Índice 
Textos aprobados
Miércoles 25 de noviembre de 2015 - EstrasburgoEdición definitiva
Proyecto de presupuesto rectificativo nº 8/2015: Recursos propios, Supervisor Europeo de Protección de Datos
 Movilización del Instrumento de Flexibilidad para medidas presupuestarias inmediatas para hacer frente a la crisis de los refugiados
 Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE: pago de anticipos en el marco del presupuesto 2016
 Procedimiento presupuestario 2016: texto conjunto
 Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares
 Autorización para usos del ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP)
 Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas
 Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020

Proyecto de presupuesto rectificativo nº 8/2015: Recursos propios, Supervisor Europeo de Protección de Datos
PDF 250kWORD 65k
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 8/2015 de la Unión Europea para el ejercicio 2015, Recursos propios, Supervisor Europeo de Protección de Datos (13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))
P8_TA(2015)0404A8-0337/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(1) del Consejo, y, en particular, su artículo 41,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, aprobado definitivamente el 17 de diciembre de 2014(2),

–  Visto el presupuesto rectificativo n.º 1/2015, aprobado definitivamente el 28 de abril de 2015(3),

–  Vistos los presupuestos rectificativos n.º 2/2015, 3/2015, 4/2015 y 5/2015, aprobados definitivamente el 7 de julio de 2015(4),

–  Vistos los presupuestos rectificativos n.º 6/2015 y n.º 7/2015, aprobados definitivamente el 14 de octubre de 2015,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(5),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 2015/623 del Consejo, de 21 de abril de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(6),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(7),

–  Vista la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas(8),

–  Visto el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 8/2015 aprobado por la Comisión el 19 de octubre de 2015 (COM(2015)0545),

–  Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 8/2015 aprobada por el Consejo el 10 de noviembre de 2015 y transmitida al Parlamento Europeo en esa misma fecha (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  Vistos los artículos 88 y 91 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0337/2015),

A.  Considerando que el presupuesto rectificativo n.º 8/2015 hace referencia a una revisión de las previsiones en lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (aranceles aduaneros), la previsión presupuestaria del saldo del IVA y la RNB de 2014 y la previsión presupuestaria del IVA y la RNB de 2015;

B.  Considerando que el presupuesto rectificativo n.º 8/2015 también actualiza las previsiones para otros ingresos;

C.  Considerando que el presupuesto rectificativo n.º 8/2015 prevé asimismo una reducción de 123 474 EUR en créditos de compromiso y de pago en el presupuesto del Supervisor Europeo de Protección de Datos;

D.  Considerando que el presupuesto rectificativo n.º 8/2015 tiene como resultado una reducción de las contribuciones de los Estados miembros basadas en la RNB por valor de 9 400 millones de euros;

1.  Toma nota del proyecto de presupuesto rectificativo n.º 8/2015 presentado por la Comisión, así como de la Posición del Consejo al respecto;

2.  Observa que el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 8/2015 en todos sus aspectos se traduce en una reducción de las contribuciones de los Estados miembros al presupuesto de la Unión por valor de 9 403,4 millones de euros;

3.  Destaca la necesidad de importantes recursos financieros adicionales para afrontar la actual crisis de los refugiados;

4.  Observa que todavía no se han cumplido las promesas financieras hechas por los Estados miembros al Fondo UE-África para Infraestructuras, al Fondo Fiduciario de la UE para Siria y a las agencias de las Naciones Unidas que ayudan a los refugiados, y que se han vuelto a confirmar en la reunión informal de los Jefes de Estado y de Gobierno sobre migración celebrada el 23 de septiembre de 2015, en el Consejo Europeo de 15 de octubre de 2015 y en la Cumbre de La Valeta de los días 11 y 12 de noviembre de 2015; lamenta que, según los datos de la Comisión, los Estados miembros tuvieran un retraso de 2 300 millones de euros a principios de noviembre de 2015;

5.  Observa que se van a necesitar nuevos esfuerzos financieros para facilitar ayuda humanitaria en las rutas de tránsito y para gestionar los retos que plantea la recepción de un número sin precedentes de refugiados en ciudades y regiones europeas;

6.  Lamenta profundamente que no haya podido alcanzarse un compromiso firme en conciliación sobre el uso de los fondos de reversión del presupuesto rectificativo n.º 8/2015 para hacer frente a la crisis de los refugiados; espera, no obstante, que los Estados miembros cumplan totalmente los compromisos que han asumido con anterioridad;

7.  Aprueba la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.° 8/2015;

8.  Encarga a su Presidente que declare que el presupuesto rectificativo nº 8/2015 ha quedado definitivamente aprobado y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

9.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(2) DO L 69 de 13.3.2015, p. 1.
(3) DO L 190 de 17.7.2015, p. 1.
(4) DO L 261 de 7.10.2015.
(5) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(6) DO L 103 de 22.4.2015, p. 1.
(7) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(8) DO L 163 de 23.6.2007, p. 17.


Movilización del Instrumento de Flexibilidad para medidas presupuestarias inmediatas para hacer frente a la crisis de los refugiados
PDF 267kWORD 66k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para medidas presupuestarias inmediatas para hacer frente a la crisis de los refugiados, de conformidad con el apartado 12 del Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))
P8_TA(2015)0405A8-0336/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(1), y, en particular, su artículo 11,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 2015/623 del Consejo, de 21 de abril de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(2),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3), y en particular su apartado 12,

–  Visto el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio financiero 2016, que la Comisión aprobó el 24 de junio de 2015 (COM(2015)0300), modificado por las notas rectificativas n.os 1/2016 (COM(2015)0317) y 2/2016 (COM(2015)0513),

–  Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, adoptada por el Consejo el 4 de septiembre de 2015 y transmitida al Parlamento Europeo el 17 de septiembre de 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  Vista su posición sobre el proyecto de presupuesto general para 2016 adoptada el 28 de octubre de 2015(4),

–  Visto el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación el 14 de noviembre de 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0336/2015),

A.  Considerando que, tras haberse examinado todas las posibilidades de reasignación de los créditos de compromiso en las rúbricas 3 y 4, resulta necesario movilizar el Instrumento de Flexibilidad en relación con los créditos de compromiso;

B.  Considerando que la Comisión había propuesto la movilización del Instrumento de Flexibilidad para complementar la financiación, en el presupuesto general de la Unión para el ejercicio 2016, por encima del límite máximo de la rúbrica 3 en 1 504 millones EUR en créditos de compromiso para financiar medidas en el marco de la Agenda Europea de Migración;

C.  Considerando que, además de un importe definitivo de 1 506 millones EUR por encima del límite máximo de la rúbrica 3, el Comité de Conciliación convocado para el presupuesto de 2016 aceptó la propuesta de la delegación del Parlamento de una nueva movilización del Instrumento de Flexibilidad por valor de 24 millones EUR por encima del límite máximo de la rúbrica 4, para abordar la dimensión externa de los retos planteados por la crisis de los refugiados;

D.  Considerando que con ello el volumen total del Instrumento de Flexibilidad para el ejercicio financiero 2016, que incluye los importes no utilizados procedentes de los ejercicios 2014 y 2015, queda completamente agotado;

1.  Señala que los límites máximos de 2016 para las rúbricas 3 y 4 no permiten una adecuada financiación de medidas urgentes en el ámbito de la migración y los refugiados;

2.  Expresa, por tanto, su acuerdo con la movilización del Instrumento de Flexibilidad por un importe de 1 530 millones EUR en créditos de compromiso;

3.  Expresa su acuerdo, asimismo, con la propuesta de asignación de los créditos de pago correspondientes por valor de 734,2 millones EUR en 2016, 654,2 millones EUR en 2017, 83 millones EUR en 2018 y 58,6 millones EUR en 2019;

4.  Reitera que la movilización de este instrumento, previsto en el artículo 11 del Reglamento MFP, demuestra una vez más la imperativa necesidad de que el presupuesto de la Unión sea más flexible; señala que estos créditos adicionales son únicamente posibles gracias a la prórroga de importes no utilizados de los Instrumentos de Flexibilidad correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015; destaca que no se prorrogará ningún importe al ejercicio 2017, limitándose así toda movilización del Instrumento de Flexibilidad a su límite máximo anual de 471 millones EUR (a precios de 2011);

5.  Reitera la opinión que ha mantenido tradicionalmente en el sentido de que, sin perjuicio de la posibilidad de movilizar los créditos de pago para líneas presupuestarias específicas por medio del Instrumento de Flexibilidad sin una movilización anterior de los compromisos, los pagos derivados de compromisos movilizados previamente mediante el Instrumento de Flexibilidad solo puedan contabilizarse por encima de los límites máximos;

6.  Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución;

7.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

8.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para medidas presupuestarias inmediatas para hacer frente a la crisis de los refugiados

(No se reproduce el texto del presente anexo dado que coincide con el acto final, la Decisión (UE) 2016/253.)

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(2) DO L 103 de 22.4.2015, p. 1.
(3) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0376.


Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE: pago de anticipos en el marco del presupuesto 2016
PDF 246kWORD 62k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, de conformidad con el apartado 11 del Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera con el fin de financiar el pago de anticipos en el marco del presupuesto de 2016 (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))
P8_TA(2015)0406A8-0335/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea(1),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(2), y en particular su artículo 10,

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3), y en particular su apartado 11,

–  Visto el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación el 14 de noviembre de 2015 (14195/2015 – C8‑0353/2015),

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0335/2015),

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 4 bis, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 2012/2002, se dispone de un importe de 50 000 000 euros para el pago de anticipos con cargo a créditos del presupuesto general de la Unión;

1.  Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución;

2.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para el pago de anticipos

((No se reproduce el texto del presente anexo dado que coincide con el acto final, la Decisión (UE) 2016/252.)

(1) DO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(3) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.


Procedimiento presupuestario 2016: texto conjunto
PDF 471kWORD 183k
Resolución
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre el texto conjunto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, aprobado por el Comité de Conciliación en el marco del procedimiento presupuestario (14195/2015 – C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))
P8_TA(2015)0407A8-0333/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación y las declaraciones del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  Visto el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, adoptado por la Comisión el 24 de junio de 2015 (COM(2015)0300),

–  Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, adoptada por el Consejo el 4 de septiembre de 2015 y transmitida al Parlamento Europeo el 17 de septiembre de 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  Vistas las notas rectificativas n.ºs 1/2016 (COM(2015)0317) y 2/2016 (COM(2015)0513) al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016,

–  Vistas su Resolución, de 28 de octubre de 2015, sobre la Posición del Consejo relativa al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016(1) y las enmiendas presupuestarias adjuntas,

–  Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Vista la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas(2),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(3),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(4),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(5),

–  Vistos los artículo 90 y 91 de su Reglamento,

–  Visto el informe de su delegación en el Comité de Conciliación (A8-0333/2015),

1.  Aprueba el texto conjunto acordado por el Comité de Conciliación, integrado por el conjunto de los documentos siguientes:

   la lista de las líneas presupuestarias no modificadas con respecto al proyecto de presupuesto o la posición del Consejo,
   el resumen de las cifras por rúbricas del marco financiero,
   las cifras por líneas de todas las partidas presupuestarias,
   un documento consolidado con indicación de las cifras y el texto final de todas las líneas que han sido modificadas en la reunión de conciliación;

2.  Confirma las declaraciones comunes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión adjuntas a la presente Resolución;

3.  Confirma su declaración sobre la aplicación del apartado 27 del Acuerdo Interinstitucional;

4.  Encarga a su Presidente que declare que el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 ha quedado definitivamente aprobado y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución legislativa al Consejo, a la Comisión, a las demás instituciones y a los órganos interesados, así como a los Parlamentos nacionales.

ANEXO

FINAL 14.11.2015

Presupuesto 2016 – Conclusiones comunes

Estas conclusiones comunes cubren las secciones siguientes:

1.  Presupuesto 2016

2.  Presupuesto 2015 – Presupuesto rectificativo n° 8/2015

3.  Declaraciones comunes

Presentación sucinta

A.  Presupuesto 2016

Según los elementos de las conclusiones comunes:

—  El nivel global de créditos de compromiso en el presupuesto para 2016 asciende a 155 004,2 millones EUR. En conjunto, ello deja un margen por debajo de los límites máximos para 2016 de 2 331,4 millones EUR en créditos de compromiso.

—  El nivel global de créditos de pago en el presupuesto para 2016 asciende a 143 885,3 millones EUR.

—  Se moviliza el Instrumento de Flexibilidad para 2016 por importe de 1 506 millones EUR en créditos de compromiso para la rúbrica 3 (Seguridad y ciudadanía) y por un importe de 24 millones EUR en créditos de compromiso para la rúbrica 4 (Europa global).

—  La Comisión estima en 832,8 millones EUR los créditos de pago de 2016 relacionados con la movilización del Instrumento de Flexibilidad en 2014, 2015 y 2016.

B.  Presupuesto 2015

Según los elementos de las conclusiones comunes:

—  Se acepta el proyecto de presupuesto rectificativo 8/2015 propuesto por la Comisión.

1.  Presupuesto 2016

1.1.  Líneas «cerradas»

Salvo que se indique lo contrario en estas conclusiones, se confirman todas las líneas presupuestarias no modificadas por el Consejo o el Parlamento, así como aquellas que incluyen enmiendas del Consejo aceptadas por el Parlamento durante sus lecturas respectivas.

Para las demás partidas presupuestarias, el Comité de Conciliación ha acordado las conclusiones consignadas en los puntos 1.2 a 1.6 que se exponen seguidamente.

1.2.  Cuestiones transversales

Agencias descentralizadas

La contribución de la UE (en créditos de compromiso y en créditos de pago) y el número de puestos para todos los organismos descentralizados quedan fijados en el nivel propuesto por la Comisión en el proyecto de presupuesto modificado por las notas rectificativas 1 y 2/2016 con los siguiente ajustes acordados por el Comité de Conciliación:

—  Incremento de la plantilla (financiado con tasas) de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA Biocidas, + 3 puestos) y reducción de los créditos en 1 350 000 EUR;

—  Incremento de la plantilla (financiado con tasas) de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, + 6 puestos);

—  Incremento de la plantilla (financiado con tasas) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, + 3 puestos);

—  Incremento de la plantilla y de los créditos asociados de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER, + 5 puestos y + 325 000 EUR);

—  Incremento de la plantilla y de los créditos asociados de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA, + 2 puestos y + 130 000 EUR);

—  Incremento de la plantilla y de los créditos asociados de Eurojust (+ 2 puestos y + 130 000 EUR);

—  Incremento de los créditos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, + 928 000 EUR);

—  Reducción de los créditos para la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu.LISA, –260 000 EUR).

Agencias ejecutivas

La contribución de la UE (en créditos de compromiso y en créditos de pago) y el número de puestos para las agencias ejecutivas quedan fijados en el nivel propuesto por la Comisión en el proyecto de presupuesto modificado por las notas rectificativas 1 y 2/2016.

Proyectos piloto/acciones preparatorias

Se aprueba un amplio paquete de 89 proyectos piloto/acciones preparatorias (PP/AP) por un importe de 64,9 millones EUR en créditos de compromiso, tal y como propuso el Parlamento.

Cuando un proyecto piloto o una acción preparatoria estén cubiertos por una base jurídica, la Comisión puede proponer la transferencia de créditos a la base jurídica correspondiente con el fin de facilitar la ejecución de la acción.

Este paquete respeta plenamente los límites máximos para los proyectos piloto y las acciones preparatorias previstos en el Reglamento Financiero.

1.3.  Rúbricas de gastos del marco financiero – créditos de compromiso

El Comité de Conciliación ha tenido en cuenta las citadas conclusiones sobre las líneas presupuestarias «cerradas», las agencias y los proyectos piloto y las acciones preparatorias, y ha acordado lo siguiente:

Subrúbrica 1a

Los créditos de compromiso se fijan en el nivel propuesto por la Comisión en el proyecto de presupuesto, modificado mediante las notas rectificativas 1 y 2/2016, integrando los siguientes ajustes acordados en el Comité de Conciliación:

—  Los compromisos para «H2020» se incrementan, con el siguiente desglose:

En euros

Línea presupuestaria

Nombre

PP 2016 (incl. NR 1 y 2)

Presupuesto 2016

Diferencia

02 04 02 01

Liderazgo en materia espacial

158 446 652

159 792 893

1 346 241

02 04 02 03

Fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas (PYME)

35 643 862

35 738 414

94 552

02 04 03 01

Lograr una economía más eficiente en el uso de los recursos y resistente al cambio climático y un abastecimiento sostenible de materias primas

74 701 325

75 016 498

315 173

05 09 03 01

Garantizar un abastecimiento suficiente de alimentos seguros y de elevada calidad y otros bioproductos

212 854 525

214 205 269

1 350 744

06 03 03 01

Lograr un sistema europeo de transporte que utilice eficientemente los recursos, sea respetuoso con el medio ambiente, sea seguro y no presente fisuras

109 250 820

110 916 737

1 665 917

08 02 01 03

Reforzar las infraestructuras de investigación europeas, incluidas las infraestructuras electrónicas

183 108 382

183 905 321

796 939

08 02 02 01

Liderazgo en nanotecnologías, materiales avanzados, láseres, biotecnología, y fabricación y procesamiento avanzados

502 450 912

504 175 361

1 724 449

08 02 02 03

Fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas (PYME)

35 967 483

36 120 567

153 084

08 02 03 01

Mejorar la salud a lo largo de toda la vida y el bienestar

522 476 023

524 745 272

2 269 249

08 02 03 02

Garantizar un abastecimiento suficiente de alimentos seguros, saludables y de calidad superior y otros bioproductos

141 851 093

142 233 804

382 711

08 02 03 03

Facilitar la transición a un sistema energético fiable, sostenible y competitivo

333 977 808

335 369 074

1 391 266

08 02 03 04

Lograr un sistema europeo de transporte más eficiente en el uso de los recursos, que sea respetuoso con el medio ambiente y funcione con seguridad y sin fisuras

330 992 583

331 555 393

562 810

08 02 03 05

Lograr una economía más eficiente en el uso de los recursos y resistente al cambio climático y un abastecimiento sostenible de materias primas

283 265 173

284 530 369

1 265 196

08 02 03 06

Impulsar sociedades europeas inclusivas, innovadoras y reflexivas

111 929 624

112 411 389

481 765

08 02 06

Ciencia con y para la sociedad

53 267 640

53 497 266

229 626

09 04 01 01

Fortalecimiento de la investigación sobre las tecnologías futuras y emergentes

213 825 023

215 400 890

1 575 867

09 04 01 02

Reforzar las infraestructuras de investigación europeas, incluidas las infraestructuras electrónicas

97 173 367

97 889 261

715 894

09 04 02 01

Liderazgo en las tecnologías de la información y comunicación

718 265 330

723 681 812

5 416 482

09 04 03 01

Mejorar la salud a lo largo de toda la vida y el bienestar

117 323 526

118 188 002

864 476

09 04 03 02

Impulsar sociedades europeas inclusivas, innovadoras y reflexivas

36 289 820

36 564 471

274 651

09 04 03 03

Fomentar sociedades europeas seguras

45 457 909

45 791 092

333 183

10 02 01

Horizonte 2020 — Apoyo científico y técnico a las políticas de la Unión Europea, impulsado por los clientes

24 646 400

25 186 697

540 297

15 03 05

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología — Integración del triángulo del conocimiento de la educación superior, la investigación y la innovación

219 788 046

224 938 881

5 150 835

18 05 03 01

Fomentar sociedades europeas seguras

134 966 551

136 092 171

1 125 620

32 04 03 01

Facilitar la transición a un sistema energético fiable, sostenible y competitivo

322 875 370

324 676 361

1 800 991

Total

31 828 018

—  Los compromisos para «COSME» se incrementan, con el siguiente desglose:

En euros

Línea presupuestaria

Nombre

PP 2016 (incl. NR 1 y 2)

Presupuesto 2016

Diferencia

02 02 01

Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso a los mercados de las empresas de la Unión

108 375 000

110 264 720

1 889 720

02 02 02

Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en forma de capital y de deuda

160 447 967

172 842 972

12 395 005

Total

14 284 725

—  Los compromisos para «Erasmus+» se incrementan, con el siguiente desglose:

En euros

Línea presupuestaria

Nombre

PP 2016 (incl. NR 1 y 2)

Presupuesto 2016

Diferencia

15 02 01 01

Promoción de la excelencia y la cooperación en el espacio europeo de educación y formación y su pertinencia para el mercado de trabajo

1 451 010 600

1 457 638 273

6 627 673

Total

6 627 673

En consecuencia, y teniendo en cuenta las agencias descentralizadas y los proyectos piloto y las acciones preparatorias, el nivel acordado de compromisos se fija en 19 010,0 millones EUR, con lo que no se deja margen alguno por debajo del límite máximo de gasto de la subrúbrica 1 y se utiliza el margen global para compromisos por importe de 543 millones EUR.

Subrúbrica 1b

Los créditos de compromiso se fijan en el nivel propuesto en el proyecto de presupuesto, modificado mediante las notas rectificativas 1 y 2/2016:

Teniendo en cuenta los proyectos piloto y las acciones preparatorias, el nivel acordado de compromisos se fija en 50 831,2 millones EUR, con lo que se deja un margen de 5,8 millones EUR por debajo del límite de gasto de la subrúbrica 1b.

Rúbrica 2

Los créditos de compromiso se fijan en el nivel propuesto por la Comisión en el proyecto de presupuesto, modificado mediante las notas rectificativas 1 y 2/2016, con una ulterior reducción de 140,0 millones EUR derivada del incremento de los ingresos asignados al FEAGA y un incremento de la línea presupuestaria 11 06 62 01. En consecuencia, el Comité de Conciliación ha acordado lo siguiente:

En euros

Línea presupuestaria

Nombre

PP 2016 (incl. NR 1 y 2)

Presupuesto 2016

Diferencia

05 03 01 10

Régimen de pago básico

16 067 000 000

15 927 000 000

-140 000 000

11 06 62 01

Asesoramiento y conocimientos científicos

8 485 701

8 680 015

194 314

Total

-139 805 686

Teniendo en cuenta las agencias descentralizados y los proyectos piloto y las acciones preparatorias, el nivel acordado de compromisos se fija en 62 484,2 millones EUR, con lo que se deja un margen de 1 777,8 millones EUR por debajo del límite de gasto de la rúbrica 2.

Rúbrica 3

Los créditos de compromiso se fijan en el nivel propuesto por la Comisión en el proyecto de presupuesto, modificado mediante las notas rectificativas 1 y 2/2016, integrando los siguientes ajustes acordados en el Comité de Conciliación:

En euros

Línea presupuestaria

Nombre

PP 2016 (incl. NR 1 y 2)

Presupuesto 2016

Diferencia

09 05 05

Acciones multimedia

24 186 500

26 186 500

2 000 000

17 04 01

Garantizar un mejor estado de la salud de los animales y un alto nivel de protección de los animales en la Unión

177 000 000

171 925 000

-5 075 000

17 04 02

Garantizar la oportuna detección de organismos nocivos para los vegetales y su erradicación

14 000 000

12 000 000

-2 000 000

17 04 03

Garantizar la eficacia, la eficiencia y la fiabilidad de los controles

50 401 000

47 401 000

-3 000 000

17 04 04

Fondo para medidas de emergencia relacionadas con la sanidad animal y las cuestiones fitosanitarias

20 000 000

19 000 000

-1 000 000

Total

-9 075 000

En consecuencia, y teniendo en cuenta las agencias descentralizadas, los proyectos piloto, las acciones preparatorias y la movilización del Instrumento de Flexibilidad para las migraciones, el nivel acordado de compromisos se fija en 4 052,0 millones EUR, con lo que no se deja margen alguno por debajo del límite máximo de gasto de la rúbrica 3 y se movilizan 1 506,0 millones EUR a través del Instrumento de Flexibilidad.

Rúbrica 4

Los créditos de compromiso se fijan en el nivel propuesto por la Comisión en el proyecto de presupuesto, modificado mediante las notas rectificativas 1 y 2/2016, integrando las siguientes modificaciones acordadas en el Comité de Conciliación:

En euros

Línea presupuestaria

Nombre

PP 2016 (incl. NR 1 y 2)

Presupuesto 2016

Diferencia

13 07 01

Ayuda económica para impulsar el desarrollo económico de la comunidad turcochipriota

31 212 000

33 212 000

2 000 000

21 02 07 03

Desarrollo humano

161 633 821

163 633 821

2 000 000

21 02 07 04

Seguridad alimentaria y nutricional y agricultura sostenible

187 495 232

189 495 232

2 000 000

21 02 07 05

Migración y asilo

45 257 470

57 257 470

12 000 000

22 02 01 01

Apoyo a las reformas políticas y al ajuste progresivo al acervo de la Unión correspondiente

188 000 000

190 000 000

2 000 000

22 02 01 02

Apoyo al desarrollo económico, social y territorial y al ajuste progresivo al acervo de la Unión correspondiente

326 960 000

327 960 000

1 000 000

22 02 03 01

Apoyo a las reformas políticas y al ajuste progresivo al acervo de la Unión correspondiente

240 300 000

255 300 000

15 000 000

22 02 03 02

Apoyo al desarrollo económico, social y territorial y al ajuste progresivo al acervo de la Unión correspondiente

321 484 000

340 484 000

19 000 000

22 04 01 01

Países mediterráneos — Buena gobernanza, derechos humanos y movilidad

135 000 000

144 000 000

9 000 000

22 04 01 02

Países mediterráneos — Reducción de la pobreza y desarrollo sostenible

636 900 000

640 900 000

4 000 000

22 04 01 03

Países mediterráneos — Fomento de la confianza, seguridad y prevención y solución de conflictos

116 000 000

131 000 000

15 000 000

22 04 01 04

Apoyo al proceso de paz y asistencia financiera a Palestina y al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (OOPS)

272 100 000

290 100 000

18 000 000

22 04 02 03

Asociación Oriental — Fomento de la confianza, seguridad, prevención y solución de conflictos

8 000 000

9 300 000

1 300 000

22 04 03 03

Apoyo a otros tipos de cooperación plurinacional con los países vecinos Programa general

189 500 000

193 500 000

4 000 000

23 02 01

Entrega rápida, eficaz y basada en las necesidades de ayuda humanitaria y ayuda alimentaria

1 035 818 000

1 061 821 941

26 003 941

Total

132 303 941

En consecuencia, y una vez tenidos en cuenta los proyectos piloto y las acciones preparatorias, el nivel acordado de compromisos se fija en 9 167,0 millones EUR, con lo que no se deja margen alguno por debajo del límite máximo de gasto de la rúbrica 4 y se movilizan 24,0 millones EUR a través del Instrumento de Flexibilidad.

Rúbrica 5

Se aprueban los puestos en los organigramas de las instituciones y los créditos propuestos por la Comisión en el proyecto de presupuesto, modificado mediante las notas rectificativas 1 y 2/2016, con las siguientes excepciones:

—  El Parlamento Europeo, cuya lectura se aprueba, con una reducción de 9 puestos;

—  El Consejo, cuya lectura se aprueba;

—  El Tribunal de Justicia, al que se conceden 7 puestos adicionales (+ 300 000 EUR);

—  El Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, cuya lectura por el Parlamento Europeo se aprueba.

Se prevé que el 26 de noviembre de 2015 la Comisión apruebe el informe sobre el impacto presupuestario de la actualización de las remuneraciones de 2015 del personal de todas las instituciones de la UE, que tendrá efectos retroactivos a partir de 1 de julio de 2015, y de las pensiones.

En consecuencia, teniendo en cuenta los proyectos piloto y las acciones preparatorias, el nivel acordado de compromisos se fija en 8 935,2 millones EUR, con lo que se deja un margen de 547,8 millones EUR por debajo del límite de gasto de la rúbrica 5.

Fondo de Solidaridad de la Unión Europea

Los créditos de compromiso se fijan en el nivel propuesto por la Comisión en el proyecto de presupuesto, modificado mediante las notas rectificativas 1 y 2/2016, incluida la movilización de 50 millones EUR del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para el pago de los anticipos.

1.4.  Créditos de pago

El nivel global de créditos de pago en el presupuesto para 2016 asciende a 143 885,3 millones EUR, incluidos 832,8 millones EUR asociados a la movilización del Instrumento de Flexibilidad.

El desglose de los créditos de pago se fija en el nivel propuesto por la Comisión en el proyecto de presupuesto, modificado mediante las notas rectificativas 1 y 2/2016, integrando los siguientes ajustes acordados en el Comité de Conciliación:

1.  En primer lugar, se tiene en cuenta el nivel aprobado de los créditos de compromiso para los gastos no diferenciados, cuyo nivel de créditos de pago es igual, al nivel de los compromisos. Esto incluye también las agencias descentralizadas, para las cuales la contribución de la UE en créditos de pago se fija en el nivel propuesto en el punto 1.2. El efecto combinado es una reducción de 140,0 millones EUR.

2.  Los créditos de pago para la totalidad de los nuevos proyectos piloto y de las nuevas acciones preparatorias se fijan en el 50 % de los compromisos correspondientes o en el nivel propuesto por el Parlamento si es inferior. En caso de prórroga de los proyectos piloto y de las acciones preparatorias existentes, el nivel de los pagos es el definido en el proyecto de presupuesto, al que se añade el 50 % de los nuevos compromisos correspondientes, o el nivel propuesto por el Parlamento si este fuera menor. El efecto combinado es un incremento de 29,5 millones EUR.

3.  Los créditos de pago se reducen en 460,1 millones EUR, desglosados como sigue:

En euros

Línea presupuestaria

Nombre

PP 2016 (incl. NR 1 y 2)

Presupuesto 2016

Diferencia

02 05 01

Desarrollo y suministro de infraestructuras y servicios mundiales de radionavegación por satélite (Galileo) de aquí a 2020

308 000 000

297 000 000

-11 000 000

02 05 02

Prestación de servicios por satélite que permitan mejorar el rendimiento del GPS y cubran progresivamente la totalidad de la región de la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) de aquí a 2020 (EGNOS)

215 000 000

207 000 000

-8 000 000

02 05 51

Finalización de los programas europeos de radionavegación por satélite (EGNOS y Galileo)

17 000 000

16 000 000

-1 000 000

02 06 01

Prestación de servicios operativos basados en observaciones espaciales y datos in situ (Copernicus)

125 000 000

121 000 000

-4 000 000

02 06 02

Formar una capacidad autónoma de la Unión para la observación de la Tierra (Copernicus)

475 000 000

459 000 000

-16 000 000

04 02 19

Finalización del Fondo Social Europeo — Competitividad regional y empleo (2007 a 2013)

1 130 000 000

1 109 595 811

-20 404 189

04 02 61

Fondo Social Europeo — Regiones en transición — Objetivo de inversión en crecimiento y empleo

930 000 000

927 965 850

-2 034 150

04 02 62

Fondo Social Europeo — Regiones más desarrolladas — Objetivo de inversión en crecimiento y empleo

2 200 000 000

2 178 091 258

-21 908 742

04 02 63 01

Fondo Social Europeo — Asistencia técnica operativa

12 000 000

7 200 000

-4 800 000

05 04 05 01

Programas de desarrollo rural

3 268 000 000

3 235 000 000

-33 000 000

05 04 60 01

Promover un desarrollo rural sostenible y un sector agrícola de la Unión más equilibrado desde la óptica territorial y medioambiental, más respetuoso con el clima y más innovador

8 574 000 000

8 487 000 000

-87 000 000

13 03 18

Finalización del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) — Competitividad regional y empleo

2 345 348 000

2 302 998 509

-42 349 491

13 03 61

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) — Regiones en transición — Objetivo de inversión en crecimiento y empleo

1 863 122 000

1 860 036 800

-3 085 200

13 03 62

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) — Regiones más desarrolladas — Inversión en crecimiento y empleo

2 775 630 000

2 750 605 336

-25 024 664

13 03 64 01

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) — Cooperación territorial europea

328 430 000

284 930 000

-43 500 000

13 03 65 01

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) — Asistencia técnica operativa

66 215 941

57 415 941

-8 800 000

13 03 66

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) — Acciones innovadoras en el ámbito del desarrollo urbano sostenible

53 149 262

48 649 262

-4 500 000

13 04 01

Finalización de proyectos del Fondo de Cohesión (anteriores a 2007)

90 000 000

70 000 000

-20 000 000

13 04 60

Fondo de Cohesión — Objetivo de inversión en crecimiento y empleo

4 100 000 000

4 077 806 436

-22 193 564

13 04 61 01

Fondo de Cohesión — Asistencia técnica operativa

22 106 496

20 606 496

-1 500 000

32 05 01 02

Construcción, funcionamiento y explotación de las instalaciones ITER— Empresa Común Europea para el ITER — Fusión para la energía (F4E)

150 000 000

131 000 000

-19 000 000

32 05 51

Finalización de la Empresa Común Europea para el ITER — Fusión para la energía (F4E) (2007-2013)

350 000 000

289 000 000

-61 000 000

Total

-460 100 000

4.  El nivel combinado de los créditos de pago fijado en los apartados 1 a 3 es 570,6 millones EUR inferior al propuesto por la Comisión en su proyecto de presupuesto modificado por las notas rectificativas 1 y 2/2016 para las partidas de gastos en cuestión.

1.5.  Comentarios presupuestarios

Las enmiendas introducidas por el Parlamento o el Consejo en el texto de los comentarios presupuestarios se aprueban en la medida en que no modifiquen o amplíen el ámbito de un fundamento jurídico existente, conculquen la autonomía administrativa de las instituciones, provoquen dificultades operativas o no puedan ser cubiertas por los recursos disponible (tal como se indica en el anexo a la nota de ejecutabilidad).

1.6.  Nuevas líneas presupuestarias

Salvo indicación en contrario en las conclusiones conjuntas adoptadas por el Comité de Conciliación o acordadas conjuntamente por ambas ramas de la Autoridad Presupuestaria en sus respectivas lecturas, la nomenclatura presupuestaria propuesta por la Comisión en el proyecto de presupuesto modificado por las notas rectificativas 1 y 2/2016 permanecerá inalterada con las excepciones de los proyectos piloto y las acciones preparatorias y de la división del artículo 18 04 01 (Iniciativa Ciudadana Europea) en dos partidas: 18 04 01 01, «Europa con los ciudadanos — Fortalecer la memoria histórica y aumentar la capacidad para la participación ciudadana a nivel de la Unión»; y 18 04 01 02, «Iniciativa Ciudadana Europea».

2.  Presupuesto 2015

Se aprueba el proyecto de presupuesto rectificativo 8/2015 propuesto por la Comisión.

3.  Declaraciones conjuntas

3.1.  Declaraciones conjuntas del Parlamento y el Consejo y declaración de la Comisión sobre la Iniciativa de Empleo Juvenil

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión recuerdan que la reducción del desempleo juvenil sigue siendo una prioridad política fundamental y compartida, y con ese fin reiteran su determinación de hacer el mejor uso posible de los recursos presupuestarios disponibles para abordar el fenómeno, en particular de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ).

Recuerdan que, con arreglo al artículo 14, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020, «los márgenes que hayan quedado disponibles por debajo de los límites máximos del MFP para créditos de compromiso para los años 2014-2017 constituirán un margen global del MFP para compromisos, que se pondrá a disposición por encima de los límites máximos establecidos en el MFP para los ejercicios 2016 a 2020 a fin de alcanzar los objetivos de políticas relacionadas con el crecimiento y el empleo, particularmente el empleo juvenil».

En el marco de la revisión a medio plazo del MFP la Comisión extraerá las enseñanzas a partir de los resultados de la evaluación de la IEJ, acompañadas en su caso de propuestas para continuar la iniciativa hasta 2020.

El Consejo y el Parlamento se comprometen a estudiar rápidamente las propuestas presentadas por la Comisión en este sentido.

3.2.  Declaración conjunta sobre las previsiones de pago 2016-2020

Basándose en el acuerdo existente sobre el plan de pagos 2015-2016, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión reconocen las medidas adoptadas para suprimir gradualmente el retraso acumulado de reclamaciones pendientes de pago correspondientes a los programas de cohesión 2007-2013 y para mejorar la vigilancia de cualquier acumulación de retrasos de pago de facturas en todas las líneas presupuestarias. Reiteran su compromiso de prevenir una acumulación de retrasos similar en el futuro, en particular mediante el establecimiento de un sistema de alerta temprana.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión vigilarán atentamente a lo largo del año el estado de ejecución del presupuesto de 2016, con arreglo al plan de pagos aprobado; en particular, los créditos previstos en el presupuesto de 2016 permitirán a la Comisión reducir los retrasos de finales de año de las reclamaciones de pago pendientes correspondientes a los programas de cohesión 2007-2013 hasta un nivel de aproximadamente 2 000 millones para finales de 2016.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión seguirán evaluando la ejecución de los pagos y las previsiones actualizadas en reuniones interinstitucionales ad hoc, con arreglo al punto 36 del anexo del Acuerdo Interinstitucional, que deberían celebrarse a nivel político al menos tres veces durante 2016.

En este contexto, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión recuerdan que en estas reuniones se deben tratar también las previsiones a más largo plazo sobre la expectativa de evolución de los pagos hasta el término del MFP 2014-2020.

3.3.  Declaración del Parlamento Europeo sobre la aplicación del apartado 27 del Acuerdo Interinstitucional

El Parlamento Europeo se ha comprometido a continuar con la reducción del número total de puestos de su plantilla de personal y a completarla para 2019, con arreglo al calendario que figura a continuación y teniendo en cuenta que en 2016 se realizará una reducción neta de 18 puestos:

Reducciones netas anuales del número total de puestos autorizados en la plantilla de personal del Parlamento Europeo en comparación con el ejercicio precedente

Reducción pendiente para alcanzar el objetivo del 5 %(6)

2017

2018

2019

2017-2019

179

-60

-60

-59

-179

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0376.
(2) DO L 163 de 23.6.2007, p. 17.
(3) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(4) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(5) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(6) El Parlamento Europeo considera que los puestos temporales de los grupos políticos identificados en su plantilla de personal están excluidos de la reducción del 5 %.


Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares
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Resolución
Anexo
Anexo
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (2015/2066(INI))
P8_TA(2015)0408A8-0317/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 4 y 13 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistos los artículos 107, 108, 113, 115, 116, 175 y 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista su Decisión, de 12 de febrero de 2015, sobre el establecimiento de una Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares, sus competencias, composición numérica y mandato(1),

–  Vistas las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre resoluciones fiscales y otras prácticas fiscales perniciosas en Luxemburgo, que se conocen como «LuxLeaks»,

–  Vistos los resultados de las cumbres del G7, el G8 y el G20 sobre cuestiones fiscales de ámbito internacional, en especial las cumbres celebradas en Elmau (7 y 8 de junio de 2015), Brisbane (15 y 16 de noviembre de 2014), San Petersburgo (5 y 6 de septiembre de 2013), Lough Erne (17 y 18 de junio de 2013) y Pittsburgh (24 y 25 de septiembre de 2009),

–  Visto el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 1998 sobre la competencia fiscal perniciosa: un problema mundial emergente,

–  Visto el informe titulado «Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios» de la OCDE de 2013, el Plan de acción de esta organización al respecto (BEPS) y sus publicaciones posteriores,

–  Vistas las conclusiones recientes del Consejo Europeo sobre la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (14 de marzo de 2013), la fiscalidad (22 de mayo de 2013), el intercambio automático de información (18 de diciembre de 2014), la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), el intercambio automático de información a escala mundial y las medidas fiscales perniciosas (18 de diciembre de 2014) y la evasión fiscal (27 de junio de 2014),

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) y su informe al Consejo Europeo sobre cuestiones fiscales, de 22 de junio de 2015,

–  Vistos los informes semestrales del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) sobre el Código de Conducta, dirigidos al Consejo,

–  Vistas la Directiva sobre cooperación administrativa(2), la Directiva sobre intereses y cánones(3) y las recientes propuestas legislativas de la Comisión para modificarlas,

–  Vista la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes(4) («Directiva sobre matrices y filiales»), modificada por última vez en 2015,

–  Vista la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas(5),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 del TFUE(6),

–  Vista la Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua de las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos y de los impuestos sobre las primas de seguros(7),

–  Vista la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión(8),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo, de 26 de febrero de 2007, relativa a las actividades del Foro Conjunto de la Unión Europea sobre Precios de Transferencia en el ámbito de los procedimientos de prevención y resolución de litigios, y a las Directrices para los acuerdos previos sobre esos precios en la UE (COM(2007)0071),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de diciembre de 1998, relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas(9),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de junio de 2015, titulada «Un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea: cinco ámbitos de actuación fundamentales» (COM(2015)0302),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de marzo de 2015, sobre la transparencia fiscal para luchar contra la evasión y la elusión fiscales (COM(2015)0136),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, titulada «Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal» (COM(2012)0722),

–  Vista la Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, sobre la planificación fiscal agresiva (C(2012)8806),

–  Vista la Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, relativa a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal (C(2012)8805),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de junio de 2012, sobre formas concretas de reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, también en relación con terceros países (COM(2012)0351),

–  Vistas la propuesta de la Comisión de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) (COM(2011)0121) y la posición del Parlamento al respecto, de 19 de abril de 2012(10),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2011, titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681),

–  Vistos la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 1 de diciembre de 1997, relativa a un Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas(11), y los informes periódicos del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) al Consejo,

–  Vista la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 30 de abril de 2014, sobre la protección de los denunciantes de irregularidades,

–  Vistos el informe Simmons & Simmons de 1999 sobre las prácticas administrativas a que se refiere el apartado 26 del informe del Grupo «Código de Conducta» de 1999, conocido como informe Primarolo (SN 4901/99,) y la actualización de este informe de 2009,

–  Vistas las enmiendas adoptadas por el Parlamento, el 8 de julio de 2015, a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, y la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a determinados elementos de la declaración sobre gobernanza empresarial(12),

–  Vista su Resolución, de 8 de julio de 2015, sobre la elusión fiscal y la evasión fiscal como obstáculos a la gobernanza, la protección social y el desarrollo en los países en desarrollo(13),

–  Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre la fiscalidad(14),

–  Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre el Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha contra el fraude(15),

–  Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero(16),

–  Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales(17),

–  Vista su Resolución, de 19 de abril de 2012, sobre la necesidad de adoptar medidas concretas para combatir el fraude y la evasión fiscales(18),

–  Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre fiscalidad y desarrollo – Cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales(19),

–  Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre el fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal(20),

–  Vistas las distintas audiencias parlamentarias —así como los informes correspondientes sobre esta cuestión—, mantenidas en el seno de los Parlamentos nacionales y, en especial, en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, el Senado de los Estados Unidos y la Asamblea Nacional Francesa,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares (A8-0317/2015),

LuxLeaks: hechos y cifras

A.  Considerando que el escándalo LuxLeaks, que estalló el 5 de noviembre de 2014 gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el cual publicó unas 28 000 páginas de documentos confidenciales por los que se establecían más de 500 resoluciones fiscales privadas entre la administración tributaria luxemburguesa y más de 300 empresas multinacionales entre 2002 y 2010, reveló el alcance del recurso a acuerdos secretos que incluían complejas estructuras financieras concebidas para obtener importantes reducciones fiscales; que, en muchos casos, filiales en Luxemburgo gestionaron centenares de millones de euros de empresas que tienen una presencia reducida y ejercen poca actividad económica en este país;

B.  Considerando que las cuestiones relativas a la erosión de la base imponible del impuesto sobre sociedades y las prácticas de planificación fiscal agresiva son conocidas y se analizan en el ámbito internacional desde hace, al menos, varias décadas; que LuxLeaks atrajo la atención del público y de los medios de comunicación hacia estas cuestiones, al revelar prácticas fiscales cuestionables fomentadas por empresas de auditoría en un Estado miembro específico; que las investigaciones de la Comisión y la labor del Parlamento por medio de su comisión especial han revelado que no se trata de un caso aislado, sino que la adopción de medidas fiscales para reducir la deuda tributaria global de algunas grandes sociedades a fin de aumentar de forma artificial la base imponible nacional a expensas de otros países, algunos de los cuales están sometidos a medidas de austeridad, es una práctica generalizada en Europa y fuera de ella;

C.  Considerando que tales comportamientos, que a menudo resultan en la desvinculación del lugar en que se genera el valor y el lugar en que se gravan los beneficios, no se limitan a las resoluciones fiscales, sino que abarcan un amplio abanico de prácticas fiscales perniciosas que aplican las administraciones tributarias nacionales en la UE y en terceros países;

D.  Considerando que someter estas prácticas al control público forma parte de la supervisión democrática; que, teniendo en cuenta sus repercusiones negativas para el conjunto de la sociedad, solo pueden subsistir si permanecen ocultas o se toleran; que los periodistas de investigación, el sector no gubernamental y la comunidad académica han desempeñado un papel clave a la hora de denunciar casos de elusión fiscal y de informar de ello al público, y que, en la medida en que no pueden evitarse, su denuncia no debe depender del valor y el sentido ético de denunciantes individuales, sino que debe formar parte de mecanismos más sistemáticos de notificación e intercambio de información;

Posición de los Estados miembros ante la fiscalidad de las empresas

E.  Considerando que los ingresos del impuesto sobre la renta de las sociedades en los 28 Estados miembros de la Unión ascendió a una media del 2,6 % del PIB en 2012(21);

F.  Considerando que, de conformidad con el Tratado, la fiscalidad de las empresas es competencia principalmente de los Estados miembros; que, teniendo la UE la competencia en materia de fiscalidad, el ejercicio de esa competencia debe regirse normalmente por la regla de la unanimidad en el Consejo; que esta circunstancia ha motivado que no se hayan adoptado todavía decisiones significativas a escala de la UE en el ámbito de la fiscalidad de las empresas, a pesar de los avances recientes en la integración de la UE en lo que se refiere al mercado interior y a otros ámbitos cubiertos por los Tratados de la Unión, como los acuerdos comerciales internacionales, la moneda única, la gobernanza económica y fiscal y los principios y la legislación contra el blanqueo de capitales; que los Estados miembros deben respetar la legislación europea en materia de competencia y velar por que su legislación fiscal sea compatible con los principios del mercado interior y no cree distorsiones de la competencia; que, al otorgar el derecho de veto a cada Estado miembro, la regla de la unanimidad en el Consejo reduce los incentivos para pasar del statu quo a una solución más cooperativa; que, salvo que se recurra al procedimiento establecido en el artículo 116 del TFUE, para cambiar el requisito de la unanimidad en asuntos de fiscalidad directa sería necesario modificar el Tratado;

G.  Considerando que la situación actual, en virtud de la cual cada Estado miembro tiene un derecho de veto, implica que todos los Estados miembros deben actuar de manera decidida y cooperar en la lucha contra el problema paneuropeo de la evasión y la elusión fiscales;

H.  Considerando que, con algunas excepciones loables, los representantes políticos nacionales no han dado muestras, hasta la fecha, de voluntad de querer abordar el problema de la elusión fiscal, incluidas las resoluciones fiscales;

I.  Considerando que en el mercado interior europeo los capitales circulan libremente y las grandes empresas facilitan información sobre sus actividades de forma consolidada pero que las autoridades fiscales recaudan los impuestos a nivel nacional e intercambian muy poca información entre sí;

J.  Considerando que, en un mercado interior completado, ninguna distorsión artificial debe afectar a las decisiones de inversión y de localización de las empresas; que, no obstante, la globalización, la digitalización y la libre circulación de capitales crean las condiciones para una competencia fiscal más intensa entre Estados miembros y con terceros países, con vistas a atraer inversión y empresas; que es importante mantener las empresas en Europa y atraerlas, pero que estas iniciativas no deben adoptar la forma de regímenes fiscales potencialmente perniciosos, destinados en primer lugar a fomentar la inversión y atraer actividad económica adicional en reacción a medidas similares aplicadas por países vecinos o cuyo objetivo es corregir lo que se consideran desequilibrios preexistentes entre los Estados miembros, en cuanto a riqueza relativa, tamaño o posición periférica; que, por otra parte, en algunas jurisdicciones parece existir una correlación entre unos sistemas de fiscalidad de las empresas atractivos y un elevado nivel de riqueza nacional; que el diseño óptimo de los sistemas fiscales depende de numerosos factores y varía, por consiguiente, de un país a otro; que la competencia fiscal perniciosa entre Estados miembros limita el potencial del mercado único;

K.  Considerando que, en lugar de concentrarse meramente en la creación de un entorno empresarial atractivo con, por ejemplo, buenas infraestructuras y una mano de obra de gran calidad, en particular mediante gastos generadores de productividad, y de garantizar la estabilidad y previsibilidad de los sistemas fiscales, cada país, cuando opera en un contexto de competencia fiscal, se sirve de su legislación nacional en conjunción con su red de acuerdos fiscales para promoverse como destino de las inversiones y/o como nodo central por el que se canalicen los flujos financieros o en el que se registran los beneficios, atrayendo de este modo a empresas o sociedades ficticias a costa de otros países socios y creando prácticas desleales hacia ellos; que, considerados por separado, cada país tiene un claro interés en actuar «por libre», esto es, en ser el primero en diseñar y aplicar disposiciones y regímenes fiscales específicos para atraer la base imponible y el último en participar en cualquier acción cooperativa y coordinada con miras a abordar la elusión fiscal;

L.  Considerando que existe una competencia fiscal entre los Estados miembros; que en el artículo 4 del TUE se recoge el principio de cooperación leal entre los Estados miembros de la Unión; que los Estados miembros deben aplicar plenamente el principio de cooperación leal en materia de competencia fiscal;

M.  Considerando que algunos Estados miembros mantienen posiciones ambivalentes en cuanto a la elusión fiscal, lamentándose por un lado de la erosión de su base imponible nacional y, al mismo tiempo, siendo responsables del diseño de los sistemas fiscales nacionales e internacionales en vigor que la hacen posible, e incluso impidiendo cualquier avance de los sistemas fiscales hacia una solución más coordinada, que, en el marco de una movilidad total del capital dentro de la UE, y atendiendo al objetivo declarado de la Comisión de crear una unión de mercados de capitales, la interdependencia y los efectos mutuos de los sistemas fiscales nacionales y los ingresos fiscales nacionales deben tenerse en cuenta en su conjunto, tomando en consideración los amplios efectos indirectos transfronterizos, positivos y negativos, de las decisiones de cada Estado miembro en materia fiscal, puesto que los incentivos fiscales de un determinado país redundan en la erosión de la base imponible de otro;

N.  Considerando que estamos siendo testigos de una paradoja en virtud de la cual la libre competencia entre los Estados miembros en materia fiscal ha dado lugar a conductas anticompetitivas y a distorsiones de la competencia;

O.  Considerando que la introducción del mercado único europeo ha demostrado ser muy beneficioso para las economías nacionales, al hacerlas más competitivas y atractivas en una economía globalizada, y que la convergencia fiscal entre los Estados miembros tendrá, en última instancia, el mismo efecto;

P.  Considerando que el legislador y las administraciones tributarias, a menudo insuficientemente dotadas, no pueden anticipar sino solo reaccionar, algunas veces con gran retraso, a los regímenes innovadores de elusión fiscal concebidos y fomentados por algunos asesores fiscales, en particular de grandes empresas de auditoría, abogados y empresas intermediarias; que, en particular, la experiencia demuestra que los organismos de la UE que deben impedir la introducción de medidas fiscales perniciosas (por ejemplo el Grupo «Código de Conducta» creado por los Estados miembros en 1998, o la Comisión como guardiana de los Tratados) han dado muestras de su incapacidad para contrarrestar esta evolución indeseable, a veces reaccionando de forma ineficaz o sobre la base de un mandato demasiado limitado, y que se ha introducido en la Unión una multitud de nuevas medidas o acuerdos de elusión fiscal, a menudo agresivos, como el régimen de incentivos sobre las rentas procedentes de la cesión de activos intangibles («patent box»); que las multinacionales, en la UE y en todo el mundo, confían en la experiencia de un sector bien organizado y competente de asesores fiscales, bancos y otros proveedores de servicios financieros para desarrollar sus regímenes de elusión fiscal; que este sector está representado al mismo tiempo en organismos que asesoran a gobiernos y a instituciones públicas en cuestiones fiscales, como, por ejemplo, la Plataforma sobre la Buena Gobernanza Fiscal de la UE; que existe una preocupación por los conflictos de intereses que podrían surgir ante el hecho de que las mismas empresas faciliten asesoramiento tanto a las autoridades públicas como a las empresas multinacionales privadas;

Q.  Considerando que toda planificación fiscal debe realizarse dentro de los límites del Derecho y los Tratados aplicables; que, por consiguiente, la respuesta más adecuada a una planificación fiscal agresiva es una buena legislación y una coordinación internacional orientada a los resultados deseados;

R.  Considerando que la aplicación de la legislación es decisiva para la consecución de los objetivos deseados; que esta aplicación corresponde a las administraciones nacionales que, a menudo, tienen pocos incentivos para cooperar entre sí a escala europea; que esta situación se suma a las divergencias derivadas de las diferencias en las legislaciones de toda la Unión y las agrava;

S.  Considerando que la troika institucional (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) encargada de supervisar los programas de ajuste financiero y presupuestario en Estados miembros como Portugal y Grecia no intentó impedir amnistías fiscales, resoluciones fiscales, beneficios fiscales y regímenes de exención fiscal que eran y son injustamente discriminatorios, al favorecer a las empresas y personas que eluden el pago de impuestos, causando una gran sangría en los ingresos públicos e incrementando la carga sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los ciudadanos, que ya sufren una carga impositiva excesiva;

T.  Considerando que la investigación y la persecución de los delitos fiscales y del blanqueo de capitales, que con frecuencia incluyen operaciones financieras y personas jurídicas en diversas jurisdicciones, constituye un gran reto; que, con frecuencia, el personal de los Estados miembros encargado de las investigaciones y que lleva a cabo las acciones judiciales contra los autores de delitos fiscales y otros delitos financieros no está suficientemente formado ni equipado;

U.  Considerando que las políticas de austeridad y contención presupuestaria de los últimos años han reducido significativamente la capacidad de las administraciones tributarias para investigar los delitos fiscales y las prácticas fiscales perniciosas; que estos recortes fueron particularmente perjudiciales en los países objeto de programas de asistencia financiera dirigidos por la troika, en los que el aumento de los ingresos del Estado se logró a costa de la sobrecarga impositiva de las pymes y los ciudadanos, en tanto que, con frecuencia, las grandes sociedades y los ricos defraudadores de impuestos se beneficiaron de amnistías fiscales, resoluciones fiscales y otras exenciones fiscales y regímenes de ventajas fiscales, como ocurrió en Portugal y Grecia;

Resoluciones fiscales y prácticas fiscales perniciosas

V.  Considerando que las resoluciones fiscales cubren una amplia gama de prácticas en los Estados miembros, desde una política ad hoc hasta una aplicación de la legislación claramente estructurada, en cuanto al posible ámbito de aplicación y los temas cubiertos, el carácter vinculante, la frecuencia de uso, la publicidad, la duración y el pago de tarifas, y que no existe una definición acordada en común de las resoluciones fiscales en el ámbito internacional, excepto la referencia de la Comisión a ellas como «cualquier comunicación u otros instrumentos o recursos de efectos similares empleados por el Estado miembro o en su nombre en relación con la interpretación o aplicación de la legislación fiscal»;

W.  Considerando que las resoluciones fiscales no son en sí mismas problemáticas, dado que —como es su finalidad original— pueden ofrecer seguridad jurídica al contribuyente y reducir los riesgos financieros de las empresas honestas en aquellos casos en que la legislación fiscal o su aplicación concreta no quedan claras o son objeto de interpretaciones divergentes en determinadas circunstancias, especialmente cuando se trata de operaciones complejas, con lo que se evitan futuros litigios entre el contribuyente y las autoridades fiscales;

X.  Considerando que la práctica de las resoluciones se ha desarrollado, en el marco de una relación más estrecha y cooperativa entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, como un instrumento para abordar la complejidad creciente del tratamiento fiscal de determinadas transacciones en una economía cada vez más compleja, global y digitalizada; que, a pesar de las afirmaciones de los Estados miembros de que las resoluciones no son discrecionales, sino un mero instrumento para clarificar la legislación fiscal existente, aunque se mantengan en secreto, los trabajos de la comisión especial han confirmado que las resoluciones judiciales pueden emitirse sin ningún marco jurídico mediante acuerdos informales o discrecionales que apoyan estructuras creadas con fines fiscales que dependen de instrumentos de planificación fiscal habitualmente utilizados por las empresas multinacionales con objeto de reducir su contribución fiscal; que este parece ser el caso particular, aunque no exclusivo, de las resoluciones relativas a la fijación de los precios de transferencia entre empresas (los denominados acuerdos previos sobre precios de transferencia); que, al ofrecer seguridad jurídica solo a algunos actores elegidos pueden crear desigualdad entre las empresas para las que se han adoptado y las empresas del mismo sector que no tienen acceso a ellas;

Y.  Considerando que ni la OCDE ni la Comisión Europea han pedido que se ponga fin a la práctica de las resoluciones fiscales como tales;

Z.  Considerando que las resoluciones fiscales previas no deben afectar de ninguna manera al tratamiento fiscal de ninguna operación, ni beneficiar a un contribuyente en perjuicio de otro, sino que, en igualdad de condiciones, deben tener el mismo efecto que la aplicación ex post de las disposiciones fiscales subyacentes; que, en consecuencia, este informe no se centra únicamente en las resoluciones fiscales, sino que incluye, en consonancia con el mandato recibido de la comisión especial (TAXE), cualquier medida fiscal de naturaleza o efectos similares, dentro del término genérico de «prácticas fiscales perniciosas», esto es, medidas destinadas a atraer a empresas o transacciones no residentes a expensas de otras jurisdicciones fiscales en las que normalmente deberían gravarse dichas transacciones y/o medidas destinadas a favorecer únicamente a algunas empresas, distorsionando de esa forma la competencia;

AA.  Considerando que las prácticas fiscales perniciosas pueden relacionarse, en cierta medida, con uno o varios de los siguientes efectos indeseados: falta de transparencia, discriminación arbitraria, distorsión de la competencia y desigualdad de condiciones dentro y fuera del mercado interior, repercusiones sobre la integridad del mercado único y sobre la equidad, estabilidad y legitimidad del sistema fiscal, una fiscalidad superior en factores económicos menos móviles, mayor desigualdad económica, competencia desleal entre Estados, erosión de la base imponible, descontento social, desconfianza y déficit democrático;

AB.  Considerando que debe reconocerse que, si bien las pymes siguen siendo el motor de la economía y del empleo en Europa, las empresas multinacionales desempeñan también una función clave en la generación de inversión, crecimiento económico y empleo; que el pago de la parte de impuestos que les corresponde en el país en el que tiene lugar realmente su actividad económica y la creación de valor sigue siendo una contribución fundamental de esas empresas al bienestar y la sostenibilidad de las sociedades europeas;

La labor de la comisión especial

AC.  Considerando que su comisión especial competente, creada el 26 de febrero de 2015, celebró catorce reuniones, durante las cuales oyó al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, al comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, al presidente en ejercicio del Consejo, Pierre Gramegna, a los ministros de Finanzas de Francia —Michel Sapin—, Alemania —Wolfgang Schäuble—, Italia —Pier Carlo Padoan— y España —Luis de Guindos—, a representantes de la OCDE, denunciantes de irregularidades, periodistas de investigación, expertos, académicos, representantes de las multinacionales, asociaciones profesionales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, así como a miembros de los Parlamentos nacionales de la UE (véase el anexo 1); que delegaciones de la Comisión TAXE visitaron Suiza para examinar aspectos específicos de la dimensión relativa a los terceros países de su mandato, y los siguientes Estados miembros a fin de llevar a cabo misiones de investigación: Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido; que también se organizaron reuniones con representantes de los Gobiernos de Gibraltar y las Bermudas; considerando que todas estas actividades, pese a haber aportado información valiosa de diversa índole sobre los sistemas y prácticas fiscales de la UE, no han aclarado todas las cuestiones pertinentes, en particular las incoherencias que siguen existiendo en las declaraciones del presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker en relación con la página del informe Krecké mantenida en secreto durante largo tiempo;

AD.  Considerando que parte del trabajo de la comisión se vio obstaculizado por el hecho de que varios Estados miembros y el Consejo no respondieron a su debido tiempo (véase el anexo 2) y, al final, no remitieron toda la documentación solicitada o simplemente dieron respuestas de cortesía que apenas incidían en la sustancia de las solicitudes formuladas; que, de las diecisiete multinacionales invitadas, solo cuatro aceptaron comparecer ante la comisión en junio y julio de 2015 la primera vez que fueron invitadas; que otras once empresas multinacionales solo aceptaron comparecer ante la comisión después de la votación del informe en la Comisión TAXE y tras repetidas invitaciones, de modo que hubo de convocarse una nueva reunión extraordinaria poco después de la votación en el Pleno (véase el anexo 3); que la Comisión no cooperó plenamente tampoco y no envió todos los documentos de sesión y notas de las reuniones informales referentes al Código de Conducta, ofreciendo solo, debido a la intransigencia de algunos Estados miembros, un procedimiento limitado de consulta; que, por ello, fue necesario prolongar el mandato de la comisión;

AE.  Considerando que varias investigaciones de la Comisión sobre ayudas públicas en relación con acuerdos previos de precios de transferencia, validados por resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares, que afectan a los beneficios imponibles atribuidos a determinadas filiales de multinacionales seguían todavía en curso en el momento de la aprobación del presente informe;

Visión general de las prácticas en materia de fiscalidad de las empresas en los Estados miembros

1.  Recuerda que los modelos de fiscalidad de las empresas en vigor en los países industrializados fueron concebidos en la primera mitad del siglo XX, una época en que la actividad transfronteriza era limitada; señala que la globalización y la digitalización de la economía han modificado radicalmente la cadena de valor mundial y el funcionamiento de los mercados y que las empresas de mayor tamaño cuentan en la actualidad con una estructura transnacional que forzosamente rebasa las normas fiscales nacionales; hace hincapié en que las normas nacionales e internacionales en el ámbito fiscal no han seguido el ritmo de las transformaciones del entorno empresarial;

2.  Destaca la necesidad de formular una política fiscal equilibrada y justa como parte integrante de la reforma estructural en los Estados miembros;

3.  Señala que, al tiempo que el cumplimiento de los distintos sistemas fiscales resulta cada vez más complejo para las empresas con operaciones transfronterizas, la globalización y la digitalización facilitan la organización de sus actividades por medio de centros financieros extraterritoriales y la creación de estructuras sofisticadas cuya finalidad es reducir la contribución impositiva global; expresa su preocupación por el hecho de que, debido a la crisis económica y de la deuda y al saneamiento presupuestario, la mayor parte de los Estados miembros hayan reducido considerablemente el personal de sus administraciones tributarias; subraya que conviene dotar a las administraciones tributarias nacionales de suficientes efectivos, en particular recursos humanos, para permitirles que funcionen de forma efectiva a la hora de prevenir, detectar y combatir la planificación fiscal agresiva, la evasión fiscal y la elusión fiscal, que generan una importante erosión de su base imponible, y garantizar una recaudación de impuestos más satisfactoria y equitativa y la credibilidad del sistema fiscal; toma nota de que algunos estudios realizados han puesto de manifiesto que unos efectivos competentes en las administraciones tributarias suponen unos ingresos para el Estado significativamente superiores a los gastos conexos,, ya que la eficacia de las administraciones tributarias tiene repercusiones directas positivas en los ingresos fiscales;

4.  Recalca la diferencia entre, por un lado, las prácticas perniciosas de determinadas administraciones tributarias y nacionales que permiten que las empresas multinacionales trasladen sus beneficios a fin de evitar la tributación en los territorios donde se generaron dichos beneficios y, por otro, la competencia entre los gobiernos a la hora de atraer la inversión extranjera directa (IED) o de mantener las actividades económicas dentro del país respetando plenamente la legislación de la UE;

5.  Destaca que el Tratado, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, permite a los Estados miembros determinar sus propios tipos del impuesto de sociedades y la base imponible en tanto no se hayan acordado medidas de mayor calado en materia de convergencia fiscal en consonancia con el Tratado; destaca asimismo que, no obstante, las normas excesivamente complejas de los sistemas fiscales nacionales, junto con las diferencias entre estos sistemas, crean lagunas que las multinacionales aprovechan para una planificación fiscal agresiva, lo que provoca la erosión de la base imponible, el traslado de beneficios, una carrera competitiva a la baja y, en última instancia, un resultado económico no óptimo; subraya que este tipo de elusión fiscal es un juego de suma negativa para todos los presupuestos nacionales considerados en su conjunto, dado que los aumentos en los ingresos fiscales resultantes de prácticas perniciosas en un Estado miembro (gracias a excepciones, deducciones específicas o lagunas) no compensan las reducciones de los ingresos fiscales en otros; observa que solo un enfoque conjunto y más coordinado por parte de los Estados miembros, que debe conducir a un marco común en el que los Estados miembros fijen sus tipos impositivos, puede impedir que prosiga la erosión de la base imponible y la competencia fiscal perniciosa y se produzca una carrera de tipos impositivos a la baja;

6.  Recuerda que algunos Estados miembros tienen, formalmente, unos impuestos sobre sociedades más elevados que otros, pero que, en realidad, debido a las deducciones y lagunas que benefician a las empresas nacionales, los tipos impositivos de los primeros son sustancialmente más bajos, con lo que el tipo impositivo en la práctica resulta más bajo que el de los Estados miembros con un tipo impositivo formalmente bajo;

7.  Destaca el hecho de que un impuesto sobre sociedades más reducido en algunos Estados miembros puede dar lugar a unos ingresos fiscales relativamente más altos de los que producirían unos tipos impositivos más altos;

8.  Señala que, de acuerdo con la Comisión(22), entre 1995 y 2014 se han reducido en 12 puntos porcentuales —del 35 % al 23 %— los tipos oficiales del impuesto sobre sociedades en la UE; hace hincapié en que este descenso de los tipos impositivos viene acompañado por una ampliación de la base imponible para mitigar las pérdidas de ingresos, y que los ingresos relativamente estables procedentes de los impuestos a empresas en el mismo periodo también pueden explicarse por una importante tendencia a la «incorporación», esto es, el paso de determinadas formas jurídicas de la actividad empresarial, como la propiedad (individual), al estatuto de sociedad, que comportan un cambio similar de la base imponible sobre las personas físicas a la base imponible sobre las sociedades;

9.  Toma nota de que la mayoría de los Estados miembros desembolsan grandes sumas de dinero en incentivos fiscales destinados a ofrecer a las pymes una ventaja competitiva, pero que, según la Comisión(23), estos intentos se ven socavados por el efecto de la planificación fiscal internacional en tres de cada cuatro Estados miembros examinados en un estudio reciente; observa que dichos efectos colocan a las pymes en una situación de desventaja competitiva pese a los elevados costes asociados a los gastos fiscales para apoyarlas y que estos resultados socavan las intenciones de los responsables políticos nacionales;

10.  Resalta la distancia creciente entre los tipos impositivos oficiales y los efectivos, en especial para las empresas que operan a escala mundial, lo cual refleja, al menos en parte, varias excepciones y exenciones del régimen fiscal general, bien sea perseguidas por el legislador para alcanzar objetivos específicos o bien como resultado de una planificación fiscal agresiva, esto es, de la creación de acuerdos puramente artificiales con fines exclusivamente fiscales;

11.  Hace hincapié en que las disparidades entre los distintos sistemas fiscales a escala mundial contribuyen a una erosión significativa de la base imponible y a la evasión fiscal, pero que una actuación a escala de la UE no bastará por sí sola para abordar estos problemas;

12.  Toma nota de la gran diversidad de los 28 sistemas fiscales de la UE, tanto por lo que se refiere a la definición de la base imponible como al nivel de los tipos impositivos, que es aún mayor si se tienen en cuenta aquellas jurisdicciones especiales con regímenes tributarios autónomos vinculadas a Estados miembros de la UE (territorios de ultramar y territorios dependientes de la Corona británica); lamenta que las nociones y los elementos básicos, como el equilibrio entre la fiscalidad de origen y de residencia, el establecimiento permanente y las entidades fiscales, la sustancia económica y las normas contra los abusos, la definición de intereses y cánones, el tratamiento de los activos inmateriales, y el tratamiento de la deuda y los fondos propios, por no hablar de lo que puede o no puede deducirse de la base imponible, no sean hoy objeto de ninguna definición conjunta ni de orientaciones de la UE, lo cual deja a los Estados miembros con sistemas fiscales no coordinados; subraya la necesidad de armonizar estas definiciones;

13.  Destaca que los regímenes preferenciales nacionales y los desajustes entre los distintos sistemas fiscales dentro del mercado único crean oportunidades para la elusión fiscal; observa que estos efectos no deseados se ven agravados por la interacción de un gran número de acuerdos fiscales bilaterales entre Estados miembros y terceros países, y la insuficiencia en dichos acuerdos de cláusulas contra los abusos;

14.  Señala que este marco fiscal no coordinado dentro de la Unión también adolece de una evidente falta de cooperación entre los Estados miembros; destaca, en este mismo contexto, que los Estados miembros no tienen necesariamente en cuenta los efectos de sus medidas fiscales para otros Estados miembros, no solo al concebir dichas medidas, sino también al compartir información relativa a la aplicación de las mismas, lo que provoca, de facto, una política fiscal basada en perjudicar al vecino, algo que es contrario a las propias bases del proyecto europeo; observa que un intercambio de información automático, sistemático y eficiente entre los Estados miembros permitiría tener en cuenta el tratamiento fiscal de flujos de ingresos específicos o de las transacciones en otros Estados miembros; señala que esta situación contribuye también a crear una situación inaceptable en la que los beneficios generados por las multinacionales en un Estado miembro a menudo se gravan en la Unión con tipos muy bajos o ni siquiera se gravan;

15.  Opina que la política fiscal y la política de competencia deben interpretarse como las dos caras de una misma moneda en el mercado interior, y pide a la Comisión que vuelva a examinar y que refuerce los mecanismos y los recursos de la política de competencia y las ayudas públicas;

16.  Destaca que la convergencia entre los sistemas fiscales nacionales en el seno de la Unión ha sido muy limitada a pesar de una profundización sin precedentes del proceso de integración de la UE en los últimos 30 años, en especial en relación con el mercado único y la unión económica y monetaria; lamenta que la coordinación de los sistemas fiscales nacionales esté muy rezagada con respecto a los esfuerzos de coordinación llevados a cabo en otros ámbitos a escala de la UE, en especial en el marco del Semestre Europeo, a pesar de que, además de la importancia de las medidas sobre los gastos, una parte importante de la combinación de políticas para garantizar el saneamiento presupuestario afecta a los ingresos; opina que este aspecto debería haberse mencionado en el informe de los cinco presidentes sobre la realización de la unión económica y monetaria en Europa, de junio de 2015;

17.  Destaca que la falta de voluntad política para conseguir la convergencia de las políticas fiscales nacionales hace que los Estados miembros opten por un enfoque bilateral, cuando un enfoque común sería más eficaz; recuerda la posibilidad de trabajar sobre la convergencia fiscal utilizando la cooperación reforzada; se felicita, en este sentido, de la voluntad de algunos Estados miembros de crear un impuesto sobre las transacciones financieras;

Los instrumentos para una planificación fiscal agresiva y sus efectos

18.  Destaca que la elusión fiscal de algunas multinacionales puede resultar en unos tipos impositivos efectivos próximos a cero para los beneficios generados en jurisdicciones europeas, y señala que tales multinacionales, al tiempo que se benefician de diversos bienes y servicios públicos en los lugares donde operan, no pagan la parte que les correspondería, con lo que contribuyen a la erosión de la base imponible nacional y a unas mayores desigualdades; subraya asimismo que la posibilidad de trasladar los beneficios solo está al alcance de las empresas que llevan a cabo actividades transfronterizas, lo cual supone una penalización para los competidores cuya actividad se limita a un solo país;

19.  Señala con preocupación que la elusión fiscal de las empresas tiene repercusiones directas en los presupuestos nacionales y en el reparto del esfuerzo tributario entre las diferentes categorías de contribuyentes y entre los factores económicos (en beneficio de los factores más móviles como el capital en forma de IED; lamenta que, además de las distorsiones de la competencia y la desigualdad de condiciones, ello provoque una situación extremadamente preocupante en la que, en un contexto de intensos esfuerzos de saneamiento presupuestario y reformas estructurales, algunos de los contribuyentes con la mayor capacidad contributiva aporten muchísimo menos que los más afectados por la crisis económica, financiera y de la deuda, como los ciudadanos corrientes y las empresas que no utilizan una planificación fiscal agresiva, que frecuentemente se encuadran en la categoría de pymes y a menudo no son capaces de competir con las multinacionales debido a estas desventajas fiscales comparativas; destaca que esta situación puede fomentar la desconfianza en la democracia y afectar al cumplimiento general de las obligaciones fiscales, en particular en los países sometidos a programas de ajuste; lamenta el hecho de que los denunciantes de irregularidades, que brindan a las autoridades nacionales, por el interés público, información clave sobre comportamientos impropios, irregularidades, fraudes o actividades o prácticas ilegales, puedan ser objeto de acciones judiciales y sufrir graves repercusiones personales y económicas; observa con gran preocupación que incluso los periodistas que descubren prácticas ilegales o ilegítimas se han enfrentado en ocasiones a consecuencias análogas;

20.  Señala que una investigación del FMI(24) relativa a 51 países deduce que el traslado de beneficios entre jurisdicciones fiscales genera, por término medio, una pérdida de ingresos de un 5 % en la actual recaudación de los impuestos sobre los beneficios de las empresas, y de casi un 13 % en los países que no pertenecen a la OCDE; observa por otra parte que, según la Comisión, existen pruebas econométricas que muestran que la sensibilidad de la IED a la fiscalidad sobre las empresas ha aumentado con el tiempo; destaca que, según un estudio, se estima que cada año deja de recaudarse en la UE aproximadamente un billón de euros de ingresos fiscales potenciales debido a los efectos combinados del fraude, la evasión fiscal, incluida la economía sumergida, y la elusión fiscal(25), y que las estimaciones señalan unas pérdidas anuales para los presupuestos nacionales debidas a la elusión fiscal de entre 50 000 y 70 000 millones de euros, pero que estas pérdidas de ingresos en toda la Unión podrían en realidad ascender a aproximadamente 160 000-190 000 millones de euros si se tuvieran en cuenta las disposiciones fiscales especiales, las deficiencias en la recaudación y otras actividades similares(26); que la Comisión de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas ha calculado que los países en desarrollo pierden alrededor de 100 000 millones de dólares al año en ingresos debido a la elusión fiscal de las multinacionales; señala que estas cifras deben valorarse con prudencia y pueden subestimar las pérdidas reales para los presupuestos nacionales, teniendo en cuenta la transparencia limitada y los distintos marcos conceptuales y de contabilidad en el mundo, que afectan a la disponibilidad de datos comparables y significativos y a la fiabilidad de las estimaciones;

21.  Observa que las estrategias de planificación fiscal pueden basarse en la estructuración de las sociedades, los acuerdos de financiación para sus filiales o la fijación de precios de transferencia sin relación alguna con las actividades económicas reales, lo que permite el traslado artificial de beneficios entre jurisdicciones con el fin de reducir la contribución fiscal global de las empresas; señala con gran preocupación el creciente número de sociedades ficticias en la UE, que constituyen «sociedades» solo de manera nominal y se usan exclusivamente para fines de evasión fiscal; señala el ejemplo concreto de McDonald's, cuyas prácticas fiscales les habrían ocasionado a los países europeos, según un informe elaborado por una agrupación de sindicatos, unas pérdidas en la recaudación superiores a los 1 000 millones de euros entre 2009 y 2013(27);

22.  Considera que los regímenes preferenciales nacionales y el bajo nivel de coordinación o convergencia entre los sistemas fiscales de los Estados miembros, a pesar de las interconexiones económicas existentes y las interrelaciones en el mercado interior, tienen como consecuencia una serie de desajustes que permiten la planificación fiscal agresiva, las deducciones dobles y la doble no imposición, por ejemplo mediante una o varias de las prácticas siguientes: fijación abusiva de los precios de transferencia, localización de las deducciones en países de alta imposición, transferencias de fondos obtenidos mediante créditos por medio de sociedades interpuestas, transferencias de riesgos, productos financieros híbridos, aprovechamiento de los desajustes normativos, arbitraje fiscal, acuerdos sobre cánones, elección abusiva de los acuerdos más favorables y localización de las ventas de activos en países de baja imposición;

23.  Destaca que, durante sus misiones de investigación en cinco Estados miembros y Suiza, su comisión especial observó que una serie de medidas fiscales nacionales, utilizadas a menudo de manera combinada por las multinacionales, podían constituir prácticas fiscales perniciosas, en especial las siguientes (en una lista que no debe considerarse exhaustiva):

   uso abusivo de las resoluciones fiscales o de los acuerdos de resolución para ir más allá de una mera aclaración de la legislación vigente y obtener un trato fiscal preferente;
   definiciones divergentes de establecimiento permanente y de domicilio fiscal;
   escasa o nula atención a la sustancia económica que permite la creación de entidades con fines especiales (por ejemplo, sociedades ficticias, compañías registradas en un paraíso fiscal,...) con un trato fiscal favorable;
   deducciones de intereses teóricos (lo que permite a las empresas deducir de sus ingresos imponibles un interés ficticio calculado sobre la base de sus fondos propios);
   prácticas de resolución de beneficios extraordinarios (mediante las cuales una empresa puede obtener una confirmación escrita de la administración tributaria de que sus ingresos imponibles no incluyen aquellos beneficios que no se habrían conseguido en una situación intrínseca);
   disposiciones poco claras o no coordinadas en materia de precios de transferencia;
   una serie de regímenes preferenciales, en especial en relación con intangibles (regímenes preferenciales en el ámbito de las patentes («patent boxes»), el conocimiento («knowledge boxes») o la propiedad intelectual («IP boxes»));
   devolución o exención de la retención fiscal en origen sobre los intereses, dividendos y cánones mediante convenios fiscales bilaterales o en virtud de la legislación nacional;
   diferencias entre las calificaciones jurídicas entre Estados miembros (entidades híbridas o créditos híbridos, en los que los gastos de los intereses se transforman en dividendos exentos);
   en el caso de Suiza, regímenes fiscales especiales a escala cantonal para las empresas bajo control extranjero que no se conceden a empresas bajo control nacional (denominados «regímenes de delimitación»);
   ausencia de unas normas generales o específicas eficaces contra los abusos, o una aplicación o interpretación débiles de las mismas;
   y estructuras que pueden ocultar al titular real de los activos y no estar sujetas a los regímenes de intercambio de información, como los fideicomisos y los denominados «puertos francos»;

24.  Toma nota de que, según la Comisión(28), el 72 % de los traslados de beneficios se producen en la Unión mediante los precios de transferencia y la ubicación de la propiedad intelectual;

25.  Destaca que varios Estados miembros han desarrollado en los últimos años regímenes fiscales específicos para reducir los impuestos sobre sociedades a fin de atraer activos intangibles móviles de empresas, por ejemplo los ingresos resultantes de la propiedad intelectual; observa la variedad de reducciones del tipo impositivo y deducciones y en el ámbito de los regímenes propuestos en el ámbito de la innovación («innovation boxes»), de la propiedad intelectual («intellectual property boxes»), del conocimiento («knowledge boxes»), de las patentes («patent boxes»), etc.; hace hincapié en que, en algunos Estados miembros, los contribuyentes no tienen que generar propiedad intelectual ellos mismos o dentro del país a fin de acceder a beneficios fiscales; basta adquirirla a través de una empresa que tenga su domicilio fiscal en la jurisdicción; resalta, por lo tanto, que todo incentivo fiscal a la investigación y el desarrollo debe estar vinculado a gastos reales en la jurisdicción declarada;

26.  Subraya además que, en los sistemas fiscales nacionales, la inversión en investigación y desarrollo puede ya deducirse, incluso si no existen regímenes fiscales favorables a las patentes («patent boxes»), por lo que tales regímenes contribuyen a la elusión fiscal y van en contra del sistema;

27.  Considera que tales regímenes son ejemplos de competencia fiscal perniciosa entre Estados, puesto que, si bien su relación con la economía real y sus efectos en esta son, en la mayoría de los casos, inexistentes, provocan una reducción de los ingresos fiscales de otros países, incluidos algunos Estados miembros; toma nota de que, en una revisión de los incentivos fiscales a la investigación y el desarrollo, la Comisión concluye que parece más probable que los regímenes de incentivos fiscales «patent box» trasladen los beneficios de las sociedades y no que estimulen la innovación(29);

28.  Subraya que, en un entorno económico caracterizado por activos más intangibles, los precios de transferencia se ven influidos a menudo por la falta de transacciones comparables y de referencias, lo que convierte la aplicación consistente del principio de plena competencia, según el cual el precio de las transacciones entre entidades pertenecientes al mismo grupo corporativo deben valorarse de la misma manera que entre entidades independientes, en un ejercicio complejo;

29.  Observa que las orientaciones en vigor para los precios de transferencia conceden a las multinacionales un importante margen de apreciación a la hora de elegir y aplicar los métodos de evaluación; destaca la ausencia de una norma común efectiva para los precios de transferencia y las múltiples derogaciones, excepciones y alternativas previstas que aprovechan las multinacionales, contradiciendo el espíritu de dichas orientaciones, para calcular sus beneficios imponibles según la jurisdicción y reducir su deuda tributaria global mediante, por ejemplo, costes incrementados abusivos, una definición arbitraria de los márgenes de beneficio o la exclusión cuestionable de determinados gastos en sus cálculos; hace hincapié en que la mejor manera de resolver la cuestión de los precios de transferencia a escala de la UE es mediante una base imponible consolidada común, que elimina la necesidad de dichos precios;

30.  Subraya que los expedientes de precios de transferencia presentados por las multinacionales o sus representantes no pueden ser objeto de un seguimiento adecuado por parte de las administraciones tributarias, que a menudo no cuentan con los medios y el personal suficientes para examinar de manera crítica y exhaustiva todos estos análisis y sus resultados o consecuencias;

31.  Lamenta que, en un contexto económico en el que el 60 % del comercio mundial tiene lugar a nivel de intragrupo(30), las directrices para la aplicación de este concepto puramente económico estén fragmentadas a escala nacional y, con ello, sometidas a incoherencias entre Estados miembros y a contenciosos jurídicos;

32.  Destaca, por otra parte, que a pesar del importante número de contenciosos jurídicos en la UE debidos a interpretaciones distintas de los mismos principios de fijación de los precios de transferencia, no existe un mecanismo de resolución de litigios eficiente a escala europea; señala que la resolución de casos sometidos al convenio de arbitraje de la Unión en materia de precios de transferencia puede demorarse hasta ocho años, lo que contribuye a la inseguridad jurídica para las empresas y las administraciones tributarias;

33.  Pone de relieve el importante papel de las grandes empresas de auditoría, incluidas las «cuatro grandes», en la concepción y la difusión de resoluciones y regímenes de elusión fiscal que aprovechan los desajustes entre las legislaciones nacionales; destaca que estas empresas, que parecen obtener una parte importante de sus ingresos de los servicios fiscales, dominar los mercados de auditoría de la mayor parte de Estados miembros y prevalecer en los servicios de asesoramiento fiscal a nivel mundial, constituyen un oligopolio restringido; considera que una situación como esta no puede perdurar sin resultar perjudicial para el funcionamiento del mercado único en los ámbitos de actividad de las «cuatro grandes»; llama la atención sobre el conflicto de intereses derivado de la yuxtaposición, en las mismas empresas, de las actividades de asesoramiento y consultoría en asuntos fiscales destinadas, por una parte, a las administraciones tributarias y, por otra, a los servicios de planificación fiscal de las multinacionales, que explotan las debilidades de las legislaciones nacionales en el ámbito fiscal; opina que deben promoverse las buenas prácticas a este respecto y mejorarse los códigos de conducta existentes; cuestiona, no obstante, la eficacia de los códigos de conducta para las empresas y de las políticas de responsabilidad social de las empresas a la hora de abordar esta cuestión; destaca que las resoluciones fiscales se han convertido, en la Unión y en todo el mundo, en una práctica empresarial habitual, no solo para obtener seguridad jurídica o acuerdos fiscales ventajosos, sino también en casos en los que las disposiciones legislativas no dejan espacio a la interpretación; expresa su preocupación por las estimaciones del sector de la asesoría fiscal en el sentido de que una probabilidad de solo un 50 % de legalidad sea suficiente para recomendar un régimen de planificación fiscal a los clientes(31);

34.  Pide a las autoridades tributarias que optimicen y diversifiquen sus fuentes de conocimientos y mejoren de un modo sustancial el proceso de evaluación del impacto para reducir los riesgos de las consecuencias inesperadas de las nuevas medidas fiscales; recuerda a los Estados miembros que no solamente las diferencias entre los sistemas fiscales, sino también la desmesurada complejidad de los sistemas fiscales nacionales y su escasa estabilidad debido a la excesiva frecuencia de los cambios contribuyen de manera importante a la creación de déficits tributarios, a las injusticias de los sistemas fiscales y a la escasa credibilidad de la política fiscal; subraya a este respecto el obstáculo que supone la fragmentación fiscal para la creación de una unión de los mercados de capitales;

Situación actual y análisis de las medidas de la UE, internacionales y nacionales

35.  Reconoce que, desde la crisis económica y, además, desde el escándalo LuxLeaks, la reacción ante la planificación fiscal agresiva de las multinacionales ocupa un lugar destacado en la agenda política de los Estados miembros, la UE, la OCDE y el G20, pero lamenta que hasta ahora no se hayan hecho progresos significativos en términos prácticos, salvo el proyecto de la OCDE patrocinado por el G20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, que acaba de ser completado y no ha sido aún puesto en marcha por los países;

36.  Observa, en este contexto, que muchos Estados miembros han introducido o tienen la intención de adoptar medidas para atajar la elusión fiscal, en particular, en relación con la limitación de la deducibilidad de los intereses, las normas contra los abusos, una mejor definición del concepto de establecimiento permanente (incluida la preparación de pruebas de la sustancia económica para determinar más eficazmente la presencia tributaria de las empresas), la posible exclusión de las empresas responsables de abusos de la participación en licitaciones públicas o la publicación de regímenes de planificación fiscal que puedan ser útiles para restaurar la credibilidad del sistema fiscal y reducir el lapso de tiempo que transcurre entre el establecimiento de regímenes específicos y la adopción de medidas correctoras, incluidas las legislativas;

37.  Expresa su preocupación, no obstante, ante la posibilidad de que, en ausencia de un planteamiento de cooperación, las medidas unilaterales tomadas por los Estados miembros contra la erosión de la base imponible contribuyan a aumentar la complejidad, generando nuevas asimetrías y, por ende, más oportunidades de elusión fiscal en el mercado interior; destaca que las divergencias en la aplicación por los Estados miembros de directrices internacionales o de la UE podría tener el mismo efecto;

38.  Acoge con satisfacción las diversas iniciativas y propuestas legislativas presentadas por la Comisión en estos últimos veinte años, en particular la más reciente, para avanzar hacia una coordinación más estrecha entre los regímenes del impuesto sobre sociedades de los Estados miembros, con miras a reforzar el mercado interior, resolver las cuestiones de doble imposición o doble no imposición y preservar la facultad de los Estados miembros de aplicar una política fiscal eficaz; lamenta, no obstante, que el Consejo hasta ahora no haya adoptado más que un reducido número de ellas, debido al requisito de unanimidad y a que determinados Estados miembros persisten en considerar que individualmente tienen más que ganar de las lagunas de un sistema fiscal descoordinado que colectivamente de uno coordinado;

39.  Se felicita de la publicación de una nueva serie medidas de política fiscal, y pide a la Comisión que intente garantizar un sistema fiscal justo basado en el principio de que los impuestos se han de pagar en el Estado miembro en el que se han generado los beneficios, evitando de este modo la distorsión del mercado interior y la competencia desleal;

40.  Destaca que el Grupo «Código de Conducta» sobre la fiscalidad de las empresas (en lo sucesivo, «el Grupo»), constituido en 1998 por los Estados miembros, hizo posible a finales de los años noventa y en los primeros años del nuevo siglo eliminar las prácticas fiscales más perniciosas entonces mediante el enfoque dual de Derecho indicativo consistente en retirar progresivamente medidas fiscales vigentes generadoras de competencia fiscal perniciosa y abstenerse de introducir tales medidas en el futuro (statu quo);

41.  Deplora que el Grupo parezca haber perdido ímpetu en su trabajo; observa que algunas de las más de cien medidas retiradas a consecuencia de su actividad han sido sustituidas en determinados Estados miembros por medidas fiscales con efectos perniciosos análogos; observa que las autoridades tributarias han contrarrestado las recomendaciones del Grupo estableciendo estructuras nuevas con los mismos efectos perniciosos que las retiradas por el Grupo; deplora que no hayan tenido éxito hasta ahora los intentos de reforzar su gobernanza y su mandato y de ajustar y ampliar los métodos de trabajo y los criterios fijados en el Código con el objetivo de combatir nuevas prácticas fiscales perniciosas en el actual entorno económico; respalda las propuestas más recientes de la Comisión a este respecto, incluidas en el plan de acción de la Comisión de 17 de junio de 2015 para una fiscalidad de las empresas equitativa y eficiente en la UE;

42.  Lamenta, a pesar de los ambiciosos objetivos anunciados desde 1997, la persistencia de la competencia fiscal entre Estados miembros, que se debe menos a una diferencia en los tipos impositivos que a la heterogeneidad de las normas nacionales que rigen el cálculo de la base fiscal de los beneficios imponibles, algo que demuestran invariablemente desde hace varias décadas las disparidades entre tipos nominales y tipos reales de los impuestos sobre sociedades que aplican los Estados miembros;

43.  Deplora asimismo que el estatuto y las disposiciones de gobernanza originarios del Grupo dejasen un margen excesivo para negociaciones políticas y compromisos para llegar a un «consenso amplio» (es decir, en la práctica, la cuasi unanimidad, con posibilidad de manifestar desacuerdos en notas a pie de página) sobre la apreciación de las prácticas perniciosas, lo que afectaba a la fiabilidad y la integridad de su trabajo, llevando en ocasiones a que voluntariamente no se publicasen los informes o no se les diese curso, como en el caso del informe de Simmons & Simmons de 1999 sobre prácticas administrativas; considera lamentable que la retirada de medidas vigentes sufriera retrasos políticos y, en algunos casos, permitiera la incorporación de nuevos beneficiarios tras la expiración del plazo, lo que también se debe a la extrema debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento del Grupo;

44.  Insiste en el aspecto más fundamental de que el enfoque caso por caso seguido por el Código, aparte de haber dado lugar a que ahora los Estados miembros compitan más bien con medidas generales, no aborda las deficiencias sistémicas del marco fragmentario de imposición sobre sociedades en la UE, lo que hace necesaria una reforma de más calado;

45.  Toma nota asimismo de los esfuerzos hechos mediante la creación de la Plataforma sobre la Buena Gobernanza Fiscal, que agrupa en torno a una misma mesa a diferentes partes interesadas con el objetivo de establecer un consenso sobre la cuestión de la elusión fiscal, en particular en un contexto internacional, y del Foro Conjunto de la Unión Europea sobre Precios de Transferencia, que emite directrices sobre aspectos técnicos en relación con los precios de transferencia; destaca que, hasta ahora, estos órganos han contribuido a introducir correcciones de alcance limitado en el marco del impuesto sobre sociedades; lamenta que las orientaciones emitidas por el Foro Conjunto de la Unión Europea sobre Precios de Transferencia hasta ahora no hayan abordado lo suficiente la cuestión de la elusión fiscal; deplora profundamente que la composición del Foro Conjunto de la Unión Europea sobre Precios de Transferencia, a pesar de la reciente renovación de sus miembros, siga estando desequilibrado; se muestra contrario además a que expertos fiscales contribuyan a la elaboración de directrices sobre precios de transferencia al mismo tiempo que pueden estar asesorando a sus clientes sobre estrategias de planificación fiscal agresiva basadas en la fijación de precios de transferencia, con la consiguiente situación de conflicto de intereses;

46.  Destaca que la legislación de la UE (las Directivas sobre sociedades matrices y filiales, sobre intereses y cánones, sobre fusiones y sobre cooperación administrativa), aunque cubre aspectos limitados vinculados con la fiscalidad de las empresas, ha logrado abordar cuestiones específicas que afectaban a los Estados miembros y a empresas activas en varios países; pone de relieve que estas medidas, concebidas en un principio para eliminar la doble imposición, tienen algunos efectos contraproducentes en la elusión fiscal y en algunos casos dan lugar a doble no imposición; acoge con satisfacción la reciente adopción por el Consejo de modificaciones de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales orientadas a introducir una cláusula general contra los abusos y a resolver asimetrías en los préstamos híbridos, que entrarán en vigor a finales de 2015, confiando en que ello ayude a eliminar algunas de las oportunidades de elusión fiscal existentes en la UE;

47.  Recuerda las disposiciones de la Directiva 2011/16/UE del Consejo relativa a la cooperación administrativa destinadas a la puesta en práctica del intercambio de toda la información financiera pertinente; opina que un intercambio automático, inmediato y exhaustivo y un tratamiento eficiente de la información fiscal tendrían un intenso efecto disuasorio de la evasión fiscal y de la introducción de prácticas fiscales perniciosas y permitirían a los Estados miembros y a la Comisión disponer de toda la información pertinente para actuar ante ellas;

48.  Deplora que no sea eficaz el marco legislativo y de control vigente para el intercambio de información sobre medidas fiscales, habida cuenta de las pruebas de que no se cumplen los requisitos vigentes para los intercambios de información espontáneos o previa solicitud; deplora que prácticamente ningún Estado miembro intercambie información que pueda tener efectos en países socios de la UE; lamenta la falta de coordinación entre la Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros;

49.  Lamenta que casi nunca se intercambie espontáneamente información fiscal entre los Estados miembros; acoge con satisfacción el intercambio automático de información ya no basado en la reciprocidad; llama la atención sobre los problemas estructurales de concepción de un sistema basado en la discrecionalidad en cuanto a lo que debe o no comunicarse y acompañado de unos deficientes sistemas de control, por todo lo cual resulta muy difícil detectar violaciones del requisito de intercambio de información;

50.  Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de impulsar el intercambio automático de información sobre asuntos fiscales como futura norma europea e internacional de transparencia; insta a la Comisión a que, como primer paso, cumpla con su deber como guardiana de los Tratados y tome todas las medidas necesarias para garantizar el debido respeto de la legislación vigente de la UE y del principio de cooperación leal entre los Estados miembros consagrado en los Tratados; acoge con satisfacción la propuesta del grupo de expertos sobre un intercambio automático de información sobre cuentas financieras de que se examinen las posibilidades de apoyar a los países en desarrollo con intercambio automático de información aceptando acuerdos de intercambio no recíprocos;

51.  Observa que las normas en materia de ayudas estatales y sanciones son útiles como medio para atajar las prácticas fiscales perniciosas más abusivas y distorsionadoras, y pueden tener un efecto disuasorio significativo;

52.  Acoge con satisfacción el paquete de medidas de transparencia fiscal de la Comisión sobre el intercambio automático de información entre los Estados miembros en relación con sus resoluciones fiscales previas, de marzo de 2015, y el plan de acción para una fiscalidad de las empresas más justa y eficaz en la UE, de junio de 2015; destaca, no obstante, que estos textos solamente pueden considerarse como primeros pasos en la dirección correcta y que es de urgente necesidad un marco coherente de disposiciones legislativas y coordinación administrativa, entre otros fines, en beneficio de las pymes y de las multinacionales que están contribuyendo a crear un crecimiento económico genuino y pagan la parte de los impuestos que les corresponde en justicia en el mercado interior;

53.  Celebra el reciente acuerdo sobre el Plan de acción de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) que, tras sucesivas peticiones de actuación formuladas en cumbres del G7 y el G20, trata de abordar cuestiones específicas que afectan al funcionamiento del sistema internacional de fiscalidad de las empresas para presentar una acción global y sistemática para abordarlas; deplora la tardía y desigual inclusión de los países en desarrollo en el proceso BEPS de la OCDE, en el que deben participar equitativamente; lamenta asimismo que algunos resultados del Plan de acción BEPS, no vayan más allá en ámbitos como los regímenes fiscales perniciosos, la economía digital y la transparencia;

54.  Observa que, a raíz de un análisis sistemático de los «puntos de presión» del sistema fiscal internacional, el Plan de acción BEPS se estructuró en torno a quince puntos de actuación, de los que el G20 refrendó siete en noviembre de 2014, mientras que a los restantes se les dio curso en octubre de 2015; destaca que, en el contexto de un entorno empresarial en evolución, estas medidas tratan de abordar cuestiones de transparencia, por ejemplo, emitiendo directrices sobre la presentación de información por países, la falta de sustancia de determinadas disposiciones sobre elusión fiscal y con miras a una mayor coherencia de las normas internacionales;

55.  Advierte, no obstante, contra compromisos que podrían ser de alcance inferior a las ambiciones iniciales o dar lugar a interpretaciones divergentes en el ámbito nacional; destaca asimismo que, hasta ahora, apenas ha habido un control efectivo de la aplicación de las directrices de la OCDE en los países que las han respaldado, y que ni siquiera las soluciones mejor diseñadas podrán ser eficaces si no son objeto de un seguimiento y una aplicación adecuados;

56.  Destaca el carácter complementario de la actividad de la UE y de la OCDE en este ámbito; opina que, en vista de su grado de integración, la UE debe ir más lejos que las propuestas del Plan de acción BEPS en términos de coordinación y convergencia con miras a evitar todas las formas de competencia fiscal perniciosa en el mercado interior; expresa su convencimiento de que, sin dejar de velar por que su competitividad no se vea afectada negativamente, la UE podría establecer instrumentos más eficaces para garantizar una competencia fiscal leal y el derecho de los Estados miembros a aplicar una fiscalidad efectiva sobre los beneficios generados en sus territorios;

Investigaciones de la Comisión sobre ayudas estatales: visión general y resultados

57.  Destaca que, en el mercado interior, los nuevos actores y empresas, incluidas las pymes, que no recurren a prácticas fiscales agresivas, resultan penalizados en comparación con las multinacionales, que son capaces de trasladar beneficios o aplicar otras modalidades de planificación fiscal agresiva mediante una variedad de instrumentos y decisiones de los que solamente ellas disponen debido a su tamaño y a su capacidad para organizar las actividades de negocio a escala internacional; observa con preocupación que, en igualdad de condiciones por lo demás, la inferior deuda tributaria restante deja a las multinacionales con mayores beneficios después de impuestos, creándose por ello una desigualdad de condiciones de competencia en relación con los competidores en el mercado único que no pueden recurrir a la planificación fiscal agresiva y mantienen el vínculo entre el lugar en el que generan el beneficio y el lugar de imposición; señala que esta distorsión de la igualdad de condiciones en favor de las multinacionales está en contradicción con el principio fundamental del mercado único;

58.  Destaca que la OCDE(32) apunta al recurso por parte de algunas multinacionales a estrategias que les sirven para pagar porcentajes tan reducidos como un 5 % como impuesto sobre sociedades cuando empresas más pequeñas pagan hasta el 30 %, y se muestra especialmente preocupado ante el hecho de que, según algunos estudios(33), la contribución de las empresas transfronterizas por el impuesto sobre sociedades es hasta un 30 % inferior de media a la de las empresas nacionales que operan solo en un país; considera inaceptable que, como resultado de dichas estrategias, algunas multinacionales puedan pagar un tipo impositivo real extremadamente bajo en el impuesto de sociedades, mientras que las pymes han de abonar toda la parte de impuestos que les corresponde;

59.  Destaca que esta distorsión de decisiones de los operadores económicos, tomadas sobre la base del rendimiento esperado después de impuestos, da lugar a una asignación de recursos en la UE que dista de ser óptima y tiende a reducir el nivel de competencia, lo que afecta al crecimiento y al empleo;

60.  Subraya que algunas prácticas fiscales perniciosas podrían entrar en el ámbito de las normas sobre ayudas estatales relativas a la fiscalidad, en particular en la medida en que pueden, de la misma manera, ofrecer ventajas «selectivas» y entrañar distorsiones de la competencia en el mercado interior; observa que, anteriormente, los procesos relativos a las ayudas estatales y al Grupo «Código de Conducta» se han apoyado mutuamente, en particular en 1999 y en el primer semestre de 2000; destaca que el cumplimiento de las normas de competencia de la UE ha añadido una presión jurídica como complemento del proceso de adopción de decisiones de Derecho indicativo en el seno del Grupo, compensando así en parte la falta de instrumentos efectivos para remediar la cuestión de la elusión fiscal a nivel de la UE;

61.  Reconoce las importantes novedades que se han producido en los últimos veinte años en relación con el marco analítico de la Comisión para las ayudas estatales relativas a la fiscalidad, que han hecho posible avanzar hacia una mayor claridad de la definición y el análisis de las ayudas estatales mediante medidas fiscales, así como una actuación más sistemática contra dichas medidas; toma nota, en particular, de las Directrices de la Comisión de 1998 sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la imposición directa sobre las empresas, el informe de 2004 al respecto y diferentes sentencias importantes dictadas desde el año 2000; acoge con satisfacción, en el marco del proceso de modernización de las ayudas estatales promovido por la Comisión, el inicio en 2014 de una consulta pública sobre el proyecto de directrices para aclarar el concepto de ayudas estatales con arreglo al artículo 107 del TFUE, que comprende elementos sobre ayudas estatales relacionadas con la fiscalidad y, en particular, las resoluciones fiscales;

62.  Observa que estas últimas décadas se ha podido observar la progresiva consolidación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas fiscales de los Estados miembros, y que el último ejemplo de ello ha sido el asunto de Gibraltar en 2011(34);

63.  Señala que el Tribunal de Justicia hace hincapié en el principio del fondo sobre la forma, y que, por consiguiente, las repercusiones económicas de una medida se convierten en el criterio de referencia para evaluarla;

64.  Observa por tanto que, de la prohibición de ayudas estatales, el Tribunal de Justicia ha concluido que se derivan requisitos con consecuencias de amplio alcance en cuanto a la responsabilidad legislativa de los Estados miembros en materia fiscal;

65.  Observa que el concepto de «naturaleza y estructura del sistema nacional» es una referencia central para evaluar si las medidas fiscales directas o indirectas de que se trate son selectivas o no, y por lo tanto compatibles o no con el mercado interior, y que toda ayuda estatal debe juzgarse en relación con el equilibrio preexistente; destaca que, al ser el sistema nacional de referencia el criterio de la UE para evaluar distorsiones potenciales(35), no todas las distorsiones de la competencia y prácticas fiscales perniciosas en el mercado interior pueden subsumirse en las normas de competencia vigentes; observa, por consiguiente, que el cumplimiento cabal de estas normas no permitiría por sí solo resolver la cuestión de la elusión fiscal por las empresas en la UE;

66.  Observa que, de acuerdo con los datos facilitados a su comisión especial competente(36) por la Comisión, desde 1991 la Comisión solo ha examinado formalmente 65 casos de ayudas estatales relacionadas con la fiscalidad, de los que siete eran resoluciones fiscales y solamente diez procedían de notificaciones formales de Estados miembros;

67.  Destaca que la Comisión solamente ha tramitado un número reducido de casos en el ámbito de las ayudas estatales relacionadas con la fiscalidad en la segunda mitad del periodo transcurrido desde 2000, y que entre los procedimientos más recientes incoados por ayudas estatales destacan:

   la iniciación, en junio de 2013, de una investigación sobre prácticas de resoluciones fiscales en siete Estados miembros, extendida a todos los Estados miembros en diciembre de 2014,
   la apertura, en octubre de 2013, de una investigación sobre si el régimen del impuesto sobre sociedades de Gibraltar favorece a determinadas empresas, investigación que en octubre de 2014 se amplió para examinar también las resoluciones fiscales en ese territorio;
   la iniciación en paralelo de una investigación separada sobre los regímenes fiscales aplicables a la propiedad intelectual («patent boxes»),
   la apertura, en junio de 2014, de investigaciones formales sobre tres casos: Apple en Irlanda, Fiat Finance and Trade en Luxemburgo y Starbucks en los Países Bajos, concluidas en octubre de 2015, seguidas, en octubre de 2014, por Amazon en Luxemburgo,
   la apertura, en febrero de 2015, de una investigación formal sobre un régimen fiscal en Bélgica (sistema de resolución de beneficios extraordinarios);

68.  Destaca que las investigaciones de la Comisión en curso y concluidas y los casos revelados por LuxLeaks indican que algunos Estados miembros no cumplen su obligación legal de comunicar a la Comisión todos los expedientes relativos a posibles ayudas estatales(37);

69.  Destaca que estas investigaciones han arrojado luz solamente sobre una muestra muy limitada de algunas prácticas típicas que afectan a los beneficios imponibles atribuidos a filiales de algunas multinacionales mediante precios de transferencia; expresa su preocupación ante la posibilidad de que los recursos actuales de los servicios competentes de la Comisión puedan limitar su capacidad de tratar simultáneamente un número significativamente mayor de casos y de realizar controles sistemáticos para determinar si otras prácticas en el ámbito de la fiscalidad de las empresas, aparte de las basadas en la fijación de precios de transferencia, pueden estar en conflicto con la legislación relativa a las ayudas estatales;

70.  Apoya vivamente el enfoque de la Comisión, consistente en dedicar el tiempo necesario a examinar casos en curso en profundidad y con la diligencia debida; cree que los resultados de las investigaciones contribuirán a establecer unas directrices más precisas y más eficaces sobre ayudas estatales relacionadas con la fiscalidad y los precios de transferencia y a obligar a los Estados miembros a ajustar sus prácticas en consecuencia; pide a la Comisión, no obstante, que concluya esas investigaciones en curso sobre ayudas estatales relacionadas con la fiscalidad lo antes posible desde un punto de vista práctico y sin que ello vaya en perjuicio de su calidad y credibilidad, y espera con gran interés sus resultados; pide asimismo a la Comisión que informe regularmente al Parlamento Europeo sobre dichas investigaciones; pide a la Comisión que, en caso de que durante las investigaciones en curso se confirme la existencia de ayudas estatales ilegales, solicite la devolución de todos y cada uno de los euros desaparecidos;

71.  Destaca que las investigaciones en curso podrían dar lugar, en caso de infracción de las normas de la UE, a la recuperación por el Estado miembro que aprobó la medida fiscal en cuestión del importe correspondiente a la ayuda estatal ilegal concedida a las empresas beneficiarias; destaca que, aunque ello podría tener un efecto negativo acusado para la reputación del Estado miembro de que se trate, constituye de hecho una recompensa por incumplimiento, pues es poco probable que desaliente a los Estados miembros, en caso de duda, de adoptar prácticas ilegales en materia de ayudas estatales y de conceder beneficios fiscales abusivos, y, en su lugar, los descargará de su responsabilidad de respetar las normas de la UE sobre ayudas estatales y no reparará el quebranto económico para el presupuesto de los Estados miembros afectados; considera, en términos más generales, que las normas en materia de ayudas estatales deben prever sanciones que constituyan un elemento de disuasión eficaz contra las ayudas estatales ilegales;

72.  Apunta asimismo a la posibilidad, en caso de fijación abusiva de precios de transferencia entre filiales transfronterizas, de que no solo vea ajustados sus ingresos fiscales (recuperación de la ayuda) el Estado miembro de origen del trato fiscal ventajoso sino que ocurra lo mismo a los otros países en los que tuvo lugar la transacción (ajuste ex post de los precios de transferencia y, por consiguiente, de los ingresos imponibles); destaca que, en algunos casos, ello podría dar lugar a doble imposición;

73.  Recuerda que las resoluciones fiscales deben orientarse a proporcionar seguridad jurídica y crear expectativas legítimas para sus beneficiarios; destaca, en un contexto en el que las resoluciones fiscales nacionales pueden verse impugnadas invocando las normas en materia de ayudas estatales al nivel de la UE, que existe un riesgo de que se produzcan notificaciones masivas de solicitudes individuales de resolución fiscal de los Estados miembros a fin de anticipar la aprobación por parte de la Comisión con miras a evitar situaciones de inseguridad jurídica a administraciones tributarias y empresas; señala que, para tratar un mayor flujo de notificaciones y el mayor grado de transparencia exigido a los Estados miembros en materia fiscal, lo apropiado es incrementar la capacidad de la Comisión y mejorar los procesos de transmisión de la información;

Terceros países

74.  Expresa su preocupación ante la posibilidad de que los efectos indirectos negativos de las prácticas fiscales perniciosas de algunas multinacionales sean mucho más importantes en los países en desarrollo que en los países desarrollados(38), pues los primeros obtienen una proporción mayor de sus ingresos procedentes del impuesto sobre sociedades y tienen unos sistemas de finanzas públicas, unos entornos reguladores y una capacidad administrativa más débiles para velar por el cumplimiento de las normas tributarias y atajar estas prácticas fiscales perniciosas; observa que, según el FMI, por culpa de la planificación fiscal agresiva los países en desarrollo pierden tres veces más ingresos, en términos relativos, que los países desarrollados(39); observa que el artículo 208 del TFUE obliga a los Estados miembros a adaptar sus políticas a fin de apoyar el desarrollo en los países en desarrollo; destaca que análisis exhaustivos ex post de los efectos indirectos de las prácticas fiscales de los Estados miembros, cuyos resultados deben hacerse públicos, ayudarían a orientar la elaboración de políticas a fin de garantizar que tales prácticas no erosionen la base imponible de otros Estados miembros o de terceros países;

75.  Destaca que, al mismo tiempo, los pocos «ganadores» de la competencia fiscal mundial, que son los países con políticas de fiscalidad de las empresas muy atractivas dentro y fuera de la UE, presentan algunos indicadores económicos fundamentales desproporcionados con respecto a su tamaño y su actividad económica real, especialmente si se observa, por ejemplo, el número de sociedades residentes por número de habitantes, el importe de los beneficios extranjeros registrados, la inversión extranjera directa o los flujos financieros salientes en relación con el PIB, etc.; observa que ello demuestra el carácter artificial de su base imponible y sus flujos financieros entrantes y la desconexión que los actuales sistemas fiscales permiten entre el lugar donde se genera el valor y el lugar donde se aplica la imposición;

76.  Destaca que la competencia fiscal dista mucho de limitarse a los Estados miembros, incluidos sus territorios dependientes o asociados, y que la mayoría de estas prácticas tienen una dimensión internacional con motivo del traslado de beneficios a jurisdicciones con regímenes de imposición baja o nula o con secreto fiscal, donde a menudo no se lleva a cabo ninguna actividad económica sustancial; lamenta la ausencia de un enfoque coordinado de los Estados miembros en relación con todas estas jurisdicciones, no solo en términos de acción o reacción conjunta contra sus prácticas perniciosas, sino también, y a pesar de los esfuerzos de la Comisión, por lo que se refiere a su identificación y a la definición de criterios pertinentes; apoya firmemente, por lo tanto, la propuesta de 2012 de la Comisión, que incluye criterios concretos para garantizar una competencia leal, además de la transparencia y el intercambio de información, así como la reciente publicación, en el paquete fiscal de la Comisión de 17 de junio de 2015, de una lista de jurisdicciones fiscales no cooperadoras, establecida aplicando un enfoque de «denominador común» a listas existentes a escala nacional; subraya que la elaboración de esta lista es un requisito previo para emprender las acciones adecuadas contra estas jurisdicciones; opina que dicha lista debe ser el primer elemento de un proceso que desemboque en una definición rigurosa y objetiva de la noción de paraíso fiscal que sirva para futuras listas, establecidas sobre la base de criterios claros y conocidos de antemano; insta a la Comisión a analizar si las jurisdicciones europeas cumplen estos criterios;

77.  Destaca que el trabajo de la OCDE a este respecto ha logrado algunos resultados significativos en términos de transparencia e intercambio de información; celebra, en particular, la firma por cerca de 100 países en junio de 2015 de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE, que establece disposiciones para la cooperación administrativa entre Estados por lo que respecta a la determinación y la recaudación de impuestos, en particular con miras a combatir la elusión y la evasión fiscales;

78.  Destaca, no obstante, que la labor de la OCDE en relación con su anterior lista de paraísos fiscales no cooperadores se basaba en un proceso político que condujo a compromisos arbitrarios ya desde la definición de los criterios para la elaboración de listas, como el requisito de concluir acuerdos fiscales con otros doce países, y llevó a que ninguna jurisdicción figurase como paraíso fiscal no cooperador; destaca que su enfoque actual sigue basándose en criterios que hacen referencia a la transparencia fiscal y al intercambio de información, y no tienen la amplitud suficiente para hacer frente a los efectos perniciosos de algunas prácticas fiscales; observa que, independientemente de sus méritos, esto limita la pertinencia del enfoque de la OCDE para identificar a aquellas jurisdicciones fiscales que resultan indispensables para las prácticas de elusión fiscal y la competencia fiscal perniciosa a escala mundial; destaca, en particular, que este enfoque no hace referencia a ningún indicador cualitativo para la evaluación objetiva del cumplimiento de las prácticas de buena gobernanza ni toma en consideración datos cuantitativos como los beneficios contables o los flujos financieros entrantes y salientes, ni su conexión o desconexión con la realidad económica en una jurisdicción determinada;

79.  Subraya, asimismo, que estas listas pueden utilizarse a escala nacional para aplicar las normas nacionales de protección y contra la elusión fiscal con respecto a terceros países (como la limitación de beneficios, la aplicación de la prueba del propósito principal, normas sobre empresas bajo control extranjero, etc.), por lo que las limitaciones de estas listas también podrían restringir el alcance y la eficacia de las medidas nacionales destinadas a atajar las prácticas fiscales perniciosas;

80.  Está convencido de que garantizar una competencia leal en el mercado interior y proteger las bases imponibles de los Estados miembros depende en gran medida de que se aborde el eslabón más débil en las interacciones con jurisdicciones con regímenes de imposición baja o nula o con secreto fiscal, teniendo presente que los tipos impositivos son competencia de los Estados miembros, pues la existencia de pasarelas fiscales (por ejemplo, la ausencia de retención en origen) a terceros países, con independencia de sus prácticas fiscales, aumenta considerablemente las oportunidades de elusión fiscal en la UE;

81.  Destaca que un enfoque coordinado entre los Estados miembros tanto respecto de los países en desarrollo como de los países desarrollados podría resultar mucho más eficaz a la hora de hacer frente a las prácticas fiscales perniciosas y promover una mayor reciprocidad en materia fiscal;

82.  Destaca que, en respuesta a presiones de la UE y del G20 sobre la cuestión de la transparencia fiscal y en el contexto de la crisis financiera, económica y de la deuda, algunos terceros países han firmado por fin acuerdos de intercambio de información fiscal con la UE, lo que debería mejorar la cooperación con estos países; señala que, en el caso de Suiza, se firmó un acuerdo en mayo de 2015 tras un prolongado periodo «transitorio» durante el cual este importante socio comercial de la UE se beneficiaba de un acceso privilegiado al mercado único, pero, al mismo tiempo, no cooperaba en otros ámbitos, en particular en la fiscalidad;

83.  Observa que, a pesar de las negociaciones en curso, se sigue avanzando lentamente en la firma de acuerdos de cooperación similares con San Marino, Mónaco, Liechtenstein y Andorra; lamenta que la Comisión carezca de un mandato europeo similar para negociar acuerdos de intercambio automático de información con los territorios de ultramar que están cubiertos actualmente por la Directiva de la UE en materia de fiscalidad del ahorro;

84.  Señala con preocupación que muchos países en desarrollo resultan particularmente vulnerables ante las actividades de elusión fiscal de las multinacionales, y que la causa principal de la pérdida de ingresos por parte de los presupuestos nacionales de los países en desarrollo reside en las prácticas de fijación de los precios de transferencia de las multinacionales(40); destaca, además, que estos países se encuentran en una posición de negociación muy débil ante determinados inversores extranjeros directos o multinacionales que practican el turismo de mercados en busca de subvenciones y exenciones fiscales; denuncia que, según estimaciones realizadas, las pérdidas anuales en ingresos fiscales sufridas por los presupuestos nacionales oscilan entre los 91 000(41) y los 125 000(42) millones de euros;

85.  Recuerda a los Estados miembros que, en virtud del Tratado de Lisboa, tienen la obligación de respetar el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo y han de garantizar que sus políticas fiscales no socavan los objetivos de la UE en materia de desarrollo; anima a los Estados miembros a analizar los efectos indirectos de sus políticas fiscales y su impacto en los países en desarrollo, tal como propone el FMI;

Conclusiones y recomendaciones

86.  Concluye, considerando el mandato que confirió a su comisión especial y pese a las diferentes restricciones y obstáculos encontrados durante sus misiones de investigación, así como de parte de otras instituciones europeas, algunos Estados miembros y multinacionales, que:

   sin perjuicio de los resultados de las investigaciones en curso de la Comisión sobre las ayudas estatales, la información recopilada indica que, en varios casos, los Estados miembros no cumplieron lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, pues adoptaron resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares que, al favorecer a determinadas empresas, distorsionaron la competencia en el mercado interior;
   algunos Estados miembros no aplicaron cabalmente el artículo 108 del TFUE, pues no notificaron formalmente a la Comisión todos sus planes de conceder ayudas relativas a la fiscalidad, infringiendo asimismo con ello las disposiciones correspondientes del Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo; destaca que, a consecuencia de ello, la Comisión no pudo examinar permanentemente, como establece el artículo 108 del TFUE, todos los regímenes de ayudas existentes, pues no disponía de acceso a toda la información pertinente, al menos antes de 2010, periodo no cubierto por las investigaciones en curso;
   los Estados miembros no cumplieron las obligaciones establecidas en las Directivas 77/799/CEE y 2011/16/UE del Consejo, pues no intercambiaron espontáneamente información fiscal y siguen sin hacerlo, ni siquiera en casos en los que había motivos claros, a pesar del margen de discrecionalidad que dejan ambas Directivas, para augurar que podrían producirse pérdidas de ingresos fiscales en otros Estados miembros o que podrían derivarse ahorros fiscales de traslados artificiales de beneficios entre grupos;
   algunos Estados miembros conculcaron el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, del TUE, pues no adoptaron todas las medidas generales o particulares apropiadas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones;
   no fue posible efectuar un análisis de casos individuales de violaciones del Derecho de la UE en relación con los apartados anteriormente mencionados debido a la falta de información detallada presentada por los Estados miembros, el Consejo y la Comisión;
   por último, la Comisión no cumplió su función de guardiana de los Tratados, establecida en el artículo 17, apartado 1, del TUE, al no actuar al respecto ni tomar todas las medidas necesarias para velar por que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones, en particular las previstas en las Directivas 77/799/CEE y 2011/16/UE del Consejo, pese a haberse demostrado lo contrario; la Comisión ha incumplido sus obligaciones derivadas de lo dispuesto en el artículo 108 del TFUE sobre el funcionamiento del mercado interior al no haber iniciado investigaciones sobre las ayudas estatales en el pasado;

87.  Condena el hecho de que varios documentos fiscales de las reuniones del Grupo «Código de Conducta» que se habían solicitado no hayan sido revelados o se hayan revelado solo de forma parcial a la comisión, si bien algunos de ellos ya habían sido transmitidos a ciudadanos que lo habían solicitado a través del procedimiento relativo al acceso a los documentos, lo que implica que el Parlamento Europeo está peor informado que los ciudadanos europeos con respecto a la posición de los Estados miembros en relación con las cuestiones fiscales; lamenta, además, que la Comisión solo haya dado a conocer menos del 5 % del número total de documentos solicitados, que serían unos 5 500; lamenta la falta de cooperación con la comisión por parte de la Comisión y del Consejo, lo que le impide cumplir con su mandato;

88.  Pide a la Comisión y al Consejo que, teniendo en cuenta que en la actualidad el Parlamento carece de competencias de investigación, den inmediatamente su aprobación a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo relativo a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo(43), con el fin de conferirle una auténtica competencia de investigación necesaria para poder ejercer su derecho de investigación parlamentario;

89.  Pide a la Comisión que examine si todavía cabe interponer recursos ante el Tribunal de Justicia por las infracciones mencionadas anteriormente;

90.  Pide a los Estados miembros que respeten el principio de imposición sobre los beneficios en el lugar en que se generan;

91.  Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la UE, que comparten la responsabilidad política de la situación actual, que pongan fin a la competencia fiscal perniciosa y cooperen plenamente para eliminar las asimetrías entre regímenes fiscales —y se abstengan de crear otras— y las medidas fiscales perniciosas, que crean condiciones propicias para una elusión fiscal masiva por parte de las multinacionales y para la erosión de la base imponible en el mercado interior; pide, a este respecto, a los Estados miembros que notifiquen a la Comisión y a los demás Estados miembros cualquier cambio importante introducido en su legislación sobre fiscalidad de las empresas que pudiera influir en sus tipos impositivos efectivos o en los ingresos fiscales de cualquier otro Estado miembro; subraya que los Estados miembros que desempeñan un papel fundamental a la hora de facilitar la elusión fiscal deben asumir su responsabilidad y encabezar los esfuerzos por mejorar la cooperación fiscal dentro de la UE;

92.  Pide a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que contraigan nuevos compromisos políticos inequívocos para tomar medidas urgentes que permitan hacer frente a esta situación, que no puede tolerarse por más tiempo, entre otras cosas, por su impacto en los presupuestos nacionales, ya sujetos a medidas de consolidación presupuestaria, y en las contribuciones fiscales de otros contribuyentes, incluidos pymes y ciudadanos; destaca, en este contexto, que tiene la intención de desempeñar plenamente la función que le corresponde y está dispuesto a establecer un control político más eficaz, en estrecha colaboración con los Parlamentos nacionales;

93.  Pide a la Comisión que cumpla con su deber como guardiana de los Tratados garantizando el pleno respeto de la legislación de la UE y del principio de cooperación leal entre los Estados miembros; insta a la Comisión a que emprenda de forma sistemática más acciones legales de conformidad con las competencias que le otorga el Tratado; pide, por consiguiente, a la Comisión que refuerce su capacidad interna, posiblemente mediante la creación de un departamento fiscal específico en sus servicios, encargado de tratar un flujo creciente de notificaciones relativas a ayudas estatales en el ámbito de la política de competencia y de hacer frente a su responsabilidad reforzada de coordinación de las nuevas medidas relativas a la transparencia fiscal;

94.  Pide a los Estados miembros que faciliten a la Comisión toda la información necesaria para que pueda desempeñar su papel de guardiana de los Tratados sin ningún tipo de impedimento;

95.  Pide a la Comisión que promueva el uso de buenas prácticas en la fijación de los precios de transferencia y de las comisiones por préstamos y financiación en las operaciones intragrupo, para armonizarlos con los precios existentes en el mercado;

96.  Subraya que los Estados miembros siguen siendo plenamente competentes para fijar sus respectivos tipos del impuesto sobre sociedades; insiste, no obstante, en que la competencia fiscal dentro de la UE y en relación con terceros países debe tener lugar en un marco normativo claro, para garantizar una competencia leal entre las empresas en el mercado interior; pide a los Estados miembros que, por encima de todo, garanticen un entorno empresarial propicio, caracterizado entre otras cosas por la estabilidad económica, financiera y política, así como por la seguridad jurídica y la simplicidad de las normas fiscales; pide a la Comisión, habida cuenta de su papel crucial a la hora de garantizar la sostenibilidad presupuestaria, que aborde con mayor detenimiento las cuestiones relativas a la fiscalidad de las empresas, incluidas las prácticas fiscales perniciosas y su impacto, en el marco del Semestre Europeo, y que se integren los indicadores pertinentes, incluidas estimaciones del déficit tributario resultante de la evasión y la elusión fiscales, en el procedimiento de desequilibrio macroeconómico;

97.  Pide a los Estados miembros, en particular a los que reciben asistencia financiera, que pongan en práctica reformas estructurales, luchen contra el fraude fiscal y adopten medidas contra la planificación fiscal agresiva;

98.  Pide, a este respecto, a la Comisión que encuentre el equilibrio adecuado entre la convergencia presupuestaria y la económica, y le pide asimismo que vele por que las acciones emprendidas beneficien al crecimiento, las inversiones y la creación de empleo;

99.  Opina que, entre otras cosas, un intercambio automático de información fiscal exhaustivo, transparente y eficaz y una base imponible consolidada común y obligatoria del impuesto sobre sociedades son prerrequisitos esenciales para lograr un sistema fiscal a escala de la UE que se atenga a los principios fundamentales del mercado interior y los preserve;

100.  Pide a los Estados miembros y las instituciones de la UE, en vista de la complejidad del asunto, que apliquen varios conjuntos de medidas complementarias para mejorar la situación actual, teniendo en cuenta la necesidad de reducir la complejidad para todas las partes interesadas y de reducir a un mínimo los costes de conformidad para empresas y administraciones tributarias; destaca, por consiguiente, que la simplificación de los regímenes fiscales debe ser el primer paso para aportar claridad no solo a los Estados miembros, sino también a los ciudadanos, que en la actualidad están excluidos del intercambio de información;

101.  Pide a la Comisión que siga explorando empíricamente la posibilidad de limitar la deducción de cánones abonados a empresas asociadas de la base imponible del impuesto sobre sociedades, como modo de luchar contra el traslado de beneficios a nivel de intragrupo;

102.  Destaca que, a pesar de invitaciones reiteradas, solo cuatro multinacionales(44), de un total de diecisiete, accedieran inicialmente a comparecer ante la comisión para debatir cuestiones de planificación fiscal internacional; considera que el rechazo inicial de las otras trece —alguna de ellas con gran proyección pública— a cooperar con una comisión parlamentaria es inaceptable y sumamente perjudicial para la dignidad del Parlamento Europeo y de los ciudadanos a los que representa; señala, no obstante, que once multinacionales(45) accedieron finalmente a presentarse ante la Comisión TAXE, pero únicamente después de que esta hubiera procedido a la votación del informe y poco después de su votación en el Pleno, mientras que dos multinacionales(46)persistieron en su negativa; recomienda, por consiguiente, que sus autoridades competentes examinen la posibilidad de privar a estas empresas del acceso a los locales del Parlamento y que se considere seriamente la posibilidad de instaurar un marco claro y de reforzar los cometidos establecidos en el Código de Conducta para las organizaciones inscritas en el Registro de transparencia(47), en términos de cooperación con las comisiones del Parlamento y otros órganos políticos;

103.  Pide que se investigue la contribución de las instituciones financieras a las prácticas fiscales perniciosas;

Cooperación y coordinación sobre resoluciones fiscales previas

104.  Deplora el contenido del acuerdo político de 6 de octubre de 2015 alcanzado en el Consejo, que no está a la altura de la propuesta legislativa de la Comisión de marzo de 2015 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad; subraya que esta propuesta preveía, además de un marco común para el registro y el intercambio automático de información sobre resoluciones fiscales, disposiciones que permitirían a la Comisión controlar eficazmente la aplicación por parte de los Estados miembros y garantizar que las resoluciones fiscales no tienen un impacto negativo en el mercado interior; destaca que la adopción de la posición del Consejo impediría explotar plenamente los beneficios del intercambio automático de información sobre las resoluciones fiscales, en particular por lo que respecta a su aplicación efectiva, y pide al Consejo, por consiguiente, que se ajuste a la propuesta de la Comisión y que tenga presente el dictamen del Parlamento al respecto, en particular en relación con el campo de aplicación de la Directiva (todas las resoluciones fiscales en vez de únicamente las transfronterizas), el periodo de retroactividad (debe intercambiarse información sobre todas las resoluciones aún vigentes) y la información proporcionada a la Comisión, que debe tener acceso a las resoluciones fiscales;

105.  Pide a los Estados miembros que apoyen en todos los foros internacionales el intercambio automático de información entre administraciones tributarias como nueva norma mundial; pide, en particular, a la Comisión, a la OCDE y al G20 que lo promuevan mediante los instrumentos más adecuados y más eficaces en el marco de un proceso inclusivo global; insiste en que se adopten medidas concretas para garantizar que el intercambio automático de información sea un procedimiento verdaderamente mundial y, en consecuencia, eficaz, al tiempo que se respetan los requisitos de confidencialidad, apoyando los esfuerzos de los países en desarrollo para reforzar su capacidad para participar plenamente en el intercambio automático de información; subraya que, dentro de la UE, el intercambio automático de información podría enmarcarse en un registro central de ámbito europeo accesible para la Comisión y las autoridades nacionales competentes;

106.  Pide a los Estados miembros que consideren que toda resolución fiscal, en particular si implica la fijación de precios de transferencia, debe establecerse en cooperación con todos los países afectados, que la información correspondiente debe intercambiarse entre ellos automática e íntegramente y sin demora y que todas las acciones nacionales encaminadas a reducir la elusión fiscal y limitar la erosión de la base imponible en la UE, incluidas las auditorías, deben desarrollarse conjuntamente, tomando debidamente en consideración la experiencia adquirida con el programa Fiscalis 2020; reitera su opinión de que los elementos fundamentales de todas las resoluciones fiscales que tengan repercusión en otros Estados miembros no solamente deben compartirse entre las administraciones tributarias y la Comisión, sino que también deben presentarse en la información desglosada por países suministrada por las multinacionales;

107.  Destaca, en este contexto, que no solamente pueden repercutir en otros Estados miembros las resoluciones fiscales transfronterizas, sino también las nacionales, y pide, por consiguiente, la extensión del intercambio automático de información a todas las resoluciones fiscales emitidas por o en nombre del gobierno o la autoridad tributaria de un Estado miembro, o cualquiera de sus subdivisiones territoriales o administrativas, y que todavía sigan activas en la fecha de entrada en vigor de la Directiva; insiste vehementemente en la extrema importancia de la participación de la Comisión en el proceso de recopilación y análisis de los datos relativos a las resoluciones fiscales;

108.  Pide, asimismo, que se establezca un marco que permita controlar eficazmente la aplicación del intercambio automático de información, que se recopilen y publiquen estadísticas sobre la información intercambiada y, en particular, que la Comisión cree, antes del 31 de diciembre de 2016, un repertorio central seguro, al objeto de facilitar el intercambio de información entre las autoridades tributarias participantes; recuerda que el establecimiento de un sistema de intercambio automático de información sobre resoluciones fiscales se traducirá en una enorme cantidad de información recopilada, lo que podría dificultar la detección de los casos verdaderamente problemáticos; subraya que esta situación, además de la existencia de 28 Estados miembros con diferentes lenguas y prácticas administrativas, hace necesario que la Comisión y los Estados miembros reflexionen acerca de formas inteligentes, también a través de las tecnologías de la información, de hacer frente a esta cantidad y diversidad de datos obtenidos, para que el intercambio automático de información en la Unión resulte realmente eficaz y útil;

109.  Pide a la Comisión que estudie las condiciones para instaurar, a largo plazo, un sistema de cámara de compensación de ámbito europeo, a través del que la Comisión examinaría sistemáticamente las resoluciones fiscales a fin de incrementar el nivel de seguridad, coherencia, uniformidad y transparencia del sistema y comprobar si dichas resoluciones tienen efectos perniciosos en otros Estados miembros;

110.  Subraya que, en aras de una mayor transparencia para los ciudadanos, la Comisión debe publicar un informe anual en el que resuma los casos más importantes incluidos en el repertorio central seguro y, al hacerlo, ha de tener en cuenta las disposiciones en materia de confidencialidad previstas en la Directiva relativa a la asistencia mutua;

111.  Pide a la Comisión que considere la posibilidad de establecer un marco común a escala de la UE para las resoluciones fiscales, dotado de criterios comunes, en particular:

   el requisito de establecerlas con arreglo a un análisis exhaustivo de sus efectos indirectos, en particular el impacto de las resoluciones fiscales sobre las bases imponibles de otros países, con la participación de todas las partes y países afectados;
   su publicación, íntegras o en forma simplificada, pero respetando plenamente los requisitos de confidencialidad;
   la obligación de publicar los criterios de concesión, rechazo o revocación de resoluciones fiscales;
   la igualdad de trato y posibilidades de acceso para todos los contribuyentes;
   la ausencia de discrecionalidad y el pleno cumplimiento de las disposiciones fiscales subyacentes;

112.  Pide a la Comisión que defina directrices comunes de la UE para la aplicación del principio de plena competencia de la OCDE destinadas a armonizar las prácticas de los Estados miembros de la UE en materia de fijación de precios de transferencia, de manera que, al celebrar acuerdos de precios de transferencia, las administraciones nacionales cuenten con instrumentos que les permitan comparar empresas similares y no solo operaciones similares;

113.  Considera que un sistema fiscal equitativo y eficaz exige un nivel adecuado de transparencia y confidencialidad; está convencido, por tanto, de que las administraciones tributarias de los Estados miembros y, en su caso, la Comisión deben poder acceder a la información relativa a los beneficiarios finales de cualquier vehículo jurídico o resolución fiscal;

114.  Pide a la Comisión que haga uso, entre otros instrumentos, de la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que incluye «delito fiscal» en la definición amplia de «actividad delictiva», a fin de determinar los beneficiarios finales de ciertos vehículos jurídicos;

115.  Pide a la Comisión que cree un registro interno central de carácter público que contenga todas las exenciones, deducciones y créditos fiscales legales en relación con el impuesto sobre sociedades, acompañado de una evaluación cuantitativa de las repercusiones presupuestarias sobre cada uno de los Estados miembros;

Base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)

116.  Acoge con satisfacción el plan de acción propuesto por la Comisión el 17 de junio de 2015 para abordar la elusión fiscal y promover una imposición sobre las sociedades justa y eficiente en la UE; pide a la Comisión que acelere la presentación de modificaciones legislativas para el pronto establecimiento de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) obligatoria a escala de la UE, que abordaría la cuestión de los regímenes preferenciales y las asimetrías entre sistemas fiscales nacionales, así como la mayoría de los factores relacionados con la erosión de las bases imponibles a escala europea (en particular, las cuestiones asociadas a los precios de transferencia); pide a la Comisión que retome sin dilación el trabajo realizado en 2011 en relación con la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una BICCIS, y que para ello tenga en cuenta la posición del Parlamento al respecto y los nuevos factores surgidos desde entonces e incluya los últimos frutos de la labor de la OCDE, en particular las normas derivadas del Plan de acción BEPS, con vistas a presentar un texto consolidado en 2016;

117.  Pide a la Comisión que incluya en sus propuestas disposiciones para aclarar la definición de «inversiones en I+D» y de «establecimiento permanente» en consonancia con la sustancia económica, cubriendo también la economía digital; señala la importancia de las inversiones en I+D y la necesidad de facilitar, y no obstaculizar, la inversión y el crecimiento en la economía digital, dando a la economía emergente de la UE de este sector una ventaja competitiva frente a otros actores de los Estados Unidos y de otros lugares; señala que existen pruebas que demuestran que los regímenes de «patent box» no contribuyen a estimular la innovación y pueden generar una profunda erosión de las bases imponibles a través del traslado de beneficios; destaca, al mismo tiempo, que el abuso o el aprovechamiento indebido de estos sistemas deben reducirse al mínimo mediante acciones coordinadas de los Estados miembros y por medio de normas y definiciones comunes en relación con qué puede considerarse como promoción de la I+D y qué no; hace hincapié en que el denominado «enfoque de nexo modificado» recomendado por la iniciativa BEPS para los regímenes de «patent box» no bastará para limitar suficientemente los problemas asociados a dichos regímenes;

118.  Destaca que, para restablecer el nexo entre la imposición y la sustancia económica y garantizar que los impuestos se pagan en los países en los que realmente se producen la actividad económica y la creación de valor, así como para corregir asimetrías existentes, la fórmula de distribución debe diferenciar entre sectores para tener en cuenta sus características específicas, en particular por lo que se refiere a las empresas digitales, ya que, en el ámbito de la economía digital, resulta más difícil para las autoridades tributarias determinar dónde se crea el valor; pide a la Comisión que examine atentamente la posición del Parlamento sobre la BICCIS y que adopte una fórmula de distribución que refleje las actividades económicas reales de las empresas; pide a la Comisión que continúe trabajando en la elaboración de opciones concretas para el diseño de esta fórmula de distribución, en particular con miras a anticipar, respecto de cada sector, el impacto sobre los ingresos fiscales de cada Estado miembro, con arreglo a la estructura de su economía; destaca, asimismo, que la BICCIS es un medio útil para combatir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y crear valor añadido europeo, con independencia de que los ingresos fiscales puedan o no utilizarse en parte como un nuevo recurso propio del presupuesto de la UE;

119.  Apoya firmemente la introducción de una BICCIS completa y obligatoria tan pronto como sea posible; toma nota del planteamiento de la Comisión de presentar una BICIS simple (sin consolidación) como primer paso de su plan de acción de junio de 2015, pero señala que ello dejará pendientes muchas cuestiones, especialmente para las empresas que operan en el mercado único, habida cuenta de que una BICIS simple no contemplaría la compensación de pérdidas mediante consolidación, ni haría frente a la burocracia y la incertidumbre asociadas a los precios de transferencia, que son además uno de los principales instrumentos utilizados por las multinacionales para eludir impuestos, ni terminaría de manera definitiva con el traslado de las bases imponibles dentro de la Unión; insta, por tanto, a la Comisión a que fije un plazo concreto y breve para incluir el «elemento de consolidación» en la iniciativa BICCIS; pide a la Comisión que prescinda de la evaluación adicional del impacto de esta medida, que lleva decenios en la agenda de la UE, ya ha sido objeto de amplios trabajos preparatorios y actualmente está bloqueada en el Consejo desde su presentación formal en 2011;

120.  Pide a la Comisión, a la espera de la adopción de una BICCIS completa y de su plena aplicación a escala de la UE, que tome medidas inmediatamente para garantizar una fiscalidad efectiva, reducir el traslado de beneficios (principalmente a través de los precios de transferencia), preparar, a la espera de la consolidación, un régimen interino de compensación de beneficios y pérdidas transfronterizos, que deberá tener carácter temporal y ofrecer garantías suficientes de que no creará nuevas oportunidades de planificación fiscal agresiva, y además introducir normas adecuadas y eficaces contra los abusos en todas las directivas pertinentes; pide a la Comisión que verifique si las directivas y los proyectos de directiva existentes en el ámbito fiscal y del Derecho de sociedades resultan adecuados para garantizar la aplicación de una fiscalidad efectiva; pide al Consejo que prepare la pronta adopción de estas disposiciones; hace hincapié en que, para alcanzar plenamente uno de sus objetivos, a saber, reducir los trámites burocráticos, el establecimiento de una base imponible consolidada común debe ir acompañado de la aplicación de normas contables comunes y de una armonización adecuada de las prácticas administrativas en materia fiscal;

121.  Pide a la Comisión que emita disposiciones legislativas claras sobre la definición de sustancia económica, creación de valor y establecimiento permanente, con miras a resolver, en particular, el problema de las sociedades ficticias, y que desarrolle criterios y legislación de la UE para el tratamiento de la I+D compatibles con el trabajo de la OCDE en la materia, pero sin limitarse al mismo, pues los Estados miembros están reformando actualmente sus estrategias a este respecto, a menudo acumulativamente con subvenciones; destaca que dicha legislación debe indicar claramente que ha de existir un vínculo directo entre los regímenes preferenciales concedidos por la administración tributaria y las actividades de I+D subyacentes; pide a la Comisión que revise la legislación de la UE en materia de sociedades bajo control extranjero y su aplicación a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Cadbury Schweppes (C-196/04), a fin de garantizar el pleno uso de este tipo de sociedades cuando no constituyan montajes puramente artificiales para evitar casos de doble no imposición; pide a la Comisión que presente propuestas de armonización de las normas aplicables a las sociedades bajo control extranjero en la UE;

122.  Pide asimismo a la Comisión que, en ausencia de una definición aceptada generalmente, lleve a cabo más análisis y estudios para definir la planificación fiscal agresiva y las prácticas fiscales perniciosas, en particular los abusos ligados a los tratados en materia de doble imposición y los mecanismos híbridos asimétricos, teniendo en cuenta los diversos impactos adversos que pueden tener en la sociedad, así como que garantice su control y determine con más precisión el impacto de la elusión fiscal en la UE y en los países en desarrollo; pide a la Comisión que también defina una metodología para el cálculo del déficit tributario generado por la evasión y la elusión fiscales, tal como anunció en su propuesta de marzo de 2015, y que garantice que este cálculo se efectúe regularmente a fin de controlar los progresos en este ámbito y de concebir las respuestas políticas apropiadas; pide a la Comisión que tome las medidas necesarias para aclarar el estatuto exacto de todas las «jurisdicciones dependientes» de los Estados miembros y qué métodos de presión podrían emplearse para que cambien sus prácticas, con miras a evitar la erosión de la base imponible en la UE;

123.  Recuerda que, además del fraude fiscal corporativo, existe un fraude considerable en el IVA transfronterizo, un impuesto fundamental para todas las haciendas nacionales; pide a la Comisión que desarrolle medidas para abordar este problema, en particular una mejor coordinación en este ámbito entre las administraciones tributarias nacionales;

Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas

124.  Solicita que se proceda a una reforma urgente del Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas y del Grupo responsable de su ejecución, dado que, hasta la fecha, su utilidad ha sido cuando menos cuestionable, con miras tanto a abordar los obstáculos reales que menoscaban en la actualidad la eficacia de la lucha contra las prácticas fiscales perniciosas como a contribuir a la coordinación y cooperación a escala de la UE en materia de política fiscal;

125.  Pide a los Estados miembros que, en aras de una buena cooperación, respalden las propuestas incluidas en el plan de acción de la Comisión, de 17 de junio de 2015, para una imposición sobre las sociedades justa y eficiente en la UE; considera que la legitimidad del Grupo se beneficiaría de un mayor grado de transparencia y rendición de cuentas; aboga, en consecuencia, por la reformulación de la gobernanza y el mandato del Grupo, en particular a través del nombramiento de una presidencia permanente y políticamente responsable, la mejora de sus métodos de trabajo, contemplando un eventual mecanismo de ejecución, la participación regular en el Grupo de ministros de Hacienda o altos funcionarios, para dotar de mayor visibilidad a este órgano, y la mejora de los procedimientos de intercambio de información dentro del Grupo con miras a abordar de forma eficaz los problemas relativos a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios; pide, asimismo, que se actualicen y amplíen los criterios establecidos en el Código con el fin de incluir las nuevas formas de prácticas fiscales perniciosas, también en terceros países; pide al presidente del Grupo y al Consejo que informen regularmente a su comisión competente sobre las actividades del Grupo, y mantengan intercambios con ella, especialmente en lo que se refiere a la presentación de sus informes bianuales al Consejo Ecofin;

126.  Insta al Consejo, en términos más generales, a que apoye la promoción de un verdadero control democrático en cuestiones fiscales transfronterizas a escala de la UE, a semejanza del que ya existe en otros ámbitos en los que los Estados miembros u otras instituciones independientes, como el Banco Central Europeo y el Consejo del Mecanismo Único de Supervisión, tienen competencias exclusivas; pide al Consejo y a los Estados miembros que consideren la posibilidad de crear un grupo de alto nivel sobre política fiscal, propuesta que también ha sido sugerida por el presidente de la Comisión; destaca que dicho «comité fiscal», responsable ante el Parlamento, incluiría al Consejo y a la Comisión, siguiendo el modelo del Comité Económico y Financiero, así como a expertos independientes, y ejercería, en términos más generales, la supervisión de la política fiscal legislativa y no legislativa bajo la autoridad del Consejo Ecofin; pide que se conceda al Parlamento un derecho de iniciativa para denunciar ante el Grupo «Código de Conducta» cualquier medida nacional que, en su opinión, reúna los criterios relativos a la competencia fiscal perniciosa incluidos en el Código de Conducta;

127.  Pide a la Comisión que actualice por segunda vez el informe Simmons & Simmons de 1999 sobre prácticas administrativas a que se refiere el apartado 26 del informe del Grupo «Código de Conducta» de 1999, conocido como informe Primarolo (SN 4901/99);

128.  Insta al Consejo y a los Estados miembros a que, de conformidad con los Tratados y respetando las competencias de los Estados miembros en el ámbito de la fiscalidad directa, mejoren la transparencia, los procedimientos de rendición de cuentas y las funciones de supervisión del Grupo, al tiempo que pide a la Comisión que proponga una legislación marco de conformidad con el método comunitario; considera esencial que se brinde más información sobre el trabajo del Grupo al público en general;

129.  Pide a la Comisión que aplique plenamente las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo relativas a la composición de los grupos de expertos y que adopte una hoja de ruta para garantizar que la composición de los grupos de expertos sea equilibrada; insiste en que, al tiempo que se avanza hacia ese objetivo, se inicien inmediatamente las reformas de la estructura y la composición actuales; subraya que estas reformas no conllevarán una falta de conocimientos técnicos especializados a la hora de elaborar legislación, ya que podrá disponerse de ellos a través de consultas públicas o audiencias públicas de expertos abiertas a representantes de todas las partes interesadas; pide a la Comisión que adopte una definición clara de «conflicto de intereses» y políticas eficaces para evitar que las personas expuestas a esos conflictos de intereses, así como representantes de organizaciones condenadas por evasión fiscal o cualquier otra infracción penal, sean miembros activos de cualquier grupo de expertos o consultivo;

Ayudas estatales

130.  Celebra y apoya enérgicamente el papel fundamental de la Comisión como autoridad competente en materia de competencia en las investigaciones en curso sobre ayudas estatales relacionadas con resoluciones fiscales; considera inapropiada la práctica recurrente de varios Estados miembros de mantener el secreto en torno a proyectos que han recibido ayudas estatales; alienta a la Comisión a que haga pleno uso de sus competencias en virtud de la normativa de competencia de la UE para abordar la cuestión de las prácticas fiscales perniciosas y sancionar a los Estados miembros y a las empresas cuya implicación en dichas prácticas haya quedado demostrada; subraya la necesidad de que la Comisión comprometa más recursos, tanto financieros como de personal, para reforzar su capacidad de llevar a cabo a un mismo tiempo todas las investigaciones necesarias sobre las ayudas estatales; hace hincapié en la necesidad de que los Estados miembros colaboren plenamente con las investigaciones de la Comisión y atiendan a todas sus solicitudes de información;

131.  Pide a la Comisión que, a más tardar a mediados de 2017, y en el marco de la iniciativa de modernización de las ayudas estatales, adopte nuevas orientaciones que aclaren qué constituyen ayudas estatales relacionadas con la fiscalidad y precios de transferencia «apropiados», con miras a eliminar la inseguridad jurídica tanto para los contribuyentes que cumplen sus obligaciones fiscales como para las administraciones tributarias, de forma que se brinde un marco coherente para las prácticas fiscales de los Estados miembros y no se disuada del recurso a resoluciones fiscales legítimas; cuestiona la utilidad del convenio de arbitraje, que no resulta eficaz para resolver litigios, en particular sobre cuestiones relacionadas con los precios de transferencia; considera que este instrumento debe reformularse, reforzando su eficacia, o bien sustituirse por un mecanismo de solución de diferencias de la UE dotado de procedimientos de acuerdo mutuo más eficaces;

132.  Pide a la Comisión que amplíe sus investigaciones a otras multinacionales mencionadas en el escándalo LuxLeaks, así como a medidas similares a las de fijación de precios de transferencia por su naturaleza o efectos;

133.  Pide a la Comisión que, en consonancia con la responsabilidad más amplia asignada a los Estados miembros en el marco de la iniciativa de modernización de las ayudas estatales, estudie la posibilidad de crear una red de administraciones tributarias nacionales cuya misión sea intercambiar las mejores prácticas y contribuir de forma más coherente a prevenir la introducción de medidas fiscales de cualquier tipo que puedan constituir una ayuda estatal ilegal; insta a la Comisión a que refuerce las sinergias estratégicas entre las actividades del Grupo «Código de Conducta» (reformado) y la aplicación por la Comisión de las normas de competencia en materia de ayudas fiscales;

134.  Toma nota de que las normas vigentes en materia de control de ayudas estatales buscan hacer frente a las prácticas contrarias a la competencia mediante la revocación de las ventajas concedidas indebidamente a las empresas; pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de modificar la normativa vigente con el fin de permitir que los importes recuperados a raíz de una infracción de las normas de la UE sobre ayudas estatales puedan reintegrarse a los Estados miembros que hayan sufrido una erosión de sus bases imponibles, y no al Estado miembro que haya concedido la ayuda fiscal ilegal, como sucede actualmente, o puedan consignarse en el presupuesto de la UE; pide a la Comisión que modifique la normativa vigente para garantizar que puedan adoptarse sanciones contra los países y las empresas que corresponda en caso de infracción de las normas sobre ayudas estatales;

Transparencia

135.  Opina que la Unión tiene potencial para convertirse en un modelo y un líder mundial en materia de transparencia fiscal;

136.  Destaca la importancia crucial de la transparencia con miras a reforzar la rendición pública de cuentas por parte de las empresas multinacionales y a apoyar a las administraciones tributarias en sus investigaciones; subraya que esto puede tener un fuerte efecto disuasorio y modificar los comportamientos tanto por el riesgo que corre la reputación de las empresas que no cumplen sus obligaciones fiscales como por el suministro de información a las autoridades competentes, que podrán adoptar las medidas correctivas y las sanciones oportunas; destaca que ha de encontrarse un equilibrio entre la necesidad de transparencia y la necesidad de proteger intereses comerciales sensibles y respetar las normas de protección de datos;

137.  Considera que una mayor transparencia respecto de las actividades de las multinacionales resulta esencial para garantizar que las administraciones tributarias puedan luchar eficazmente contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios; reitera, en consecuencia, que, en su opinión, las multinacionales de todos los sectores deben revelar de una manera clara y comprensible en sus estados financieros, desglosados por Estados miembros y por terceros países en los que estén establecidas, una serie de datos agregados como los beneficios o las pérdidas antes de impuestos, los impuestos sobre los resultados, el número de empleados, los activos que poseen o información básica sobre resoluciones fiscales (información desglosada por países); destaca la importancia de que esta información tenga carácter público, por ejemplo en un registro central de la UE; subraya, además, que debe eximirse de dicha obligación a las pymes y a las empresas de mediana capitalización que no sean multinacionales; pide al Consejo que adopte, antes de finales de 2015, la posición del Parlamento, aprobada en julio de 2015, relativa a la Directiva sobre los derechos de los accionistas; destaca que los requisitos de transparencia deben concebirse y aplicarse sin que coloquen a las empresas de la UE en situación de desventaja competitiva;

138.  Pide asimismo a los Estados miembros que apliquen un sistema más amplio de información desglosada por países, que esté a disposición de las autoridades tributarias, que tome como base las normas de la OCDE e incluya datos más detallados, como las declaraciones fiscales y las operaciones intragrupo; subraya que la divulgación de información fiscal por parte de las empresas a otras administraciones tributarias debe ir acompañada de una mejora del marco de resolución de litigios a fin de aclarar los respectivos derechos de cada parte y evitar cualquier posible efecto secundario negativo; subraya que, en el caso de las administraciones tributarias de terceros países, la información debe transmitirse únicamente a las autoridades de aquellos países que cuenten con disposiciones equivalentes a las contempladas en el convenio de arbitraje de la Unión; insta, asimismo, a que se desarrollen normas contables armonizadas de modo que, en particular, la información divulgada sobre los cánones sea más detallada;

139.  Pide a la Comisión que apoye esta posición, en consonancia con sus anteriores análisis y posiciones, y que tome todas las medidas necesarias para garantizar que su aplicación se haga extensiva a todas las multinacionales que operan en el mercado interior, e insta a la OCDE a que respalde su ampliación a escala mundial a fin de garantizar que se apliquen obligaciones similares a todas las empresas que participan en operaciones transfronterizas; destaca que la actuaciones encaminadas a mejorar la transparencia, si bien son necesarias, no constituyen un medio suficiente para abordar esta cuestión con un enfoque global, y que también es necesario reformar de forma sustancial los sistemas fiscales a escala nacional, europea e internacional;

140.  Subraya que la opacidad actual del sistema fiscal internacional permite que las empresas multinacionales eludan impuestos, eludan las leyes fiscales nacionales y trasladen sus beneficios a paraísos fiscales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que las autoridades competentes tengan pleno acceso a los registros centrales de la titularidad real de las empresas y fideicomisos, de conformidad con la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales; pide a los Estados miembros que transpongan con rapidez la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, y garanticen un acceso amplio y simplificado a la información contenida en los registros centrales en relación con la titularidad real; reitera que, en su opinión, estos registros han de ser públicos;

141.  Reconoce el trabajo emprendido por la Comisión de cara a la creación de un número de identificación fiscal (NIF) europeo; pide a la Comisión que presente una propuesta de NIF europeo, sobre la base del esbozo de NIF europeo que figura en el Plan de acción de la Comisión para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal de 2012 (acción 22); recuerda que los NIF están considerados como el mejor medio para identificar a los contribuyentes e insta, por consiguiente, a acelerar este proyecto; pide asimismo a la Comisión que trabaje activamente en favor de la creación de un número de identificación similar a escala mundial, como el Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica del Comité de Vigilancia Reglamentaria;

142.  Destaca asimismo la importancia de la transparencia en las investigaciones en curso sobre ayudas estatales relacionadas con resoluciones fiscales;

143.  Pide a la Comisión que examine qué posibilidades hay de aplicar en la UE disposiciones similares a la de la Junta de Normas Nacionales de Contabilidad (GASB) de los Estados Unidos(48) por la que se requiere que los gobiernos estatales y locales informen de los ingresos que dejan de recaudar debido a los descuentos fiscales aplicados a las empresas en aras del desarrollo económico;

Protección de los denunciantes de irregularidades

144.  Pide a la Comisión que proponga, antes de junio de 2016, un marco legislativo de la UE para la protección efectiva de los denunciantes de irregularidades y de los autores de denuncias similares; destaca que es inadmisible que puedan ser perseguidos por la ley, en lugar de gozar de protección jurídica, aquellos ciudadanos y periodistas que, actuando en aras del interés público, revelan información o dan cuenta de sospechas de comportamientos impropios, irregularidades, fraudes o actividades ilegales —especialmente en los casos de evasión y elusión fiscal y blanqueo de capitales— o bien de cualquier otra conducta que infrinja los principios fundamentales de la UE, como el principio de cooperación leal;

145.  Insta a la Comisión a que considere la posibilidad de introducir una serie de dispositivos que garanticen dicha protección frente a procesos judiciales injustificados, sanciones económicas y actos discriminatorios, así como la protección de la confidencialidad y del secreto comercial; señala a la atención, en este mismo contexto, el ejemplo de la Ley Dodd-Franck en los Estados Unidos, que remunera a los denunciantes de irregularidades cuando comunican a las autoridades información de primera mano y los protege de las actuaciones legales y la pérdida del empleo, teniendo presente que dicha remuneración no debe servir de estímulo para la publicación de información comercial sensible; propone la creación de una agencia europea independiente competente para recabar este tipo de información y realizar investigaciones, así como de un fondo común paneuropeo para denunciantes de irregularidades, que permita garantizar que los denunciantes reciben una ayuda financiera adecuada, ambos financiados por un porcentaje de los fondos recuperados o de las multas impuestas; considera que también debe protegerse a los denunciantes de irregularidades en caso de que informen a la opinión pública después de haber alertado a las autoridades competentes a escala nacional o de la UE y estas no hayan reaccionado en el plazo de un mes;

Responsabilidad social de las empresas

146.  Opina que la aplicación de una estrategia fiscal responsable debe considerarse un eje fundamental de la responsabilidad social de las empresas (RSE), en especial de conformidad con la definición actualizada de la RSE como «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad»(49); lamenta que la mayoría de las empresas no incluyan este aspecto en su informe de RSE; subraya que la planificación fiscal agresiva es incompatible con la RSE; pide a la Comisión que incluya este elemento y defina correctamente su contenido en una versión actualizada de la Estrategia de la UE sobre la responsabilidad social de las empresas;

Cuestiones relativas a los terceros países

OCDE

147.  Apoya el Plan de acción BEPS de la OCDE, si bien reconoce que es el resultado de un compromiso cuyo alcance no es suficiente para hacer frente a las dimensiones del problema de la elusión fiscal y señala que estas propuestas deben constituir la base de nuevas acciones a escala de la UE y mundial; pide que la OCDE, sus Estados miembros y el resto de países implicados creen un instrumento de supervisión sólido para evaluar los avances en la aplicación de estas orientaciones, comprobar su eficacia y adoptar, en su caso, las medidas correctoras;

148.  Recomienda que se refuercen los vínculos y la cooperación institucionales entre la OCDE y la Comisión para seguir garantizando la compatibilidad de ambos procesos y evitar los solapamientos normativos; pide a los Estados miembros que transpongan rápidamente en su legislación nacional toda la legislación de la UE basada en las orientaciones de la OCDE, lo que convertirá a la UE en precursora de la aplicación de las recomendaciones de la OCDE; destaca, no obstante, que el enfoque de la OCDE se basa todavía en normas no vinculantes y que su actuación debe complementarse con un marco legislativo adecuado a escala de la UE para hacer frente a las necesidades del mercado único, por ejemplo, en forma de una directiva contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios que vaya más allá de la iniciativa de la OCDE al respecto en aquellos ámbitos que esta no cubre suficientemente;

Paraísos fiscales

149.  Reclama un planteamiento común de la UE con respecto a los paraísos fiscales; pide, en particular, a la Comisión que prosiga sus trabajos encaminados a desarrollar y adoptar una definición europea, una serie de criterios comunes para identificar los paraísos fiscales, independientemente de su ubicación, y sanciones adecuadas para aquellos países que cooperen con ellos, sobre la base de su Recomendación de diciembre de 2012 relativa a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal (esto es, ir más allá del intercambio de información y la transparencia para incluir una competencia leal en materia fiscal y una fiscalidad eficaz), y para aquellas empresas que los utilicen para fines de planificación fiscal agresiva, así como a definir medidas comunes adecuadas aplicables a dichas jurisdicciones; remite a su antes mencionada Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales, con miras a elaborar una lista no exhaustiva de posibles medidas en este sentido(50); reitera que la elaboración de listas verdaderamente europeas, actualizadas periódicamente y basadas en indicadores exhaustivos, transparentes, sólidos, objetivamente verificables y comúnmente aceptados sería un medio más eficaz de promover la buena gobernanza en el ámbito fiscal y un cambio de comportamiento fiscal con respecto a estas jurisdicciones y en el seno de las mismas;

150.  Pide a la Comisión que incluya en la lista negra europea aquellos territorios que conceden ventajas fiscales a entidades sin requerir la existencia de una actividad económica sustancial en el país, ofrecen un nivel considerablemente bajo de imposición efectiva y no garantizan el intercambio automático de información fiscal con otras jurisdicciones;

151.  Destaca, en particular, la necesidad de garantizar que los flujos financieros salientes sean gravados como mínimo una vez, por ejemplo imponiendo una retención en origen o medidas equivalentes, a fin de evitar que los beneficios abandonen la UE libres de impuestos, y pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa a este respecto, por ejemplo mediante la revisión de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales y la Directiva sobre pagos de intereses y cánones; subraya la necesidad de introducir un sistema que asegure el cumplimiento de la obligación de presentar a las autoridades tributarias nacionales un justificante que certifique la operación, con notificación a la Comisión, de forma que se proteja el mercado único y se mantenga la conexión entre el lugar en que se generan los beneficios y el valor económico y aquel en que se someten a imposición; subraya que es necesario diseñar detenidamente dicho sistema para evitar la doble imposición y los litigios; pide a la Comisión que, al tiempo que respalda el fomento por la OCDE de un enfoque multilateral en cuestiones tributarias con miras a simplificar las normas fiscales internacionales y garantizar que los beneficios se gravan en el lugar en que se genera el valor económico, refuerce el papel de la Unión en el plano internacional hablando con una sola voz y trabaje en la elaboración de un marco común de la UE para los tratados bilaterales en materia fiscal y en la sustitución progresiva de los numerosos convenios individuales bilaterales en materia fiscal por tratados suscritos por la UE y las terceras jurisdicciones; destaca que esta sería la forma más inmediata de combatir las prácticas abusivas de elección de los acuerdos más favorables; pide a los Estados miembros que, mientras tanto, introduzcan sin dilación cláusulas contra los abusos en sus convenios fiscales, de conformidad con las propuestas contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios;

152.  Considera que la aplicación de acuerdos de libre comercio debe ir acompañada del fomento de la cooperación en materia fiscal, la prevención de la elusión fiscal por empresas que operan en los mismos mercados y la garantía de competir en igualdad de condiciones; pide, por tanto, a la Comisión que introduzca disposiciones fiscales en todos los acuerdos de libre comercio celebrados por la UE de forma que los países socios se comprometan a aplicar una buena gobernanza fiscal y garanticen la reciprocidad en materia fiscal; destaca que el trabajo realizado por la plataforma para una buena gobernanza fiscal constituye una buena base para poner en práctica esta iniciativa; subraya que podría aplicarse el mismo planteamiento a los acuerdos de cooperación de la UE;

153.  Pide a los organismos de la UE que no colaboren con las jurisdicciones consideradas no cooperadoras en cuestiones fiscales ni con las empresas condenadas por fraude fiscal, evasión fiscal o planificación fiscal agresiva; pide a instituciones como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) que dejen de colaborar a través de sus intermediarios financieros con las jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal; pide, asimismo, a los organismos de la UE que se comprometan a no conceder financiación de la UE a empresas condenadas por fraude fiscal, evasión fiscal o planificación fiscal agresiva;

154.  Pide a la Comisión que utilice todos los instrumentos a su disposición para fomentar un enfoque más coordinado con respecto a los países desarrollados, a fin de promover una mayor reciprocidad en materia fiscal, en particular en relación con el intercambio de información con los Estados Unidos a raíz de la entrada en vigor de la Ley sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con cuentas en el extranjero (FACTA); pide asimismo a la Comisión que, en el contexto del acuerdo suscrito por la UE y Suiza el 27 de mayo de 2015, relativo al intercambio automático de información sobre cuentas financieras, supervise atentamente, con miras a proteger el mercado único, la supresión progresiva de algunas prácticas fiscales perniciosas en Suiza, en consonancia con las orientaciones contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, así como que no se introduzcan nuevas medidas fiscales perniciosas en el futuro; pide a la Comisión que, en el marco de sus negociaciones en curso con Suiza, sugiera la introducción en la legislación suiza de normas relativas a las empresas bajo control extranjero; insiste en que la Comisión debe garantizar que Suiza siga el enfoque de la UE por lo que respecta a la fiscalidad e informar al respecto al Parlamento;

155.  Recuerda que todos los Estados miembros han optado por un enfoque multilateral del intercambio automático de información, en virtud del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y mediante la revisión de 2014 de las Directivas de la UE correspondientes(51); destaca que estas dos iniciativas son fundamentales para combatir la evasión fiscal y el secreto bancario, ya que imponen a las entidades financieras la obligación de proporcionar a las administraciones tributarias una amplia gama de información relativa a los residentes con ingresos generados por activos mantenidos en el extranjero;

Países en desarrollo

156.  Destaca que, a la hora de definir las actuaciones y las políticas para hacer frente a la elusión fiscal, conviene prestar una atención particular, tanto en el plano nacional y de la UE como a nivel internacional, a la situación de los países en desarrollo, especialmente de los países menos desarrollados, que generalmente son los más afectados por la elusión del impuesto sobre sociedades, disponen de bases imponibles muy restringidas y presentan bajos ratios de impuestos/PIB; subraya que estas acciones y políticas deben contribuir a generar ingresos públicos acordes con el valor añadido creado en su territorio, a fin de financiar de forma adecuada sus respectivas estrategias de desarrollo, la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la agenda de desarrollo posterior a 2015; acoge con satisfacción, en este mismo contexto, los trabajos del Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación; pide a la Comisión que apoye los intereses de los países en desarrollo en las actuales iniciativas internacionales y que incluya a representantes de los países en desarrollo en su plataforma para una buena gobernanza fiscal;

157.  Pide a la UE y a los miembros de la OCDE participantes en el Plan de acción BEPS que velen por que la nueva Norma de Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras desarrollada por la OCDE incluya un período transitorio para los países en desarrollo que, por falta de capacidad administrativa, no estén en estos momentos en disposición de cumplir las exigencias del intercambio automático recíproco de información;

158.  Pide a la Comisión que proponga nuevas medidas dirigidas a contribuir a la mejora de las capacidades administrativas en los países en desarrollo, en particular en el ámbito fiscal, a fin de facilitar el intercambio eficaz de información fiscal con sus respectivas administraciones; pide la creación de una plataforma para los países en desarrollo mediante la aplicación de proyectos piloto en materia de intercambio automático de información; insta a los países en desarrollo a promover acuerdos regionales u otras formas de cooperación en materia fiscal con el fin de mejorar su posición negociadora con respecto a los inversores directos del exterior y las multinacionales y abordar cuestiones de interés común;

159.  Pide a los Estados miembros que velen por que sus agencias de ayuda al desarrollo cuenten con conocimientos técnicos suficientes, especialmente de los ministerios de Hacienda y las administraciones tributarias, para abordar las cuestiones fiscales de sus políticas de desarrollo;

160.  Remite al plan de acción presentado en su Resolución, de 8 de julio de 2015, sobre la elusión y la evasión fiscales como obstáculos a la gobernanza, la protección social y el desarrollo en los países en desarrollo; alienta a todos los países y organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, a que participen en un proceso integrador y contribuyan a la agenda fiscal G20/OCDE, abordando las cuestiones relativas a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y promoviendo la transparencia fiscal internacional y el intercambio de información en materia fiscal a escala mundial, por ejemplo mediante el desarrollo de una norma única de información común para el intercambio automático de información o la difusión pública de la titularidad real; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen un papel más importante para las Naciones Unidas en los futuros debates internacionales en materia fiscal, por ejemplo, respaldando la creación de un órgano fiscal mundial bajo los auspicios de las Naciones Unidas;

Asesores fiscales

161.  Señala la problemática y cuestionable yuxtaposición, dentro de una misma empresa, de actividades de asesoramiento fiscal, auditoría y consultoría destinadas, por una parte, a facilitar el trabajo de las administraciones tributarias, de cara, por ejemplo, al diseño de regímenes fiscales o la mejora de la recaudación de impuestos, y, por otra parte, a ofrecer servicios de planificación fiscal a las empresas multinacionales, que pueden estar aprovechándose de los aspectos más vulnerables de las legislaciones nacionales en materia fiscal;

162.  Recuerda la existencia de un marco jurídico europeo que incluye el último paquete de reformas del mercado de la auditoría, aprobado por el Parlamento el 3 de abril de 2014(52); pide a la Comisión que vele por la aplicación efectiva de las disposiciones legislativas pertinentes en los Estados miembros en los plazos señalados y de conformidad con los objetivos perseguidos;

163.  Pide a la Comisión que formule propuestas de orientaciones para el sector de los servicios de consultoría y para la creación de un régimen de incompatibilidades de la UE para los asesores fiscales y, en su caso, para las entidades bancarias, mediante el establecimiento de un marco que permita evitar eficazmente los conflictos de intereses entre los servicios prestados al sector público y los prestados al sector privado;

164.  Pide asimismo a la Comisión que emprenda una investigación dirigida a evaluar el grado de concentración en el sector y cualquier distorsión de la competencia resultante; recomienda que en dicha investigación se examine también de forma específica si la combinación de actividades de asesoría fiscal y de auditoría dentro de una misma empresa puede conducir a conflictos de intereses, y que, en consecuencia, se propongan medidas adecuadas, en particular mediante la introducción de mecanismos de separación de los distintos departamentos dentro de las sociedades de consultoría;

165.  Pide a la Comisión que estudie urgentemente la posibilidad de instaurar un marco legislativo que prevea la imposición de sanciones apropiadas a las empresas, entidades bancarias, sociedades de auditoría y asesores financieros respecto de los que se haya probado su implicación en la realización o promoción de operaciones ilegales de elusión fiscal o de planificación fiscal agresiva; destaca que estas sanciones han de tener un efecto disuasorio y pueden incluir, entre otras cosas, multas, la imposibilidad de acceder a fondos procedentes del presupuesto de la UE, la prohibición de cualquier actividad de asesoramiento en relación con las instituciones de la UE y, en casos extremos y recurrentes, la retirada de la licencia comercial;

Otras actuaciones a escala nacional

166.  Alienta la adopción de otras medidas a escala nacional para hacer frente a la elusión fiscal en el marco de la UE y de la OCDE, dado que las iniciativas descoordinadas pueden crear nuevas asimetrías y posibilidades de fraude fiscal; destaca que el mejor instrumento para luchar contra la erosión de la base imponible es la cooperación, en lugar de la instauración unilateral de regímenes preferenciales para atraer las inversiones;

167.  Pide a la Comisión que establezca directrices en cuanto a las amnistías fiscales concedidas por Estados miembros con el objetivo de definir las circunstancias en las que dichas amnistías cumplirían lo dispuesto en los Tratados de la UE respecto de la libre circulación de capitales, la libre prestación de servicios, las ayudas estatales y las normas en materia de blanqueo de capitales, así como un planteamiento común de la UE contra los paraísos fiscales; recuerda la necesidad de recurrir a tal práctica con extrema prudencia para no incitar a los elusores de impuestos a esperar a la siguiente amnistía;

168.  Pide a los Estados miembros que introduzcan un sistema de retención en origen sobre los cánones, a fin de garantizar que los cánones abonados a terceros países no sujetos a acuerdos fiscales bilaterales también estén sujetos a tributación;

169.  Pide a los Estados miembros que lleven a cabo, cuando sea necesario con el apoyo técnico de la Comisión, evaluaciones de impacto que incluyan los efectos indirectos en otros países antes de introducir cualesquiera medidas fiscales que puedan tener un impacto en el exterior; reclama una fuerte implicación de los Parlamentos nacionales en las cuestiones relativas a la elusión fiscal, dado que ningún régimen o tratamiento fiscal debería escapar a una correcta evaluación y al control democrático por parte del legislador;

170.  Insta encarecidamente a los Estados miembros a que suspendan y reconsideren los recortes efectuados en los recursos de sus respectivas administraciones tributarias, aumenten las inversiones y mejoren la eficacia de dichas administraciones, y garanticen un despliegue eficaz del personal, así como la mejora de la tecnología y los conocimientos técnicos, con miras a afrontar el desarrollo y el impacto de las prácticas fiscales perniciosas, que son cada vez más sofisticadas; pide a la Comisión que preste apoyo técnico a estos esfuerzos, en particular en el contexto del programa Fiscalis 2020; pide asimismo a los Estados miembros que trabajen en pos de unos regímenes fiscales más simples, eficaces y transparentes, en el interés de los Estados miembros, los ciudadanos y las empresas;

171.  Recuerda que la contratación pública equivale al 16 % del PIB en la UE; pide que, en el marco de la próxima revisión de la Directiva sobre contratación pública, se valore la posibilidad de introducir criterios fiscales, de transparencia o relativos a la cooperación en las licitaciones públicas; pide asimismo a los Estados miembros que estudien la posibilidad de excluir de la participación en los procesos de contratación pública aquellas empresas que, según se haya demostrado, hayan desarrollado actividades de planificación fiscal agresiva y elusión fiscal;

172.  Destaca, por último, que la regla de la unanimidad en el seno del Consejo, que asigna a cada Estado miembro el derecho de veto, no incita a pasar del statu quo actual a una solución más cooperativa; pide a la Comisión que no se abstenga de recurrir, en caso necesario, al artículo 116 del TFUE, que establece lo siguiente: «En caso de que la Comisión compruebe que una divergencia entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros falsea las condiciones de competencia en el mercado interior y provoca, por tal motivo, una distorsión que deba eliminarse, procederá a celebrar consultas con los Estados miembros interesados. Si tales consultas no permitieren llegar a un acuerdo para suprimir dicha distorsión, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las directivas necesarias a este fin [...]»;

173.  Se compromete a proseguir los trabajos iniciados por su comisión especial, haciendo frente a los obstáculos que han impedido a dicha comisión especial completar su mandato íntegro, y a garantizar un seguimiento adecuado de sus recomendaciones; encarga a sus autoridades competentes que determinen la mejor configuración institucional para conseguirlo;

174.  Reitera su solicitud de acceso a todos los documentos pertinentes de la UE; pide a su Presidente que transmita esta solicitud a la Comisión y al Consejo y deje claro que el Parlamento está decidido a emplear todos los medios posibles de que dispone para lograr su objetivo;

175.  Pide a su comisión competente que lleve a cabo un seguimiento de estas recomendaciones en su próximo informe de iniciativa legislativa sobre el mismo asunto;

176.  Pide a su comisión competente en materia de asuntos constitucionales que haga un seguimiento de estas recomendaciones, en particular por cuanto se refiere a la introducción de cláusulas de cooperación vinculantes en el Código de Conducta para las organizaciones inscritas en el Registro de transparencia y a las modificaciones de las normas sobre el acceso a los documentos entre instituciones de la UE, con miras a adecuarlas mejor al principio de cooperación leal establecido en el TUE;

o
o   o

177.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a los Parlamentos nacionales, al G20 y a la OCDE.

ANEXO 1

LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS

(REUNIONES DE LA COMISIÓN Y DELEGACIONES)

Fecha

Participantes

30.3.2015

—  Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas

16.4.2015

—  Serge Colin, presidente de la UFE (Unión del Personal de las Administraciones Tributarias)

—  Fernand Müller, presidente del Comité Fiscal de la UFE

—  Paulo Ralha, presidente del Sindicato de Trabajadores de Hacienda de Portugal

—  François Goris (presidente de UNSP-NUOD), Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI)

—  Nadja Salson, Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos

—  Henk Koller, presidente de la Confederación Europea de Asesores Fiscales (CFE)

—  Olivier Boutellis-Taft, director ejecutivo de la Federación de Expertos Contables Europeos (FEE)

—  Ravi Bhatiani, director de Asuntos Jurídicos de Independent Retail Europe (Minoristas Independientes de Europa)

5.5.2015

—  Margrethe Vestager, comisaria de Competencia

—  Wolfgang Nolz, presidente del Grupo «Código de Conducta»

—  Jane McCormick, socia sénior responsable de fiscalidad, jefa de Fiscalidad EMA, KPMG

—  Chris Sanger, socio, director mundial de Política Fiscal, Ernst&Young

—  Stef van Weeghel, socio, director mundial de Política Fiscal, PwC

—  Bill Dodwell, jefe de Política Fiscal, Deloitte UK

11.5.2015

Audiencia pública sobre resoluciones fiscales y prácticas fiscales perniciosas

—  Stephanie Gibaud, denunciante de irregularidades y antigua empleada de UBS

—  Lutz Otte, denunciante de irregularidades y antiguo contratista en tecnología de la información en Julius Baer

—  Kristof Clerix, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

—  Edouard Perrin, miembro de ICIJ

—  Richard Brooks, miembro de ICIJ

—  Lars Bové, miembro de ICIJ

—  Xavier Counasse, periodista de Le Soir

—  Dominique Berlin, Colegio Europeo de París, Universidad Panthéon-Assas (París 2)

—  Gabriel Zucman, profesor adjunto, London School of Economics and Political Sciences

—  Achim Doerfer, abogado en asuntos fiscales, escritor y experto en filosofía del Derecho

12.5.2015

Delegación a Bélgica

—  Jacques Malherbe, Universidad de Lovaina la Nueva (UCL)

—  Axel Haelterman, Universidad de Lovaina (KUL)

—  Werner Heyvaert, experto en fiscalidad, Jones Day

—  Wim Wuyts, jefe de Fiscalidad y presidente del Comité de Fiscalidad del grupo financiero FEB-VBO, y Hilde Wampers, vicepresidenta de Fiscalidad de FEB-VBO

—  Christophe Quintard (experto del sindicato FGTB, antiguo auditor fiscal)

—  Eric van Rompuy (presidente) y otros miembros de la Comisión de Finanzas y Presupuestos del Parlamento federal

—  Steven Van den Berghe, jefe del Servicio de Resoluciones Fiscales

—  Johan Van Overtveld, ministro de Hacienda (sesión del 17 de junio)

18.5.2015

Delegación a Luxemburgo

—  Wim Piot, jefe de Fiscalidad, PwC Luxembourg

—  Nicolas Mackel, director general ejecutivo de Luxembourg for Finance

—  Christine Dahm, directora, y Mike Mathias, miembro del Cercle de Coopération des ONG du développement (Círculo de Cooperación de las ONG para el desarrollo)

—  Eugène Berger (presidente) y otros miembros de la Comisión de Finanzas del Parlamento

—  Pierre Gramegna, ministro de Hacienda

—  Pascale Toussing, directora de Asuntos Fiscales, Ministerio de Hacienda, y miembros de la administración fiscal

22.5.2015

Delegación a Berna (Suiza)

—  Markus R. Neuhaus, presidente del Consejo de Administración de PwC Switzerland, miembro del gabinete de la Presidencia mundial de PwC

—  Frank Marty, miembro del Comité Ejecutivo, jefe de Servicios Financieros y Fiscales, Economie Suisse

—  François Baur, delegado permanente en Bruselas, jefe de Asuntos Europeos, Economie Suisse

—  Martin Zogg, miembro del Comité Ejecutivo, jefe de Fiscalidad Nacional e Internacional, Swiss Holdings

—  Urs Kapalle, director de Política Financiera y Fiscalidad, Asociación de Bancos Suizos

—  Mark Herkenrath, Alliance Sud, miembro de la Alianza Mundial para la Justicia Fiscal

—  Olivier Longchamps, Declaración de Berna

—  Jacques de Watteville, secretario de Estado de Asuntos Financieros Internacionales

—  Embajador Christoph Schelling, jefe de la División de Política Fiscal

—  Adrian Hug, director de la Administración Fiscal Federal suiza

—  Ruedi Noser, miembro del Consejo Nacional, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales

—  Urs Schwaller, miembro del Consejo de Estados

—  Ulrich Trautmann, jefe de sector de Asuntos Económicos y Comerciales, delegación de la Unión Europea en Suiza y Liechtenstein

—  Marco Salvi, investigador sénior, Avenir Suisse

27.5.2015

Reunión con el Gobierno de Gibraltar (con coordinadores de TAXE)

—  Fabian Picardo, ministro presidente

—  Joseph Garcia, ministro vicepresidente

28.5.2015

Delegación a Dublín, Irlanda

—  Martin Lambe, director ejecutivo, Instituto Fiscal de Irlanda

 Michael Noonan, ministro de Hacienda

—  Niall Cody, presidente de la Comisión de Ingresos

—  Liam Twomy (presidente) y otros miembros de la Comisión de Finanzas del Parlamento (Oireachtas) + Comisión Mixta Cámara Baja-Senado para Asuntos Europeos

—  Frank Barry, Trinity College de Dublín

—  Seamus Coffey, University College de Cork

—  Feargal O’Rourke, jefe de Fiscalidad, PwC

—  Conor O’Brien, jefe de Fiscalidad, KPMG

—  Jim Clarken, director general ejecutivo de Oxfam Irlanda

—  Micheál Collins, instituto de investigación económica NERI

29.5.2015

Delegación a La Haya (Países Bajos)

—  Sjoera Dikkers, diputada, y otros miembros de la Comisión de Finanzas del Parlamento de los Países Bajos

—  Bartjan Zoetmulder, Asociación neerlandesa de asesores fiscales

—  Hans Van den Hurk, Universidad de Maastricht

—  Indra Römgens, SOMO, organización de redes e investigación independiente y sin ánimo de lucro

—  Francis Weyzig, Oxfam

—  Pieterbas Plasman, jefe de la Oficina de Resoluciones Fiscales

—  Eric Wiebes, secretario de Estado para Asuntos Fiscales

1.6.2015

Audiencia pública sobre la dimensión internacional de las resoluciones fiscales y otras medidas

—  Senador Mario Monti, antiguo comisario de Competencia, Aduanas, Fiscalidad y Mercado Interior

—  Tove Maria Ryding, responsable de Política y Fomento, Red Europea de Deuda y Desarrollo (EURODAD)

—  Antoine Deltour, denunciante de irregularidades, antiguo auditor, PwC Luxembourg

17.6.2015

Reunión interparlamentaria sobre «la planificación fiscal agresiva y la función de control democrático de los Parlamentos»

Treinta y siete miembros de dieciocho Parlamentos nacionales:

AT, BE, CY, CZ, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, PL, PT, RO, ES, SV

—  Heinz Zourek, director general de la DG TAXUD

—  Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE

18.6.2015

Delegación a Londres, Reino Unido

—  David Gauke, diputado, secretario del Tesoro encargado de finanzas

—  Jim Harra, director general, Fiscalidad de las Empresas, Autoridad de Ingresos y Aduanas

—  Fergus Harradence, director adjunto, Grupo de Fiscalidad de las Empresas, Fiscalidad Empresarial e Internacional, Tesoro (Ministerio de Hacienda)

—  Andrew Dawson, jefe del equipo negociador de tratados fiscales, negociador principal de los tratados fiscales del Reino Unido

—  Maura Parsons, directora adjunta, jefa de Precios de Transferencia en HMRC Business International y presidenta del Consejo de Precios de Transferencia de HMRC

—  Meg Hillier (presidenta), Margaret Hodge (antigua presidenta) y Guto Bebb, miembro de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes

—  Prem Sikka, profesor de Contabilidad, Essex Business School, Universidad de Essex

—  Frank Haskew, jefe del Departamento de Fiscalidad del ICAEW de Inglaterra y Gales (Institute of Chartered Accountants in England and Wales), e Ian Young, administrador fiscal internacional

—  Will Morris, presidente del Comité Fiscal del BIAC (Comité Consultivo Económico e Industrial de la OCDE) y del Comité Fiscal de la Confederación de la Industria Británica (CBI)

—  Richard Collier, socio sénior en asuntos fiscales, PwC

—  Joseph Stead, Christian Aid

—  Meesha Nehru, director de programa, Fair Tax Mark

23.6.2015

Intercambio de puntos de vista con empresas multinacionales

—  Nathalie Mognetti, directora fiscal, Total S.A.

—  Martin McEwen, director fiscal, SSE plc

—  Christian Comolet-Tirman, director fiscal, Grupo BNP Paribas

25.6.2015

Reunión con representante del Gobierno de Bermudas (con coordinadores de TAXE)

—  Everard Bob Richards, viceprimer ministro y ministro de Hacienda

—  Alastair Sutton, asesor jurídico del Gobierno de Bermudas para asuntos de la UE

2.7.2015

—  Richard Murphy, Tax Research LLP y miembro fundador de Tax Justice Network

—  Guillaume de La Villeguérin, vicepresidente de Fiscalidad y Aduanas, Airbus

17.9.2015

—  Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea

—  Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas

—  Margrethe Vestager, comisaria de Competencia

22.9.2015

—  Pierre Gramegna, presidente del Consejo Ecofin y ministro de Hacienda de Luxemburgo

—  Dr. Wolfgang Schäuble, ministro federal de Hacienda de Alemania

—  Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad de España

—  Michel Sapin, ministro de Hacienda y Cuentas Públicas de Francia

—  Pier Carlo Padoan, ministro de Economía y Finanzas de Italia

16.11.2015

Intercambio de puntos de vista con empresas multinacionales

—  Monique Meche, Vice President, Global Public Policy, Amazon

—  Malte Lohan, Global Corporate Affairs Director, Anheuser-Busch InBev SA

—  Mark Hubbard, Global Head of Tax, Barclays Bank Group

—  Delphine Reyre, Director of Public Policy Southern Europe, Facebook

—  Iain McKinnon, Head of Group Tax, HSBC

—  Krister Mattsson, Head of Corporate Finance, Insurance, Tax & Treasury, IKEA Group

—  Irene Yates, Vice President, Corporate Tax, McDonald’s Europe

—  Werner Schuster, Vice President Tax, Philip Morris International

—  Nicklas Lundblad, Senior Director, Public Policy and Government Relations, Google

—  John Stowell, Senior Vice President, Corporate Taxes, The Walt Disney Company

—  Robert Jordan, Vice President, General Tax Counsel, Coca-Cola Company

ANEXO 2

LISTA DE RESPUESTAS POR PAÍSES/INSTITUCIONES

(situación a 16 de noviembre de 2015)

País

Respuesta

Primera solicitud: 23.4.2015 - Plazo: 31.5.2015

Suecia

29.5.2015

Jersey

29.5.2015

Guernesey

31.5.2015

Luxemburgo

1.6.2015

Finlandia

2.6.2015

Eslovaquia

3.6.2015

Irlanda

5.6.2015

Países Bajos

8.6.2015

Reino Unido

8.6.2015

Francia

10.6.2015

República Checa

11.6.2015

Letonia

16.6.2015

Bélgica

16.6.2015

Malta

18.6.2015

Primer recordatorio: 29.6.2015 - Plazo: 9.7.2015

Portugal

30.6.2015

Polonia

2.7.2015

Lituania

3.7.2015

Hungría

7.7.2015

Croacia

8.7.2015

Estonia

10.7.2015

Grecia

10.7.2015

España

10.7.2015

Gibraltar

13.8.2015

Dinamarca

26.8.2015

Alemania

2.9.2015

Rumanía

3.9.2015

Italia

17.9.2015

Último recordatorio: 21.9.2015

Austria

21.9.2015

Chipre

22.9.2015

Bulgaria

28.9.2015

Eslovenia

28.9.2015

INSTITUCIONES

Respuesta

Comisión

29.4.2015

3.6.2015

31.8.2015

23.10.2015

9.11.2015

Consejo

29.5.2015

15.6.2015

27.7.2015

ANEXO 3

EMPRESAS MULTINACIONALES INVITADAS A COMPARECER

EN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN

Nombre

Invitados/Representantes

Situación a 16 de noviembre de 2015

Airbus

Guillaume de La Villeguérin,

vicepresidente de Fiscalidad y Aduanas

Participación - 2.7.2015

BNP Paribas

Christian Comolet-Tirman,

director, Asuntos fiscales

Participación - 23.6.2015

SSE plc

Martin McEwen, director fiscal

Participación - 23.6.2015

Total S.A.

Nathalie Mognetti,

directora fiscal

Participación - 23.6.2015

Amazon

Monique Meche, vicepresidenta, Políticas públicas mundiales

Participación - 16.11.2015

Anheuser-Busch InBev

Malte Lohan, director de Asuntos empresariales mundiales

Participación - 16.11.2015

Barclays Bank Group

Mark Hubbard, responsable mundial de Fiscalidad

Participación - 16.11.2015

Coca-Cola Company

Robert Jordan, vicepresidente, Asesoramiento fiscal general

Participación - 16.11.2015

Facebook

Delphine Reyre, directora de Políticas públicas para el sur de Europa

Participación - 16.11.2015

Google

Nicklas Lundblad, director sénior, Políticas públicas y relaciones institucionales

Participación - 16.11.2015

HSBC Bank plc

Iain McKinnon, director fiscal

Participación - 16.11.2015

IKEA Group

Krister Mattsson, director de Financiación empresarial, seguros, fiscalidad y finanzas

Participación - 16.11.2015

McDonald’s Europe

Irene Yates, vicepresidenta, Fiscalidad empresarial

Participación - 16.11.2015

Philip Morris

International

Werner Schuster, vicepresidente responsable de Fiscalidad

Participación - 16.11.2015

The Walt Disney Company

John Stowell, vicepresidente sénior, Fiscalidad empresarial

Participación - 16.11.2015

Fiat Chrysler Automobiles

Sergio Marchionne,

director general ejecutivo

Declinó su participación debido a una investigación en curso

Walmart

Shelley Broader,

presidente y director ejecutivo, región EMEA

Declinó su participación

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0039.
(2) Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1), sobre la asistencia mutua por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de la fiscalidad directa.
(3) Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros (DO L 157 de 26.6.2003, p. 49).
(4) DO L 225 de 20.8.1990, p. 6.
(5) DO L 158 de 27.5.2014, p. 196.
(6) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.
(7) DO L 336 de 27.12.1977, p. 15.
(8) DO L 141 de 5.6.2015, p. 73.
(9) DO C 384 de 10.12.1998, p. 3.
(10) DO C 258 E de 7.9.2013, p. 134.
(11) DO C 2 de 6.1.1998, p. 2.
(12) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0257.
(13) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0265.
(14) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0089.
(15) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0062.
(16) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0444.
(17) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0205.
(18) DO C 258 E de 7.9.2013, p. 53.
(19) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 37.
(20) DO C 341 E de 16.12.2010, p. 29.
(21) Tendencias en materia de fiscalidad en la Unión Europea, edición de 2014, Eurostat.
(22) «Taxation Trends in the European Union» (Tendencias fiscales en la Unión Europea), libros estadísticos de Eurostat, edición de 2014.
(23) Comisión Europea (2015), «SME taxation in Europe - an empirical study of applied corporate income taxation for SMEs compared to large enterprises» (La imposición de las pymes en Europa: estudio empírico de los impuestos de sociedades aplicados a las pymes en comparación con las grandes empresas).
(24) Documentos políticos del FMI «Spillovers in international corporate taxation» (Efectos indirectos de la fiscalidad internacional de las empresas), 9 de mayo de 2014, y «Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries» (Erosión de la base imponible, traslado de beneficios y países en desarrollo), 29 de mayo de 2015.
(25) Informe, de 10 de febrero de 2012, de Richard Murphy, titulado «Closing the European Tax Gap» (Reducir la brecha fiscal europea).
(26) «European added value of legislative report on bringing Transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union» (Valor añadido europeo del informe legislativo sobre la manera de aportar transparencia, coordinación y convergencia a las políticas de impuesto sobre sociedades en la Unión Europea), Benjamin Ferrett, Daniel Gravino y Silvia Merler– Parlamento Europeo.
(27) «Unhappy meal – €1 Billion in Tax Avoidance on the Menu at McDonald’s», Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) y otros, febrero de 2015.
(28) Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 17 de junio de 2015, sobre el impuesto sobre sociedades en la Unión Europea (SWD(2015)0121).
(29) «A study on R&D Tax incentives», Taxation paper nº 52-2014, Comisión Europea.
(30) «Transfer pricing: Keeping it at arm’s length» (Precios de transferencia: mantener el principio de plena competencia), OECD Observer 230, enero de 2002 (corregido en 2008).
(31) Cámara de los Comunes, declaración oral ante la Comisión de Cuentas Públicas, 31 de enero de 2013.
(32) Comunicado de prensa de la OCDE, «OECD urges stronger international co-operation on corporate tax» (La OCDE insta a una cooperación internacional más intensa en relación con el impuesto de sociedades), de 12.2.2013.
(33) «SME taxation in Europe - an empirical study of applied corporate income taxation for SMEs compared to large enterprises» (La imposición de las pymes en Europa: estudio empírico de los impuestos de sociedades aplicados a las pymes en comparación con las grandes empresas). - Comisión Europea, mayo de 2015 y P.Egger, W. Eggert y H. Winner (2010), «Saving taxes through foreign plant ownership» (Ahorrar impuestos mediante la propiedad de instalaciones de producción en el extranjero), Journal of International Economics 81, pp. 99-108.
(34) Asuntos acumulados C-106/09 P y C-107/09 P, Comisión Europea y Reino de España/Government of Gibraltar y Reino Unido, sentencia de 15 de noviembre de 2011.
(35) Si las medidas adoptadas por los Estados miembros afectan a todo el sistema fiscal, constituyen ajustes de la política fiscal general, y no ayudas estatales.
(36) Nota remitida por la comisaria Vestager el 29 de abril de 2015 a la Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares.
(37) Con arreglo a lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del TFUE, en relación con la obligación de cooperar y facilitar todos los documentos necesarios.
(38) Documento político del FMI titulado «Spillovers in international corporate taxation» (Efectos indirectos de la fiscalidad internacional de las empresas), 9 de mayo de 2014.
(39) Documento de trabajo del FMI titulado «Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries» (Erosión de la base imponible, traslado de beneficios y países en desarrollo), de mayo de 2015.
(40) Estudio «Tax revenue mobilisation in developing countries: issues and challenges» (Movilización de los ingresos fiscales en los países en desarrollo: problemas y desafíos), Parlamento Europeo, abril de 2014.
(41) Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2015, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo.
(42) Informe de Christian Aid, 2008.
(43) DO C 264 E de 13.9.2013, p. 41.
(44) Airbus, BNP Paribas, SSE plc, Total S.A,
(45) Amazon, Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank Group, Coca-Cola Company, Facebook, Google, HSBC Bank plc, IKEA, McDonald’s Corporation, Philip Morris, Walt Disney Company.
(46) Fiat Chrysler Automobiles y Walmart.
(47) Código de Conducta establecido en el anexo 3 del Acuerdo interinstitucional relativo al Registro de transparencia de 2014.
(48) «Tracking corporate tax breaks: a welcome new form of transparency emerges in the US», Tax Justice Network.
(49) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas (COM(2011)0681).
(50) Entre otras, se incluyen las siguientes: suspender o concluir los convenios de doble imposición vigentes con los territorios incluidos en la lista negra; prohibir el acceso a la contratación pública de bienes y servicios de la UE por parte de empresas radicadas en territorios incluidos en la lista negra y negarse a concederles ayudas estatales; prohibir a las entidades financieras y los asesores financieros de la UE establecer o mantener filiales y sucursales en territorios incluidos en la lista negra y estudiar la revocación de licencias de las entidades financieras y los asesores financieros que mantengan filiales y sigan operando en territorios incluidos en la lista negra; introducir un impuesto especial sobre todas las operaciones hacia y desde los territorios incluidos en la lista negra; estudiar una serie de opciones de no reconocimiento, dentro de la UE, del estatuto jurídico de empresas creadas en territorios incluidos en la lista negra; aplicar barreras arancelarias en casos de comercio con países terceros incluidos en la lista negra.
(51) Directiva en materia de fiscalidad del ahorro y Directiva sobre cooperación administrativa.
(52) Textos Aprobados,P7_TA(2014)0283 y P7_TA(2014)0284.


Autorización para usos del ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP)
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Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución XXX de la Comisión por la que se concede autorización para usos del ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (D041427 – 2015/2962(RSP))
P8_TA(2015)0409B8-1228/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se concede autorización para usos del ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (D041427),

–  Visto el Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo(1) y, en particular, su artículo 64, apartado 8,

–  Vistos los dictámenes del Comité de evaluación del riesgo (CER) y del Comité de análisis socioeconómico (CASE)(2), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, apartado 5, párrafo tercero, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006,

–  Visto el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(3),

–  Vista la Directiva 2008/98/CE(4), y en particular su artículo 4,

–  Vista la Decisión n.° 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(5), y en particular el apartado 43, inciso viii), de su anexo,

–  Vista la Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión(6),

–  Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular(7),

–  Vista la propuesta de Resolución presentada por su Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

–  Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, de su Reglamento,

A.  Considerando que el DEHP está incluido en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (Reglamento REACH), debido a su clasificación como sustancia de la categoría 1B, tóxica para la reproducción; que el DEHP figura en la lista de sustancias candidatas del Reglamento REACH debido a sus propiedades tóxicas para la reproducción;

B.  Considerando que, por medio de un proyecto de Decisión de Ejecución sobre la identificación del ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP), el ftalato de dibutilo (DBP), el ftalato de bencilo y butilo (BBP) y el ftalato de diisobutilo (DIBP) como sustancias altamente preocupantes de conformidad con el artículo 57, letra f), del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, la Comisión pretende identificar el DEHP como sustancia altamente preocupante;

C.  Considerando que, ya en 2000 y sobre la base de la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una estrategia comunitaria en materia de alteradores endocrinos (COM(1999)0706), el DEHP fue incluido en el anexo 1, que establece la lista de 553 sustancias candidatas, en el grupo I de sustancias y preparados químicos para los que existen pruebas de que actúan en al menos una especie como alteradores endocrinos en animales intactos(8);

D.  Considerando que el DEHP era uno de los primeros seis compuestos que debían desaparecer gradualmente en virtud del Reglamento REACH, como anunció la Comisión el 17 de febrero de 2011(9);

E.  Considerando que, el 12 de diciembre de 2014, el Comité de los Estados miembros (CEM) acordó por unanimidad que el DEHP fuera identificado como sustancia que suscita un grado de preocupación equivalente debido a sus propiedades de alteración endocrina en el medio ambiente(10); que el CEM reconoció por unanimidad que, en el caso del DEHP, existen pruebas científicas sobre su acción como alterador endocrino y sobre el nexo causal entre esta y los efectos perjudiciales sobre la salud humana;

F.  Considerando que la Comisión toma nota del acuerdo unánime en el CEM a la hora de afirmar que cuatro ftalatos, entre ellos el DEHP, presentan propiedades de alteración endocrina y que los efectos adversos de este modo de acción son los mismos que condujeron a su clasificación como tóxicos para la reproducción y su identificación como sustancias altamente preocupantes en virtud del artículo 57, letra c), del Reglamento REACH; que la Comisión también toma nota de que la mayoría de los miembros del CEM considera que el grado de preocupación que suscitan tales efectos es equivalente;

G.  Considerando que, el 21 de octubre de 2015, la Comisión presentó un proyecto de acto de ejecución para la identificación del DEHP como alterador endocrino cuyos efectos para la salud humana suscitan un grado de preocupación equivalente en virtud del artículo 57, letra f), del Reglamento REACH;

H.  Considerando que en el dictamen del CER se reconoce el modo de acción endocrina del DEHP, si bien se reconoce asimismo que ha sido incluido en el anexo XIV debido a su clasificación como tóxico para la reproducción (artículo 57, letra c)), y no sobre la base de sus propiedades de alteración endocrina (artículo 57, letra f)); que, en consecuencia, la evaluación actual del DEHP se limita a su toxicidad para la reproducción;

I.  Considerando que el DEHP debe ser identificado como sustancia altamente preocupante, dado que cumple los criterios establecidos en el artículo 57, letra f), del Reglamento REACH, al ser un alterador endocrino respecto del cual existen pruebas científicas de que tiene posibles efectos graves para la salud humana que suscitan un grado de preocupación equivalente al que suscitan otras sustancias enumeradas en el artículo 57, letras a) a e), del Reglamento REACH;

J.  Considerando que el solicitante ha solicitado la autorización por la vía del control adecuado prevista en el artículo 60, apartado 2, del Reglamento REACH; que, sin embargo, en virtud del artículo 60, apartado 3, letra a), del Reglamento REACH, la vía del control adecuado no se aplica a las sustancias que reúnan los criterios de clasificación como CMR o en virtud artículo 57, letra f), de dicho Reglamento para las cuales no sea posible determinar un umbral de conformidad con el punto 6.4 del anexo I de dicho Reglamento;

K.  Considerando que se ha demostrado que el DEHP tiene efectos perjudiciales sobre el sistema endocrino de mamíferos, principalmente mediante resultados in vivo relativos a unos niveles reducidos de testosterona fetal; que estos resultados también se han visto corroborados por resultados mecanicistas, también obtenidos in vivo, sobre la regulación a la baja de los genes en el proceso de biosíntesis esteroidogénica; que el espectro de efectos perjudiciales observados en ratas incluye una mayor retención de los pezones, una menor distancia anogenital, malformaciones genitales, un número de espermatocitos reducido y cambios testiculares, incluidos los gonocitos multinucleados, la atrofia tubular y la hiperplasia de células de Leydig;

L.  Considerando que los datos científicos sobre el DEHP demuestran que la exposición durante intervalos de tiempo sensibles del desarrollo puede causar efectos irreversibles de programación del desarrollo que provocan efectos graves en el desarrollo y la reproducción, considerados especialmente graves en relación con la salud humana y las especies silvestres, también debido a que esos efectos adversos pueden manifestarse por primera vez en etapas posteriores de la vida como consecuencia de la exposición en las primeras etapas de la vida;

M.  Considerando que, según el dictamen del CER, sobre la base de la información facilitada en las solicitudes, los solicitantes no demostraron que los riesgos para la salud de los trabajadores derivados de los usos solicitados estén adecuadamente controlados de conformidad con el artículo 60, apartado 2, del Reglamento REACH; que, según el CER, no procede por tanto conceder la autorización sobre esta base;

N.  Considerando que, a pesar del dictamen del CER, el CASE concluyó que la autorización de nuevos usos sería proporcionada y que los beneficios socioeconómicos derivados de los usos cubiertos por la solicitud compensaban con creces los riesgos para la salud humana derivados de tales usos; que en el dictamen del CASE se confirmó que existían deficiencias significativas en el análisis socioeconómico presentado por el solicitante, incluida la total falta de una evaluación del impacto sobre la salud en la que se identificara el riesgo restante para la salud de los trabajadores;

O.  Considerando que el CASE es un comité científico cuya misión, en virtud del artículo 64, apartado 4, letra b), del Reglamento REACH, es valorar los factores socioeconómicos y la disponibilidad y viabilidad técnica de alternativas asociadas al uso o usos de la sustancia descritos en la solicitud, y que su función no consiste en ofrecer conclusiones sobre la proporcionalidad de una autorización cuando el riesgo para la sociedad no está adecuadamente controlado;

P.  Considerando que el solicitante es el responsable de valorar y gestionar los riesgos planteados por las sustancias y preparados químicos y de facilitar a sus usuarios información adecuada relativa a la seguridad; que el CASE no pudo llegar a una conclusión cuantitativa sobre la proporcionalidad del uso continuado, habida cuenta de la imposibilidad de cuantificar la información sobre los riesgos restantes para la salud de los trabajadores;

Q.  Considerando que la finalidad del Reglamento REACH es garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, incluido el fomento de métodos alternativos para evaluar los peligros que plantean las sustancias, así como la libre circulación de sustancias en el mercado interior, al tiempo que se potencia la competitividad y la innovación;

R.  Considerando que las solicitudes afectan a un amplio abanico de usos, que incluirían el uso en la formulación de PVC blando reciclado que contenga DEHP en componentes y mezclas secas y el uso industrial de PVC blando reciclado que contenga DEHP en el procesado de polímeros para la producción de artículos de PVC; que este amplio ámbito de autorización constituiría un importante retroceso en la sustitución del DEHP pretendida con su inclusión en el anexo XIV del Reglamento REACH;

S.  Considerando que el uso del DEHP en el PVC está muy generalizado en productos de consumo de uso cotidiano tales como productos textiles, mobiliario y material de construcción; que no está unido al plástico por enlaces químicos, por lo que se filtra fácilmente al medio ambiente;

T.  Considerando que la solicitud de autorización debe centrarse en el uso de la sustancia y que el hecho de que la sustancia esté presente en materiales reciclados no es una consideración relevante para la concesión de una autorización;

U.  Considerando que el CASE señaló que era posible usar residuos postindustriales con bajo contenido en DEHP como materias primas alternativas, lo que también aumentaría la calidad de los reciclados producidos, pero que sería improbable que el reciclador pudiera repercutir un aumento de precios, por la mayor calidad de los reciclados, en los usuarios posteriores, ya que estos producen artículos de escaso valor; que el CASE afirmó que no se estudió la alternativa que tienen los transformadores de plásticos de usar como materia prima, en lugar de material reciclado, PVC virgen con otros plastificantes que no son sustancias extremadamente preocupantes, ya que los solicitantes habían indicado que los transformadores de plásticos dejarían de ser competitivos si asumían el incremento de gasto debido al uso de PVC virgen;

V.  Considerando que es inaceptable tolerar un número potencialmente elevado de casos de infertilidad masculina solo para que los recicladores de PVC blando y los usuarios posteriores puedan ahorrar en los costes de producción de artículos de escaso valor y así puedan competir con importaciones de baja calidad;

W.  Considerando que, aunque el DEHP tiene un amplio abanico de sustitutos, los solicitantes no han facilitado un análisis completo de las alternativas disponibles en el mercado para sustituir el uso del DEHP para los usos solicitados;

X.  Considerando que uno de los argumentos esgrimidos por el CASE para defender la autorización es que no hay incentivos políticos o societarios para fomentar el reciclado como forma sostenible de gestionar los recursos naturales; que este argumento simplista hace caso omiso de la jerarquía establecida en el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE, según el cual la prevención tiene prioridad sobre el reciclado; que este argumento simplista también pasa por alto las disposiciones expresas del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, que piden el desarrollo de ciclos de materiales no tóxicos, de modo que los residuos reciclados puedan aprovecharse como una fuente importante y fiable de materias primas para la Unión;

Y.  Considerando asimismo que, en su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular, el Parlamento destacó que el reciclado no puede justificar que se perpetúe un legado de sustancias peligrosas; que el DEHP es una de esas sustancias que perduran, como lo ha reconocido el propio sector(11);

Z.  Considerando que el uso de DEHP se ha restringido en los equipos eléctricos y electrónicos con arreglo a la Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión; que esta medida se fundamentaba, entre otras consideraciones, en la disponibilidad de alternativas más seguras al DEHP y en una evaluación socioeconómica positiva(12);

AA.  Considerando que el CASE considera que no puede concluir que vayan a producirse costes sociales netos, sobre la base de la información facilitada por el solicitante, en caso de no concederse la autorización; que, por lo tanto, los solicitantes no han demostrado los beneficios socioeconómicos derivados del uso de la sustancia y las implicaciones socioeconómicas de la denegación de la autorización tal y como se prevé en el artículo 60, apartado 4, letra c), del Reglamento REACH;

AB.  Considerando que conceder la autorización cuando la solicitud adolece de tantas deficiencias sentaría un pésimo precedente para futuras decisiones de autorización con arreglo al Reglamento REACH;

AC.  Considerando que el artículo 1, apartado 3, del Reglamento REACH dispone que se basa en el principio de precaución, y que, en caso de incertidumbre, las consideraciones relativas a la protección de la salud humana y el medioambiente deben prevalecer sobre las consideraciones económicas generales;

AD.  Considerando que la Comisión es responsable ante el público europeo de la protección de los ciudadanos y el medio ambiente frente a sustancias y preparados químicos peligrosos, al tiempo que debe promover la innovación, también por cuanto se refiere a unos productos y sustancias y preparados químicos más seguros para fomentar una economía resiliente;

1.  Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión excede de las competencias previstas en el Reglamento (CE) n.° 1907/2006;

2.  Pide a la Comisión que retire su proyecto de Decisión de Ejecución y que presente uno nuevo en el que rechace las solicitudes de autorización para la formulación de PVC blando reciclado que contenga DEHP;

3.  Pide a la Comisión que ponga fin con rapidez al uso de DEHP en todas las aplicaciones en las que aún está permitido, máxime cuando existe una gran disponibilidad de alternativas más seguras al PVC y al DEHP;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/b50d9fc3-f6db-4e91-8a95-c8397bb424d2 http://echa.europa.eu/documents/10162/8d9ee7ac-19cf-4b1a-ab1c-d8026b614d7a
(3) Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(4) Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).
(5) Decisión n.° 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» (DO L 354 de 28.12.2013, p. 171).
(6) Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión, de 31 de marzo de 2015, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la lista de sustancias restringidas (DO L 137 de 4.6.2015, p. 10).
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0266.
(8) http://ec.europa.eu/environment/archives/docum/pdf/bkh_annex_01.pdf
(9) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-196_en.htm?locale=en
(10) http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/the-member-state-committee-unanimously-agreed-to-identify-the-phthalate-dehp-as-an-svhc-because-of-its-endocrine-disrupting-properties-in-the-environm
(11) http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/VinylPlus_Progress_Report_2015_English.pdf
(12) http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_AnnexII_Dossier_DEHP.pdf


Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas
PDF 329kWORD 145k
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre la prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas (2015/2063(INI))
P8_TA(2015)0410A8-0316/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 y 21 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 4, 8, 10, 16, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas las publicaciones «Datos de la encuesta de la Unión Europea sobre las minorías y la discriminación - Informe "Data in Focus" 2: los musulmanes» y «Encuesta de la FRA sobre las experiencias y percepciones de las personas judías de los delitos de odio y la discriminación antisemitas en los Estados miembros de la UE», ambas de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA),

–  Vista la resolución aprobada el 8 de octubre de 2004 por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por el terrorismo,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 6, 7, 8, 10, apartado 1, 11, 12, 21, 48, 49, 50 y 52,

–  Vista la Estrategia de Seguridad Interior de la UE aprobada por el Consejo el 25 de febrero de 2010,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2010, titulada «La Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa más segura» (COM(2010)0673), por la que se crea la Red de la UE para la Sensibilización frente a la Radicalización,

–  Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre el segundo informe sobre la aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de enero de 2014, titulada «Prevenir la radicalización hacia el terrorismo y el extremismo violento: una respuesta más firme de la UE» (COM(2013)0941),

–  Vista la Estrategia revisada de la UE para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas, aprobada por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en su reunión del 19 de mayo de 2014 y adoptada por el Consejo en su reunión de los días 5 y 6 de junio de 2014 (9956/14),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de junio de 2014, titulada «Informe final sobre la aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE 2010-2014» (COM(2014)0365),

–  Visto el informe de Europol sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la Unión Europea referente a 2014,

–  Vista la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, de 24 de septiembre de 2014, sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas (Resolución 2178 (2014)),

–  Visto el informe del coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE al Consejo Europeo de 24 de noviembre de 2014 (15799/14),

–  Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2014, sobre la renovación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE(2),

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de 9 de octubre y de 5 de diciembre de 2014,

–  Vista la declaración del Consejo informal JAI de 11 de enero de 2015,

–  Visto su debate en la sesión plenaria del 28 de enero de 2015 sobre medidas antiterroristas,

–  Vista su Resolución, de 11 de febrero de 2015, sobre las medidas de lucha contra el terrorismo(3),

–  Visto el Consejo informal JAI celebrado en Riga los días 29 y 30 de enero de 2015,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 12 y 13 de marzo de 2015,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de abril de 2015, titulada «Agenda Europea de Seguridad» (COM(2015)0185),

–  Vista la sentencia del TJUE sobre la Directiva relativa a la conservación de datos,

–  Vistos el Protocolo adicional del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo y el Plan de acción del Consejo de Europa para luchar contra el extremismo violento y la radicalización que conduce al terrorismo, adoptados el 19 de mayo de 2015,

–  Visto el Libro Verde de la Comisión titulado «Reforzar la confianza mutua en el espacio judicial europeo – Libro Verde relativo a la aplicación de la legislación de justicia penal de la UE en el ámbito de la detención» (COM(2011)0327),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Cultura y Educación (A8-0316/2015),

A.  Considerando que más de 5 000 ciudadanos europeos se han unido a organizaciones terroristas y otras formaciones militares, en concreto Daesh, Yabhat al-Nusra y otras fuera de la Unión Europea, especialmente en la región de Oriente Próximo y el norte de África, y que este fenómeno se está acelerando cada vez más y está adoptando unas dimensiones considerables;

B.  Considerando que «radicalización» se ha convertido en el término que designa el fenómeno por el cual una persona abraza convicciones, opiniones e ideas que pueden conducir al extremismo violento;

C.  Considerando que los recientes ataques terroristas perpetrados en Francia, Bélgica, Túnez y Copenhague ponen de relieve la amenaza para la seguridad que se deriva de la presencia de combatientes «extranjeros» —a menudo ciudadanos de la UE— en el territorio europeo y sus desplazamientos dentro de este y en los países vecinos; y que la UE ha condenado esos ataques con la máxima firmeza y se ha comprometido a luchar contra el terrorismo junto con los Estados miembros dentro y fuera del territorio de la UE;

D.  Considerando que los terribles atentados terroristas que mataron e hirieron en París a centenares de personas el 13 de noviembre de 2015 han puesto de manifiesto una vez más la necesidad urgente de coordinar la actuación de los Estados miembros y la Unión Europea para evitar la radicalización y luchar contra el terrorismo;

E.  Considerando que la amenaza terrorista en la UE es importante, especialmente en los Estados miembros que han participado o aún participan con fuerzas militares en operaciones exteriores en Oriente Próximo y en África;

F.  Considerando que la radicalización de esos «combatientes europeos» constituye un fenómeno complejo y dinámico que se basa en un conjunto de factores globales, sociológicos y políticos; que dicha radicalización no corresponde a un perfil único, sino que afecta a hombres, mujeres y, sobre todo, jóvenes ciudadanos europeos de cualquier origen social que comparten la sensación de ruptura con la sociedad; que la radicalización puede tener motivos tanto socioeconómicos, ideológicos o personales como psicológicos, por lo que debe abordarse teniendo presentes los antecedentes de cada persona afectada;

G.  Considerando que el terrorismo y la radicalización conducen a múltiples estereotipos en lo que respecta a las religiones, lo que a su vez conlleva una escalada de los delitos de odio y la incitación al odio motivados por el racismo, la xenofobia o la intolerancia frente a una opinión, una creencia o una religión; que es esencial recordar que una de las causas de la radicalización es el uso distorsionado de la religión, y no la religión en sí;

H.  Considerando que la radicalización no debe asociarse con ninguna ideología o confesión en concreto sino que puede darse dentro de cualquiera de ellas;

I.  Considerando que uno de los argumentos utilizados por los extremistas violentos para reclutar a jóvenes es que la islamofobia es cada vez mayor, tras años de guerra al terror, y que Europa ya no es un lugar donde los musulmanes sean bien recibidos y donde puedan vivir en igualdad y practicar su fe sin discriminación ni estigmatización; que esta situación puede dar lugar a un sentimiento de vulnerabilidad, miedo acompañado de agresividad, frustración, soledad y aislamiento de la sociedad;

J.  Considerando que la lucha contra la radicalización no debe limitarse a la radicalización islamista; que la radicalización religiosa y el extremismo violento también afectan a todo el continente africano; que la radicalización política también afectó a Europa en 2011, concretamente en Noruega con los atentados perpetrados por Anders Behring Breivik;

K.  Considerando que la inmensa mayoría de los ataques terroristas en los países de la UE han sido cometidos, durante años, por organizaciones separatistas;

L.  Considerando que, según Europol, en 2013 se produjeron 152 ataques terroristas en la UE, dos de los cuales obedecieron a «motivaciones religiosas» y ochenta y cuatro a convicciones etnonacionalistas o separatistas, y que en 2012 hubo 219 ataques terroristas en la UE, de los cuales seis tuvieron «motivaciones religiosas»;

M.  Considerando que la lucha antiterrorista y la prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas siguen siendo fundamentalmente competencia de los Estados miembros, si bien la cooperación europea es esencial para un intercambio de información efectivo y eficaz entre las autoridades policiales y judiciales con vistas a combatir la naturaleza transfronteriza de la amenaza que suponen los terroristas; considerando que es necesario, por tanto, adoptar un enfoque europeo concertado, que aportará valor añadido en términos de coordinación o armonización, cuando proceda, de las legislaciones aplicables en un espacio en el que los ciudadanos europeos circulan libremente, así como en términos de la eficacia de la prevención y la lucha contra el terrorismo; considerando que una de las prioridades de la UE en su lucha contra la delincuencia grave y organizada a escala internacional ha de ser la lucha contra el tráfico de armas de fuego;

N.  Considerando que los derechos humanos han de ocupar un lugar central en las políticas de la Unión de lucha contra el terrorismo y prevención de la radicalización, y que, al mismo tiempo, debe garantizarse un perfecto equilibrio entre la seguridad pública y el respeto de los derechos fundamentales de los individuos, incluidos el derecho a la seguridad, el derecho a la intimidad y la libertad de expresión, religiosa y de asociación;

O.  Considerando que las comunidades judías sufren ataques antisemitas y terroristas, que producen una sensación cada vez mayor de temor e inseguridad en el seno de las comunidades judías europeas;

P.  Considerando que el auge del terrorismo y de los combatientes extranjeros ha reforzado la intolerancia hacia las comunidades étnicas y religiosas en diversos países de Europa; que los esfuerzos de prevención específica del extremismo terrorista deben complementarse con un enfoque holístico para combatir la discriminación en general y la islamofobia y el antisemitismo en particular;

Q.  Considerando que en Europa ya existen instrumentos para hacer frente a la radicalización de los ciudadanos europeos, y que corresponde a la UE y a sus Estados miembros utilizarlos plena e íntegramente e intentar mejorarlos para que respondan a los actuales desafíos que afrontan la UE y sus Estados miembros; que persiste una reticencia por parte de algunos Estados miembros a cooperar en áreas sensibles, como la puesta en común de información de los servicios de inteligencia y otros; que, habida cuenta de la importancia cada vez mayor de la radicalización terrorista, que va totalmente en contra de los valores europeos, deben desarrollarse nuevos medios dentro del respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales;

R.  Considerando que en todas las acciones de la UE y de sus Estados miembros es indispensable el respeto de los derechos fundamentales y las libertades civiles, a saber, el derecho a la vida privada, el derecho a la seguridad, el derecho a la protección de los datos personales, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión y la libertad religiosa; que la seguridad de los ciudadanos europeos debe respetar sus derechos y sus libertades; y que esos dos principios son, en efecto, las dos caras de la misma moneda;

S.  Considerando que la medida en que los distintos Estados miembros asumen la responsabilidad de contrarrestar el riesgo de radicalización y la prevención del reclutamiento de ciudadanos por organizaciones terroristas difiere considerablemente; y que, si bien algunos Estados miembros ya han emprendido acciones eficaces, otros acusan un cierto retraso en sus medidas para abordar este fenómeno;

T.  Considerando que urge emprender una acción europea concertada para prevenir la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas a fin de frenar el desarrollo de este fenómeno y, de ese modo, contener los flujos de partida de ciudadanos europeos hacia las zonas de conflicto, desradicalizar a quienes se quedan, e impedir que se cometan otros actos terroristas;

U.  Considerando que estamos ante un fenómeno internacional sobre el que puede aprenderse en muchos lugares del mundo;

V.  Considerando que, ante la radicalización de ciudadanos europeos y su reclutamiento por organizaciones terroristas, ahora se trata de hacer especial hincapié e invertir en las medidas preventivas más que en las reactivas; que una estrategia para combatir el extremismo, la radicalización y el reclutamiento terrorista en la UE solo puede funcionar si se desarrolla en paralelo a una estrategia de integración e inclusión social y de reinserción y desradicalización de los llamados «combatientes extranjeros» retornados;

W.  Considerando que algunos usos de internet favorecen la radicalización, al permitir que fanáticos de todo el mundo se conecten entre sí y capten a personas aisladas y vulnerables sin necesidad de contacto físico alguno y de forma muy difícil de rastrear;

X.  Considerando que es esencial distinguir claramente entre las conductas destinadas a preparar o apoyar ataques terroristas y los actos u opiniones de extremistas carentes de mens rea y actus reus;

Y.  Considerando que la radicalización terrorista puede atribuirse, al parecer, a factores tanto internos de la Unión como externos a ella;

Z.  Considerando que la lucha contra la radicalización terrorista debe formar parte de un enfoque global destinado a garantizar una Europa abierta y basado en un conjunto de valores comunes;

AA.  Considerando que la radicalización juvenil no puede desligarse de su contexto social y político, sino que debe examinarse desde el prisma más amplio de la sociología de los conflictos y los estudios sobre la violencia;

AB.  Considerando que las causas de la radicalización terrorista no se han estudiado lo suficiente; que la falta de integración no puede considerarse la causa principal de la radicalización terrorista;

AC.  Considerando que, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el hecho de haber sido miembro de una organización que, por su implicación en actos terroristas, figure en la lista que conforma el anexo a la Posición Común 2001/931/PESC y de haber apoyado activamente la lucha armada decretada por la organización en cuestión no constituye automáticamente una razón de peso para ser considerado autor de un «delito común grave» o de «actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas»; que, por otro lado, el que existan o no razones de peso para considerar que alguien ha cometido el delito citado o es culpable de dichos actos depende de la valoración caso por caso de los hechos específicos y de si la responsabilidad individual de los mismos puede atribuirse a la persona en cuestión;

AD.  Considerando que para poder revocar un permiso de residencia concedido a un refugiado por presunto apoyo del refugiado a una organización terrorista, las autoridades competentes están, no obstante, obligadas a efectuar, bajo supervisión de los tribunales nacionales, una valoración individual de los hechos específicos relativos a las acciones tanto de la organización como del refugiado;

I.El valor añadido europeo en la prevención de la radicalización

1.  Condena, a la luz de los dramáticos acontecimientos que se han producido en París, los atentados asesinos, y expresa sus condolencias y su solidaridad a las víctimas y a sus familias, reafirmando al mismo tiempo la necesidad de luchar contra la violencia; condena, asimismo, el uso de estereotipos y de un discurso y de unas prácticas racistas y xenófobas por particulares y entidades colectivas que, de forma directa o indirecta, vinculan los atentados terroristas a los refugiados que están huyendo actualmente de sus países en busca de un lugar más seguro, escapando de la guerra y de los actos de violencia que se producen diariamente en sus países de origen;

2.  Reafirma que el terrorismo no puede y no debe estar asociado a ninguna religión, nacionalidad ni civilización concretas;

3.  Expresa su preocupación por el hecho de que, a no ser que se aborden las condiciones que favorecen la expansión del terrorismo, es probable que el fenómeno de los ciudadanos de la UE que viajan a otros países para unirse a grupos yihadistas o a otros grupos extremistas, así como el riesgo específico para la seguridad que representan cuando regresan a la UE y a sus países vecinos, empeoren en los próximos años, sobre todo teniendo en cuenta la escalada militar que se está produciendo en la región de Oriente Próximo y el norte de África; pide que se lleve a cabo un estudio exhaustivo sobre la eficacia de las medidas nacionales y de la UE destinadas a prevenir y combatir el terrorismo;

4.  Pide a la Comisión que elabore con carácter prioritario un plan de acción para llevar a la práctica y evaluar la estrategia de la UE de lucha contra la radicalización y la captación de terroristas, fundamentado en el intercambio de buenas prácticas y la puesta en común de capacidades dentro de la Unión Europea, en la evaluación de las acciones emprendidas en los Estados miembros y en la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales, sobre la base del pleno respeto de los convenios internacionales relativos a los derechos humanos y siguiendo un enfoque participativo y consultivo, que comprenda a múltiples sectores y partes interesadas; estima que la Comisión Europea debería apoyar a los Estados miembros en el desarrollo de una estrategia de comunicación intensiva y eficaz sobre la prevención de la radicalización y del reclutamiento de ciudadanos europeos y de ciudadanos no europeos residentes en la UE por organizaciones terroristas;

5.  Pide a los Estados miembros que coordinen sus estrategias y compartan la información y la experiencia de que disponen, apliquen buenas prácticas, a escala tanto nacional como europea, y cooperen con el fin de emprender nuevas iniciativas en materia de lucha contra la radicalización y la captación de terroristas mediante la actualización de las políticas nacionales de prevención y la creación de redes de profesionales sobre la base de los diez ámbitos de acción prioritarios definidos en la Estrategia de la UE para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas; subraya la importancia de fomentar y reforzar la cooperación transfronteriza a este respecto entre las autoridades con funciones coercitivas, e insiste en que es vital ofrecer una formación y unos recursos adecuados a las fuerzas policiales destacadas sobre el terreno;

6.  Pide la publicación íntegra de los planes de acción y directrices del Consejo relacionados con la actual Estrategia de la UE para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas;

7.  Considera que el Protocolo adicional del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo y la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de la ONU son los documentos que deben utilizar los Estados miembros y las instituciones europeas a fin de acordar una definición común que permita actuar penalmente contra las personas que se consideren «combatientes extranjeros»; pide a la Comisión que estudie en profundidad las causas principales, el proceso y las distintas influencias y factores que conducen a la radicalización con el apoyo del nuevo Centro de Excelencia de la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización;

8.  Pide a la Comisión que, colaborando estrechamente con Europol y el Coordinador de la lucha contra el terrorismo, elabore un informe anual sobre la situación de la seguridad en Europa, también en relación con los riesgos de radicalización y las consecuencias para la seguridad de la vida y la integridad física de la población de la UE, y que informe al Parlamento con frecuencia anual;

9.  Insiste en que es importante utilizar plena e íntegramente los instrumentos ya existentes para prevenir y combatir la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas; destaca la importancia de utilizar todos los instrumentos pertinentes internos y externos de manera global y exhaustiva; recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que recurran a los medios disponibles, en particular en el marco del Fondo de Seguridad Interior (FSI), a través del instrumento FSI-Policía, para apoyar medidas y proyectos destinados a prevenir la radicalización; hace hincapié en el papel primordial que pueden desempeñar la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización y su Centro de Excelencia en la consecución del objetivo de neutralizar de manera integral el fenómeno de la radicalización de ciudadanos europeos; pide que esta Red goce de más publicidad y visibilidad entre los actores de la lucha contra la radicalización;

II.La prevención del extremismo violento y la radicalización terrorista en las cárceles

10.  Destaca que las cárceles siguen siendo uno de los entornos propicios para la difusión de ideologías radicales y violentas y de la radicalización terrorista; pide a la Comisión Europea que fomente los intercambios de mejores prácticas entre los Estados miembros para hacer frente al avance de la radicalización terrorista en las cárceles de Europa; anima a los Estados miembros a que emprendan acciones inmediatas contra la saturación de las cárceles, que constituye un grave problema en muchos Estados miembros y que acrecienta considerablemente el riesgo de radicalización y reduce las oportunidades de reinserción; recuerda que las instituciones públicas de protección de los jóvenes o los centros de detención o reinserción también pueden convertirse en lugares de radicalización de los menores, que constituyen un objetivo especialmente vulnerable;

11.  Anima a la Comisión a que presente, sobre la base de las mejores prácticas, directrices en relación con las medidas aplicables en las cárceles europeas para prevenir la radicalización y el extremismo violento, respetando plenamente los derechos humanos; señala que los presos que ya se hayan adherido al extremismo violento o hayan sido captados por organizaciones terroristas deben ser separados de otros reclusos como una medida posible para evitar que se imponga la radicalización terrorista a los demás a través de intimidación y para frenar la radicalización en las cárceles; advierte, no obstante, que dichas medidas deben imponerse únicamente tras un examen caso por caso y sobre la base de una resolución judicial, quedando sujetas a revisión por las autoridades judiciales competentes; recomienda, además, que la Comisión y los Estados miembros evalúen las pruebas y las experiencias relativas a la separación de los presos en las cárceles al objeto de frenar la propagación de la radicalización; considera que esta evaluación debe tenerse en cuenta para el desarrollo de prácticas en los sistemas penitenciarios nacionales; recuerda, no obstante, que estas medidas deben ser proporcionadas y respetar plenamente los derechos de los reclusos;

12.  Apoya la introducción de formación especializada destinada a todo el personal penitenciario, así como a los socios que operan en el sistema penal y al personal religioso y de ONG que tienen contacto con los reclusos, a fin de enseñarles a detectar en una fase temprana, evitar y gestionar comportamientos tendentes al radicalismo y el extremismo; insiste en que es importante formar y seleccionar adecuadamente a los trabajadores religiosos, filosóficos y laicos de las prisiones, para que puedan no solo responder de forma apropiada a las necesidades culturales y espirituales de los reclusos en los centros penitenciarios, sino también contrarrestar potenciales discursos radicales;

13.  Anima al establecimiento de programas pedagógicos que cuenten con una financiación adecuada en las cárceles europeas para favorecer el pensamiento crítico, la tolerancia religiosa y la reintegración en la sociedad de los presos, pero también para ofrecer una asistencia especial a los más jóvenes, que son vulnerables y más propensos a la radicalización y la captación por organizaciones terroristas, y ello sobre la base del máximo respeto de los derechos humanos de los presos; considera que deben ofrecerse también medidas de acompañamiento después de la salida de prisión;

14.  Reconoce que es fundamental para estos esfuerzos un entorno penitenciario que respete plenamente los derechos humanos de los reclusos y cumpla las normas internacionales y regionales, incluidas las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas;

III.La prevención de la radicalización terrorista en internet

15.  Señala que internet crea retos específicos habida cuenta de su carácter mundial y transfronterizo, dando así lugar a vacíos legales y a conflictos jurisdiccionales y permitiendo a los captadores y a los radicalizados comunicar a distancia y con facilidad desde cualquier lugar del mundo sin fronteras físicas, sin necesidad de establecer una base ni de buscar un refugio en un país concreto; recuerda que internet y las redes sociales constituyen importantes plataformas para alimentar la radicalización y el fundamentalismo, ya que permiten la difusión masiva y rápida de mensajes de incitación al odio y de apología del terrorismo; manifiesta su preocupación por el impacto de estos mensajes de incitación al terrorismo sobre todo en los más jóvenes, que constituyen una categoría especialmente vulnerable de la población; destaca el papel de la educación y de las campañas de sensibilización pública a la hora de prevenir la radicalización en internet; afirma su adhesión a la libertad de expresión no solo fuera de internet, sino también en la red, y opina que esta idea debería sustentar cualquier acción reglamentaria relacionada con la prevención de la radicalización a través de internet y las redes sociales; toma nota del diálogo entablado a escala europea con las grandes empresas de internet con el fin de prevenir la difusión en línea de contenidos ilegales y suprimirlos rápidamente conforme a la legislación nacional y de la UE y en el respeto estricto de la libertad de expresión; pide una estrategia eficaz para la detección y supresión de todo contenido ilegal que incite al extremismo violento, dentro del pleno respeto de los derechos fundamentales y de la libertad de expresión, y, especialmente, y para contribuir a la difusión de un contradiscurso eficaz frente a la propaganda terrorista;

16.  Recuerda que el sector de internet y de las redes sociales y los proveedores de servicios tienen las responsabilidad legal de cooperar con las autoridades de los Estados miembros suprimiendo cualquier contenido ilegal que difunda el extremismo violento, con diligencia y en el pleno respeto del Estado de Derecho, incluida la libertad de expresión; opina que los Estados miembros deberían examinar la posibilidad de incoar acciones legales, incluido el procesamiento penal, contra las empresas de internet y de redes sociales y los prestadores de servicios que se niegan a cumplir una orden administrativa o judicial relacionada con la supresión de contenidos ilegales o que hagan apología del terrorismo en sus plataformas de internet; considera que la negativa a cooperar o la falta deliberada de cooperación por parte de las plataformas de internet que permiten la circulación de este tipo de contenidos ilegales debería considerarse un acto de complicidad que puede equipararse a un intento o una negligencia criminal y cuyos responsables deberían, por lo tanto, comparecer ante la justicia;

17.  Pide a las autoridades competentes que garanticen un control más estricto de los sitios web que incitan al odio;

18.  Está convencido de que internet es una plataforma eficaz para la difusión de un discurso de respeto de los derechos humanos y en contra de la violencia; considera que el sector de internet y los proveedores de servicios deberían cooperar con las autoridades de los Estados miembros y la sociedad civil para promover un discurso poderoso y atractivo para responder a la incitación al odio y la radicalización en internet, basándose para ello en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; pide a las plataformas digitales que cooperen con los Estados miembros, la sociedad civil y aquellas organizaciones cuyos ámbitos de experiencia sean la desradicalización de terroristas o la evaluación de la incitación al odio con el fin de participar en la difusión de mensajes de prevención que inciten al desarrollo de un espíritu crítico y a un proceso de desradicalización, así como en la identificación de medios jurídicos innovadores para contrarrestar la apología del terrorismo y la incitación al odio, con lo que dificultarían la radicalización a través de internet; pide a la Comisión y a los Estados miembros que favorezcan el desarrollo de este tipo de contradiscursos en internet y que colaboren estrechamente con organizaciones de la sociedad civil con el fin de reforzar los canales de difusión y promoción del discurso democrático y no violento;

19.  Apoya la aplicación de programas de sensibilización de los jóvenes sobre la incitación al odio en internet y los riesgos que ello conlleva, así como de programas que fomenten la educación en materia de medios de comunicación e internet; apoya la aplicación de programas de formación destinados a movilizar, formar y crear redes de jóvenes activistas para defender los derechos humanos en línea;

20.  Considera que la construcción de un contradiscurso, también en los países terceros, es una de las claves para combatir el poder de atracción de los grupos terroristas de la región de Oriente Próximo y África del Norte; pide a la Unión que refuerce el apoyo que presta a iniciativas como SSCAT (Equipo Consultivo sobre Comunicaciones Estratégicas relativas a Siria) y que promueva el despliegue y la financiación de este tipo de proyectos en países terceros;

21.  Considera que el sector de internet y los proveedores de servicios, deben hacer que sea posible valorizar los mensajes de prevención de la radicalización frente a los mensajes que hacen apología del terrorismo; considera que debe crearse una unidad europea específica dentro de Europol para compartir las buenas prácticas en los Estados miembros, al tiempo que se coopera asimismo permanentemente con los operadores de internet, con objeto de dar visibilidad a los mensajes que puedan contrarrestar los discursos de incitación al odio y de apología del terrorismo para hacer más difícil la radicalización a través de internet; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen un uso eficaz de los contradiscursos y las medidas de mitigación a través de internet;

22.  Apoya la adopción de medidas tales como la posibilidad de que los usuarios de internet puedan advertir con facilidad y rapidez de los contenidos ilegales que circulen en internet y las redes sociales y denunciarlos a las autoridades competentes también a través de líneas directas, sin que se dejen de respetar los derechos humanos, en especial la libertad de expresión, así como la legislación nacional y de la UE;

23.  Manifiesta su profunda preocupación por el uso cada vez mayor de tecnologías de cifrado por parte de las organizaciones terroristas que impiden que sus comunicaciones y su propaganda de radicalización pueda ser detectada y leída por las fuerzas del orden, incluso cuando se ha dictado una orden judicial; pide a la Comisión que aborde urgentemente esta preocupación en su diálogo con las empresas de internet y de informática;

24.  Considera que cada Estado miembro debe establecer una unidad especial competente para advertir de los contenidos ilegales presentes en internet y facilitar la detección y la supresión de este tipo de contenidos; se felicita de que Europol haya creado la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet, responsable de detectar los contenidos ilegales y de apoyar a los Estados miembros en este ámbito, respetando plenamente los derechos fundamentales de todas las partes interesadas; recomienda que estas unidades también cooperen con el coordinador antiterrorista de la UE y el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo dentro de Europol, junto con las organizaciones de la sociedad civil activas en este ámbito; insta además a los Estados miembros a que cooperen entre sí y con las agencias pertinentes de la UE a este respecto;

25.  Acoge favorablemente la decisión de crear en el seno de Europol, a partir del 1 de enero de 2016, el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo, del que formará parte la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet de la UE; insiste en la necesidad de facilitar los recursos financieros necesarios para la ejecución de las tareas adicionales encomendadas a Europol en el marco de la creación del Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo; pide que se involucre debidamente al Parlamento Europeo en la composición del Centro y sus cometidos, operaciones y financiación;

26.  Considera que solo podrá ponerse freno a la radicalización en internet con el refuerzo del arsenal europeo de lucha contra la ciberdelincuencia; recomienda que se refuercen el mandato y los recursos del Centro Europeo de Ciberdelincuencia, así como los de Europol y Eurojust, de modo que el Centro pueda desempeñar un verdadero papel a la hora de mejorar la detección y la lucha contra las amenazas de internet y de detectar mejor los medios de los que se sirven las organizaciones terroristas; recuerda la necesidad de que tanto Europol como los Estados miembros dispongan de expertos con una formación adecuada para responder a esta amenaza específica; pide a la VP/AR que reorganice el Centro de Situación (SitCen) y el Centro de Inteligencia (IntCen) de la UE y que garantice su coordinación con el coordinador de la lucha contra el terrorismo a fin de rastrear mejor las actividades criminales en internet, la difusión de la incitación al odio relacionada con la radicalización y el terrorismo; insta a los Estados miembros a que incrementen de manera significativa el intercambio de información entre ellos y con las estructuras y agencias pertinentes de la UE;

27.  Considera que todas las medidas a escala nacional y de la UE destinadas a evitar la propagación del extremismo violento entre los ciudadanos europeos, así como su reclutamiento por organizaciones terroristas, deben respetar plenamente los derechos fundamentales de la UE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluido el principio de presunción de inocencia, el principio de seguridad jurídica, el derecho a un juicio justo e imparcial, el derecho de apelación y el principio de no discriminación;

IV.La prevención de la radicalización mediante la educación y la inclusión social

28.  Destaca la importancia de la escuela y la educación en la prevención de la radicalización; recuerda la importancia vital de este medio como factor de promoción de la integración en la sociedad y de desarrollo del espíritu crítico y de promoción de la no discriminación; pide a los Estados miembros que alienten a los centros educativos para que prevean cursos y programas académicos que refuercen la comprensión y la tolerancia, en particular en lo que se refiere a las distintas religiones, la historia de las religiones, las filosofías y las ideologías; destaca la necesidad de que se enseñen valores fundamentales y principios democráticos de la Unión, como los derechos humanos; destaca que los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que sus sistemas educativos respetan y promueven los valores y principios de la UE y que su funcionamiento no está en contradicción con los principios de no discriminación e integración;

29.  Insta a los Estados miembros a que garanticen que existan programas pedagógicos sobre el uso de internet en todas las escuelas (de primaria a secundaria) con el objetivo de educar y formar usuarios de internet responsables, críticos y que respeten la ley;

30.  Señala la importancia de capacitar a los profesores para que se posicionen activamente contra toda forma de discriminación y racismo; pone de relieve la función esencial de la educación y de la competencia y dedicación de los profesores no solo para reforzar los vínculos sociales, sino también para generar un sentimiento de pertenencia, desarrollar conocimientos, cualificaciones y competencias, inculcar valores fundamentales, incrementar las competencias sociales, cívicas e interculturales, el pensamiento crítico y la alfabetización mediática y, además, ayudar a los jóvenes ―en estrecha cooperación con los padres y las familias― a convertirse en miembros de la sociedad activos, responsables y libres de prejuicios; recalca que las escuelas pueden reforzar la capacidad de resistencia de los estudiantes a la radicalización proporcionando un entorno seguro y tiempo para debatir y explorar cuestiones controvertidas y sensibles; señala que los adolescentes, en particular, son uno de los grupos más vulnerables, ya que atraviesan una etapa difícil de sus vidas en la que crean su sistema de valores, buscan un sentido a sus vidas y, al mismo tiempo, son muy vulnerables y fácilmente manipulables; recuerda que no solo son las personas quienes pueden ser radicalizadas, sino también los grupos, y es consciente de que el desarrollo de una respuesta a la radicalización individual y a la de grupos puede ser diferente; destaca que la sociedad tiene que cumplir la función de ofrecer a los jóvenes mejores perspectivas de futuro y un sentido a sus vidas, en particular mediante una educación y formación de elevada calidad; destaca que las instituciones educativas deben enseñar a los jóvenes a reconocer y gestionar los riesgos y a tomar decisiones más seguras, así como fomentar un fuerte sentido de pertenencia a la comunidad y de atención, apoyo y responsabilidad para con los demás; subraya la necesidad de aprovechar las diversas oportunidades que brinda la formación profesional y académica para exponer a los jóvenes a las diversas identidades nacionales, regionales, religiosas y étnicas que existen en Europa;

31.  Pone de relieve que la diversidad de Europa y sus comunidades multiculturales son parte integrante de su tejido social y constituyen un activo cultural esencial; considera que toda política de lucha contra la radicalización debe ser sensible y proporcionada con objeto de respetar y fortalecer la diversidad del tejido social de las comunidades;

32.  Destaca la importancia de combinar programas de desradicalización con medidas tales como el establecimiento de asociaciones con representantes de la comunidad, la inversión en proyectos sociales y vecinales destinados a acabar con la marginación económica y geográfica y programas de tutoría dedicados a jóvenes alienados y excluidos respecto de los cuales se considere que existe riesgo de radicalización; recuerda que los Estados miembros están obligados a aplicar con diligencia los instrumentos de que dispone la UE para luchar contra la discriminación y a tomar medidas efectivas para hacer frente a la discriminación, la incitación al odio y los crímenes de odio como parte de la estrategia de lucha contra la radicalización;

33.  Pide a la Comisión que ayude a los Estados miembros a llevar a cabo una campaña de comunicación para sensibilizar a los jóvenes, y a las personas que trabajen con ellos, sobre las cuestiones relacionadas con la radicalización; destaca que la formación y las campañas de sensibilización deben centrarse prioritariamente en la intervención precoz, con el fin de proteger a las personas y evitar los riesgos de radicalización; pide a los Estados miembros que pongan al alcance del personal docente una formación especial e instrumentos adecuados para que puedan detectar cambios de comportamiento preocupantes, detectar círculos de complicidad que amplifiquen el fenómeno de la radicalización a través de la imitación, y adoptar un comportamiento adecuado para ayudar a los jóvenes vulnerables frente al reclutamiento de las organizaciones terroristas; anima también a los Estados miembros a que inviertan en instalaciones especializadas, y las apoyen financieramente, en la proximidad de las escuelas, que sirvan como puntos de contacto no solo para que los jóvenes, sino también para sus familias y profesores y otras personas interesadas, participen en actividades extracurriculares abiertas a las familias, también de asesoramiento psicológico; destaca la importancia de que existan orientaciones claras en este ámbito a fin de no comprometer la función principal de profesores, monitores juveniles y otras personas que se preocupan principalmente por el bienestar de la persona, ya que una intervención excesiva de las autoridades públicas podría ser contraproducente;

34.  Señala las oportunidades que ofrece a los Estados miembros y a los expertos en educación en materia de medios de comunicación el programa Europa Creativa; observa que los programas de la UE en el ámbito de la educación, la cultura, las actividades sociales y el deporte constituyen vectores esenciales para respaldar las acciones de los Estados miembros destinadas a atajar las desigualdades y prevenir la marginalización; destaca la importancia de desarrollar, en el contexto del Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación, nuevas actividades destinadas a promover los valores europeos en el ámbito de la educación; insiste por consiguiente, entre otras cosas, en la necesidad de utilizar los programas Europa con los Ciudadanos, Erasmus + y Europa Creativa para transmitir y poner en práctica los valores cívicos;

35.  Insiste en la necesidad de entablar un diálogo intercultural con los distintos líderes, expertos y comunidades para contribuir a una mejor comprensión de la radicalización y su prevención; hace hincapié en la responsabilidad y el importante papel que desempeñan todas las comunidades religiosas en la lucha contra el fundamentalismo, la incitación al odio y la propaganda del terrorismo; llama la atención de los Estados miembros sobre la cuestión de la formación de los responsables religiosos, que debe llevarse a cabo, cuando sea posible, en Europa, en lo que se refiere a la prevención de la incitación al odio y el extremismo violento en lugares de culto en territorio europeo, y para garantizar que esos responsables compartan los valores europeos, y también en lo que se refiere a la formación de los representantes religiosos, filosóficos y laicos que trabajan en las prisiones, observa, no obstante, que, si bien los lugares de culto pueden constituir puntos de contacto, gran parte del proceso de adoctrinamiento y reclutamiento tiene lugar en contextos más informales o en internet;

36.  Destaca la importancia crucial de que todos los actores en la prevención de la radicalización, a nivel local, nacional, europeo o internacional, asuman su responsabilidad; alienta el establecimiento de una estrecha cooperación con cada uno de los actores de la sociedad civil a nivel nacional y local y de una mayor cooperación entre los actores sobre el terreno, como asociaciones y ONG, con objeto de apoyar a las víctimas del terrorismo y a sus familias, así como a las personas que se han radicalizado y a sus familias; pide, en este sentido, el establecimiento de formaciones adaptadas para los actores sobre el terreno y ayuda financiera adicional para los mismos; destaca, no obstante, que la financiación de las ONG y otros actores de la sociedad civil debería ser independiente de la ayuda financiera de programas destinados a la lucha contra el terrorismo;

37.  Considera que la sociedad civil y los actores locales deben desempeñar un papel crucial en el desarrollo de proyectos adaptados a su zona o su estructura y que deben servir de factor de integración para los ciudadanos europeos que se encuentran en una situación de ruptura con la sociedad y sienten la tentación de la radicalización terrorista; considera indispensable sensibilizar, informar y formar a los trabajadores que se encuentran en primera línea (profesores, educadores, agentes de policía, funcionarios del ámbito de la protección de menores y personal sanitario) con objeto de reforzar la capacidad local para hacer frente a la radicalización; estima que los Estados miembros deberían apoyar la creación de estructuras que permitan, en especial, orientar a los jóvenes, pero también el intercambio con las familias, las escuelas, los hospitales, las universidades, etc.; recuerda que estas medidas solo pueden aplicarse mediante programas de inversión social a largo plazo; señala que las asociaciones y organizaciones de este sector ajenas a los gobiernos pueden obtener unos resultados excelentes en la reintegración en la sociedad de los ciudadanos que se están radicalizando;

38.  Considera indispensable el establecimiento en cada uno de los Estados miembros de un sistema de alerta para la asistencia y la orientación que permita a las familias y a los miembros de la comunidad conseguir apoyo o advertir con facilidad y rapidez del desarrollo de un cambio de comportamiento repentino que pueda indicar la existencia de un proceso de radicalización terrorista o la partida de un ciudadano para unirse a organizaciones terroristas; señala, a este respecto, que las «líneas directas» han sido un éxito y que están permitiendo informar sobre amigos y familiares de los que se sospecha que se han radicalizado, y que también ayudan a amigos y familiares a afrontar esta situación desestabilizadora; solicita a los Estados miembros que examinen la posibilidad de establecer un sistema de este tipo;

39.  Recuerda que el aumento de la islamofobia en la Unión Europea contribuye a la exclusión de los musulmanes de la sociedad, lo que podría servir de abono para que personas vulnerables se adhieran a organizaciones extremistas violentas; que la islamofobia en Europa se ve a su vez manipulada por organizaciones tales como Daesh con fines de propaganda y reclutamiento; recomienda, por consiguiente, la adopción de un marco europeo para la aplicación de estrategias nacionales de lucha contra la islamofobia, también con el fin de hacer frente a la discriminación que obstaculiza el acceso a la educación, el empleo y la vivienda;

40.  Destaca que varios estudios recientes señalan el número cada vez mayor de mujeres jóvenes radicalizadas y reclutadas por organizaciones terroristas, lo que da muestras de su función en el extremismo violento; considera que la UE y los Estados miembros deben desarrollar estrategias de prevención de la radicalización y de desradicalización que tengan presente en cierta medida el género; pide a la Comisión que apoye los programas generalizados destinados a implicar a las jóvenes en sus esfuerzos por lograr una mayor igualdad y que ponga a disposición redes de apoyo a través de las cuales puedan hacer que se escuche su voz de forma segura;

41.  Hace hincapié en el importante papel que desempeña la mujer en la prevención de la radicalización;

V.Refuerzo del intercambio de información sobre la radicalización terrorista en Europa

42.  Reitera su compromiso de trabajar en favor de la conclusión de una directiva de la UE sobre el registro de nombres de los pasajeros (PNR) antes de finales de 2015 y de garantizar que dicha directiva cumpla los derechos fundamentales, sin prácticas discriminatorias ni estigmatización ideológica, religiosa o étnica de ningún tipo, en el pleno respeto del derecho a la protección de datos de los ciudadanos de la UE; recuerda, no obstante, que la Directiva PNR de la UE será solo una medida en la lucha contra el terrorismo, y que se necesita una estrategia holística, ambiciosa y global de lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia organizada, que incluya la política exterior, la política social, la política educativa, la aplicación de la ley y la justicia, para evitar el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas;

43.  Pide a la Comisión que mejore el conocimiento especializado de la UE sobre la prevención de la radicalización mediante el establecimiento de una red europea que recoja la información facilitada por la Red para la sensibilización frente a la radicalización y la Red sobre polarización y radicalización para la planificación de políticas y la información procedente de expertos especializados en un amplio abanico de disciplinas del conjunto de las ciencias sociales;

44.  Insiste en la necesidad absoluta de reforzar los intercambios efectivos y rápidos de información entre las autoridades policiales de los Estados miembros y entre Estados miembros y las agencias pertinentes, especialmente optimizando la utilización y las aportaciones del Sistema de Información de Schengen y del Sistema de Información de Visados (VIS), de la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información de Europol (SIENA) y del equipo temático «Viajeros» de Europol sobre los ciudadanos europeos radicalizados; destaca que la intensificación de los intercambios de información entre las autoridades policiales conllevará un aumento de la confianza entre los Estados miembros y también el fortalecimiento de la función y los recursos de agencias de la Unión Europea como Europol, Eurojust y la Escuela Europea de Policía (CEPOL);

45.  Pide a la UE que incluya la problemática de la radicalización terrorista en la formación impartida por CEPOL;

46.  Destaca la importancia de crear un programa europeo de formación especializada para los profesionales del sector judicial, destinado a sensibilizarlos sobre el proceso y las distintas formas de radicalización;

47.  Destaca que para mejorar la cooperación entre los Estados miembros ante la radicalización y el reclutamiento de los ciudadanos europeos también se requieren cooperación e intercambios intensivos entre las autoridades judiciales y con Eurojust; señala que una mejor información a nivel europeo sobre los antecedentes penales de los sospechosos de terrorismo permitiría agilizar su detección y facilitaría su vigilancia, tanto a su salida de la UE como a su retorno; alienta, por tanto, a una reforma en este sentido y a un mejor uso del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS); insta a la Comisión a que evalúe la viabilidad y el valor añadido de la creación del Sistema Europeo de Fichero Policial (EPRIS); subraya que en estos intercambios de información deben respetarse los tratados internacionales y el Derecho de la UE, así como los derechos fundamentales, en particular la protección de los datos personales, y que es fundamental un control democrático eficaz de las medidas de seguridad;

48.  Considera que combatir el tráfico de armas ha de ser una de las prioridades de la UE en su lucha contra las formas graves de delincuencia internacional organizada; considera, en particular, que se ha de impulsar la cooperación en lo que se refiere a los mecanismos de intercambio de información y al rastreo y la destrucción de armas prohibidas;

VI.Refuerzo de la disuasión frente a la radicalización terrorista

49.  Tiene el convencimiento de que las medidas de prevención de la radicalización de los ciudadanos europeos y de su reclutamiento por organizaciones terroristas no podrán surtir todos sus efectos si no van acompañadas de un arsenal eficaz, disuasorio y articulado de medidas de naturaleza penal en todos los Estados miembros; estima que al hacer efectiva la criminalización de los actos terroristas perpetrados en el extranjero en organizaciones terroristas, los Estados miembros de la Unión Europea se dotarán de los instrumentos necesarios para eliminar la radicalización terrorista de ciudadanos europeos, haciendo a la vez pleno uso de los instrumentos de la UE disponibles en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal; considera que las autoridades represivas y judiciales (fiscales y jueces) deben tener capacidad suficiente para prevenir, detectar y perseguir estos actos y deben recibir una formación adecuada y continua sobre los delitos relacionados con el terrorismo;

50.  Pide que se refuercen las capacidades del centro de coordinación de Eurojust, que debe desempeñar un papel fundamental en la promoción de una acción conjunta de las autoridades judiciales de los Estados miembros para la recogida de pruebas y el aumento de la eficacia de la persecución de crímenes relacionados con el terrorismo; opina, a este respecto, que se debe recurrir más al instrumento de los equipos conjuntos de investigación, tanto entre Estados miembros como entre Estados miembros y terceros países con los que Eurojust haya establecido acuerdos de cooperación;

51.  Señala que el enjuiciamiento de actos terroristas cometidos por ciudadanos europeos en países terceros o por nacionales de países terceros residentes en la UE implica que sea posible la recogida de pruebas en terceros países, sobre la base del pleno respeto de los derechos humanos; pide por consiguiente a la UE que trabaje en el establecimiento de acuerdos de cooperación judicial y de garantía del cumplimiento de la ley con países terceros para facilitar la recogida de pruebas, siempre que todas las partes apliquen normas y procedimientos legales estrictos y respeten el Estado de Derecho, el Derecho internacional y los derechos fundamentales, bajo control judicial; recuerda, por tanto, que la recogida de pruebas, los interrogatorios y otras técnicas de investigación similares deben llevarse a cabo con arreglo a unas normas jurídicas estrictas, así como en el marco del cumplimiento de las disposiciones legales, los principios y los valores de la UE así como las normas internacionales en materia de derechos humanos; advierte, en este contexto, de que el uso de tratos crueles, inhumanos o degradantes, torturas, detenciones extrajudiciales y secuestros está prohibido con arreglo al Derecho internacional y que no debe recurrirse a estas prácticas para recabar pruebas de infracciones penales cometidas dentro del territorio de la UE o fuera de él por nacionales de la UE;

52.  Acoge con satisfacción el despliegue de expertos en seguridad y lucha contra el terrorismo en varias delegaciones clave de la UE con el fin de reforzar su capacidad de contribuir a los esfuerzos antiterroristas europeos y de comunicar más eficazmente con las autoridades locales pertinentes, al tiempo que sigue aumentándose la capacidad antiterrorista en el seno del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE);

53.  Alienta, por tanto, el establecimiento de acuerdos de cooperación entre Eurojust y países terceros, en la línea de los ya establecidos con los Estados Unidos, Noruega y Suiza, pero subraya no obstante la necesidad de garantizar el pleno respeto del Derecho internacional en materia de derechos humanos y el pleno cumplimiento de las normas de la UE en materia de protección de datos y privacidad; señala que los países especialmente afectados por el terrorismo, como los países de Oriente Medio y el norte de África, deberían tener prioridad respecto al establecimiento de dichos acuerdos; opina, además, que el envío de fiscales de enlace de Eurojust a los países pertinentes, a saber, los países vecinos del sur, promovería un mayor intercambio de información y permitiría una mejor cooperación para combatir eficazmente el terrorismo respetando los derechos humanos;

VII.Prevención de la salida y anticipación del retorno de ciudadanos europeos radicalizados reclutados por organizaciones terroristas

54.  Reitera que la UE debe intensificar urgentemente los controles en sus fronteras exteriores, velando por el respeto estricto de los derechos fundamentales; subraya que, hasta que los Estados miembros no implanten los controles sistemáticos y obligatorios previstos para las fronteras exteriores de la Unión Europea, será imposible llevar la cuenta de todas las entradas y salidas en la UE; pide a los Estados miembros que utilicen adecuadamente los instrumentos existentes, como los sistemas SIS y VIS, también por lo que respecta a pasaportes robados, extraviados y falsificados; considera asimismo que, con este fin, una mejor aplicación del Código Schengen debe convertirse en una de las prioridades de la UE;

55.  Pide a los Estados miembros que permitan a los guardias fronterizos acceder sistemáticamente al sistema de información de Europol, que puede contener información sobre presuntos terroristas, combatientes extranjeros e incitadores al odio;

56.  Invita a los Estados miembros a intercambiar buenas prácticas en cuanto al control de las salidas del territorio y la congelación de activos financieros de ciudadanos a fin de evitar la participación de ciudadanos en actividades terroristas en escenarios de conflicto en terceros países y con miras a gestionar su retorno a la UE; destaca, en particular, que los Estados miembros deben tener la posibilidad, previa petición de las autoridades judiciales competentes, de confiscar los pasaportes de sus ciudadanos que proyecten unirse a organizaciones terroristas, de conformidad con la legislación nacional y respetando plenamente el principio de proporcionalidad; considera que la restricción de la libertad de circulación de las personas, que es un derecho fundamental, solamente podrá ordenarse si una autoridad judicial ha evaluado adecuadamente la necesidad y la proporcionalidad de la medida; apoya asimismo el inicio de procedimientos penales contra sospechosos de terrorismo que se impliquen en actividades terroristas a su retorno a Europa;

57.  Pide a la comunidad internacional que contribuya al mecanismo de financiación respaldado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para facilitar la estabilización inmediata de las zonas de las que se ha expulsado a Daesh;

58.  Pide a la VP/AR y al Consejo que encuentren una formula clara de condena del apoyo financiero e ideológico prestado por algunos Gobiernos y personas influyentes de los países del Golfo a movimientos islámicos extremistas desde hace una década; pide a la Comisión que revise las relaciones con terceros países con el fin de combatir de manera más eficaz el apoyo, tanto material como inmaterial, al terrorismo; recuerda que, en el contexto de la actual revisión de la política europea de vecindad (PEV), deben reforzarse la dimensión de seguridad y la capacidad de los instrumentos de la PEV para contribuir a aumentar la resiliencia de los socios y sus capacidades de velar por su propia seguridad respetando el Estado de Derecho;

59.  Recuerda que utilizar adecuadamente los instrumentos existentes, como los sistemas SIS, SIS II y VIS, la base de datos de documentos de viaje perdidos o robados de Interpol SLTD y el equipo temático «Viajeros» de Europol, constituye la primera etapa en el refuerzo de las fronteras exteriores para detectar las eventuales partidas de ciudadanos de la UE y de extranjeros residentes en la UE o su retorno de zonas en conflicto con el objetivo de cometer actos terroristas, recibir formación terrorista o participar en conflictos armados no convencionales en nombre de organizaciones terroristas; insta a los Estados miembros a que mejoren la cooperación y el intercambio de información entre ellos, en las fronteras exteriores de la UE, en relación con presuntos combatientes extranjeros;

60.  Insta a los Estados miembros a que garanticen que todos los combatientes extranjeros sean sometidos a control judicial y, de ser necesario, a detención administrativa a su retorno a Europa, hasta el momento en que tenga lugar su procesamiento;

61.  Tiene el absoluto convencimiento de que, en toda política en materia de terrorismo y radicalización, es necesario poner en común la experiencia y los activos de las dimensiones interior y exterior de la política de la UE; opina, a este respecto, que es este enfoque integral el que ofrece la base para concebir una respuesta adecuada para combatir el terrorismo y el reclutamiento terrorista en la UE y en los países vecinos; insta, por tanto, a la Comisión y al SEAE a que, bajo el liderazgo y la orientación de la VP/AR y del vicepresidente primero de la Comisión y con el apoyo del coordinador de la lucha antiterrorista, colaboren en la determinación de un enfoque político que combine eficazmente los instrumentos de la política social (en materia de empleo, integración y lucha contra la discriminación), la ayuda humanitaria, el desarrollo, la resolución de conflictos, la gestión de crisis, el comercio, la energía y cualquier otro ámbito político que pueda tener una dimensión interior y otra exterior;

VIII. Refuerzo de los vínculos entre seguridad interior y seguridad exterior de la Unión Europea

62.  Subraya que es fundamental que la UE establezca una cooperación estrecha con terceros países, especialmente países de tránsito y de destino, en la medida de lo posible, dentro del respeto del Derecho, principios y valores de la UE y los derechos humanos internacionales, para poder detectar a los ciudadanos de la UE y residentes no europeos en la UE que salgan para luchar con organizaciones terroristas o retornen después de haberlo hecho; destaca asimismo la necesidad de reforzar el diálogo político y los planes de acción conjuntos en materia de lucha contra la radicalización y contra el terrorismo en el marco de las relaciones bilaterales y con organizaciones regionales como la Unión Africana y la Liga de Estados Árabes;

63.  Toma nota de la voluntad de la VP/AR Mogherini de apoyar proyectos para luchar contra la radicalización en terceros países, como Jordania, el Líbano e Irak y en la región del Sahel y el Magreb, como se indica en el informe sobre la aplicación de medidas a raíz de la reunión del Consejo Europeo del 12 de febrero de 2015; señala que ahora debe velarse por que estos proyectos reciban cuanto antes la financiación necesaria;

64.  Pide a la UE que intensifique su cooperación con los socios regionales con el fin de frenar el tráfico de armas teniendo en cuenta, en particular, a los países de los que procede el terrorismo, y que haga un estrecho seguimiento de las exportaciones de armas que podrían ser explotadas por los terroristas; pide, asimismo, que se refuercen los instrumentos de la política exterior y el compromiso con los terceros países para contrarrestar la financiación de las organizaciones terroristas; llama la atención sobre la conclusión de la Cumbre del G20 celebrada el 16 de noviembre de 2015, en la que se pide al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que actúe con mayor rapidez y eficacia cuando se trate de bloquear la financiación destinada a organizaciones terroristas;

65.  Anima a la UE a que mantenga diálogos específicos y de más alto nivel sobre cuestiones de seguridad y lucha contra el terrorismo con Argelia, Egipto, Irak, Israel, Jordania, Marruecos, el Líbano, Arabia Saudí, Túnez y el Consejo de Cooperación del Golfo, y sobre la implicación estatal pasada o presente en apoyo de actividades terroristas; considera asimismo que debe reforzarse la cooperación con Turquía en consonancia con las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de diciembre de 2014;

66.  Pide al Consejo que revise y desarrolle permanentemente, a la luz de la evolución de la situación de la seguridad en los países vecinos meridionales de la UE, la estrategia regional de la UE para Siria e Irak y la estrategia antiterrorista y sobre los combatientes extranjeros adoptada el lunes 16 de marzo de 2015, junto con iniciativas de prevención y de otro tipo, como la Red de la Comisión para la Sensibilización frente a la Radicalización; pide, asimismo, a los Estados miembros que promuevan el respeto y la comprensión recíprocas como elementos cruciales en el marco de la lucha contra el terrorismo tanto en de la UE y sus Estados miembros como en los terceros países;

67.  Está convencido de que, para instaurar tal cooperación reforzada, la Comisión Europea, y en particular el SEAE, deben redoblar sus esfuerzos por aumentar y mejorar los conocimientos en materia de lucha contra el terrorismo, conflictos armados no convencionales y radicalización, y asimismo por consolidar y diversificar las competencias lingüísticas, por ejemplo los conocimientos de árabe, urdu, ruso y mandarín, de las que hay una carencia manifiesta en los servicios de información e inteligencia europeos; considera indispensable que el llamamiento de la UE de lucha contra el terrorismo, la radicalización y la violencia pueda ser oído fuera de sus fronteras merced a una comunicación estratégica incisiva y eficaz;

68.  Apoya una mayor cooperación internacional y el intercambio de información entre los servicios nacionales de inteligencia para identificar a los ciudadanos de la UE que corren el riesgo de radicalizarse y ser captados y desplazarse para unirse a grupos yihadistas o a otros grupos extremistas; hace hincapié en que es necesario apoyar a los países de Oriente Próximo y el norte de África y de los Balcanes Occidentales en sus esfuerzos por detener el flujo de combatientes extranjeros e impedir que las organizaciones yihadistas se aprovechen de la inestabilidad política dentro de sus fronteras;

69.  Reconoce que la radicalización y el reclutamiento por redes terroristas son un fenómeno de alcance mundial; considera que la respuesta a este fenómeno debería ser internacional, y no únicamente local o europea; considera necesario, por tanto, reforzar la cooperación con los países terceros para detectar las redes de captación y reforzar la seguridad en las fronteras de los países afectados; reitera asimismo que debe intensificarse la cooperación con los países socios claves afectados por desafíos similares mediante el diálogo diplomático y político y la cooperación en materia de inteligencia;

70.  Reitera que el alcance mundial del terrorismo exige una respuesta internacional conjunta y eficaz para lograr impedir el tráfico de armas hacia países que amenacen la paz y la seguridad internacionales;

71.  Celebra que, en abril de 2015, la Comisión concediera una dotación de 10 millones de euros para financiar un programa de asistencia a los países socios para luchar contra la radicalización en la región del Sahel y el Magreb y detener el flujo de combatientes extranjeros procedentes del norte de África, Oriente Próximo y los Balcanes Occidentales (un primer tramo de 5 millones de euros se destina a financiar la asistencia técnica para mejorar las capacidades de los funcionarios de justicia penal para investigar, enjuiciar y sentenciar asuntos en los que estén implicados combatientes extranjeros o aspirantes a combatientes extranjeros; un segundo tramo de 5 millones de euros se destina a financiar la lucha contra la radicalización en la región del Sahel y el Magreb); destaca la importancia de hacer un seguimiento estricto del correcto uso de estos fondos para garantizar que no sirven para financiar proyectos relacionados con el proselitismo, el adoctrinamiento u otros fines extremistas;

IX.Fomento del intercambio de buenas prácticas en materia de desradicalización

72.  Afirma que una política integral para prevenir la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos de la UE por organizaciones terroristas solo puede dar resultados si va acompañada de medidas proactivas de desradicalización e inserción; invita por ello a la UE a facilitar los intercambios entre los Estados miembros y con Estados terceros que ya hayan adquirido experiencia y obtenido resultados positivos en este ámbito de buenas prácticas para la creación de estructuras de desradicalización para evitar que ciudadanos de la UE o de terceros países residentes legalmente en la UE partan de la UE y para controlar su retorno a la UE; recuerda la necesidad de apoyar también a las familias de estas personas;

73.  Sugiere que los Estados miembros estudien la posibilidad de recurrir a mentores u orientadores en el proceso de desradicalización de ciudadanos UE que retornen de zonas en conflicto decepcionados por lo experimentado allí, a fin de apoyarles en su reinserción social mediante programas adecuados; destaca la necesidad de mejorar los intercambios de buenas prácticas entre los Estados miembros a este respecto; añade que estos mentores deben estar dispuestos a contribuir a programas específicos mediante una formación adecuada,

74.  Insta a que se ponga en marcha una campaña de comunicación estructurada a escala de la UE que se sirva de casos de excombatientes extranjeros europeos que hayan concluido con éxito la desradicalización y cuyas experiencias traumáticas contribuyan a poner de manifiesto lo profundamente perverso y falaz de la dimensión religiosa de la adhesión a organizaciones terroristas como el Daesh; anima por lo tanto a los Estados miembros a desarrollar plataformas para encuentros directos y diálogo con excombatientes; subraya asimismo que el contacto con víctimas del terrorismo parece ser también un método eficaz para despojar la retórica radical de su halo religioso o ideológico; sugiere que esta campaña se utilice como instrumento de asistencia en los procesos de desradicalización en las cárceles, las escuelas y todas las estructuras de prevención y rehabilitación; pide además a la Comisión que apoye las campañas de comunicación nacionales, especialmente con financiación, y las coordine;

X.Desmantelamiento de redes terroristas

75.  Subraya que el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y otros delitos de naturaleza fiscal son, en algunos casos, fuentes importantes de financiación del terrorismo que suponen una amenaza para nuestra seguridad interior, por lo que debe ser prioritario realizar un seguimiento de los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE y combatirlos;

76.  Destaca que las organizaciones terroristas como el EI/Dáesh y Yabhat al-Nusra han obtenido considerables recursos económicos en Iraq y Siria gracias al contrabando de petróleo, la venta de bienes robados, los secuestros y la extorsión, la confiscación de cuentas bancarias y el contrabando de antigüedades; pide, por consiguiente, que con carácter urgente se identifiquen los países y los intermediarios que contribuyen a este mercado negro y que se ponga fin a sus actividades;

77.  Apoya las medidas para debilitar a las organizaciones terroristas desde el interior y reducir su influencia actual sobre ciudadanos de la UE y nacionales de terceros países que residen legalmente en la UE; insta a la Comisión y a las agencias competentes a estudiar medios para desmantelar organizaciones terroristas y descubrir cómo se financian; pide, a tal fin, una mejor cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros y la rápida transposición y aplicación del paquete de lucha contra el blanqueo de capitales; anima a la Comisión a presentar una propuesta de reglamento sobre la detección y el bloqueo de los circuitos de financiación del terrorismo y la lucha contra sus modalidades de financiación; pide, por consiguiente, a la Comisión que vuelva a sopesar la creación de un sistema común europeo para el seguimiento de la financiación del terrorismo; anima a los Estados miembros a que apliquen los más altos niveles de transparencia por lo que respecta al acceso a información sobre los propietarios efectivos de todas las estructuras empresariales en la UE y en jurisdicciones opacas que puedan servir como vehículos para la financiación de organizaciones terroristas;

78.  Acoge con satisfacción la reciente adopción de la Agenda Europea de Seguridad, que propone importantes medidas para combatir mejor el terrorismo y la radicalización, como la creación del Centro Europeo de Antiterrorismo en Europol; pide a los Estados miembros que utilicen plenamente las medidas vigentes, y pide a la Comisión que destine recursos financieros y humanos suficientes para llevar a cabo efectivamente las acciones que propone;

79.  Reitera su llamamiento a la Comisión para que reconsidere urgentemente la legislación de la UE en materia de armas de fuego mediante la revisión de la Directiva 91/477/CEE del Consejo, con el fin de facilitar a las autoridades policiales e investigadoras nacionales la labor de detectar y combatir el tráfico de armas en el mercado negro y la «red negra», y pide a la Comisión que proponga normas comunes sobre desactivación de armas de fuego para que las armas desactivadas sean inoperantes con carácter irreversible;

80.  Pide que un enfoque armonizado para la tipificación penal de la incitación al odio, ya sea en línea o no, practicada por radicales para impulsar a otros a ultrajar y violar derechos fundamentales; propone que se incluya este delito específico en las decisiones marco pertinentes del Consejo;

81.  Invita a los Estados miembros a participar en la labor de rastreo de flujos financieros exteriores y a dar prueba de transparencia en sus relaciones con algunos países del Golfo, con el fin de reforzar la cooperación a fin de esclarecer la financiación del terrorismo y el fundamentalismo en África y Oriente Próximo y también de algunas organizaciones en Europa; insta a los Estados miembros a que colaboren en la eliminación del mercado negro del petróleo, que proporciona unos ingresos esenciales para las organizaciones terroristas; considera que los Estados miembros no deben dudar en aplicar medidas restrictivas contra personas y organizaciones cuando existan pruebas creíbles de financiación del terrorismo o de otro tipo de complicidad con el terrorismo;

82.  Rechazará firmemente toda tentativa de eliminar aspectos del informe centrados en combatir los actos de terrorismo y extremismo en cuanto tales; opina que no ayuda, sino que resulta contraproducente romper el vínculo entre la lucha contra la radicalización y la lucha contra las sus manifestaciones; pide al Consejo que elabore una lista negra de yihadistas europeos y de sospechosos de terrorismo yihadista;

o
o   o

83.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, a las Naciones Unidas, al Consejo de Europa, a la Unión Africana, a los Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo, a la Liga de Estados Árabes y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0384.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0102.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0032.


Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020
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Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020 (2015/2107(INI))
P8_TA(2015)0411A8-0312/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de la Unión Europea, en particular su preámbulo y sus artículos 3 y 6,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular sus artículos 3, 6, 9, 20, 151, 152, 153, 154, 156, 159 y 168,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus artículos 1, 3, 27, 31, 32 y 33,

–  Vista la Carta Social Europea, de 3 de mayo de 1996, en particular su Parte I y el artículo 3 de su Parte II,

–  Vista la Declaración de Filadelfia, de 10 de mayo de 1944, relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

–  Vistos los convenios y las recomendaciones de la OIT en el ámbito de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo,

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 27 de febrero de 2015, sobre el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020 (6535/15), y las conclusiones del Consejo, de 5 de octubre de 2015, sobre una nueva agenda en materia de salud y seguridad en el trabajo para promover unas mejores condiciones laborales,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre estadísticas comunitarias de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo(1),

–  Vistas la Directiva del Consejo 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo(2) (directiva marco), y sus directivas específicas,

–  Vista la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo(3),

–  Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(4),

–  Vistas la Directiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, por la que se modifica la Directiva 89/391/CEE del Consejo, sus directivas específicas y las Directivas 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE y 94/33/CE del Consejo, a fin de simplificar y racionalizar los informes sobre su aplicación práctica(5),

–  Vista la Comunicación de la Comisión relativa a un marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020 (COM(2014)0332),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo: estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)» (COM(2007)0062),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Agenda Social Renovada: oportunidades, acceso y solidaridad en la Europa del siglo XXI» (COM(2008)0412),

–  Visto el informe de la Comisión sobre la aplicación del Acuerdo marco europeo sobre el estrés laboral aprobado por los interlocutores sociales (SEC(2011)0241),

–  Vista la Comunicación «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020), cuyo objetivo principal incluye alcanzar tasas de empleo más altas, de hasta el 75 %, en la Unión Europea a finales de la década, entre otros medios a través de una mayor participación de las mujeres y los trabajadores de más edad y de una mejor integración de los migrantes en la población activa,

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión titulado «Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles» (COM(2012)0055),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Balance de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2014)0130),

–  Vistos el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015 (COM(2014)0902) y el Informe Conjunto sobre el Empleo (COM(2014)0906),

–  Vista su Resolución, de 20 de septiembre de 2001, sobre el acoso moral en el lugar de trabajo(6),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo por la que se transmite el Acuerdo Marco europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo (COM(2007)0686),

–  Vista su Resolución, de 24 de febrero de 2005, sobre la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo(7),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2006, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la protección del personal sanitario de la Unión Europea contra las infecciones de transmisión hemática resultantes de heridas causadas por agujas de jeringuillas(8),

–  Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2007, sobre la promoción de un trabajo digno para todos(9),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2008, sobre la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)(10),

–  Vista su Resolución, de 26 de marzo de 2009, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional(11),

–  Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, sobre la revisión intermedia de la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)(12),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2013, sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente(13),

–  Vista su Resolución, de 14 de enero de 2014, sobre el tema «Inspecciones de trabajo eficaces como estrategia para mejorar las condiciones laborales en Europa»(14),

–  Vistos el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de diciembre de 2014, y el dictamen del Comité de las Regiones, de 12 de febrero de 2015, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a un marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo (2014-2020),

–  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación,

–  Vista la Acción conjunta sobre salud y bienestar mentales iniciada en 2013,

–  Vistos el principio de «pensar primero a pequeña escala» y la Iniciativa en favor de las pequeñas empresas («Small Business Act»),

–  Vista la actual campaña de la EU-OSHA titulada «Healthy Workplaces Manage Stress» («Trabajos saludables: Gestionemos el estrés»),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0312/2015),

A.  Considerando que unas buenas condiciones laborales que protejan la salud física y mental constituyen un derecho individual fundamental de los trabajadores(15) y que tiene valor positivo en sí mismo;

B.  Considerando que la crisis económica ha provocado un aumento de la inseguridad laboral y de las formas atípicas de empleo, junto con una reducción de ingresos de las empresas, en particular de las pymes; considerando que esto no debe significar que se pierdan de vista la importancia de la salud y la seguridad en el trabajo ni los elevados costes sociales y personales de los accidentes en el lugar de trabajo provocados por el incumplimiento de las normas;

C.  Considerando que la salud y la seguridad en el trabajo constituyen un motivo de interés de primer orden para la sociedad y una inversión con efectos positivos sobre la productividad y la competitividad de las empresas, y que también mejoran la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y permiten que las personas trabajen en buenas condiciones de salud hasta que alcancen la edad de jubilación legal; considerando que los accidentes en el lugar de trabajo y las enfermedades profesionales son una importante carga para la sociedad y que las mejoras de la salud y la seguridad en el trabajo en toda Europa pueden contribuir a la recuperación económica y a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, en relación con cuyo objetivo de conseguir que el 75 % de las personas de entre 20 y 64 años de edad tengan empleo se han realizado pocos progresos;

D.  Considerando que la prevención de los riesgos laborales, la promoción de la salud y la seguridad y la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo son fundamentales para mejorar las condiciones laborales y, por lo tanto, para proteger la salud de los trabajadores, lo que a su vez confiere importantes ventajas sociales y económicas a los trabajadores interesados y a la sociedad en su conjunto; considerando que 9 de cada 10 empresas de la UE-28 que realizan evaluaciones periódicas de riesgos las consideran una forma apropiada de gestionar la salud y la seguridad en el trabajo(16);

E.  Considerando que el artículo 153 del Tratado estipula que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en la mejora, en concreto, del entorno de trabajo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores;

F.  Considerando que el envejecimiento de la población de la UE constituye uno de los principales retos de los Estados miembros; considerando que existen desigualdades en la esperanza de vida en función de las distintas categorías sociolaborales y de la dureza del trabajo; considerando que, además de a los trastornos musculoesqueléticos, los trabajadores mayores de 55 años son especialmente sensibles a los cánceres, las enfermedades cardiacas, los trastornos respiratorios y los trastornos del sueño(17); considerando que entre 2010 y 2013 el indicador de «esperanza de vida con buena salud» ha retrocedido en 1,1 años para las mujeres y en 0,4 años para los hombres, lo que subraya la necesidad de aumentar la esperanza de vida con buena salud, lo que permitiría a su vez a un mayor número de personas seguir en el mercado de trabajo hasta que alcancen realmente la edad de jubilación legal;

G.  Considerando que el cáncer es la primera causa de mortalidad relacionada con el trabajo(18), seguida de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, mientras que los accidentes laborales solo son responsables de una muy pequeña minoría de muertes; que los problemas de salud crónicos, como los trastornos musculoesqueléticos, son frecuentes en la UE y pueden limitar la capacidad de las personas para acceder o a un empleo remunerado o parea conservarlo(19), y que es fundamental identificar a los trabajadores en riesgo;

H.  Considerando que las cargas administrativas y los costes directos en los que incurren las empresas como resultado de las políticas de salud y seguridad en el trabajo que promueven el bienestar, un entorno de trabajo de calidad y la productividad son significativamente inferiores a las asociadas a las enfermedades profesionales y los accidentes laborales que el marco reglamentario de la UE pretende evitar(20); considerando que algunos estudios sugieren que el rendimiento de las inversiones en materia de prevención puede ser importante para las empresas(21);

I.  Considerando que la tasa de lesiones mortales en el trabajo y el porcentaje de trabajadores que señalan que su salud física y mental y su seguridad están en peligro como consecuencia de sus trabajos varía considerablemente entre los Estados miembros(22) y los sectores de la actividad económica, lo cual subraya la necesidad de prestar más atención a la aplicación y ejecución de la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo como un elemento importante de la protección de la salud de los trabajadores y de la productividad;

J.  Considerando que el estrés relacionado con el trabajo, en particular, y los riesgos psicosociales, en general, son un problema cada vez mayor para los trabajadores y los empresarios en toda Europa, y que casi la mitad de los trabajadores consideran que están presentes en su lugar de trabajo; considerando que el estrés relacionado con el trabajo contribuye al absentismo laboral, repercute negativamente en la productividad y representa casi la mitad del número de días de trabajo perdidos cada año; considerando que las medidas adoptadas para gestionar los riesgos psicosociales varían de un Estado miembro a otro(23);

K.  Considerando que la estricta y correcta aplicación y ejecución de la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo es una importante condición previa para cumplir los requisitos en materia de salud y seguridad en el trabajo que protegen la salud de los trabajadores y la productividad durante toda la vida activa; considerando que las inspecciones de trabajo desempeñan una función importante en la aplicación de las políticas de salud y seguridad en el trabajo a escala regional y local, y que el cumplimiento de las obligaciones jurídicas constituye la razón principal para que muchas empresas gestionen la salud y la seguridad en el trabajo y apliquen medidas preventivas(24);

L.  Considerando que la plena implicación, participación y representación de los trabajadores en las empresas y el compromiso de la dirección son extraordinariamente importantes para el éxito de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo(25) , y que en los lugares de trabajo en los que existe representación sindical los índices de accidentes y enfermedades son más bajos;

M.  Considerando que la lucha contra la siniestralidad laboral en su conjunto solo tendrá éxito si se fomenta la centralidad del ser humano en el proceso de producción en toda su dimensión;

N.  Considerando que se necesitan recursos suficientes para tratar adecuadamente los riesgos de la salud y la seguridad en el trabajo, tanto los nuevos y emergentes como los tradicionales, entre otros el amianto, los nanomateriales y los riesgos psicosociales; considerando que muchos trabajadores, incluidos los obreros de la construcción, están potencialmente expuestos al amianto;

O.  Considerando que el empleo precario incide negativamente en la salud y la seguridad en el trabajo, y debilita las estructuras existentes en materia de salud y seguridad en el trabajo; considerando que el empleo precario puede excluir a los trabajadores de la formación y del acceso a los servicios de salud y seguridad en el trabajo, y está asociado a estrés psicológico debido a la inseguridad en el empleo(26); considerando que la Directiva marco 89/391/CEE establece que los empresarios son responsables de la aplicación de una política de prevención sistemática que cubra todos los riesgos; considerando que la externalización del trabajo a través de la subcontratación y el trabajo temporal facilitado a través de agencias especializadas puede dificultar la atribución de responsabilidades en materia de disposiciones sobre salud y seguridad en el trabajo; considerando que el trabajo no declarado y el falso empleo por cuenta propia constituyen un importante desafío para la aplicación de las medidas de salud y seguridad en el trabajo y para la salud y la seguridad de los trabajadores;

P.  Considerando que los interlocutores sociales desempeñan una función importante en el proceso de diseño y aplicación de las políticas de salud y seguridad en el trabajo, tanto a escala nacional como internacional y de la UE; Considerando que los artículos 153 a 155 del TFUE establecen el alcance y la autoridad de los interlocutores sociales a la hora de negociar y aplicar acuerdos en materia de salud y seguridad;

Q.  Considerando que el marco reglamentario de la UE tiene por objeto la prevención de los accidentes de trabajo y la mala salud para todos los trabajadores; considerando que, cuanto más pequeña sea la empresa, peor informados pueden estar los trabajadores sobre los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo; considerando que no se ha demostrado correlación alguna entre el número de accidentes y el tamaño de la empresa; considerando que la tasa de accidentes no depende del tipo de producción ni del sector de actividad(27);

R.  Considerando que la disponibilidad y comparabilidad de los datos sobre las enfermedades laborales a escala de la UE son deficientes(28);

S.  Considerando que hay que luchar contra el acoso sexual en el trabajo y la sensación de inseguridad que genera;

T.  Considerando que la segregación laboral, la brecha salarial, los horarios y los lugares de trabajo, la precariedad de las condiciones laborales, el sexismo y la discriminación de género, así como las diferencias relativas a los aspectos físicos específicos de la maternidad, son factores que pueden afectar a las condiciones laborales de las mujeres;

U.  Considerando el estereotipo existente según el cual las mujeres desempeñan trabajos con menos riesgos, que la opinión general en Europa es que la división del trabajo entre hombres y mujeres nunca es neutra, y que, por lo general, esta división oculta los problemas de salud de las mujeres, lo que conlleva una reducción de las acciones preventivas en relación con el trabajo femenino;

V.  Considerando que en la UE el empleo femenino es mucho más elevado en el sector servicios que en la industria, ya que las mujeres ocupan preferentemente puestos en los sectores de la salud y social, y en la venta al por menor, la fabricación, la educación y las actividades empresariales, con una concentración cada vez mayor de mujeres que trabajan a tiempo parcial y en puestos precarios, lo que tiene repercusiones importantes en la seguridad y la salud en el trabajo;

W.  Considerando que, debido a la naturaleza de algunos trabajos en los que están sobrerrepresentadas, las mujeres pueden estar expuestas a riesgos específicos, como los trastornos musculoesqueléticos o determinados tipos de cáncer como el de mama o de endometrio(29);

X.  Considerando que las mujeres registran un mayor número de problemas de salud relacionados con el trabajo que los hombres, independientemente del tipo de trabajo de que se trate(30) , y que son especialmente vulnerables a las enfermedades relacionadas con la edad; considerando que, por tanto, las medidas de salud y seguridad en el trabajo requieren un enfoque basado en el género y en el ciclo vital;

Y.  Considerando el riesgo para la capacidad reproductiva que pueden tener los problemas de salud que pueden surgir cuando los futuros padres o el hijo por nacer están expuestos a los efectos de la contaminación ambiental y a factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo;

Z.  Considerando que las investigaciones empíricas sugieren que las mujeres están infrarrepresentadas en la toma de decisiones en materia de salud y seguridad;

AA.  Considerando que las mujeres de zonas rurales tienen más dificultades para ejercer sus derechos en materia laboral y de salud, y sufren con más frecuencia la falta de acceso a servicios de salud pública básicos, tratamientos médicos especiales y exámenes de detección precoz del cáncer;

Marco estratégico de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo

1.  Hace hincapié en que todos los trabajadores, incluidos los del sector público, tienen derecho al máximo nivel de protección en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo, que debe estar garantizado independientemente del tamaño de la empresa que los emplea, del tipo de trabajo, de su contrato o del Estado miembro en el que trabajen; pide a la Comisión que elabore estrategias laborales específicas que cubran todas las formas de empleo previstas en la legislación de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo; subraya la necesidad de normas más claras y eficientes en materia de salud y seguridad en el trabajo;

2.  Acoge con satisfacción el hecho de que en el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo se definan numerosos ámbitos de acción importantes; lamenta, no obstante, que la Comisión no haya establecido objetivos específicos en el marco estratégico; destaca, en este contexto, que, cuando están sustentadas por pruebas científicas y por los resultados de la evaluación ex post de la legislación de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo, una vez efectuada la revisión prevista en 2016 deben incluirse en el marco medidas legislativas o no legislativas más concretas, así como herramientas de aplicación y ejecución;

3.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan objetivos indicativos de reducción de las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, una vez efectuada la revisión prevista en 2016 del marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo, y que al revisar dicho marco tengan en cuenta los últimos resultados de las investigaciones sometidos a una revisión por pares; pide a la Comisión que conceda una prioridad especial a los sectores en los que los trabajadores están expuestos a mayores riesgos y que formule orientaciones y fomente el intercambio de buenas prácticas para la aplicación de las políticas de salud y seguridad en el trabajo;

4.  Lamenta el retraso en la elaboración del actual marco estratégico en materia de salud y seguridad en el trabajo; considera que las numerosas dificultades que afrontan los trabajadores, las empresas y los mercados laborales en Europa, incluidas las identificadas por la Comisión, requieren que las medidas se apliquen de forma eficaz y oportuna;

5.  Subraya que es fundamental asegurar un ambiente laboral seguro y saludable desde el punto de vista físico y mental durante toda la vida laboral de las personas con el fin de lograr el objetivo de un envejecimiento activo y en condiciones saludables de todos los trabajadores; considera que la prevención de las enfermedades profesionales y los accidentes laborales y la prestación de una mayor atención a los efectos acumulativos de los riesgos profesionales crean un valor añadido para los trabajadores y la sociedad en su conjunto;

6.  Destaca la necesidad de medidas concretas para contrarrestar los efectos de la crisis, ayudando a las empresas a que emprendan acciones para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo;

Estrategias nacionales

7.  Subraya que las estrategias nacionales en materia de salud y seguridad en el trabajo son esenciales y contribuyen a mejoras en la salud y la seguridad en el trabajo en los Estados miembros; subraya que debe fomentarse la información periódica sobre los progresos realizados; considera indispensable seguir desarrollando y coordinando políticas a nivel de la UE prestando una mayor atención a la aplicación y ejecución de la legislación vigente en materia de salud y seguridad en el trabajo con el fin de garantizar un alto nivel de salud y seguridad en el trabajo para todos los trabajadores; considera que las políticas de seguridad y salud en el trabajo deben ser coherentes, tanto a nivel europeo como nacional, con otras políticas públicas, y que los requisitos de conformidad deben ser claros para facilitar su cumplimiento por las empresas, en particular las pymes; estima que debe llevarse a cabo una integración de la perspectiva de género en las políticas generales para reflejar mejor los riesgos específicos a que están expuestos los trabajadores y las trabajadoras;

8.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen que las estrategias nacionales en materia de salud y seguridad en el trabajo reflejen el marco estratégico de salud y seguridad en el trabajo de la UE y sean totalmente transparentes y abiertas a las aportaciones de los interlocutores sociales y la sociedad civil, incluidas las partes interesadas del ámbito de la salud, de conformidad con las costumbres y prácticas de los Estados miembros; considera que la puesta en común de buenas prácticas, así como el diálogo social, son medios importantes para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo;

9.  Anima a los Estados miembros a que introduzcan objetivos adecuados a los diferentes contextos, que sean mensurables y comparables, en sus estrategias nacionales; considera que deben fomentarse mecanismos de información transparente y periódica sobre los progresos realizados; destaca la importancia de contar con datos fiables;

Aplicación y cumplimiento

10.  Reconoce la importancia de tener en cuenta la situación, las necesidades específicas y las dificultades de cumplimiento por parte de las microempresas y de las pequeñas empresas, así como de algunos sectores de los servicios públicos, en el contexto de la aplicación en las empresas de las medidas en materia de salud y seguridad en el trabajo; destaca que la sensibilización, el intercambio de buenas prácticas, la consulta y la existencia de guías y plataformas en línea fáciles de usar revisten la máxima importancia para ayudar a las pymes y las microempresas a cumplir de manera más eficaz los requisitos reglamentarios de la salud y la seguridad en el trabajo; pide a la Comisión, a la EU-OSHA y a los Estados miembros que sigan desarrollando herramientas y directrices prácticas que apoyen, faciliten y mejoren el cumplimiento por las pymes y las microempresas de los requisitos en materia de salud y seguridad en el trabajo;

11.  Pide a la Comisión que siga teniendo en cuenta, cuando revise el marco estratégico, la naturaleza y la situación específicas de las pymes y las microempresas para ayudar a estas empresas a cumplir los objetivos establecidos en materia de salud y seguridad en el trabajo; destaca que el concepto de pyme cubre aproximadamente el 99 % de todas las empresas en su forma actual; pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por recopilar datos fiables sobre la aplicación real de las medidas de salud y seguridad en el trabajo en las microempresas y las pequeñas empresas;

12.  Celebra la introducción en los Estados miembros de la evaluación de riesgos interactiva en línea (OiRA) de la EU-OSHA, así como de otros instrumentos informáticos que facilitan la evaluación de los riesgos y tienen por objeto promover el cumplimiento y una cultura de prevención, en particular en las microempresas y las pequeñas empresas; insta a los Estados miembros a que utilicen los fondos europeos para las medidas de salud y seguridad en el trabajo, en general, y para el desarrollo de instrumentos informáticos, en particular, con el objetivo de apoyar a las pymes; hace hincapié en la importancia de las campañas de sensibilización, como las campañas que fomentan trabajos saludables, en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, y destaca la importancia de sensibilizar a los empresarios y los empleados sobre los derechos y las obligaciones fundamentales en materia de salud y seguridad en el trabajo;

13.  Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que tomen iniciativas para reforzar las competencias de los representantes y dirigentes en el ámbito de la salud y la seguridad, de conformidad con con las leyes y prácticas nacionales; pide a los Estados miembros que apoyen la participación activa de los trabajadores en la aplicación de medidas preventivas en materia de salud y seguridad en el trabajo y garanticen que los representantes competentes en materia de salud y seguridad puedan recibir una formación que no se limite a los módulos de base;

14.  Subraya la importancia de promover una cultura de confianza, seguridad y aprendizaje mutuos en la que se anime a los empleados a contribuir al desarrollo de un entorno de salud y seguridad en el trabajo que fomente también la integración social de los trabajadores y la competitividad de las empresas; subraya, en este contexto, que los trabajadores no deben sufrir perjuicio alguno por plantear cuestiones de salud y seguridad;

15.  Señala que elementos fundamentales para una buena gestión en materia de salud y seguridad en el trabajo son una legislación bien aplicada y cuyo cumplimiento pueda garantizarse, y una evaluación de riesgos perfectamente documentada, con la participación de los trabajadores y los representantes de los trabajadores, que permita la adopción de medidas preventivas adecuadas en el trabajo;

16.  Pide a la Comisión que tome todas las medidas necesarias para supervisar la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo en los Estados miembros; considera que la evaluación ex post de la aplicación práctica de las directivas de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo en los Estados miembros brinda una buena oportunidad para llevar a cabo este ejercicio, y confía en que los resultados relativos a la aplicación de la legislación vigente se tendrán en cuenta en la revisión del marco estratégico;

Ejecución

17.  Considera que garantizar la igualdad de condiciones en toda la UE y eliminar la competencia desleal y el dumping social revisten una importancia crucial; destaca que los servicios de inspección del trabajo desempeñan un papel fundamental en la aplicación de los derechos de los trabajadores a un entorno de trabajo seguro y saludable tanto en términos físicos como mentales, y en la prestación de una consulta y una orientación a los empresarios, en particular a las pymes y las microempresas; anima a los Estados miembros a que sigan las normas y directrices de la OIT sobre la inspección del trabajo para garantizar que los servicios de inspección del trabajo dispongan de personal y recursos adecuados y se mejore la formación de los inspectores de trabajo, como recomendó al respecto el Comité Económico y Social Europeo(31); se congratula de la cooperación entablada entre servicios de inspección del trabajo en el marco del Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo (SLIC);

18.  Pone de relieve la dificultad de aplicar la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo por lo que se refiere a los trabajadores que ejercen actividades no declaradas; recuerda que las inspecciones de trabajo desempeñan un papel importante a la hora de desincentivar el trabajo no declarado; pide a los Estados miembros que lleven a cabo inspecciones rigurosas e impongan sanciones adecuadas a los empresarios que recurran a trabajadores no declarados; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que tomen todas las medidas necesarias para luchar contra el trabajo no declarado; hace hincapié en que la mayoría de los accidentes mortales en el trabajo se produce en sectores que requieren mucha mano de obra en los que el trabajo no declarado es más frecuente que en otros sectores;

19.  Considera que una aplicación efectiva de la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo depende también, en gran medida, de las inspecciones de trabajo; considera que los recursos deben destinarse a aquellos sectores respecto de los cuales se ha determinado que presentan los mayores riesgos para los trabajadores; insta a las autoridades pertinentes a que, sin dejar de realizar controles aleatorios, utilicen la supervisión basada en el riesgo y se centren en los infractores reincidentes a fin de responsabilizar a los empresarios que no respeten los requisitos de salud y seguridad en el trabajo; pide a los Estados miembros que garanticen el intercambio de información y mejoren la coordinación entre los servicios de inspección del trabajo con objeto de mejorar la cooperación transfronteriza;

Marco reglamentario

20.  Acoge con satisfacción los esfuerzos para mejorar la calidad del marco reglamentario, y espera que se realicen más progresos en este ámbito; recuerda a la Comisión, no obstante, que la presentación de las directivas sobre la salud y la seguridad en el trabajo en relación con el programa REFIT y las modificaciones de la legislación debe hacerse de modo transparente y democrático, implicar a los interlocutores sociales y no dar lugar, bajo ningún concepto, a una reducción de los niveles de salud y seguridad en el trabajo; subraya, en este contexto, que deben tenerse en cuenta los cambios operados en el lugar de trabajo como consecuencia del progreso tecnológico; señala que los Estados miembros tienen libertad para adoptar criterios más estrictos que los requisitos mínimos de salud y seguridad en el trabajo; considera, no obstante, que las normas existentes deben mejorarse, entre otras cosas evitando solapamientos y fomentando una mejor integración de la salud y la seguridad en el trabajo con otras áreas políticas, preservando, al mismo tiempo, el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y aspirando a aumentarlo;

21.  Destaca que la participación de los trabajadores y los interlocutores sociales en todos los niveles, de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales, es un requisito necesario para la aplicación satisfactoria de la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo, y que el marco estratégico de salud y seguridad en el trabajo es pertinente para los empresarios y los trabajadores europeos; pide a los interlocutores sociales y a la Comisión que entablen un diálogo constructivo sobre la manera de mejorar el marco normativo existente, y considera que es necesario reforzar el papel de los interlocutores sociales;

Prevención de las enfermedades relacionadas con el trabajo y de los riesgos nuevos y emergentes

22.  Pone de relieve la importancia que reviste la protección de los trabajadores contra la exposición a los carcinógenos, los mutágenos y las sustancias tóxicas para la reproducción; subraya, en este contexto, que las mujeres están expuestas a menudo a un cóctel de sustancias que puede aumentar los riesgos para su salud e incluso para la viabilidad de su progenie; reitera con firmeza su petición a la Comisión para que presente una propuesta de revisión de la Directiva 2004/37/CE basada en pruebas científicas que, en su caso, añadan valores límite con mayor carácter vinculante en materia de exposición profesional, y para que desarrolle, en cooperación con el Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, un sistema de evaluación que se base en unos criterios claros y explícitos; considera que en este contexto debe abordarse el posible solapamiento normativo, que puede resultar en un incumplimiento involuntario;

23.  Hace hincapié en la necesidad de introducir una protección de los trabajadores más estricta, que tenga en cuenta no solo los periodos de exposición sino también la combinación de sustancias químicas o tóxicas a que están expuestos; señala que muchos trabajadores sanitarios están expuestos a sustancias químicas peligrosas en su lugar de trabajo; pide a la Comisión que tome medidas en relación con los factores químicos de riesgo en el sector de la salud e incluya disposiciones específicas sobre la exposición del personal sanitario a fármacos peligrosos en su marco estratégico sobre salud y seguridad en el trabajo; pide a la Comisión que garantice que todos los trabajadores que participen directa o indirectamente en la utilización o eliminación de instrumental médico cortante o punzante estén protegidos adecuadamente; señala que, en su caso, esto podría implicar una revisión de la Directiva 2010/32/UE sobre la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario;

24.  Señala que muchos trabajadores siguen expuestos al amianto en su lugar de trabajo; pide a la Comisión que colabore estrechamente con los interlocutores sociales y los Estados miembros para promover y coordinar los esfuerzos de los Estados miembros destinados a desarrollar planes nacionales de acción que aporten una financiación adecuada y medidas apropiadas para la gestión y eliminación segura del amianto;

25.  Reitera su petición a la Comisión(32) para que diseñe y aplique un modelo de detección y registro del amianto, de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 2009/148/CE; hace un llamamiento en favor de una campaña europea sobre el amianto, e insta a los Estados miembros a que compensen a los trabajadores expuestos al amianto;

26.  Pide a la Comisión que tome medidas en relación con uno de los problemas de salud relacionados con el trabajo más frecuentes en Europa y que presente sin demora una propuesta de instrumento legal global sobre los trastornos musculoesqueléticos para mejorar la prevención eficaz y abordar las causas de estos trastornos, teniendo en cuenta el problema de su multicausalidad y los riesgos específicos a que están expuestas las mujeres; señala que una consolidación de la legislación de la UE que fije unas disposiciones mínimas en materia de protección de los trabajadores frente a la exposición a factores de riesgo ergonómico puede beneficiar tanto a los trabajadores como a los empresarios al facilitar la aplicación y el cumplimiento del marco reglamentario; destaca también la importancia del intercambio de buenas prácticas y la necesidad de garantizar que los trabajadores estén más sensibilizados y mejor informados sobre los factores de riesgo ergonómicos;

27.  Pide a los Estados miembros que apliquen lo antes posible la Directiva 2002/44/CE, de 25 de junio de 2002, sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos;

28.  Llama la atención de la Comisión sobre la importancia de mejorar la prevención de las exposiciones profesionales a los perturbadores endocrinos que tienen múltiples efectos perjudiciales para la salud de las trabajadoras y los trabajadores, así como en su progenie(33); pide a la Comisión que elabore sin demora una estrategia global contra los perturbadores endocrinos que comprenda, en caso necesario, la aplicación de la legislación europea relativa a la comercialización de plaguicidas y biocidas, y endurezca las normas de prevención de riesgos laborales; subraya que el apoyo de la UE a la investigación de alternativas más seguras es fundamental para la aplicación de los principios de precaución y sustitución;

29.  Acoge con satisfacción la participación de la Comisión en el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020 para mejorar la prevención de las enfermedades relacionadas con el trabajo, especialmente en los ámbitos de la nanotecnología y la biotecnología; hace hincapié en la incertidumbre que rodea la distribución y el uso de la nanotecnología y considera necesario seguir investigando en relación con los posibles riesgos asociados a las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo; considera, a este respecto, que debe aplicarse el principio de precaución con el fin de reducir los riesgos potenciales para la salud y la seguridad de los trabajadores que trabajan en el ámbito de la nanotecnología;

30.  Llama la atención de la Comisión sobre el incremento del número de trabajadores afectados por enfermedades crónicas en el lugar de trabajo; considera que las personas afectadas por enfermedades terminales, dolencias crónicas y de larga duración y discapacidad deben poder disponer de empleos accesibles y seguros; insta a los Estados miembros a que den prioridad a la retención e integración de las personas afectadas por enfermedades crónicas, y a que respalden su adaptación razonable a los puestos de trabajo, lo que garantizará una reincorporación oportuna al trabajo; pide a la Comisión que promueva medidas de integración y rehabilitación para las personas con discapacidad y que apoye los esfuerzos de los Estados miembros aumentando la sensibilización y mediante la fijación y el intercambio de buenas prácticas en materia de acondicionamiento y adaptación del lugar de trabajo; insta a Eurofound a que intensifique su evaluación y análisis sobre las oportunidades de empleo y el grado de empleabilidad de las personas con enfermedades crónicas;

31.  Toma nota de que la innovación tecnológica puede ser beneficioso para la sociedad en general; manifiesta, no obstante, su preocupación por los nuevos riesgos generados por esos cambios; se felicita, en este contexto, por la intención de la Comisión de crear una red de profesionales y científicos relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo al objeto de abordar mejor los desafíos futuros; destaca el aumento de la utilización de robots colaboradores inteligentes, por ejemplo en la producción industrial, los hospitales y las residencias de ancianos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que determinen posibles riesgos en materia de salud y seguridad en el trabajo derivados de la innovación tecnológica y que adopten medidas adecuadas para mitigarlos;

32.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen y apliquen un programa de control sistemático, que gestione y apoye a los trabajadores aquejados de riesgos psicosociales, incluidos el estrés, la depresión y el agotamiento profesional a fin de, entre otras cosas, elaborar unas recomendaciones y orientaciones eficaces para luchar contra estos riesgos; hace hincapié en que el estrés en el trabajo ha sido reconocido como un obstáculo de primer orden para la productividad y la calidad de vida; observa a este respecto que la salud mental y los riesgos psicosociales pueden verse influenciados por muchos factores, algunos de los cuales no están relacionados con las actividades laborales; señala, sin embargo, que los riesgos psicosociales y el estrés relacionado con el trabajo constituyen un problema estructural ligado a la organización del trabajo y que es posible prevenir y gestionar los riesgos psicosociales y el estrés relacionado con el trabajo; destaca la necesidad de llevar a cabo estudios, mejorar la prevención y abordar nuevas medidas basadas en el intercambio de las mejores prácticas e instrumentos para la reintegración en el mercado laboral, cuando revise el marco estratégico en materia de salud y seguridad en 2016;

33.  Acoge favorablemente la campaña «Trabajos saludables: Gestionemos el estrés»; hace hincapié en que las iniciativas para abordar el estrés relacionado con el trabajo deben incluir la dimensión de género, habida cuenta de las condiciones de trabajo específicas de las mujeres;

34.  Llama la atención sobre el problema del acoso laboral y sus posibles consecuencias sobre la salud psicosocial; señala la importancia de la lucha contra el acoso y la violencia en el trabajo y pide, por tanto, a la Comisión que, en estrecha cooperación con los interlocutores sociales, presente una propuesta de acto jurídico que se base en el Acuerdo marco sobre el acoso y la violencia en el trabajo; insta a los Estados miembros a que desarrollen, además, estrategias nacionales eficaces de lucha contra la violencia en el trabajo;

35.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten un enfoque orientado a eliminar el trabajo precario y que tengan en cuenta los efectos negativos del trabajo precario sobre la salud y la seguridad en el trabajo; subraya que los trabajadores con contratos atípicos pueden tener mayores dificultades para acceder a los servicios de formación y de salud y seguridad en el trabajo; destaca que es fundamental mejorar la salud y la seguridad de todos los trabajadores en todas las formas de empleo, incluidos los que pueden ser vulnerables como los jóvenes y las personas que han sufrido previamente un desempleo de larga duración; pide a los Estados miembros que cumplan los requisitos establecidos en la Directiva 96/71/CE para luchar contra el dumping social y adopten, en este contexto, todas las medidas necesarias para observar y proteger el derecho de los trabajadores desplazados a recibir el mismo trato en materia de salud y seguridad en el trabajo;

36.  Hace hincapié en que hay que tener en cuenta las tareas domésticas a la hora de buscar vías para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo; insta a los empresarios y a los políticos a que garanticen y faciliten un equilibrio sólido entre la vida laboral y la privada teniendo en cuenta el creciente número de trabajadores que precisan combinar el trabajo y la atención a otras personas; hace hincapié en la importancia de abordar el exceso de horas de trabajo para garantizar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva 2003/88/CE y destaca, en este contexto, la importancia de supervisar el cumplimiento de la disposición relativa al número máximo de horas de trabajo;

37.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren políticas adecuadas para abordar el problema del envejecimiento de la población activa; considera que el marco reglamentario en materia de salud y seguridad en el trabajo debe fomentar una vida laboral sostenible y un envejecimiento saludable; pide a los Estados miembros que promuevan medidas de rehabilitación y reintegración de los trabajadores de más edad mediante la aplicación de los resultados del proyecto piloto de la UE sobre la salud y la seguridad de los trabajadores de más edad;

38.  Subraya la importancia de las medidas relativas a la salud y la seguridad en el trabajo para hacer frente a los problemas y riesgos específicos de las mujeres en el lugar de trabajo, incluido el acoso sexual; pide a la Comisión y a los interlocutores sociales que garanticen una representación más paritaria de hombres y mujeres en todos los procesos de diálogo social; insta a la Comisión a que tenga en cuenta la dimensión de igualdad de género como parte de la revisión del marco estratégico en materia de salud y seguridad en el trabajo previsto en 2016; pide a la Comisión que desarrolle una estrategia europea para combatir la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo y, como parte de este proceso, que evalúe si la Directiva 2006/54/CE debe revisarse a fin de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva para que abarque nuevas formas de violencia y acoso; pide a los Estados miembros que apliquen la Recomendación de la Comisión 92/131/CEE con el fin de aumentar la sensibilización sobre el acoso sexual y otros tipos de comportamiento sexual inadecuado;

39.  Llama la atención de la Comisión sobre el papel que pueden desempeñar los comités sectoriales para el diálogo social en la lucha contra los riesgos relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo específicos de los diferentes sectores y en la creación de un posible valor añadido por medio de acuerdos entre los interlocutores sociales recurriendo a sus conocimientos generales de las situaciones específicas del sector;

40.  Destaca que la Comisión debe recopilar datos, aportar investigación y desarrollar métodos estadísticos específicos por género y por edad para evaluar la prevención con miras a determinar los retos específicos a que se enfrentan los grupos vulnerables, incluidas las mujeres, en el lugar de trabajo;

41.  Destaca la importancia de invertir más en las políticas de prevención de riesgos, así como de promover, desarrollar y apoyar una cultura de prevención en materia de salud y seguridad en el trabajo; pide a los Estados miembros que fomenten la sensibilización y den más importancia a la prevención y a la salud y la seguridad en el trabajo en los planes de estudio escolares en todos los niveles, incluso durante los períodos de prácticas; considera importante centrarse en la prevención, tan pronto como sea posible en el proceso de producción, y promover la aplicación de programas de prevención sistemática basados en evaluaciones de riesgo que animen a los empresarios y los trabajadores a contribuir a un entorno de trabajo seguro y saludable; señala que en muchos Estados miembros la calidad de los servicios de prevención es fundamental para apoyar a las empresas, en particular las pymes, en la realización de evaluaciones de riesgos y en la adopción de medidas preventivas; pide a la Comisión que evalúe las tareas y los requisitos de formación de los servicios de prevención establecidos en la legislación nacional por los Estados miembros;

42.  Destaca que debe incluirse a las mujeres en los procesos de toma de decisiones relativos al desarrollo de mejores prácticas en el ámbito de la salud y la seguridad en sus entornos de trabajo;

43.  Pide a la Comisión que no deje de lado la cuestión del desarrollo de los cánceres vinculados al trabajo, como los tumores de la cavidad nasal, cuya incidencia es mayor en caso de ausencia de una protección adecuada de las vías respiratorias de los trabajadores contra algunos tipos de polvo relativamente habituales que se generan durante la manipulación de madera, cuero, harina, tejidos, níquel y otros materiales;

44.  Anima a los Estados miembros a que garanticen la igualdad de oportunidades para ejercer los derechos laborales y la igualdad de acceso a los servicios de salud públicos a todos los ciudadanos, especialmente a las mujeres de las zonas rurales y a otros grupos de ciudadanos vulnerables;

Datos estadísticos

45.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la recogida de datos fiables y comparables sobre las enfermedades, exposiciones y riesgos profesionales en todos los sectores, incluido el sector público, con el fin de identificar las mejores prácticas, promover el aprendizaje comparativo y crear una base de datos común sobre las exposiciones ocupacionales sin que esto acarree costes desproporcionados; subraya la importancia de la participación de expertos nacionales y de mantener la base de datos actualizada; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que recopilen más datos sobre los riesgos asociados a la digitalización, la seguridad vial en relación con el trabajo y los efectos que la crisis puede haber tenido en la salud y seguridad en el trabajo;

46.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen datos estadísticos de calidad sobre las enfermedades laborales desglosados por sexo y edad a fin de mejorar continuamente y adaptar, cuando proceda, el marco legislativo de conformidad con los riesgos nuevos y emergentes;

47.  Pide a los Estados miembros que lleven a cabo estudios para determinar la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en la población activa a escala nacional, por sexo, edad y sector de actividad económica, con el fin de prevenir y luchar contra la aparición de estos trastornos;

48.  Destaca la importancia de actualizar y presentar indicadores y definiciones comunes de las enfermedades relacionadas con el trabajo, incluido el estrés en el trabajo, y datos estadísticos a escala de la UE con el fin de establecer objetivos para reducir la incidencia de las enfermedades profesionales;

49.  Destaca la dificultad de recabar datos en numerosos Estados miembros; pide que se refuercen los trabajos de la EU-OSHA y de Eurofound; insta a los Estados miembros a que tomen las medidas necesarias para garantizar que los empresarios informen de los accidentes laborales;

Esfuerzos internacionales

50.  Pide al Consejo y a la Comisión que velen por que todos los acuerdos comerciales con países terceros mejoren las condiciones de trabajo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores;

51.  Hace hincapié en que la UE tiene interés en las normas laborales, entre ellas los niveles de salud y seguridad en el trabajo en todo el mundo, y tiene la obligación de mejorarlas;

52.  Insta a la Comisión a que refuerce la cooperación en materia de salud y seguridad en el trabajo con las organizaciones internacionales, entre ellas la OIT, la OCDE, el G20 y la OMS;

53.  Lamenta que no todos los Estados miembros hayan ratificado el Convenio nº 187 de la OIT sobre el Marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo; pide a todos los Estados miembros que ratifiquen el Convenio;

o
o   o

54.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 354 de 31.12.2008, p. 70.
(2) DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
(3) DO L 299 de 18.11.2003, p. 9.
(4) DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
(5) DO L 165 de 27.6.2007, p. 21.
(6) DO C 77 E de 28.3.2002, p. 138.
(7) DO C 304 E de 1.12.2005, p. 400.
(8) DO C 303 E de 13.12.2006, p. 754.
(9) DO C 102 E de 24.4.2008, p. 321.
(10) DO C 41 E de 19.2.2009, p. 14.
(11) DO C 99 E de 3.4.2012, p. 101.
(12) DO C 168 E de 14.6.2013, p. 102.
(13) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0093.
(14) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0012.
(15) Artículo 31, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad.
(16) Segunda encuesta europea en las empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-2), EU-OSHA (2015).
(17) Eurofound: «Working conditions of an ageing workforce» (Condiciones laborales de una mano de obra que envejece) (2008).
(18) Declaración del director a la EU-OSHA, 18 de noviembre de 2014.
(19) Informe sobre las oportunidades de empleo para las personas con enfermedades crónicas, Eurofound (2014).
(20) Evaluación de la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012), Comisión Europea (2013), y Coste socioeconómico de los accidentes de trabajo y la mala salud relacionada con el trabajo, Comisión Europea (2012).
(21) «Berechnung des internationalen „Return on Prevention“ für Unternehmen: Kosten und Nutzen von Investitionen in den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz» (Cálculo del rendimiento internacional de las inversiones en materia de prevención» para las empresas: costes y beneficios de las inversiones en salud y seguridad en el trabajo), DGUV (2013).
(22) 5ª encuesta europea sobre condiciones laborales, informe general, Eurofound (2012).
(23) Segunda encuesta europea en las empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-2), EU-OSHA (2015).
(24) Segunda encuesta europea en las empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-2), EU-OSHA (2015).
(25) Representación y consulta de los trabajadores en relación con la salud y la seguridad, EU-OSHA (2012).
(26) Modalidades de trabajo flexibles: cláusulas contractuales «altamente atípicas», Eurofound (2010) y Salud y bienestar en el trabajo: informe basado en la 5ª Encuesta europea sobre condiciones laborales, Eurofound (2012).
(27) 5ª encuesta europea sobre condiciones laborales, informe general, Eurofound (2012) y Tercera encuesta empresarial europea, Eurofound (2015).
(28) Informe sobre la actual situación en relación con los sistemas encargados de las enfermedades laborales en los Estados miembros de la UE y los países de la AELC/EEE, CE (2013).
(29) EU-OSHA, 2013. «New risks and trends in the safety and health of women at work» (Nuevos riesgos y tendencias en la salud y la seguridad de las mujeres en el trabajo).
(30) «Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers» (Riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores más vulnerables), Departamento Temático A del PE, Política Económica y Científica, 2011, p. 40.
(31) DO C 230 de 14.7.2015, p. 82.
(32) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0093.
(33) «The Cost of Inaction» (El coste de la inacción), Nordon (2014) y «Rapport sur les perturbateurs endocriniens, le temps de la précaution» (Informe sobre los perturbadores endocrinos, la hora de la precaución), Gilbert Barbier (2011).

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