territorios, lo que ejerce una fuerte presión sobre sus sistemas de migración y asilo, quedando reflejado el impacto negativo del Reglamento (UE) nº 604/2013 en el primer país de entrada en la Unión, sin que, lamentablemente, ello haya conducido a la suspensión de dicho Reglamento o, cuando menos, a la supresión de la referencia al primer país de entrada en la Unión. No obstante, otros Estados miembros de la Unión también están recibiendo un número considerablemente creciente de solicitantes de asilo.
Enmienda 6
Propuesta de Decisión
Considerando 7 bis (nuevo)
(7 bis)  Las previsiones de los expertos indican un aumento de la presión migratoria a corto y medio plazo en las fronteras terrestres y marítimas exteriores de la Unión.
Enmienda 7
Propuesta de Decisión
Considerando 8
(8)  Según los datos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex), la ruta del Mediterráneo central y oriental fue la principal zona de cruce irregular de fronteras de la Unión en 2014. En ese año, más de 170 000 inmigrantes llegaron solo a Italia de forma irregular, lo que representa un aumento del 277 % en comparación con 2013. También se ha registrado un aumento constante en Grecia, con la arribada de más de 50 000 inmigrantes irregulares, lo que supone un aumento del 153 % en comparación con 2013. Los datos de los primeros meses de 2015 confirman esta tendencia clara con respecto a Italia. Además, Grecia ha afrontado en estos primeros meses un fuerte aumento en el número de cruces irregulares de la frontera, equivalente a más del 50 % con respecto a 2014 (casi 28 000 en los cuatro primeros meses de 2015 en comparación con un total de casi 55 000 en 2014). Una proporción significativa del total de inmigrantes irregulares detectados en estas dos regiones, era de nacionalidades que, sobre la base de los datos de Eurostat, alcanzan un alto nivel de reconocimiento en la Unión (en 2014, los sirios y eritreos, cuya tasa de reconocimiento en la Unión es superior al 75 %, representaron más del 40 % de los inmigrantes irregulares en Italia y más del 50 % en Grecia). Según Eurostat, 30 505 sirios fueron detectados en situación irregular en Grecia en 2014, frente a 8 220 en 2013.
(8)  Según los datos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex), la ruta del Mediterráneo central y oriental fue la principal zona de cruce irregular de fronteras de la Unión en 2014. En ese año, más de 170 000 inmigrantes llegaron solo a Italia de forma irregular, lo que representa un aumento del 277 % en comparación con 2013, y entre ellos había más de 26 100 niños, de los cuales aproximadamente 13 000 eran menores no acompañados, lo que equivale al 7,6 % del número total de migrantes. También se ha registrado un aumento constante en Grecia, con la arribada de más de 50 000 inmigrantes irregulares, lo que supone un aumento del 153 % en comparación con 2013. Los datos de los primeros meses de 2015 confirman esta tendencia clara con respecto a Italia. Entre enero y junio de 2015 Italia registró un incremento del 5 % de cruces irregulares de fronteras con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, Grecia ha afrontado en estos primeros meses un fuerte aumento en el número de cruces irregulares de la frontera, equivalente a seis veces más que en el mismo periodo del año anterior, y un incremento del 140 % con respecto a todo el año anterior (76 293 entre enero y junio de 2015, según los datos de Frontex, en comparación con un total de casi 55 000 en 2014). Una proporción significativa del total de inmigrantes irregulares detectados en estas dos regiones, era de nacionalidades que, sobre la base de los datos de Eurostat, alcanzan un alto nivel de reconocimiento en la Unión (en 2014, los sirios y eritreos, cuya tasa de reconocimiento en la Unión es superior al 75 %, representaron más del 40 % de los inmigrantes irregulares en Italia y más del 50 % en Grecia; entre enero y junio de 2015 los sirios y los eritreos representaron el 30 % de las llegadas a Italia y cerca del 60 % de las llegadas a Grecia). Según Eurostat, 30 505 sirios fueron detectados en situación irregular en Grecia en 2014, frente a 8 220 en 2013.
Enmienda 8
Propuesta de Decisión
Considerando 10
(10)  Según datos de Frontex, otra importante ruta de inmigración en la Unión en 2014 fue la de los Balcanes occidentales, con 43 357 cruces irregulares de fronteras. Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes que utilizan esta ruta no precisan, a primera vista, protección internacional, ya que el 51 % de los que llegan corresponden a kosovares.
(10)  Según datos de Frontex, otra importante ruta de inmigración en la Unión en 2014 fue la de los Balcanes occidentales, con 43 357 cruces irregulares de fronteras. En 2015 el número de cruces irregulares de fronteras ha aumentado espectacularmente. Entre enero y junio de 2015, 67 444 migrantes y refugiados han utilizado la ruta que pasa por las fronteras de Turquía con Grecia y Bulgaria y las fronteras terrestres de Hungría. Ello representa un incremento del 962 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Ahora esta ruta está siendo utilizada de manera creciente también por personas que huyen de la guerra y la persecución. Entre enero y junio de 2015, 17 955 refugiados de Afganistán, 13 225 de Siria, 3 021 de Irak y 196 de Eritrea entraron en la Unión por esa ruta.
Enmienda 9
Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo)
(13 bis)  Procede que todos los Estados miembros participantes transpongan rápida y plenamente el Sistema Europeo Común de Asilo y lo apliquen efectivamente, garantizando así la existencia de unas normas comunes de la Unión que abarquen las condiciones de recepción de los solicitantes de asilo y el respeto de los derechos fundamentales, tal como se dispone en la legislación vigente de la Unión.
Enmienda 10
Propuesta de Decisión
Considerando 15
(15)  En caso de que un Estado miembro distinto de Italia y Grecia se viera confrontado a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar medidas provisionales en beneficio de dicho Estado miembro, de conformidad con el artículo 78, apartado 3, del Tratado. Dichas medidas podrán incluir, llegado el caso, una suspensión de las obligaciones de dicho Estado miembro previstas en la presente Decisión.
(15)  Habida cuenta de la inestabilidad y los conflictos actuales en la vecindad inmediata de la Unión, así como del carácter cambiante de los flujos migratorios, en caso de que un Estado miembro distinto de Italia y Grecia se viera confrontado a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar medidas provisionales en beneficio de dicho Estado miembro, de conformidad con el artículo 78, apartado 3, del Tratado. Dichas medidas podrán incluir, llegado el caso, una suspensión de las obligaciones de dicho Estado miembro previstas en la presente Decisión.
Enmienda 11
Propuesta de Decisión
Considerando 17
(17)  Las medidas previstas en la presente Decisión implican una excepción temporal a los criterios establecidos en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo1, y de las fases procesales, incluidos los plazos, establecidas en los artículos 21, 22 y 29 de dicho Reglamento.
(17)  Las medidas previstas en la presente Decisión implican una excepción temporal a los criterios establecidos en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 604/2013 y a las fases procesales, incluidos los plazos, establecidas en los artículos 21, 22 y 29 de dicho Reglamento. Las medidas de reubicación no deben impedir que los Estados miembros apliquen plenamente el Reglamento (UE) nº 604/2013, incluido un uso proactivo y eficiente de todos los criterios, como la reagrupación familiar, la protección especial de los menores no acompañados y la cláusula discrecional aplicable por motivos humanitarios.
____________________
____________________
1 Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO L 180 de 29.6.2013, p. 31).
Enmienda 12
Propuesta de Decisión
Considerando 18
(18)  Fue preciso adoptar una decisión con respecto a los criterios que se han de aplicar para decidir qué solicitantes deben ser reubicados desde Italia y Grecia y su número. Se ha establecido un sistema claro y viable basado en el umbral de la tasa media de decisiones, adoptadas a escala de la Unión, de concesión de protección internacional en los procedimientos en primera instancia, tal como se definen por Eurostat, con respecto al número total a escala de la Unión de las decisiones sobre las solicitudes de asilo y de protección internacional adoptadas en primera instancia, según las últimas estadísticas disponibles. Por una parte, este umbral ha de garantizar, en la mayor medida posible, que todos los solicitantes que puedan precisar protección internacional estén en condiciones de disfrutar plena y rápidamente de la protección de sus derechos en el Estado miembro de reubicación. Por otra parte, impedirá, en la medida de lo posible, que los solicitantes a los que probablemente les sea denegada su solicitud sean reubicados en otro Estado miembro y, en consecuencia, prolonguen indebidamente su estancia en la Unión. Según los datos de Eurostat relativos a 2014 sobre decisiones en primera instancia, en la presente Decisión debe utilizarse un umbral del 75 %, que corresponde a las decisiones sobre las solicitudes de ciudadanos sirios y eritreos de ese año.
(18)  Fue preciso adoptar una decisión con respecto a los criterios que se han de aplicar para decidir qué solicitantes deben ser reubicados desde Italia y Grecia y su número. Se ha establecido un sistema claro y viable basado en el umbral de la tasa media de decisiones, adoptadas a escala de la Unión, de concesión de protección internacional en los procedimientos en primera instancia, tal como se definen por Eurostat, con respecto al número total a escala de la Unión de las decisiones sobre las solicitudes de asilo y de protección internacional adoptadas en primera instancia, según las últimas estadísticas disponibles. Por una parte, este umbral ha de garantizar, en la mayor medida posible, que todos los solicitantes que puedan precisar protección internacional estén en condiciones de disfrutar plena y rápidamente de la protección de sus derechos en el Estado miembro de reubicación. Por otra parte, impedirá, en la medida de lo posible, que los solicitantes a los que probablemente les sea denegada su solicitud sean reubicados en otro Estado miembro y, en consecuencia, prolonguen indebidamente su estancia en la Unión. Según los datos de Eurostat relativos a 2014 sobre decisiones en primera instancia, en la presente Decisión debe utilizarse un umbral del 75 %, que corresponde a las decisiones sobre las solicitudes de ciudadanos sirios y eritreos de ese año. A fin de tener en cuenta el carácter cambiante de los flujos migratorios, debe procederse a evaluaciones trimestrales del grupo específico de beneficiarios de la reubicación.
Enmienda 13
Propuesta de Decisión
Considerando 19
(19)  Las medidas provisionales se destinan a aliviar la fuerte presión en materia de asilo que sufren Italia y Grecia, en particular reubicando a un importante número de solicitantes que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional llegados a territorio italiano y griego, a partir de la fecha en que sea aplicable la presente Decisión. Sobre la base del total de nacionales de terceros países llegados de forma irregular a Italia y Grecia en 2014 y del número de los que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional, un total de 40 000 solicitantes de esta categoría deben ser reubicados desde Italia y Grecia. Esta cifra representa aproximadamente el 40 % del total de ciudadanos de terceros países que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional llegados de forma irregular a Italia y Grecia en 2014. Por tanto, la medida de reubicación propuesta en la presente Decisión constituye un reparto equitativo de la carga entre Italia y Grecia, por una parte, y con los demás Estados miembros, por otra. Con arreglo a las mismas cifras totales disponibles para 2014 y los primeros cuatro meses de 2015 en Italia con respecto a Grecia, el 60 % de dichos solicitantes deben ser reubicados desde Italia y el 40 % desde Grecia.
(19)  Las medidas provisionales de emergencia se destinan a establecer un mecanismo de reubicación justo y equitativo, así como a aliviar la fuerte presión en materia de asilo que sufren Italia y Grecia, en particular reubicando a un importante número de solicitantes que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional llegados a territorio italiano y griego, a partir de la fecha en que sea aplicable la presente Decisión. Sobre la base del total de nacionales de terceros países llegados de forma irregular a Italia y Grecia en 2014 y del número de los que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional, un total de 40 000 solicitantes de esta categoría deben ser reubicados desde Italia y Grecia. Esta cifra representa aproximadamente el 40 % del total de ciudadanos de terceros países que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional llegados de forma irregular a Italia y Grecia en 2014. Por tanto, la medida de reubicación propuesta en la presente Decisión constituye un reparto equitativo de la responsabilidad entre Italia y Grecia, por una parte, y con los demás Estados miembros, por otra. Con arreglo a las mismas cifras totales disponibles para 2014 y los primeros cuatro meses de 2015 en Italia con respecto a Grecia, el 60 % de dichos solicitantes deben ser reubicados desde Italia y el 40 % desde Grecia. En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Decisión, la Comisión debe evaluar la proporción de personas que se ha de reubicar desde Italia y Grecia sobre la base de los datos más recientes y a fin de adaptarse a los cambiantes flujos de refugiados. El mecanismo de reubicación de emergencia no es una solución para el desafío a largo plazo que representa la presión en materia de asilo en las fronteras exteriores de la Unión, sino más bien un test de cara a la futura propuesta legislativa relativa a un régimen permanente de reubicación de emergencia basado en el artículo 78, apartado 2, del Tratado, y por ello está restringido inicialmente a 40 000 solicitantes. No obstante, caso de ser necesario, se debe considerar la posibilidad de seguir incrementando el número de plazas disponibles para reubicación, a fin de adaptarse a las tendencias y los flujos de refugiados objeto de rápidos cambios a lo largo del periodo de aplicación de la presente Decisión. Cualesquiera propuestas de mecanismo permanente de reubicación de emergencia han de basarse en una contribución más importante al reparto de responsabilidad y la solidaridad entre los Estados miembros, incluyendo un incremento significativo del número de plazas disponibles para la reubicación con vistas a la adaptación a las tendencias y los flujos migratorios objeto de rápidos cambios. Además dicho mecanismo ha de configurarse con arreglo a unos criterios definidos claramente, incluida la afluencia repentina de nacionales de terceros países y una presión excepcional en materia de asilo, de manera que se pueda activar sobre la base de unos indicadores transparentes y objetivos.
Enmienda 14
Propuesta de Decisión
Considerando 20 bis (nuevo)
(20 bis)  Al diseñar el mecanismo permanente de reubicación de conformidad con el artículo 78, apartado 2, del Tratado, la Comisión debe incluir el territorio de un Estado miembro como criterio para determinar la clave de distribución de los migrantes.
Enmienda 15
Propuesta de Decisión
Considerando 21
(21)  El Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), creado por el Reglamento (UE) nº 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo1, apoya las operaciones de reparto de la carga acordadas entre los Estados miembros y está abierto a nuevos desarrollos políticos en este ámbito. El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 516/2014 prevé la posibilidad de que los Estados miembros apliquen acciones relativas al traslado de los solicitantes de protección internacional en el marco de sus programas nacionales, mientras que su artículo 18 prevé la posibilidad de una cantidad a tanto alzado de 6 000 EUR para la reubicación de los beneficiarios de protección internacional desde otro Estado miembro.
(21)  El Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), creado por el Reglamento (UE) nº 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo1, apoya las operaciones de reparto equitativo de la responsabilidad acordadas entre los Estados miembros y está abierto a nuevos desarrollos políticos en este ámbito. El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 516/2014 prevé la posibilidad de que los Estados miembros apliquen acciones relativas al traslado de los solicitantes de protección internacional en el marco de sus programas nacionales, mientras que su artículo 18 prevé la posibilidad de una cantidad a tanto alzado de 6 000 EUR para la reubicación de los beneficiarios de protección internacional desde otro Estado miembro.
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1 Reglamento (UE) nº 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y por el que se derogan las Decisiones nº 573/2007/CE y nº 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo (DO L 150 de 20.5.2014, p. 168).
1 Reglamento (UE) nº 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y por el que se derogan las Decisiones nº 573/2007/CE y nº 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo (DO L 150 de 20.5.2014, p. 168).
Enmienda 16
Propuesta de Decisión
Considerando 21 bis (nuevo)
(21 bis)  La Comisión debe controlar cómo se gasta el importe de 6 000 euros destinado a la reubicación de cada solicitante.
Enmienda 17
Propuesta de Decisión
Considerando 25
(25)  Al decidir cuáles de los solicitantes que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional deben ser reubicados desde Italia y Grecia, se dará prioridad a los solicitantes vulnerables en el sentido del artículo 22 de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo10. A este respecto, se prestará toda la atención precisa a las necesidades especiales de los solicitantes, incluida la salud. El interés superior del menor deberá recibir siempre la debida consideración.
(25)  Al decidir cuáles de los solicitantes que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional deben ser reubicados desde Italia y Grecia, se dará prioridad a los solicitantes vulnerables —y entre ellos se debe prestar una atención especial a los menores no acompañados—, en el sentido de los artículos 21 y 22 de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo10. A fin de tener en cuenta la situación específica de las personas vulnerables, los Estados miembros han de realizar, de conformidad con la Directiva 2013/33/UE y la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Council1bis, una evaluación individual de la vulnerabilidad de las personas en cuestión por lo que respecta a sus necesidades especiales en materia de acogida y tramitación. Por consiguiente, los Estados miembros han de emprender acciones para evaluar las necesidades individuales de los solicitantes de asilo y no pueden basarse únicamente en su autoidentificación para garantizar efectivamente sus derechos con arreglo al Derecho de la Unión. A este respecto, se prestará toda la atención precisa a las necesidades especiales de los solicitantes, incluida la salud. El interés superior del menor deberá recibir siempre la debida consideración en todos los procedimientos establecidos en virtud de la presente Decisión y nunca deberán ponerse en juego los principios clave establecidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de junio de 2013 en el asunto C-648/111ter.
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10 Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se fijan las normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (refundición) (DO L 180 de 29.6.2013, p. 96).
10 Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se fijan las normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (refundición) (DO L 180 de 29.6.2013, p. 96).
1bisDirectiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 60).
1terSentencia del Tribunal de Justicia de 6 de junio de 2013. MA y otros, C-648/11, ECLI:EU:C:2013:367.
Enmienda 18
Propuesta de Decisión
Considerando 26
(26)  Además, para decidir qué Estado miembro debe ser el Estado miembro de reubicación han de tomarse en cuenta específicamente las cualificaciones específicas de los solicitantes afectados que puedan facilitar su integración en el Estado miembro de reubicación, tales como su conocimiento del idioma. En el caso de los solicitantes particularmente vulnerables, deberá prestarse atención a la capacidad del Estado miembro de reubicación para ofrecerles una ayuda adecuada.
(26)  Además, para decidir qué Estado miembro debe ser el Estado miembro de reubicación han de tomarse en cuenta específicamente las preferencias y las cualificaciones específicas de los solicitantes afectados que puedan facilitar su integración en el Estado miembro de reubicación, tales como su conocimiento del idioma, los vínculos familiares más allá de la definición de miembros de la familia que figura en el Reglamento (UE) nº 604/2013, las relaciones sociales, las relaciones culturales, la estancia previa en un Estado miembro, los estudios previos y la experiencia laboral previa en una empresa o en una organización de un Estado miembro específico, así como las cualificaciones específicas que puedan ser relevantes de cara a la incorporación de los solicitantes al mercado laboral del Estado miembro de reubicación. En consecuencia, los Estados miembros deben facilitar el reconocimiento efectivo de los diplomas, cualificaciones y competencias de los solicitantes. Además, los Estados miembros pueden informar a los solicitantes acerca de sus oportunidades en el mercado laboral. En el caso de los solicitantes particularmente vulnerables, deberá prestarse atención a la capacidad del Estado miembro de reubicación para ofrecerles una ayuda adecuada. Aunque los solicitantes no tengan derecho a elegir el Estado miembro de su reubicación, deben tenerse en cuenta en la medida de lo posible sus necesidades, preferencias y cualificación específica.
Enmienda 19
Propuesta de Decisión
Considerando 26 bis (nuevo)
(26 bis)  Sobre la base de la experiencia adquirida a través del proyecto piloto sobre reubicación desde Malta (EUREMA), se deben tener en cuenta, en la medida de lo posible, las expectativas y preferencias. Como paso inicial debe brindarse a los solicitantes la oportunidad de que expresen sus preferencias. Deben indicar los Estados miembros por orden de preferencia y justificar esas preferencias con elementos como los vínculos familiares, sociales y culturales como, por ejemplo, competencias lingüísticas, estancias previas, estudios anteriores y experiencia laboral anterior. Esto debe hacerse durante la tramitación inicial. En una segunda fase, deben comunicarse a los Estados miembros concernidos las preferencias de los solicitantes. Los Estados miembros deben tener entonces la oportunidad de indicar sus preferencias por los solicitantes que hubieran expresado su preferencia por tales Estados miembros. Los Estados miembros deben basar sus preferencias en aspectos como los vínculos familiares, sociales y culturales. Los funcionarios de enlace designados por los Estados miembros pueden facilitar el procedimiento mediante la realización de entrevistas con los respectivos solicitantes. Los solicitantes también deben tener la oportunidad de consultar a otros agentes como organizaciones no gubernamentales, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Por último, Italia y Grecia deben tomar una decisión, con la colaboración de la OEAA, para reubicar a cada uno de los solicitantes en un Estado miembro determinado teniendo en cuenta en la medida de lo posible las preferencias expresadas. Debe consultarse al ACNUR sobre las mejores prácticas desarrolladas en materia de reubicación, incluidas las relativas a la gestión de las preferencias y las cualificaciones específicas.
Enmienda 20
Propuesta de Decisión
Considerando 26 ter (nuevo)
(26 ter)  A lo largo de todo el procedimiento de reubicación se debe respetar plenamente el principio de no discriminación establecido en el artículo 10 del Tratado. La discriminación por motivos de sexo, edad, origen étnico, discapacidad y religión es una clara vulneración del Tratado.
Enmienda 21
Propuesta de Decisión
Considerando 28
(28)  Las salvaguardias jurídicas y procesales establecidas en el Reglamento (UE) nº 604/2013 seguirán siendo aplicables respecto de los solicitantes contemplados en la presente Decisión. Además, se debe informar a los solicitantes del procedimiento de reubicación establecido en la presente Decisión y se les debe notificar la decisión de reubicación. Considerando que un solicitante no tiene derecho en virtud de la legislación de la UE a elegir el Estado miembro responsable de su solicitud, el solicitante debe tener derecho a un recurso efectivo contra la decisión de reubicación en consonancia con el Reglamento (UE) nº 604/2013, con el fin de garantizar el respeto de sus derechos fundamentales.
(28)  Las salvaguardias jurídicas y procesales establecidas en el Reglamento (UE) nº 604/2013 seguirán siendo aplicables respecto de los solicitantes contemplados en la presente Decisión. Además, se debe informar a los solicitantes del procedimiento de reubicación establecido en la presente Decisión y se les debe notificar la decisión de reubicación. El solicitante debe tener derecho a un recurso efectivo contra la decisión de reubicación en consonancia con el Reglamento (UE) nº 604/2013 y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Enmienda 22
Propuesta de Decisión
Considerando 30
(30)  Deben tomarse medidas a fin de evitar movimientos secundarios por parte de las personas reubicadas desde el Estado miembro de reubicación en otros Estados miembros. En particular, los solicitantes deberán ser informados de las consecuencias de su posterior desplazamiento en el interior de los Estados miembros y del hecho de que, en caso de que el Estado miembro de reubicación les conceda protección internacional, en principio, solo podrán disfrutar de los derechos vinculados a la protección internacional en dicho Estado miembro.
(30)  Deben tomarse medidas a fin de evitar movimientos secundarios por parte de las personas reubicadas desde el Estado miembro de reubicación en otros Estados miembros. Una medida sencilla para que los solicitantes desarrollen un sentimiento de pertenencia al Estado miembro de reubicación consiste en tener en cuenta en la medida de lo posible sus preferencias, tales como los vínculos familiares, más allá de las disposiciones en materia de familia del Reglamento (UE) nº 604/2013, los vínculos sociales y los culturales. Los solicitantes deben recibir toda la información necesaria, en una lengua que entiendan o que se suponga razonablemente que entienden, sobre su destino y, cuando su preferencia no pueda tenerse plenamente en cuenta, sobre las razones al respecto. A fin de evitar desplazamientos secundarios, los solicitantes deberán ser informados de las consecuencias de su posterior desplazamiento en el interior de los Estados miembros según lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 604/2013, y del hecho de que, en caso de que el Estado miembro de reubicación les conceda protección internacional, en principio, solo podrán disfrutar de los derechos vinculados a la protección internacional en dicho Estado miembro.
Enmienda 23
Propuesta de Decisión
Considerando 30 bis (nuevo)
(30 bis)  El consentimiento de los solicitantes o beneficiarios de la protección internacional para la reubicación es un principio establecido en el Derecho secundario de la Unión y está consagrado en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 516/2014 y, por analogía, en el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo1bis y en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 604/2013, si bien, sobre la base del artículo 78, apartado 3, del Tratado, las excepciones al Derecho de la Unión son posibles en condiciones muy restringidas. Se ha de garantizar la aplicación efectiva del mecanismo de reubicación de emergencia pero el consentimiento reviste particular importancia para prevenir los desplazamientos secundarios, por lo que, en principio, debe exigirse antes de proceder a la reubicación. Si una persona no da su consentimiento no debe, en principio, ser trasladada sino que debe ofrecerse esa oportunidad a otra persona.
_________
1bisReglamento (UE) n° 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo (DO L 132 de 29.5.2010, p. 11).
Enmienda 24
Propuesta de Decisión
Artículo 1
La presente Decisión establece medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia a fin de que puedan hacer frente a una situación de emergencia caracterizada por una afluencia repentina de nacionales de terceros países en dichos Estados miembros.
La presente Decisión establece medidas de emergencia provisionales vinculantes en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia a fin de que puedan hacer frente a una situación de emergencia caracterizada por una afluencia repentina de nacionales de terceros países o de apátridas en dichos Estados miembros.
Enmienda 25
Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b
b)  «solicitante»: nacional de un tercer país o apátrida que ha presentado una solicitud de protección internacional sobre la cual todavía no exista una resolución definitiva;
b)  «solicitante»: nacional de un tercer país o apátrida que ha presentado una solicitud de protección internacional sobre la cual todavía no exista una resolución definitiva como se contempla en el artículo 2, letra i), de la Directiva 2011/95/UE;
Enmienda 26
Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d
d)   «miembros de la familia»: miembros de la familia tal como se definen en el artículo 2, letra g), del Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo;
d)   «parientes próximos»: el cónyuge, los hijos, los padres, las personas que ejerzan la patria potestad, los abuelos y los nietos;
(Enmienda horizontal. Se aplicará a la totalidad del texto de la propuesta de la Comisión.)
Enmienda 27
Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)
f bis)  «preferencia»: la preferencia expresada por un solicitante por un determinado Estado miembro o la preferencia expresada por un Estado miembro por un determinado solicitante justificada con elementos tales como los vínculos familiares, más allá de la definición de miembros de la familia tal como se definen en el artículo 2, letra g) del Reglamento (UE) n° 604/2013, los vínculos sociales tales como los vínculos con comunidades étnicas y culturales y los vínculos culturales con el Estado miembro de preferencia tales como las competencias lingüísticas, una estancia previa en un Estado miembro o estudios o relaciones laborales anteriores con empresas u organizaciones de ese Estado miembro.
Enmienda 28
Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  Habida cuenta del carácter cambiante de los flujos migratorios, debe procederse a evaluaciones trimestrales del grupo específico de beneficiarios de la reubicación.
Enmienda 47
Propuesta de Decisión
Artículo 4
-1. A fin de aligerar la considerable presión en materia de asilo desde Italia y Grecia, y también como test de cara a la futura propuesta legislativa relativa a un régimen permanente de reubicación de emergencia sobre la base del artículo 78, apartado 2, del Tratado, se reubicará un total inicial de 40 000 solicitantes desde Italia y Grecia. Caso de ser necesario, se considerará la posibilidad de proceder a un incremento a fin de adaptarse a las tendencias y los flujos de refugiados objeto de rápidos cambios a lo largo del periodo de aplicación de la presente Decisión.
1.  Se reubicará a 24 000 solicitantes desde Italia en el territorio de los demás Estados miembros según lo establecido en el anexo I.
1.  En un primer momento, se reubicará a 40 000 solicitantes desde Italia en el territorio de los demás Estados miembros
2.  Se reubicará a 16 000 solicitantes desde Grecia en el territorio de los demás Estados miembros según lo establecido en el anexo II.
2.  En un primer momento, se reubicará a 70 000 solicitantes desde Grecia en el territorio de los demás Estados miembros.
2 bis.  En el plazo de [seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Decisión], la Comisión debe evaluar la proporción respectiva de personas que se ha de reubicar desde Italia y Grecia a fin de adaptarse a los cambiantes flujos de refugiados y sobre la base de los datos de Frontex más recientes.
Enmienda 30
Propuesta de Decisión
Artículo 4 bis (nuevo)
Artículo 4 bis
Consentimiento
Se requerirá, en principio, el consentimiento del solicitante respecto de su reubicación.
Enmienda 31
Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 2
2.  Durante el período de aplicación de la presente Decisión, y a intervalos regulares, Italia y Grecia, con la colaboración de la OEAA y, en su caso, de los funcionarios de enlace de los Estados miembros a que se refiere el apartado 8, identificarán a cada uno de los solicitantes que deban ser reubicados en los demás Estados miembros y comunicarán a los puntos de contacto de los Estados miembros y a la OEAA el número de solicitantes que pueden ser reubicados. A dicho efecto, se dará prioridad a los solicitantes vulnerables en el sentido del artículo 22 de la Directiva 2013/33/UE.
2.  Durante el período de aplicación de la presente Decisión, y a intervalos regulares, Italia y Grecia, con la colaboración de la OEAA y otras agencias pertinentes, identificarán a cada uno de los solicitantes que deban ser reubicados en los demás Estados miembros y comunicarán a los puntos de contacto de los Estados miembros y a la OEAA el número de solicitantes que pueden ser reubicados. A dicho efecto, se dará prioridad a los solicitantes vulnerables en el sentido de los artículos 21 y 22 de la Directiva 2013/33/UE, prestándose una atención particular a los menores no acompañados.
Enmienda 32
Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3
3.  Tan pronto como sea posible tras recibir la información contemplada en el apartado 2, los Estados miembros indicarán el número de solicitantes que puedan ser reubicados inmediatamente en su territorio y cualquier otra información pertinente, con arreglo a las cifras que figuran en los anexos I y II, respectivamente.
3.  Tan pronto como sea posible tras recibir la información contemplada en el apartado 2, los Estados miembros facilitarán información acerca de la capacidad disponible de acogida de migrantes e indicarán el número de solicitantes que puedan ser reubicados inmediatamente en su territorio y cualquier otra información pertinente, con arreglo a las cifras que figuran en los anexos I y II, respectivamente.
Enmienda 33
Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.  Con la ayuda de la OEAA, Italia y Grecia proporcionarán a los solicitantes, en una lengua que entiendan o que se suponga razonablemente que entienden, información sobre los Estados miembros implicados en la reubicación de emergencia. Los solicitantes también tendrán acceso a la información facilitada por otros agentes como organizaciones no gubernamentales, el ACNUR y la OIM. Durante la tramitación inicial, se pedirá a los solicitantes que indiquen los Estados miembros por orden de preferencia y que justifiquen sus preferencias.
Enmienda s 34 y 48
Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 5
5.  Los solicitantes cuyas impresiones dactilares deban ser tomadas de conformidad con las obligaciones establecidas en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 603/2013 solo podrán ser reubicados una vez que hayan sido tomadas sus impresiones dactilares.
5.  Los solicitantes cuyas impresiones dactilares deban ser tomadas y transmitidas de conformidad con las obligaciones establecidas en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 603/2013 solo podrán ser reubicados una vez que hayan sido tomadas sus impresiones dactilares, dentro del pleno respeto de sus derechos fundamentales y sin recurrir a ninguna medida de coacción o internamiento.
Enmienda 35
Propuesta de Decisión
Artículo 5 – apartado 8
8.  Para la ejecución de todos los aspectos del procedimiento de reubicación descrito en el presente artículo, los Estados miembros podrán decidir el envío de funcionarios de enlace a Italia y Grecia.
suprimido
Enmienda 36
Propuesta de Decisión
Artículo 6 – apartado 4
4.  Cuando la decisión de reubicación de un solicitante haya sido adoptada y antes de la reubicación efectiva, Italia y Grecia notificarán por escrito al interesado la decisión de reubicarlo. La decisión especificará el Estado miembro de reubicación.
4.  Cuando la decisión de reubicación de un solicitante haya sido adoptada y antes de la reubicación efectiva, Italia y Grecia informarán a la persona interesada, con la colaboración de la OEAA y de otros agentes, como los funcionarios de enlace, caso de haberlos, sobre el Estado miembro de reubicación de manera completa y en una lengua que entienda o que se suponga razonablemente que entiende, o, si no se tienen en cuenta sus preferencias, se le comunicarán los motivos de tal decisión. Italia y Grecia también notificarán por escrito al interesado la decisión de reubicarlo. La decisión especificará el Estado miembro de reubicación.
Enmienda 37
Propuesta de Decisión
Artículo 7 – párrafo 1 – letra b
b)  tramitación inicial de las solicitudes;
b)  tramitación inicial de las solicitudes, incluida la determinación de las vulnerabilidades y preferencias, con el fin de identificar a los posibles solicitantes para la reubicación y de proceder a un control de los solicitantes que incluya su identificación clara, la toma de impresiones dactilares y el registro de las solicitudes de protección internacional;
Enmienda 38
Propuesta de Decisión
Artículo 7 – párrafo 1 – letra d
d)  traslado de los solicitantes al Estado miembro de reubicación.
d)  traslado de los solicitantes al Estado miembro de reubicación. Los costes del traslado al Estado miembro de reubicación no deben constituir una carga adicional para Grecia e Italia.
Enmienda 39
Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 2
2.  Si Italia o Grecia no cumplen la obligación a que se refiere el apartado 1, la Comisión podrá decidir suspender la presente Decisión en lo que respecta a dicho Estado miembro por un período de hasta tres meses. La Comisión podrá decidir prorrogar esa suspensión una vez por otro período de hasta tres meses.
2.  Si Italia o Grecia no cumplen la obligación a que se refiere el apartado 1, la Comisión podrá decidir, tras haber dado al Estado de que se trate la oportunidad de exponer sus puntos de vista, suspender la presente Decisión en lo que respecta a dicho Estado miembro por un período de hasta tres meses. La Comisión podrá decidir prorrogar esa suspensión una vez por otro período de hasta tres meses.
Enmienda 40
Propuesta de Decisión
Artículo 9
En caso de una situación de emergencia caracterizada por una afluencia repentina de nacionales de terceros países en un Estado miembro de reubicación, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar medidas provisionales en beneficio del Estado miembro de que se trate, de conformidad con el artículo 78, apartado 3, del Tratado. Dichas medidas podrán incluir, llegado el caso, una suspensión de las obligaciones de dicho Estado miembro previstas en la presente Decisión.
En caso de una situación de emergencia caracterizada por una afluencia repentina de nacionales de terceros países en un Estado miembro de reubicación, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar medidas provisionales en beneficio del Estado miembro de que se trate, de conformidad con el artículo 78, apartado 3, del Tratado. Además, dichas medidas podrán incluir, llegado el caso, una suspensión de las obligaciones de dicho Estado miembro previstas en la presente Decisión.
Enmienda 41
Propuesta de Decisión
Artículo 11
Italia y Grecia informarán trimestralmente al Consejo y a la Comisión sobre la aplicación de la presente Decisión, en particular sobre los planes a que se refiere el artículo 8.
Italia y Grecia informarán trimestralmente al Consejo y a la Comisión sobre la aplicación y el uso adecuado de los fondos recibidos en el marco de la presente Decisión, en particular sobre los planes a que se refiere el artículo 8.
Enmienda 42
Propuesta de Decisión
Artículo 11 bis (nuevo)
Artículo 11 bis
Evaluación
A más tardar en julio de 2016, la Comisión someterá al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación intermedia sobre la aplicación de la presente Decisión y, cuando proceda, propondrá las recomendaciones necesarias respecto a un mecanismo de reubicación permanente, también en vista de la anunciada evaluación del sistema de Dublín.
A más tardar el …*, la Comisión someterá al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación final sobre la aplicación de la presente Decisión.
Los Estados miembros someterán a la Comisión toda la información oportuna para la preparación de dicho informe a su debido tiempo.
____________
* DO: insértese la fecha: 30 meses después de la entrada en vigor de la presente Decisión.
Enmienda 43
Propuesta de Decisión
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Anexo II bis

El procedimiento de reubicación

Procedimiento en la versión de la propuesta de la Comisión; las medidas procedimentales adicionales incluidas por el Parlamento Europeo están subrayadas

1 – Tramitación inicial de personas que buscan protección internacional

—  Determinación de personas de las que es responsable (o debe serlo) otro Estado miembro según el Reglamento de Dublín

→ Transferencias de Dublín

—  Identificación de solicitantes vulnerables

—  Identificación de parientes cercanos para una reubicación conjunta

—  Determinación de las preferencias de los solicitantes respecto a determinados Estados miembros

2 – Selección de los solicitantes para la reubicación

—  Italia/Grecia determinan qué solicitantes serán trasladados

—  Informan a los Estados miembros del número de plazas necesarias, así como de las preferencias de los solicitantes

3 – Participación de los Estados miembros

—  Los Estados miembros informan a Italia/Grecia del número de plazas disponibles para reubicación

—  Funcionarios de enlace pueden llevar a cabo entrevistas con solicitantes que hayan expresado una preferencia por su Estado miembro

—  Los Estados miembros indicarán sus preferencias en cuanto a los solicitantes

4 – Decisión de reubicación

—  Italia/Grecia decide qué solicitante debe reubicarse en qué Estado miembro teniendo en cuenta las preferencias de los solicitantes y de los Estados miembros

5 - Información y consentimiento

—  Se informa exhaustivamente a los solicitantes acerca del Estado miembro en el que se les reubicará

—  En principio, los solicitantes dan su consentimiento a ser reubicados en dicho Estado miembro

6 - Traslado

Traslado de los solicitantes al Estado miembro de reubicación en un mes

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:

DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo, a la luz de la necesidad de adoptar inmediatamente medidas en beneficio de los Estados miembros que se enfrentan con una situación de emergencia caracterizada por una llegada repentina de nacionales de terceros países, ha aceptado como fundamento jurídico el artículo 78, apartado 3, del TFUE tal como proponía la Comisión para la Decisión por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia. Sin embargo, el Parlamento Europeo puede aceptar el artículo 78, apartado 3, del TFUE como fundamento jurídico solo como medida de emergencia, que vendrá seguida por una propuesta legislativa adecuada para abordar, de una manera estructural, las futuras situaciones de emergencia. Insiste en que el fundamento jurídico correcto es el artículo 78, apartado 2, del TFUE, por el que se requiere el procedimiento legislativo ordinario para las medidas que determinan qué Estado miembro es responsable de estudiar una solicitud de protección internacional, juntamente con el artículo 80, segunda frase, del TFUE, cuyas disposiciones ponen en práctica el principio de solidaridad tal como se expresa en el artículo 80, primera frase. El Parlamento Europeo destaca asimismo que la adopción de la presente Decisión no incide de ninguna manera en la gama de fundamentos jurídicos a disposición del colegislador en el futuro, en particular en lo relativo al artículo 78, juntamente con el artículo 80 del TFUE. El Parlamento Europeo insta a la Comisión a que presente una propuesta legislativa relativa a un mecanismo de reubicación permanente sobre la base de los artículos 78, apartado 2, y 80 a más tardar a finales de 2015, tal como anunció la Comisión en su Agenda Europea de Migración. El Parlamento Europeo se reserva el derecho de preparar un informe legislativo de propia iniciativa en caso de que la Comisión no presente dicha propuesta legislativa a su debido tiempo.


Dimensión urbana de las políticas de la UE
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Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre la dimensión urbana de las políticas de la UE (2014/2213(INI))
P8_TA(2015)0307A8-0218/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su título XVIII,

–  Visto el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006(2),

–  Visto el Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea(3),

–  Vista su Resolución, de 23 de junio de 2011, sobre la Agenda urbana europea y su futuro en la política de cohesión(4),

–  Vista su Resolución, de 21 de febrero de 2008, sobre el seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y de la Carta de Leipzig - Hacia un programa de acción europeo para el desarrollo espacial y la cohesión territorial(5),

–  Vista la Comunicación de la Comisión de 18 de julio de 2014 titulada «Dimensión urbana de las políticas de la UE: elementos clave de una agenda urbana para la UE» (COM(2014)0490),

–  Vista la Comunicación de la Comisión de 18 de junio de 2014 titulada «Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT): Situación actual y perspectivas» (COM(2014)0368),

–  Vista la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 titulada «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–  Vista la Comunicación de la Comisión de 10 de julio de 2012 titulada «Ciudades y Comunidades Inteligentes - Asociación Europea para la Innovación» (C(2012)4701),

–  Vista la Comunicación de la Comisión de 28 de octubre de 1998 titulada «Marco de actuación para el desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea» (COM(1998)0605),

–  Vista la Comunicación de la Comisión de 6 de mayo de 1997 titulada «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia» (COM(1997)0197),

–  Visto el sexto informe de la Comisión sobre «Cohesión económica, social y territorial: inversión para el empleo y el crecimiento. Fomento del desarrollo y la buena gobernanza en las regiones y ciudades de la UE», de julio de 2014,

–  Visto el informe de la Comisión titulado «Ciudades del Mañana: Invertir en Europa», Bruselas, 17-18 de febrero de 2014,

–  Visto el informe de la Comisión titulado «Futuros digitales: un viaje hacia las visiones y los retos políticos, las ciudades, los pueblos y las comunidades de 2050», de 2014,

–  Visto el informe de la Comisión titulado «Ciudades del mañana: Retos, visiones y caminos a seguir», Bruselas, octubre de 2011,

–  Vista la declaración ministerial «Hacia una agenda urbana de la UE», adoptada en la reunión informal de los ministros de la UE responsables de la política de cohesión territorial y las cuestiones urbanas celebrada el 10 de junio de 2015 en Riga,

–  Vistas las conclusiones del Consejo adoptadas en Bruselas el 19 de noviembre de 2014 sobre el sexto informe sobre cohesión económica, social y territorial: inversión para el empleo y el crecimiento»,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia adoptadas en la reunión ministerial informal de los ministros responsables de la política de cohesión los días 24 y 25 de abril de 2014 en Atenas,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia polaca sobre la dimensión territorial de las políticas de la UE y la futura política de cohesión, aprobadas en la reunión ministerial informal de los ministros responsables de la política de cohesión y el desarrollo territorial y urbano los días 24 y 25 de noviembre de 2011 en Poznan,

–  Vista la agenda territorial de la estrategia UE 2020, aprobada en la reunión ministerial informal de los ministros responsables de ordenación del territorio y desarrollo territorial el 19 de mayo de 2011 en Gödöllő,

–  Vista la «Declaración de Toledo», adoptada en el Consejo informal de ministros de desarrollo urbano celebrado el 22 de junio de 2010 en Toledo,

–  Vista la Carta de Leipzig sobre ciudades europeas sostenibles, aprobada en el Consejo informal de ministros de desarrollo urbano celebrado los días 24 y 25 de mayo de 2007 en Leipzig,

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 25 de junio de 2014, titulado «Nueva agenda europea para la integración»,

–  Visto el dictamen de 23 de abril de 2015 del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Dimensión urbana de las políticas de la UE: elementos clave de una agenda urbana para la UE» (COM(2014)0490),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0218/2015),

A.  Considerando que, en 2014, la mitad de la población mundial(6) y el 72 % de la europea vivían en zonas urbanas(7), y que, en 2050, casi el 80 % de la población del planeta residirá en zonas urbanas(8);

B.  Considerando que las «áreas urbanas funcionales» de la UE constituyen una estructura policéntrica única, construida en torno a localidades pequeñas y medianas y sus zonas circundantes, lo que trasciende las fronteras administrativas tradicionales para englobar varios territorios unidos por sus retos económicos, sociales, medioambientales y demográficos;

C.  Considerando que las ciudades, los municipios y las áreas urbanas funcionales, como por ejemplo las zonas metropolitanas, no solo desempeñan un importante papel en la democracia participativa, sino que además constituyen pilares económicos y núcleos de creación de empleo que son clave para la UE, dado que la innovación y las nuevas actividades económicas tienen, a menudo, su origen en la ciudad; que representan, por lo tanto, una importante ventaja para la UE en sus relaciones con otras partes del mundo y son asimismo zonas esenciales en las que hay que superar los obstáculos al crecimiento y el empleo y hay que atajar la exclusión social (por ejemplo, los jóvenes con escasa formación en el mercado laboral), la falta de accesibilidad y la degradación del medio ambiente;

D.  Considerando que las ciudades, los municipios, las áreas urbanas funcionales y las regiones son responsables del mayor porcentaje de consumo energético y de emisiones de gases de efecto invernadero en la UE; que, por otro lado, desempeñan un papel clave en el logro de una mayor eficiencia y autosuficiencia energética, así como en el desarrollo de nuevas iniciativas (como por ejemplo nuevas formas de actividad económica) que favorezcan la movilidad urbana, los sistemas de transporte competitivos y respetuosos con el medio ambiente y que favorezcan el crecimiento, el empleo, la cohesión social y territorial, la salud y la seguridad;

E.  Considerando que algunas ciudades están experimentando envejecimiento y pérdida de población y se enfrentan a problemas cuyo origen se encuentra en la magnitud de las infraestructuras y los servicios que prestan, mientras que, en otras, la población está aumentando, lo que supone un incremento de la presión sobre la infraestructura y los servicios ya existentes (por ejemplo la educación) y un agravamiento de otros problemas tales como el desempleo (juvenil), la exclusión, la congestión del tráfico, el crecimiento urbanístico y la contaminación, lo que aumenta considerablemente la duración de los trayectos y merma la calidad de vida de muchos europeos;

F.  Considerando que algunos de los principales retos a los que se enfrentan las ciudades en materia de desarrollo económico y social, cambio climático, transporte y cambio demográfico solo se pueden abordar a través de asociaciones entre las ciudades y sus zonas circundantes; que la expansión en los últimos años de los espacios de interrelación, debido en particular a los progresos en el ámbito del transporte y las comunicaciones, crea la necesidad de desarrollar instrumentos que permitan promover la conectividad;

G.  Considerando que las iniciativas políticas europeas tienen una repercusión directa o indirecta en el desarrollo sostenible de las ciudades y en la política urbana;

H.  Considerando que alrededor del 70 % de las políticas y de la legislación europeas se aplica a niveles local y regional;

I.  Considerando que debería garantizarse una mayor coherencia a nivel de la UE entre sus diferentes iniciativas políticas y sus programas de subvención, haciendo pleno uso del marco estratégico común (título II, capítulo I, artículo 10, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 - Reglamento sobre disposiciones comunes) y mejorando la coordinación política entre y con los actores y niveles de gobierno, ya que el planteamiento sectorial de la política de la UE puede dar lugar a unas políticas y una legislación que puede que no favorezcan a las áreas urbanas funcionales;

J.  Considerando que, en 1997, la Comisión publicó una Comunicación sobre una agenda urbana para la UE(9), pero que la función de las ciudades europeas en la formulación de políticas de la UE sigue siendo objeto de debate;

K.  Considerando que, en el pasado, el Parlamento apoyó la propuesta de la Comisión de presentar una «agenda urbana» como marco de la futura política urbana de ámbito europeo;

L.  Considerando que la subsidiariedad, según se define en el TFUE, así como la gobernanza de múltiples niveles, basada en la acción coordinada de la UE, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales, junto con el principio de asociación, son elementos esenciales para la correcta aplicación de todas las políticas de la UE y que la asignación de recursos y competencias a las autoridades locales y regionales debería reforzarse consecuentemente;

M.  Considerando que el Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (Reglamento (UE) nº 1301/2013) refuerza la dimensión urbana de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos al asignar al menos un 5 % de su ayuda financiera a acciones integradas para un desarrollo urbano sostenible mediante la delegación de las tareas de gestión en las autoridades urbanas, otorgándoles más responsabilidades en las tareas relacionadas al menos con la selección de las operaciones mediante la creación de herramientas como las inversiones territoriales integradas (ITI) y el desarrollo local impulsado por la comunidad (CLLD, por sus siglas en inglés), asignando un presupuesto específico para las acciones innovadoras con el fin de probar nuevas soluciones relacionadas con el desarrollo urbano sostenible, y creando una red de desarrollo urbano;

N.  Considerando que el principio de asociación recogido en el Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes (Reglamento (UE) nº 1303/2013) y el Código Europeo de Conducta obliga a los Estados miembros a garantizar la participación temprana de las autoridades urbanas en el procedimiento de formulación de políticas de la UE;

La dimensión urbana de las políticas de la UE

1.  Opina que las políticas de la UE deben apoyar y capacitar a los municipios, las ciudades y las áreas urbanas funcionales para que expresen y alcancen su pleno potencial como motores del crecimiento económico, el empleo, la inclusión social y el desarrollo sostenible; cree, por tanto, que estos municipios, ciudades y áreas urbanas deben asociarse más estrechamente al proceso europeo de formulación de políticas en su totalidad;

2.  Pide a la Comisión y, cuando proceda, a los Estados miembros que propongan métodos para la introducción de un mecanismo de alerta temprana, adaptando los instrumentos disponibles y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que ofrezca a los gobiernos subnacionales la posibilidad de observar si se han tenido en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y permitiéndoles participar en los procesos políticos desde una fase temprana, así como permitiendo la elaboración de estrategias de desarrollo territorial bien fundamentadas y una aplicación más eficaz de la legislación futura;

Hacia una agenda urbana europea integrada

3.  Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de trabajar en la elaboración de una agenda urbana europea; apoya esta idea como un marco coherente para las políticas de la UE con una dimensión urbana destinado a asociar mejor las soluciones urbanas a los retos a que se enfrenta la UE, con objeto de adaptar mejor las políticas sectoriales y los niveles de gobernanza, orientar mejor la financiación de la UE hacia los retos urbanos locales pertinentes y evaluar mejor las repercusiones territoriales de las políticas sectoriales; opina que la agenda urbana europea debería favorecer en particular el desarrollo de soluciones de gobernanza capaces de responder con éxito a los retos y objetivos de un desarrollo sostenible, económica y socialmente integrador, de los municipios, las ciudades y las áreas urbanas en Europa;

4.  Reconoce que, si bien la UE carece de competencias explícitas en materia de desarrollo urbano, existe un amplio abanico de iniciativas de la UE que repercuten de forma directa o indirecta en los municipios, las ciudades y las áreas urbanas funcionales; opina, por lo tanto, que, para poder crear una agenda urbana europea, es indispensable contar con unas políticas urbanas nacionales bien desarrolladas y consolidadas; considera que dicha agenda urbana europea debe constituir una estrategia dirigida a los municipios, las ciudades y las áreas urbanas funcionales de la UE, que a largo plazo daría lugar a una política urbana a escala de la UE; destaca en este contexto que el desarrollo territorial urbano europeo debe basarse en una organización territorial equilibrada con una estructura urbana policéntrica, con arreglo a la Agenda Territorial de la Unión Europea 2020;

5.  Está convencido de que la agenda urbana europea debe constituir un esfuerzo común de la Comisión, los Estados miembros, las autoridades locales y otras partes interesadas para racionalizar, coordinar y aplicar las políticas de la UE con una dimensión urbana a través de un planteamiento práctico, integrado y coordinado, además de flexible, dentro de los municipios, las ciudades y las áreas urbanas funcionales y con ellos, teniendo en cuenta las particularidades territoriales locales, y en el respeto de la estructura institucional de cada Estado miembro;

6.  Cree que una agenda urbana europea debe alinearse plenamente con los objetivos y las estrategias generales de la UE, sobre todo con Europa 2020, y con los objetivos de cohesión territorial; destaca que las fronteras administrativas son cada vez menos pertinentes a la hora de tratar de resolver los problemas de desarrollo a nivel descentralizado; cree, por tanto, que la agenda urbana europea debe ser integradora y tener en cuenta claramente la diversidad de las entidades territoriales de la UE y los vínculos transfronterizos y entre el mundo rural y el urbano, incluidos los servicios que las áreas urbanas funcionales prestan a sus áreas urbanas aledañas;

7.  Insta a la Comisión a que elabore una comunicación en la que se detallen las características de la futura agenda urbana europea sobre la base del «acervo urbano» y de una consulta exhaustiva a las diversas partes interesadas, incluidos los interlocutores económicos y sociales y las organizaciones de la sociedad civil; pide a la Comisión que incluya la agenda urbana europea en su programa de trabajo anual;

Incorporación de un planteamiento de desarrollo territorial integrado a la formulación de políticas y la legislación de la UE

8.  Pide a la Comisión que aplique un planteamiento territorial integrado de índole más local al conceptualizar nuevas iniciativas políticas orientadas a las áreas urbanas, con el fin de garantizar la coherencia y capacitar a los municipios, las ciudades y las áreas urbanas funcionales para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 relativos un desarrollo social y económico inteligente, sostenible e integrador, entre otras cosas mediante la adopción de un planteamiento integrado de la UE para apoyar proyectos inteligentes y sostenibles en ciudades europeas, contribuyendo así a promover el desarrollo social y económico;

9.  Pide a la Comisión que introduzca por norma general una evaluación de impacto territorial en la dimensión urbana para garantizar la viabilidad práctica de todas las iniciativas políticas de la UE pertinentes a escala regional y local, que esté abierta a las sugerencias de los niveles descentralizados de gobierno a la hora de elaborar las evaluaciones de impacto y nuevas políticas («planteamiento ascendente»), así como que se cerciore de que todas las políticas sectoriales de la UE traten adecuadamente los problemas a los que se enfrentan los municipios, las ciudades y las áreas urbanas funcionales; pide a la Comisión que concentre estas evaluaciones de impacto territorial en los siguientes elementos: desarrollo territorial equilibrado, integración territorial, aspectos de gobernanza, reglamentarios, de aplicación a nivel local y coherencia con otros objetivos políticos;

10.  Insta a la Comisión a que sistematice y analice todos los datos disponibles y los marcos conceptuales comunes («acervo urbano»), con el fin de evitar duplicaciones e incoherencias y ofrecer una definición clara de desarrollo urbano sostenible integrado e identificar así los objetivos comunes coherentes y transparentes de la UE en este ámbito;

11.  Está convencido de que, para poder evaluar las áreas urbanas con mayor precisión en lugar de basarse únicamente en el indicador del PIB, es preciso disponer de datos suficientes; considera, por tanto, que Eurostat debe facilitar y recopilar datos locales más detallados y que se debe seguir trabajando en el proyecto de auditoría urbana y en estudios similares; pide asimismo a la Comisión que desarrolle instrumentos que puedan medir los avances y las repercusiones de una agenda urbana integrada a escala de la UE;

12.  Alienta a la Comisión a que reduzca la burocracia relacionada con la aplicación de la legislación de la UE vigente a nivel local y a que garantice que toda la reglamentación futura analice exhaustivamente las consecuencias de su aplicación a nivel local;

Instrumentos políticos y financiación de la dimensión urbana de la UE

13.  Recuerda que la política de cohesión de la UE y sus instrumentos de financiación están mejor equipados para apoyar estrategias territoriales integradas complejas destinadas a áreas urbanas funcionales a través de una planificación estratégica y unas normas comunes; anima a los Estados miembros a que utilicen plenamente los nuevos instrumentos disponibles, como las ITI y el CLLD, así como los nuevos programas operativos (PO) flexibles, con el fin de apoyar adecuadamente la ejecución de los planes de desarrollo urbano integrados; anima asimismo a los Estados miembros y a la Comisión a que elaboren un conjunto coherente de indicadores adecuados que permitan una mejor evaluación de la dimensión urbana de las acciones e iniciativas desarrolladas con financiación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

14.  Destaca la necesidad de explotar al máximo el potencial de las estrategias macrorregionales para el éxito de la aplicación del enfoque urbano integrado; pide a la Comisión que incluya e integre de forma adecuada los aspectos de la agenda urbana europea y que subraye la dimensión urbana en las estrategias macrorregionales de la UE que representen un modelo de planificación y gobernanza de múltiples niveles;

15.  Lamenta que, aunque la nueva política de cohesión tiene aspectos relacionados con la dimensión urbana jurídicamente vinculantes, sobre todo en lo que respecta a la participación de las ciudades en la fase de programación, la participación real de la ciudad y de los representantes urbanos en la configuración de las políticas es escasa, y considera que puede mejorarse a través de la participación temprana en los procesos políticos, por ejemplo mediante consulta, evaluación e intercambio de mejores prácticas y experiencias; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación del principio de asociación, teniendo asimismo en cuenta el Código de Conducta Europeo para la Asociación (artículo 5, apartado 3, del Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes (Reglamento (UE) nº 1303/2013), al ejecutar los programas y proyectos apoyados con cargo a la financiación de la UE, prestando especial atención a la participación de los municipios, las ciudades y las áreas urbanas funcionales en la preparación, gestión y gobernanza de los programas, en particular a nivel transfronterizo;

16.  Pide una mayor participación de los municipios y las ciudades en los programas de los Fondos Estructurales y de Inversión; considera que las enseñanzas que se extraigan de esta participación podrían traducirse en recomendaciones políticas importantes para elaborar la política de cohesión después de 2020; pide en este contexto a la Comisión que compruebe la aplicación de la agenda urbana europea en ámbitos temáticos seleccionados que reflejen los problemas de las áreas urbanas («proyectos piloto de carácter urbano»), en particular garantizando la coordinación intersectorial de las diferentes políticas de la UE, suprimiendo los solapamientos existentes y aplicando el modelo de gobernanza de múltiples niveles y llevando a cabo evaluaciones de impacto territorial; pide asimismo a la Comisión que informe periódicamente al Parlamento acerca de los avances y resultados obtenidos a este respecto;

17.  Pide que se mejore la coordinación y la integración de las políticas de inversión de la UE susceptibles de garantizar un desarrollo urbano sostenible, integrado y socialmente integrador; pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen plenamente el marco reglamentario para crear sinergias entre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), los programas subvencionados por la UE (como LIFE, Horizonte 2020, Energía Inteligente para Europa, etc.) y los fondos de la política de cohesión, así como las inversiones públicas (por ejemplo nacionales), el capital privado y los instrumentos financieros privados, con el fin de obtener el mayor efecto multiplicador de los fondos invertidos; destaca la necesidad de asegurar la complementariedad de todas las políticas de inversión, así como una mayor sinergia, y de evitar solapamientos y doble financiación;

Un nuevo modelo de «gobernanza de múltiples niveles»

18.  Recuerda que los principales retos económicos, sociales y medioambientales de hoy en día trascienden las fronteras administrativas tradicionales y que el creciente desajuste entre las estructuras administrativas y territoriales (cooperación urbana y periurbana, cooperación entre los entornos urbano y rural, etc.) exige nuevas formas de gobernanza flexible con el fin de dar continuidad al desarrollo territorial integrado de las áreas funcionales;

19.  Cree que la agenda urbana europea debe basarse en un nuevo método de gobernanza de múltiple nivel que cuente con una participación más intensa del ámbito local en todas las fases del ciclo político, acerque así en mayor medida las políticas a las realidades y las haga más coherentes con las constantes transformaciones de las áreas urbanas funcionales y más sensibles a estas; a este respecto, también el Comité de las Regiones, como representante de las entidades regionales y locales, debe desempeñar un papel;

20.  Insta a la Comisión a que proponga elementos para un nuevo modelo de gobernanza de múltiple nivel basado en asociaciones y en una auténtica colaboración, que no se limite a meras consultas de las partes interesadas, un modelo que combine estructuras de gobierno formales con estructuras de gobernanza informales flexibles que correspondan a las nuevas realidades de la sociedad digitalizada en red y que se adapte a la magnitud de los problemas, un modelo que mejore la cooperación de múltiples niveles, tanto vertical como horizontal, con agentes gubernamentales y no gubernamentales de ámbito local, regional, nacional y europeo, acercando así el gobierno a los ciudadanos y mejorando la legitimidad democrática del proyecto europeo; recomienda que este modelo sui generis hecho a medida se convierta en el método de trabajo de la futura agenda urbana europea tras su aceptación por los socios y previa consulta de todas las partes interesadas pertinentes;

Gestión del conocimiento y puesta en común de datos

21.  Opina que las plataformas y redes urbanas (como URBACT, la Red de desarrollo urbano) y los demás programas cuya finalidad es el intercambio de conocimientos entre ciudades (como Civitas, el Pacto de los Alcaldes, la iniciativa «Mayors Adapt», la Iniciativa Ciudades y Comunidades Inteligentes, el marco de referencia para las ciudades sostenibles, y la iniciativa ManagEnergy) han ofrecido una excelente oportunidad para la participación de agentes locales, regionales y transfronterizos en el desarrollo urbano y la puesta en común de conocimientos entre agentes; insta a la Comisión a que consolide y garantice una mejor coordinación entre estas plataformas, con el fin de permitir que los agentes locales las comprendan mejor y se relacionen con ellas de un modo más eficaz;

22.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que saquen el máximo partido de las actividades de puesta en común de conocimientos y creación de capacidades que ofrecen los proyectos financiados por la UE y otras actividades en red entre ciudades; anima a la Comisión a que desarrolle mecanismos de mejora de la puesta en común de los resultados de proyectos a través de sus servicios y a que se cerciore de que los resultados se incorporen a los avances políticos tanto nacionales como de la UE;

23.  Cree que para formular unas políticas más adaptadas es necesario actualizar y mejorar la base de datos de Urban Audit; anima a Eurostat y a la Comisión a que faciliten y recopilen unos datos más detallados que se recojan donde se aplican las políticas, en muchos casos en el ámbito local; destaca que la recogida de datos de flujo, que miden las relaciones entre ciudades y sus zonas aledañas, así como dentro de las áreas urbanas funcionales, también está adquiriendo importancia a la hora de mejorar la comprensión de estas áreas funcionales complejas y, por lo tanto, insta a la Comisión a que recoja y analice dichos datos y los convierta en datos sobre los que fundamentar avances políticos;

Aplicación de la futura agenda urbana europea

24.  Cree que, para que la agenda urbana europea sea una herramienta eficaz, tendrá que ser un marco conceptual compartido que se actualice regularmente y cuyo núcleo temático lo componga una serie de retos en el contexto más amplio de los objetivos de la estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente;

25.  Cree firmemente que tales retos deberán responder a los siguientes criterios: 1) se adecuarán al marco conceptual común; 2) serán retos urbanos importantes con repercusiones significativas en los municipios, las ciudades y las áreas urbanas funcionales de los Estados miembros; 3) no podrán resolverlos los Estados miembros de manera unilateral; 4) el planteamiento de la UE aportará un valor añadido claro; pide a la Comisión que inicie el trabajo conducente a catalogar tales retos, así como a identificar los demás obstáculos, incoherencias políticas o déficits de capacidades o conocimientos, en estrecha colaboración con todas las partes interesadas pertinentes, sobre todo las de ámbito local;

26.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por que se garantice un nivel más elevado de coordinación transectorial de las políticas con una dimensión urbana en todos los niveles de gobierno, con el fin permitir una mejor incorporación del desarrollo urbano integrado; pide a la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO), responsable de las políticas urbanas de la UE, que, en estrecha colaboración con el actual Grupo interservicios de la Comisión sobre «Desarrollo Urbano», impulse este proceso y se asegure de que la dimensión urbana se tenga en cuenta en todas las nuevas iniciativas pertinentes; pide al Presidente de la Comisión Europea que designe a un coordinador político dentro del Colegio de Comisarios que confiera una orientación estratégica a las políticas de la agenda urbana e informe anualmente al Parlamento sobre dicha agenda;

27.  Pide a la Comisión que designe a un nuevo coordinador especial de asuntos urbanos de la UE, sobre la base de los servicios u organismos ya existentes en el seno de la Comisión, encargado de supervisar y evaluar el desarrollo práctico de esta coordinación de un modo horizontal (que cuente con la participación de todos los sectores políticos relevantes) y vertical (que incluya todos los niveles de gobierno); es de la opinión de que el coordinador especial de asuntos urbanos de la UE deberá, con ayuda del Grupo interservicios de la Comisión sobre «Desarrollo Urbano», crear en la Comisión una «ventanilla única» sobre políticas urbanas y garantizar la recopilación, gestión y divulgación adecuadas de datos referentes a dichas políticas, tanto entre los distintos servicios de la Comisión como con las diferentes partes interesadas, de tal manera que se instaure un mecanismo de información de alerta temprana y participación temprana de los entes locales y regionales en los procesos políticos con repercusiones en los municipios, las ciudades y las áreas urbanas funcionales;

28.  Alienta a la Comisión a que, al tiempo que utiliza las estructuras existentes y, por ejemplo, como parte del «proyecto piloto urbano», establezca en los Estados miembros puntos únicos de información sobre la dimensión urbana de las políticas de la UE («ventanillas únicas de asuntos urbanos») con el fin de proporcionar información exhaustiva, en particular, sobre las diversas iniciativas, directrices y posibilidades financieras de la UE en materia de desarrollo urbano;

29.  Pide a la Comisión que organice una cumbre urbana periódica basada en el foro de las «Ciudades del mañana» que reúna a partes interesadas de todos los niveles de gobierno y de diversos sectores; cree que dicha cumbre podría suponer una verdadera oportunidad para que las ciudades entablen un diálogo constructivo con los responsables políticos de todos los ámbitos pertinentes y que contribuiría a evaluar el impacto de las políticas de la UE en los municipios, las ciudades y las áreas urbanas funcionales y a determinar el mejor modo de incluirlas en las futuras iniciativas;

30.  Insta a los Estados miembros a que asocien íntegramente a las ciudades y las áreas urbanas funcionales y a que las incluyan en el desarrollo y la programación de políticas estratégicas (tales como programas de reforma nacional, acuerdos de asociación y programas operativos); pide a los Estados miembros que fortalezcan su intercambio de experiencia sobre programas nacionales de desarrollo urbano, que capacita a las ciudades para cumplir los objetivos de Europa 2020, mediante la organización periódica de reuniones informales del Consejo en las que participen los ministros responsables de desarrollo urbano;

Dimensión exterior de la agenda urbana europea

31.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan plenamente en cuenta los trabajos preparatorios de la agenda Hábitat III y que garanticen que la futura agenda urbana europea sea enteramente compatible y esté coordinada con las metas y los objetivos de esta agenda urbana mundial; pide a la Comisión que informe regularmente al Parlamento de la dimensión exterior de la agenda urbana europea y opina que la agenda urbana podría convertirse en la contribución de la UE al debate internacional sobre la «Nueva Agenda Urbana» de las Naciones Unidas y la conferencia Hábitat III sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible en 2016;

32.  Considera que la UE y los Estados miembros deben asumir un compromiso claro, coherente y abierto, que incluya la consulta y contribución de las autoridades locales y regionales, en el marco de la Organización Internacional de Normalización (ISO) en lo que se refiere a la elaboración de nuevas normas de desarrollo urbano sostenible, dentro del respeto del proyecto de directrices internacionales sobre planificación urbana y territorial de las Naciones Unidas; hace hincapié en que las nuevas normas ISO no deben percibirse como una herramienta normativa, sino de apoyo;

o
o   o

33.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 289.
(3) DO L 347 de 20.12.2013, p. 259.
(4) DO C 390 E de 18.12.2012, p. 10.
(5) DO C 184 E de 6.8.2009, p. 95.
(6) Parag Khanna, Beyond City Limits, Foreign Policy, 6 de agosto de 2010.
(7) Eurostat - Estadísticas sobre ciudades, 2014.
(8) The Vertical Farm, www.verticalfarm.com.
(9) Comunicación de la Comisión de 6 de mayo de 1997 titulada «Hacia una política urbana para la Unión Europea» (COM(1997)0197).


Inversión para el empleo y el crecimiento: promover la cohesión económica, social y territorial en la Unión
PDF 234kWORD 124k
Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre inversión para el empleo y el crecimiento: promover la cohesión económica, social y territorial en la Unión (2014/2245(INI))
P8_TA(2015)0308A8-0173/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el sexto informe de la Comisión sobre la cohesión económica, social y territorial, titulado «Inversión para el empleo y el crecimiento: promoción del desarrollo y la buena gobernanza en las regiones y ciudades de la UE», de 23 de julio de 2014 (en lo sucesivo «el sexto informe de cohesión»),

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, sus artículos 4, 162, 174 a 178 y 349,

–  Visto el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, (en lo sucesivo «el Reglamento sobre disposiciones comunes»)(1),

–  Visto el Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006(2),

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006(3),

–  Visto el Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea,(4)

–  Visto el Reglamento (UE) nº 1302/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1082/2006 sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en lo que se refiere a la clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de tales agrupaciones(5),

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1084/2006(6),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(7),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo(8),

–  Vista la «Agenda territorial de la Unión Europea 2020: Hacia una Europa integradora, inteligente y sostenible de regiones diversas», aprobada en la reunión ministerial informal de los ministros responsables de ordenación del territorio y desarrollo territorial celebrada en Gödöllő (Hungría) el 19 de mayo de 2011,

–  Visto el octavo informe de situación de la Comisión sobre la cohesión económica, social y territorial, titulado «La dimensión urbana y regional de la crisis», de 26 de junio de 2013,

–  Vista su Resolución, de 14 de enero de 2014, sobre la especialización inteligente: interconexión de centros de excelencia para una política de cohesión eficiente(9),

–  Vista su Resolución, de 14 de enero de 2014, sobre el grado de preparación de los Estados miembros de la UE para un comienzo efectivo y oportuno del nuevo período de programación de la política de cohesión(10),

–  Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre el séptimo y octavo informes de situación de la Comisión Europea sobre la política de cohesión y el Informe estratégico de 2013 sobre la aplicación del programa en el período 2007-2013(11),

–  Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre la optimización del desarrollo del potencial de las regiones ultraperiféricas mediante la creación de sinergias entre los Fondos estructurales y los demás programas de la Unión Europea(12).

–  Vista su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre las demoras en el arranque de la política de cohesión para el período 2014-2020(13),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2011, titulada «Marco para la próxima generación de instrumentos financieros innovadores - Plataformas de instrumentos de capital y de deuda de la UE» (COM(2011)0662),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, titulada «Un Plan de Inversiones para Europa» (COM(2014)0903),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de enero de 2015, titulada «Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» (COM(2015)0012),

–  Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Instrumentos financieros en beneficio de las PYME cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional» (Informe Especial nº 2/2012),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales (Cohesión) de 19 de noviembre de 2014 sobre el sexto informe sobre la cohesión económica, social y territorial, titulado «Inversión para el empleo y el crecimiento»,

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 3 de diciembre de 2014, relativo al sexto informe sobre cohesión económica, social y territorial,(14)

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 21 de enero de 2015, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Sexto informe sobre la cohesión económica, social y territorial: inversión para el empleo y el crecimiento»(15),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de marzo de 2015, sobre los Indicadores de Justicia en la UE 2015 (COM(2015)0116),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de enero de 2015, titulada «Proyecto de presupuesto rectificativo nº 2 al presupuesto general de 2015» (COM(2015)0016),

–  Visto el Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea − Lucha contra el fraude,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0173/2015),

A.  Considerando que es incontestable el decisivo papel que desempeña la política de cohesión de la UE en la reducción de las desigualdades regionales, la promoción de la cohesión económica, social y territorial entre las regiones de los Estados miembros y el apoyo a la creación de empleo; que la política de cohesión constituye la principal política de inversión en la economía real a escala de la UE y una herramienta arraigada de crecimiento y empleo en la UE, con un presupuesto de más de 350 000 millones de euros hasta 2020; que, durante la crisis económica, la política de cohesión se está revelando como un instrumento fundamental para mantener el nivel de inversiones en los distintos Estados miembros, y que en algunos de ellos representa la principal fuente de inversión pública; que se ha confirmado el carácter concreto y visible de los resultados de la política de cohesión mediante diferentes métodos de evaluación;

B.  Considerando que las últimas cifras de 2013 reflejan un máximo histórico de desempleo de larga duración en la Unión Europea del 5,1 % de la población activa; que el desempleo de larga duración tiene consecuencias determinantes para las personas a lo largo de toda su vida y puede convertirse en estructural, en particular en las regiones periféricas;

C.  Considerando que en los últimos tiempos se ha producido una caída de la inversión pública en la UE de un 15 % en términos reales y que muchas regiones, especialmente las que se enfrentan a retos demográficos, no han podido contribuir adecuadamente a los objetivos de Europa 2020, especialmente al objetivo principal de lograr un índice de empleo del 75 % de aquí a 2020, al objetivo de sacar de la pobreza a 20 millones de personas y al objetivo de limitar el abandono escolar;

D.  Considerando que está justificado que los objetivos de la política de cohesión evolucionen a lo largo del tiempo, dando respuesta a los nuevos desafíos y amenazas a los que se enfrenta la Unión, y que la política en sí misma está ahora más estrechamente vinculada a la agenda política general de la UE; considerando, sin embargo, que es preciso reafirmar la función original de la política de cohesión, esto es, el fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial en todas las regiones de la UE, y especialmente de las regiones menos desarrolladas y menos favorecidas; que la política de cohesión no debe considerarse simplemente como un instrumento para alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020 y de otras estrategias de desarrollo de la UE, sino también como una política de inversión en los territorios;

E.  Considerando que, según el sexto informe de cohesión, la crisis económica ha afectado negativamente a la tendencia a largo plazo hacia la reducción de las disparidades regionales y que, a pesar de algunas tendencias positivas, al comienzo del nuevo período de programación siguen existiendo grandes diferencias de muy diversos tipos entre las regiones;

F.  Considerando que, por medio de la concentración temática, los recursos de la política de cohesión se destinan a un número limitado de objetivos estratégicos con potencial en lo relativo al estímulo del crecimiento, la creación de empleo, la inclusión social, el medio ambiente y el cambio climático;

G.  Considerando que en ausencia de una buena gobernanza no pueden obtenerse altos índices de crecimiento y de convergencia económica regional, dado que es necesario un mayor compromiso por parte de todos los socios a nivel nacional, regional y local, en consonancia con los principios de la gobernanza multinivel y con la participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil;

H.  Considerando que los acuerdos de asociación y los programas operativos son herramientas estratégicas destinadas a orientar las inversiones realizadas en los Estados miembros y en las regiones, tal como se prevé en los artículos 14, 16 y 29 del Reglamento sobre disposiciones comunes, y que, con arreglo al calendario establecido para su presentación y aprobación, los acuerdos de asociación deberían haberse adoptado antes de finales de agosto de 2014 y los programas operativos antes de finales de enero de 2015 a más tardar;

I.  Considerando que en el Consejo informal celebrado en Gödöllő (Hungría) en 2011 se pidió a las sucesivas Presidencias del Consejo de 2015 y 2016 que evaluaran y examinaran si convenía revisar la Agenda Territorial 2020 de la UE teniendo en cuenta su funcionamiento en la práctica y que, en su caso, lideraran posteriormente dicha revisión;

J.  Considerando que, de conformidad con el artículo 175 del TFUE, los Estados miembros deben conducir su política económica y coordinarla con miras a alcanzar los objetivos de un desarrollo general armonioso y de refuerzo de la cohesión económica, social y territorial, y que el nuevo Plan de Inversiones para Europa también debe contribuir por tanto a esos objetivos;

Logros y retos de la política de cohesión en el contexto de la crisis económica y financiera (período de programación 20017-2013)

1.  Hace hincapié en que la política de cohesión es el principal instrumento de la Unión Europea destinado a reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales entre las regiones europeas fomentando su competitividad, haciendo frente al cambio climático y a la dependencia energética y contribuyendo al mismo tiempo al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020; destaca que, pese a las dificultades de algunos Estados miembros y regiones para cofinanciarlas, las inversiones de la política de cohesión han amortiguado significativamente los efectos negativos de la crisis económica y financiera y han aportado estabilidad a las regiones al garantizar los flujos de financiación cuando se desplomaron las inversiones de alcance nacional y regional, tanto públicas como privadas; destaca que la financiación de la política de cohesión representó el 21 % de la inversión pública en toda la UE y el 57 % en los países de la cohesión en su conjunto;

2.  Pone de relieve que la política de cohesión ha demostrado su capacidad para reaccionar rápidamente, mediante medidas flexibles destinadas a hacer frente al déficit de inversión de los Estados miembros y de las regiones, tales como la reducción de la cofinanciación nacional y la concesión de anticipos adicionales, así como la reasignación del 13 % de la financiación total (45 000 millones de euros) al apoyo a la actividad económica y al empleo con efectos directos; considera fundamental, por consiguiente, que se lleve a cabo una revisión intermedia sustancial y exhaustiva de los objetivos y los porcentajes de cofinanciación en caso de que se produzcan cambios en la situación socioeconómica de los Estados miembros o de algunas de sus regiones;

3.  Destaca que el Tratado de la Unión Europea incluye el objetivo de fomentar la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros (artículo 3 del TUE);

4.  Acoge favorablemente la reciente reforma de la política de cohesión destinada a hacer frente a estos retos, basada en un marco estratégico coherente para el período 2014-2020 con objetivos e incentivos claros para todos los programas operativos; pide a todos los agentes implicados, y especialmente a las principales autoridades, que velen por la eficacia y eficiencia en la aplicación del nuevo marco legislativo para la política de cohesión centrándose firmemente en lograr un mayor rendimiento y mejores resultados; pide a todos los agentes implicados que establezcan mecanismos de gobernanza y coordinación a varios niveles que funcionen adecuadamente, con el fin de garantizar la coherencia entre los programas y de apoyar la estrategia Europa 2020 y las recomendaciones específicas por país;

5.  Insiste en que un entorno estable en los aspectos fiscal y económico —así como en los aspectos normativo, administrativo e institucional— es decisivo para la eficacia de la política de cohesión, pero no debe socavar el logro de sus objetivos y metas; recuerda, en este sentido, que la suspensión de los pagos contemplada en el artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes podría menoscabar la capacidad de las autoridades nacionales, regionales y locales para planificar con eficacia y para utilizar en la práctica los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) a lo largo del período 2014-2020; subraya que, para alcanzar tanto los objetivos de la política de cohesión como los de la estrategia Europa 2020, esta política ha de mantener una estrecha alineación con las políticas sectoriales y deben lograrse sinergias con otros programas de inversión de la UE; recuerda, no obstante, que el artículo 175 del TFUE prevé que todas las políticas económicas deben perseguir el logro de los objetivos de la cohesión económica, social y territorial;

6.  Destaca que el refuerzo de la capacidad administrativa para la programación, la aplicación y la evaluación en los Estados miembros es fundamental para garantizar una ejecución oportuna y satisfactoria de la política de cohesión;

7.  Señala que, si bien la política de cohesión ha suavizado el impacto de la crisis, las disparidades regionales siguen siendo significativas, y que aún no se ha alcanzado en todas partes el objetivo de la política de cohesión de reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales ofreciendo apoyo especial a las regiones menos desarrolladas;

8.  Señala que, a pesar de la crisis y del hecho de que las finanzas locales se han visto sometidas a importantes presiones, las autoridades locales y regionales han tenido que seguir atendiendo las peticiones de los ciudadanos de servicios públicos más accesibles y de mayor calidad;

9.  Hace hincapié en la importancia de reindustrializar la Unión para garantizar que la producción industrial represente un porcentaje de al menos el 20 % del PIB de los Estados miembros para 2020; recuerda, por consiguiente, la importancia de apoyar y reforzar de forma proactiva los principios de competitividad, sostenibilidad y fiabilidad normativa con el fin de promover el empleo y el crecimiento en Europa;

Problemas de ejecución y de pago

10.  Manifiesta su profunda preocupación por los importantes retrasos estructurales acumulados al comienzo de los períodos de programación de la política de cohesión, provocados por los retrasos en la aprobación de los programas operativos, incluidos los aprobados mediante el procedimiento de prórroga; observa que esos retrasos pueden acentuar la presión sobre los pagos, especialmente en 2017 y 2018, y agravar así la preocupación por la lamentable acumulación de pagos pendientes, que representaban aproximadamente 25 000 millones de euros para el período de programación 2007-2013; observa que, pese a que la situación en el ámbito de la cohesión, considerada en un contexto amplio, es mejor que la del desarrollo rural o las pesquerías, esta preocupación sigue vigente, dado que en algunos Estados miembros aún se tiene que aprobar un número significativo de programas; hace hincapié en que esos retrasos pueden menoscabar la credibilidad, eficacia y sostenibilidad del presupuesto de la UE y de la política de cohesión y ponen a prueba la capacidad de las autoridades nacionales, regionales y locales para finalizar la aplicación del período 2007-2013 y planificar con eficacia y utilizar en la práctica los Fondos EIE a lo largo del período 2014-2020; acoge con satisfacción los recientes esfuerzos de los Estados miembros y la Comisión a este respecto, pero pide a la Comisión que haga todo lo posible para asegurarse de que se aprueben sin más demoras todos los programas operativos restantes, dado que la revisión del marco financiero plurianual (MFP) necesaria para utilizar los recursos de 2014 no asignados, así como el proyecto de presupuesto rectificativo adjunto, ya han sido aprobados por el Parlamento;

11.  Recuerda que la cuestión de los retrasos persistentes en los pagos afecta a la política de cohesión más que a ningún otro ámbito político de la UE, puesto que la cantidad de facturas pendientes de pago a finales de 2014 para el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión para los programas del período 2007-2013 ascendía a 24 800 millones de euros, lo que representa un aumento del 5,6 % en comparación con 2013; anima a la Comisión a que utilice todos los medios disponibles para pagar esas facturas pendientes; destaca que esta situación afecta en primer lugar y en mayor grado a los beneficiarios más pequeños y vulnerables de la política de cohesión, como las pymes, las ONG y las asociaciones, puesto que su capacidad de prefinanciación del gasto es limitada;

12.  Celebra que el Consejo, la Comisión y el Parlamento hayan llegado a un acuerdo para reducir el nivel de facturas pendientes de pago al final del ejercicio, especialmente en la política de cohesión, hasta su nivel estructural durante el MFP actual, tal y como se prevé en la declaración conjunta que acompaña al acuerdo presupuestario para 2015, y toma nota del documento de la Comisión relativo a los elementos de un plan de pagos para volver a situar el presupuesto de la UE en una senda sostenible («Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track»), recibido el 23 de marzo de 2015; recuerda a la Comisión su compromiso de presentar un plan de pagos lo antes posible, y en cualquier caso antes de la presentación del proyecto de presupuesto para 2016; recuerda asimismo a todas las instituciones su compromiso de llegar a un acuerdo sobre este plan y aplicarlo a partir de 2015 y antes de la revisión intermedia del MFP actual;

13.  Destaca que la revisión propuesta de los límites máximos del MFP(16), por la que se transfieren créditos de compromiso por importe de 11 200 millones de euros para la subrúbrica 1b en virtud del artículo 19, apartado 2, del Reglamento sobre el MFP, así como la prórroga(17) de 2014 a 2015 de créditos de compromiso por importe de 8 500 millones de euros en virtud del artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento Financiero, evitan la cancelación de estos créditos en la subrúbrica 1b, pero no afrontan realmente el problema subyacente de los retrasos en la programación ni alteran el hecho de que el retraso crónico en la ejecución y los pagos tardíos sistemáticos pueden conllevar importantes dificultades para los beneficiarios finales;

14.  Subraya que dichos retrasos, correspondientes a la subrúbrica 1b del presupuesto de la UE, constituyen de hecho el principal factor inmediato que pone en peligro la ejecución de la política de cohesión, tanto en el período de programación anterior como, previsiblemente, en el actual período de programación 2014-2020; reitera que las consecuencias de los retrasos afectan seriamente a los agentes de la política de cohesión sobre el terreno, llevándolos en ocasiones a situaciones extremas; pide, por consiguiente, a la Comisión a que elabore una hoja de ruta que contemple un calendario específico de acciones políticas concretas, detalladas paso a paso y respaldadas por recursos presupuestarios diferenciados, con el fin de reducir primero, y eliminar después, la acumulación de pagos pendientes; espera que el Consejo por fin se dé cuenta de la gravedad y la insostenibilidad de la situación y esté dispuesto a contribuir de forma activa a encontrar una solución estable para el problema; expresa su convencimiento de que el primer objetivo de estas acciones debería consistir en hacer de 2015 el año en que la reducción de los retrasos se perciba de manera tangible;

15.  Insiste en que es indispensable iniciar la ejecución de los programas operativos tan pronto como se aprueben, con objeto de maximizar los resultados de las inversiones, potenciar la creación de empleo, impulsar el incremento de la productividad y contribuir a los objetivos de la Unión en materia de clima y energía, y en que la Comisión y los Estados miembros deben hacer todo lo posible para acelerar dicha aprobación sin que ello merme su calidad; pide que la Comisión —sin dejar de prestar una atención especial a la necesidad de continuar luchando contra el fraude— analice todos los métodos posibles para simplificar sus procedimientos internos, con objeto de acelerar los procedimientos basados en los dos supuestos previstos para la aprobación de los programas operativos y evitar así nuevas demoras en el inicio de la ejecución;

16.  Pide a la Comisión, a la vista de cuanto antecede, que presente al Parlamento las medidas que tiene previsto adoptar para facilitar lo antes posible la ejecución de los programas operativos, especialmente para evitar la liberación de fondos en 2017, junto con el calendario correspondiente, que explique las repercusiones de los retrasos en los pagos sobre el arranque de la ejecución de los nuevos programas operativos, y que proponga soluciones para contener al máximo los daños; pide, por otro lado, que la Comisión, en el contexto del informe sobre el resultado de las negociaciones contemplado en el artículo 16, apartado 3, del Reglamento sobre disposiciones comunes, analice el posible impacto sobre el crecimiento y el empleo del aplazamiento del inicio de la política de cohesión del período 2014-2020, y que formule recomendaciones basadas en las lecciones aprendidas;

17.  Considera que el MFP 2014-2020 resultante de la propuesta de modificación del Reglamento del MFP presentada por la Comisión, que transfiere a un solo año, 2015, los créditos no asignados en 2014, aumenta considerablemente el riesgo de liberación de créditos en 2018 para los programas no aprobados en 2014, por lo que no favorece la plena absorción de los recursos de la UE ni un apoyo efectivo de las inversiones de la UE en favor del crecimiento y el empleo; pide a la Comisión que, en el marco de la preparación del informe estratégico 2017 contemplado en el artículo 53 del Reglamento sobre disposiciones comunes, proponga con la antelación suficiente medidas adecuadas, legislativas y de otro tipo, a fin de evitar ese riesgo de liberación de créditos;

18.  Muestra su preocupación por el bajo nivel de absorción de fondos durante el período de programación 2007-2013 en algunos Estados miembros, y advierte de que deben abordarse los motivos subyacentes con el fin de evitar la repetición de los mismos problemas en el próximo período; destaca que la capacidad administrativa resulta fundamental para una ejecución efectiva y eficiente de la política de cohesión; hace hincapié en que la inestabilidad de la función pública, combinada con una coordinación política débil, puede minar la aplicación satisfactoria de los Fondos EIE y suponer una amenaza para una gestión general efectiva de las políticas;

19.  Sugiere que, para la preparación del próximo período de programación, se estudie la inclusión de disposiciones normativas sobre la programación de manera independiente y antes de las propuestas presupuestarias, disociando así los debates sobre el contenido y sobre el dinero y concediendo suficiente tiempo para una preparación exhaustiva de los programas; recuerda que, a pesar de que las disposiciones normativas son muy amplias, ello no aporta una garantía total para los Estados miembros y las regiones y puede generar interpretaciones divergentes; observa que sigue habiendo margen para simplificar las disposiciones normativas;

20.  Pide a la Comisión que examine con atención, teniendo en cuenta las posibles repercusiones sobre el empleo y el crecimiento, la posibilidad de aplicar correcciones financieras o suspensiones de los pagos;

La política de cohesión como núcleo esencial de unas inversiones inteligentes, sostenibles e integradoras para 2014-2020

21.  Reitera que la función original de la política de cohesión consiste en promover la cohesión económica, social y territorial y en reducir las desigualdades regionales, ofreciendo apoyo especial a las regiones menos desarrolladas; subraya que, por su carácter y su estructura original, estipulados en el Tratado, esta política contribuye intrínsecamente a los objetivos de la Unión, y especialmente a los objetivos de la estrategia Europa 2020 en materia de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como al objetivo fundamental del Tratado de reforzar la cohesión territorial;

22.  Acoge con satisfacción el nuevo Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y su potencial efecto de apalancamiento; hace hincapié en que el objetivo principal del FEIE debe ser garantizar la cohesión económica, social y territorial, por lo que debe beneficiar a todas las regiones de la UE; destaca la necesidad de garantizar la adicionalidad de los recursos del FEIE —y, por ende, la complementariedad y la sinergia entre este Fondo y los Fondos EIE, aunque manteniendo la independencia financiera de ambos instrumentos—, y recomienda a las partes implicadas, en esta misma línea, que aprovechen las experiencias adquiridas durante la ejecución del Plan Europeo de Recuperación Económica de 2008, en particular en lo relativo a las inversiones inteligentes;

23.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una mayor coordinación y coherencia entre todas las políticas de inversión y desarrollo de la UE, y en particular la política de cohesión, así como entre los Fondos EIE, los otros fondos de la UE y los instrumentos de financiación nacionales y regionales, con el fin de garantizar la complementariedad y el refuerzo de las sinergias, evitar solapamientos y la duplicación del apoyo y garantizar que la financiación de la UE aporte un elevado valor añadido europeo; pide a la Comisión que informe sobre las sinergias en los próximos informes sobre la cohesión; propone que la ejecución del nuevo Plan de Inversiones de la UE se base en las experiencias de las tres iniciativas conjuntas JEREMIE, JESSICA y JASMINE, en virtud de las cuales la inversión de los Fondos Estructurales pasó de 1 200 millones de euros en el período 2000-2006 a 8 400 millones de euros en el período 2007-2012; pide que se efectúe un análisis amplio y detallado en consulta con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI);

24.  Insiste en que la legislación relativa a la política de cohesión permite ampliar el ámbito de aplicación de los instrumentos financieros para duplicar su contribución hasta llegar a unos 25 000-30 000 millones de euros en el período 2014-2020, al ampliar su cobertura temática y ofrecer una mayor flexibilidad a los Estados miembros y a las regiones; hace hincapié en el papel que desempeñan los instrumentos financieros en la movilización de inversiones conjuntas adicionales, ya sean públicas o privadas, con el fin de colmar los fallos del mercado en consonancia con la Estrategia Europa 2020 y las prioridades de la política de cohesión; apoya, en particular, la «iniciativa para las pymes» de reparto del riesgo, y pide a la Comisión que ponga todo su empeño en que los instrumentos financieros sean fáciles de usar y resulten atractivos para los Estados miembros y las regiones, garantizando así la duplicación de las aportaciones a los instrumentos financieros sin necesidad de otras intervenciones y una implicación sólida de los interesados; hace hincapié en la necesidad de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el control de los instrumentos financieros que utilizan fondos de la UE;

25.  Advierte, sin embargo, de que el FEIE no debe perjudicar a la coherencia estratégica y las perspectivas a largo plazo de la programación de la política de cohesión; insiste en que una reasignación de los Fondos Estructurales sería contraproducente y que, por lo tanto, es inaceptable, puesto que pondría en peligro su eficacia, así como el desarrollo de las regiones; señala que las dotaciones financieras para los Estados miembros acordadas en la subrúbrica 1b del MFP para 2014-2020 no pueden modificarse para los fines del FEIE; pone de relieve que, pese a que presenta algunas ventajas, la sustitución de las subvenciones por préstamos, capital o avales debe llevarse a cabo con cautela, tomando en consideración las desigualdades regionales y la diversidad de prácticas y experiencias entre las regiones en lo relativo a la utilización de instrumentos financieros; recuerda que las regiones que más necesitan de estímulos inversores son las que suelen disponer de menos capacidades administrativas y de absorción;

26.  Advierte de que la flexibilidad que se permite en la selección de los proyectos que pueden beneficiarse de financiación con cargo al FEIE conlleva el riesgo de minar la cohesión económica, social y territorial al canalizar la inversión hacia Estados miembros más desarrollados; pide a la Comisión que vigile atentamente la relación entre el FEIE y los Fondos EIE;

Eficacia, eficiencia y orientación a los resultados de la política de cohesión 2014-2020

27.  Subraya la importancia de todas las medidas dirigidas a aumentar la eficacia, la simplificación, la eficiencia y la orientación a los resultados y al rendimiento de la política de cohesión, lo que debe garantizar una transición desde criterios de absorción de fondos hacia la calidad del gasto y el valor añadido de las operaciones cofinanciadas; sugiere, en este sentido, que se presenten ajustes técnicos para la normativa sobre los Fondos EIE aplicable;

28.  Acoge con satisfacción la concentración temática en favor de inversiones en crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo destinadas a generar crecimiento y empleo, hacer frente al cambio climático y a la dependencia energética y reducir la pobreza y la exclusión social, y se felicita por la mayor atención a los resultados y la mensurabilidad en los programas del período 2014-2020, lo que debe contribuir a seguir aumentando la eficiencia y la efectividad de la política de cohesión; defiende, al mismo tiempo, la exigencia de una mayor flexibilidad para las regiones, en función de las especificidades locales y regionales, principalmente en un contexto de grave crisis, con el fin de reducir los desfases de desarrollo entre las diferentes regiones de la Unión; aboga por un enfoque auténticamente integrado y territorial con el fin de concentrarse en los programas y proyectos que mejor aborden las necesidades sobre el terreno;

29.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen la coherencia entre los programas nacionales de reformas y los programas operativos, con el fin de abordar de manera adecuada las recomendaciones específicas por país y ofrecer una adaptación a los procedimientos de gobernanza económica, limitando así el riesgo de reprogramación temprana;

30.  Recuerda, en este contexto, su oposición inicial, y resalta su responsabilidad en materia de participación plena, control y vigilancia; pide a la Comisión y al Consejo que ofrezcan información completa, transparente y puntual sobre los criterios que pueden llevar a la reprogramación o a la suspensión de los compromisos o los pagos de los Fondos EIE, así como sobre todo el procedimiento correspondiente, en virtud del artículo 23, apartado 15, del Reglamento sobre disposiciones comunes; señala que la decisión de suspender los compromisos o los pagos debe tomarse como último recurso, cuando se hayan agotado el resto de las opciones y se hayan evaluado las posibles consecuencias para el crecimiento y el empleo, puesto que la suspensión de los compromisos o de los pagos puede tener consecuencias graves para las autoridades nacionales, regionales y locales, así como para la consecución de los objetivos de la política de cohesión en su conjunto; considera que la condicionalidad macroeconómica debe tener como objetivo hacer una política de cohesión más sostenible y eficiente, y rechaza la idea de que las regiones, las localidades o los ciudadanos puedan verse penalizados por decisiones macroeconómicas adoptadas por los gobiernos nacionales; llama la atención sobre la considerable carga administrativa que puede traer consigo una reprogramación de fondos; recuerda que una propuesta de reprogramación presentada de conformidad con el artículo 23, apartado 4, del Reglamento requiere la consulta previa al comité de seguimiento competente, tal como se prevé en el artículo 49, apartado 3, del mismo Reglamento;

31.  Señala que las irregularidades se deben en gran medida a la complejidad de los requisitos y las normativas; subraya que el número de irregularidades en la ejecución de los programas de cohesión podría reducirse mediante la simplificación de la administración y los procedimientos, la rápida transposición de las directivas recientemente adoptadas en este campo y el refuerzo de la capacidad administrativa en las regiones menos desarrolladas; subraya, por consiguiente, la necesidad de reducir al mínimo las cargas administrativas para los beneficiarios al efectuar los controles necesarios para garantizar el uso adecuado de los créditos procedentes de los Fondos EIE, así como la necesidad de realizar esfuerzos para optimizar y mejorar la flexibilidad de los sistemas de gestión y de control, acordar una mayor atención a la evaluación de los riesgos y corregir el reparto de las responsabilidades entre todas las autoridades, sin perjudicar al mismo tiempo los procedimientos de control reforzados establecidos, a fin de prevenir más eficazmente las irregularidades y, por consiguiente, evitar las correcciones financieras y las interrupciones y suspensiones de los pagos; manifiesta su preocupación por los bajos porcentajes de desembolso de los instrumentos financieros a los beneficiarios, en particular teniendo en cuenta el objetivo de aumentar el uso de tales instrumentos; pide, en este sentido, a los Estados miembros, a las autoridades de gestión y a otras partes interesadas pertinentes que trabajan con estos instrumentos financieros que utilicen plenamente la asistencia técnica ofrecida a través de la plataforma de asesoramiento técnico para instrumentos financieros (FI-TAP) y de la plataforma FI-Compass;

Empleo, pymes, jóvenes y educación

32.  Subraya que los Fondos EIE pueden contribuir de forma significativa a paliar las consecuencias negativas de la crisis y que, para ello, es preciso facilitar y simplificar el enfoque integrado que ofrecen los programas financiados con diversos fondos, mejorando la coordinación y aumentando la flexibilidad de estos últimos, de tal modo que puedan aprovecharse mejor las sinergias, especialmente entre el FSE y el FEDER; hace hincapié en que las inversiones financiadas por el FSE no podrán producir resultados óptimos si no se dispone de la infraestructura y de las instituciones adecuadas; llama la atención sobre el hecho de que los Fondos EIE pueden promover eficazmente la inclusión social, por lo que deberían movilizarse para apoyar la integración de los grupos desfavorecidos y vulnerables, como los romaníes y las personas con discapacidad, así como para apoyar la transición desde servicios institucionales a los servicios a escala de la comunidad para niños y adultos;

33.  Pide a la Comisión que preste especial atención a la situación de los grupos minoritarios en toda la Unión, ya que sufren todo tipo de exclusión social y, por tanto, son más vulnerables al desempleo estructural; considera que en la planificación de políticas orientadas a la cohesión social en la Unión se debe tener en cuenta la integración de las minorías;

34.  Subraya el papel protagonista de las pymes en la creación de empleo y su potencial para promover el crecimiento inteligente y la economía digital con bajas emisiones de carbono; aboga por un marco normativo favorable que fomente la creación y el funcionamiento de tales empresas, en particular de las que crean los jóvenes y de las que están situadas en zonas rurales; subraya la importancia de reducir la carga de trabajo burocrático impuesta a las pymes y de facilitar su acceso a la financiación, así como la necesidad de apoyar programas y formación que promuevan el desarrollo de las capacidades empresariales;

35.  Destaca que las pymes representan el 99 % del tejido empresarial de la UE y el 80 % de los empleos de la Unión;

36.  Manifiesta su preocupación por el límite demasiado bajo fijado por la Comisión (5 000 000 de euros) al apoyo del FEDER destinado a infraestructuras culturales a pequeña escala y de turismo sostenible, definido, además, como costes totales en lugar de como costes subvencionables, y hace hincapié en el fuerte impacto positivo que pueden tener estos proyectos para el desarrollo regional, en términos de efectos socioeconómicos, inclusión social y atractivo;

37.  Se muestra de acuerdo con el análisis de la Comisión según el cual en algunos Estados miembros pueden equilibrarse mejor las prioridades económicas y sociales, especialmente por lo que respecta al crecimiento económico, por una parte, y a la inclusión social, la educación y el desarrollo sostenible, por otra, con el respaldo de un diálogo significativo con los socios y las partes interesadas; hace hincapié en que una estrategia clara para mejorar el marco institucional de los Estados miembros en cuanto a capacidad administrativa y calidad de la justicia constituye un factor determinante clave para lograr la realización de estas prioridades;

38.  Subraya la importancia del FSE, como la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil, que debe respaldar el máximo número de proyectos viables de creación de empleo, por ejemplo en forma de iniciativas empresariales;

39.  Advierte de que las alarmantes tasas de desempleo juvenil amenazan con provocar la pérdida de toda una generación, en especial en las regiones menos desarrolladas y en las regiones más golpeadas por la crisis y el desempleo; insiste en que la integración de los jóvenes en el mercado laboral debe seguir recibiendo la máxima prioridad, y en que, para su consecución, es indispensable la contribución activa de la UE, y que el uso integrado del FSE, del FEDER, del Fondo de Cohesión y de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil puede suponer una importante contribución; estima que convendría adoptar, a este respecto, una estrategia más orientada a los resultados, con el fin de garantizar una mayor eficacia en el uso de los recursos disponibles e impulsar así el empleo y la competitividad de la Unión Europea, generar mayores ingresos y beneficiar a toda la economía de la UE; hace hincapié, en este contexto, en el papel esencial que desempeña la Garantía Juvenil a la hora de ayudar a los jóvenes menores de veinticinco años bien a encontrar un trabajo de calidad o a adquirir la educación, las competencias y la experiencia necesarias para encontrar empleo; hace hincapié en que deben facilitar todos los recursos necesarios para poner en práctica la Garantía Juvenil y el resto de medidas contempladas en la Iniciativa de Empleo Juvenil; considera que deben utilizarse indicadores de impacto claros y fácilmente comprensibles para determinar adecuadamente la contribución de los fondos de la UE al crecimiento y el empleo;

40.  Insiste en la necesidad de seguir haciendo esfuerzos para encontrar nuevos modos de mejorar el rendimiento obtenido en relación con el empleo juvenil, dado que, a pesar de la adopción del Reglamento del FSE y de la Iniciativa de Empleo Juvenil, los resultados no han sido buenos; subraya el compromiso político de la UE de prestar un apoyo inmediato a la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo;

41.  Hace hincapié en que, debido a los cambios en los modelos de producción y al envejecimiento de la población, la función del FSE y de las inversiones para adaptar las competencias de los trabajadores ha cobrado una importancia considerable; cree firmemente que, a este respecto, el FSE debe desempeñar un papel complementario a los enfoques nacionales en los Estados miembros; pide a los Estados miembros y a la Comisión que velen por que los recursos disponibles se utilicen de la forma más eficaz y eficiente posible, con vistas a garantizar la capacidad de inserción profesional de los trabajadores, la inclusión social y la igualdad de género; destaca asimismo que los programas formativos financiados con cargo al FSE deben adaptarse también a las necesidades de los empresarios y el personal directivo, a fin de garantizar el desarrollo sostenible de las empresas, en particular las pymes, que generan la mayoría de las oportunidades de empleo en la Unión;

42.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que sigan trabajando, en especial para mejorar y ampliar la plataforma EURES como herramienta eficaz para favorecer la movilidad de los trabajadores en Europa, en particular la movilidad transfronteriza, mejorando los conocimientos de los trabajadores respecto al mercado de trabajo europeo, informándolos de las oportunidades de empleo y ayudándolos en sus gestiones; alienta a los Estados miembros a que desarrollen y apoyen las redes EURES, ya que los trabajadores transfronterizos son los primeros en sufrir los problemas de adaptación y las dificultades para conseguir el reconocimiento de las cualificaciones profesionales; observa que estas redes facilitan y apoyan la movilidad transfronteriza, gracias a que reúnen a servicios públicos de empleo, interlocutores sociales, autoridades locales y regionales y otros agentes privados;

43.  Destaca la necesidad de dirigir la creación de empleo de calidad con la ayuda de nuevas tecnologías; opina que la Comisión debe vincular la reducción del desempleo a las herramientas de la Agenda Digital y Horizonte 2020;

44.  Señala que el nivel de abandono escolar precoz en la Unión sigue siendo muy alto y que ello repercute en la tasa de desempleo juvenil; subraya que es imperativo resolver este problema recurriendo al FSE para modernizar los sistemas educativos y los programas de enseñanza;

45.  Señala que no será posible corregir la alta tasa de desempleo entre los jóvenes titulados de la UE sin una cooperación eficaz entre los centros de enseñanza y los agentes del mercado de trabajo; subraya, en particular, que, mediante la enseñanza de los conocimientos y las capacidades que demanda el mercado laboral, se ha incrementado la tasa de empleo entre los jóvenes y se han reducido las disparidades sociales;

46.  Destaca la importancia de la dimensión de género en la creación de empleo; pide a la Comisión que asigne la financiación suficiente para abordar la cuestión del desempleo femenino; considera que las mujeres podrían beneficiarse de los avances tecnológicos para disfrutar de un horario laboral más flexible, y pide a la Comisión que invierta en este campo;

47.  Reafirma la necesidad de crear servicios de guardería para niños de corta edad a fin de impulsar la presencia de las mujeres en el mercado laboral, y pide, por lo tanto, a la Comisión que respalde proyectos innovadores en este sentido; señala que la inversión en infraestructuras públicas, como las guarderías, aumenta las oportunidades de las mujeres de participar activamente en la economía y en el mercado laboral;

48.  Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que, para alcanzar los objetivos de empleo e inclusión social, tengan en cuenta las necesidades de las mujeres que se incorporan al trabajo tras la baja de maternidad, motiven a los empresarios para que contraten a mujeres tras la baja de maternidad, faciliten una organización flexible del trabajo y fomenten la formación adicional (aprendizaje permanente) para que estas mujeres puedan retomar sin problemas sus carreras profesionales;

Gobernanza de la política

49.  Hace hincapié en que la política de cohesión debe estar dirigida por el espíritu de una gobernanza multinivel que funcione correctamente, en combinación con una estructura adecuada para responder a las exigencias de los ciudadanos y de las empresas y con una contratación pública transparente e innovadora, todo lo cual resulta esencial para potenciar los efectos de la política; insiste, a este respecto, en que, sin perjuicio de la importancia de las decisiones adoptadas a nivel de la UE y de los Estados miembros, las autoridades locales y regionales suelen tener competencias administrativas básicas en materia de la inversión pública, por lo que la política de cohesión representa un mecanismo esencial para que dichas autoridades puedan desempeñar un papel protagonista en la UE; reitera, por consiguiente, la necesidad de una aplicación generalizada del principio de asociación tal y como se detalla en el Reglamento sobre disposiciones comunes y en el Código de Conducta sobre Asociaciones;

50.  Recomienda que se utilicen los recursos y conocimientos de la política de cohesión para reforzar de forma significativa las capacidades administrativas de los organismos públicos, especialmente a nivel local y regional, entre otros mediante una mayor utilización de las nuevas tecnologías y la introducción de unos procedimientos más ágiles, con vistas a mejorar la calidad de sus servicios dirigidos a los ciudadanos; pide a la Comisión que defina modalidades de asistencia administrativa en temas fundamentales como el establecimiento de los objetivos de las iniciativas, la valoración de los resultados mediante los oportunos indicadores y la definición de los pasos que deberán darse seguidamente, con el fin de crear una cultura administrativa basada en la supervisión y la evaluación a escala de la UE; considera importante garantizar que se preste asesoramiento a las administraciones locales y regionales en relación con los instrumentos financieros innovadores, que son decisivos para aumentar los recursos y las inversiones, y en relación con la contratación pública, que debería utilizarse cada vez más como herramienta importante de la administración pública para estimular la innovación y la creatividad;

51.  Lamenta que el sexto informe de cohesión no incluya una evaluación detallada de los logros del instrumento de asistencia técnica Jaspers, que, entre 2007 y 2013, ofreció a los Estados miembros la pericia técnica necesaria para preparar proyectos importantes de gran calidad cofinanciados con fondos de la UE; acoge con satisfacción la creación en 2013 de la plataforma de creación de redes Jaspers para actividades de creación de capacidades, y el establecimiento en 2014 del centro de creación de redes y de competencias, que ofrece conocimientos especializados sobre preparación de proyectos para el período de programación 2014-2020; acoge con satisfacción el establecimiento de un centro de competencias para la creación de capacidades en relación con los Fondos EIE, que debe contribuir a fomentar la capacidad de todas las autoridades de los Estados miembros que participan en la gestión y la aplicación de los Fondos EIE;

52.  Acoge con satisfacción que la Comisión preste cada vez más atención al papel de la gobernanza, y se muestra de acuerdo en que una buena gobernanza y unos servicios públicos de gran calidad, junto con la ausencia de corrupción, son fundamentales para un entorno de inversión estable; pide que se fijen objetivos ambiciosos para hacer que el gasto de la política de cohesión sea menos propenso al uso fraudulento, así como para conseguir una aplicación estricta de las medidas antifraude;

53.  Manifiesta su convicción de que el Código de Conducta sobre Asociaciones reforzará la participación en las regiones en todas las fases, tanto en el fondo como en la forma, y de que debe aplicarse plenamente, puesto que desempeña un papel fundamental a la hora de potenciar los efectos de la política de cohesión y de consolidar sus efectos sobre el terreno; felicita a los Estados miembros y las regiones que han conseguido que sus socios participen en la preparación de los acuerdos de asociación y en los programas operativos de conformidad con el Código de Conducta sobre Asociaciones; expresa serias preocupaciones, no obstante, por los numerosos casos de aplicación deficiente del principio de asociación, y pide a la Comisión que no apruebe programas para los que no haya habido suficiente participación de las partes implicadas; hace hincapié en la importancia de difundir ejemplos de buenas prácticas en la organización de asociaciones, según se detalla en el Código de Conducta; pide, asimismo, a la Comisión que presente periódicamente al Parlamento un informe de evaluación del estado de la aplicación del principio de asociación;

Dimensión territorial

54.  Observa con preocupación la ausencia relativa de referencias al enfoque territorial y, particularmente, a la cooperación transfronteriza en el sexto informe de cohesión, a pesar de que se trata de una herramienta esencial para reforzar la cohesión económica, social y territorial; señala que la inclusión de todos los aspectos transfronterizos y macrorregionales habría tenido un efecto enriquecedor en lo que respecta, por ejemplo, a las infraestructuras, el mercado de trabajo y la movilidad laboral, el medio ambiente (incluido un plan común de emergencia), el uso del agua y las aguas residuales, la gestión de residuos, la asistencia sanitaria, la investigación y el desarrollo, el turismo, los servicios públicos y la gobernanza, ya que todos estos ámbitos tienen un potencial y unos elementos transfronterizos notables; opina que, durante el período de programación 2014-2020, mejorará considerablemente el desempeño de las regiones fronterizas y transfronterizas de Europa en el proceso de superación de la crisis, mediante un crecimiento más inteligente, más integrador y más sostenible;

55.  Insiste en que el enfoque integrado y territorial es fundamental, principalmente en materia de medio ambiente y energía;

56.  Acoge con satisfacción la introducción de nuevos mecanismos dirigidos a coordinar a las partes interesadas e integrar las políticas de la UE, y a concentrar las inversiones en las necesidades reales sobre el terreno, como es el caso de las inversiones territoriales integradas y de los instrumentos de la estrategia local comunitaria, que buscan un desarrollo territorial equilibrado; señala la importancia de adoptar instrumentos para evaluar el impacto territorial de las políticas, cuyo principal objetivo consiste en calibrar el impacto territorial de las políticas de la UE sobre las administraciones locales y regionales, y en prestar una mayor atención a dicho impacto durante el proceso legislativo, señalando al mismo tiempo los retos existentes para la aplicación de enfoques territoriales integrados, habida cuenta de las diferencias normativas que siguen existiendo entre los fondos de la UE y del grado sumamente variable de capacitación de comunidades regionales y locales que existe entre Estados miembros y autoridades de gestión; propugna una estrategia de inversión de la UE integrada y global y el fortalecimiento de la Agenda Territorial 2020 de la UE, adoptada por la Presidencia húngara en 2011 y que deberán evaluar las Presidencias de 2015, y que incluye la Agenda Urbana de la UE; considera que debería dedicarse una especial atención al refuerzo del papel de las zonas urbanas de pequeño y mediano tamaño;

57.  Observa con preocupación que no se hace referencia a la forma en la que se han tenido en cuenta los principios y las prioridades de la Agenda Territorial 2020 de la UE durante la ejecución de los programas de la política de cohesión 2007-2013; pide que se establezcan mecanismos de evaluación apropiados durante el período 2014-2020 con el fin de poder evaluar la dimensión territorial de la política de cohesión;

58.  Aplaude, no obstante, que en el informe se pongan de relieve los problemas urbanos, dada la importancia de las ciudades dentro de la economía globalizada y sus potenciales efectos en términos de sostenibilidad; constata el compromiso de las regiones y ciudades europeas con la transición a un crecimiento más ecológico, tal como se refleja en el Pacto entre Alcaldes; propone que se aborden también debidamente las principales desigualdades en el desarrollo entre las zonas rurales y las urbanas, así como la problemática en las regiones metropolitanas, que demuestran tener capacidad de resistencia pero siguen siendo vulnerables;

59.  Lamenta que el sexto informe de cohesión no se refiera al desarrollo territorial policéntrico como un elemento clave para lograr la cohesión territorial y la competitividad territorial en virtud de la Agenda Territorial 2020 de la UE y del informe del programa ESPON de 2013 titulado «Making Europe Open and Polycentric»; hace hincapié en el papel de las ciudades pequeñas y medianas y en la importancia de fomentar los vínculos funcionales entre los centros urbanos y las zonas que los rodean para lograr un desarrollo territorial equilibrado;

60.  Pide un mayor respeto del artículo 174 del TFUE sobre cohesión territorial, particularmente en las zonas rurales, prestando la debida atención a la importante relación existente entre la política de cohesión y el desarrollo rural, especialmente en las zonas afectadas por una transición industrial y en las regiones que presentan desventajas graves y permanentes de tipo natural o demográfico, como es el caso de las regiones ultraperiféricas, las regiones más septentrionales de baja densidad poblacional y las regiones insulares, transfronterizas y montañosas; recomienda que se tengan también en cuenta los demás desafíos demográficos que tienen efectos importantes sobre las regiones, como la despoblación, el envejecimiento de la población y la dispersión poblacional elevada; pide a la Comisión que dedique una atención especial a las zonas más desfavorecidas desde el punto de vista geográfico y demográfico a la hora de aplicar la política de cohesión;

61.  Considera que el sexto informe de cohesión no presta suficiente atención a la Cooperación Territorial Europea, a pesar de haber sido uno de los principales objetivos de la política de cohesión a partir del período de programación 2007-2013; recuerda el potencial de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, no solo como instrumento para gestionar la gobernanza transfronteriza, sino también como medio de contribuir al desarrollo territorial integrado de amplio alcance;

62.  Pide una coordinación más estrecha entre la política de cohesión, el Instrumento de Ayuda de Preadhesión y la política de vecindad de la UE, así como una evaluación y difusión mejores de los resultados de los proyectos;

Política de cohesión en una perspectiva a largo plazo

63.  Reitera, a la vista de cuanto antecede, la necesidad de imprimir un nuevo dinamismo al debate sobre la política de cohesión de la UE; afirma que el año 2019, durante el cual se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo, será decisivo, ya que el Parlamento recién elegido y la nueva Comisión tendrán que afrontar la conclusión de la Estrategia Europa 2020 y la elaboración del próximo MFP, garantizar el futuro de la política de cohesión después de 2020 con un presupuesto adecuado y elaborar nueva legislación para la política de cohesión; observa que el debate sobre la política de cohesión debe tener en cuenta las graves restricciones temporales y los retrasos sufridos al inicio del actual período de programación;

64.  Insiste en la importancia crucial de las capacidades administrativas; pide a los responsables políticos, en todos los niveles de gobernanza, que faciliten, con carácter general, asistencia técnica para la ejecución de las políticas de cohesión, y en particular que hagan un mayor uso de los instrumentos financieros combinados con los Fondos EIE;

65.  Considera que las medidas de la política de cohesión pueden desempeñar un papel esencial en la reducción de las diferencias de competitividad interna y de los desequilibrios estructurales en las regiones que más lo necesitan; pide a la Comisión que considere la posibilidad de una prefinanciación para facilitar el pleno uso de los fondos por parte de los Estados miembros afectados en el período 2014-2020, garantizándose al mismo tiempo la defensa del principio de responsabilidad presupuestaria;

66.  Pide a los Estados miembros que celebren periódicamente en los Parlamentos nacionales debates políticos de alto nivel sobre la eficiencia, la eficacia y la aplicación oportuna de los Fondos EIE y sobre la contribución de la política de cohesión al cumplimiento de los objetivos macroeconómicos;

67.  Pide la celebración de reuniones periódicas del Consejo con los ministros responsables de la política de cohesión, con el fin de supervisar los constantes desafíos a que se enfrenta la cohesión de la UE en el ámbito económico, social y territorial y de responder a ellos;

o
o   o

68.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 289.
(3) DO L 347 de 20.12.2013, p. 470.
(4) DO L 347 de 20.12.2013, p. 259.
(5) DO L 347 de 20.12.2013, p. 303.
(6) DO L 347 de 20.12.2013, p. 281.
(7) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(8) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(9) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0002.
(10) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0015.
(11) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0132.
(12) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0133.
(13) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0068.
(14) DO C 19 de 21.1.2015, p. 9.
(15) DO C 242 de 23.7.2015, p. 43..
(16) Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020, COM(2015)0015 de 20.1.2015.
(17) Decisión de la Comisión sobre la prórroga no automática de 2014 a 2015 y sobre los créditos de compromiso que deberán estar de nuevo disponibles en 2015, (C(2015)0827 de 11.2.2015).


Evaluación general del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012)
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Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre el Informe sobre la puesta en práctica, los resultados y la evaluación general del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012) (2014/2255(INI))
P8_TA(2015)0309A8-0241/2015

El Parlamento Europeo

–  Vista la Decisión nº 940/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2011, sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012)(1),

–  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(2),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, artículo 25 sobre los derechos de las personas mayores,

–  Visto el Informe final de la Comisión sobre la Cumbre Europea sobre Innovación para el Envejecimiento Activo y Saludable, de 9 y 10 de marzo de 2015,

–  Visto el documento de información de la Comisión, de 23 de febrero de 2015, titulado «Crecimiento de la economía plateada en Europa»,

–  Visto el Informe de la Comisión, de 15 de septiembre de 2014, sobre la puesta en práctica, los resultados y la evaluación general del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012) (COM(2014)0562),

–  Visto el Informe de la Comisión titulado «Informe sobre el envejecimiento 2015. Proyecciones económicas y presupuestarias para los 28 Estados miembros de la UE (2013-2060)» (European Economy 3|2015),

–  Visto el Informe de la Comisión, de 17 de enero de 2014, titulado «Informe conjunto sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico («Directiva de igualdad racial») y la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación («Directiva de igualdad en el empleo»)» (COM(2014)0002),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020» (COM(2013)0083),

–  Vista la Hoja de ruta de la Comisión para la aplicación del paquete de inversión social en 2014,

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 16 de febrero de 2012, titulado «Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles» (COM(2012)0055),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de febrero de 2012, titulada «Llevar adelante el Plan Estratégico de Aplicación de la cooperación de innovación europea sobre el envejecimiento activo y saludable» (COM(2012)0083),

–  Vista la Declaración del Consejo, de 7 de diciembre de 2012, sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012): estrategia futura,

–  Visto el Informe elaborado conjuntamente por el Comité de Protección Social y la Comisión, de 10 de octubre de 2014, titulado «Una protección social adecuada a las necesidades de atención a largo plazo de una sociedad que envejece»,

–  Visto el Informe de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), de 31 de octubre de 2014, sobre el acceso a la asistencia sanitaria en épocas de crisis,

–  Visto el trabajo que está realizando en la actualidad el Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre Envejecimiento encaminado a elaborar una convención sobre la protección de los derechos de las personas mayores,

–  Visto el Informe de síntesis de la Fundación Eurofound titulado «Preferencias laborales tras la década de los 50», de 2014,

–  Visto el documento de la Fundación Eurofound titulado «Empleo sostenible – Hacia una vida laboral mejor y más larga», de diciembre de 2014,

–  Visto el análisis en profundidad del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, de marzo de 2015, titulado «Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012)»,

–  Visto el Informe final de Ecorys, de 15 de abril de 2014, sobre la evaluación del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional,

–  Vista la Hoja de ruta de la coalición de las partes interesadas en el Año Europeo 2012 para el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (Año Europeo 2012) y siguientes, de 10 de diciembre de 2012,

–  Visto el Eurobarómetro especial 378, de enero de 2012, titulado «Envejecimiento activo»,

–  Vista su Resolución, de 4 de julio de 2013, sobre el impacto de la crisis en el acceso de los grupos vulnerables a la asistencia(3),

–  Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre una agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles(4),

–  Vista su Resolución, de 11 de noviembre de 2010, sobre los retos demográficos y la solidaridad entre las generaciones,(5)

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0241/2015),

A.  Considerando que el objetivo del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (Año Europeo 2012) era aumentar la concienciación sobre el valor del envejecimiento activo, estimular el intercambio de información, fomentar políticas de envejecimiento activo y crear un marco para acciones concretas de la Unión, de sus Estados miembros y de todas las partes interesadas del sector público y el sector privado;

B.  Considerando que las previsiones para 2050 indican que la media de edad de la población de la UE será superior a los 50 años;

C.  Considerando que la Unión se enfrenta a cambios demográficos, sociales y estructurales sin precedentes que exigen una reacción inmediata; que el envejecimiento general de la población va acompañado de un aumento de las necesidades sociales, asistenciales y sanitarias de las personas mayores y de sus familias y que la calidad y sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos de la UE dependerán en gran medida de las acciones que se emprendan en los próximos años;

D.  Considerando que el aumento de la esperanza media de vida debe considerarse como una conquista de la civilización y un factor de avance social;

E.  Considerando que en el año 2006 se creó una Red de Regiones del Cambio Demográfico, del que forman parte unas 40 regiones europeas, y que su objetivo es sensibilizar sobre la importancia de desafíos para la UE y su cohesión económica y social como el envejecimiento y la pérdida de población;

F.  Considerando que el número medio de hijos por mujer en la UE es inferior al umbral de renovación de las generaciones, que la crisis económica ha contribuido a la reducción de la natalidad, y que la esperanza de vida podría aumentar en otros cinco años en 2050;

G.  Considerando que el envejecimiento activo es uno de los grandes retos del siglo XXI;

H.  Considerando que, junto al fenómeno del envejecimiento, cada vez son más las regiones europeas en las que se están produciendo un declive demográfico provocado por un descenso de la natalidad, al que se añade un descenso de la población, una tasa elevada de envejecimiento, de dependencia y de reducción de la población activa; y que todos estos fenómenos se agravan en las zonas rurales de esas regiones, pues a menudo se produce un abandono de la población rural en favor de las ciudades grandes y medianas;

I.  Considerando que el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional son fundamentales para lograr los objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020 y alcanzar una Europa competitiva, próspera e integradora;

J.  Considerando que el éxito de las políticas de envejecimiento activo está fuertemente vinculado a la eficacia de una serie de políticas de no discriminación, protección social, inclusión social y salud pública desarrolladas a lo largo del ciclo de vida de los ciudadanos y trabajadores de la UE;

K.  Considerando que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término «activo» hace referencia a una participación continua en las cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, no solo a la capacidad de estar físicamente activo o de participar en el mercado laboral, y que, por tanto, las personas mayores que se jubilan y las que se jubilan por discapacidad o enfermedad pueden seguir desempeñando un papel activo en sus familias, sus semejantes, sus comunidades y sus naciones;

L.  Considerando que se necesita un enfoque holístico, teniendo en cuenta los diferentes elementos que contribuyen a hacer que el empleo sea sostenible a lo largo de la vida para todas las personas y para la sociedad en su conjunto;

M.  Considerando que los diferentes grupos de trabajadores experimentan condiciones laborales distintas, que conducen a desigualdades en materia de salud laboral;

N.  Considerando que existen discrepancias visibles entre los Estados miembros y las entidades regiones y locales en cuanto a las políticas de envejecimiento activo y de protección social en la vejez, infraestructuras de apoyo y recursos presupuestarios;

O.  Considerando que el envejecimiento activo y saludable crea nuevas necesidades sociales, requiere inversiones en servicios públicos muy variados, existentes y por crear, y, sin duda, en el ámbito de la salud y de los cuidados geriátricos, y abre nuevas posibilidades en el ámbito del disfrute y la prolongación de los tiempos de ocio y descanso;

P.  Considerando que la crisis financiera y económica ha repercutido en los niveles de pobreza de las personas mayores y que la pobreza o el riesgo de pobreza y exclusión social no solo suponen riesgos sanitarios, sino que también obstaculizan cualquier posibilidad de envejecimiento activo;

Q.  Considerando que existen aproximadamente 125 000 fondos de pensiones en toda la UE, con activos por valor de 2,5 billones de euros de aproximadamente 75 millones de europeos, que representan el 20 % de la población activa de la UE;

R.  Considerando que uno de los principios básicos de una sociedad humana es la solidaridad intergeneracional; que la prolongación de la esperanza de vida contribuye a incrementar la importancia de las relaciones intergeneracionales; que la economía y la sociedad necesitan la experiencia vital, el compromiso y la riqueza de ideas de todas las generaciones para alcanzar sus objetivos;

S.  Considerando que la participación activa en el aprendizaje permanente y en programas deportivos contribuye en gran medida a crear una verdadera cultura de envejecimiento activo permitiendo que la población no solo adapte a lo largo de su vida sus competencias a los requisitos cambiantes del mercado laboral sino que también se mantenga sana, activa y participe en la sociedad en un sentido más general;

T.  Considerando que las mujeres mayores representan el 20 % de la población de la UE y que este porcentaje seguirá aumentando de acuerdo con las tendencias demográficas actuales; que en la mayoría de los Estados miembros de la UE las mujeres mayores corren un peligro mayor que los hombre de caer en la pobreza, toda vez que la media entre las mujeres alcanza el 21 % y la de los hombres es del 16 %; que la brecha pensional entre los hombres y las mujeres en la UE es del 39 %;

U.  Considerando que las tecnologías accesibles pueden permitir y facilitar el acceso al mercado laboral, una vida independiente y participación en todos los aspectos de la sociedad; que, hoy en día, no obstante, más del 69 % de las personas que carecen de conocimientos informáticos básicos superan los 55 años de edad; y que como consecuencia de la falta de accesibilidad, la rápida evolución de las TIC y la pobre alfabetización digital, muchas personas mayores y personas con discapacidad corren el gran riesgo de no aprovechar plenamente el futuro mercado único digital;

1.  Reconoce que el Año Europeo 2012 proporcionó un impulso político importante que contribuyó a abrir el debate sobre los retos del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional en Europa;

2.  Define la justicia intergeneracional como la distribución uniforme de los beneficios y las cargas entre generaciones; considera que una convivencia eficaz entre las generaciones debe basarse en la solidaridad y caracterizarse por el respeto mutuo, la responsabilidad y la buena disposición a la ayuda;

3.  Toma nota de que los objetivos específicos del Año Europeo 2012 se lograron parcialmente, habiéndose obtenido los mejores resultados en el ámbito de las iniciativas y actos de concienciación;

4.  Toma nota y acoge con satisfacción el hecho de que con los actos e iniciativas del Año Europeo 2012 haya quedado claro que las personas de mayor edad no son una carga, sino que, por su experiencia, su vida productiva y su conocimiento, representan un beneficio para la economía y la sociedad;

5.  Señala que el Año Europeo 2012 logró su objetivo de movilizar a los actores pertinentes en torno al envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional; considera, no obstante, lamentable que el objetivo de establecer nuevas redes para compartir recursos, proyectos e ideas entre el sector público, el privado y la sociedad civil, rara vez se lograra; lamenta que la participación de los interlocutores sociales fuera variable y que no se llegara de manera significativa a las empresas privadas; subraya la necesidad de mejorar el desarrollo de la capacidad para promover la participación activa de la tercera edad en la sociedad;

6.  Se congratula por el hecho de que el Año Europeo 2012 haya contribuido a perfeccionar los programas de políticas nacionales sobre el envejecimiento activo, estimulado el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros, aumentado el número de iniciativas para promover el envejecimiento activo y mejorado los conocimientos y competencias de las partes interesadas;

7.  Recalca que se necesitan estadísticas fiables sobre la situación de las personas mayores y los cambios demográficos para elaborar estrategias de envejecimiento activo mejor orientadas y eficaces; pide a la Comisión que garantice la recopilación de datos completos de gran calidad sobre el estatus social de las personas mayores, su salud, derechos y nivel de vida;

8.  Considera muy importante que las iniciativas puestas en marcha por los Estados miembros como parte del Año Europeo 2012 tengan un seguimiento y se transformen en un compromiso político firme seguido de acciones concretas para garantizar la inclusión social y el bienestar de todas las generaciones al tiempo que se respeta el principio de subsidiariedad y proporcionalidad; recuerda que la legislación de la UE en materia de políticas de envejecimiento debe aplicarse realmente para combatir y evitar discriminaciones tanto de las personas jóvenes como de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida;

9.  Subraya la necesidad de intensificar el triángulo de coordinación constituido por el nivel de toma de decisiones (incluidos los niveles de la Unión, nacional, regional y local), la sociedad civil y el sector privado, incluidas las industrias que proporcionan bienes y servicios innovadores que apoyan la vida independiente;

10.  Pide a la Comisión Europea que efectúe un estudio sobre el declive demográfico que afecta a un número creciente de regiones de varios Estados miembros de la Unión Europea y que elabore una comunicación sobre este problema y sobre las medidas que se podrían tomar a nivel europeo, así como a nivel de los Estados miembros y de las regiones afectadas, para afrontar el reto del declive demográfico.

11.  Destaca que las regiones con desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones con escasa densidad de población, las regiones insulares y las de montaña, sufren especialmente de los problemas asociados al envejecimiento, y disponen de menos medios e infraestructuras para promover un envejecimiento activo; pide que se estudie la conveniencia de planes de dinamización para revertir el proceso de envejecimiento, generalmente agravados por procesos paralelos de despoblación, que sufren muchas de estas regiones y que puede llegar a poner en peligro la supervivencia de estas zonas;

12.  Considera lamentable que la relativamente tardía aprobación del Año Europeo 2012 se tradujera en retrasos de contratación y de ejecución, como resultado de los cuales algunos actos, como la iniciativa «Día del Potencial de las Personas Mayores», no aprovecharon su pleno potencial; observa que se ha destinado un presupuesto menor al Año Europeo 2012 que a Años Europeos anteriores y, por tanto, se han destinado menos recursos a la ejecución de los objetivos del Año Europeo 2012;

13.  Recuerda que el envejecimiento activo es asimismo el proceso de optimización de las oportunidades de salud y participación en la sociedad con el fin de mantener un buen nivel y calidad de vida a medida que las personas envejecen; considera que las políticas en materia de envejecimiento activo deben aumentar el potencial de bienestar físico, social y mental de las personas a lo largo de sus vidas a fin de permitirles una mejor inclusión social y una mayor participación en la sociedad; subraya que un envejecimiento activo implica, también, un mejor acceso a servicios sanitarios, de atención a largo plazo y sociales, que han debido hacer frente a presiones en algunos casos durante la crisis, y al aprendizaje permanente, la participación en actividades sociales y culturales, la mejora de las infraestructuras sociales existentes, como los hogares y centros de día, la eliminación de la discriminación por razones de edad y los estereotipos, acciones para luchar contra la pobreza y la exclusión social y un mayor conocimiento del valor del envejecimiento activo y saludable;

14.  Recomienda a todos los Estados miembros que, a través de sus sistemas de seguridad social, promuevan y potencien infraestructuras geriátricas (hogares, centros de día y ayuda a domicilio) públicas y de calidad, en las que la persona mayor sea vista como un agente activo y no pasivo en las iniciativas en las que participa;

15.  Considera que es necesario elaborar una estrategia europea sobre la demencia, que debe incluir medidas de asistencia para las familias de los pacientes, campañas informativas, de sensibilización e intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros;

16.  Pide a la Comisión que estudie el preocupante problema del desempleo entre las personas de más de 50 años y el del desempleo a largo plazo en constante aumento, y que, en conjunción con los Estados miembros, las entidades regionales y locales y los interlocutores sociales, estudie las circunstancias y la situación personal en la que se encuentran las personas mayores desempleadas, y desarrolle instrumentos eficaces para mantener en el mercado laboral a los trabajadores que se inscriben en esta categoría vulnerable, brindando oportunidades para el aprendizaje permanente y la recualificación de las competencias, programas de formación en el trabajo y programas de formación accesibles y abordables, y que se promueva la formación intergeneracional y la transferencia de conocimientos en el lugar de trabajo para todos;

17.  Hace hincapié en que deberían tenerse en cuenta, en este contexto, en particular, programas tales como una «tutoría generacional», en los que se promueva el intercambio entre expertos de mayor edad con la generación joven en el entorno laboral y la formación; señala que en el proceso laboral debería prestarse apoyo a los equipos en los que figuran personas con distintas edades y que deberían recompensarse los proyectos excelentes; considera que los Estados miembros podrían crear incentivos para contratar a trabajadores de más edad y que, con carácter general, los trabajadores de más edad no deberían recibir un trato menos favorable que los más jóvenes en el ámbito de la formación continua profesional y empresarial; hace hincapié, en particular, en la importancia que reviste adaptar los lugares de trabajo a las necesidades de los trabajadores de más edad y dar más oportunidades a las personas mayores para que trabajen a tiempo parcial en consonancia con sus preferencias, así como facilitar una vida profesional más larga a quienes quieran y puedan trabajar más tiempo; considera que deberían adoptarse planes especiales de jubilación en relación con los desempleados de larga duración de más edad que conjuguen la necesaria estabilidad social de estas personas con la de los sistemas de seguridad social;

18.  Considera lamentable que las personas mayores sigan siendo objeto a menudo de discriminación y que estén expuestas a estereotipos y barreras por motivos de edad; pide a los Estados miembros, por lo tanto, que apliquen de manera correcta y sin demora la Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; toma nota de que la propuesta de Directiva sobre la igualdad de trato(6) haya estado bloqueada en el Consejo desde 2008 y pide a los Estados miembros que encuentren una solución en el plazo más breve posible;

19.  Rechaza enérgicamente, no obstante, la consideración de las políticas de envejecimiento activo únicamente como un instrumento para mantener la empleabilidad de los trabajadores mayores e insta a los Estados miembros a que realicen todas las evaluaciones y esfuerzos necesarios para adoptar un enfoque basado en el ciclo de vida y, si procede, a que reformen el régimen de pensiones, al mismo tiempo que hagan todo lo posible por estabilizar las normas de jubilación, teniendo en cuenta las tasas de desempleo reales entre la población de más de 50 años antes de cambiar la edad obligatoria de jubilación; considera que vincular la edad de jubilación únicamente a la esperanza de vida supone no tener en cuenta la importancia de las tendencias del mercado laboral y, por tanto, no debería ser el único instrumento que se utilice para abordar el desafío que plantea el envejecimiento de la sociedad; piensa que, por el contrario, mediante la legislación en materia de protección del empleo y sistemas de formación de salarios, los Estados miembros deberían apoyar la contratación de trabajadores mayores, en particular antes de su edad legal de jubilación, toda vez que el desempleo tendría consecuencias negativas adicionales sobre sus ingresos por jubilación, y que los Estados miembros deberían velar por unos sistemas de protección social sostenibles;

20.  Pide a los Estados miembros que garanticen la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones y garanticen derechos de pensión individuales y adecuados a todos los ciudadanos para garantizar unas condiciones de vida dignas en la vejez, también para quienes hayan interrumpido su actividad laboral por motivos concretos, principalmente las mujeres; destaca la importancia de una supervisión adecuada y de auditorías independientes de los fondos de pensiones para garantizar pensiones seguras y sostenibles;

21.  Subraya que las personas mayores deben tener la posibilidad de cumplir una misión de ayuda voluntaria y muy importante en sus familias y hace hincapié en el importante papel que desempeñan las personas mayores como voluntarios.

22.  Subraya la importancia de tecnologías accesibles para las sociedades europeas envejecidas y pide a la Comisión que elabore una estrategia inclusiva para el mercado único digital garantizando la integración de la accesibilidad en toda la estrategia y su vinculación con la promoción de la «economía plateada» en Europa;

23.  Se congratula por el hecho de que el envejecimiento activo y saludable sea una de las prioridades en materia de inversión del Fondo Social Europeo para el periodo de programación 2014-2020, como se establece en el Reglamento (UE) nº 1304/2013; pide a los Estados miembros que utilicen de forma eficaz los recursos asignados; recuerda que la financiación de proyectos para promover el envejecimiento activo puede hacerse también en el marco de programas como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), Horizonte 2020, el Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) y el Programa de Salud; pide una mayor coordinación entre los programas y los distintos instrumentos puestos a disposición por la UE en materia de promoción del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional, y pide, en consonancia con las prioridades de Horizon 2020, que se establezca una prioridad europea en materia de investigación titulada «Applied Health and Active-Aging Sciences» (ciencias aplicadas a la salud y al envejecimiento activo);

24.  Pide a los Estados miembros que utilicen la financiación disponible del Fondo Social Europeo, los Fondos EIE y el programa EaSI para proporcionar ayuda financiera a los programas de autoasistencia de las organizaciones de personas mayores, que comparten su energía, conocimiento, experiencias y sabiduría y ayudan a quienes lo necesitan, contribuyendo, de este modo, a un envejecimiento activo y saludable y a una vida independiente durante más tiempo;

25.  Recuerda la revisión del presupuesto de 2010 de la Comisión, que identificó el «valor añadido europeo» como uno de sus principios centrales; insiste en que este principio debe representar la piedra angular de todo el gasto y que la financiación de la UE, en particular la financiación con cargo al FSE, no debe usarse para subvencionar enfoques nacionales sino para ofrecer apoyo adicional a los programas de envejecimiento activo de los Estados miembros;

26.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la orientación de los fondos destinados al envejecimiento activo junto con la eficacia de la absorción de fondos; insta, además, a la Comisión a que estudie la viabilidad y el valor añadido de un nuevo instrumento financiero europeo para abordar el problema de la reintegración de los trabajadores de mediana edad despedidos;

27.  Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que recopilen datos completos y fiables que permitan evaluar la eficiencia del gasto del FSE en los trabajadores mayores;

28.  Pide a la Comisión Europea que evalúe la viabilidad y el valor añadido de un nuevo instrumento financiero de la UE para garantizar una renta mínima a todos los ciudadanos de la UE que se encuentran por debajo del umbral de pobreza;

29.  Recomienda a los Estados miembros que diseñen y apliquen políticas y programas públicos que no solo mejoren la salud física, sino que también promuevan la salud psíquica y las relaciones sociales;

30.  Considera fundamental el apoyo a las personas mayores para que vivan de forma independiente y activa el mayor tiempo posible, tal y como se señala en el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea mediante el desarrollo y el mantenimiento de servicios de apoyo, asistencia y atención orientados a las personas y en función de la demanda y la mejora de la relación entre estos servicios; pide, en este contexto, a los Estados miembros que garanticen una atención sanitaria asequibles y no discriminatorios y que prioricen la prevención en sus políticas de atención sanitaria; solicita, por ello, a la Comisión Europea que aplique el Paquete de inversión social y mantenga un envejecimiento saludable y la adecuación y la calidad de los cuidados a largo plazo en un lugar destacado de la agenda política, así como que analice la asequibilidad de la atención sanitaria para las personas mayores, recopile datos sobre los tiempos de espera en los sistemas sanitarios de toda la UE y proponga directrices con respecto al periodo máximo de espera; considera fundamental promover la responsabilidad personal e individual en relación con la salud de cada uno mediante un refuerzo del nivel de información en materia de asistencia sanitaria y campañas nacionales de motivación, así como fomentar la cooperación en materia de alfabetización sanitaria a fin de facultar a los mayores para que cuiden de su salud; recuerda que debemos prestar más atención a las soluciones y herramientas tecnológicas innovadoras; reconoce , para terminar, la importancia de diseminar de manera eficaz la información relativa a los servicios locales y las prestaciones que contribuyen a este objetivo.

31.  Pide a la Comisión que realice un seguimiento de las conclusiones del informe conjunto titulado «Una protección social adecuada a las necesidades de atención a largo plazo de una sociedad que envejece» y que presente, sin demora, propuestas concretas;

32.  Considera que la prioridad debería ser la integración de las personas mayores en el seno de sus propias familiar; sugiere a la Comisión que estudie las posibilidades de la economía familiar y de su trabajo en relación con la atención a las personas mayores,

33.  Señala que un transporte público más eficaz es una de las máximas prioridades para las personas mayores a fin de crear entornos(7)adaptados a las personas mayores que apoyen una vida independiente y el acceso a servicios básicos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la accesibilidad e interoperabilidad de los sistemas de transporte;

34.  Acoge con satisfacción el documento de información de la Comisión titulado «Crecimiento de la economía plateada en Europa» y reitera la necesidad de desarrollar la «economía plateada», que atiende a los deseos y las necesidades de la población que envejece sobre la base de las oportunidades económicas que se derivan del gasto público y de los consumidores relacionado con la población que envejece y de productos, servicios, soluciones innovadoras y necesidades específicos, que se traducen en nuevos puestos de trabajo y crecimiento, teniendo en cuenta las necesidades de los grupos socioeconómicos más vulnerables;

35.  Toma nota de que el rejuvenecimiento unilateral de las plantillas no favorece la innovación, sino que representa un derroche de experiencia, conocimientos y competencias;

36.  Opina que las personas mayores deberían participan plenamente en la sociedad y que debería respaldarse su participación en la vida cotidiana y pública; considera, además, que debería alentarse un diálogo estructurado y un intercambio de experiencias entre los jóvenes y los mayores; destaca el papel de los proyectos intergeneracionales en este contexto; apoya, por otra parte, el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente, tal como se enuncia en el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; considera, asimismo, que debería garantizarse la participación política activa de los representantes de las generaciones jóvenes y mayores en todos los niveles de la UE, en todos los aspectos en que puedan verse afectados los intereses generacionales;

37.  Llama la atención, además, sobre el importante papel social que desempeñan los mayores al transmitir valores y experiencias a otras personas y determinar puntos de referencia sobre cómo desenvolverse en la vida social;

38.  Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que adopten una postura positiva en el Grupo de Trabajo de composición abierta sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas para garantizar que los ciudadanos mayores puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos; pide a la Comisión que coopere estrechamente con el experto independiente de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores y con las organizaciones que representan a los mayores en la UE;

39.  Lamenta que los perfiles profesionales de las personas sean cada vez más volátiles e inciertos debido al trabajo temporal, el aumento de los contratos laborales a tiempo definido, el empleo marginal y el desempleo;

40.  Acoge con satisfacción el futuro Pacto sobre el cambio demográfico de la UE como un logro destacado del Año Europeo 2012 y de la cooperación de innovación europea sobre el envejecimiento activo y saludable; pide a la Comisión que identifique áreas dentro del presupuesto de la UE en las que se pueda ahorrar y mejorar la eficiencia a fin de facilitar fondos para el Pacto, que es una red abierta, amplia e independiente que reúne a partes interesadas locales y regionales que se han comprometido a abordar el cambio demográfico europeo mediante la promoción de entornos propicios para las personas mayores en estrecha cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS);

41.  Pide a la Comisión que adopte una estrategia europea sobre el cambio demográfico para coordinar la acción de la UE en varios ámbitos a fin de asegurar sinergias y maximizar su impacto positivo en los ciudadanos, la economía y la creación de empleo en Europa, así como proteger los derechos humanos de las personas mayores en todas las políticas de la UE;

42.  Cree que los problemas demográficos no se están tratando de manera adecuada a escala europea; pide, por tanto, a las próximas presidencias del Consejo de la UE que vuelvan a incluir este punto en la agenda de la UE y elaboren respuestas políticas sólidas;

43.  Subraya que el cambio demográfico no puede utilizarse como pretexto para la supresión de los derechos y prestaciones sociales;

44.  Acoge con satisfacción las Orientaciones que han de guiar el envejecimiento activo y la solidaridad entre las generaciones, elaboradas conjuntamente por el Comité de Protección Social y el Comité de Empleo; acoge con satisfacción, en particular, el papel del Comité de Protección Social por permitir un intercambio directo de experiencias entre los Estados miembros, también por lo que respecta a la atención a largo plazo y las pensiones;

45.  Acoge con satisfacción el Índice de Envejecimiento Activo, que tiene por objeto captar el potencial sin aprovechar de las personas mayores con vistas a una participación más activa en el empleo y en la vida social y una vida independiente, junto con el proyecto de seguimiento en curso que está siendo dirigido por la Comisión junto con la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas; anima a los Estados miembros a que fijen objetivos basados en el Índice de Envejecimiento Activo que se habrán de alcanzar mediante estrategias integrales de envejecimiento activo, y a que hagan un seguimiento de los progresos realizados para lograr dichos objetivos;

46.  Señala que el fomento de entornos propicios para las personas mayores es un instrumento fundamental para apoyar a los trabajadores y a los demandantes de empleo de mayor edad y para fomentar sociedades inclusivas que ofrezcan las mismas oportunidades para todos; acoge con satisfacción, en este sentido, el proyecto de gestión conjunta de la Comisión con la OMS destinado a adaptar la Guía Mundial de Ciudades Adaptadas a las Personas Mayores al contexto europeo;

47.  Cree que una Convención de las Naciones Unidas para proteger los derechos de las personas mayores mejorará las vidas de las personas mayores garantizándoles un acceso en igualdad de condiciones a los derechos políticos, económicos, sanitarios y culturales y que representaría una plataforma importante para producir un cambio de actitud con respecto al envejecimiento a nivel mundial;

48.  Pide a la Comisión que adopte un plan de acción contra los malos tratos infligidos a las personas de edad avanzada que analice el Marco Europeo de Calidad de los servicios de atención a largo plazo, desarrollado por la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO), y aborde el tema de los derechos de las personas mayores que necesitan cuidados y asistencia;

49.  Lamenta que la Comisión no haya abordado todavía las desigualdades en la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Estrategia de discapacidad; por tanto, pide a la Comisión que fomente la concienciación y aborde la discriminación por razones de edad con respecto a los derechos de las personas mayores con discapacidad y garantice que la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad no deje de lado a los mayores;

50.  Pide a la Comisión que publique la esperada Ley europea de accesibilidad para garantizar que el transporte, la vivienda y los productos y servicios basados en las TIC, incluidos los ofrecidos dentro de la economía plateada, sean accesibles para las personas mayores;

51.  Pide a la Comisión que emita recomendaciones específicas por país que aborden la idoneidad, sostenibilidad y neutralidad de las reformas económicas en el ámbito del empleo, las pensiones, la inclusión social y la atención a largo plazo dentro del marco del Semestre Europeo; pide a la Comisión que evalúe mejor el impacto social de las reformas económicas, sobre todo en el contexto del envejecimiento demográfico;

52.  Subraya la importancia del voluntariado, que no es evidente, debiendo reconocerse, por ello, su valor añadido en mayor medida, que promueve el aprendizaje intercultural y la solidaridad intergeneracional, fomenta el envejecimiento activo y la participación social a lo largo de toda la vida y permite a las personas mayores colaborar en beneficio de la sociedad, mejorando de esa forma su calidad de vida, bienestar y estado general de salud; anima al desarrollo de enfoques más flexibles e inclusivos para la participación en programas de voluntariado; lamenta, en este contexto, la suspensión del programa Grundtvig, que apoyaba a los voluntarios mayores; resalta, en este sentido, la importancia de las redes europeas y transnacionales de asociaciones y entidades públicas y privadas orientadas a la integración de las personas mayores, que deberían recibir especial apoyo, e insta a la Comisión a que reconozca el valor de los programas de la UE que se han aplicado con éxito que combinaban la participación ciudadana con los intercambios de grupos en toda la UE, involucrando a las personas mayores.;

53.  Subraya que el objetivo de una política que responda a la equidad entre generaciones debe ser la creación de instrumentos para mantener un diálogo abierto y honesto entre generaciones para alcanzar una situación en la que todos salgan beneficiados; pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen intensamente en estos instrumentos con el fin de generar solidaridad;

54.  Resalta la importancia de las empresas sociales, que contribuyen a proporcionar servicios a las personas mayores y a cuidar de su salud y su participación en la sociedad;

55.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Estados miembros.

(1) DO L 246 de 23.9.2011, p. 5.
(2) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0328.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0204.
(5) DO C 74 E de 13.3.2012, p. 19.
(6) Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426).
(7) Comisión Europea (2012). Eurobarómetro especial nº 378 sobre el envejecimiento activo.


Aplicación del Libro Blanco de 2011 sobre el transporte
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Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre la aplicación del Libro Blanco de 2011 sobre el transporte: hacer balance y avanzar hacia una movilidad sostenible (2015/2005(INI))
P8_TA(2015)0310A8-0246/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» (COM(2011)0144),

–  Vista la audiencia pública titulada «El Libro Blanco sobre el transporte – Hacer balance y avanzar hacia una movilidad sostenible», organizada por su Comisión de Transportes y Turismo el 17 de marzo de 2015,

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 22 de abril de 2015, titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte – Progresos y desafíos»,

–  Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, sobre la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por un sistema de transportes competitivo y sostenible(1),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre un futuro sostenible para los transportes(2),

–  Vista su Resolución, de 12 de julio de 2007, sobre una Europa en movimiento – Movilidad sostenible para nuestro continente(3),

–  Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2003, sobre el Libro Blanco de la Comisión titulado «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad»(4),

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión titulado «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» (COM(2001)0370),

–  Vista la próxima Conferencia de París sobre el clima (COP21), que se celebrará en diciembre de 2015,

–  Vistos el paquete sobre la Unión de la Energía y la Comunicación correspondiente titulada «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva» (COM(2015)0080),

–  Vistas las conclusiones del Consejo Europeo, de 23 y 24 de octubre de 2014, sobre el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030;

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Juntos por una movilidad urbana competitiva y eficiente en el uso de los recursos» (COM(2013)0913),

–  Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre la seguridad vial en Europa 2011-2020(5),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0246/2015),

A.  Considerando que el Libro Blanco sobre el transporte estableció un programa ambicioso con miras a la transformación del sistema europeo de transportes y la creación de un auténtico espacio único europeo de transporte;

B.  Considerando que el sector de los transportes es uno de los motores de la economía de la UE, que emplea a unos diez millones de personas y representa alrededor del 5 % del PIB, y que debe mantener su liderazgo a la hora de seguir propiciando el crecimiento económico y la creación de empleo, así como de promover la competitividad, el desarrollo sostenible y la cohesión territorial;

C.  Considerando que el transporte es un sector en el que Europa ejerce un liderazgo a escala mundial, tanto en las operaciones de fabricación como de transportes, y que es fundamental que el transporte europeo siga siendo objeto de desarrollo e inversiones a fin de mantener su posición competitiva en todos los modos de transporte, en el contexto de una economía global cada vez más caracterizada por la aparición de nuevos e importantes operadores y nuevos modelos de negocio;

D.  Considerando que las premisas de nuestra sociedad están cambiando como resultado de la digitalización, la urbanización, la globalización y el cambio demográfico, y que se requiere un cambio de los paradigmas actuales en la política de transportes que pueda dar respuesta a los desafíos del futuro;

E.  considerando que el transporte es fundamental para la libre circulación de las personas, los bienes y los servicios en los que se basa el mercado único, y que la libre circulación es, al mismo tiempo, un potente vector de integración de la Unión y un factor clave para el rendimiento de la industria y el comercio europeos;

F.  Considerando que los transportes siguen siendo casi enteramente dependientes de los combustibles fósiles; que constituyen el único sector en el que las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado en los últimos 25 años, y que, de no haber sido por la reciente recesión económica, el aumento de las emisiones podría haber sido aún mayor;

G.  Considerando que existe una imperiosa necesidad de mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad del sistema de transportes y de reducir de forma eficiente su dependencia del petróleo y las energías fósiles, sin sacrificar por ello su competitividad ni restringir la movilidad, en consonancia con los objetivos establecidos en el Libro Blanco;

H.  Considerando que los biocombustibles avanzados —en particular aquellos obtenidos a partir de la transformación de desechos y residuos aplicando la jerarquía de gestión de residuos(6)— tienen un potencial sin explotar para reducir la dependencia del petróleo del sistema de transportes europeo y restringir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el sector de los transportes;

I.  Considerando que es necesario asegurar el éxito de la ampliación de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) en el marco temporal acordado, interconectar eficazmente las redes de transporte de todas las regiones de la UE, conectando las regiones geográficamente periféricas al centro de la Unión, y suprimir las diferencias en los niveles de desarrollo de las infraestructuras y su mantenimiento, en particular entre las regiones orientales y occidentales de la Unión;

J.  Considerando que las inversiones en infraestructuras de transporte tienen un impacto positivo en el crecimiento económico, en la creación de empleo y en el desarrollo de los flujos comerciales, y que, por consiguiente, es necesario suprimir los obstáculos que impiden las inversiones privadas en las infraestructuras de transporte;

K.  Considerando que las infraestructuras de transporte suelen requerir financiación a largo plazo y que el nivel de inversión ha caído recientemente debido a la falta de confianza entre los legisladores, los promotores y el sector financiero;

L.  Considerando que durante muchos años se ha producido una grave subinversión en las infraestructuras de transporte público en toda la UE, y que la mejora de las infraestructuras destinadas a los peatones, las personas de más edad y los pasajeros con movilidad reducida forma parte de los objetivos de la Unión y requiere una mayor financiación;

M.  Considerando que unos de los objetivos principales del Libro Blanco se propone situar a las personas y sus derechos como pasajeros en el corazón de la política de transportes;

N.  Considerando que la innovación y los sistemas de transporte inteligentes deberían desempeñar un papel importante en el desarrollo de un sistema de transportes europeo moderno, eficiente, sostenible e interoperable;

O.  Considerando que las redes multimodales y la integración de los diferentes servicios y modos de transporte pueden redundar en una mejora de las conexiones y de la eficiencia en el transporte de pasajeros y mercancías, contribuyendo así a reducir las emisiones de carbono y otras emisiones perjudiciales;

P.  Considerando que la creación de un auténtico espacio único europeo de transporte solo será posible si los Estados miembros aplican efectivamente la legislación de la UE y si se simplifica, en su caso, el marco normativo vigente para garantizar la claridad jurídica y la mejora de la aplicación;

Q.  Considerando que es necesario suprimir todos los obstáculos residuales, incompatibilidades técnicas y procedimientos administrativos onerosos que entorpecen la plena realización de un sistema de transportes totalmente integrado, así como oponerse a todas las eventuales nuevas medidas de los Estados miembros que creen obstáculos a la libre circulación de las mercancías y los servicios;

R.  Considerando que una mayor apertura del mercado debe ir acompañada de la creación de empleos de calidad y unas condiciones de trabajo dignas, un alto nivel de los servicios y una competencia leal en todos los Estados miembros;

S.  Considerando que el último informe de la Comisión Europea sobre seguridad vial en la Unión Europea(7) revela que el número de fallecidos en accidentes de carretera descendió un 1  % en 2014, lo que constituye un porcentaje muy inferior a la caída del 8  % registrada en 2012 y de nuevo en 2013;

Aplicación y revisión intermedia del Libro Blanco

1.  Acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de llevar a cabo una revisión intermedia del Libro Blanco con el fin de evaluar los progresos realizados y proponer nuevas acciones para alcanzar sus objetivos; considera que, si bien es muy pronto para evaluar plenamente el impacto de una serie de medidas políticas adoptadas a raíz de la aprobación del Libro Blanco, resulta necesario realizar un ejercicio de evaluación para obtener una perspectiva global de la situación en lo que se refiere a la aplicación de las 40 iniciativas y 131 puntos de acción enumerados en su anexo;

2.  Reitera su apoyo a las metas enunciadas en el Libro Blanco y a los «diez objetivos para un sistema de transporte competitivo y sostenible: valores de referencia para lograr el objetivo del 60 % de reducción de las emisiones de GEI»; destaca que la revisión intermedia debería mantener, como mínimo, el nivel de ambición de los objetivos establecidos en 2011 y proponer medidas e iniciativas concretas, realistas y fundamentadas en pruebas con el fin de reforzar, acelerar y agilizar los esfuerzos en este sentido; pide a la Comisión que evalúe en qué medida la lista de acciones enumeradas en el Libro Blanco es suficiente para alcanzar sus objetivos generales y proponga medidas legislativas adicionales;

3.  Pide a la Comisión que actualice los objetivos sobre emisiones del Libro Blanco en consonancia con la Resolución del Parlamento, de 5 de febrero de 2014, sobre un marco para las políticas del clima y la energía(8) en 2030, así como con las conclusiones del Consejo Europeo, de 23 y 24 de octubre de 2014, sobre el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, y que proponga un paquete de medidas dirigidas a reducir las emisiones procedentes del transporte con el fin de ayudar a los Estados miembros a alcanzar el objetivo global vinculante de la UE, consistente en una reducción nacional del 40 % como mínimo de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en comparación con los niveles correspondientes a 1990 (con reducciones en los sectores incluidos y no incluidos en el RCDE del 43 % y del 30 %, respectivamente, para 2030 en comparación con los niveles correspondientes a 2005);

4.  Destaca que el objetivo de reducción de las emisiones de GEI procedentes del transporte hasta 2030 debería fijarse a un nivel que permita alcanzar el objetivo a largo plazo del Libro Blanco de reducir en un 60 % como mínimo las emisiones de GEI procedentes del transporte para 2050; pide a la Comisión que proponga, en este mismo contexto, una estrategia global para reducir la emisiones de carbono del transporte;

Principios generales: transferencia entre modos de transporte y comodalidad

5.  Destaca que una política de movilidad sostenible europea debe apoyarse en una amplia gama de instrumentos políticos que le permitan reorientarse hacia los modos de transporte menos contaminantes y con un mayor rendimiento energético, en una relación de eficiencia con respecto a los costes; señala que el reequilibrio entre los diferentes modos de transporte no constituye un fin en sí mismo, sino que es necesario para desvincular la movilidad de los efectos adversos del actual sistema de transportes, como la congestión, la contaminación atmosférica, el ruido, los accidentes y el cambio climático; constata que la política de transferencia entre los diferentes modos de transporte no ha tenido resultados satisfactorios hasta ahora; destaca, por tanto, la necesidad de optimizar todos los modos de transporte haciendo que sean más respetuosos con el medio ambiente, más seguros y más eficientes en el plano energético, con el fin de conseguir al mismo tiempo altos niveles de movilidad y de protección del medio ambiente;

6.  Considera que el desarrollo del transporte de pasajeros y mercancías depende en gran medida del uso efectivo de los diferentes modos de transporte, por lo que conviene que la política de transportes europea se base en una comodalidad eficiente que dé prioridad en la medida de lo posible al uso de los modos de transporte más sostenibles y eficientes en el plano energético; estima que este planteamiento conducirá a una reequilibrio óptimo entre los diferentes modos de transporte, garantizará la interoperabilidad interna y entre los diferentes modos de transporte, fomentará las cadenas logísticas y de transporte más sostenibles y mejorará la fluidez entre los modos y los nodos de conexión;

Infraestructura moderna y financiación inteligente

7.  Pide a la Comisión que formule propuestas dirigidas a internalizar los costes externos de todos los modos de transporte de mercancías y pasajeros aplicando una metodología común, coherente y transparente de la UE y teniendo en cuenta las especificidades de cada uno de los modos de transporte, de forma que se incluya un análisis coherente de las externalidades que hayan sido ya internalizadas, con el fin de evitar la doble imposición; pide que se adopten medidas concretas que garanticen una aplicación más amplia de los principios del «usuario paga» y «quien contamina paga» e incluyan orientaciones y mejores prácticas, de forma que se asegure la igualdad de condiciones entre los diferentes modos de transporte y se supriman, en su caso, los subsidios fiscales nocivos para el medio ambiente, al tiempo que mantiene la competitividad de todas las regiones de la UE;

8.  Pide a la Comisión que proponga un marco general para los sistemas nacionales de peaje de turismos y vehículos comerciales ligeros que no sea discriminatorio para los residentes de terceros países y priorice el peaje basado en la distancia recorrida; insta a los Estados miembros a que destinen los ingresos procedentes de los peajes sobre el uso de la red vial a la construcción y el mantenimiento de infraestructuras de transporte seguras y a la mitigación de los problemas ambientales relacionados con el transporte;

9.  Destaca que la plena realización de la RTE-T sigue siendo una de las condiciones previas para lograr un sistema de transportes más sostenible, eficiente, fluido y multimodal y una distribución más equilibrada de las mercancías y los pasajeros entre los diferentes modos de transporte; subraya que la selección de proyectos que pueden optar a una financiación de la UE debe focalizarse en los nueve corredores principales europeos, en completar los enlaces que faltan —especialmente los tramos transfronterizos—, en la supresión de los cuellos de botella, la mejora de la infraestructura existente, la búsqueda de soluciones innovadoras para el transporte, la interoperabilidad y el desarrollo de terminales multimodales y nodos de conexión urbanos; considera, asimismo, que debería hacerse mayor hincapié en el valor añadido europeo, en el desarrollo de las infraestructuras que faciliten la conectividad de las regiones insulares, montañosas, periféricas y ultraperiféricas y en el apoyo a proyectos de conexión de la RTE-T con las redes de infraestructuras de los países vecinos y candidatos;

10.  Considera que la financiación de la UE debe reflejar las necesidades reales de inversión para completar los corredores principales de la RTE-T en 2030, y que el Mecanismo «Conectar Europa» (CEF) y otros medios de financiación deberían estimular las inversiones en infraestructuras de transporte siguiendo los criterios establecidos en las directrices de la RTE-T y en el CEF, dando prioridad a los medios de transporte sostenibles, como el ferrocarril, las vías navegables y el transporte marítimo de corta distancia; destaca que los proyectos objeto de cofinanciación deberían reflejar la necesidad de infraestructuras que beneficien a la Unión en términos de competitividad, cohesión económica, social y territorial, que minimicen el impacto en el medio ambiente, que sean resistentes al posible impacto del cambio climático y que protejan la salud y garanticen la seguridad de los usuarios;

11.  Reclama un incremento drástico de la dotación financiera del CEF y competencias europeas mucho más amplias para la preparación, aplicación y financiación de proyectos de transporte y de infraestructuras transnacionales;

12.  Destaca que la calidad de la infraestructura viaria, que incide directamente en la seguridad vial, difiere significativamente en el conjunto de la UE, y que más del 90 % de las muertes en accidentes de tráfico en los Estados miembros se producen en vías urbanas y rurales; señala que es preciso seguir promoviendo la financiación eficiente de este tipo de infraestructuras mediante diferentes políticas e instrumentos de la UE, especialmente en los países de la cohesión; subraya, asimismo, la necesidad de asegurar un mantenimiento adecuado de las infraestructuras existentes, incluida la red vial secundaria;

13.  Destaca que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) propuesto por la Comisión en el contexto del Plan Juncker de inversión para Europa debería dar prioridad al transporte sostenible y a los proyectos de infraestructuras de transporte de importancia crucial que ofrezcan un elevado valor social, económico y ambiental, y centrarse en aquellos proyectos que fomenten la creación de empleo de alta calidad, el crecimiento a largo plazo, la competitividad, la innovación y la cohesión territorial, incluidos los proyectos urbanos y ferroviarios sostenibles, de conformidad con los objetivos de la política y la legislación de transportes de la UE (directrices de la RTE-T y CEF); merecen más atención y una mayor aplicación, en este mismo contexto, las nuevas formas de financiación como la cooperación público-privada (CPP) y los sistemas de concesión; destaca que el proceso de selección de proyectos que se beneficiarán de la financiación del FEIE debe ser transparente e implicar a las partes interesadas pertinentes de los sectores público y privado;

14.  Considera que el FEIE debería financiarse prioritariamente a partir de los recursos no asignados en el presupuesto de la UE y solo en última instancia a partir de los fondos no utilizados de los programas de la rúbrica 1A del marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020; destaca que debería revisarse la financiación del fondo de garantía en el marco de la revisión intermedia del MFP en 2016 y que, sobre la base del análisis de las tasas de rendimiento y ejecución de los diferentes programas, deberían establecerse opciones de financiación alternativas que minimicen en la medida de lo posible la redistribución de los fondos de la partida 1A para el período 2016-2020; destaca que el Parlamento Europeo y el Consejo deberían estudiar también las formas de compensar en la medida de lo posible la redistribución de los fondos de los programas de la UE acordados en el marco del procedimiento presupuestario anual como una fuente de financiación del FEIE en los años precedentes a la revisión intermedia del MFP;

15.  Reitera su apoyo a los instrumentos financieros innovadores que permiten optimizar el gasto público al facilitar la movilización de fondos privados, si bien recuerda que muchos proyectos del sector de los transportes no generan ingresos suficientes para que el recurso exclusivo a este tipo de instrumento sea suficiente, por lo que necesitan un apoyo en forma de subvenciones;

16.  Destaca que es necesario un rápido despliegue y aplicación de sistemas de transportes inteligentes que permitan un uso más eficiente, sostenible y seguro de los vehículos y de las infraestructuras existentes y ofrezcan una capacidad adicional sin tener que contar con el tiempo, los costes y la ocupación del suelo que requiere la construcción de nuevas infraestructuras; subraya la importancia que reviste el uso efectivo de las frecuencias y la interoperabilidad entre sistemas de transporte inteligentes para establecer flujos de transporte fluidos entre los diferentes modos y nodos de conexión; pide que se proceda a su debido tiempo a la implantación y el despliegue de las diferentes fases de explotación de los programas de navegación por satélite de la UE, así como al desarrollo efectivo de las aplicaciones para el transporte en el marco de los sistemas Galileo y Egnos;

Transportes sostenibles y movilidad urbana

17.  Destaca que el aumento de la eficiencia energética debería ser una de las principales prioridades de la política europea de transportes; constata una imperiosa necesidad de aumentar la eficiencia de los recursos del sistema de transporte en su conjunto, con el fin de utilizar de forma más eficiente las capacidades existentes, aumentar el índice de utilización de los vehículos y garantizar que la financiación pública se destina, tanto a escala nacional como de la UE, a las medidas que tienen un mayor impacto;

18.  Destaca la importancia de fomentar la electromovilidad y los sistemas de transporte público eléctricos, junto con la introducción de fuentes de energía renovables en el sector de la electricidad, dando prioridad a la continuación de la electrificación de la red ferroviaria y a la promoción de tranvías, trolebuses, automóviles eléctricos, bicicletas eléctricas, vehículos eléctricos de dos, tres o cuatro ruedas y pequeñas embarcaciones eléctricas; subraya el potencial de los tranvías aéreos modernos (teleféricos), como un medio de transporte poco costoso y de fácil construcción, en los proyectos de ampliación de la capacidad de los sistemas de transportes públicos urbanos;

19.  Destaca la importancia de promover la introducción de combustibles y sistemas de propulsión alternativos, especialmente en los sectores en los que Europa tiene una gran ventaja tecnológica, con miras a reducir la dependencia del transporte con respecto a los combustibles fósiles, mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de GEI; lamenta que esas tecnologías no se hayan desplegado todavía de forma suficiente, especialmente en el transporte público;

20.  Constata que la utilización del transporte público en las zonas urbanas no figura claramente entre los diez objetivos del Libro Blanco; considera que debería establecerse un nuevo objetivo consistente en duplicar el uso del transporte público en las zonas urbanas hasta el año 2030; destaca, en este sentido, que deberían adoptarse medidas dirigidas a crear instalaciones e infraestructuras que faciliten la movilidad puerta a puerta de los usuarios del transporte público, de forma que se incluya a las personas de más edad o con discapacidad y a los ciclistas que utilizan el transporte público como parte de sus trayectos; subraya que la consecución de este objetivo requiere inversiones adecuadas, especialmente para garantizar el mantenimiento y la ampliación coherentes de la infraestructura de transporte público; insta, por tanto, a los Estados miembros a que faciliten una financiación suficiente y fiable a largo plazo para los proyectos de infraestructuras de transporte público;

21.  Pide a la Comisión que ayude a las autoridades locales, regionales y nacionales y a las partes interesadas a estudiar las posibilidades de financiación nuevas y existentes en la UE en el ámbito del transporte público y a desarrollar fórmulas innovadores de colaboración público-privada (CPP); señala a la atención las lecciones que deben extraerse del Informe Especial (nº 1/2014) del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Eficacia de los proyectos de transporte urbano financiados por la UE», que evalúa la aplicación y la eficacia de los proyectos de transporte público urbano cofinanciados mediante fondos estructurales de la UE y el grado en que dichos proyectos satisfacen las necesidades de los usuarios y consiguen sus objetivos en términos de utilización;

22.  Destaca la importancia de los planes de movilidad urbana sostenible como un instrumento para ayudar a las ciudades a hacer un uso más eficiente de las infraestructuras y los servicios de transporte y mejorar la integración de los diferentes modos de movilidad en la zona urbana de una forma sostenible, contribuyendo así a reducir la contaminación atmosférica y acústica, las emisiones de CO2, la congestión y los accidentes del tráfico; pide a la Comisión que siga apoyando el desarrollo y el fomento de los planes de movilidad urbana sostenible; destaca que los fondos estructurales y de inversión europeos deberían utilizarse de forma más sistemática en aquellas ciudades que han desarrollado un plan de transporte local integrado, por ejemplo un plan de movilidad urbana sostenible, y definido las acciones apropiadas de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación pertinente;

23.  Pide a la Comisión que colabore con los operadores del transporte público y las autoridades con miras a brindar a los usuarios información sobre el transporte de viajeros a través de diferentes medios de comunicación, incluida información dirigida a satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, y que desempeñe un papel más importante en la definición de las condiciones y las mejores prácticas en el ámbito de la UE para mejorar los sistemas de transporte público urbano; pide, asimismo, a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la obligación de los sistemas de transporte urbano de conectar los centros de las ciudades con sus zonas periféricas;

24.  Destaca que las zonas urbanas requieren un cierto grado de flexibilidad para cumplir sus obligaciones con arreglo al Derecho de la UE, respetando plenamente el principio de subsidiariedad, así como para garantizar que las soluciones de movilidad se adapten a sus circunstancias específicas;

25.  Destaca que la conducta de los usuarios es un factor clave para el desarrollo de un sistema de transportes más sostenible; reclama que se emprendan iniciativas que motiven y alienten a los usuarios, especialmente a los más jóvenes, a utilizar medios de transportes más sostenibles (desplazándose a pie, en bicicleta —incluido el alquiler y el uso compartido—, transporte público o compartiendo el automóvil) en un entorno seguro, poniendo a su disposición la información pertinente en tiempo real que facilite la planificación de los trayectos y el uso intermodal de los diferentes modos de transporte mediante sistemas de transporte inteligentes; pide a la Comisión que defina aquellos ejemplos de mejores prácticas en la combinación de múltiples modos de transporte que tengan el potencial de implantarse en otras aglomeraciones urbanas;

26.  Destaca la necesidad de mejorar los datos nacionales y de la UE en el sector de los transportes en lo que se refiere al comportamiento de sus usuarios, en particular en lo que respecta a los desplazamientos a pie y en bicicleta y a los patrones de desplazamiento desglosados por sexos, con el objeto de que las autoridades locales puedan servirse de ellos en la definición de las políticas de movilidad urbana;

27.  Destaca la importancia de adoptar medidas a favor de planes regionales de ordenación y ampliación de las redes ciclistas en las grandes regiones europeas, con el fin de alentar a los ciudadanos a asumir una responsabilidad mayor en cuestiones ambientales, democratizar el uso de la bicicleta y reducir el ruido, la congestión y la contaminación urbanos;

28.  Destaca la importancia de analizar los efectos positivos para la sociedad de las nuevas formas de movilidad apoyadas por el modelo de economía compartida, en particular el uso compartido de los automóviles («ride sharing»); considera importante que los Estados miembros compartan sus mejores prácticas con el fin de adaptar las normativas para tener en cuenta esas plataformas de innovación de la movilidad puerta a puerta;

29.  Pide a la Comisión que supervise la situación en los distintos Estados miembros en lo que respecta al funcionamiento de las empresas de redes de transporte compartido, que ponen en contacto la oferta y la demanda entre conductores y pasajeros (entre las cuales Uber constituye el ejemplo más destacado), y que lleve a cabo una evaluación de las repercusiones jurídicas, sociales, económicas y ambientales que se derivan del funcionamiento de estas empresas, acompañada en su caso de las medidas o recomendaciones oportunas para desarrollar nuevos servicios innovadores en Europa, teniendo en cuenta los actuales servicios de taxi;

30.  Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a establecer condiciones de competencia justas entre las empresas de transporte compartido y las empresas tradicionales de taxi y transporte interurbano en lo que se refiere al respeto de las normativas fiscales y de seguridad, a las obligaciones de servicio público y a las condiciones laborales;

31.  Destaca que los vehículos de motor de dos ruedas (motocicletas, scooters y bicicletas con motor) y, de forma creciente, los automóviles eléctricos de dos y tres ruedas, desempeñan un papel significativo en la movilidad sostenible, especialmente en las zonas urbanas en las que contribuyen a combatir los problemas de congestión y de aparcamiento y a ofrecer una solución a pequeños problemas de logística; insiste, por tanto, en que el diseño específico y los beneficios conexos de estos vehículos se tengan debidamente en cuenta y se reflejen en la legislación y en las directrices de la UE en el sector de los transportes;

32.  Pide que se optimice la cadena de suministro en las zonas urbanas; considera que los vehículos de suministro urbano contribuyen desproporcionadamente a la contaminación atmosférica y al ruido e inciden negativamente en la congestión; estima que la logística urbana debería fomentar la optimización del transporte y la introducción eficiente de nuevos tipos de operaciones, tecnologías y modelos de negocio; considera que una mejor selección de los modos y los vehículos puede asegurar que las soluciones de transporte se correspondan de forma óptima con las necesidades específicas del suministro y la ciudad abastecida;

33.  Destaca la importancia de los depósitos logísticos ubicados fuera de las zonas urbanas, que permiten el transporte de mercancías a su destino de forma coordinada utilizando los modos de transporte más eficientes en el plano energético;

Situar a las personas en el corazón de la política de transportes

34.  Pide, por lo que se refiere a la seguridad vial:

   que se adopte el objetivo de reducir en un 40 % hasta el año 2020 el número de heridos graves, junto con una estrategia global de la UE; pide a los Estados miembros que suministren sin demora todos los datos estadísticos pertinentes con el fin de que la Comisión pueda establecer el objetivo y la estrategia mencionados;
   que se refuercen las acciones dirigidas a reducir el número de víctimas mortales y de heridos en accidentes de tráfico, prestando una atención particular a sus principales causas (la conducción bajo los efectos del alcohol y los estupefacientes, el exceso de velocidad, no llevar puesto el cinturón, etc.);
   que se emprendan, a escala nacional y europea, actuaciones dirigidas a alcanzar para 2020 el objetivo de seguridad vial de menos de 15 000 víctimas mortales mediante la introducción y la aplicación de medidas de seguridad vial eficientes con respecto a los costes;
   que se emprendan actuaciones dirigidas a reducir los accidentes entre los usuarios más vulnerables, en particular los usuarios de vehículos de dos ruedas, los peatones en el medio urbano y los conductores de más edad;
   que se adopten las medidas oportunas en el marco del próximo paquete de medidas sobre el transporte por carretera («Road Package») y de la próxima revisión intermedia del programa de seguridad vial 2011-2020 de la Comisión;
   que se proceda a la revisión de la Directiva (UE) 2015/413 por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico relacionadas con la seguridad y se haga lo posible para ampliar su aplicación a los países vecinos de la UE;
   que se procesa a ampliar, en el contexto de la revisión de la Directiva 2008/96/CE sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, sus cuatro medidas principales a otros ámbitos de la red vial, incluidos todos los tramos de las autopistas y las carreteras comarcales y urbanas;
   que se definan la acciones a las que debe concederse prioridad con respecto a los usuarios vulnerables de la vía pública, tal como sugiere el plan de acción y establece la Directiva 2010/40/UE sobre los sistemas de transporte inteligentes (STI);
   que se proceda la revisión de la Directiva relativa a la formación y cualificación de los conductores profesionales, con el fin de precisar sus disposiciones, y se promuevan y desarrollen los programas de formación posteriores a la obtención del permiso para todos los usuarios de vehículos;
   que se presente en 2016 una propuesta de revisión del Reglamento (CE) nº 661/2009, sobre seguridad general, y del Reglamento (CE) nº 78/2009, sobre la protección de los peatones, a fin de establecer normas obligatorias sobre el diseño y la seguridad de las cabinas, la visión directa, el comportamiento en caso de accidentes y la protección de los peatones para los vehículos pesados, de forma que se dé prioridad a los usuarios más vulnerables de la infraestructura vial;
   que se consiga un mayor grado de aplicación en los nuevos vehículos, tanto de turismo como industriales, de sistemas de seguridad de asistencia al conductor, como los sistemas de frenado de emergencia automatizado («Automated Emergency Braking»), de advertencia del abandono del carril («LDW»), de indicación del desgaste de los neumáticos, de asistencia inteligente a la velocidad («ISA») y de llamada de emergencia desde el vehículo («eCall»);
   que se proceda a la revisión de la tercera Directiva sobre el permiso de conducción, con el fin de introducir:
   una formación obligatoria en materia de conducción que inicie a los usuarios en las nuevas funciones de los vehículos (sistemas de asistencia al conductor),
   una segunda fase para la obtención del permiso de conducir,
   una educación vial permanente,
   un test de aptitud física para los conductores, y
   un reconocimiento médico/psicológico para quienes cometan infracciones de tráfico, por ejemplo, por consumo de alcohol o estupefacientes o por agresiones.
   un límite máximo armonizado en toda la UE para la concentración de alcohol en sangre que establezca un límite de 0,0 % para los conductores noveles durante los primeros dos años y para los conductores profesionales;

35.  Subraya que, si bien en los últimos años se han introducido importantes mejoras en materia de seguridad vial, persisten todavía diferencias entre los Estados miembros y son necesarias nuevas medidas para alcanzar el objetivo a largo plazo «Visión Cero»; señala que la seguridad vial no puede desvincularse de un comportamiento respetuoso de todos los usuarios de la carretera, y que la educación en las familias y las escuelas debería desempeñar un papel más importante en la consecución de ese objetivo;

36.  Subraya la necesidad de completar el marco legislativo establecido sobre derechos de los pasajeros con medidas dirigidas a suprimir todas las posibles lagunas legislativas, de forma que se cubra a los pasajeros en viajes multimodales y se asegure una competencia intermodal equitativa, teniendo en cuenta las diferencias específicas entre los modos de transporte, la responsabilidad jurídica para cada uno de los tramos del viaje y la interacción entre los diferentes modos; reitera su llamamiento en favor de una Carta de los derechos de los pasajeros que establezca los derechos fundamentales de estos últimos para todos los modos de transporte, teniendo en cuenta las características propias de cada modo y con una sección separada sobre los viajes multimodales, de forma que se mejore la visibilidad de la normativa de la UE y se garantice una mejor aplicación; pide que se emprendan iniciativas dirigidas a promover y poner a disposición de los pasajeros servicios de información, planificación y expedición de billetes para viajes multimodales; pide, asimismo, que se adopten medidas dirigidas a mejorar la calidad del transporte y facilitar la accesibilidad sin barreras a las personas de más edad, los pasajeros con movilidad reducida y los pasajeros con discapacidad, y que se preste una mayor atención a los pasajeros con necesidades especiales, por ejemplo los ciclistas que transportan sus bicicletas por tren;

37.  Pide, en relación con el derecho fundamental de todas las personas a la movilidad individual —en especial, de las personas con discapacidad y las personas de más edad—, que se realicen más inversiones en la investigación y el desarrollo de sistemas apropiados de asistencia al conductor;

38.  Señala que una mayor disponibilidad de banda ancha, redes móviles, Wi-Fi y otros servicios digitales gratuitos o de bajo coste en el transporte público y en las estaciones mejoraría la movilidad personal;

39.  Reclama una hoja de ruta de la UE dirigida a establecer el marco de un sistema europeo de transporte multimodal de pasajeros que opere con máxima fluidez; dicha hoja de ruta debería identificar los principales corredores multimodales europeos de pasajeros en el marco de la red RTE-T actual, aunar los recursos públicos y privados, alinear las iniciativas existentes y concentrar el apoyo financiero de la UE;

40.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden la cuestión de la calidad del empleo en todos los modos de transporte, sobre todo en relación con la formación, la certificación, las condiciones laborales y la programación de las carreras, con miras a crear empleo de calidad, desarrollar las capacidades necesarias y reforzar la competitividad y la movilidad de los operadores de transporte de la UE; destaca la importancia de resolver el problema del envejecimiento y la renovación del personal en el sector de los transportes, así como la urgente necesidad de hacer atractivo para las nuevas generaciones el empleo en dicho sector;

41.  Destaca la importancia crucial de asegurar a los trabajadores del transporte un tratamiento equitativo y justo, unas condiciones de trabajo dignas y un entorno laboral seguro; pide, por tanto, a la Comisión que presente medidas y emprenda iniciativas concretas e inmediatas para abordar los aspectos sociales en los diferentes modos de transporte con miras a promover el empleo de calidad y unas condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector, garantizando una competencia leal y no falseada entre los operadores; insta a la Comisión a que supervise estrechamente la aplicación y la ejecución de la legislación social por los Estados miembros en todos los modos de transporte;

42.  Destaca, asimismo, la necesidad de adoptar medidas que promuevan la participación de las mujeres en el mercado laboral del transporte, eliminen las posibles barreras existentes y garanticen la igualdad de trato entre hombres y mujeres, de forma que se aborden las actuales brechas en la remuneración y el ascenso;

43.  Insta a la Comisión a que garantice que las propuestas relativas a la apertura de los servicios en todos los mercados del transporte vayan acompañadas de una aplicación adecuada de la normativa social vigente de la UE y, en su caso, de medidas de apoyo que impidan las disparidades en las condiciones sociales entre los Estados miembros; destaca que la apertura de los mercados del transporte no debería conducir a situaciones de dumping social, prestación de servicios de poca calidad, reducción de los servicios públicos, imposición de cargas administrativas adicionales innecesarias, prácticas empresariales irregulares y distorsión de la competencia leal; señala, asimismo, que dicha apertura debería poner fin a la fragmentación del mercado interior e impedir la aparición de monopolios o una competencia a la baja en la protección social de los trabajadores del transporte;

Un sistema de transportes competitivo, eficiente, seguro, integrado e interoperable

44.  Destaca que la digitalización es fundamental para mejorar la eficiencia y la productividad del sector de los transportes; subraya la necesidad de hacer un mejor uso de las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales y de promover nuevos servicios de transporte, así como nuevos modelos de negocio y distribución, con el fin de fomentar el crecimiento, la competitividad y el empleo; destaca, asimismo, la necesidad de ofrecer un marco regulador favorable a los proyectos piloto dirigidos a desplegar el transporte automatizado inteligente en Europa; señala, a este respecto, el papel fundamental que incumbe a las pymes y a las empresas de nueva creación en el fomento de la innovación en el sector de los transportes;

45.  Pide a la Comisión que sitúe el enfoque integrado (interoperabilidad, interconectividad e intermodalidad), incluidos los sistemas TIC, como un elemento central del procedimiento de revisión del Libro Blanco; recuerda, asimismo, a la Comisión la necesidad de combinar los avances tecnológicos con un cambio en los comportamientos con miras a conseguir una transferencia ambiciosa entre modos de transporte y evitar determinados medios aplicando una logística ecológica, herramientas adecuadas de gestión de la movilidad y sistemas digitalizados;

46.  Destaca que una política de movilidad sostenible europea debe buscar sinergias entre todos los modos, corredores y redes de transporte y focalizar su interés en las necesidades de los nodos de conexión claves, las zonas urbanas, los puntos de interconexión, las plataformas de transbordo y los puertos; señala que la movilidad debería planificarse como un sistema más que como un conjunto de modos individuales;

47.  Pide la estandarización de las unidades de carga intermodales, teniendo en cuenta las unidades de carga utilizadas en el transporte mundial y las dimensiones de los vehículos de transporte, así como las disposiciones uniformes relativas a la seguridad de la carga, a fin de optimizar el transporte multimodal e incrementar la seguridad;

48.  Insiste en que se reduzcan los obstáculos burocráticos en todos los modos de transporte; reclama una mayor simplificación y armonización de los documentos y de los procedimientos administrativos y arancelarios, que deberían ser prácticos, eficientes y viables para todos los integrantes de la cadena logística; pide a la Comisión que presente una propuesta por la que se establezca un marco electrónico para el transporte multimodal de mercancías («e-Freight»), logrando unos flujos de información fluidos y sin papel en toda la cadena de logística del transporte, teniendo en cuenta las actuales herramientas y sinergias que han dado prueba de su eficacia y la evolución y las mejores prácticas mundiales;

49.  Pide que se introduzca un nuevo objetivo, acompañado de las medidas necesarias, para trasladar hasta 2030 el 50 % del transporte actual de mercancías peligrosas dentro de la UE hacia modos de transporte más sostenibles como el ferrocarril y las vías navegables interiores, respetando plenamente las disposiciones de la Directiva 2008/68/CE sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas;

50.  Pide a la Comisión que racionalice las normas relativas al transporte intermodal de mercancías peligrosas a fin de garantizar la interoperabilidad entre los diferentes modos de transporte;

51.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que exploren el potencial y apoyen el despliegue del transporte de mercancías por tubería y de la logística cíclica como conceptos prometedores para un sistema de transporte sostenible;

52.  Destaca el papel fundamental que desempeña el sector de los transportes en el desarrollo del turismo, especialmente en las regiones más remotas de la Unión cuyo acceso es muy difícil en la actualidad;

53.  Subraya que los nodos de transporte europeos conectan Europa con el resto del mundo y que Europa necesita mantener su conectividad directa con todas las regiones del mundo, facilitando vuelos directos a cargo de transportistas europeos desde sus nodos a los destinos en el exterior y manteniendo los puestos de trabajo y el crecimiento en el sector europeo de la aviación; destaca que los vuelos interiores de la UE no solo ofrecen movilidad al mercado interior, sino que desempeñan también un papel fundamental como vuelos de enlace para mantener la conectividad en los nodos de transporte de la Unión; señala que la política de la UE debe garantizar una red interior eficiente y competitiva para reforzar los nodos de transporte europeos, reducir los costes a niveles competitivos a escala global y asegurar la competencia leal con los transportistas de terceros países; señala, asimismo, que los Estados miembros de la UE necesitan una política común y coherente a fin de no seguir perdiendo conectividad entre Europa, Asia y África a favor de nodos de transporte ubicados en el golfo Pérsico y Turquía; pide, por tanto, a la Comisión que aplique estos objetivos en toda la legislación de la UE en el sector del transporte aéreo y en sus negociaciones con terceros países;

54.  Reclama que se refuerce la política de investigación y desarrollo con miras a promover la innovación en el sector de los transportes; considera que esta política, que debe acompañarse de la financiación adecuada, debería definirse en cooperación con todas las partes interesadas pertinentes, incluidos los ciudadanos y representantes de los usuarios, con el fin de comprender las necesidades del sector y mejorar en consecuencia la asignación de recursos financieros de la Unión, en particular mediante el programa Horizonte 2020; opina que debería concederse prioridad a los proyectos con un claro valor añadido europeo dirigidos a reducir las emisiones de carbono del sector, a promover los modos de transporte más eficientes en el plano energético (incluido el desplazamiento a pie y en bicicleta), a aumentar la eficiencia y la transparencia de la cadena de suministro, a reforzar la accesibilidad, la seguridad y la protección del transporte y a mejorar la gestión del tráfico al tiempo que se reducen las cargas administrativas; considera, asimismo, que debe prestarse especial atención a las tecnologías innovadoras en el sector del transporte, por ejemplo los vehículos automatizados o controlados a distancia, como los drones o los vehículos sin conductor;

55.  Solicita el mismo esfuerzo en el ámbito de la educación para propiciar la aparición de nuevos estudios y procesos de formación especialmente en el ámbito profesional y superior, dedicados a las nuevas competencias y profesiones que surgirán a raíz de una movilidad inteligente;

56.  Destaca la importancia de apoyar los programas marco de la UE en el sector de la investigación, el desarrollo y la innovación, con el fin de obtener combustibles más limpios y un elevado nivel de progreso tecnológico, por ejemplo en el ámbito de los biocombustibles refinados;

57.  Pide, en el marco del programa REFIT y de las evaluaciones de impacto de la legislación europea, una revisión general de los requisitos europeos relativos al permiso de conducción y en materia de seguridad y de las obligaciones de información pertinentes para el sector del transporte, con el objetivo de lograr una reducción sustancial de la carga burocrática;

58.  Reconoce la importancia de unas radiofrecuencias sin interferencias, en particular por lo que se refiere al cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso para los trabajadores del sector del transporte por carretera y el despliegue de sistemas de transporte inteligentes; pide a la Comisión que, cuando resulte necesario, cree el marco reglamentario pertinente;

La dimensión mundial de los transportes

59.  Subraya que la creación de un espacio europeo del transporte constituye una prioridad importante y que, especialmente en el tráfico aéreo y marítimo, sigue dependiendo de la aceptación internacional en el marco de acuerdos negociados a escala mundial con nuestros socios comerciales para todas las modalidades de transporte, debiendo la UE desempeñar un papel cada vez más decisivo en los órganos internacionales correspondientes;

60.  Opina que la UE debe mantener su liderazgo en los esfuerzos mundiales orientados a la reducción de las emisiones de los transportes en el marco de la Conferencia de París sobre el Clima de 2015 (COP21), mediante el fomento a escala mundial de la descarbonización del transporte y el desarrollo de modos de transporte sostenibles, contribuyendo así a la consecución del objetivo acordado a nivel internacional de mantener el calentamiento global por debajo de 2° C;

61.  Pide un enfoque más integrado entre los Estados miembros sobre la posibilidad de aplicar el principio de reciprocidad en nuestras relaciones comerciales con terceros países y de examinar en la política de financiación de la UE para el transporte si resulta apropiado recibir financiación adicional de terceros países;

62.  Destaca que la explotación de los recursos internacionales para el desarrollo de nuestro sistema de transporte (petróleo, litio, metales preciosos, biocombustibles) debe respetar los intereses legítimos de las personas que residen en las zonas desde las que se comercia con estos recursos y desde las que se importan;

Integración de todas las modalidades de transporte en una visión de un sistema de transportes más eficaz, sostenible, competitivo, accesible y adaptado a los usuarios y los ciudadanos

63.  Pide, por lo que se refiere al transporte aéreo:

   abordar los grandes retos para la competitividad del sector aéreo en Europa, planteados por la reducción de la conexión directa entre Europa y las demás partes del mundo, la limitada capacidad aeroportuaria a la luz del próximo aumento del tráfico aéreo y la ampliación de la oferta de servicios aéreos prestados por empresas de terceros países,
   la revisión del Reglamento (CE) n° 868/2004 para salvaguardar la competencia leal en las relaciones exteriores de la UE en el ámbito de la aviación y reforzar la posición competitiva de la industria de la aviación de la UE, garantizar la reciprocidad y eliminar prácticas desleales, entre ellas las subvenciones que distorsionan el mercado,
   un diálogo en materia de aviación con los Estados del Golfo y Turquía con miras a mejorar la transparencia financiera y salvaguardar la competencia leal; la inclusión de «cláusulas de competencia leal» en los acuerdos sobre transporte aéreo, disposiciones detalladas sobre subvenciones, prácticas desleales y competencia, y medios eficaces de acción en caso de incumplimiento de dichas disposiciones,
   la aceleración del proceso para la conclusión, en caso necesario, de nuevos acuerdos de aviación con los principales socios comerciales de la UE, como los países de su vecindad, los países BRIC y ASEAN y México, incluyendo disposiciones para un mejor acceso al mercado para los servicios de transporte aéreo,
   una revisión de las políticas reglamentarias y fiscales de la UE y de los Estados miembros para reforzar la competitividad de la industria europea de la aviación y garantizar una competencia leal con las compañías aéreas de terceros países; pide a la Comisión, por tanto, que revise y suprima las disposiciones unilaterales de la UE que distorsionen la competencia y que inste a los Estados miembros a que actúen de la misma manera en relación con disposiciones nacionales similares,
   la finalización del mercado interior de la aviación, eliminando las barreras introducidas por los Estados miembros para transportistas de la UE que deseen operar desde el Estado miembro en el que están registrados hacia un tercer país a través de otro Estado miembro,
   la ordenación coherente y eficaz de la red aeroportuaria de la UE, que debe contar, por un lado, con los aeropuertos principales (nodos centrales) y, por otro, con una red de aeropuertos provinciales, regionales y locales bien comunicada, viable y constante, que son esenciales para el crecimiento y la ordenación de los territorios afectados, en particular las zonas periféricas y regiones ultraperiféricas, a las que con frecuencia solo puede accederse mediante transporte aéreo; la elaboración de un marco legislativo para el desarrollo y la utilización al máximo del potencial no aprovechado de los aeropuertos regionales y de nuevas infraestructuras en los aeropuertos congestionados,
   la aprobación prioritaria de los proyectos financiados con fondos europeos incluidos en la red principal RTE-T,
   una preparación exhaustiva y una adopción rápida de un paquete integral de aviación, incluido un nuevo marco regulador sobre aeronaves civiles no tripuladas que garantice la protección, la seguridad y los derechos fundamentales y que fomente el potencial económico que ofrecen las aeronaves civiles no tripuladas para las empresas europeas, especialmente para las pymes y las empresas emergentes; la revisión del Reglamento de la AESA para aclarar su papel en lo relativo a las autoridades nacionales de aviación y reforzar su capacidad para supervisar la seguridad aérea en todos los Estados miembros, incluidas sus regiones remotas, y promover las normas de la UE a escala mundial,
   todas las medidas necesarias por parte de los Estados miembros para agilizar la aplicación del Cielo Único Europeo, mediante la adopción del paquete SES2+, la plena aplicación y el pleno funcionamiento de unos bloques de espacio aéreo operativos (FAB) y el despliegue del futuro sistema de gestión del tráfico aéreo (SESAR), para desfragmentar el espacio aéreo de la UE con el fin de reducir los retrasos en los vuelos, mejorar la seguridad y mitigar el impacto medioambiental del transporte aéreo,
   la rápida adopción por el Consejo de su posición sobre la revisión del Reglamento (CE) nº 261/2004 y el Reglamento (CE) nº 2027/97 sobre los derechos de los pasajeros aéreos, y del Reglamento (CEE) nº 95/93 relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias,
   la intensificación de las negociaciones en el seno de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) sobre el desarrollo de un mecanismo mundial basado en el mercado aplicable a las emisiones de la aviación internacional,
   la introducción de criterios internacionales de sostenibilidad para un combustible de aviación renovable,
   el apoyo a la investigación y el desarrollo aeronáuticos a través de los programas Horizonte 2020 y Clean Sky, a fin de desarrollar unas tecnologías nuevas y más limpias que den lugar a unos aviones menos ruidosos y más eficientes en el consumo de combustible, promover nuevos tipos de aeronaves, como las aeronaves civiles no tripuladas, y generar crecimiento y empleo en la industria de la aviación europea,
   una revisión detallada, por la Comisión Europea y los Estados miembros, de su estrategia y sus políticas en materia de seguridad de la aviación con vistas a avanzar gradualmente hacia un enfoque basado en los riesgos en beneficio de los pasajeros,
   el fomento de la seguridad de la aviación en toda la UE en materia de fabricación de aeronaves, formación y autorización de la tripulación, operaciones de vuelo, gestión del tráfico aéreo y servicios de navegación aérea,
   una evaluación de las posibles medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes aéreos como el del vuelo 9525 de Germanwings en los Alpes, en marzo de 2015,
   una propuesta de la Comisión que incluya medidas para fomentar las normas sociales y de seguridad, especialmente los tiempos de vuelo y de descanso, para evitar el cansancio y mejorar la calidad del aire de la cabina,
   el desarrollo de un conjunto armonizado de normas que regulen las escuelas de vuelo y el registro de las horas de vuelo de los pilotos activos en la UE, garantizando un control y una evaluación más efectivos de las condiciones de empleo de la industria de las compañías aéreas,
   la comunicación a Eurostat por los Estados miembros de los datos relativos a la aviación general, en particular sobre el número de aviones, pilotos y horas de vuelo, a fin de mejorar las normas correspondientes, prestando especial atención a la seguridad aérea,
   un diálogo social constructivo entre las partes interesadas de la aviación con el fin de hacer frente a los nuevos retos generados por la introducción de nuevas tecnologías, que requerirán una adaptación acorde de los empleos del sector de la aviación,
   medidas contra el aumento de las prácticas empresariales socialmente problemáticas, como los «pabellones de conveniencia», y distintas formas de empleo atípico y externalización; la revisión del Reglamento (CE) nº 1008/2008 para garantizar una aplicación y un cumplimiento correctos de la legislación social nacional y de los acuerdos colectivos para compañías aéreas que tienen bases de operaciones en territorio de la UE; una definición revisada de «establecimiento principal» de una empresa que requiera a las compañías aéreas demostrar un nivel significativo de actividades de aviación en el país de que se trate; recomendaciones de la AESA que requieran que al menos el 50 % de los técnicos de mantenimiento estén empleados directamente y que abarquen todas las categorías de personal terrestre, pilotos y personal de cabina;

64.  Pide, por lo que se refiere al transporte por carretera:

   marcos políticos nacionales efectivos orientados al desarrollo del mercado en lo que respecta al uso de vehículos eléctricos y combustibles alternativos {electricidad, hidrógeno, gas natural [gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL)], gas licuado de petróleo [GLP], combustibles sintéticos y parafínicos y biocombustibles sostenibles, especialmente los producidos a partir de la transformación de desechos y residuos, incluido el etanol a base de melazas} y al rápido desarrollo de las infraestructuras necesarias de repostaje o recarga; el intercambio de mejores prácticas entre los proyectos actuales de los diferentes Estados miembros en lo relativo al mercado de combustibles alternativos y ordenamiento urbano; un Plan de Acción de la UE para la aplicación de la estrategia establecida en la Comunicación de la Comisión titulada «Energía limpia para el transporte: Estrategia europea en materia de combustibles alternativos», para lograr el uso más amplio posible de combustibles alternativos en el transporte y fomentar la movilidad eléctrica sostenible en toda la Unión,
   que para 2020 se incremente globalmente en un 40 %, con respecto a los niveles de 2010, el número de plazas de aparcamiento seguras para los vehículos pesados de transporte en la red transeuropea de transporte, y que se proceda a mejorar la calidad y las normas de higiene de las mismas,
   iniciativas para garantizar la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje en las carreteras,
   una evaluación por parte de la Comisión de los diferentes sistemas de peaje y su compatibilidad con los Tratados de la UE, en particular, el principio de no discriminación en virtud de la residencia,
   la aprobación prioritaria de los proyectos de infraestructura financiados con fondos europeos que completan la red vial incluida en la red principal RTE-T,
   que el próximo programa de trabajo de la Comisión para 2016 incluya una hoja de ruta de la UE sobre el uso de la bicicleta,
   una propuesta legislativa por la que se establezcan unos límites obligatorios para las emisiones medias de CO2 para los nuevos turismos y furgonetas para el período posterior a 2020, para mantener una trayectoria clara a largo plazo de reducción de las emisiones,
   la finalización a tiempo de un instrumento de simulación que mida de manera precisa, fiable y rentable el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de los vehículos pesados (camiones, autobuses y autocares), seguido, en su caso, de una propuesta legislativa por la que se establezcan unos límites obligatorios para las emisiones medias de CO2 procedentes de los vehículos pesados de nueva matriculación, como ya se ha hecho para los turismos y las furgonetas; medidas adicionales para incentivar la aceptación en el mercado de los vehículos más eficientes y para promover las mejores prácticas para reducir el consumo de combustible,
   medidas para aumentar la eficiencia de los combustibles y para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos pesados, incluido un mayor empleo de la formación en ecoconducción, una logística de transporte mejorada, una infraestructura inteligente y un mayor uso de los combustibles alternativos,
   un ciclo de ensayos revisado, con requisitos de verificación de la conformidad más sólidos, para medir las emisiones de CO2 y emisiones contaminantes de los vehículos, sustituyendo el Nuevo Ciclo de Conducción Europeo utilizado actualmente, para garantizar que las emisiones y el consumo de combustible de los vehículos se miden por medio de un procedimiento de ensayo que refleje unas condiciones de conducción reales,
   que la Comisión empiece a trabajar lo antes posible en la revisión de la Directiva (UE) 2015/719 sobre los pesos y dimensiones máximos autorizados, de modo que, a más tardar en 2020, pueda presentarse un informe al Parlamento Europeo y el Consejo que tenga en cuenta las características específicas de determinados segmentos del mercado, como los transportadores de coches especializados empleados en el sector de la logística de los vehículos terminados,
   la adopción de un código social para los trabajadores móviles del sector del transporte por carretera, que aborde asimismo el problema del trabajo autónomo falso, para tener mejor en cuenta las características específicas de los trabajadores del transporte internacional por carretera y garantizar la competencia leal,
   una mejor aplicación, evaluación y, en su caso, clarificación o revisión de las normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera (Reglamento (CE) n° 1072/2009),
   medidas para garantizar que las disposiciones nacionales respetan el Derecho de la UE en materia de transporte transfronterizo,
   estudiar la posibilidad de crear una Agencia Europea de Transporte por Carretera para garantizar una aplicación adecuada de la legislación de la UE y promover la normalización en todos los Estados miembros,
   medidas para garantizar una mayor claridad jurídica y una mejor aplicación de las normas relativas a las condiciones laborales, los derechos sociales, los salarios y la responsabilidad social, con el fin de garantizar unas elevadas normas sociales en el transporte de mercancías por carretera en toda la UE; pide a la Comisión que adopte medidas contra las prácticas ilegales que conducen a una competencia desleal y favorecen el dumping social; el sector del transporte de mercancías por carretera debe considerarse como un sector específico, habida cuenta de la gran movilidad de sus trabajadores y la necesidad de los conductores de disfrutar de períodos de descanso semanales en su localidad de origen,
   llevar a cabo un reajuste en la aplicación de los principios del mercado interior que permita diferenciar efectivamente entre la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento, con el objetivo de que las actividades de una empresa en un Estado miembro en el que no esté establecida sean de carácter estrictamente temporal;

65.  Pide, por lo que se refiere al transporte ferroviario:

   la finalización de un espacio único europeo ferroviario mediante la rápida adopción del cuarto paquete ferroviario, garantizando una apertura equilibrada del mercado nacional del transporte de pasajeros por ferrocarril, la independencia de los gestores de infraestructuras, unos procedimientos de licitación competitivos para los contratos de servicio público, el nivel más elevado posible de seguridad e interoperabilidad ferroviaria y recursos humanos y financieros suficientes para la Agencia Ferroviaria Europea, a fin de garantizar que sea plenamente operativa y capaz de desempeñar su misión como ventanilla única en materia de certificación de la seguridad y autorización de vehículos; el cuarto paquete ferroviario debe garantizar un nivel elevado de calidad y eficiencia de los servicios ferroviarios, salvaguardar el equilibrio económico de las obligaciones de servicio público y promover unas normas elevadas por lo que se refiere a las condiciones de trabajo y la cohesión territorial; tras su adopción, los Estados miembros deben transponerlo y aplicarlo rápidamente,
   que la Comisión adopte una estrategia ferroviaria en la que proponga nuevas medidas para lograr los objetivos de transferencia entre modos de transporte para 2030 y 2050 establecidos en los diez objetivos para un sistema de transporte competitivo y eficiente en el uso de los recursos del Libro Blanco,
   una financiación sólida, suficiente, transparente y previsible a largo plazo, con normas y procedimientos simplificados para acceder a los fondos de la UE, para mejorar la calidad y capacidad de las infraestructuras ferroviarias nacionales y transfronterizas, concediendo prioridad al mantenimiento y la mejora de la infraestructura ya existente, y permitiendo la prestación de unos servicios fiables, seguros, accesibles y sostenibles por parte de los operadores de mercancías y viajeros por ferrocarril,
   un análisis detallado de los motivos por los que el espacio ferroviario europeo sigue caracterizándose por un elevado número de enlaces inexistentes a lo largo de las fronteras de los Estados miembros; pide medidas e incentivos de la Comisión para revitalizar con la máxima urgencia las conexiones ferroviarias transfronterizas locales, regionales y nacionales desmanteladas o abandonadas durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra a pesar de su interés económico o utilidad pública, así como la construcción urgente de las previstas y no finalizadas, a fin de poner remedio a los cuellos de botella existentes y la falta de enlaces en las regiones transfronterizas; la revitalización y el mantenimiento de líneas ferroviarias secundarias conducentes a redes principales nacionales y corredores europeos; iniciativas para hallar nuevas finalidades para las redes en desuso, como el transporte de mercancías o la prestación de nuevos servicios con fines turísticos,
   la aprobación prioritaria de los proyectos de infraestructura financiados con fondos europeos que completan la red ferroviaria incluida en la red principal RTE-T y los proyectos aprobados en el marco del CEF,
   el fortalecimiento del papel de la Comisión para lograr una conclusión rápida y efectiva de los corredores ferroviarios prioritarios europeos (RTE-T), programados pero aplazados por los Estados miembros a pesar de su utilidad social y económica,
   un estudio de investigación sobre los beneficios sociales, económicos y medioambientales que tendría el mantenimiento del apoyo a servicios ferroviarios nocturnos nacionales e internacionales y, en su caso, la revitalización de tales servicios, así como de las conexiones transfronterizas entre ciudades, por ejemplo en el marco de las obligaciones de servicio público y los procedimientos de licitación,
   que los Estados miembros, la Comisión y las partes interesadas del sector ferroviario tomen todas las medidas necesarias para la aplicación de la Empresa Común Shift2Rail, con el fin de acelerar la integración de tecnologías avanzadas en soluciones de productos ferroviarios innovadores, aumentar el atractivo del transporte ferroviario y respaldar la posición de la industria ferroviaria europea,
   acciones encaminadas a hacer que la red ferroviaria europea sea realmente interoperable reduciendo las barreras técnicas persistentes, promoviendo soluciones técnicas que permitan la circulación de trenes por vías de diferente gálibo y garantizando que las diferentes restricciones de altura en la UE no supongan un impedimento añadido,
   el despliegue del Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo (ERTMS) en todos los corredores de la red principal RTE-T con carácter prioritario, incluido el equipo a bordo de las locomotoras correspondiente,
   la rápida aplicación del Reglamento (UE) n° 913/2010 por lo que respecta a la creación de corredores ferroviarios internacionales para desarrollar una red competitiva de transporte de mercancías, y el desarrollo o mejora de las ventanillas únicas para la coordinación de esos corredores,
   la reducción del ruido del transporte de mercancías por ferrocarril mediante la retroadaptación de los vagones de carga y la mejora de la infraestructura ferroviaria a través de financiación pública específica; la presentación por la Comisión de una propuesta para prohibir los vagones de carga excesivamente ruidosos en toda la UE para 2020,
   la elaboración y puesta en práctica de sistemas integrados de emisión de billetes para el transporte ferroviario nacional e internacional y la supresión de los costes adicionales aplicables a los pasajeros de la red ferroviaria que realicen desplazamientos transfronterizos,
   la eliminación de los obstáculos que impiden a la industria ferroviaria europea (fabricantes de material rodante, infraestructura ferroviaria y sistemas de señalización) el acceso al mercado de licitaciones públicas de los países no pertenecientes a la UE;

66.  Pide, por lo que se refiere al transporte marítimo:

   medidas destinadas a facilitar los trámites para los buques que operan entre los puertos de la UE con miras al establecimiento de un auténtico espacio europeo de transporte marítimo sin barreras («cinturón azul»),
   una mejor coordinación entre las autoridades marítimas y las aduaneras a todos los niveles para racionalizar el flujo de información y limitar las cargas administrativas y los trámites aduaneros,
   medidas para desarrollar el potencial de las autopistas del mar como parte de la red transeuropea de transporte,
   medidas adicionales para mantener y seguir desarrollando un transporte de calidad atractivo, seguro y sostenible y para garantizar mercados marítimos abiertos y el acceso a fletes sin limitaciones,
   medidas para apoyar y coordinar la adaptación de las entradas a los puertos y de los sistemas de logística para los buques de mayor tamaño y promover mejores conexiones portuarias, especialmente con el ferrocarril y con las vías navegables interiores; la facilitación de las inversiones en los puertos mediante la movilización de varias fuentes de financiación de la UE, para aumentar la capacidad de los puertos de la Unión, mejorar la infraestructura existente, desarrollar terminales multimodales y promover la creación de puertos inteligentes que empleen sistemas de transporte inteligentes, y de ciudades portuarias inteligentes; medidas para mejorar la infraestructura portuaria marítima, en particular en el Mediterráneo y el Mar Negro, a fin de pasar en esas zonas de la carretera al mar,
   la garantía de que los puertos marítimos de la red principal estarán conectados con las infraestructuras de transporte por ferrocarril y carretera y, en la medida de lo posible, con las de transporte por vías navegables interiores de la red transeuropea de transporte para 2030, salvo que haya limitaciones físicas que impidan dicha conexión,
   una mayor claridad y coherencia sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales para puertos con el fin de crear un entorno pragmático, predecible y estable que permita estrategias de inversión en puertos a largo plazo, reduzca la carga administrativa y minimice los plazos procesales,
   el avance respecto de la propuesta de la Comisión de un reglamento por el que se establezca un marco para el acceso al mercado de los servicios portuarios y la transparencia financiera de los puertos, a fin de modernizar y mejorar la eficacia y la calidad de los servicios portuarios, reforzar la competitividad y crear condiciones marco para atraer la inversión en los puertos,
   la fijación de un objetivo vinculante mundial en la Organización Marítima Internacional (OMI) para alcanzar el objetivo del Libro Blanco de reducir de aquí a 2050 un 40 %, como mínimo, las emisiones de CO2 procedentes del combustible para uso marítimo, que deberá respaldarse con un objetivo intermedio de la UE para 2030; la intensificación de las negociaciones en el seno de la OMI sobre el desarrollo de un mecanismo mundial basado en el mercado aplicable a las emisiones marítimas internacionales, como un mecanismo de fijación de precios para las emisiones; en caso de que se alcance un acuerdo internacional sobre un sistema mundial de seguimiento, notificación y verificación (SNV) de emisiones de gases de efecto invernadero o sobre medidas de alcance mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo, que la Comisión revise el Reglamento (UE) 2015/757 y, si procede, proponga modificaciones del Reglamento para garantizar que está en consonancia con dicho acuerdo internacional,
   el examen de la ampliación de los límites de azufre de los combustibles para uso marítimo aplicables a las zonas de control de las emisiones de SOx (SECA), y de las normas correspondientes de la OMI, a toda la zona marítima europea,
   el fomento de las tecnologías de reducción de emisiones y medidas de eficiencia energética a través de incentivos financieros y medidas de apoyo específicas, prestando especial atención a la utilización de combustibles alternativos, así como la promoción de medidas de navegación lenta, que, según la información disponible, tienen un enorme potencial de reducción del consumo de combustibles y de las emisiones de gases de efecto invernadero,
   medidas de apoyo a la creación de una infraestructura para los combustibles alternativos en los puertos marítimos e interiores, incluida la facilitación de instalaciones de almacenamiento de GNL y de la red eléctrica en tierra,
   una propuesta legislativa destinada a modernizar la legislación en materia de seguridad de los buques de pasajeros; una mejor aplicación y, en su caso, la revisión del tercer paquete legislativo en materia de seguridad marítima, a fin de reforzar la prevención de accidentes en el mar y la gestión de sus consecuencias,
   una propuesta legislativa tendente a aclarar el régimen de responsabilidad e indemnización ante el fenómeno creciente de los contenedores perdidos en el mar, sobre la base de un sistema que permita identificar a los propietarios de dichos contenedores;

67.  Pide, por lo que se refiere al transporte por vías navegables interiores:

   el establecimiento de un marco adecuado para optimizar el mercado interior del transporte por vías navegables interiores y la supresión de los obstáculos que impiden una mayor utilización,
   la plena aplicación del programa de acción Naiades II, con especial atención a las infraestructuras, el despliegue de los servicios de información fluvial y la innovación; una evaluación del programa antes de 2017 y, en caso necesario, la adaptación de las medidas propuestas para garantizar la consecución de los objetivos del programa,
   la aprobación de los proyectos relativos a las vías navegables interiores financiados con fondos europeos incluidos en la red principal RTE-T,
   la correcta mejora, el mantenimiento durante todo el año y la supresión de los cuellos de botella de las vías navegables interiores que forman parte de los corredores de la red principal RTE-T para 2025, de conformidad con la legislación de la UE en materia de medio ambiente, con el fin de garantizar unos niveles de servicio adecuados,
   un mayor apoyo de la Comisión y los Estados miembros a la promoción de la innovación en el transporte por vías navegables interiores en el marco de Horizonte 2020 y del Mecanismo «Conectar Europa», el uso de combustibles alternativos y una adaptación técnica y medioambiental de la flota para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
   la integración del transporte por vías navegables interiores en la logística y el transporte de tipo multimodal y en los planes y las políticas de movilidad urbana sostenible en las ciudades europeas atravesadas por vías navegables y el fomento del papel de los puertos interiores en la distribución del transporte de mercancías urbano,
   la rápida revisión de la Directiva 2005/44/CE relativa a los servicios de información fluvial (SIF) armonizados, que garantice el pleno despliegue de los SIF antes de 2020 y la conexión con otros sistemas de transporte inteligentes cooperativos,
   la convergencia, en su caso, de los sistemas de gobernanza y normativo del Rin y del Danubio, para permitir el desarrollo de un sistema de transporte eficiente, multimodal y sostenible en las principales vías navegables de Europa,
   la implicación de la Comisión en la asignación de fondos europeos y en la coordinación de la ejecución de los proyectos incluidos en la Estrategia de la UE para la región del Danubio,
   una propuesta legislativa sobre el reconocimiento y la modernización de las cualificaciones profesionales en la navegación interior y una reflexión sobre las medidas para atraer a más jóvenes a este sector;

o
o   o

68.  Pide a la Comisión que, en la revisión intermedia del Libro Blanco y en las futuras iniciativas en el ámbito de los transportes, tenga en cuenta las propuestas incluidas en la presente Resolución;

69.  Insta a la Comisión a que examine los progresos hacia la consecución de los objetivos del Libro Blanco e informe cada cinco años de su aplicación;

70.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 168 E de 14.6.2013, p. 72.
(2) DO C 351 E de 2.12.2011, p. 13.
(3) DO C 175 E de 10.7.2008, p. 556.
(4) DO C 43 E de 19.2.2004, p. 250.
(5) DO C 56 E de 26.2.2013, p. 54.
(6) De acuerdo con la definición del artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
(7) «Road safety in the European Union», Comisión Europea, marzo de 2015.
(8) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0094.


Carreras profesionales de las mujeres en los ámbitos científico y académico
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Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre las carreras profesionales de las mujeres en los ámbitos científico y académico y los techos de cristal existentes (2014/2251(INI))
P8_TA(2015)0311A8-0235/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 8, 10, 19 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas, de 1979, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

–  Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, titulada «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2010, titulada «Un compromiso reforzado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Una Carta de la Mujer» (COM(2010)0078),

–  Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), adoptado por el Consejo el 7 de marzo de 2011,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de septiembre de 2014, titulada «Espacio Europeo de Investigación – Informe 2014» (COM(2014)0575),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de febrero de 1999, titulada «"Mujeres y ciencia" – Movilizar a las mujeres en beneficio de la investigación europea» (COM(1999)0076),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de julio de 2012, titulada «Una asociación del Espacio Europeo de Investigación reforzada en pos de la excelencia y el crecimiento» (COM(2012)0392),

–  Visto el informe de la Comisión, de 3 de septiembre de 2014, sobre las políticas de igualdad de género en la investigación pública, basado en un estudio de los miembros del Grupo de Helsinki (grupo consultivo de la Comisión en asuntos de género, investigación e innovación),

–  Visto el documento «She Figures 2012», publicado por la Comisión en 2013, que contiene estadísticas e indicadores sobre género en el ámbito de la investigación y la innovación,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 5 de diciembre de 2014, sobre el Informe 2014 relativo al Espacio Europeo de Investigación,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 29 de mayo de 2015, sobre la Hoja de Ruta del Espacio Europeo de Investigación 2015-2020,

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013(2),

–  Visto el Artículo 40 de la Convención de Estambul sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres,

–  Vista su Posición, de 21 de noviembre de 2013, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020)(3),

–  Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2008, sobre la mujer y la ciencia(4),

–  Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2000, sobre la comunicación de la Comisión «"Mujeres y ciencia" – Movilizar a las mujeres en beneficio de la investigación europea»(5),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0235/2015),

A.  Considerando que la igualdad de género es un principio fundamental de la Unión Europea, consagrado en el Tratado de la Unión Europea, y uno de sus objetivos y cometidos;

B.  Considerando que la igualdad de género es una condición básica para que las mujeres y las niñas disfruten plenamente de sus derechos humanos y que resulta fundamental para su empoderamiento y para el logro de una sociedad sostenible e integradora; que, debido a un aprovechamiento insuficiente del capital humano, se están perdiendo potenciales ventajas para los negocios vinculados a la investigación y la innovación y para el desarrollo económico general, generándose, además, consecuencias sociales devastadoras;

C.  Considerando que es de suma importancia garantizar que las mujeres y los hombres sean socios igualitarios, tengan los mismos derechos y responsabilidades y gocen de las mismas oportunidades de trabajo, y que su contribución a la sociedad sea valorada y respetada por igual;

D.  Considerando que, según las estadísticas y los estudios disponibles, las mujeres están infrarrepresentadas en numerosos puestos científicos, de ingeniería y de gestión y en los niveles jerárquicos superiores, incluso en sectores en los que son mayoritarias, como el sector educativo; que las mujeres están sumamente infrarrepresentadas en los sectores educativos y las carreras vinculados a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y representan apenas el 24 % de los profesionales del campo de la ciencia y la ingeniería; que la representación femenina varía en función de la especialidad en las profesiones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y que la especialidad de química, por ejemplo, presenta un problema de retención, mientras que las especialidades de ingeniería y física presentan un problema de selección;

E.  Considerando que la ciencia juega un papel clave en la economía europea, y necesita un número cada vez mayor de equipos que puedan, entre otros, desarrollar la investigación innovadora, que es indispensable para el incremento de la productividad y de la competitividad, y que disponer de un número suficiente de personas con competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es una condición previa fundamental para poner en marcha la Agenda Europea para la Crecimiento y el Empleo y alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020; que se espera un aumento de la demanda de profesionales de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas hasta 2025, mientras que las últimas estadísticas disponibles revelan un envejecimiento del sector de la investigación; que el enriquecimiento mutuo entre las asignaturas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por una parte, y las de arte y humanidades, por otra, ofrece un enorme potencial económico, social y cultural, y que las investigadoras e innovadoras se encuentran en una posición privilegiada para potenciar los vínculos entre la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, por una parte, y el arte y las humanidades, por otra; que las investigadoras constituyen un activo para la Unión Europea que requiere de todos los recursos disponibles para recuperarse definitivamente de la crisis económica y financiera y poder afrontar los cambios en el conjunto de la sociedad; que es necesario fomentar y facilitar el desarrollo de las carreras de las mujeres y una mayor presencia de los jóvenes, en particular mujeres estudiantes y docentes, en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas;

F.  Considerando que hemos asistido a avances positivos en la situación de las mujeres investigadoras y que, en los últimos años, su porcentaje ha aumentado más rápidamente que el de los hombres, pero que sigue habiendo considerablemente menos investigadoras que investigadores, siendo esta disparidad más acusada en el sector privado;

G.  Considerando que las carreras académicas de las mujeres siguen marcadamente caracterizadas por una fuerte segregación vertical, y que el porcentaje de mujeres en los puestos académicos de mayor importancia es muy reducido; que, según la publicación «She Figures 2012», solo un 10 % de los rectores universitarios son mujeres;

H.  Considerando que pocos Estados miembros parecen tener disposiciones sobre igualdad de género en el marco jurídico que rige sus investigaciones, y que se presta poca atención a la integración de la dimensión de género en los programas nacionales de investigación;

I.  Considerando que las mujeres todavía encuentran obstáculos para crear sus propias empresas debido a la persistencia de prejuicios y estereotipos; que es necesario promover y apoyar una mayor capacidad de emprendimiento entre las mujeres y crear un entorno en el que las mujeres emprendedoras y las empresas familiares puedan prosperar, así como que el espíritu emprendedor sea recompensado mediante la adopción de medidas necesarias basadas en el intercambio de las mejores prácticas y prestando especial atención a las madres;

J.  Considerando que los motivos de esta situación son numerosos y complejos, y que comprenden desde estereotipos negativos y prejuicios hasta sesgos conscientes e inconscientes;

K.  Considerando que las estadísticas muestran sistemáticamente que las chicas se desvinculan de las asignaturas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en la escuela y que tienen menos probabilidades de obtener un título de ciencias en la universidad; que no hay una explicación única del reducido número de mujeres en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y que algunas de la razones son las siguientes: la falta de conocimiento de las carreras profesionales relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas por parte de los profesores en las escuelas, la falta de modelos femeninos, el elevado número de contratos precarios de corta duración, los prejuicios inconscientes en las entrevistas de selección, la menor probabilidad de que se presenten mujeres que hombres para ocupar altos cargos, y una tendencia a dirigir a las mujeres hacia carreras de educación y roles más simples en lugar de hacia la investigación y el mundo académico;

L.  Considerando que las mujeres que trabajan en el ámbito de la investigación, así como en todos los demás ámbitos, se ven obligadas a asumir más obligaciones relacionadas con la familia o la crianza de los hijos que sus colegas varones, y que, por consiguiente, todas las medidas propuestas han de prever la posibilidad de conciliar satisfactoriamente la vida profesional y familiar de las mujeres para incorporar a los hombres a estos ámbitos;

M.  Considerando que, pese a todos los esfuerzos continuados para promover la igualdad de género y de oportunidades, las mujeres siguen enfrentándose a un acceso desigual a los puestos de investigación, a la financiación y publicación de sus investigaciones y a las distinciones académicas, y que también resultan afectadas por los rígidos criterios de promoción y reconocimiento, así como por la ausencia de financiación o de políticas adecuadas para ayudarlas, siendo especialmente sombrías las perspectivas de las jóvenes científicas; que todos estos factores contribuyen potencialmente a la «fuga de cerebros», una situación que exige medidas radicales y no solo medidas simples; que además la cooperación colectiva es fundamental y debería ser emprendida e incentivada tanto por el individuo como por la sociedad;

N.  Considerando que la inferior posición que las mujeres ocupan de hecho en el ámbito científico en la sociedad, sin que exista necesariamente ningún criterio objetivo que lo justifique, así como las relaciones de género y los estereotipos basados en el género, se deben revisar y volver a evaluar; que la ampliación de las perspectivas profesionales de las mujeres, así como la modificación de los modelos educativos, podría tener una influencia positiva a la hora de abordar el problema de la diferencia salarial entre mujeres y hombres, por ejemplo aumentando el número de mujeres dedicadas a la ingeniería o la ciencia;

O.  Considerando que la Comisión ya se ha comprometido a garantizar un 40 % de personas del sexo menos representado en todos sus grupos de expertos, grupos de trabajo y comités y que aplicará este compromiso en particular en el marco del programa específico Horizonte 2020;

P.  Considerando que las últimas conclusiones del Consejo sobre el refuerzo de los recursos humanos en la ciencia y la tecnología en el Espacio Europeo de Investigación reconocen la importancia de promover la igualdad de género en la investigación y la participación de las mujeres en puestos de responsabilidad, y que la situación sigue así desde 2005, sin que el Consejo se haya vuelto a pronunciar sobre esta cuestión desde entonces;

Q.  Considerando que la Hoja de Ruta del Espacio Europeo de Investigación 2015-2020 pide a la Comisión y a los Estados miembros que empiecen a traducir la legislación nacional en materia de igualdad en acciones eficaces a fin de corregir los desequilibrios de género en los centros de investigación y en los organismos de toma de decisiones, y de integrar mejor la dimensión de género en las políticas, los programas y los proyectos de I+D;

R.  Considerando que el Convenio de Estambul contiene el compromiso de abordar las principales causas de la violencia y de fomentar una mayor igualdad de género entre mujeres y hombres cambiando las actitudes y eliminando los estereotipos no solo a nivel personal, sino también en las instituciones de enseñanza superior, que no son inmunes a la violencia de género, de manera que las mujeres pueden puedan liberarse de la violencia y del miedo que genera, que a menudo les impide participar plenamente en la vida académica y social;

S.  Considerando que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género puede desempeñar un papel fundamental a la hora de supervisar el desarrollo de la diferencia salarial entre mujeres y hombres en el ámbito de la ciencia y la investigación, de analizar sus causas y de evaluar su impacto en la legislación;

Igualdad de género en los puestos académicos

1.  Observa que, pese a los avances registrados en los últimos años, no se ha logrado la igualdad de género en los ámbitos científico y académico, y que la situación varía en los distintos Estados miembros, ámbitos de investigación y títulos académicos; señala la presencia llamativamente baja de mujeres en los puestos académicos y decisorios de mayor responsabilidad en las instituciones científicas y universidades, lo que revela la existencia de un techo de cristal, es decir, barreras invisibles basadas en prejuicios que obstaculizan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad;

2.  Lamenta que haya pruebas que demuestren la segregación de género en las jerarquías de las escuelas y universidades en Europa y en otras economías avanzadas, tanto de naturaleza horizontal como vertical, y que, si bien el 59 % de los titulados universitarios en la Europa de los Veintiocho son mujeres, estas representan únicamente el 18 % de los profesores universitarios a tiempo completo;

3.  Reitera que la igualdad de género es uno de los principios en los que se fundamenta la UE y ha de ser respetado también en el ámbito académico y de la investigación; hace hincapié en que deben eliminarse todas las formas de discriminación directa o indirecta contra la mujer;

4.  Observa que la falta de mujeres en la ciencia y la investigación ha dado lugar a una visión masculina predeterminada en I+D, y señala en particular que: a) no hay maniquíes femeninos para la simulación de accidentes; b) la investigación médica se suele llevar a cabo con sujetos masculinos; c) las dosis de radiación se basan en cálculos del índice de absorción en varones de mediana edad, y d) en la mayoría de los libros de anatomía, las imágenes que aparecen son del cuerpo masculino;

5.  Lamenta que las mujeres sigan sin gozar de igualdad de acceso a los puestos de investigación y a la financiación y publicación de sus investigaciones, incluida la desajustada diferencia salarial entre mujeres y hombres, pese a las disposiciones en materia de igualdad de trato y no discriminación en el mercado laboral vigentes en la UE y los Estados miembros, entre las que se incluyen las normas sobre igualdad salarial;

Medidas positivas

6.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que analicen las disposiciones existentes a fin de aplicarlas correctamente y, en caso necesario, revisarlas, con objeto de hacer cumplir la igualdad de trato entre mujeres y hombres; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la observancia del principio de no discriminación en todos los tipos de contratos de trabajo o de financiación, que el Tratado de Lisboa considera como uno de los objetivos de la Unión, así como el derecho legal a igual salario por igual trabajo en todos los elementos de la remuneración concedida a hombres y mujeres, incluidas las subvenciones y becas, en particular garantizando la transparencia salarial;

7.  Observa que, para alcanzar la igualdad de género, además de hacer cumplir las disposiciones legales, es preciso eliminar los obstáculos culturales e institucionales que generan discriminación directa o indirecta hacia las mujeres en las carreras y la toma de decisiones en el ámbito científico; considera que estos tipos de prejuicios y estereotipos conscientes o inconscientes son consecuencia de actitudes y normas que se reproducen constantemente, y que los cambios institucionales pueden ayudar a superarlos; pide a la Comisión que emprenda y apoye campañas de sensibilización, así como programas e iniciativas tendentes a reducir estos obstáculos, tanto en el mundo universitario como en la sociedad en general;

8.  Critica una vez más que las mujeres sigan percibiendo salarios más bajos que los hombres por el mismo trabajo, también en el campo de la investigación y la ciencia, como consecuencia de su representación desigual;

9.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que prevean el respaldo y la promoción de redes de apoyo entre pares y el intercambio de las mejores prácticas en toda Europa y fuera de Europa;

10.  Destaca que las campañas de sensibilización deben ir dirigidas tanto a los hombres como a las mujeres, que, de forma consciente o inconsciente, reproducen los estereotipos de género que en ocasiones conducen a las mujeres a interiorizar los obstáculos culturales e institucionales al desarrollo de las carreras científicas;

11.  Insta a la Comisión a que, basándose en los programas e iniciativas existentes, refuerce las campañas positivas destinadas a animar a las jóvenes y las mujeres a emprender una carrera académica y de investigación en todos los ámbitos científicos, haciendo especial hincapié en el sector de la ingeniería y la tecnología, en el que, pese a los recientes avances, la participación de las mujeres sigue siendo inferior a la media;

12.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que impulsen programas educativos que fomenten las sinergias y los vínculos positivos entre las asignaturas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por una parte, y las de arte y humanidades, por otra, y que fomenten una perspectiva de género que facilite el papel que pueden desempeñar las mujeres a la hora de crear esos vínculos;

13.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten modelos femeninos positivos en todos los niveles de la educación, desde la educación obligatoria hasta la educación superior y de posgrado, así como en la educación no formal y el trabajo juvenil; reconoce que el fomento de modelos femeninos positivos incluye la adopción de medidas para destacar los logros históricos y contemporáneos de las mujeres en la ciencia y la tecnología, el emprendimiento y los puestos de decisión; observa que esas medidas pueden incluir una atención específica al Día Internacional de la Mujer, las Semanas de la Ciencia y la utilización de las mejores prácticas existentes en los Estados miembros y en todo el mundo;

14.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las partes interesadas pertinentes que refuercen las iniciativas y los programas destinados a animar a las mujeres a que continúen sus carreras científicas y académicas, como los programas de orientación profesional y de creación de redes de contactos, a apoyar a las mujeres científicas, y en particular a las jóvenes científicas, que participan en programas de investigación y en solicitudes de subvenciones, así como a apoyar la carrera personal de las investigadoras y su progreso profesional hasta ocupar los puestos superiores de la jerarquía; considera que también debe animarse a las mujeres a presentarse como candidatas a puestos de decisión, al tiempo que se adoptan medidas para luchar contra todos los obstáculos que lo dificultan o impiden;

15.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que presten una atención específica a las mujeres que se enfrentan a múltiples formas de discriminación, como las mujeres del colectivo LGBTI, las mujeres con discapacidad, las mujeres pertenecientes a minorías o inmigrantes, las refugiadas y las mujeres encargadas de cuidar a otras personas, cuando elaboren sus estrategias de igualdad de género para la educación superior;

16.  Insta a los Estados miembros a que creen métodos curriculares y de enseñanza atractivos y efectivos para el campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas con objeto de mantener el interés de las jóvenes por la ciencia, y a que reconozcan el papel de los docentes e inviertan en ellos como impulsores del cambio cultural con su potencial para fomentar la continua participación de las niñas en las ciencias en la escuela;

17.  Insta a los Estados miembros a que reconozcan el potencial de la orientación profesional de calidad y de la oferta de formación para alentar a las jóvenes a que continúen estudiando asignaturas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en la universidad;

Equilibrio entre la vida profesional y la vida personal

18.  Subraya que la necesidad de conciliar de manera satisfactoria las obligaciones profesionales y familiares es a menudo un obstáculo importante que afecta específicamente al progreso de la carrera científica y académica de las mujeres, así como uno de los principales motivos por los que las mujeres abandonan dichas carreras;

19.  Solicita unas condiciones laborales más flexibles tanto para las investigadoras como para los investigadores, que les permitan combinar el trabajo con la vida familiar, y pide que se elimine la desigualdad salarial entre los investigadores y las investigadoras con el fin de garantizar la igualdad de género;

20.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros, a los organismos de financiación de la investigación y a otras partes interesadas que elaboren programas destinados a animar activamente a las mujeres a continuar con su carrera profesional tras el permiso de maternidad o parental, que proporcionen financiación para programas de reincorporación, que deberían adaptarse a las necesidades de cada institución e incluir la formación necesaria para mantenerse al día en lo que respecta a la evolución científica, y que ofrezcan más flexibilidad en lo tocante a la producción científica de las mujeres tras el nacimiento o la adopción de un hijo y servicios adecuados para el cuidado de los niños, alentando asimismo la incorporación de los hombres a la vida familiar; considera que esas medidas también deben aplicarse a los investigadores que trabajan con becas individuales y al personal que trabaja en proyectos de investigación con financiación externa;

21.  Alienta a los Estados miembros y a las regiones a que promuevan el desarrollo de universidades y centros de investigación que tengan en cuenta las necesidades de las familias;

22.  Insta a la Comisión a que reconozca la necesidad de instaurar un permiso de paternidad adecuado y correctamente remunerado, con objeto de que los hombres puedan permitirse tomarse tiempo libre para cuidar de sus hijos y de contribuir a la lucha contra la situación establecida según la cual son las mujeres las que interrumpen su carrera profesional y superar así un obstáculo importante para el progreso de la carrera científica y académica de las mujeres;

Cambios y proyectos institucionales

23.  Toma nota de que, además de impulsar las carreras profesionales personales de las mujeres, es necesario introducir cambios en las instituciones a fin de vencer los obstáculos a la igualdad de género, especialmente en lo que respecta a la segregación vertical y a la participación de las mujeres en los comités con poder de decisión;

24.  Hace hincapié en la necesidad de que las instituciones participen para apoyar y fomentar esos cambios, estableciendo nuevas normas, haciendo frente a los problemas que surgen y supervisando los progresos, con el fin de permitir a las investigadoras aprovechar la información existente y, al mismo tiempo, contribuir activamente al Espacio Europeo de Investigación;

25.  Insta a la Comisión a que proponga una recomendación a los Estados miembros con directrices comunes sobre cambios institucionales destinados a promover la igualdad de género en las universidades y los centros de investigación;

26.  Considera que es necesario sistematizar los datos disponibles sobre la distribución por género y la posición de las investigadoras en los Estados miembros, a fin de fomentar la igualdad de género en todos los centros de investigación del sector público y privado; considera que se necesita un consenso sobre la adopción de medidas complementarias de apoyo a los proyectos de las investigadoras;

27.  Insta a la Comisión a que intensifique su función coordinadora en relación con las iniciativas destinadas a integrar la dimensión de género en el Espacio Europeo de Investigación, y a que sensibilice a las partes interesadas y les proporcione formación pertinente sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género a los ámbitos científico y académico; insiste en la necesidad de adoptar medidas que fomenten la igualdad real entre mujeres y hombres en el desarrollo profesional en el ámbito académico y científico;

28.  Celebra que la Comisión esté financiando la puesta en marcha de planes de igualdad de género a través de proyectos del séptimo programa marco y de Horizonte 2020, y celebra asimismo el proyecto conjunto de la Comisión y el Instituto Europeo de la Igualdad de Género de crear una herramienta en línea para los planes de igualdad de género que permita determinar cuáles son las mejores prácticas y compartirlas con las partes interesadas pertinentes; destaca que las mejores prácticas propuestas deben tomar en consideración la independencia de las universidades y de los organismos de investigación, así como la diversidad de sus estructuras organizativas en los distintos Estados miembros;

29.  Pide a los Estados miembros que participen en alianzas con los organismos de investigación y las universidades con objeto de impulsar cambios culturales e institucionales en materia de género;

30.  Pide a los Estados miembros que colaboren con las instituciones académicas para proporcionar apoyo y más oportunidades para avanzar en la carrera profesional en los puntos de transición clave, como la transición entre los puestos de doctorado, posdoctorado y cátedra;

31.  Hace hincapié en la necesidad de integrar plenamente la dimensión de género en la investigación y de garantizar el equilibrio de género en la participación en Horizonte 2020; considera que para ello será necesario renovar los esfuerzos para integrar la dimensión de género en la formulación y ejecución del próximo programa de trabajo; acoge favorablemente la creación del Grupo consultivo sobre género de Horizonte 2020; cree firmemente que los objetivos de Horizonte 2020 únicamente se pueden alcanzar con la plena participación de las científicas;

32.  Pide a los Estados miembros que colaboren con las instituciones académicas para alentar de forma proactiva a las mujeres a presentar su candidatura a puestos vacantes y asegurar la representación femenina en los equipos que hacen las entrevistas siempre que sea posible;

33.  Cree firmemente que la dimensión de género es una fuente de valor añadido para la investigación y constituye una inversión rentable; destaca que el análisis de género puede fomentar la innovación y la cooperación multidisciplinar en la ciencia y la tecnología;

Próximos pasos

34.  Pide a los Estados miembros que ofrezcan incentivos a los centros de investigación y las universidades para que introduzcan y pongan en práctica planes de igualdad de género, incorporen la dimensión de género en sus programas nacionales de investigación, eliminen las barreras legales y de otra índole para la contratación, la retención y el avance en la carrera profesional de las investigadoras, e implanten estrategias globales de cambio estructural a fin de corregir las desigualdades existentes en las instituciones y los programas de investigación;

35.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden el problema de los desequilibrios de género en el proceso decisorio y dentro de los órganos responsables de la contratación y la promoción de los investigadores, y que examinen la posibilidad de supeditar el acceso a la financiación pública en los ámbitos científico, académico y de la investigación a la puesta en marcha de planes de igualdad de género, en particular incitando a los centros científicos y de investigación a presentar informes sobre los esfuerzos emprendidos para integrar a las científicas y garantizando que los procesos de selección y promoción sean abiertos y transparentes;

36.  Reconoce que las estrategias de igualdad de género en la educación superior también deben hacer frente al fenómeno de la violencia de género; pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren estrategias destinadas a hacer frente a la violencia de género en la universidad y los campus universitarios, con acciones de sensibilización, facilitando el acceso a la justicia para las mujeres afectadas, e implicando a los estudiantes, docentes y personal de sexo masculino en la lucha contra la violencia;

37.  Pide a los Estados miembros que animen a los empleadores a adoptar medidas para combatir todas las formas de acoso moral en el lugar de trabajo contra las mujeres, que puede llevar a las víctimas al desánimo y, por último, a la dimisión;

38.  Alienta a los Estados miembros a que faciliten la comunicación regular entre los ministros nacionales encargados de las universidades y la ciencia y los ministros encargados de la igualdad, o el equivalente apropiado, con el fin de desarrollar políticas nacionales que fomenten y apoyen a las mujeres en la ciencia y el mundo académico;

39.  Pide a los Estados miembros que involucren a los medios de comunicación y al sector privado en la erradicación de los estereotipos de género y el fomento del respeto mutuo; pone en relieve el papel que desempeñan los medios de comunicación a la hora de perpetuar o de luchar para erradicar los estereotipos de género, así como su potencial para promover activamente modelos positivos para las mujeres y las jóvenes, que debería fomentarse;

40.  Pide a la Comisión y al Instituto Europeo de la Igualdad de Género que sigan desarrollando la metodología existente de obtención de estadísticas desglosadas por sexo para toda la actividad académica y científica, además de estadísticas sobre recursos humanos, y que elaboren indicadores válidos para medir los procesos de cambio institucional a escala nacional y en todo el Espacio Europeo de Investigación;

41.  Pide a los Estados miembros, al sector académico y a todas las partes interesadas pertinentes que introduzcan programas especiales en la educación, y especialmente en los estudios superiores, con objeto de destacar la importancia de la igualdad de género;

42.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen sistemáticamente una perspectiva de equilibrio de género a la elaboración de los presupuestos de todos los programas y medidas destinados a proporcionar financiación en el ámbito científico, académico y de la investigación, y que elaboren directrices y métodos para realizar un seguimiento y evaluar la inclusión de la dimensión de género en estas áreas;

43.  Pide a los Estados miembros que elaboren medidas estadísticas para realizar un seguimiento de los destinos de las mujeres que abandonan el mundo académico a fin de mejorar la formulación de políticas de las instituciones académicas y los gobiernos en los ámbitos correspondientes;

44.  Alienta a los Estados miembros a que examinen la posibilidad de distinguir con un reconocimiento positivo a las instituciones académicas que hayan tomado medidas para hacer frente a la desigualdad de género;

45.  Pide a la Comisión que integre la dimensión de género en los contenidos científicos y tecnológicos con objeto de poner fin a las formas sutiles de discriminación, mediante incentivos para tener en cuenta el sexo y el género en el desarrollo de la investigación;

Participación

46.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan reforzando el establecimiento de redes de contactos entre científicas a escala nacional, regional y de la UE;

47.  Alienta a los Estados miembros a que examinen la posibilidad de aplicar sistemas de tutoría especialmente enfocados a alentar a las mujeres a solicitar subvenciones, promociones u otras oportunidades y a apoyarlas a lo largo de ese proceso;

48.  Reitera la importancia de velar por que las mujeres participen en mayor medida en la toma de decisiones, así como de garantizar el equilibrio de género en los grupos de evaluación, tribunales de selección y todos los demás comités pertinentes, así como en los paneles con miembros designados y los comités que adopten decisiones relacionadas con la contratación, la financiación, los programas de investigación y las publicaciones; considera que debe alentarse a las universidades y centros de investigación a introducir objetivos para la participación de las mujeres en este tipo de órganos; pide a la Comisión y a los Estados miembros, a este respecto, que se basen en la propuesta de Directiva de la Comisión destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines(6) para proponer medidas legislativas análogas relativas a los puestos de responsabilidad para las mujeres en los medios universitario y científico;

49.  Pide al Consejo que, bajo la Presidencia luxemburguesa, adopte conclusiones sobre la igualdad de género en la investigación, a fin de garantizar una mayor representación y participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones en el sector de la investigación;

50.  Pide al Parlamento que cree el premio «Mujeres y ciencia en Europa» con el que se recompense a empleadores (empresas, instituciones o autoridades) que promuevan de forma ejemplar a las mujeres en los ámbitos académico y científico, apoyando a las mujeres que ocupan puestos directivos y garantizando la igualdad salarial;

51.  Pide a la Comisión que fomente, con campañas de información, los planes y los programas destinados a aumentar la participación de las mujeres en la investigación científica;

o
o   o

52.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0050.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0499.
(4) DO C 279 E de 19.11.2009, p. 40.
(5) DO C 309 de 27.10.2000, p. 57.
(6) COM(2012)0614.


Capacitación de las jóvenes a través de la educación en la UE
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Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre la capacitación de las jóvenes a través de la educación en la Unión Europea (2014/2250(INI))
P8_TA(2015)0312A8-0206/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

–  Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979,

–  Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los documentos finales posteriores adoptados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing + 5 (2005), Beijing + 15 (2010) y Beijing + 20 (2015),

–  Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), adoptado por el Consejo Europeo en marzo de 2011,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), de mayo de 2011,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, titulada «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos de género en la UE(1),

–  Vistas la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, y la Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro,

–  Vista la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo,

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013(2),

–  Visto el informe independiente de 2009 encargado por la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión (DG EAC),

–  Vista la Recomendación CM/Rec(2007)13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, de 10 de octubre de 2007, sobre la integración de la perspectiva de género en la educación,

–  Vista la recopilación de buenas prácticas para fomentar una educación sin estereotipos de género y determinar formas de aplicar las medidas propuestas en la recomendación del Comité de Ministros sobre la integración de la perspectiva de género en la educación (revisada el 12 de marzo de 2015), elaborada por el Consejo de Europa,

–  Vista la Recomendación Rec(2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros relativa a una participación equilibrada de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones políticas y públicas, adoptada el 12 de marzo de 2003,

–  Vista la comunicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) «Las mujeres y el mundo laboral» del Día Internacional de la Mujer de 2015,

–  Vista la encuesta sobre las personas LGBT titulada «European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey» realizada por la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (FRA) en 2013,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0206/2015),

A.  Considerando que la educación es la base de una ciudadanía responsable, es esencial para garantizar la igualdad de género y la capacitación de las niñas, y es un derecho humano fundamental y un derecho de todos los niños;

B.  Considerando que la educación y la formación de las niñas y las mujeres es un importante valor europeo, un derecho humano fundamental y un elemento esencial para la capacitación de las niñas y las mujeres en los ámbitos social, cultural y profesional, así como para que disfruten plenamente de todos los demás derechos sociales, económicos, culturales y políticos y, en consecuencia, para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas;

C.  Considerando que la educación puede transformar una sociedad y contribuir a la igualdad social, económica, política y de género;

D.  Considerando que, según un estudio llevado a cabo por la Dirección General de Políticas Interiores del Parlamento Europeo, 30 millones de niñas en edad de asistir a la escuela primaria en todo el mundo están excluidas del sistema educativo;

E.  Considerando que la pobreza y la exclusión social, así como unas redes de educación preescolar, escolar y extraescolar insuficientes o inadecuadas, son algunos de los principales obstáculos que impiden que las niñas accedan a la educación;

F.  Considerando que solo los Estados tienen la capacidad para ofrecer una enseñanza universal, obligatoria y gratuita, condición indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades para ambos sexos;

G.  Considerando que los recortes presupuestarios en el ámbito educativo, derivados en gran parte de las políticas de austeridad preconizadas por la UE, ponen en peligro la enseñanza pública, de calidad y gratuita, contribuyendo así a agravar las desigualdades;

H.  Considerando que todos los niños, sin discriminación e independientemente de su estatuto de residencia, deben poder acceder de forma gratuita a una educación pública de calidad;

I.  Considerando que la pobreza influye considerablemente en la igualdad de acceso a la educación debido a los costes, tanto directos como indirectos, de enviar a los niños a la escuela, y que el acceso a la educación, en particular a la educación superior, es especialmente difícil para los jóvenes de familias con pocos ingresos, lo que da lugar a que se refuerce la preferencia tradicional por la educación de los niños y no de las niñas;

J.  Considerando que los estereotipos de género asignan roles diferentes, definidos y limitados a los hombres y las mujeres y que estos roles se forjan a través de una multiplicidad de variables sociales y son difundidos o reproducidos por los progenitores, la educación y los medios de comunicación; que estos roles de género son interiorizados por los individuos durante las fases de socialización de la infancia y la adolescencia y, por lo tanto, influyen en sus vidas y pueden limitar el desarrollo personal de las mujeres y los hombres;

K.  Considerando que el efecto de los estereotipos de género en la educación y la formación y en las decisiones que toman los estudiantes en la escuela puede influir en sus opciones a lo largo de toda la vida, y que tiene, por tanto, graves repercusiones en el mercado de trabajo, en el que las mujeres siguen enfrentándose a una segregación tanto horizontal como vertical; que ello contribuye a que determinados sectores sigan considerándose «masculinos» y sus niveles salariales sean, en consecuencia, superiores a los de sectores considerados «femeninos»;

L.  Considerando la influencia significativa del entorno social, la actitud de la familia, los compañeros, los referentes de conducta y los profesores, así como de los centros de orientación y asesoramiento sobre la elección de materias, en la elección de los ámbitos de estudio de los alumnos y en la modificación de los estereotipos de género, y teniendo en cuenta que los profesores, en cuanto agentes de cambio social a través de sus actitudes y prácticas pedagógicas, son esenciales en la promoción de la igualdad de género, la diversidad y el entendimiento y el respeto mutuos; considerando asimismo que los profesores de escuela pueden entablar contacto con los padres y concienciarlos sobre la igualdad de género y el potencial de sus hijos;

M.  Considerando que la igualdad de género debe integrarse a todos los niveles y dimensiones del sistema educativo, con el fin de promover, entre las niñas y los niños, las mujeres y los hombres, los valores de justicia y de ciudadanía democrática, y a fin de construir una verdadera asociación entre los distintos géneros en lo que respecta a los ámbitos público y privado;

N.  Considerando que son necesarios más referentes femeninos en los ámbitos de dominio masculino, como la ciencia, la ingeniería, la tecnología, las matemáticas y el emprendimiento, y que las redes de tutoría y el aprendizaje entre iguales son eficaces para capacitar a las jóvenes en este ámbito;

O.  Considerando que los datos disponibles muestran que las mujeres reciben una menor compensación económica que los hombres por sus cualificaciones y experiencia y que siguen ocupándose de la mayor parte de los cuidados de la familia y otros dependientes, lo que limita su acceso a un empleo remunerado a tiempo completo; considerando que la igualdad de género implica la valoración de todo el trabajo realizado por las mujeres y la educación de niños y hombres en las tareas tradicionalmente atribuidas a las mujeres; que los progresos en la ayuda al cuidado de los niños y las políticas de permiso de maternidad y de paternidad en toda Europa contribuirán a mejorar las perspectivas de empleo y la emancipación económica de las mujeres, así como la lucha contra los estereotipos de género, permitiendo de esta forma la capacitación de las jóvenes en todos los niveles educativos;

P.  Considerando que, a pesar de que las mujeres tienen titulaciones avanzadas de educación secundaria y superior, tanto los ámbitos de su formación como sus actividades profesionales se encuentran ligados sobre todo a tareas relacionadas con la reproducción y la prolongación de las estructuras económicas y sociales existentes, y que es necesario aumentar la presencia de las mujeres tanto en el ámbito de la formación profesional como en los sectores relacionados con las matemáticas, las ciencias, las ingenierías y las tecnologías;

Q.  Considerando que una asignación más equitativa de los recursos educativos se traduciría en un mayor acceso de las jóvenes al mercado de trabajo y que una participación equilibrada de las mujeres y los hombres en el mercado de trabajo podría mejorar las perspectivas económicas de la UE;

R.  Considerando que las autoridades europeas y nacionales deben promover por todos los medios la igualdad de género en las instituciones educativas y que la educación de género debe ser un elemento clave del currículo y los programas escolares; que las autoridades europeas y nacionales deben garantizar que el material didáctico no tenga contenido discriminatorio;

S.  Considerando que el currículo oficial refleja la perspectiva social y cultural de cada Estado miembro e influye en la construcción de la identidad de las niñas y los niños; que el currículo no oficial complementa al oficial y que el currículo oculto es transversal a todas las definiciones situacionales del currículo; que todos estos tipos de currículo son importantes en la configuración de la identidad de las niñas y los niños, y que las autoridades locales, por su proximidad a los centros de enseñanza, desempeñan un papel clave en la educación no oficial;

T.  Considerando que, para luchar contra la desigualdad de género, es esencial una constante supervisión pedagógica de los currículos, los objetivos de desarrollo y los resultados del aprendizaje, los contenidos, las estrategias, los materiales, la evaluación, y las programaciones de las asignaturas y de las unidades didácticas, así como su seguimiento y evaluación por los centros de investigación en materia educativa y por especialistas en igualdad de género;

U.  Considerando que la violencia contra las mujeres es el principal obstáculo para la igualdad entre mujeres y hombres y puede combatirse a través de la educación; que no todos los Estados miembros de la UE han ratificado el Convenio de Estambul, y que incumbe a la UE poner en marcha y financiar proyectos que promuevan la igualdad de género;

V.  Considerando que la violencia escolar por razones de género incluye actos de violencia sexual, física o psicológica perpetrados contra niños a causa de estereotipos de género y normas sociales; y que ese fenómeno obstaculiza claramente el acceso, la participación y los resultados escolares;

W.  Considerando que las mujeres y niñas con discapacidades o necesidades educativas especiales están expuestas a una discriminación múltiple; que la situación de las niñas solo mejorará si el acceso a una educación y una formación de alta calidad es igualitario y no se ve condicionado ni obstaculizado por esta discriminación y respeta plenamente los principios de inclusión;

X.  Considerando que existe una desproporción significativa a la hora de determinar las necesidades educativas especiales; y que, en general, hay más probabilidades de que se detecten necesidades especiales en los niños, en particular cuando se trata de dificultades «no normativas», como el trastorno por déficit de atención o la dislexia, en cuyo diagnóstico pesa más la opinión profesional;

Y.  Considerando que el 17 % de los adultos en todo el mundo no saben leer ni escribir y que dos tercios de ellos, a saber, 493 millones, son mujeres(3);

Recomendaciones generales

1.  Pide a los Estados miembros que apliquen y mejoren las medidas destinadas a lograr la igualdad de género en todos los niveles del sistema educativo y que incorporen plenamente un mayor grado de sensibilización sobre los asuntos de género a la formación del profesorado, pero también de todas las categorías del personal escolar, incluidos médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos, así como que garanticen la introducción de mecanismos en todo el sistema educativo que permitan la promoción, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de la igualdad de género en las instituciones educativas;

2.  Pide a los Estados miembros que promuevan la democratización de la educación y las demás condiciones necesarias para que la educación, ya impartida a través de la escuela, ya mediante otros medios formativos, contribuya a la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la superación de las desigualdades económicas, sociales y culturales, y el desarrollo de la personalidad y del espíritu de tolerancia, solidaridad y responsabilidad, así como para que facilite el progreso social y la participación democrática en la vida colectiva;

3.  Pide a los Estados miembros que sus sistemas educativos tengan entre sus objetivos la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres; y que también incluyan, en sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre ellos;

4.  Aboga por la promoción de un enfoque integral de la educación formal e informal en las escuelas, que preste atención a la inclusión de los derechos humanos, la dignidad humana, la igualdad de género y el desarrollo de la autoestima y la autoafirmación y que fomente la toma de decisiones autónoma y razonada por parte de las niñas y las mujeres, tanto en la dimensión profesional como en la personal; reconoce que la educación para la igualdad de género debe complementar a la educación cívica en valores democráticos e integrarse en un entorno de aprendizaje basado en los derechos y que tome en consideración las cuestiones de género, en el que las niñas y los niños aprendan sus derechos y experimenten el proceso democrático en la escuela y en entornos informales de aprendizaje mediante, por ejemplo, la participación en la gobernanza democrática de sus escuelas;

5.  Pide a los responsables de las políticas educativas en la Comisión y los Estados miembros que garanticen que el compromiso en favor de la igualdad de género va más allá de las declaraciones principios y de intenciones políticas, y que se traduce en incrementos sustanciales de los esfuerzos y recursos invertidos en dicho ámbito, y recuerda la importancia primordial de la educación en el cambio cultural;

6.  Señala que, aunque las mujeres son mayoritarias (60 %) entre los titulados de enseñanza superior en la UE, su tasa de empleo y su trayectoria de promoción laboral no reflejan todo su potencial; destaca que la consecución de un crecimiento económico integrador y a largo plazo depende de que se corrija el desajuste existente entre el nivel educativo de las mujeres y su posición en el mercado laboral mediante, principalmente, la superación de la segregación horizontal y vertical;

7.  Hace hincapié en que la educación es una herramienta importante para ayudar a las mujeres a participar plenamente en el desarrollo social y económico; destaca que las medidas de aprendizaje a lo largo de la vida son esenciales para dotar a las mujeres de destrezas que les permitan reincorporarse al mundo laboral o mejorar su empleo, sus ingresos y sus condiciones laborales;

8.  Insta a los Estados miembros a que aumenten las inversiones indispensables en educación, para así garantizar una educación pública, gratuita y de calidad para todos;

9.  Pide a los Estados miembros que las Administraciones educativas garanticen un igual derecho a la educación para mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando así que, por comportamientos sexistas o por estereotipos sociales asociados a ellos, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres;

10.  Pide a la Comisión que transmita esta recomendación a las instituciones nacionales responsables de la aplicación de las políticas educativas a nivel local, regional y central, a los organismos de gestión escolar y a las autoridades regionales y locales;

11.  Hace hincapié en la necesidad de que se promueva la representación paritaria de ambos sexos en los niveles de liderazgo y gestión de los organismos responsables de la supervisión y la gobernanza de los establecimientos educativos, especialmente entre los administradores y los directores de centros escolares y también allí donde las mujeres estén infrarrepresentadas, como en los ámbitos de las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas, ya que de ese modo las niñas dispondrán de referentes;

12.  Hace hincapié en que las niñas a las que no se permite ir a la escuela están más expuestas a la violencia doméstica;

13.  Insta a la Comisión a que inicie cuanto antes el procedimiento de adhesión de la UE al Convenio de Estambul; pide a los Estados miembros que ratifiquen dicho Convenio y pide asimismo a la UE y a los Estados miembros que trabajen juntos en pos de la igualdad de género en las relaciones exteriores de la Unión; hace hincapié en los estrechos vínculos existentes entre los estereotipos de género, el acoso, el acoso por internet y la violencia contra las mujeres, y en la necesidad de combatirlos desde una edad temprana; destaca que, en el Convenio de Estambul, se pide a los signatarios que incluyan, en los currículos oficiales y en todos los niveles educativos, material didáctico sobre cuestiones como los roles de género sin estereotipos, el respeto mutuo, la resolución no violenta de los conflictos en las relaciones interpersonales, la violencia por motivos de género y el derecho a la integridad personal, en un formato adaptado a la capacidad evolutiva de los alumnos;

14.  Insta a todos los Estados miembros a que inviertan de manera consistente en campañas informativas, de sensibilización y educativas y a que mejoren la orientación profesional destinada a las niñas y los niños, abordando la imagen estereotipada de los roles de género, así como los estereotipos de género en las distintas carreras profesionales, sobre todo en el ámbito de las ciencias y las nuevas tecnologías; recuerda que ello reduciría la segregación por sexos en el mercado de trabajo y reforzaría la posición de las mujeres, permitiendo al mismo tiempo aprovechar plenamente el capital humano que representan las niñas y las mujeres en la UE, y fomentando el debate sobre las opciones educativas y profesionales en las escuelas y en el aula;

15.  Recuerda el papel de los equipos pedagógicos a la hora de acompañar y asesorar a las familias en la orientación escolar de los niños, a fin de guiarlos hacia un itinerario que se corresponda con sus destrezas, capacidades y gustos; resalta que la orientación escolar constituye una fase decisiva, en la que pueden entrar en juego los estereotipos de género, y que ello puede afectar de forma duradera a la capacidad de las niñas para desarrollar una trayectoria profesional que facilite su realización personal y emancipación;

16.  Pide a la Comisión que organice, a través de los Estados miembros, programas de sensibilización específicos dirigidos a las niñas en relación con su educación superior y sus posibles itinerarios de estudio, en los que se las informe de las correspondientes oportunidades laborales en función de sus aptitudes, a fin de animarlas a optar por carreras que han sido tradicionalmente masculinas y estimular la confianza personal de la nueva generación de mujeres; subraya que la educación informal desempeña asimismo un papel clave en el fomento de la confianza de las niñas y jóvenes;

17.  Pide a los Estados miembros que se sirvan de los Fondos EIE para apoyar programas en los que se trabaje activamente con los padres de los niños de las comunidades excluidas, así como que fomenten actividades útiles y estimulantes fuera del horario escolar y durante las vacaciones escolares;

18.  Insta a los Estados miembros a que incentiven la promoción de redes públicas de guarderías, del sistema de educación preescolar y de los servicios públicos de actividades de ocio para niños;

19.  Pide a los Estados miembros que mejoren la calidad de la educación y la formación profesional para las personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales, así como que reduzcan los elevados índices de abandono escolar, que respeten los principios de la educación integradora, prestando especial atención a la participación activa de estos alumnos, y que mejoren su integración en la sociedad y en el sistema educativo en general siempre que sea posible; pide una mejora inmediata de la formación docente con este fin y la integración de la perspectiva de género tanto en dicha formación como en la detección de las dificultades de aprendizaje, incluido el desarrollo de herramientas de detección que tengan en cuenta cuestiones de género y de programas educativos específicos que integren la perspectiva de género a fin de proporcionar a las mujeres y niñas afectadas mejores oportunidades en su búsqueda de empleo, y de capacitarlas para superar la discriminación múltiple;

20.  Pide a los Estados miembros que garanticen a las niñas y a los niños, con independencia de su edad, género, condición socioeconómica, cultura y religión, un acceso igualitario a la educación, y hace hincapié en la necesidad de que las instituciones locales, nacionales y europeas promuevan programas específicos para integrar a las comunidades marginadas en las escuelas en general, y a las niñas de dichas comunidades en particular, ya que a menudo son víctimas de la discriminación múltiple, y a todas las minorías en la sociedad europea; subraya la importancia de garantizar que las niñas terminan la educación secundaria, y destaca la necesidad de programas de asistencia financiera para las familias desfavorecidas económicamente, con objeto de prevenir el abandono escolar, especialmente entre las niñas;

21.  Insta a los Estados miembros a que apoyen activamente la enseñanza de la lengua del país de acogida a las mujeres migrantes y sus familias a través de unos servicios educativos públicos, gratuitos y de proximidad;

22.  Pide a los Estados miembros que desarrollen programas específicos para que las niñas y las jóvenes gitanas terminen la educación primaria, secundaria y superior, y que pongan en marcha medidas especiales para madres adolescentes y niñas que han abandonado prematuramente los estudios, para ayudarlas, en particular, a estudiar sin interrupciones, y ofrecerles formación en el lugar de trabajo; pide además a los Estados miembros y a la Comisión que tengan en cuenta estas medidas en su ejercicio de coordinación y evaluación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos;

23.  Resalta la importancia de prever, en los proyectos de cooperación al desarrollo, acciones centradas en la educación de las niñas, las jóvenes y las mujeres;

24.  Subraya la importancia de que se dedique una atención especial al principio de igualdad entre mujeres y hombres en los currículos y en todas las etapas educativas;

Currículo y formación

25.  Insiste en que se preste una atención adecuada a la igualdad de género en todos sus aspectos, en los currículos, los objetivos de desarrollo y los resultados del aprendizaje, y en los contenidos, los proyectos educativos de los centros y la programación de las unidades didácticas, así como en la necesidad de que se valore el lugar que ocupa la mujer en los currículos de las diferentes disciplinas, destacando su papel en los contenidos que se imparten; considera que la igualdad de género en la educación debe abordar explícitamente el principio de igualdad y tratar diversas cuestiones, como la alfabetización, el acoso, la violencia, la incitación al odio, los derechos humanos y la educación cívica;

26.  Resalta que la educación debe ayudar a que las chicas y los chicos desarrollen identidades conscientes, equilibradas, respetuosas de los demás y capaces de empatía y de respeto mutuo, a fin de prevenir las discriminaciones, la agresividad y el acoso;

27.  Destaca que la escuela debe contribuir a desarrollar un enfoque intercultural de la enseñanza para favorecer la apertura, el respeto mutuo y el diálogo intercultural e interreligioso;

28.  Alienta a las autoridades competentes de los Estados miembros a que fomenten la igualdad de género en sus programas integrales de educación sexual y relacional, en los que, entre otras cosas, se transmita a las niñas y los niños la noción de relaciones basadas en el consentimiento, el respeto y la reciprocidad, y que fomenten la igualdad de género también en las actividades deportivas y de ocio, en las que los estereotipos y las expectativas de género pueden afectar a la imagen de uno mismo, la salud, la adquisición de destrezas, el desarrollo intelectual, la integración social y la construcción de la identidad de las niñas y los niños;

29.  Reconoce que una educación en materia de sexualidad y relaciones que se caracterice por la sensibilidad, esté adaptada a la edad y sea correcta desde el punto de vista científico constituye una herramienta esencial para la capacitación de las niñas y los niños, que los ayuda a tomar decisiones fundamentadas y contribuye a abordar prioridades sanitarias públicas más generales como el descenso del número de embarazos no deseados, la disminución de la mortalidad materna e infantil, la prevención y el tratamiento precoz de las enfermedades de transmisión sexual y la reducción de las desigualdades sanitarias; insta a los Estados miembros a que se planteen la inclusión con carácter obligatorio de una formación integral en materia de sexualidad y relaciones adaptada a la edad del alumnado en los currículos escolares de primaria y secundaria, y hace hincapié en la importancia de una formación docente en la que se preste especial atención al respeto de las niñas y las mujeres y a la igualdad de género;

30.  Pide la incorporación de la educación en materia de sexualidad y relaciones en las programaciones curriculares al objeto de capacitar a las jóvenes mediante la concienciación y el control sobre su propio cuerpo, a la vez que pide que las demás asignaturas sean coherentes con estos principios;

31.  Pide a la Comisión que luche contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en los entornos educativos; insta a la Comisión a que apoye la inclusión de información objetiva sobre cuestiones LGBTI en los currículos escolares; apremia a la Comisión a que facilite el aprendizaje entre iguales entre los Estados miembros a la hora de abordar el acoso de carácter homofóbico y transfóbico;

32.  Anima a las niñas y los niños en formación a que muestren el mismo interés en todas las asignaturas, más allá de los estereotipos de género, en particular en las asignaturas científicas y técnicas, de manera que los niños aprendan actividades consideradas femeninas, como el trabajo doméstico y los cuidados, y alienta al mismo tiempo la participación y la representación equitativas en la toma de decisiones colectiva y la gestión escolar, así como en todas las actividades extracurriculares; pide a todas las partes interesadas que protejan la financiación destinada a estas actividades eficaces;

33.  Señala que es necesario adoptar medidas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura y la producción artística e intelectual y su difusión que combatan la discriminación estructural y generalizada que sufren las mujeres en este ámbito, que promuevan la presencia equilibrada de mujeres y hombres en actividades artísticas y culturales públicas, y que contemplen ayudas económicas y acciones positivas para corregir las situaciones de desigualdad en este campo;

34.  Aboga por el desarrollo, desde la educación preescolar, de la igualdad de las niñas y los niños en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, en su uso y en la enseñanza en este ámbito, prestando especial atención a los niños y los jóvenes de las zonas rurales, de las comunidades marginadas o con necesidades especiales, con el fin de mejorar la alfabetización digital, difundir instrumentos eficaces de política educativa y mejorar la formación de los docentes a fin de aumentar el número de alumnas y tituladas en matemáticas, ciencias, ingenierías y tecnologías; en este contexto, acoge con satisfacción todas las iniciativas y los programas orientados a atraer a las jóvenes a dichos ámbitos de estudio y a las correspondientes carreras de investigación;

35.  Hace hincapié en la importancia de poner en marcha medidas educativas destinadas al reconocimiento y la enseñanza del papel de las mujeres en la historia, la ciencia, la política, la literatura, las artes, la educación, etc.;

36.  Pide que se hagan todos los esfuerzos necesarios para que el trabajo en el ámbito de la educación infantil, la educación primaria y el sector asistencial sea promocionado como una ocupación valiosa tanto para las mujeres como para los hombres;

37.  Pide a los Estados miembros que desarrollen o refuercen las normativas nacionales con el fin de contrarrestar la influencia negativa de los roles de género estereotipados derivados de los valores transmitidos a través de los medios de comunicación y la publicidad, que, demasiado a menudo, minan la labor realizada en la escuela en esos ámbitos;

38.  Insta a que se lleven a cabo actividades complementarias que refuercen el currículo oficial en lo que se refiere a la igualdad de género y a la formación en el espíritu empresarial, así como a poner en marcha, a través de las autoridades locales, programas de educación informal en materia de educación de género en las comunidades;

39.  Pide que se vuelva a impulsar la acreditación de la educación informal con un certificado de competencia, así como la expedición de un certificado de alto nivel de aprendizaje en el trabajo en relación con la formación profesional, ya que de ese modo se ayudará a las niñas y las mujeres a encontrar mejores empleos y a incorporarse o reincorporarse al mercado laboral, a la vez que se asegura que las mujeres se equiparan a los hombres en dignidad y competencia;

40.  Invita a los autores y editores de material educativo a que tomen conciencia de la necesidad de que la igualdad de género pase a ser un criterio en la producción de dichos materiales, y recomienda el recurso a equipos de docentes y estudiantes para la elaboración de material pedagógico sobre la igualdad de género, así como la consulta a expertos en los ámbitos de la igualdad de género y la educación con conciencia de género;

41.  Insta a los Estados miembros a que preparen y divulguen directrices para las escuelas, los responsables de las políticas educativas, los profesores y los responsables de la elaboración del currículo, a fin de que integren en su actividad la perspectiva de género y la igualdad de género, y que garanticen la eliminación de los estereotipos de género y las distorsiones sexistas que puedan figurar en los libros de texto y los materiales didácticos, tanto por lo que se refiere al contenido como al lenguaje o las ilustraciones, y los anima asimismo a luchar contra el sexismo presente en la literatura, el cine, la música, los juegos, los medios de comunicación y la publicidad, así como en otros ámbitos que puedan contribuir de manera decisiva a cambiar las actitudes, el comportamiento y la identidad de las niñas y los niños;

42.  Reconoce que los profesores desempeñan un papel fundamental en la construcción de identidades educativas y tienen una influencia considerable en los aspectos del comportamiento asociados al género en la escuela; recuerda que aún queda mucho por hacer para que los profesores estén capacitados para fomentar del mejor modo posible la igualdad de género; insiste, por consiguiente, en la necesidad de garantizar una formación global inicial y permanente en materia de igualdad para los profesores en todos los niveles de la educación formal e informal, que comprenda el aprendizaje entre iguales y la cooperación con organizaciones y agencias exteriores, para que tomen conciencia del impacto de los roles y estereotipos de género en la confianza personal de los alumnos y en las asignaturas que estos eligen durante sus estudios; hace hincapié en que las niñas y las jóvenes necesitan tener referentes femeninos y masculinos positivos en las escuelas y universidades para poder determinar cuál es su propio potencial y aprovecharlo al máximo sin temor a ninguna discriminación o ambigüedad por razones de género;

43.  Subraya la necesidad de que, tanto en la formación inicial como en la formación continua del profesorado, se integren el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, con el fin de eliminar cualquier obstáculo a la realización del pleno potencial de los estudiantes, con independencia de su sexo;

44.  Cree firmemente en el potencial transformador de la educación para defender la igualdad de género; reconoce que los programas de educación formal e informal deben abordar la lucha contra la violencia de género, la discriminación por motivos de género, el acoso, la homofobia y la transfobia en todas sus variantes, incluidas las formas de acoso por internet; reconoce que la educación por la igualdad contra la violencia de género depende de que los entornos escolares sean seguros y no violentos;

45.  Subraya la necesidad de que se organicen iniciativas de sensibilización, formación e integración de la perspectiva de género dirigidas a todos aquellos que participan en la elaboración de las políticas educativas, así como a los padres y los empleadores;

46.  Pide a los Estados miembros que adopten un enfoque intergeneracional de la educación y que garanticen un acceso igualitario a la educación formal e informal integrando en sus sistemas educativos servicios asequibles y de calidad para el cuidado de los niños, así como de las personas mayores y de otros dependientes; pide a los Estados miembros que emprendan iniciativas para reducir los costes educativos directos e indirectos y que aumenten la capacidad de todas las redes de guarderías y de educación preescolar, escolar y extraescolar, desde el pleno respeto de los principios de integración de los niños en situación de pobreza o en riesgo de pobreza; hace hincapié en la importancia de lo anterior para ayudar a todas las mujeres y hombres, en particular en los hogares monoparentales, a conciliar la vida familiar con el trabajo, y permitir a las mujeres participar en el aprendizaje a lo largo de la vida y en la educación y la formación profesional, creando de esta manera referentes para la capacitación de las niñas;

47.  Destaca que cualquier estrategia de fomento de la igualdad de género y la capacitación de las niñas y las mujeres debe tener en cuenta a los niños y los hombres y buscar su participación;

48.  Destaca la importancia de que las Administraciones públicas fomenten la enseñanza y la investigación, en el ámbito de la educación superior, sobre el significado y el alcance de la igualdad de género, en particular mediante la inclusión en los temarios de cuestiones relacionadas con la igualdad de género, la creación de posgrados específicos y la ampliación de estudios e investigaciones especializados en la materia;

49.  Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que avancen en el reconocimiento mutuo de los títulos, certificados y otros documentos acreditativos de cualificaciones profesionales emitidos en los diferentes Estados miembros, y en la coordinación y armonización de las disposiciones nacionales que regulan el acceso a las diferentes profesiones, para que las mujeres emigrantes, tanto las comunitarias como las procedentes de terceros países, puedan acceder a puestos de trabajo acordes con su formación y cualificaciones;

Inversión, seguimiento y evaluación

50.  Subraya que los avances derivados de la adopción de políticas de igualdad de género en las instituciones educativas deben ser objeto de un seguimiento y una evaluación por parte de organismos independientes, así como que los responsables de las políticas a escala local, regional, nacional y europea deben estar constantemente informados de todas las medidas adoptadas y de los progresos alcanzados en este ámbito, y que la perspectiva de género debe convertirse rápidamente en un criterio de la evaluación interna y externa de las instituciones educativas;

51.  Señala la importancia de la cooperación entre los distintos organismos de la Administración educativa y el intercambio de las mejores prácticas para el desarrollo de proyectos y programas destinados a fomentar el conocimiento y la difusión, entre los agentes de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres;

52.  Pide al Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) que prosiga su trabajo de recopilación de datos y de elaboración de cuadros de indicadores comparables y desglosados por género en todos los ámbitos políticos, incluido el ámbito educativo, y reitera la importancia de que se lleven a cabo estudios sobre el impacto de las políticas educativas en las desigualdades de género, proporcionando instrumentos cualitativos y cuantitativos para la evaluación de dicho impacto y aplicando una estrategia presupuestaria basada en el género destinada a fomentar tanto el acceso como el derecho a los recursos educativos;

53.  Reconoce que es de vital importancia evaluar el impacto de la futura legislación educativa en la igualdad de género y, cuando sea necesario, revisar la legislación vigente de acuerdo con este principio;

54.  Destaca que los procedimientos de seguimiento de la aplicación de los programas de igualdad de género y las evaluaciones correspondientes deben ser llevados a cabo por centros de investigación educativa, en estrecha colaboración con expertos en cuestiones de género, los organismos creados por la UE y las autoridades locales; pide que los Estados miembros y la Comisión recaben datos cuantitativos y cualitativos desglosados por género;

55.  Sugiere que se cree un premio europeo anual de igualdad de género para las instituciones educativas que hayan destacado en el logro de este objetivo, y anima a los Estados miembros a que hagan lo propio a nivel nacional;

56.  Insiste en la necesidad de que se elaboren planes de acción y se asignen recursos para la puesta en marcha de proyectos educativos que aborden específicamente las cuestiones de género, así como de estructuras educativas que tengan en cuenta dichas cuestiones, y recomienda que se haga uso de los instrumentos europeos disponibles a tal efecto, a saber, el plan de inversiones, el programa Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales de la UE, incluido el Fondo Social Europeo;

o
o   o

57.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0074.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0050.
(3) https://europa.eu/eyd2015/en/eu-european-parliament/posts/every-girl-and-woman-has-right-education


EEE-Suiza: obstáculos a la plena realización del mercado interior
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Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre el EEE-Suiza: obstáculos a la plena realización del mercado interior (2015/2061(INI))
P8_TA(2015)0313A8-0244/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo de libre cambio celebrado el 22 de julio de 1972 entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza,

–  Visto el Acuerdo celebrado el 21 de junio de 1999 entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre la libre circulación de personas, y, en particular, su anexo I sobre libre circulación de personas y su anexo III sobre reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales,

–  Visto el Acuerdo celebrado el 25 de junio de 2009 entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo a la facilitación de los controles y formalidades en el transporte de mercancías y a las medidas aduaneras de seguridad,

–  Visto el Acuerdo celebrado el 21 de junio de 1999 entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el reconocimiento mutuo en materia de evaluación de la conformidad,

–  Visto el Acuerdo celebrado el 21 de junio de 1999 entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre determinados aspectos de la contratación pública,

–  Visto el Protocolo de 27 de mayo de 2008 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre la libre circulación de personas, relativo a la participación, como partes contratantes, de la República de Bulgaria y de Rumanía como consecuencia de su adhesión a la Unión Europea,

–  Visto el Protocolo de 26 de octubre de 2004 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre la libre circulación de personas, relativo a la participación, como partes contratantes, de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, como consecuencia de su adhesión a la Unión Europea,

–  Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,

–  Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de servicios)(1),

–  Vista la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales(2),

–  Vista su Resolución, de 7 de septiembre de 2010, sobre el EEE-Suiza: Obstáculos a la plena realización del mercado interior(3),

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre el Informe de situación 2012 sobre Islandia y las perspectivas tras las elecciones(4),

–  Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre la gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2015(5),

–  Vistas las conclusiones del Consejo de 21 de marzo de 2014,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 16 de diciembre de 2014 sobre un mercado único homogéneo ampliado y las relaciones de la UE con países occidentales no pertenecientes a la UE,

–  Vistas las conclusiones de la 42a reunión del Consejo del EEE de 19 de noviembre de 2014,

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 7 de diciembre de 2012, relativo a una revisión del funcionamiento del Espacio Económico Europeo (SWD(2012)0425),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de noviembre de 2012, titulada «Relaciones de la UE con el Principado de Andorra, el Principado de Mónaco y la República de San Marino: opciones para una mayor integración con la UE» (COM(2012)0680),

–  Vistos el informe de la Comisión, de 18 de noviembre de 2013, titulado «Relaciones de la UE con el Principado de Andorra, el Principado de Mónaco y la República de San Marino: opciones para una mayor integración con la Unión Europea»,

–  Visto el informe de la Comisión Parlamentaria Mixta del Espacio Económico Europeo sobre el informe anual relativo al funcionamiento del Acuerdo sobre el EEE en 2013,

–  Vista la resolución de la Comisión Parlamentaria Mixta del Espacio Económico Europeo, de 30 de mayo de 2013, sobre el futuro del EEE y las relaciones de la UE con los países de pequeña dimensión territorial y Suiza,

–  Vista la resolución de la Comisión Parlamentaria Mixta del Espacio Económico Europeo, de 26 de marzo de 2014, sobre la gobernanza del mercado único,

–  Vista la resolución de la Comisión Parlamentaria Mixta del Espacio Económico Europeo, de 17 de marzo de 2015, sobre la política industrial en Europa,

–  Vista la resolución de la Comisión Parlamentaria Mixta del Espacio Económico Europeo, de 17 de marzo de 2015, sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y sus posibles implicaciones para los Estados de la AELC pertenecientes al EEE,

–  Visto el Informe sobre la política exterior suiza, de 14 de enero de 2015,

–  Visto el 35º cuadro de indicadores del mercado interior de los Estados miembros de la AELC pertenecientes al EEE,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 217, que confiere a la Unión el derecho a celebrar acuerdos internacionales,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0244/2015),

A.  Considerando que los cuatro Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) son importantes socios comerciales de la Unión Europea (UE), siendo Suiza y Noruega respectivamente el cuarto y el quinto socios más importantes de la UE por volumen de comercio;

B.  Considerando que las relaciones entre la UE y tres Estados miembros de la AELC (Islandia, Liechtenstein y Noruega) se basan en el Espacio Económico Europeo (EEE), que prevé la participación en el mercado interior, y que el Acuerdo sobre el EEE se gestiona y es objeto de seguimiento en un marco altamente institucionalizado;

C.  Considerando que la ratificación de la participación de Suiza en el Acuerdo sobre el EEE fue rechazada mediante referéndum en 1992 y que, por lo tanto, las relaciones entre Suiza y la UE se basan actualmente en más de cien acuerdos sectoriales que proporcionan un alto nivel de integración;

D.  Considerando que es necesario un mercado único que funcione correctamente, sea eficaz y esté basado en una economía social de mercado altamente competitiva para estimular el crecimiento y la competitividad y crear puestos de trabajo de manera que se revitalice la economía europea, aunque la legislación relativa a dicho mercado ha de transponerse, aplicarse y ejecutarse de forma apropiada para que puedan aprovecharlo al máximo los Estados miembros de la UE y los de la AELC pertenecientes al EEE;

Introducción

1.  Considera que el Acuerdo sobre el EEE es un elemento clave del crecimiento económico y el instrumento de mayor alcance y más completo creado para ampliar el mercado único a terceros países; cree que, habida cuenta de la evolución en el seno de la UE, ha resultado ser un acuerdo sólido, eficaz y que funciona bien, por lo que ha garantizado asimismo la integridad del mercado único a largo plazo;

2.  Observa que las profundas relaciones entre la UE, los Estados miembros de la AELC pertenecientes al EEE y Suiza van más allá de la integración económica y la ampliación del mercado único y suponen un apoyo a la estabilidad y prosperidad en provecho de todos los ciudadanos y las empresas, incluidas las pymes; subraya la importancia de garantizar el adecuado funcionamiento del mercado único con el fin de crear condiciones de competencia equitativas y nuevos puestos de trabajo;

Aplicación de la legislación relativa al mercado único: Estados miembros de la AELC pertenecientes al EEE

3.  Señala con preocupación que, según el cuadro de indicadores del mercado interior de los Estados miembros de la AELC pertenecientes al EEE, la media del déficit de transposición de estos tres Estados de la AELC ha aumentado, pasando del 1,9 % en julio de 2014 al 2,0 % actual;

4.  Acoge con satisfacción el considerable esfuerzo hecho para reforzar la rápida adopción del acervo pertinente en el Acuerdo sobre el EEE, así como el reciente acuerdo en los principios para la incorporación de los Reglamentos de la UE por los que se crean las Autoridades Europeas de Supervisión;

5.  Señala que los Estados miembros de la AELC pertenecientes al EEE participan en muchos programas y agencias de la UE, así como en medidas de cooperación práctica como el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) o SOLVIT, y contribuyen a la cohesión de la UE por medio del EEE y el Mecanismo Financiero Noruego; considera que esta cooperación fomenta el funcionamiento eficaz de un mercado único ampliado; anima a la UE y a los Estados miembros de la AELC pertenecientes al EEE a seguir desarrollando herramientas y respuestas preventivas ante posibles amenazas, al objeto de garantizar el funcionamiento del mercado interior de la energía;

6.  Considera que resulta esencial que la aplicación de la legislación relativa al mercado único por parte de los Estados de la AELC pertenecientes al EEE se haga de manera oportuna y con la mayor simultaneidad posible, así como que se podría seguir mejorando este proceso e imprimirle un mayor ritmo;

7.  Subraya que la acumulación de actos jurídicos pendientes de incorporación sigue siendo motivo de preocupación, por lo que insta a los Estados de la AELC pertenecientes al EEE a redoblar sus esfuerzos en estrecha colaboración con la UE en aras de la integridad del mercado único;

8.  Reconoce que hace falta el acuerdo previo de todos los Estados de la AELC pertenecientes al EEE en cuanto a la pertinencia a efectos del EEE, así como que puede surgir la necesidad de hacer adaptaciones técnicas antes de la incorporación; expresa su preocupación, no obstante, por el hecho de que el gran número de solicitudes de adaptaciones y excepciones esté provocando retrasos innecesarios y pueda causar la fragmentación del mercado único; pide encarecidamente a estos países que resuelvan este problema y trabajen en estrecha colaboración con la UE a fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único ampliado;

9.  Señala que, desde la firma del Acuerdo EEE, la UE se sirve en mayor medida de las agencias; acoge con satisfacción que los Estados miembros de la AELC pertenecientes al EEE participen en las operaciones de estas agencias; pide a los Estados miembros de la AELC pertenecientes al EEE y a la Comisión que sigan mejorando esta cooperación y participación;

10.  Señala que la UE y los EE.UU. negocian actualmente un acuerdo global de libre comercio e inversión; destaca que, en los términos del Acuerdo EEE, los Estados de la AELC pertenecientes al EEE aplican normas del mercado único y que es probable que el impacto del éxito de una asociación de libre comercio e inversión afecte también a los Estados de la AELC pertenecientes al EEE; subraya, por otra parte, que la conclusión de la ATCI no debe dar lugar a la creación de nuevos obstáculos comerciales entre la UE y los Estados de la AELC pertenecientes al EEE;

Principado de Liechtenstein

11.  Expresa su preocupación por el hecho de que el déficit de transposición de Liechtenstein haya aumentado del 0,7 % al 1,2 %; manifiesta, por otra parte, su preocupación por el hecho de que su normativa relativa a los derechos de entrada y residencia de determinados familiares de nacionales del EEE y las restricciones impuestas a los nacionales del EEE residentes en Liechtenstein a la hora de ser contratados en otro Estado del EEE, que Liechtenstein considera un instrumento fundamentado en una norma de cuotas especiales derivada de la aplicación del Acuerdo EEE, no siempre parezcan ajustarse a la legislación del EEE;

República de Islandia

12.  Toma nota de la carta de 12 de marzo de 2015 enviada por el Gobierno islandés relativa a su posición en cuanto país candidato a la adhesión a la UE; insta encarecidamente a Islandia a que intensifique sus esfuerzos al objeto de cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo sobre el EEE, dado que su déficit de transposición es del 2,8 %, el más elevado de entre todos los Estados en cuestión; alienta a la UE y a Islandia a que refuercen su cooperación en materia de preparación frente a los desastres, entre otros aspectos, y que dediquen recursos para abordar los desafíos conexos;

Reino de Noruega

13.  Celebra que Noruega, país con el que se han estrechado vínculos estos últimos años, forme parte de la iniciativa Líderes, que tiene por objeto la mejora del mercado único; observa, no obstante, que ha habido un aumento del déficit de transposición hasta alcanzar el 2 %, e insta a Noruega a que redoble sus esfuerzos en este sentido, en particular con miras a hacer realidad el mercado interior de la energía; anima a que se intensifique la cooperación en materia de política energética, entre otras; señala que es necesario examinar algunos problemas que persisten todavía en relación con el aumento de los derechos de importación sobre determinados productos;

Principado de Andorra, Principado de Mónaco, República de San Marino

14.  Observa que del estrechamiento de las relaciones podrían derivarse beneficios mutuos, en particular a escala regional y local en regiones vecinas de la UE, por lo que celebra la apertura de negociaciones sobre acuerdos de asociación en cuanto importante avance en su participación en el mercado único y, posiblemente, en ulteriores ámbitos, teniendo en cuenta en todo momento la naturaleza particular de estos países;

Aplicación de la legislación relativa al mercado único: Confederación Suiza

15.  Elogia las sólidas relaciones, de larga data y siempre fecundas, entre la UE y Suiza, que tanto han aportado a la paz, prosperidad y crecimiento de Europa en las últimas décadas; expresa su convencimiento de que dichas relaciones pueden tanto intensificarse de manera provechosa para ambas partes mediante una revisión exhaustiva de los acuerdos sectoriales de modo plenamente acorde con los principios fundamentales de la UE como acrecentar las múltiples coincidencias e intereses comunes;

16.  Se felicita, en este contexto, de la apertura en mayo de 2014 de las negociaciones relativas a un acuerdo marco institucional como requisito indispensable para seguir avanzando en un enfoque bilateral; hace hincapié en que, sin dicho acuerdo marco, será imposible la celebración de ningún otro acuerdo relativo a la participación de Suiza en el mercado interior; insta al Gobierno suizo a que redoble sus esfuerzos al objeto de avanzar en las negociaciones sobre las cuestiones pendientes;

17.  Toma nota del resultado de la iniciativa popular de 9 de febrero de 2014 «Contra la inmigración masiva», así como de las decisiones adoptadas el 11 de febrero de 2015 por el Consejo Federal Suizo en cuanto a su aplicación: una propuesta legislativa al respeto y nuevas medidas de acompañamiento; hace hincapié en que esto incumple las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre la libre circulación de personas y espera que Suiza respete estas obligaciones; señala que no debe confundirse la cuestión de la migración de ciudadanos de terceros países con la libre circulación de personas consagrada en los Tratados; resalta que las medidas unilaterales establecidas por Suiza para evitar la discriminación de los ciudadanos croatas no llegan a remplazar las consecuencias de la ratificación del Protocolo por el que se amplía el Acuerdo sobre la libre circulación de personas para incluir a Croacia, y que la ratificación de dicho Protocolo podría allanar el camino a la continuación y la ampliación de la participación de Suiza en el programa Horizonte 2020 a partir de 2016, al objeto de promover el acceso de los investigadores a la financiación de dicho programa; pide a la Comisión que trabaje con Suiza y los Estados miembros para encontrar una solución satisfactoria que respete las disposiciones de los acuerdos pertinentes y los principios del Estado de Derecho;

18.  Insiste en que la libre circulación de personas es una de las libertades fundamentales y un pilar del mercado único y siempre ha sido parte integrante y requisito indispensable del enfoque bilateral entre la UE y Suiza; apoya plenamente, por lo tanto, la negativa dada por la UE en julio de 2014 a la solicitud de las autoridades suizas de renegociar el Acuerdo sobre la libre circulación de personas al objeto de introducir un régimen de cuotas o de preferencia nacional; toma nota con preocupación de la existencia de información relativa a la aplicación por algunas empresas y algunos cantones de un sistema de preferencia nacional, al tiempo que señala que este tipo de prácticas vulneran el acuerdo de libre circulación;

19.  Señala que la limitación de la libre circulación de personas solicitada mediante referéndum por Suiza amenaza con crear un desequilibrio y reducir los efectos positivos de los acuerdos para los Estados miembros de la UE;

20.  Toma nota de que, a raíz de la suspensión de las negociaciones sobre la participación de Suiza en el programa Erasmus+, Suiza ha adoptado una solución transitoria; manifiesta su preocupación por el hecho de que estas medidas repercutirán probablemente en la movilidad de los estudiantes de educación superior entre la UE y Suiza; pide a Suiza que haga todo lo posible por cumplir las condiciones requeridas para su participación en el programa Erasmus+ con el fin de garantizar la reciprocidad de los intercambios y no penalizar a las jóvenes generaciones;

21.  Insta a que continúe la práctica actual que permite que las empresas de taxi de los Estados miembros de la UE puedan prestar servicios en Suiza sin ninguna restricción, dado que dicha práctica ha prestado una notable contribución al desarrollo económico de las regiones fronterizas de Suiza y redunda en beneficio mutuo;

22.  Pide a la Comisión que examine de forma más detallada las implicaciones de la compra y el arrendamiento de tierras por agricultores suizos en las regiones fronterizas de la UE;

23.  Lamenta la introducción y el posterior ratificación por parte de Suiza de medidas de acompañamiento unilaterales en el contexto del acuerdo sobre libre circulación de personas, como el cobro de tasas para cubrir gastos administrativos, el requisito de presentación de garantías bancarias o una combinación de esas medidas, dado que obstaculizan gravemente la prestación en Suiza —en particular, por parte de las pymes— de servicios que están sujetos al acuerdo; pide a Suiza que, por consiguiente, revise dichas medidas con el fin de que se ajusten a las disposiciones del acuerdo sobre la libertad de movimiento;

24.  Opina que la aplicación en 2013 de la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales se hizo esperar en exceso y pide la rápida incorporación de la Directiva 2013/55/UE en el anexo del acuerdo sobre la libertad de movimiento; espera, asimismo, que Suiza encuentre la forma de garantizar que el contrato siga en vigor; toma nota de la reciente actualización del anexo II del Acuerdo sobre la libre circulación de personas con vistas a garantizar una coordinación más eficaz de los sistemas de seguridad social de la UE y Suiza; pide a Suiza que mantenga esta senda de buena aplicación del acervo de la UE;

25.  Opina que debe haber reciprocidad y equidad entre el EEE y Suiza en cuanto al uso del mercado único;

26.  Pide a la Comisión que en el futuro tenga en cuenta todas las implicaciones para las regiones de la UE limítrofes con Suiza de la introducción de nuevas normas, como la reciente modificación del artículo 561 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, que pretende imponer fuertes restricciones al uso para fines privados, por parte de los empleados residentes en el territorio aduanero de la UE, de vehículos de empresa matriculados en un tercer país;

27.  Señala que, en términos generales, la cooperación en el marco del Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo en materia de evaluación de la conformidad (ARM) es satisfactoria, si bien el funcionamiento del Acuerdo podría mejorarse notablemente si Suiza se comprometiera a actualizarlo coherentemente siguiendo la evolución del Derecho de la UE;

28.  Pide la supresión de los obstáculos a la movilidad profesional transfronteriza con vistas a profundizar el mercado interior; insiste para ello en la importancia de favorecer el aprendizaje de lenguas y de informar mejor y dar un apoyo concreto a los trabajadores para que encuentren trabajo, en especial gracias a la red EURES, en Suiza y en el conjunto de los países del EEE; se felicita, por lo tanto, de la participación activa de Suiza en las actividades de la red EURES, en particular en las regiones transfronterizas; pide a Suiza que continúe con el desarrollo de sus servicios EURES transnacionales y transfronterizos, de conformidad con el actual Reglamento EURES, con vistas a favorecer la movilidad de los trabajadores y a crear un mercado del empleo realmente integrado entre la UE y Suiza; con vistas a mejorar la movilidad de los trabajadores, anima también a que se realicen esfuerzos encaminados a identificar un amplio abanico de industrias emergentes y de sectores de crecimiento claves en los que los países del EEE, Suiza y los Estados miembros concentren sus esfuerzos a la hora de desarrollar sus respectivas bases de competencias, con el fin de adaptar mejor las capacidades y cualificaciones al suministro y la demanda;

o
o   o

29.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
(2) DO L 354 de 28.12.2013, p. 132.
(3) DO C 308 E de 20.10.2011, p. 18.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0041.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0069.

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