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Textos aprobados
Miércoles 16 de diciembre de 2015 - EstrasburgoEdición definitiva
No objeción a un acto delegado: normas de desarrollo del Reglamento Financiero
 No objeción a un acto delegado: reglamento financiero tipo para los organismos de las colaboraciones público-privadas
 Prórroga del mandato del presidente de la Autoridad Bancaria Europea (ABE)
 Prórroga del mandato del presidente de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ)
 Prórroga del mandato del presidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
 Cooperación operativa y estratégica entre Bosnia y Herzegovina y Europol *
 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: EGF/2015/006 IE/PWA International, de Irlanda
 Lista de especies exóticas invasoras
 Productos que contengan, estén compuestos o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente NK603 × T25
 Aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades
 Relaciones UE-China
 Preparación para la Cumbre Humanitaria Mundial: retos y oportunidades para la ayuda humanitaria
 Desarrollo de una industria europea sostenible de los metales básicos
 Situación en Hungría: seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de junio de 2015

No objeción a un acto delegado: normas de desarrollo del Reglamento Financiero
PDF 246kWORD 63k
Decisión del Parlamento Europeo de no presentar objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión, de 30 de octubre de 2015, que modifica el Reglamento Delegado (UE) n.° 1268/2012 sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (C(2015)07555 – 2015/2939(DEA))
P8_TA(2015)0448B8-1336/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2015)07555),

–  Vista la carta de la Comisión de 12 de noviembre de 2015, por la que le solicita que declare que no presentará objeciones al Reglamento Delegado,

–  Vista la carta de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Control Presupuestario al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión de 27 de noviembre de 2015,

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión(1), y en particular su artículo 210,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012(2),

–  Vista la recomendación de Decisión de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Control Presupuestario,

–  Visto el artículo 105, apartado 6, de su Reglamento,

–  Visto que no se ha manifestado oposición alguna en el plazo señalado en el artículo 105, apartado 6, tercer y cuarto guiones, de su Reglamento, que expiró el 15 de diciembre de 2015,

A.  Considerando que las Directivas 2014/23/UE(3) y 2014/24/UE(4), que los Estados miembros deben incorporar a su Derecho nacional antes del 18 de abril de 2016, hacen necesaria la modificación tanto del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 como del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012, en relación con los procedimientos de contratación pública de las instituciones de la UE y los contratos adjudicados por su propia cuenta;

B.  Considerando que el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 fue modificado en consonancia el 28 de octubre de 2015 por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 2015/1929 que lo ajustó a las Directivas mencionadas anteriormente y entró en vigor el 30 de octubre de 2015;

C.  Considerando que, el 30 de octubre de 2015, la Comisión adoptó el Reglamento Delegado (C(2015)07555) para velar por que la correspondiente actualización del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión pueda aplicarse desde el comienzo del ejercicio, garantizando así una transición clara hacia las nuevas normas sobre contratación pública y contratos de concesión de la UE;

D.  Considerando que, con arreglo al artículo 210 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012, por el que se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, en principio, el Reglamento Delegado (C(2015)07555) solo puede entrar en vigor al final del periodo de control por el Parlamento y el Consejo, que comprende dos meses a partir de la fecha de notificación —es decir, hasta el 30 de diciembre de 2015— y que puede ser ampliado en otros dos meses;

E.  Considerando, no obstante, que, el 12 de noviembre de 2015, la Comisión solicitó al Parlamento que, si no tenía intención de presentar objeciones al acto delegado, se lo notificara a más tardar el 21 de diciembre de 2015, ya que, a fin de garantizar su publicación puntual en el Diario Oficial antes del 31 de diciembre de 2015 y asegurar así la entrada en vigor del acto delegado el 1 de enero de 2016, según lo previsto, dicho acto debería transmitirse a la Oficina de Publicaciones antes del 21 de diciembre de 2015;

1.  Declara que no presentará objeciones al Reglamento Delegado;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(2) DO L 286 de 30.10.2015, p. 1.
(3) Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).
(4) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).


No objeción a un acto delegado: reglamento financiero tipo para los organismos de las colaboraciones público-privadas
PDF 250kWORD 65k
Decisión del Parlamento Europeo de no presentar objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión, de 30 de octubre de 2015, que modifica el Reglamento Delegado (UE) n.° 110/2014 sobre el Reglamento Financiero tipo para los organismos de las colaboraciones público-privadas a que se hace referencia en el artículo 209 del Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA))
P8_TA(2015)0449B8-1337/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2015)07554),

–  Vista la carta de la Comisión de 12 de noviembre de 2015, por la que le solicita que declare que no presentará objeciones al Reglamento Delegado,

–  Vista la carta de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Control Presupuestario al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión de 27 de noviembre de 2015,

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 del Consejo(1), y en particular su artículo 210,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012(2),

–  Vista la recomendación de Decisión de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Control Presupuestario,

–  Visto el artículo 105, apartado 6, de su Reglamento,

–  Visto que no se ha manifestado oposición alguna en el plazo señalado en el artículo 105, apartado 6, tercer y cuarto guiones, de su Reglamento, que expiró el 15 de diciembre de 2015,

A.  Considerando que, en la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, sobre la aprobación independiente de la gestión presupuestaria de las empresas comunes con arreglo al artículo 209 del Reglamento Financiero(3), las tres instituciones expusieron, en particular, su intención de «proponer las modificaciones pertinentes del artículo 209 y el artículo 60, apartado 7, del Reglamento Financiero en el contexto de la futura revisión de dicho Reglamento»;

B.  Considerando que el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 fue modificado el 28 de octubre de 2015 por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 2015/1929, que, además de ajustarlo a las Directivas 2014/23/UE(4) y 2014/24/UE(5), así como reforzar el sistema de protección del presupuesto de la UE, modificó sus artículos 209 y 60, adaptando las normas sobre aprobación de la gestión, auditoría externa e informes anuales de los organismos que operan con arreglo al artículo 209 del Reglamento Financiero a aquellos que operan de conformidad con el artículo 208;

C.  Considerando que, el 30 de octubre de 2015, la Comisión adoptó el Reglamento Delegado (C(2015)07554) que actualiza el Reglamento Delegado (UE) n.o 110/2014 sobre el Reglamento Financiero tipo para los organismos de las colaboraciones público-privadas a que se hace referencia en el artículo 209 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (ajustándolo a las correspondientes disposiciones del Reglamento Delegado (UE) n.o 1271/2013, que se aplica a los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento Financiero), con vistas a que pueda aplicarse desde el comienzo del ejercicio, garantizando así una transición clara hacia las nuevas normas;

D.  Considerando que, con arreglo al artículo 210 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012, por el que se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, en principio, el Reglamento Delegado (C(2015)07554) solo puede entrar en vigor al final del periodo de control por el Parlamento y el Consejo, que comprende dos meses a partir de la fecha de notificación —es decir, hasta el 30 de diciembre de 2015— y que puede ser ampliado en otros dos meses;

E.  Considerando, no obstante, que, el 12 de noviembre de 2015, la Comisión solicitó al Parlamento que, si no tenía intención de presentar objeciones al acto delegado, se lo notificara a más tardar el 21 de diciembre de 2015, ya que, a fin de garantizar su publicación puntual en el Diario Oficial antes del 31 de diciembre de 2015 y asegurar así la entrada en vigor del acto delegado el 1 de enero de 2016, según lo previsto, dicho acto debería transmitirse a la Oficina de Publicaciones antes del 21 de diciembre de 2015;

1.  Declara que no presentará objeciones al Reglamento Delegado;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(2) DO L 286 de 30.10.2015, p. 1.
(3) DO L 163 de 29.5.2014, p. 21.
(4) Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).
(5) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).


Prórroga del mandato del presidente de la Autoridad Bancaria Europea (ABE)
PDF 238kWORD 60k
Decisión del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2015, sobre la prórroga del mandato del Presidente de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) (C8-0313/2015 – 2015/0903(NLE))
P8_TA(2015)0450A8-0347/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Junta de Supervisores de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), de 8 de septiembre de 2015, de prorrogar el mandato del Presidente de la ABE por otros cinco años (C8-0313/2015),

–  Visto el artículo 48, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión(1),

–  Visto su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0347/2015),

A.  Considerando que el primer Presidente la ABE fue designado por la Junta de Supervisores de la ABE en 2011, tras un procedimiento de selección abierto, para un mandato de cinco años, de conformidad con el artículo 48, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010;

B.  Considerando que el artículo 48, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 establece que la Junta de Supervisores de la ABE, tomando en consideración el análisis allí contemplado, podrá prorrogar una vez el mandato del Presidente de la ABE, con sujeción a la ratificación del Parlamento Europeo;

C.  Considerando que, el 8 de septiembre de 2015, la Junta de Supervisores de la ABE propuso prorrogar el mandato de Andrea Enri, actual Presidente de la ABE, por otros cinco años, y que informó al Parlamento Europeo en consecuencia;

D.  Considerando que, el 17 de noviembre de 2015, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró una audiencia con Andrea Enri, actual Presidente de la ABE, en la que este hizo una declaración preliminar y, a continuación, respondió a las preguntas de los miembros de la comisión;

1.  Aprueba la propuesta de prorrogar el mandato de Andrea Enri como Presidente de la ABE por otros cinco años;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión, a la ABE y a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO L 331 de 15.12.2010, p. 12.


Prórroga del mandato del presidente de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ)
PDF 239kWORD 60k
Decisión del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2015, sobre la prórroga del mandato del presidente de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) (C8-0314/2015 – 2015/0904(NLE))
P8_TA(2015)0451A8-0348/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Junta de Supervisores de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), de 30 de septiembre de 2015, de prorrogar el mandato del presidente en ejercicio de la AESPJ por otros cinco años (C8-0314/2015),

–  Visto el artículo 48, apartado 4, del Reglamento (UE) n.° 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión n° 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE(1) de la Comisión,

–  Visto su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0348/2015),

A.  Considerando que el primer presidente de la AESPJ fue nombrado por la Junta de Supervisores de la AESPJ en 2011, tras un procedimiento de selección abierto, para un mandato de cinco años, de conformidad con el artículo 48, apartado 2 del Reglamento (UE) n.º 1094/2010;

B.  Considerando que el artículo 48, apartado 4 del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 dispone que la Junta de Supervisores de la AESPJ, teniendo en cuenta el análisis al que hace referencia dicho artículo, podrá prorrogar una vez el mandato del presidente, con sujeción a la ratificación del Parlamento Europeo.

C.  Considerando que el 30 de septiembre de 2015 la Junta de Supervisores de la AESPJ propuso prorrogar por otros cinco años el mandato de Gabriel Bernardino, presidente de turno de la AESPJ, e informó al Parlamento Europeo al respecto;

D.  Considerando que el 17 de noviembre de 2015, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró una audiencia con Gabriel Bernardino, presidente de turno de la AESPJ, en la que realizó una declaración preliminar tras la cual respondió a las preguntas formuladas por los miembros de la comisión;

1.  Aprueba la propuesta de prórroga del mandato de Gabriel Bernardino como presidente de la AESPJ por otros cinco años;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión, a la AESPJ y a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO L 331 de 15.12.2010, p. 48


Prórroga del mandato del presidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
PDF 239kWORD 60k
Decisión del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2015, sobre la prórroga del mandato del presidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) (C8-0315/2015 – 2015/0905(NLE))
P8_TA(2015)0452A8-0346/2015

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Junta de Supervisores de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), de 24 de septiembre de 2015, de prorrogar el mandato del presidente de la AEVM por otros cinco años (C8-0315/2015),

–  Visto el artículo 48, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión(1),

–  Visto su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0346/2015),

A.  Considerando que el primer presidente de la AEVM fue nombrado por la Junta de Supervisores de la AEVM en 2011, tras un procedimiento de selección abierto, para un mandato de cinco años, de conformidad con el artículo 48, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010;

B.  Considerando que el artículo 48, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 dispone que la Junta de Supervisores de la AEVM, teniendo en consideración el análisis al que hace referencia dicho artículo, podrá prorrogar una vez el mandato del presidente, con sujeción a la ratificación del Parlamento Europeo;

C.  Considerando que, el 24 de septiembre de 2015, la Junta de Supervisores de la AEVM propuso prorrogar por otros cinco años el mandato de Steven Maijoor, actual presidente de la AEVM, e informó al Parlamento Europeo al respecto;

D.  Considerando que, el 17 de noviembre de 2015, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró una audiencia con Steven Maijoor, actual presidente de la AEVM, en la que este realizó una declaración preliminar y a continuación respondió a las preguntas formuladas por los miembros de la comisión;

1.  Aprueba la propuesta de prórroga del mandato de Steven Maijoor como presidente de la AEVM por otros cinco años;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión, a la AEVM y a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO L 331 de 15.12.2010, p. 84


Cooperación operativa y estratégica entre Bosnia y Herzegovina y Europol *
PDF 247kWORD 61k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2015, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por parte de la Oficina Europea de Policía (Europol) del Acuerdo entre Bosnia y Herzegovina y Europol en materia de Cooperación Operativa y Estratégica (10509/2015 – C8-0276/2015 – 2015/0808(CNS))
P8_TA(2015)0453A8-0352/2015

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto del Consejo (10509/2015),

–  Visto el artículo 39, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en su versión modificada por el Tratado de Ámsterdam, y el artículo 9 del Protocolo n.º 36 sobre las disposiciones transitorias, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0276/2015),

–  Vista la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol)(1), y en particular su artículo 23, apartado 2,

–  Vista la Decisión 2009/934/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por la que se adoptan las normas de desarrollo que rigen las relaciones de Europol con los socios, incluido el intercambio de datos personales y de información clasificada(2), y en particular sus artículos 5 y 6,

–  Vista la Decisión 2009/935/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por la que se determina la lista de terceros Estados y organizaciones con los que Europol celebrará acuerdos(3),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0352/2015),

1.  Aprueba el proyecto del Consejo;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide a la Comisión que, después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Europol (2013/0091(COD)), evalúe las disposiciones incluidas en el acuerdo de cooperación, en particular las referidas a la protección de datos; pide a la Comisión que informe al Parlamento y al Consejo sobre el resultado de dicha evaluación y que, si procede, formule una recomendación en el sentido de que se proceda a autorizar la apertura de una renegociación internacional del acuerdo;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión, y a Europol.

(1) DO L 121 de 15.5.2009, p. 37.
(2) DO L 325 de 11.12.2009, p. 6.
(3) DO L 325 de 11.12.2009, p. 12.


Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: EGF/2015/006 IE/PWA International, de Irlanda
PDF 269kWORD 75k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2015, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el punto 13 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2015/006 IE/PWA International, de Irlanda) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1927/2006(1) (Reglamento FEAG),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(2), y en particular su artículo 12,

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3) (AI de 2 de diciembre de 2013) y, en particular, su apartado 13,

–  Vistos los resultados de la negociación tripartita prevista en el apartado 13 del AI de 2 de diciembre de 2013,

–  Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–  Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0363/2015),

A.  Considerando que la Unión Europea ha establecido instrumentos legislativos y presupuestarios para prestar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial o de la crisis económica y financiera mundial, así como para prestarles ayuda en su reincorporación al mercado laboral;

B.  Considerando que la ayuda financiera de la Unión a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a disposición de los mismos de la manera más rápida y eficaz posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobada en la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta el AI de 2 de diciembre de 2013 por lo que respecta a la adopción de las decisiones de movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG);

C.  Considerando que la adopción del nuevo Reglamento FEAG refleja el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo de reintroducir el criterio de movilización relativo a la crisis, fijar la contribución financiera de la Unión en un 60 % del coste total estimado de las medidas propuestas, aumentar la eficiencia en el tratamiento de las solicitudes de intervención del FEAG en la Comisión, agilizar los procedimientos de evaluación y aprobación por parte del Parlamento y el Consejo, ampliar el abanico de actuaciones y de posibles beneficiarios mediante la incorporación de los trabajadores autónomos y de los jóvenes y financiar los incentivos para la creación de empresas propias;

D.  Considerando que las autoridades irlandesas presentaron la solicitud EGF/2015/006 IE/PWA International, relativa a una contribución financiera del FEAG, a raíz de 108 despidos en PWA International Ltd. (PWAI), que opera en la división 33 de la NACE Rev. 2 (Reparación e instalación de maquinaria y equipo)(4) en la región de nivel NUTS 2 Sur y Este de Irlanda, y que se espera que todos los trabajadores participen en las medidas;

E.  Considerando que la solicitud no cumple los criterios tradicionales de admisibilidad establecidos por el Reglamento FEAG en lo que se refiere al número de despidos y que se presenta con arreglo a los criterios de intervención previstos en el artículo 4, apartado 2, de dicho Reglamento, que permite hacer una excepción en circunstancias excepcionales;

1.  Está de acuerdo con la Comisión en que los argumentos presentados por Irlanda demuestran la existencia de «circunstancias excepcionales» y en que, por lo tanto, Irlanda tiene derecho a recibir una contribución financiera de 442 293 EUR en virtud del citado Reglamento;

2.  Observa que las autoridades irlandesas presentaron la solicitud de contribución financiera del FEAG el 19 de junio de 2015 y que la Comisión finalizó su evaluación el 6 de noviembre de 2015; se congratula de la celeridad del proceso de evaluación, que ha durado menos de cinco meses;

3.  Observa que PWAI se estableció en 1989 en Rathcoole, CO. Dublín, como empresa en participación entre United Technologies Corporation y Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

4.  Observa que Irlanda se especializó en el sector del mantenimiento, la reparación y la revisión (MRR) en los años 90, y que le fue bien en aquel entonces, pero que se ha quedado en una situación de vulnerabilidad ante la reciente tendencia a ubicar la actividad MRR cerca de centros de expansión de la aviación mundial, por ejemplo Asia, y a causa de los efectos adversos de los acuerdos comerciales mundiales; considera que la existencia de otras dos solicitudes irlandesas al FEAG en el sector(5) de la «reparación e instalación de maquinaria y equipo» es la prueba de esta vulnerabilidad; toma nota de que las actividades MRR se han visto seriamente afectadas en Europa, en particular en Irlanda, con el cierre de SR Technics en 2009 y el cierre de Lufthansa Technik Airmotive Ireland en 2014, lo que supuso una pérdida de aproximadamente 1 520 puestos de trabajo;

5.  Observa que, aunque la tasa de desempleo en South Dublin (11,61 %) es solo ligeramente superior a la media nacional (10,83 %), estas cifras ocultan importantes bolsas de zonas locales desfavorecidas y que el cierre de PWAI ha tenido un grave impacto en el empleo y en la economía local, regional o nacional debido a la difícil situación preexistente en la zona, combinada con el efecto acumulativo de tres cierres importantes en el sector de MRR en un breve periodo de tiempo;

6.  Está de acuerdo en que la difícil situación que se registra en la zona, combinada con el efecto acumulativo de tres cierres importantes en el sector de MRR en un breve periodo de tiempo y el hecho de que en este sector ya no haya empleadores en toda Irlanda, podría justificar una excepción al límite de 500 despidos establecido en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento FEAG; reitera, en este sentido, su recomendación a la Comisión de que, bien precise los criterios de excepción establecidos en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento FEAG, bien reduzca el límite de 500 trabajadores despedidos;

7.  Celebra que, con el fin de proporcionar a los trabajadores una asistencia rápida, las autoridades irlandesas decidieran iniciar la prestación de los servicios personalizados el 22 de mayo de 2015, con bastante antelación a la decisión final sobre la concesión de la ayuda del FEAG para el paquete coordinado propuesto;

8.  Celebra asimismo que 108 jóvenes que ni trabajan, ni siguen estudios ni formación (ninis) menores de 25 años de edad en la fecha de presentación de la solicitud vayan a tener también acceso a servicios personalizados cofinanciados por el FEAG;

9.  Observa que Irlanda está planificando cinco tipos de medidas para los trabajadores despedidos amparados por la presente solicitud: i) orientación y planificación profesional y desarrollo; ii) subvenciones de formación del FEAG; iii) programas de formación y enseñanza continua; iv) programas de enseñanza superior y v) subsidios de duración limitada; recomienda que este programa del FEAG siga un programa similar al del programa del FEAG para SR Technics, que obtuvo unos resultados positivos, con una reincorporación al empleo del 53,45 % de los beneficiarios en septiembre de 2012, menos de 12 meses después de que finalizara el programa; señala que el gasto para estas medidas podrá beneficiarse de una contribución financiera del FEAG desde el 22 de mayo de 2014 hasta el 19 de junio de 2017;

10.  Acoge con satisfacción las variadas medidas de formación que se ofrecerán a los beneficiarios; toma nota de que solo un número limitado de beneficiarios podrán acogerse a medidas de apoyo al emprendimiento y al trabajo autónomo;

11.  Observa que las autoridades estiman que el 24,81 % de todos los gastos se destinará a subsidios de duración limitada, muy por debajo del máximo permitido del 35 % del gasto total;

12.  Observa que el paquete coordinado de servicios personalizados se ha elaborado en consulta con los interlocutores sociales;

13.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento FEAG, el diseño del paquete coordinado de servicios personalizados respaldado por el FEAG debe anticipar las futuras perspectivas del mercado laboral y las cualificaciones requeridas y ser compatible con el cambio hacia una economía sostenible y eficiente en la utilización de los recursos;

14.  Recuerda la importancia que reviste la mejora de las perspectivas de empleo de todos los trabajadores mediante medidas de formación adaptadas y el reconocimiento de las capacidades y las competencias adquiridas a lo largo de la carrera profesional del trabajador; espera que la formación ofrecida en el paquete coordinado no se adapte solamente a las necesidades de los trabajadores despedidos, sino también al entorno empresarial real;

15.  Observa que las autoridades irlandesas confirman que las medidas subvencionables no reciben asistencia de otros instrumentos financieros de la Unión; reitera su petición a la Comisión para que presente una evaluación comparativa de estos datos en sus informes anuales con el fin de garantizar que se respeten plenamente las normas en vigor y que no se produzca ninguna duplicación de servicios financiados por la Unión;

16.  Alaba el procedimiento mejorado puesto en funcionamiento por la Comisión a raíz de la solicitud del Parlamento de agilizar la liberación de las subvenciones; observa las limitaciones de tiempo que supone el nuevo calendario y su posible impacto sobre la eficacia de la instrucción del caso;

17.  Pide a la Comisión que vele por que las decisiones en el ámbito de la política comercial se examinen desde la perspectiva de su impacto potencial en el mercado de trabajo de la Unión;

18.  Lamenta que se proponga la movilización del FEAG solo para 108 trabajadores despedidos que se beneficiarán del instrumento, y señala que una interpretación más amplia del artículo 4, apartado 1, del Reglamento FEAG podría no ser adecuada;

19.  Observa que esta propuesta busca movilizar el FEAG con el que es realmente el menor número de trabajadores despedidos que se ha presentado hasta el momento;

20.  Señala que casi el 80 % de los trabajadores despedidos tienen entre 30 y 54 años de edad, lo que supone un grupo con un alto potencial de empleo y un menor riesgo de desempleo a largo plazo;

21.  Señala que los 108 despidos se han producido en el sector económico clasificado como «reparación e instalación de maquinaria y equipo» y, más en concreto, motores a reacción para la aviación, lo que significa que los trabajadores disponen de cualificación y capacidad de adaptación al mercado laboral;

22.  Hace hincapié en que los despidos se produjeron en Rathcoole, en las inmediaciones de Dublín, centro económico e industrial donde se observa un descenso del desempleo, un aumento de la actividad empresarial y un crecimiento económico general;

23.  Llama la atención sobre el hecho de que toda referencia a la solicitud EGF/2009/021 IE/SR Technics va demasiado lejos, pues el caso en cuestión se remonta a 2009;

24.  Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución;

25.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

26.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

(solicitud de Irlanda – EGF/2015/006 IE/PWA International)

(No se reproduce el texto del presente anexo dado que coincide con el acto final, la Decisión (UE) 2015/2458.)

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(3) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(4) Reglamento (CE) n.º 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
(5) EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) y EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


Lista de especies exóticas invasoras
PDF 255kWORD 69k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2015, sobre el proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se adopta una lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión en virtud del Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (D041932/01 – 2015/3010(RSP))
P8_TA(2015)0455B8-1345/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se adopta una lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión en virtud del Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (D041932/01),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras(1) y, en particular, su artículo 4, apartado 1,

–  Visto el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión(2),

–  Vista la propuesta de Resolución presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

–  Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Comisión va a adoptar, mediante actos de ejecución, una lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión (la «lista de la Unión») basándose en los criterios previstos en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (el «Reglamento sobre especies exóticas invasoras»), y que esos actos de ejecución se van a adoptar de conformidad con el procedimiento de examen establecido en su artículo 27, apartado 2;

B.  Considerando que esos proyectos de actos de ejecución se van a someter al comité mencionado en el artículo 27, apartado 1, del Reglamento sobre especies exóticas invasoras a más tardar el 2 de enero de 2016 y entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial;

C.  Considerando que la lista de la Unión debe ser obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro;

D.  Recordando el gran número de especies exóticas invasoras y la importancia de garantizar que se conceda prioridad al grupo de especies exóticas invasoras consideradas preocupantes para la Unión;

E.  Recordando que una especie exótica invasora debe considerarse preocupante para la Unión si el daño que causa en los Estados miembros afectados es tan significativo que justifica la adopción de medidas específicas aplicables en toda la Unión, también en aquellos Estados miembros que aún no se hayan visto o que incluso tengan pocas probabilidades de verse afectados;

F.  Considerando que garantizar que el grupo de especies exóticas invasoras consideradas preocupantes para la Unión siga siendo proporcionado y que su determinación se centre en aquellas especies cuya inclusión en la lista de la Unión pudiera prevenir, reducir al máximo o mitigar efectivamente los efectos adversos de esas especies de una manera rentable fueron aspectos reconocidos como fundamentales durante las negociaciones tripartitas informales;

G.  Considerando que los criterios de inclusión en la lista de la Unión son el instrumento fundamental de la aplicación del Reglamento sobre especies exóticas invasoras;

H.  Considerando que los criterios de inclusión en la lista de la Unión deben garantizar que en ella figuren aquellas especies exóticas potencialmente invasoras que tengan los efectos adversos más importantes, así como asegurar un uso efectivo de los recursos;

I.  Recordando que, de conformidad con el considerando 13 del Reglamento sobre especies exóticas invasoras, se deben establecer criterios comunes para efectuar el análisis de riesgos a fin de garantizar el cumplimiento de las normas con arreglo a los correspondientes acuerdos de la OMC y la aplicación coherente de dicho Reglamento;

J.  Recordando que el considerando 32 del Reglamento sobre especies exóticas invasoras establece que, a fin de tener en cuenta los últimos avances científicos en el ámbito medioambiental, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta al establecimiento de los elementos comunes para el desarrollo de los análisis de riesgos;

K.  Recordando que el considerando 32 del Reglamento sobre especies exóticas invasoras indica que reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que, al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada;

L.  Considerando que el Parlamento no ha sido informado de manera adecuada del establecimiento de los elementos comunes para el desarrollo de los análisis de riesgos, y que la transmisión de los documentos pertinentes al Parlamento no fue simultánea, oportuna y adecuada;

M.  Considerando que la Comisión está facultada para adoptar actos delegados en virtud del artículo 29 del Reglamento sobre especies exóticas invasoras al objeto de que especifique el tipo de pruebas aceptables a efectos del artículo 4, apartado 3, letra b) de dicho Reglamento y ofrezca una descripción detallada de la aplicación de su artículo 5, apartado 1, letras a) a h), y recordando que la descripción detallada debe incluir la metodología que se haya de aplicar al análisis de riesgos teniendo en cuenta las normas nacionales e internacionales pertinentes y la necesidad de otorgar prioridad a la acción contra las especies exóticas invasoras asociadas a efectos adversos significativos sobre la biodiversidad o los servicios asociados de los ecosistemas, así como sobre la salud humana o la economía, o que tengan potencial para causarlos, considerados dichos efectos factores agravantes;

N.  Considerando que la Comisión no respetó las disposiciones del artículo 4, apartado 3, del Reglamento sobre especies exóticas invasoras, no especificó el tipo de pruebas aceptables a efectos del artículo 4, apartado 3, letra b) de dicho Reglamento, y no ofreció una descripción detallada de la aplicación de su artículo 5, apartado 1, letras a) a h), incluida la metodología que se haya de aplicar al análisis de riesgos;

O.  Considerando que la Comisión no garantizó que la metodología que se haya de aplicar al análisis de riesgos se ejecute de la misma manera en todos los Estados miembros a la hora de proponer la inclusión de una especie en la lista de la Unión, y que no puede asegurarse que los Estados miembros utilicen el mismo tipo de pruebas y apliquen las mismas normas generales;

P.  Considerando que las razones para incluir una especie en el proyecto de lista de la Unión no se basan en criterios científicos sino políticos;

Q.  Considerando que la inclusión de especies no está fundamentada en un análisis de riesgos y una metodología normalizados, sino en la voluntad política de los Estados miembros;

R.  Considerando que el proyecto de lista de la Unión no resuelve el problema de las especies exóticas invasoras de una manera global, de modo que se protejan la biodiversidad autóctona y los servicios de los ecosistemas, así como se reduzcan al máximo y se mitiguen las repercusiones en la salud humana y económicas que esas especies pudieran tener;

S.  Considerando que el Reglamento sobre especies exóticas invasoras, siendo un instrumento legislativo específico, podría abordar retos pendientes relacionados con la pérdida de biodiversidad, proporcionar resultados y ayudar a conseguir los objetivos de la estrategia sobre la biodiversidad, pero solo si se ejecuta correctamente y es respaldado por las autoridades locales y el público en general;

T.  Considerando que la lista inicial de la Comisión ha sido criticada por diversas autoridades nacionales competentes, partes interesadas y el público en general, hasta el punto de que dudan ahora de la eficacia futura del Reglamento sobre especies exóticas invasoras, principalmente porque la mayoría de las especies exóticas invasoras problemáticas no están enumeradas, al tiempo que sí lo están algunas especies incapaces de generar un impacto negativo relevante en la biodiversidad, los servicios de los ecosistemas, la salud humana o la economía, u otras para las que las medidas que se adoptaran ocasionarían unos costes desproporcionados;

U.  Considerando que la lista inicial ignora especies exóticas invasoras que se encuentran entre las más perjudiciales de Europa; que algunas especies de plantas terrestres y mamíferos cumplen los criterios y se dispone para ellas de un análisis de riesgos sólido, si bien no se han incluido en la lista; que no están incluidas ni especies de mamíferos que se encuentran entre las especies exóticas de más rápida expansión en Europa durante los últimos años, ni tampoco especies de plantas de amplia propagación y rápida expansión con efectos adversos considerables y bien documentados en la salud humana;

1.  Considera que el proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión excede de las competencias de ejecución previstas en el Reglamento (UE) n.º 1143/2014;

2.  Pide a la Comisión Europea que retire su proyecto de Reglamento de Ejecución y presente un nuevo proyecto a la comisión;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 317 de 4.11.2014, p. 35.
(2) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.


Productos que contengan, estén compuestos o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente NK603 × T25
PDF 173kWORD 72k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2015, sobre la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2279 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2015, por la que se autoriza la comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (2015/3006(RSP))
P8_TA(2015)0456B8-1365/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2279 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2015, por la que se autoriza la comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente(2), y, en particular, su artículo 7, apartado 3, y su artículo 19, apartado 3,

–  Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.° 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión(3),

–  Vista el dictamen presentado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) el 15 de julio de 2015(4),

–  Vista la propuesta de Resolución presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

–  Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, de su Reglamento,

A.  Considerando que el 17 de mayo de 2010, Monsanto Europe SA presentó a la autoridad competente de los Países Bajos una solicitud, de conformidad con los artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) n.° 1829/2003, para la comercialización de alimentos, ingredientes alimentarios y piensos que contengan maíz NK603 × T25, estén compuestos por él o se hayan producido a partir del mismo;

B.  Considerando que el maíz modificado genéticamente MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 que se describe en la solicitud expresa la proteína CP4 EPSPS, que le confiere tolerancia a los herbicidas a base de glifosato, así como la proteína PAT, que le confiere tolerancia a los herbicidas a base de glufosinato de amonio; que el 20 de marzo de 2015 la IARC o Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer —el organismo de la OMS especializado en esta enfermedad— clasificó el glifosato como sustancia probablemente carcinógena para los humanos(5);

C.  Considerando que la Comisión, pese a la aprobación el 1 de diciembre de 2015 de una propuesta de resolución por parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento, en la que esta se oponía al proyecto de decisión de ejecución por la que se autoriza la comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), lo contengan o se hayan producido a partir de él, decidió incumplir el principio de cooperación leal entre las instituciones de la UE al adoptar la decisión de ejecución el 4 de diciembre de 2015, es decir, 10 días antes del inicio de la primera sesión plenaria en que el Parlamento podía votar sobre la propuesta de resolución tras su aprobación en comisión;

D.  Considerando que el 22 de abril de 2015, en la explicación de motivos de su propuesta legislativa por la que se modifica el Reglamento (CE) n.° 1829/2003, la Comisión lamentó que desde la entrada en vigor de dicho Reglamento las decisiones de autorización han sido adoptadas por la Comisión, de conformidad con la legislación aplicable, sin el apoyo del dictamen del comité de los Estados miembros, y que la devolución del expediente a la Comisión para la adopción de una decisión final, lo que verdaderamente constituye una excepción en el marco del procedimiento en su conjunto, se ha convertido en la norma a la hora de adoptar decisiones sobre autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente;

E.  Considerando que la Comisión Europea fue designada sobre la base de un conjunto de orientaciones políticas presentadas al Parlamento Europeo, en las que asumió el compromiso de revisar la legislación aplicable a la autorización de los organismos modificados genéticamente (OMG);

F.  Considerando que la propuesta legislativa del 22 de abril de 2015 por la que se modifica el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 fue rechazada por el Parlamento el 28 de octubre de 2015(6) ya que, pese a efectuarse en el cultivo necesariamente en el territorio de un Estado miembro, el comercio de OMG cruza fronteras, lo que significa que una prohibición nacional «de venta y utilización» propuesta por la Comisión podría resultar imposible de aplicar sin la reintroducción de los controles fronterizos a las importaciones;

G.  Considerando que el actual sistema de aprobación para los alimentos modificados genéticamente no está funcionando bien puesto que, tal como desveló el rotativo francés Le Monde el 14 de octubre de 2015(7), seis variedades de maíz modificado genéticamente han recibido autorización para su importación a la UE con modificaciones genéticas no incluidas en la evaluación en la fecha de autorización de los cultivos y que las características adicionales de modificación genética no fueron notificadas a la AESA y a la Comisión por Syngenta hasta julio de 2015 pese a que las variedades habían sido aprobadas para su importación entre 2008 y 2011;

H.  Considerando que, al tiempo que rechazó la propuesta legislativa por la que se modifica el Reglamento (CE) n.° 1829/2003, el Parlamento pidió también a la Comisión que la retirase y presentase otra nueva;

1.  Considera que la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2279 de la Comisión excede de las competencias de ejecución previstas en el Reglamento (UE) n.° 1829/2003;

2.  Considera que la decisión de la Comisión de proceder a la adopción de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2279 de la Comisión, pese a que el proyecto de la misma había sido rechazado por la comisión parlamentaria competente antes de la correspondiente votación en el Pleno, contraviene lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea en lo que respecta a la cooperación leal entre las instituciones;

3.  Considera que cualquier decisión de ejecución para autorizar la comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente, lo contengan o se hayan producido a partir de él con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 en su actual versión de funcionamiento defectuoso debería ser suspendida hasta la aprobación de nuevo Reglamento sobre la base del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

4.  Considera que la Decisión de Ejecución de la Comisión no es coherente con la legislación de la Unión al ser incompatible con el propósito del Reglamento (CE) n.° 1829/2003 y del Reglamento (CE) n.° 396/2005(8), que es, con arreglo a los principios generales establecidos en el Reglamento (CE) n.° 178/2002(9), proporcionar la base para poder asegurar un elevado nivel de protección de la vida y la salud humanas, de la salud y el bienestar de los animales, del medio ambiente y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos y piensos modificados genéticamente, garantizando al mismo tiempo el eficaz funcionamiento del mercado interior;

5.  Pide a la Comisión que derogue su Decisión de Ejecución (UE) 2015/2279;

6.  Pide a la Comisión que presente una nueva propuesta legislativa basada en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por la que se modifique el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 y que tenga en cuenta las preocupaciones nacionales que a menudo se expresan y que no solo se refieren a cuestiones asociadas a la seguridad de los OMG para la salud o el medio ambiente;

7.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 322 de 8.12.2015, p. 58.
(2) DO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
(3) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
(4) Comisión técnica sobre OMG de la AESA, 2015. Dictamen científico sobre la solicitud (EFSA-GMO-NL-2010-80) de Monsanto, relativa a la comercialización de maíz modificado genéticamente NK603 × T25 tolerante a herbicidas, para uso en alimentos y piensos, importación y transformación de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1829/2003. Diario de la AESA: 2015; 13(7):4165, 23 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.
(5) Monografías de la IARC, volumen 112: Evaluación de cinco insecticidas y herbicidas organofosforados, 20 de marzo de 2015 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0379.
(7) http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html
(8) Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo (DO L 70 de 16.3.2005, p. 1).
(9) Reglamento (CE) n.° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).


Aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades
PDF 287kWORD 173k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2015, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión (2015/2010(INL))
P8_TA(2015)0457A8-0349/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el informe de la comisión especial sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (comisión especial TAXE 1) (2015/2066(INI)),

–  Visto el informe final de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G-20 relativo al proyecto de «Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios» (BEPS), publicado el 5 de octubre de 2015,

–  Vistos los artículos 46 y 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0349/2015),

Principales constataciones tras el escándalo Luxleaks

A.  Considerando que un consorcio de periodistas, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que investigó las resoluciones fiscales y otras prácticas nocivas en Luxemburgo (Luxleaks), reveló en noviembre de 2014 que casi 340 empresas multinacionales consiguieron acuerdos secretos con Luxemburgo que permitieron a muchas de ellas reducir al mínimo su deuda tributaria global en detrimento del interés de los ciudadanos de la Unión, sin crear, o apenas creando, actividad económica en Luxemburgo;

B.  Considerando que las revelaciones pusieron de manifiesto que algunos asesores fiscales han ayudado a empresas multinacionales de manera deliberada y selectiva a obtener, al menos, 548 resoluciones fiscales en Luxemburgo entre 2002 y 2010; que los acuerdos secretos incluyen estructuras financieras complejas destinadas a generar sustanciales reducciones fiscales;

C.  Considerando que, como resultado de esas resoluciones fiscales, muchas empresas han disfrutado de tipos impositivos efectivos de menos del 1 % por los beneficios que han trasladado a Luxemburgo; que, al tiempo que se benefician de diversos bienes y servicios públicos en los lugares donde operan, algunas empresas multinacionales no pagan la parte que les correspondería en términos fiscales; que unos tipos impositivos efectivos próximos a cero para los beneficios generados por algunas empresas multinacionales podrían perjudicar a la Unión y a otras economías;

D.  Considerando que, en muchos casos, las filiales de Luxemburgo que gestionan cientos de millones de euros de empresas tienen una presencia reducida y apenas ejercen una actividad económica en el país, y que en algunas direcciones están domiciliadas más de 1 600 sociedades;

E.  Considerando que las investigaciones llevadas a cabo en la comisión especial TAXE 1 pusieron de manifiesto que la práctica de las resoluciones fiscales no tiene lugar exclusivamente en Luxemburgo, sino que es común en toda la Unión; que la práctica de las resoluciones fiscales puede utilizarse legítimamente para ofrecer la seguridad jurídica necesaria a las empresas y reducir los riesgos financieros para las empresas honestas, pero que está abierta, no obstante, a posibles abusos y a la elusión fiscal, y, al ofrecer seguridad jurídica tan solo a algunos actores elegidos, podría crear un cierto grado de desigualdad entre las empresas para las que se han adoptado resoluciones fiscales y las empresas que no recurren a dichas resoluciones;

F.  Considerando que se ha considerado el informe de la OCDE, publicado el 12 de febrero de 2013 y titulado «Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios», en el que se proponen nuevas normas internacionales para luchar contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios;

G.  Considerando que también se ha considerado el comunicado emitido tras la reunión de los ministros de Hacienda y gobernadores de Bancos Centrales del G-20 que tuvo lugar el 5 de octubre de 2015;

H.  Considerando que, con algunas loables excepciones, los líderes políticos nacionales no se han mostrado lo suficientemente dispuestos a atajar el problema de la elusión fiscal en la fiscalidad de las empresas;

I.  Considerando que la Unión Europea ha dado pasos importantes hacia la integración europea, por ejemplo con la Unión Económica y Monetaria y la Unión Bancaria, y que la coordinación de las políticas fiscales a escala de la Unión dentro de los límites del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea representa una parte indispensable del proceso de integración;

Tributación de las sociedades y planificación fiscal abusiva

J.  Considerando que los ingresos del impuesto sobre la renta de las sociedades en los 28 Estados miembros de la Unión ascendió a una media del 2,6 % del PIB en 2012(1);

K.  Considerando que, en un contexto de falta de inversión y crecimiento, es importante retener las empresas en Europa o atraerlas hacia la Unión, y que, por consiguiente, es esencial que la Unión fomente su atractivo para las empresas locales y extranjeras;

L.  Considerando que toda planificación fiscal debe realizarse dentro de los límites del Derecho y los Tratados aplicables;

M.  Considerando que la planificación fiscal abusiva consiste en aprovechar los aspectos técnicos de un sistema fiscal, las discordancias entre dos o más sistemas fiscales o la existencia de un vacío legal con el fin de reducir la deuda tributaria;

N.  Considerando que la planificación fiscal abusiva suele consistir en el recurso a una combinación de divergencias en los sistemas fiscales de diferentes países, normas fiscales nacionales específicas muy favorables y la utilización de paraísos fiscales;

O.  Considerando que, a diferencia de la planificación fiscal abusiva, el fraude y la evasión fiscales constituyen ante todo una actividad ilegal de elusión de responsabilidades fiscales;

P.  Considerando que la respuesta más adecuada a una planificación fiscal agresiva parece ser una legislación apropiada, su correcta aplicación y una coordinación internacional orientada a los resultados deseados;

Q.  Considerando que las pérdidas globales de ingresos estatales ocasionadas por la elusión fiscal de los tributos que recaen sobre las sociedades se compensan, por lo general, con el aumento de la carga fiscal global, el recorte de los servicios públicos o el incremento del endeudamiento nacional, con lo que se perjudica a otros contribuyentes y a la economía en general;

R.  Considerando que, según un estudio realizado(2), se calcula que las pérdidas de ingresos para la Unión debido a la elusión fiscal de los tributos que recaen sobre las sociedades podrían, en realidad, situarse entre los 50 000 y los 70 000 millones de euros anuales, cifra que representa el importe perdido por el traslado de beneficios, y que dicho estudio estima que las pérdidas de ingresos para la Unión debido a la elusión fiscal de los tributos que recaen sobre las sociedades podría, en realidad, oscilar entre los 160 000 y los190 000 millones de euros si se tuvieran en cuenta los regímenes fiscales especiales, las deficiencias en la recaudación y otras actividades similares;

S.  Considerando que dicho estudio calcula la eficiencia del impuesto sobre la renta de las sociedades en el 75 %, aunque confirma también que esta cifra no representa los importes que podrían recaudar efectivamente las autoridades tributarias, ya que un determinado porcentaje de dichos importes sería excesivamente costoso o técnicamente difícil de recaudar; que, según el estudio, si estuviera disponible y fuera aplicable en toda la Unión una solución completa al problema de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, el impacto positivo en los ingresos fiscales para los Gobiernos de los Estados miembros sería, según sus estimaciones, del 0,2 % del total de los ingresos fiscales;

T.  Considerando que la pérdida resultante de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios representa una amenaza para el buen funcionamiento del mercado interior y para la credibilidad, la eficiencia y la equidad de los sistemas de tributación de las sociedades en la Unión; que el mismo estudio también deja claro que sus cálculos no incluyen las estimaciones de la actividad en la economía sumergida, y que la opacidad de las estructuras y los pagos de ciertas empresas hace difícil calcular con precisión el impacto sobre los ingresos fiscales y, por tanto, el impacto puede ser considerablemente mayor que el reflejado en las estimaciones del informe;

U.  Considerando que la pérdida resultante de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios también demuestra claramente la falta de una igualdad de condiciones entre las empresas que operan solo en un Estado miembro, en particular las pymes, las empresas familiares y los trabajadores autónomos, y pagan allí sus impuestos, y algunas corporaciones multinacionales que pueden trasladar deliberadamente sus beneficios desde territorios con una elevada imposición fiscal a otros con una imposición reducida y pueden recurrir a una planificación fiscal abusiva, reduciendo de este modo su base imponible global, aumentando la presión sobre las finanzas públicas y perjudicando a los ciudadanos y las pymes de la Unión;

V.  Considerando que el recurso de las empresas multinacionales a las prácticas de planificación fiscal abusiva es incompatible con el principio de competencia leal y de responsabilidad empresarial contemplado en la comunicación COM(2011)0681, dado que la concepción de estrategias de planificación fiscal requiere recursos de los que solo disponen las grandes empresas y que ello se traduce en un desequilibrio de condiciones entre las pymes y las grandes compañías que debe atajarse urgentemente;

W.  Insistiendo asimismo en que la competencia fiscal en la Unión y en relación con terceros países puede resultar perniciosa en algunos casos y conducir a una nivelación a la baja en términos de tipos impositivos, mientras que una mayor transparencia, coordinación y convergencia ofrece un marco efectivo a la hora de garantizar una competencia leal entre las empresas de la Unión y protege a los presupuestos nacionales de unos resultados adversos;

X.  Considerando que las medidas que permiten una planificación fiscal agresiva son incompatibles con el principio de cooperación leal entre los Estados miembros;

Y.  Considerando que la planificación fiscal agresiva de las empresas se ve facilitada por el aumento de la complejidad del entorno empresarial y por la digitalización y la globalización de la economía, entre otros factores, que dan lugar a distorsiones de la competencia perjudiciales para el crecimiento y para las empresas de la Unión, sobre todo para las pymes;

Z.  Considerando que la lucha contra la planificación fiscal abusiva no puede ser abordada por los Estados miembros individualmente; que unas políticas de fiscalidad de las empresas carentes de transparencia y de coordinación conllevan un riesgo para la política fiscal de los Estados miembros, dando lugar a unos resultados improductivos como una subida de impuestos o unas bases fiscales menos flexibles;

AA.  Considerando que la falta de una acción coordinada está llevando a muchos Estados miembros a adoptar medidas nacionales unilaterales; que con frecuencia estas medidas han resultado ineficaces, insuficientes y, en algunos casos, incluso perjudiciales para la causa;

AB.  Considerando que se requiere, por lo tanto, una estrategia coordinada y pluridimensional a escala nacional, de la Unión e internacional;

AC.  Considerando que la Unión ha sido pionera en la lucha mundial contra la planificación fiscal abusiva, en particular mediante la promoción de avances en la OCDE sobre el proyecto relativo a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios; que la Unión debe seguir desempeñando un papel pionero en el desarrollo de dicho proyecto, procurando prevenir los daños que el proyecto puede causar tanto a los Estados miembros como a los países en desarrollo en todo el mundo; que esto incluye también la adopción de medidas sobre las cuestiones del ámbito del proyecto o ajenas al mismo que son importantes para los países en desarrollo, como las descritas en el informe al Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del G-20 en 2014;

AD.  Considerando que la Comisión Europea y los Estados miembros deben asegurarse de que esas medidas se apliquen como normas mínimas a escala de la Unión y de que sigan siendo ambiciosas; que es vital que todos los países miembros de la OCDE apliquen el proyecto relativo a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios;

AE.  Considerando que, más allá y además de los ámbitos de actividad ya mencionados en este informe, la Comisión debe definir claramente la forma en que se aplicarán las 15 medidas del proyecto de la OCDE y el G-20 sobre erosión de la base imponible y traslado de beneficios, proponiendo cuanto antes un plan ambicioso de medidas legislativas, con objeto de incentivar a otros países para que sigan las Líneas Directrices de la OCDE y el ejemplo de la Unión en la aplicación del plan de acción; que la Comisión también debe estudiar en qué ámbitos la Unión debe ir más allá de las normas mínimas que propugna la OCDE;

AF.  Considerando que, en virtud de los Tratados de la Unión, la competencia para legislar en materia de tributación de las empresas actualmente es competencia de los Estados miembros, aunque la gran mayoría de los problemas relacionados con la planificación fiscal abusiva son de carácter plurinacional;

AG.  Considerando que, por consiguiente, un mayor grado de coordinación de las políticas fiscales nacionales representa la única forma viable de crear unas condiciones equitativas y evitar medidas que favorezcan a las grandes empresas multinacionales en detrimento de las pymes;

AH.  Considerando que la falta de coordinación de las políticas fiscales en la Unión genera costes y cargas administrativas considerables para los ciudadanos y las empresas que desarrollen actividades en más de un Estado miembro dentro de la Unión –y en mayor medida aún para las pymes–, y da lugar a casos involuntarios de doble imposición, de doble no imposición o facilita la planificación fiscal abusiva, y que deben eliminarse estos casos, para lo cual se requieren unas soluciones más transparentes y sencillas;

AI.  Considerando que, a la hora de diseñar normas fiscales y unos procedimientos administrativos proporcionales, ha de prestarse una atención particular a las pymes y a las empresas familiares, que son el principal pilar de la economía de la Unión;

AJ.  Considerando que antes del 26 de junio de 2017 debe estar en funcionamiento un registro a escala de la Unión de beneficiarios efectivos, que ayude a detectar la posible elusión fiscal y la transferencia de beneficios;

AK.  Considerando que las revelaciones del escándalo «LuxLeaks» y el trabajo llevado a cabo por la comisión especial TAXE 1 ponen claramente de manifiesto la necesidad de medidas legislativas de la Unión para mejorar la transparencia, la coordinación y la convergencia de las políticas de tributación de las sociedades en la Unión;

AL.  Considerando que la fiscalidad de las empresas debe guiarse por el principio de gravar los beneficios en el país en el que se generan;

AM.  Considerando que la Comisión Europea y los Estados miembros deberían seguir desempeñando un papel muy activo en el ámbito internacional para trabajar por el establecimiento de normas internacionales basadas principalmente en los principios de transparencia, intercambio de información y supresión de las medidas fiscales nocivas;

AN.  Considerando que el principio de «coherencia de las políticas para el desarrollo», que figura en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, obliga a la Unión a garantizar que en todas las fases de la elaboración de las políticas en todos los ámbitos, incluida la tributación de las sociedades, no se vaya en detrimento, sino que se promueva, el objetivo del desarrollo sostenible;

AO.  Considerando que un enfoque coordinado con respecto al régimen de tributación de las sociedades en toda la Unión Europea permitiría luchar contra la competencia desleal y aumentar la competitividad de las empresas de la Unión, en particular de las pymes;

AP.  Considerando que la Comisión y los Estados miembros deben seguir desplegando soluciones electrónicas en procedimientos relativos a la fiscalidad a fin de reducir las cargas administrativas y simplificar los procedimientos transfronterizos;

AQ.  Considerando que la Comisión debe evaluar el impacto de las ventajas fiscales concedidas a zonas económicas especiales existentes en la Unión y exhorta, en este sentido, al intercambio de mejores prácticas entre las autoridades tributarias;

Transparencia

AR.  Considerando que el aumento de la transparencia en el ámbito de la tributación de las sociedades puede mejorar la recaudación tributaria y hacer que el trabajo de las autoridades fiscales sea más eficiente y resulta fundamental a la hora de aumentar la confianza del público en los sistemas fiscales y los Gobiernos, y que esto debe constituir una prioridad importante;

   i) considerando que el aumento de la transparencia con respecto a las actividades de las grandes multinacionales, y en particular a los beneficios que obtienen, los impuestos sobre los beneficios que pagan, las subvenciones que reciben y sus devoluciones de impuestos, el número de empleados y los activos de los que son titulares es esencial para garantizar que las administraciones tributarias luchen de manera eficaz contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios; que conviene alcanzar un equilibrio adecuado entre transparencia, protección de los datos personales y sensibilidad comercial, y tener en cuenta el impacto en las empresas más pequeñas; que una forma esencial de esta transparencia es la información país por país; que las propuestas de la Unión de información desglosada por países deberán, en primer lugar, basarse en la plantilla de la OCDE; que la Unión tiene la posibilidad de ir más lejos que las líneas directrices de la OCDE y establecer la obligatoriedad y publicidad de la información desglosada por países, y que el Parlamento Europeo votó a favor de una información completa desglosada por países en las enmiendas que aprobó el 8 de julio de 2015(3) a la propuesta de revisión de la Directiva sobre los derechos de los accionistas; que la Comisión Europea realizó una consulta a este respecto entre el 17 de junio y el 9 de septiembre de 2015 con el fin de explorar distintas opciones para la información desglosada por países(4); que el 88 % de las personas que respondieron públicamente a dicha consulta afirmó que apoyaba la divulgación pública de información fiscal por parte de las empresas;
   ii) considerando que una planificación fiscal agresiva por parte de las sociedades es incompatible con la responsabilidad social de las empresas; que algunas sociedades en la Unión ya han comenzado a demostrar que cumplen cabalmente con sus obligaciones fiscales al solicitar y promover la adopción de la etiqueta «contribuyente leal»(5), y que este tipo de medidas pueden tener un importante efecto disuasorio y modificar los comportamientos por el riesgo que corre la reputación de las empresas en caso de incumplimiento de las obligaciones fiscales, y que una etiqueta de estas características debe basarse en unos criterios comunes a escala europea;
   iii) considerando que el aumento de la transparencia se lograría si los Estados miembros se informaran recíprocamente y a la Comisión de cualquier nueva deducción, desgravación, exención, incentivo o medida similar que pueda tener una repercusión importante en su tipo impositivo efectivo; que dicha notificación puede ayudar a los Estados miembros a detectar prácticas fiscales perjudiciales;
   iv) considerando que, pese al reciente acuerdo del Consejo en relación con la modificación de la Directiva 2011/16/UE(6) del Consejo en lo que respecta al intercambio automático de resoluciones fiscales, sigue existiendo el peligro de que los Estados miembros no se comuniquen entre sí de manera suficiente sobre el posible impacto que sus acuerdos fiscales con determinadas empresas podrían tener en la recaudación de impuestos en otros Estados miembros; que las autoridades fiscales nacionales deberían intercambiar inmediata y automáticamente todas las resoluciones fiscales una vez que se hayan emitido; que la Comisión debe tener acceso a las resoluciones fiscales, a través de un repertorio central seguro; que los acuerdos tributarios firmados por las autoridades fiscales deben estar sujetos a una mayor transparencia, respetándose en cualquier caso la información confidencial e información comercial sensible;
   v) considerando que se ha informado de que los puertos francos se utilizan para ocultar operaciones a las autoridades fiscales;
   vi) considerando que los avances en la lucha contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y la planificación fiscal abusiva solo pueden ser objeto de seguimiento con una metodología armonizada para estimar el tamaño del déficit tributario directo e indirecto en todos los Estados miembros y en el conjunto de la Unión; que el cálculo del déficit tributario solo debe constituir el punto de partida para la provisión de más información sobre cuestiones fiscales;
   vii) considerando que el actual marco jurídico a escala de la Unión para la protección de los denunciantes de irregularidades es insuficiente, y que existen importantes variaciones en la forma en que los distintos Estados miembros proporcionan protección a los denunciantes; que, en ausencia de tal protección, los empleados que posean información vital serán lógicamente reacios a comunicarla y que, por tanto, no se conocerá dicha información; que, dado que los denunciantes contribuyeron a movilizar la atención pública sobre la cuestión de la tributación injusta, los Estados miembros deberían considerar medidas que protejan dicha actividad; que, por lo tanto, sería oportuno ofrecer protección a escala de la Unión a quienes denuncien presuntas irregularidades, fraudes o actividades ilegales ante las autoridades nacionales o europeas o ante la opinión pública cuando se demore la actuación contra irregularidades, fraude o actividades ilegales que puedan afectar al interés público; que dicha protección debe ser coherente con el ordenamiento jurídico en general; que esta protección debe ser eficaz frente a procesos judiciales injustificados, sanciones económicas y actos discriminatorios;

Coordinación

AS.  Considerando que la competencia para legislar en materia de tributación de las empresas es competencia de los Estados miembros, aunque la gran mayoría de los problemas relacionados con la planificación fiscal abusiva son de carácter plurinacional; que una mayor coordinación de las políticas tributarias nacionales representa, por tanto, la única forma viable de abordar los problemas de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y la planificación fiscal abusiva;

   i) considerando que una base consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS) que sea obligatoria a escala de la Unión supondría un paso importante hacia la resolución de los problemas relacionados con la planificación fiscal abusiva en la Unión y debería introducirse urgentemente; que el objetivo en última instancia es una BICCIS verdadera y obligatoria, posiblemente con una exención temporal para las pymes que no sean multinacionales y para las empresas sin actividad transfronteriza, y con un método de fórmula de distribución basado en una combinación de variables objetivas; que hasta que esté vigente una verdadera BICCIS, la Comisión debe estudiar medidas provisionales para cerrar las posibilidades de traslado de beneficios; que es necesario garantizar que estas medidas, incluida la compensación de las pérdidas transfronterizas, no aumenten el riesgo de erosión de la base imponible y traslado de beneficios; que estas medidas no son el sustituto perfecto de la consolidación y se requeriría tiempo para que este nuevo régimen estuviera plenamente operativo;
   ii) considerando que, a pesar de la labor del Grupo «Código de Conducta» sobre la fiscalidad de las empresas, siguen existiendo medidas de planificación fiscal abusiva en toda la Unión; que no han tenido éxito hasta ahora los intentos de reforzar la gobernanza y el mandato del Grupo y de ajustar y ampliar los métodos de trabajo y los criterios fijados en el Código con el objetivo de combatir nuevas prácticas fiscales perniciosas en el actual entorno económico; que las actividades del Grupo se caracterizan por una falta generalizada de transparencia y responsabilidad; que, por lo tanto, la eficacia y el funcionamiento del Grupo deben reformarse drásticamente y hacerse más efectivos y transparentes, en particular mediante la publicación de actas e informes anuales, junto con la indicación de las posiciones de los Estados miembros; que el Grupo debe poder posicionarse sobre cuestiones derivadas de las políticas fiscales en más de un Estado miembro sin que una pequeña minoría de Estados miembros bloquee las recomendaciones;
   iii) considerando que el principio general de la tributación de las sociedades en la Unión debe ser que los impuestos se paguen en los países donde se ejerce la actividad económica efectiva de la sociedad y se crea valor añadido; que deben desarrollarse criterios para garantizar que esto ocurra; que la utilización de la casilla de patentes u otros regímenes fiscales preferenciales también debe garantizar que los impuestos se paguen en el lugar donde se genera valor, con arreglo a los criterios definidos en la acción 5 del proyecto BEPS, estableciendo al mismo tiempo unas definiciones europeas comunes en relación con qué puede considerarse como promoción de la I+D y qué no, y para armonizar el uso de regímenes fiscales favorables a las patentes y a la innovación, incluido el adelanto al 30 de junio de 2017 de la supresión del régimen anterior;
   iv) considerando que algunos Estados miembros han introducido unilateralmente normas sobre sociedades extranjeras controladas (SEC), con el fin de garantizar de modo adecuado que se gravan efectivamente los beneficios depositados en países sin impuestos o con muy bajos impuestos; que dichas normas deben ser coordinadas a fin de evitar que la diversidad de normas SEC nacionales dentro de la Unión distorsione el funcionamiento del mercado interior;
   v) considerando que la Directiva 2011/16/UE, prevé la cooperación entre los Estados miembros en las inspecciones fiscales y auditorías y promueve el intercambio de mejores prácticas entre las autoridades fiscales; que, no obstante, los instrumentos establecidos en dicha Directiva no son suficientemente eficaces y los enfoques nacionales divergentes respecto de las empresas de auditoría contrastan marcadamente con las técnicas de planificación fiscal altamente organizadas de determinadas empresas;
   vi) considerando que para que el intercambio automático de información en general y sobre acuerdos tributarios en particular sea eficaz se requiere un régimen europeo común de número de identificación fiscal; que la Comisión debe considerar la posibilidad de crear un registro europeo común de sociedades;
   vii) considerando que la Comisión decidió prorrogar el mandato de la Plataforma sobre la Buena Gobernanza Fiscal, que debía expirar en 2016, así como ampliar el alcance de su labor y reforzar sus métodos de trabajo; que la Plataforma puede contribuir a los resultados del nuevo plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, facilitar los debates sobre los acuerdos tributarios de los Estados miembros a la luz de las propuestas de nuevas normas de intercambio de información, y proporcionar información sobre nuevas iniciativas destinadas a evitar la elusión fiscal; que, no obstante, la Comisión ha de aumentar la visibilidad y la eficacia de la Plataforma sobre la Buena Gobernanza Fiscal y lograr la adhesión de nuevos miembros;
   viii) considerando que la Comisión debería analizar y solicitar la aplicación de reformas de las administraciones tributarias en el proceso del Semestre Europeo, a fin de aumentar la capacidad de recaudación fiscal de las administraciones fiscales a nivel nacional y europeo, de modo que puedan llevar a cabo su labor de manera eficaz y de ese modo favorecer el impacto positivo de una recaudación fiscal efectiva y de unas acciones eficaces contra el fraude y la evasión fiscales que afectan a los ingresos de los Estados miembros;

Convergencia

AT.  Considerando que la mejora de la coordinación no resolverá por sí sola problemas fundamentales derivados de que en los diferentes Estados miembros están vigentes normas distintas en materia de tributación de las sociedades; que la convergencia de un número limitado de prácticas impositivas nacionales debe formar parte de la respuesta general a la planificación fiscal agresiva; que esto puede lograrse sin dejar de preservar la soberanía de los Estados miembros en relación con los distintos elementos de sus sistemas de impuesto sobre las sociedades;

   i) considerando que las prácticas de planificación fiscal agresiva en ocasiones pueden surgir de la acumulación de ventajas derivadas de los convenios en materia de doble imposición celebrados por diferentes Estados miembros, que, en un efecto perverso, dan lugar a una doble no imposición; que la proliferación de tratados de doble imposición firmados por distintos Estados miembros con terceros países puede dar lugar a que surjan nuevas lagunas en la norma; que, en consonancia con la acción 15 del proyecto BEPS de la OCDE/G-20, es necesario desarrollar un instrumento multilateral de modificación de los tratados fiscales bilaterales; que debe otorgarse a la Comisión un mandato para negociar acuerdos fiscales con terceros países en nombre de la Unión en lugar de la práctica actual de las negociaciones bilaterales cuyos resultados son mejorables; que la Comisión debe garantizar que dichos acuerdos contengan cláusulas de reciprocidad y prohíban cualquier efecto adverso para los ciudadanos y las empresas de la Unión, en particular las pymes, derivado de la aplicación extraterritorial de legislación de terceros países en el territorio de la Unión y de sus Estados miembros.
   ii) considerando que la Unión debe disponer de una definición actualizada propia de «paraísos fiscales»;
   iii) considerando que la Unión debe aplicar medidas disuasorias a las empresas que hacen uso de los paraísos fiscales; que el Parlamento Europeo ya lo solicitó en su Informe sobre el informe anual sobre la fiscalidad de 2014(7), en el que pedía la introducción de sanciones estrictas para prevenir que las empresas violen o esquiven las normas fiscales denegando a las empresas fraudulentas o a las empresas situadas en paraísos fiscales o países que distorsionan la competencia con condiciones fiscales favorables la concesión de fondos de la Unión y el acceso a ayudas estatales o a la contratación pública, e instaba a los Estados miembros a que recuperen todo tipo de ayudas públicas concedidas a las empresas cuando estas estén implicadas en una infracción de las normas fiscales de la Unión; que a los Estados miembros de la Unión también se les deben aplicar medidas de retorsión en caso de que se nieguen a tomar medidas para modificar sus regímenes fiscales preferenciales perjudiciales que vayan en detrimento de la igualdad de condiciones en la Unión;
   iv) considerando que es necesaria una nueva definición vinculante de «establecimiento permanente» para garantizar que la tributación tenga lugar allí donde se lleve a cabo y se cree valor económico; que ello debería ir acompañado de criterios mínimos vinculantes para determinar si la actividad económica tiene sustancia suficiente para ser gravada en un Estado miembro, a fin de evitar el problema de las «sociedades ficticias», en particular en relación con los retos planteados por la economía digital;
   v) considerando que las investigaciones en curso de la Comisión sobre presuntas infracciones de las normas de la Unión en materia de ayudas estatales han puesto de manifiesto una falta de transparencia que resulta poco útil en cuanto a la forma en que deben aplicarse; que, para corregir esta situación, la Comisión debería publicar directrices sobre ayudas estatales para aclarar de qué modo determinará los casos de ayudas estatales de carácter fiscal, proporcionando así mayor seguridad jurídica a las empresas y a los Estados miembros; que, en el marco de la modernización del régimen de ayudas estatales, la Comisión debe garantizar un control ex post adecuado de la legalidad de la ayuda estatal concedida;
   vi) considerando que uno de los efectos no deseados de la Directiva 2003/49/CE del Consejo(8) es que los ingresos procedentes de intereses y cánones transfronterizos pueden quedar sin gravar (o estarlo a un nivel muy bajo); que en dicha Directiva, en la Directiva 2005/19/CE del Consejo(9) y en otros actos pertinentes de la Unión debe introducirse una norma general contra las prácticas abusivas;
   vii) considerando que la introducción de una retención a cuenta a escala de la Unión o de otra medida de efecto similar garantizaría que todos los beneficios generados dentro de la Unión y que deban salir fuera de ella se graven al menos una vez dentro de esta antes de salir de sus fronteras;
   viii) considerando que el marco actual de la Unión sobre resolución de litigios entre Estados miembros en materia de doble imposición no funciona con eficacia y ganaría con unas normas más claras y unos plazos más estrictos, basándose en los sistemas ya existentes;
   ix) considerando el papel esencial que desempeñan los asesores fiscales en la facilitación de una planificación fiscal agresiva, al ayudar a las empresas a crear estructuras jurídicas complejas para obtener beneficios de las lagunas y divergencias derivadas de diferentes sistemas tributarios; que no puede llevarse a cabo una revisión en profundidad del sistema de tributación de las sociedades sin investigar las prácticas de estas empresas de asesoría; que una investigación de este tipo debe incluir un examen de los conflictos de intereses inherentes a dichas empresas, que asesoran al mismo tiempo a los Gobiernos nacionales sobre la creación de sistemas fiscales y a las empresas sobre la mejor manera de optimizar sus responsabilidades fiscales dentro de dichos sistemas;

AU.  Considerando que la eficiencia general de la recaudación de impuestos, el concepto de equidad fiscal y la credibilidad de las administraciones fiscales nacionales no se ven mermados solamente por la planificación fiscal agresiva y las actividades de erosión de la base imponible y traslado de beneficios; que la Unión y los Estados miembros deben actuar asimismo con decisión para abordar los problemas de la evasión y el fraude fiscales tanto en la tributación de las sociedades como en la fiscalidad individual, y también los problemas relativos a la recaudación de impuestos distintos de los de sociedades, en particular el IVA; que estos otros elementos de la recaudación y la administración fiscal representan una parte sustancial del actual déficit tributario;

AV.  Considerando que la Comisión debe sopesar asimismo el modo de abordar estas cuestiones más amplias, en particular la aplicación de las normas en materia de IVA en los Estados miembros y su aplicación en situaciones transfronterizas, así como las deficiencias en la recaudación del IVA (que en algunos Estados miembros constituye una fuente importante de la renta nacional), las prácticas de elusión del IVA y también las consecuencias negativas de algunas amnistías fiscales o de regímenes «no transparentes» de amnistía fiscal; que todas las nuevas medidas de este tipo deben tener en cuenta el equilibrio entre costes y beneficios;

1.  Pide a la Comisión que, no más tarde de junio de 2016, presente al Parlamento una o varias propuestas legislativas siguiendo las recomendaciones detalladas que se recogen en el anexo;

2.  Confirma que estas recomendaciones respetan los derechos fundamentales y el principio de subsidiariedad;

3.  Considera que las repercusiones financieras de la propuesta solicitada deben correr a cargo de las dotaciones presupuestarias oportunas;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones detalladas que se recogen en el anexo a la Comisión, al Consejo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

RECOMENDACIONES DETALLADAS RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

A.  Transparencia

Recomendación A 1. Presentación obligatoria y pública por parte de las empresas multinacionales de información desglosada por países relativa a todos los sectores

El Parlamento Europeo pide una vez más a la Comisión Europea que tome todas las medidas necesarias para introducir la presentación por parte de las empresas multinacionales de información pública y amplia desglosada por países (IDP) relativa a todos los sectores, no más tarde del primer trimestre de 2016.

—  Esta propuesta debe desarrollarse sobre la base de los requisitos formulados por la OCDE en su plantilla de datos IDP publicada en septiembre de 2014 (acción 13 del proyecto BEPS de la OCDE/G-20).

—  Al elaborar la propuesta, la Comisión también debe tener en cuenta:

—  los resultados de la consulta de la Comisión sobre la IDP celebrada entre el 17 de junio y el 9 de septiembre de 2015, que examinó diferentes opciones para la posible aplicación de la IDP en la Unión;

—  las propuestas relativas a una IDP de carácter totalmente público que se esbozan en la revisión de la Directiva sobre los derechos de los accionistas aprobada por el Parlamento Europeo el 8 de julio de 2015(10) y el resultado de las negociaciones tripartitas en curso sobre esa Directiva.

Recomendación A 2. Una nueva etiqueta «Contribuyente justo» para las empresas que establezcan buenas prácticas fiscales

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente lo antes posible una propuesta legislativa relativa a la introducción de una etiqueta voluntaria europea «Contribuyente justo»:

—  La propuesta debería comprender un marco europeo de los criterios de elegibilidad en virtud de los cuales podría ser concedida la etiqueta por órganos nacionales.

—  Este marco de criterios de elegibilidad debería aclarar que la etiqueta «Contribuyente justo» solo se concede a las empresas que hayan ido más allá del tenor literal de las exigencias que les imponen el Derecho de la Unión y el Derecho nacional.

—  La etiqueta «Contribuyente justo» debería incitar a las empresas a considerar el pago de una parte equitativa de los impuestos como un elemento esencial de su política de responsabilidad social empresarial y a informar sobre su postura en materia fiscal en su informe anual.

Recomendación A 3. Notificación obligatoria de nuevas medidas fiscales

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente lo antes posible una propuesta de un nuevo mecanismo que obligue a los Estados miembros a informar sin demora a los otros Estados miembros y a la Comisión si tienen la intención de introducir nuevas deducciones, desgravaciones, exenciones, incentivos o medidas similares que puedan tener una repercusión importante en el tipo impositivo efectivo en el Estado miembro o en la base impositiva de otro Estado miembro.

—  Estas notificaciones de los Estados miembros contendrán análisis de los efectos indirectos del impacto material de las nuevas medidas fiscales en otros Estados miembros y los países en desarrollo, a fin de apoyar la acción del Grupo «Código de conducta» en la identificación de prácticas fiscales perniciosas.

—  Estas nuevas medidas fiscales también deben ser tratadas en el proceso del Semestre Europeo y se han de formular recomendaciones para su seguimiento.

—  El Parlamento Europeo debe recibir actualizaciones periódicas referentes a las notificaciones y evaluaciones realizadas por la Comisión Europea.

—  Se deben prever sanciones para los Estados miembros que incumplan esos requisitos de información.

—  La Comisión también debería examinar la posibilidad de si resultaría conveniente obligar a las empresas de asesoría fiscal a notificar a las autoridades fiscales nacionales el desarrollo y el inicio de la promoción de determinados regímenes fiscales destinados a ayudar a las empresas a reducir su deuda tributaria global, como ya sucede actualmente en algunos Estados miembros; debería examinar asimismo si el intercambio de tal información entre Estados miembros a través del Grupo «Código de conducta» sería una herramienta eficaz para realizar mejoras en el ámbito de la fiscalidad de sociedades dentro de la Unión.

Recomendación A 4. Extensión del intercambio automático de información sobre resoluciones fiscales a todas ellas y publicación hasta un cierto grado

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que complemente la Directiva 2011/16/UE, que recoge elementos de intercambio automático de información sobre resoluciones fiscales mediante:

—  la ampliación del ámbito de aplicación del intercambio automático de información más allá de las resoluciones fiscales transfronterizas para incluir todas las resoluciones fiscales en el ámbito de la tributación de las sociedades; la información habrá de ser exhaustiva y facilitarse en un formato decidido de mutuo acuerdo a fin de garantizar que las autoridades fiscales de los países concernidos puedan utilizarla de forma eficaz;

—  el aumento significativo de la transparencia de las resoluciones fiscales a nivel de la Unión, con la debida atención al respeto de los secretos comerciales y teniendo en cuenta las mejores prácticas actuales aplicables en algunos Estados miembros, publicando para ello un informe anual con el resumen de los casos más importantes que figuren en el repertorio central seguro de resoluciones fiscales y acuerdos previos sobre precios de transferencia de la Comisión, pendiente de creación;

—  la información contenida en el informe debe presentarse en un formato acordado y normalizado que permita al público utilizarla eficazmente.

—  la garantía de que la Comisión desempeña un papel significativo en el intercambio obligatorio de información sobre resoluciones fiscales con la creación de un repertorio central seguro sobre todas las resoluciones fiscales acordadas en la Unión, accesible a los Estados miembros y a la Comisión.

—  la garantía de que se aplican las sanciones apropiadas a los Estados miembros que, pese a deber hacerlo, no intercambien automáticamente información sobre resoluciones fiscales.

Recomendación A 5. Transparencia de los puertos francos

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa para:

—  fijar un plazo máximo para la venta de mercancías en puertos francos exentas de derechos de aduanas e impuestos especiales y de IVA;

—  obligar a las autoridades de los puertos francos a informar inmediatamente a las autoridades fiscales de los Estados miembros y de terceros países de cualquier transacción llevada a cabo por sus residentes fiscales en instalaciones de puertos francos.

Recomendación A 6. Estimación por la Comisión del déficit en la tributación de las sociedades

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que:

—  sobre la base de las mejores prácticas seguidas actualmente por los Estados miembros, cree una metodología armonizada que debería hacerse pública y que los Estados miembros puedan utilizar para estimar la magnitud de los déficits directo e indirecto en la tributación de las sociedades —es decir, la diferencia entre los impuestos de sociedades adeudados y los impuestos de sociedades pagados— en todos los Estados miembros;

—  trabaje con los Estados miembros para garantizar el suministro de todos los datos que sea necesario analizar con arreglo a la metodología establecida a fin de producir cifras de la mayor exactitud posible;

—  utilice la metodología acordada y todos los datos necesarios para elaborar y publicar cada dos años una estimación de los déficits directo e indirecto en la tributación de las sociedades en el conjunto de la Unión.

Recomendación A 7. Protección de los denunciantes de irregularidades

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa para:

—  proteger a los denunciantes de irregularidades que actúen en aras del interés público (y no por dinero o para otros fines personales) con el fin de revelar comportamientos impropios, irregularidades, fraudes o actividades ilegales en relación con la tributación de sociedades en cualquier Estado miembro de la Unión Europea; los denunciantes de irregularidades deben recibir protección si dan cuenta de presuntos comportamientos impropios, irregularidades, fraudes o actividades ilegales a la autoridad competente pertinente, y también deberían gozar de protección cuando, ante la persistencia —sin que se tomen medidas al respecto— de tales comportamientos impropios, irregularidades, fraudes o actividades ilegales relacionados con la tributación de las sociedades y que puedan afectar al interés público, informan de ello al público en general;

—  garantizar que en la Unión Europea se preserve el derecho a la libertad de expresión y de información;

—  dicha protección debe ser coherente con el ordenamiento jurídico en general y eficaz frente a procesos judiciales injustificados, sanciones económicas y actos discriminatorios;

—  esta propuesta legislativa debería basarse en el Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(11), y tener en cuenta toda futura legislación de la Unión en este ámbito;

—  esta propuesta legislativa también podría tener en cuenta la Recomendación del Consejo de Europa CM/Rec (2014)7 sobre la protección de los denunciantes de irregularidades(12) y, en particular, la definición del término «denunciante de irregularidades» como toda persona que informa o revela información sobre una amenaza o perjuicio al interés público en el contexto de su relación laboral, ya sea en el sector público o en el sector privado.

B.  Coordinación

Recomendación B 1. Introducción de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente lo antes posible una propuesta legislativa relativa a la introducción de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades:

Como primer paso, no más tarde de junio de 2016, una base imponible común del impuesto sobre sociedades (BICIS) de carácter obligatorio en la Unión, si procede con una exención temporal para las pequeñas y medianas empresas que no sean multinacionales y para las empresas sin actividad transfronteriza, a fin de contar con un único conjunto de normas para las empresas que operan en varios Estados miembros a la hora de calcular sus beneficios imponibles.

En una segunda fase, lo antes posible, y en ningún caso más tarde de finales de 2017, una base tributaria consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) de carácter obligatorio y que tenga debidamente en cuenta la gama de opciones (tomando en consideración los costes, por ejemplo, de la incorporación de las pequeñas y medianas empresas y las empresas sin actividad transfronteriza).

La BICCIS debe basarse en un método de fórmula de distribución que refleje las actividades económicas reales de las empresas y no beneficie indebidamente a algunos Estados miembros.

Durante el período comprendido entre la introducción de la BICIS con carácter obligatorio y de la introducción integral de la BICCIS, un conjunto de medidas para reducir la deslocalización de beneficios (principalmente, mediante la fijación de precios de transferencia), incluida, al menos, una propuesta legislativa de la Unión contra las actividades de erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Estas medidas no deben incluir un régimen temporal de compensación transfronteriza de pérdidas a menos que la Comisión pueda garantizar que será transparente y no brindará posibilidades de uso indebido para fines de planificación fiscal agresiva.

La Comisión debe considerar en qué medida sería necesario elaborar un conjunto único de principios contables que gocen de una aceptación generalizada con el fin de preparar los datos contables subyacentes para utilizarlos a fines de la BICCIS.

Cualquier propuesta, ya sea de BICIS o de BICCIS, debe incluir una cláusula contra la elusión.

Recomendación B 2. Reforzar el mandato y mejorar la transparencia del Grupo «Código de Conducta» del Consejo (Fiscalidad de las Empresas)

El Parlamento Europeo pide a la Comisión que presente una propuesta para integrar el Grupo «Código de Conducta» en el método comunitario como un grupo de trabajo del Consejo con la participación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo como observadores.

—  El Grupo «Código de Conducta» (Grupo CdC) deberá adquirir más transparencia, más eficacia y más responsabilidad, en particular mediante:

—  la entrega, la actualización y la publicación de forma regular de los resultados de su supervisión en lo relativo al grado de cumplimiento por los Estados miembros de las recomendaciones establecidas por el Grupo CdC en sus informes semestrales de situación presentados a los ministros de Hacienda;

—  la entrega, la actualización y la publicación de forma regular, cada dos años, de una lista de prácticas fiscales perniciosas;

—  la redacción, la puesta a disposición y la publicación de forma regular de las actas de sus reuniones, con una mayor transparencia del proceso de elaboración de recomendaciones, indicando, en particular, las posiciones de los representantes de los Estados miembros;

—  el nombramiento de un presidente político por parte de los ministros de Hacienda;

—  el nombramiento por parte de cada Estado miembro de un representante de alto nivel y de un suplente para dar mayor visibilidad a este órgano.

—  Entre las tareas del Grupo CdC figuran las siguientes:

—  identificar las prácticas fiscales perniciosas en la Unión;

—  proponer medidas y plazos para la eliminación de las prácticas fiscales perniciosas y supervisar los resultados de las recomendaciones/medidas propuestas;

—  revisar los informes sobre los efectos secundarios de las nuevas medidas fiscales comunicados por los Estados miembros, tal como se menciona anteriormente, y evaluar si es necesario tomar medidas;

—  proponer otras iniciativas centradas en medidas fiscales en la política exterior de la Unión;

—  mejorar los mecanismos de aplicación frente a las prácticas que faciliten una planificación fiscal agresiva.

Recomendación B 3. Incentivos fiscales «casilla de patentes» («patent box») y otros regímenes preferenciales: Vincular los regímenes preferenciales a aquello que genera valor

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que siga proporcionando orientación a los Estados miembros sobre la manera de aplicar los regímenes de incentivos «casilla de patentes» («patent box») en consonancia con el «planteamiento de nexo modificado», a fin de garantizar que no son perniciosos.

—  Esta orientación debe dejar claro que los regímenes preferenciales, como los de «casilla de patentes» («patent boxes»), deben basarse en el «planteamiento de nexo modificado», tal y como se define en la acción 5 del proyecto BEPS de la OCDE, a saber, que debe existir una relación directa entre las ventajas fiscales y las actividades de investigación y desarrollo subyacentes.

—  Los regímenes de incentivos fiscales «casilla de patentes» («patent boxes») poco vinculantes y sin relación con el origen geográfico ni con la «edad» de los conocimientos técnicos deben considerarse prácticas perniciosas.

—  Si, en el plazo de doce meses, los Estados miembros no aplican sistemáticamente este nuevo planteamiento, la Comisión debe presentar una propuesta legislativa de carácter vinculante.

—  La Comisión debe presentar propuestas con vistas a unas normas y definiciones europeas comunes sobre lo que se considera fomento de la investigación y el desarrollo, y lo que no, y para armonizar el uso de regímenes fiscales favorables a las patentes y a la innovación, incluido el adelanto al 30 de junio de 2017 de la supresión del régimen anterior reduciendo el plazo de las normas sobre protección de derechos adquiridos.

Recomendación B 4. Sociedades extranjeras controladas

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa:

—  para crear un marco coordinado a escala de la Unión para las normas en materia de sociedades extranjeras controladas, a fin de garantizar que los beneficios fiscales registrados en países con regímenes de imposición baja o nula tributen realmente y evitar que la diversidad de normas nacionales dentro de la UE en materia de sociedades extranjeras controladas distorsionen el funcionamiento del mercado interior. Este marco debe garantizar el pleno uso de la legislación en materia de sociedades extranjeras controladas más allá de montajes puramente artificiales. Esto no impedirá que un Estado miembro introduzca normas más estrictas.

Recomendación B 5. Mejorar la coordinación entre los Estados miembros en materia de controles fiscales

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente una propuesta de modificación de la Directiva 2011/16/UE, a fin de:

—  garantizar auditorías y controles fiscales simultáneos más eficaces cuando dos o más autoridades fiscales nacionales decidan proceder a controles de una o más personas que sean de interés común o complementario.

—  garantizar que una sociedad matriz y sus filiales situadas en la Unión son auditadas por sus respectivas autoridades fiscales en el mismo período de tiempo, bajo la dirección de las autoridades fiscales de la sociedad matriz, a fin de garantizar unos flujos de información eficaces entre las autoridades fiscales. Como parte de esto:

—  las autoridades fiscales deben intercambiar regularmente información sobre sus investigaciones con el fin de garantizar que los grupos no se benefician de discordancias o lagunas al combinar varios regímenes fiscales nacionales;

—  los plazos para intercambiar información sobre las auditorías en curso deben reducirse al mínimo;

—  las autoridades fiscales de la empresa deben informar sistemáticamente a las autoridades fiscales de las otras entidades del mismo grupo sobre los resultados de un control fiscal;

—  no se debe tomar ninguna decisión basada en el resultado de un control fiscal realizado por una autoridad fiscal sin informar previamente de ello a las demás autoridades fiscales interesadas.

Recomendación B 6. La introducción de un número de identificación fiscal europeo común

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente una propuesta para introducir un número de identificación fiscal europeo.

—  La propuesta se basará en el esbozo de Número de Identificación Fiscal europeo que figura en el plan de acción de la Comisión sobre la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal de 2012 (acción 22)(13) y en el resultado de la subsiguiente consulta de 2013(14).

C.  Convergencia

Recomendación C 1. Un nuevo enfoque en materia de acuerdos fiscales internacionales

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa para permitir a la Unión expresarse con una sola voz en relación con los acuerdos fiscales internacionales.

—  Se debe otorgar un mandato a la Comisión para que negocie acuerdos fiscales con terceros países en nombre de la Unión en lugar de continuar con la práctica actual de las negociaciones bilaterales cuyos resultados son mejorables, especialmente para los países en desarrollo.

—  La Comisión debe garantizar que dichos acuerdos contengan cláusulas de reciprocidad y prohíban cualquier efecto adverso para los ciudadanos de la Unión y las empresas, en particular las pymes, derivado de la aplicación extraterritorial de legislación de terceros países en el territorio de la Unión y de sus Estados miembros.

—  Conviene introducir un acuerdo fiscal multilateral común a escala de la Unión para sustituir la multitud de acuerdos fiscales bilaterales acordados entre los propios Estados miembros y con otros países.

—  Todos los acuerdos comerciales internacionales nuevos suscritos por la Unión deben incluir una cláusula relativa a la buena gobernanza en el ámbito fiscal.

—  Todos los acuerdos fiscales internacionales deberán prever un mecanismo de aplicación.

Recomendación C 2. Crear una definición común y estricta de «paraísos fiscales»

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente una propuesta que, en cooperación con la OCDE y las Naciones Unidas, establezca, entre otros, criterios estrictos para definir los «paraísos fiscales».

—  Estos criterios han de basarse en indicadores detallados, transparentes, sólidos, objetivamente verificables y comúnmente aceptados, desarrollando en mayor medida los principios de buena gobernanza, tal como se definen en la Comunicación de la Comisión de 2009 titulada «Fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal»(15): intercambio de información y cooperación administrativa, competencia fiscal justa y transparencia.

—  Estos criterios han de abarcar conceptos como el secreto bancario, el registro de la titularidad de las sociedades, los fideicomisos y las fundaciones, la publicación de las cuentas de las sociedades, la capacidad para intercambiar información, la eficacia de la administración fiscal, el fomento de la evasión fiscal, la existencia de instrumentos jurídicos perjudiciales, la prevención del blanqueo de capitales, la automaticidad del intercambio de información, la existencia de convenios bilaterales, los compromisos internacionales en materia de transparencia y la cooperación judicial a escala internacional.

—  Sobre la base de estos criterios, la Comisión debe presentar una lista revisada de paraísos fiscales que sustituirá a la lista provisional presentada en junio de 2015.

—  La lista de paraísos fiscales debe estar vinculada con la legislación fiscal pertinente, como punto de referencia para otras políticas y actos legislativos.

—  La Comisión debe revisar la lista al menos una vez cada dos años, o a petición justificada de una de las jurisdicciones que figuren en ella.

Recomendación C 3. Medidas de retorsión contra las empresas que recurren a los paraísos fiscales

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente una propuesta de catálogo de medidas de retorsión que la Unión y los Estados miembros deben aplicar como partes interesadas y como financiadores de organismos públicos, bancos y programas de financiación a las empresas que recurren a los paraísos fiscales con el fin de poner en marcha sistemas de planificación fiscal agresiva y que, por lo tanto, incumplen las normas de buena gobernanza fiscal de la Unión.

—  Estas medidas de retorsión deben incluir:

—  la prohibición de acceder a las ayudas estatales o las oportunidades de contratación pública a nivel de la Unión o a nivel nacional,

—  la prohibición de acceder a determinados fondos de la Unión.

—  Esto debe lograrse a través de las medidas siguientes, entre otras:

—  modificación del estatuto del Banco Europeo de Inversiones (BEI) (Protocolo nº 5 anejo a los Tratados) para garantizar que la financiación del BEI no vaya a parar a beneficiarios finales o intermediarios financieros que recurran a los paraísos fiscales o a prácticas fiscales perniciosas(16);

—  modificación del Reglamento (UE) n.° 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo(17) para garantizar que los fondos del FEIE no vayan a parar a estas empresas(18);

—  modificación de los Reglamentos (UE) n.° 1305/2013(19), (UE) n.° 1306/2013(20), (UE) n.° 1307/2013(21) y (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(22) para garantizar que los fondos de la PAC no vayan a parar a estas empresas;

—  continuación del proceso de modernización de las ayudas estatales para garantizar que los Estados miembros no faciliten ayudas estatales a estas empresas(23);

—  modificación del Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(24) por el que se establecen disposiciones comunes para garantizar que el dinero de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) no vaya a parar a estas empresas;

—  modificación del Acuerdo constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) para garantizar que los fondos del BERD no vayan a parar a estas empresas(25);

—  prohibición de la celebración de acuerdos comerciales de la Unión con jurisdicciones definidas por la Comisión como «paraísos fiscales».

La Comisión deberá examinar si pueden suspenderse o revocarse los acuerdos comerciales en vigor con países declarados paraísos fiscales.

Recomendación C 4. Establecimiento permanente

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa para:

—  adaptar la definición de «establecimiento permanente» de modo que las empresas no puedan evitar artificialmente tener presencia fiscal en los Estados miembros en los que desarrollan una actividad económica. Esta definición debe abordar asimismo aquellas situaciones en las que se considere que las empresas que se dedican a actividades digitales completamente desmaterializadas tienen su establecimiento permanente en un Estado miembro cuando mantienen una presencia digital significativa en la economía de ese país;

—  introducir una definición de la Unión en materia de «sustancia económica» mínima, que abarque asimismo la economía digital, a fin de garantizar que las empresas crean efectivamente un valor añadido y contribuyen realmente a la economía del Estado miembro en el que tienen presencia fiscal.

Las dos definiciones anteriores deben formar parte de una prohibición concreta de las denominadas «sociedades pantalla».

Recomendación C 5. Mejorar el marco de los precios de transferencia en la UE

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa:

—  para desarrollar, sobre la base de su experiencia y de sus análisis de los nuevos principios de la OCDE sobre los precios de transferencia, orientaciones específicas de la Unión que establezcan cómo deben aplicarse los principios de la OCDE y cómo deben interpretarse en el contexto de la Unión, con el fin de:

—  reflejar la realidad económica del mercado interior;

—  aportar seguridad, claridad y equidad a los Estados miembros y a las empresas que operan dentro de la Unión;

—  reducir el riesgo de uso indebido de las normas a efectos de transferencia de beneficios.

Recomendación C 6. Desajuste en los mecanismos híbridos

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa, ya sea para:

—  armonizar las definiciones nacionales de deuda, capital, entidades opacas y transparentes, armonizar la atribución de los activos y pasivos del establecimiento permanente, y armonizar la distribución de los costes y beneficios entre las diferentes entidades dentro del mismo grupo; o para

—  impedir la doble no imposición, en caso de desajuste.

Recomendación C 7. Modificar el régimen de ayudas estatales de la Unión en lo que se refiere a la tributación

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que, a más tardar a mediados de 2017, presente una propuesta para:

—  establecer directrices sobre ayudas estatales que aclaren cómo determinará la Comisión los casos de ayudas estatales de carácter fiscal para proporcionar así mayor seguridad jurídica a las empresas y a los Estados miembros, teniendo en cuenta que, en otros sectores, dichas directrices han resultado ser muy eficaces a la hora de poner término y adelantarse al desarrollo en los Estados miembros de prácticas que entren en conflicto con la legislación de la UE en materia de ayudas estatales; para obtener un efecto de ese tipo se requieren unas directrices muy específicas, que incluyan unos umbrales numéricos;

—  señalar públicamente las políticas fiscales que no son coherentes con la política de ayudas estatales con el fin de orientar y dar una mayor seguridad jurídica a las empresas y a los Estados miembros. a este fin, la Comisión reasignará recursos de la DG de Competencia para poder hacer frente de forma eficaz a cualquier asunto relativo a ayudas estatales ilegales (ventajas fiscales selectivas incluidas).

El Parlamento Europeo pide asimismo a la Comisión Europea que, a largo plazo, evalúe la posibilidad de modificar la normativa vigente con el fin de evitar que los importes recuperados a raíz de una infracción de las normas de la Unión sobre ayudas estatales se reintegren al Estado miembro que concedió la ayuda estatal ilegal, como sucede en la actualidad. Así, por ejemplo, los importes recuperados podrían destinarse al presupuesto de la Unión o a los Estados miembros que hayan sufrido una erosión de sus bases imponibles.

Recomendación C 8. Modificación de las Directivas 90/435/CEE del Consejo(26), 2003/49/CE y 2005/19/CE y otras medidas legislativas pertinentes de la Unión e introducción de una norma general contra las prácticas abusivas

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente una propuesta

—  A raíz de la introducción de una norma general contra las prácticas abusivas en la Directiva 90/435/CEE, para proceder lo antes posible a la introducción de una norma general contra las prácticas abusivas en la Directiva 2003/49/CE, y que presente propuestas para una norma general contra las prácticas abusivas que se introducirá en la Directiva 2005/19/CE y en otras medidas legislativas pertinentes de la Unión.

—  Para introducir esa norma general contra las prácticas abusivas en toda futura legislación de la Unión que abarque asuntos fiscales o que tenga repercusiones fiscales.

—  En relación con la Directiva 2003/49/CE, además de introducir una norma general contra las prácticas abusivas, para suprimir también la obligación de los Estados miembros de conceder un trato favorable a los pagos de intereses y cánones si no hay imposición efectiva en otro lugar de la Unión.

—  En relación con la Directiva 2005/19/CE, además de introducir una norma general contra las prácticas abusivas, para introducir también obligaciones de transparencia adicionales y, si estos cambios resultan insuficientes para impedir una planificación fiscal agresiva, introducir una disposición fiscal mínima como el requisito de utilizar «ventajas fiscales» (como por ejemplo, la no imposición de los dividendos) u otras medidas de efecto similar.

Recomendación C 9. Mejorar los mecanismos de resolución de litigios en materia de fiscalidad transfronteriza

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente una propuesta antes del verano de 2016

—  Para mejorar los actuales mecanismos de resolución de litigios en materia de fiscalidad transfronteriza en la Unión, centrándose no solo en los casos de doble imposición, sino también en la doble no imposición. El objetivo es crear un enfoque coordinado de la Unión para la resolución de litigios, con normas más claras y plazos más rigurosos, basándose en los sistemas ya existentes.

—  La labor y las decisiones del mecanismo de resolución de litigios deben ser transparentes a fin de reducir cualquier incertidumbre para las empresas a la hora de aplicar la legislación fiscal.

Recomendación C 10. Introducir una retención a cuenta o una medida de efecto similar para evitar que los beneficios salgan de la Unión sin haber tributado

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que presente una propuesta antes del verano de 2016 para introducir una retención a cuenta o una medida de efecto similar a fin de garantizar que todos los beneficios generados dentro de la Unión y que deban salir fuera de ella tributen al menos una vez dentro de esta antes de salir de sus fronteras.

D.  Otras medidas

Recomendación D 1. Medidas adicionales para abordar la brecha fiscal

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que preste también atención a otros factores más allá de la planificación fiscal agresiva y las actividades de erosión de la base imponible y traslado de beneficios que contribuyen a la actual brecha fiscal:

—  investigando las fuentes de baja eficiencia en lo que se refiere a la recaudación de impuestos, incluida la recaudación del IVA;

—  investigando las fuentes de desigualdad fiscal o de escasa credibilidad de las administraciones fiscales en ámbitos distintos de la fiscalidad de las empresas;

—  estableciendo principios para las amnistías fiscales, en particular las circunstancias en las que sería conveniente concederlas y aquellas en las que sería preferible optar por otras soluciones políticas, e introduciendo la obligación para los Estados miembros de informar previamente a la Comisión acerca de toda nueva amnistía fiscal, con el fin de eliminar las consecuencias negativas de estas políticas en las futuras recaudaciones fiscales;

—  proponiendo un nivel mínimo de transparencia para los planes de «amnistía fiscal» y reducciones de impuestos discrecionales gestionados por los Gobiernos nacionales;

—  dando a los Estados miembros más libertad para que, a la hora de adjudicar contratos públicos, el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas y, en particular, los casos de incumplimiento sistemático, sean factores a tener en cuenta;

—  garantizando que las autoridades tributarias tengan un acceso pleno y significativo a los registros centrales de la titularidad real de las empresas y fideicomisos, y que estos registros se lleven y verifiquen de manera adecuada.

Esto puede lograrse si los Estados miembros transponen con rapidez la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, garantizando un acceso amplio y simplificado a la información contenida en los registros centrales de la titularidad real, también para organizaciones de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos.

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2014/report.pdf
(2) «European added value of legislative report on bringing Transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union», Benjamin Ferrett, Daniel Gravino y Silvia Merler (pendiente de publicación).
(3) Textos Aprobados de 8.7.2015, P8_TA(2015)0257.
(4) http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm.
(5) Como la Fair Tax Mark: http://www.fairtaxmark.net/.
(6) Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).
(7) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0040+0+DOC+XML+V0//ES.
(8) Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros (DO L 157 de 26.6.2003, p. 49).
(9) Directiva 2005/19/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, por la que se modifica la Directiva 90/434/CEE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros (DO L 58 de 4.3.2005, p. 19).
(10) Textos Aprobados de 8.7.2015, P8_TA(2015)0257.
(11) Reglamento (UE) n.° 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, p. 1).
(12) http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Whistleblowers/protecting_whistleblowers_en.asp
(13) COM(2012)0722.
(14) https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
(15) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0201:FIN:ES:PDF
(16) http://www.eib.org/attachments/general/governance_of_the_eib_en.pdf
(17) Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1291/2013 y (UE) n.° 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (DO L 169 de 1.7.2015, p. 1).
(18) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1449652301796&uri=CELEX:52015PC0010
(19) Reglamento (UE) n.° 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 487).
(20) Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.° 352/78, (CE) n.° 165/94, (CE) n.° 2799/98, (CE) n.° 814/2000, (CE) n.° 1290/2005 y (CE) no 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).
(21) Reglamento (UE) n.° 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 637/2008 y (CE) n.° 73/2009 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 608).
(22) Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.° 922/72, (CEE) n.° 234/79, (CE) n.° 1037/2001 y (CE) n.° 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 671).
(23) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0026+0+DOC+XML+V0//ES
(24) Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.° 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
(25) http://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html
(26) Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO L 225 de 20.8.1990, p. 6).


Relaciones UE-China
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2015, sobre las relaciones UE-China (2015/2003(INI))
P8_TA(2015)0458A8-0350/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la UE y China el 6 de mayo de 1975,

–  Vista la asociación estratégica UE-China puesta en marcha en 2003,

–  Visto el principal marco jurídico de las relaciones con China, es decir, el Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica entre la Comunidad Europea y la República Popular de China(1), suscrito en mayo de 1985, que regula las relaciones económicas y comerciales y el programa de cooperación entre la UE y China,

–  Vista la Agenda Estratégica para la Cooperación UE-China 2020 acordada el 21 de noviembre de 2013,

–  Vistos el diálogo político estructurado UE-China, establecido formalmente en 1994, y el diálogo estratégico de alto nivel sobre asuntos estratégicos y de política exterior establecido en 2010, y en particular el 5º diálogo estratégico de alto nivel celebrado en Pekín el 6 de mayo de 2015,

–  Vistas las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de asociación y cooperación, en curso desde 2007,

–  Vistas las negociaciones sobre un acuerdo bilateral de inversiones que comenzaron en enero de 2014,

–  Vistas la XVII Cumbre UE-China, celebrada en Bruselas el 29 de junio de 2015, y la declaración emitida a su conclusión,

–  Vistos los comentarios realizados por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el 29 de junio de 2015 en la conferencia de prensa conjunta con el primer ministro chino Li Keqiang tras la XVII Cumbre UE-China, donde manifestó las preocupaciones de la UE en materia de libertad de expresión y asociación en China, incluida la situación de las personas que pertenecen a minorías, como los tibetanos o los uigures, y en la que animó a China a reinstaurar un diálogo significativo con los representantes del Dalai Lama,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2006, titulada «UE – China: una asociación más fuerte con mayores responsabilidades» (COM(2006)0631),

–  Vistas las Directrices políticas del Consejo para el Asia Oriental,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de 11 y 12 de diciembre de 2006 sobre «La asociación estratégica UE-China»,

–  Vistos el documento de estrategia de la Comisión para China 2007-2013, el programa indicativo plurianual 2011-2013 y la revisión intermedia 2010 del documento de estrategia y la revisión del programa indicativo plurianual 2011-2013,

–  Visto el primer documento elaborado por China sobre la Unión Europea, publicado el 13 de octubre de 2003,

–  Vistas la adopción el 1 de julio de 2015 de la nueva Ley sobre seguridad nacional por parte del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional China y la publicación el 5 de mayo de 2015 del segundo proyecto de la nueva Ley sobre la gestión de ONG extranjeras,

–  Visto el Libro Blanco de 26 de mayo de 2015 sobre la estrategia militar de China,

–  Vistos el diálogo UE-China sobre derechos humanos, iniciado en 1995, y la 32ª ronda celebrada en Pekín los días 8 y 9 de diciembre de 2014,

–  Vistos los sesenta diálogos sectoriales en curso entre China y la UE relativos, entre otras cuestiones, al medio ambiente, la política regional, el empleo y los asuntos sociales y la sociedad civil,

–  Visto el establecimiento en febrero de 2012 del Diálogo Interpersonal de Alto Nivel UE- China, que acoge todas las iniciativas conjuntas de la UE y China en este ámbito,

–  Vistos el Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y China, que entró en vigor en 2000(2), y el Acuerdo de asociación en materia de ciencia y tecnología firmado el 20 de mayo de 2009,

–  Vistas la Declaración conjunta UE-China sobre el cambio climático realizada en la XVII Cumbre UE-China celebrada en junio de 2015 y las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN), presentadas por China a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el 30 de junio de 2015,

–  Vistos la declaración conjunta UE-China sobre seguridad energética realizada en Bruselas el 3 de mayo de 2012 y el diálogo sobre energía entre la CE y China,

–  Vistas las mesas redondas UE-China,

–  Vistos el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, celebrado del 8 al 14 de noviembre de 2012 y los cambios de dirección en el Comité Permanente del Politburó que en él se decidieron,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966,

–  Vistos los resultados de la Cuarta sesión plenaria del XVIIIº Comité Central del Partido Comunista de China (Cuarto Pleno) celebrada del 20 al 23 de octubre de 2014,

–  Vista la declaración realizada por el Presidente en la XXVIª Cumbre ASEAN celebrada el 27 de abril de 2015,

–  Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 6 de mayo de 2015, tras su reunión con el Primer Ministro chino Li Keqiang,

–  Vista la última reunión interparlamentaria PE-China, celebrada el 26 de noviembre de 2013,

–  Vistas sus recientes Resoluciones sobre China, en particular las de 23 de mayo de 2012 sobre la UE y China: posible desequilibrio comercial,(3) de 2 de febrero de 2012 sobre la política exterior de la UE frente a los países BRICS y otras potencias emergentes: objetivos y estrategias(4), de 14 de marzo de 2013 sobre las amenazas nucleares y los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea(5), de 17 de abril de 2014 sobre la situación en Corea del Norte(6), de 5 de febrero de 2014 sobre un marco para las políticas de clima y energía en 2030(7), y de 12 de marzo de 2015 sobre el informe anual de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo(8),

–  Vistas sus Resoluciones de 7 de septiembre de 2006 sobre las relaciones UE-China(9), de 5 de febrero de 2009 sobre las relaciones comerciales y económicas con China(10), de 14 de marzo de 2013 sobre las relaciones UE-China(11), de 9 de octubre de 2013 sobre las negociaciones UE-China sobre un acuerdo bilateral de inversiones(12), y de 9 de octubre de 2013 sobre las relaciones comerciales UE-Taiwán(13),

–  Vistas sus Resoluciones sobre derechos humanos de 26 de noviembre de 2009 sobre China: derechos de las minorías y aplicación de la pena de muerte(14), de 10 de marzo de 2011 sobre la situación y el patrimonio cultural en Kashgar (Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China)(15), de 5 de julio de 2012 sobre el escándalo de abortos forzados en China(16), de 12 de diciembre de 2013 sobre la extracción forzada de órganos en China(17), y de 13 de marzo de 2014 sobre las prioridades de la UE para el 25º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(18),

–  Visto el embargo de armas decretado por la UE a raíz de los acontecimientos de Tiananmen en junio de 1989, y respaldado por el Parlamento en su Resolución, de 2 de febrero de 2006, sobre el Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la PESC(19),

–  Vista su Resolución, de 7 de julio de 2005, sobre las relaciones entre la UE, China y Taiwán y la seguridad en el Extremo Oriente(20),

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre el Tíbet, en particular las de 25 de noviembre de 2010 sobre el Tíbet: planes para hacer del chino la principal lengua de enseñanza(21), de 27 de octubre de 2011 sobre el Tíbet, en particular la inmolación de monjas y monjes(22), y de 14 de junio de 2012 sobre el Tíbet: situación de los derechos humanos(23),

–  Vistas las nueve rondas de conversaciones entre altos representantes del Gobierno chino y del Dalai Lama llevadas a cabo entre 2002 y 2010; visto el Libro Blanco de China sobre el Tíbet titulado «Tibet's Path of Development Is Driven by an Irresistible Historical Tide», publicado el 15 de abril de 2015 por la Oficina de Información del Consejo Estatal de China; vistos el memorando de 2008 y la nota de 2009 sobre una verdadera autonomía, ambos presentados por los representantes del XIV Dalai Lama,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0350/2015),

A.  Considerando que 2015 marca el 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la UE y China; que la Asociación Estratégica UE-China reviste una importancia vital para las relaciones entre la UE y la República Popular de China (RPC) y para encontrar respuestas mutuas a una serie de preocupaciones globales y determinar intereses comunes, como la seguridad mundial y regional, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el crimen organizado, la ciberseguridad, las armas de destrucción masiva y la no proliferación de armas nucleares, la seguridad energética, la regulación financiera y del mercado mundial, el cambio climático y el desarrollo sostenible, así como para crear un marco en el que se aborden los problemas de carácter bilateral entre la UE y China;

B.  Considerando que China y la UE iniciaron en 2013 las negociaciones sobre un tratado bilateral de inversión (TBI);

C.  Considerando que China es un importante socio comercial de la UE, con un mercado enorme y en expansión; que las negociaciones en curso para lograr un acuerdo de inversión son uno de los elementos más importantes de las relaciones bilaterales económicas y comerciales entre la UE y China;

D.  Considerando que, bajo el actual liderazgo de Xi Jinping, Secretario General del Partido Comunista de China (PCC) y Presidente del país, China ha lanzado una serie de iniciativas, entre ellas, un proyecto de «nueva Ruta de la Seda» para integrar económicamente a China en Asia Central y, en última instancia, con Europa y África, la creación del Banco Asiático de Inversión de Infraestructura (BAII) y un acuerdo estratégico importante de energía con Rusia para el suministro de 38 mil millones de metros cúbicos de gas natural al año, la construcción de un oleoducto y otros proyectos en común para la exploración y extracción de petróleo en China; que durante los últimos años China ha seguido cada vez de forma más activa políticas de inversión en la UE, así como en su vecindad oriental;

E.  Considerando que el presidente Xi Jinping ha lanzado la iniciativa «sueño chino», que se ha presentado como un concepto y una idea destinados a lograr el rejuvenecimiento nacional y a construir una sociedad moderadamente próspera en una gran variedad de dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas y a hacer de China una nación totalmente desarrollada antes de 2049;

F.  Considerando que China ha experimentado unos niveles de crecimiento económico verdaderamente altos en los últimos veinte años y que 600 millones de ciudadanos chinos han salido de la pobreza;

G.  Considerando que el desplome en 2015 del mercado de valores chino afectó negativamente a la estabilidad financiera mundial, también en la UE;

H.  Considerando que la política de planificación familiar de China ha causado un rápido envejecimiento de la población desde 1980, con más de 200 millones de ciudadanos de edad superior a los 60 años;

I.  Considerando que la degradación medioambiental en China ha adquirido proporciones dramáticas y requiere medidas más urgentes, firmes y específicas que nunca por parte del Gobierno; que, en la reciente Cumbre UE-China se trató la cuestión del desarrollo sostenible y el cambio climático, y se adoptó una Declaración conjunta sobre el cambio climático;

J.  Considerando que China ha reconocido la necesidad de hacer frente a la amenaza que representa el cambio climático y se ha comprometido a adoptar un protocolo, o cualquier instrumento jurídico, que ayude a alcanzar un acuerdo general sobre la cuestión durante la Conferencia sobre el Cambio Climático en París;

K.  Considerando que la campaña de lucha contra la corrupción del presidente Xi Jinping, iniciada en 2012 y destinada a hacer frente a problemas de gobernanza al focalizarse en miembros del Partido, del Gobierno, del ejército y de empresas estatales sospechosos de corrupción, se ha cobrado varias víctimas de alto perfil, descubriendo no solo la corrupción, sino también las enormes fortunas amasadas por los líderes chinos y destapando igualmente la infiltración de poderosas redes criminales en el sistema político;

L.  Considerando que las ONG extranjeras han prosperado y están desempeñando una función esencial para el desarrollo de ONG locales y para la apertura de China desde la reforma;

M.  Considerando que, por motivos de seguridad nacional, China ha publicado este año tres proyectos de ley que también establecen disposiciones legales sobre ciberseguridad y ONG;

N.  Considerando que, en 2013 y 2014, Pekín, Kunming y Urumqi fueron objeto de graves y violentos atentados terroristas que se cobraron 72 vidas y ocasionaron 356 heridos; que China está preparando una ley antiterrorista que pone de manifiesto el hecho de que el Gobierno atribuye a la lucha antiterrorista la máxima prioridad;

O.  Considerando que, en junio de 2015, el Consejo Legislativo de Hong Kong votó en contra de una controvertida propuesta que habría permitido a los electores de Hong Kong elegir a su director administrativo, pero solamente de entre una selección de candidatos vetada por un comité pro-Pekín; que fue precisamente esta propuesta la que provocó el llamado «movimiento de los paraguas», de 79 días a favor de la democracia, con manifestaciones masivas entre finales de septiembre y mediados de diciembre de 2014;

P.  Considerando que el nuevo dirigente chino considera el ascenso de la RPC como un hecho irreversible resultado del cambio de una «diplomacia reactiva» a una «diplomacia proactiva»;

Q.  Considerando que el nuevo Libro Blanco sobre la estrategia militar de China postula que hay que abandonar la mentalidad tradicional de que la tierra prevalece sobre el mar y que hay que atribuir mayor importancia a la gestión de los mares y a la protección de los derechos y los intereses marítimos; que China se niega a reconocer la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en relación con las controversias en el mar de China Meridional y Oriental;

R.  Considerando que, en una declaración de conducta de 2002, China y los países ASEAN prometieron crear condiciones para una «solución pacífica y duradera» en el mar de China Meridional; que, a pesar de ello, sigue aumentando la tensión con países vecinos como Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei;

S.  Considerando que China es el principal apoyo político de Corea del Norte, y su mayor inversor, donante de ayuda, proveedor de alimentos y energía y socio comercial; que expertos chinos revelaron recientemente que Corea del Norte podría contar ya con 20 cabezas nucleares;

T.  Considerando que, tras la crisis de Ucrania, Rusia y China han intensificado sus relaciones mutuas de una manera sin precedentes hasta la fecha;

U.  Considerando que el 8 de mayo de 2015 Rusia y China firmaron un acuerdo bilateral sobre seguridad de la información que define las ciberamenazas como la transmisión de información que puede poner en peligro los sistemas sociopolíticos y socioeconómicos, así como el entorno espiritual, moral y cultural de los Estados;

V.  Considerando que, desde 2005, China ha extendido el crédito a países de Latinoamérica por valor de aproximadamente 100 000 millones de dólares; que China es, en estos momentos, el principal socio comercial de Brasil y el segundo, por ejemplo, de Argentina, Venezuela y Cuba;

W.  Considerando que el Gobierno chino reconoce la importancia y la universalidad de los derechos humanos, pero que por el momento carece de resultados tangibles en lo relativo a la mejora de su historial en materia de derechos humanos;

X.  Considerando que China ha aceptado oficial y nominalmente la universalidad de los derechos humanos y que, en los últimos treinta años, ha entrado en el marco internacional de los derechos humanos mediante la firma de una gran variedad de tratados sobre derechos humanos, formando así parte del marco jurídico e institucional internacional de derechos humanos;

Y.  Considerando que, a principios de 2015, el presidente Xi anunció públicamente que quería «ampliar el Estado de Derecho en todo el país» en el convencimiento de que para lograr una economía y una sociedad modernas en China es indispensable una justicia eficaz;

Z.  Considerando que el PCC reconoce cinco religiones, controladas en última instancia por el propio Departamento de Trabajo del Frente Unido del partido; que esta lista es exclusiva, por lo que se discrimina a otras religiones y a otros cultos;

AA.  Considerando que la UE y China han participado en diálogos sobre derechos humanos desde 1995;

AB.  Considerando que la defensora del Pueblo Europeo, en su proyecto de recomendación adoptado el 26 de marzo de 2015, criticaba la ausencia de una evaluación del impacto en los derechos humanos en relación con el mecanismo de resolución de litigios entre inversores y Estados en las negociaciones de un acuerdo de comercio e inversión con Vietnam; que esto constituye un precedente importante para las negociaciones del Acuerdo de Inversión entre la UE y China;

AC.  Considerando que los tibetanos expresan su identidad cultural a través del movimiento Lhakar (miércoles blanco) portando únicamente ropa tibetana, hablando solo su lengua y comiendo exclusivamente alimentos tibetanos cada miércoles; que, hasta la fecha, más de 140 tibetanos se han inmolado para protestar contra la política del Gobierno chino en la región autónoma del Tíbet; que la muerte en prisión del lama Tenzin Delek Rinpoche ha provocado recientemente nuevas tensiones; que en el Tíbet se está siguiendo una política de asentamiento Han; que 2015 marca el 50 aniversario del establecimiento de la Región Autónoma de Tíbet; que en los últimos años no se han logrado avances en lo relativo a la resolución de la crisis tibetana, puesto que la última ronda de negociaciones se celebró en 2010;

AD.  Considerando que la UE se atiene a su política de «una China única» en las relaciones entre las dos orillas del estrecho entre la República Popular China y Taiwán;

Asociación estratégica y cooperación UE-China

1.  Celebra el 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la UE y China como fuente de inspiración para fortalecer la Asociación Estratégica, tan necesaria en un mundo multipolar y globalizado, y para acelerar las negociaciones en curso de un nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación basado en la confianza, la transparencia y el respeto de los derechos humanos; destaca que, en la Cumbre UE-China de 29 de junio de 2015, ambas partes reafirmaron su compromiso de reforzar esta asociación; destaca que China es una potencia internacional clave y uno de los socios más importantes de la UE; hace hincapié en que las dos partes están comprometidas con la promoción de la Asociación Estratégica integral UE-China durante la próxima década, lo que sería beneficioso tanto para la UE como para China; manifiesta su apoyo al diálogo estratégico (bi)anual de alto nivel, al diálogo económico y comercial de alto nivel, al diálogo interpersonal de alto nivel y a los más de sesenta diálogos sectoriales entre la UE y China sobre un amplio abanico de cuestiones; pide encarecidamente que estos diálogos sectoriales den lugar a una consolidación de la confianza y tengan resultados tangibles;

2.  Acoge con satisfacción el resultado de la XVII Cumbre UE-China de 29 de junio de 2015, que elevó las relaciones bilaterales a un nuevo nivel y envió una señal para una cooperación política más estrecha que vaya más allá de las meras relaciones comerciales y que lleve a un enfoque coordinado para hacer frente a los retos globales; señala que ambas partes reconocieron plenamente el progreso logrado en la aplicación de la Agenda Estratégica para la Cooperación UE-China 2020, y que se establecerá un mecanismo bilateral de revisión a nivel de funcionariado para supervisar el seguimiento; acoge con satisfacción que ambas partes acordaran en la Cumbre un conjunto de prioridades para reforzar su cooperación bilateral y fomentar la dimensión global de su Asociación Estratégica;

3.  Subraya la necesidad de que los Estados miembros de la UE hablen con una sola voz al Gobierno de China, en particular a la vista del actual dinamismo diplomático de Pekín y la reformulación de la arquitectura de la gobernanza mundial; hace hincapié en las conclusiones de las negociaciones del Convenio Constitutivo del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y espera que en el futuro se produzca una estrecha cooperación entre la UE y el BAII; lamenta la falta de un debate profundo y de una coordinación estrecha a nivel de la UE con respecto a la adhesión de los Estados miembros al BAII; destaca la importancia de la política de comercio e inversión como el ámbito más evidente para ejercer la máxima influencia en la relación estratégica con China; toma nota de la cooperación establecida recientemente entre China y países de Europa Central y Oriental, también conocidos como el grupo 16+1, que incluye a varios Estados miembros de la UE, pero considera que esto no debe dividir a la UE ni debilitar su postura con respecto a China, y que se deben abordar asimismo cuestiones relacionadas con los derechos humanos; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión que le presenten un informe anual sobre el desarrollo de las relaciones entre la UE y China; pide el refuerzo de un comercio y una inversión con China ejecutables y basados en normas;

4.  Reconoce que China debería desempeñar un papel más importante en las instituciones financieras multilaterales que refleje mejor las dimensiones de su economía; considera que el BAII recientemente creado representa una oportunidad para que China participe como agente responsable en el orden multilateral; anima a la nueva institución a alejarse de los errores cometidos en el pasado al conceder prioridad a la financiación de ambiciosos proyectos de infraestructuras, y a que en su lugar conceda prioridad a la asistencia técnica y al acceso al conocimiento global, equilibrando paralelamente las prioridades medioambientales, sociales y de desarrollo;

5.  Considera fundamental que la contribución europea a la participación en el BAII incluya procedimientos transparentes para la evaluación de los préstamos, normas claras de buena administración, responsabilidad social y medio ambiente y atención al control del nivel de deuda de países prestatarios;

6.  Se felicita de la participación de varios Estados miembros en el BAII; Lamenta, no obstante, la falta de un debate profundo, una coordinación atenta y una respuesta y un enfoque coordinados a nivel de la UE en respuesta a las iniciativas del Gobierno chino con el fin de establecer nuevas instituciones multilaterales; insta a las instituciones y a los Estados miembros de la UE a que lo consideren como un aviso para evitar una falta de coordinación similar en el futuro;

7.  Acoge con satisfacción el acuerdo político para mejorar las conexiones de infraestructuras estratégicas entre la UE y China; acoge con satisfacción, por lo tanto, la decisión de establecer una nueva plataforma de conectividad destinada a crear un entorno favorable para redes de infraestructuras transfronterizas sostenibles e interoperables en países y regiones entre la UE y China; elogia en especial la predisposición de la UE para iniciar este proyecto a escala europea; insta a ambas partes a que aprovechen las oportunidades que les ofrece a los dos socios una estrecha interconexión, incluida la cooperación en materia de inversión en infraestructura en países situados a lo largo de la nueva Ruta de la Seda y la nueva Ruta Marítima de la Seda;

8.  Hace hincapié en el intenso crecimiento de la economía china en los últimos veinte años y destaca que los Estados miembros de la UE deberían aprovechar en mayor medida las oportunidades que ofrece este desarrollo económico; toma nota del interés de China en las inversiones en infraestructura estratégica en Europa, y destaca la necesidad de cooperar con China y otros países de la región a este respecto en proyectos como la iniciativa «Un cinturón, una ruta» y el Plan de Inversiones del Presidente Juncker, incluidas conexiones por ferrocarril, puertos marítimos y aeropuertos; insta a la VP/AR y a la Comisión a que reflexionen sobre el impacto de la política de inversión global de China, así como sus actividades de inversión en la UE y su Vecindad Oriental; destaca, de conformidad con las anteriores posiciones del Parlamento y en el pleno respeto de las competencias INTA, la importancia del Acuerdo bilateral de inversiones entre la UE y China que se está negociando; pide que se incluya un capítulo sobre desarrollo sostenible completamente integrado en el tratado bilateral de inversión, que prevea compromisos vinculantes en relación con las normas laborales fundamentales de la OIT y los principales acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente; recalca la tendencia cada vez mayor de las empresas europeas a quejarse de que son víctimas de normas caprichosas y discriminación; destaca la importancia de lograr un resultado satisfactorio en las negociaciones en curso sobre el acuerdo de inversión con el fin de facilitar en mayor medida la inversión y de aplicar la protección de la inversión y el acceso al mercado, en particular la contratación pública, así como de dispensar un trato justo a las empresas, tanto en Europa como en China; pide nuevas medidas y un seguimiento activo para garantizar unas relaciones comerciales más equilibradas tras la supresión de los obstáculos al comercio y la inversión para las empresas europeas; pide a China y a la UE que refuercen la cooperación con el fin de mejorar el acceso de las pymes en ambos bloques de mercados; destaca el compromiso entre la UE y China de lograr una economía global abierta y un entorno de comercio e inversión justo, transparente y basado en normas, de modo que se garanticen condiciones de competencia equitativas y se haga frente al proteccionismo;

9.  Toma nota, en este sentido, del lanzamiento de la iniciativa «Un cinturón, una ruta», destinada a construir enlaces importantes de energía y comunicación desde Asia central, occidental y meridional y hasta Europa; considera que, habida cuenta de la importancia geoestratégica de esta iniciativa, debe llevarse a cabo de forma multilateral; cree que resulta sumamente importante crear sinergias y proyectos de forma totalmente transparente y contando con la participación de todas las partes interesadas;

10.  Pide el refuerzo de la cooperación entre la UE y China en ámbitos de importancia estratégica tales como el G20, la seguridad y la defensa, la lucha contra el terrorismo, la no proliferación de armas nucleares, la seguridad mundial y regional, la ciberseguridad, las armas de destrucción masiva, la seguridad energética, la regulación financiera y del mercado mundial, el cambio climático, así como el desarrollo urbano, los programas de desarrollo y ayuda y el desarrollo sostenible; hace hincapié en la importancia de la cooperación en materia de desarrollo regional, así como del diálogo y los intercambios en relación con la Estrategia Europa 2020 y con el futuro decimotercer plan quinquenal de China;

11.  Pide al SEAE que vele por que los derechos humanos ocupen un lugar prioritario en el programa de las relaciones y los diálogos con China;

12.  Pide que los compromisos realizados durante la visita en marzo de 2014 del Presidente Xi a Bruselas para intensificar los intercambios entre la UE y China en materia de derechos humanos vayan acompañados de mejoras concretas de la situación real;

13.  Insta al Consejo y a la Comisión a que sigan integrando a China mediante un diálogo constructivo para fomentar la transición de China hacia el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y para apoyar su integración en la economía mundial;

14.  Acoge con satisfacción la profundización de la Asociación para el Desarrollo Urbano entre la UE y China; pide una mayor cooperación en materia de planificación y diseño urbanísticos, servicios públicos, edificios ecológicos y transporte inteligente; insta a que se inicien nuevos programas conjuntos que cuenten con la participación de ciudades y empresas europeas y chinas;

15.  Acoge con satisfacción la declaración conjunta de la tercera reunión del diálogo interpersonal de alto nivel UE-China celebrado el 15 de septiembre de 2015; destaca la importancia de los intercambios interpersonales y de facilitar intercambios para los ciudadanos chinos y de la UE; apoya que el desarrollo del diálogo interpersonal de alto nivel se centre en proyectos conjuntos y la puesta en común de las mejores prácticas, y promueva los intercambios interpersonales; destaca que debe fomentarse en especial el intercambio de expertos y estudiantes entre ambas partes;

16.  Manifiesta su preocupación por las prácticas de dumping y por la falta de transparencia en lo relativo a las políticas y las subvenciones del Gobierno chino mediante créditos fiscales, subvenciones territoriales, créditos de interés reducido, materias primas subvencionadas y otras medidas;

17.  Muestra su preocupación por los obstáculos a los que se enfrentan las empresas europeas en el mercado chino, como transferencias de tecnología forzadas, una aplicación débil de los DPI y un trato discriminatorio; hace hincapié en la importancia de la reforma del mercado chino, de la aplicación de los principios de la economía de mercado y de la eliminación de la discriminación y de limitaciones injustificadas;

18.  Reconoce las oportunidades que se derivan de la inversión china en Europa en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE); hace hincapié en que, aunque el FEIE está abierto a la inversión de varios actores, debe mantenerse, no obstante, bajo la gobernanza de la UE;

19.  Reconoce el reto de conseguir que la economía china avance de forma realmente sostenible en el marco de la nueva situación; considera que una participación más significativa de China en las organizaciones económicas internacionales, como el FMI, puede contribuir de forma positiva a lograr unas economías china y mundial más sostenibles y equilibradas, así como a la reforma de estas organizaciones; insta a las autoridades chinas a que ofrezcan estadísticas fiables y a que mejoren la transparencia sobre el estado de la economía;

20.  Le preocupa que, durante los últimos meses, los índices de la bolsa de valores hayan perdido un tercio de su valor y que se hayan disparado centenares de suspensiones de las inversiones por una depreciación excesiva; expresa su preocupación en relación con la actual crisis financiera que afecta a China y en especial a sus mercados bursátiles, y reconoce que esto supone una amenaza para la economía mundial, a la vista del importante papel que desempeña el país en el comercio mundial y en el sistema financiero mundial; insta a las autoridades chinas a abordar el reto de pasar del actual modelo económico a una economía sostenible; constata que las recientes y dramáticas caídas de la bolsa en China han confrontado a la cultura de control del Gobierno con la volatilidad inherente de los mercados financieros;

21.  Acoge con satisfacción el hecho de que, en las últimas décadas, un número considerable de ciudadanos chinos haya salido de la pobreza extrema gracias a un crecimiento económico sustancial y a una apertura gradual de la economía china; expresa, no obstante, su preocupación por el hecho de que estas mejoras económicas suelan generar problemas ambientales y grandes desigualdades;

22.  Acoge con satisfacción que, en la reciente declaración conjunta de la UE y China sobre el cambio climático, adoptada en la Cumbre del 29 de junio de 2015, ambas partes reflejaron su compromiso de colaboración con el fin de lograr un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante en la Conferencia sobre el Cambio Climático de París de 2015; insta a todas las partes de la conferencia a que aprovechen el impulso ofrecido por las declaraciones sobre el cambio climático de la UE y China y de los Estados Unidos y China; hace hincapié en la necesidad de cooperar en materia de energía para abordar conjuntamente los múltiples retos relacionados con la seguridad energética y la arquitectura energética global;

Situación interna

23.  Observa que, bajo el liderazgo del Presidente Xi, el Gobierno chino está mostrando una firmeza cada vez mayor, tanto dentro como fuera del país; señala que la libertad de los activistas defensores de los derechos civiles, abogados, periodistas, blogueros, académicos y demás representantes de la sociedad civil del país se encuentra restringida de una manera desconocida desde hace años; observa que la trayectoria de China en materia de derechos humanos sigue siendo motivo de grave preocupación;

24.  Expresa su profunda inquietud por la inminente adopción del proyecto de ley sobre gestión de ONG extranjeras, pues reduciría aún más el espacio para la sociedad civil china y limitaría en gran medida la libertad de asociación y expresión en el país, entre otros prohibiendo que las «ONG extranjeras» que no estén registradas en el Ministerio de Seguridad Pública chino y los departamentos provinciales de seguridad pública financien a personas u organizaciones chinas, y prohibiendo que grupos chinos realicen «actividades» en nombre o con la autorización de ONG extranjeras no registradas, incluidas las que tienen sede en Hong Kong y Macao; pide a las autoridades chinas que revisen de forma sustancial esta ley para adaptarla a las normas internacionales en materia de derechos humanos;

25.  Expresa su preocupación por el nuevo proyecto de ley sobre la ciberseguridad, que reforzaría e institucionalizaría las prácticas existentes en el país de censura y vigilancia del ciberespacio y puede obligar a las empresas europeas a incluir programas de puerta trasera en su infraestructura de TI; señala que los defensores de los derechos civiles y abogados chinos partidarios de la reforma temen que esta ley limite aún más la libertad de expresión y provoque un aumento de la autocensura; hace hincapié en el grave efecto negativo de las leyes relativas a la ciberseguridad y a las ONG en las actividades de las empresas e instituciones europeas en la República Popular China, y pide por ello al Consejo Europeo, al SEAE y a la Comisión que sigan manifestando a las autoridades chinas sus fuertes objeciones a tan controvertidas medidas; expresa su preocupación por la amplia definición china de «seguridad nacional» y «principales amenazas» en la nueva ley de seguridad nacional, que considera las «malas influencias culturales» como una amenaza; concluye que esta ley formula de forma tan general y vaga los intereses de seguridad nacional de China que brinda a las autoridades chinas posibilidades prácticamente ilimitadas para actuar contra acciones, personas o publicaciones que desaprueben;

26.  Expresa su preocupación por que, aunque la campaña anticorrupción puesta en marcha por los dirigentes chinos sea un loable esfuerzo para fomentar la confianza de los ciudadanos en el Gobierno, se caracteriza por la falta de transparencia y en la mayoría de los casos no se ajusta al Estado de Derecho; observa que, en algunos casos, la campaña está siendo utilizada para las luchas internas y para fomentar el papel y el poder del PCC; lamenta no obstante, que esta campaña se haya llevado a cabo de una manera que debilita aún más el Estado de Derecho, dado que presuntamente se ha retenido a funcionarios acusados dentro de un sistema de detención ilegal, se les ha privado de protección jurídica básica y a menudo se les ha coaccionado para que confiesen;

27.  Expresa su solidaridad con los familiares y amigos de las más de 173 víctimas de las devastadoras explosiones en la ciudad portuaria de Tianjin del 12 de agosto de 2015, que desplazaron a miles de residentes; toma nota del creciente número de protestas medioambientales masivas y pacíficas en diferentes partes del país; señala el almacenamiento ilegal de miles de toneladas de productos químicos sumamente tóxicos a una distancia ilegal inferior a 600 metros de zonas residenciales; considera sumamente contraproducente la política de información oficial, lenta y opaca, en relación con la catástrofe de Tianjin, sobre todo en combinación con las medidas de censura adoptadas contra las informaciones aparecidas en los medios sociales sobre esta gran tragedia; hace hincapié en la importancia de aplicar todas las normas de seguridad industrial de conformidad con la legislación china e internacional, y pide al Gobierno chino que incremente las normas de seguridad y las normas ambientales de las producciones peligrosas adaptándolas en primer lugar a la propia legislación de China;

28.  Observa que las explosiones del 12 de agosto de 2015 en Tianjin y del 31 de agosto de 2015 en Dongying hacen que sea urgente que China aborde seriamente la cuestión de la seguridad industrial, en particular en lo que respecta a la corrupción y la impunidad;

29.  Subraya la urgencia de introducir nuevas medidas de protección medioambiental, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en 2014 solo ocho de las 74 principales ciudades alcanzaron la norma nacional de concentraciones de PM2,5 de contaminación atmosférica y dado que en China 190 millones de personas enferman cada año a causa de la contaminación del agua; advierte en contra de la doble crisis del agua (contaminación masiva combinada con un aumento del consumo de agua) que podría causar graves inestabilidades políticas y sociales; recuerda que el coste de la degradación ambiental de China también tiene repercusiones en los países vecinos; hace hincapié en los costes de la degradación ambiental y espera que el próximo plan quinquenal convierta el medio ambiente en una prioridad; observa, asimismo, que la falta de protección medioambiental, además de no impedir los daños ecológicos, provoca el uso de prácticas de competencia desleal; acoge con satisfacción el acuerdo entre la UE y China para mejorar la cooperación, con el fin de hacer frente a retos medioambientales clave como la contaminación del aire, del agua y del suelo; acoge con satisfacción el hecho de que, en virtud de la nueva ley de protección medioambiental, los cuadros locales son responsables, también con efecto retroactivo, de los daños medioambientales causados durante su mandato y que el compromiso con la protección medioambiental se tendrá más en cuenta en el proceso de promoción de estos cuadros locales; insta a las autoridades tanto nacionales como locales a que impliquen de forma activa y constructiva a organizaciones medioambientales y movimientos de base en lo que respecta a la supervisión, la aplicación y el cumplimiento de las políticas e iniciativas medioambientales de China; señala que en la Cumbre UE-China de junio de 2015 se establecieron también medidas sobre las políticas medioambientales y sobre el respeto por el clima, que deberían hacer que China cumpliera los límites de emisiones de CO2, con miras a la Cumbre de París de diciembre de 2015 y de acuerdo con los objetivos de la Agenda Estratégica 2020, adoptada en Pekín en 2013;

30.  Acoge con satisfacción el aumento de la cooperación y el intercambio de experiencias entre la UE y China en el ámbito de los derechos y la protección de los consumidores, y el refuerzo de las medidas de respuesta del Gobierno chino a este respecto, lo que se refleja en unas normas más estrictas sobre las responsabilidades de los minoristas en virtud de un código de conducta profesional relativo a la obligaciones de devolución y reembolso, los posibles fraudes, la publicidad engañosa y fraudulenta, los contratos de prepago y la protección de los datos personales de los consumidores, habida cuenta, en particular, de la rápida expansión del sector chino de las compras por internet;

31.  Observa que en los últimos años la política antiterrorista de China ha evolucionado rápidamente de un enfoque reactivo de «defensa contra el terror» a un enfoque proactivo de «guerra al terror», junto con una permanente «gestión de crisis» que implica acciones en dimensiones hasta ahora desconocidas en regiones afectadas y en la sociedad; se muestra preocupado por el proyecto de ley de lucha contra el terrorismo, que puede provocar más violaciones de las libertades de expresión, reunión, asociación y religión, especialmente en el Tíbet y Xinjiang, como regiones con poblaciones minoritarias;

32.  Se solidariza con la población china en sus esfuerzos por combatir el terrorismo y el extremismo; expresa su preocupación, no obstante, por que, si no se revisa de forma sustancial, la definición de «terrorista» incluida en el proyecto de ley chino de lucha contra el terrorismo pueda dar cabida a la penalización de casi cualquier expresión pacífica de la cultura, la religión o la identidad tibetana que pueda diferir de la del Estado;

33.  Insta a China a que aumente la libertad en internet y a que respete la ciberseguridad de todos los países;

34.  Expresa su preocupación por el hecho de que Xinjiang se encuentre atrapado en un círculo vicioso, dado que, por una parte existen grupos separatistas y extremistas violentos entre los uigures musulmanes de habla turca, que, no obstante, no representan la inmensa mayoría, y por otra, Pekín, en aras de la estabilidad, está respondiendo cada vez más a los disturbios sociales con represión, aumentando la presencia de su aparato de seguridad en la región, alejando a muchos uigures de Pekín y alimentando sentimientos adversos hacia los chinos Han entre la población uigur; lamenta la marginación de la cultura uigur en Xinjiang, incluida la prohibición de que los funcionarios uigures visiten las mezquitas y, en algunos lugares, de que celebren el ramadán; pide a las autoridades chinas que hagan todos los esfuerzos posibles para desarrollar un auténtico diálogo con la comunidad uigur y proteger la identidad cultural de la población uigur; señala con preocupación las restricciones de viaje, sobre todo en el Tíbet y Xinjiang, que pueden imponerse a los ciudadanos de la UE, en particular en el caso de diplomáticos y periodistas; señala que tales restricciones no se aplican a los ciudadanos chinos (incluidos diplomáticos y periodistas) en los Estados miembros de la UE; insta enérgicamente, por tanto, a que se tomen medidas para aplicar el principio de reciprocidad;

35.  Expresa su simpatía y solidaridad con la población de Hong Kong en apoyo de las reformas democráticas; destaca que la autonomía de Hong Kong está garantizada por la Ley Fundamental; sostiene que la introducción de un sufragio universal completamente integrado en la Región Administrativa Especial es plenamente compatible con el principio de «un país, dos sistemas»; lamenta que no se haya podido finalizar la reforma de la ley electoral para el nombramiento del jefe ejecutivo en Hong Kong; expresa su esperanza de que, en un futuro próximo, pueda iniciarse un nuevo proceso de reforma con el objetivo de dar a la población de Hong Kong el derecho al sufragio universal directo en 2017, con una elección auténtica entre diversos candidatos; acoge con satisfacción el informe conjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo, de 24 de abril de 2015, titulado «Región Administrativa Especial de Hong Kong: informe anual 2014», y apoya el compromiso de la UE de fortalecer la democracia, incluidos el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y las libertades y derechos fundamentales, la transparencia y la libertad de información y de expresión en Hong Kong;

36.  Respalda firmemente el principio de «un país, dos sistemas» como base para unas buenas relaciones entre las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao y la China continental;

37.  Expresa su preocupación por los recientes disturbios políticos y civiles en Hong Kong y pide a China que cumpla sus obligaciones para con los habitantes de Hong Kong de preservar sus derechos y libertades, conforme a la Declaración Conjunta Sinobritánica firmada en 1984;

Situación exterior

38.  Toma nota de que, desde su puesta en marcha, el «sueño chino» del Presidente Xi respecto de un rejuvenecimiento nacional prevé un papel más fuerte y proactivo para China en el mundo; alienta a la VP/AR a que estudie las posibilidades para desarrollar un enfoque común con los EE.UU. en relación con China, siempre que ello contribuya a promover los intereses de la UE; subraya que el persistente ascenso de China como potencia mundial requiere un replanteamiento continuo y rápido de las prioridades estratégicas de Europa en sus relaciones con China, con carácter de urgencia; subraya la necesidad de que una potencia mundial como China contribuya, en un contexto globalizado e interdependiente y de manera más activa y constructiva, a hacer frente a los desafíos globales y a los conflictos regionales y a lograr un orden mundial multilateral que respete el Derecho internacional, los valores universales y la paz; considera que China debe asumir cada vez más su lugar entre los países líderes del mundo, actuando con arreglo a las normas establecidas para todos;

39.  Toma nota de la prioridad que da el Presidente Xi a las relaciones con los Estados Unidos, dada su propuesta de un «nuevo tipo de relación de poder» entre China, los Estados Unidos y otros actores regionales; apoya un enfoque más constructivo frente a un nuevo orden mundial que China debe ayudar a construir e integrar, basado en los valores universales de los derechos humanos, la democracia y la seguridad humana; pide a la UE que aumente su actividad en Asia, y que coopere con China, los EE.UU. y otros actores regionales para lograr una mayor estabilidad en la región;

40.  Hace hincapié en que el reciente Libro Blanco sobre la estrategia militar de China expone las intenciones de Pekín de seguir ampliando las fuerzas navales chinas y el alcance de sus operaciones, pasando de la «defensa de las aguas de altura» a la «protección en mar abierto»; lamenta el establecimiento unilateral de una zona de identificación de defensa aérea y la consiguiente declaración de control de la navegación aérea dentro del territorio japonés y surcoreano; pide una actitud equilibrada para evitar la inquietud entre los vecinos de China y más tensiones en el Pacífico y el Índico, y para garantizar el interés crucial de Europa en la libertad de navegación en los mares;

41.  Considera lamentable que, contrariamente a la declaración de conducta de 2002, varias partes estén reclamando tierras en las Islas Spratly, y se manifiesta especialmente preocupado por los actuales esfuerzos a gran escala por parte de China que incluyen la construcción de instalaciones militares, puertos y al menos una pista de aterrizaje; advierte expresamente en contra del peligro inminente de un aumento de la presencia y de la confrontación entre buques de guerra y patrullas aéreas rivales en la zona, así como del posible establecimiento de una Zona de Identificación de Defensa Aérea sobre el mar de China Meridional;

42.  Sigue alarmado por el aumento de la tensión entre las partes en el mar de China Meridional y pide por tanto a todas las partes implicadas que eviten actos de provocación unilaterales en el mar de China Meridional, y destaca la importancia de una solución pacífica de los conflictos basada en el Derecho internacional y con la ayuda de la mediación internacional imparcial, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM); considera lamentable que China se niegue a reconocer la jurisdicción tanto de la CNUDM como del tribunal de arbitraje; insta a China a que reconsidere su postura y pide a todas las partes, incluyendo a China, que respete la decisión final de la CNUDM ; considera que avanzar hacia una posible solución pacífica de la tensión en las zonas del mar de China Meridional y del mar de China Oriental implica la negociación y la aplicación conjunta de códigos de conducta para la explotación pacífica de las zonas marítimas en cuestión, incluido el establecimiento de rutas comerciales seguras y de cuotas de pesca o asignación de zonas para la exploración de recursos; respalda la petición urgente formulada en la 26.ª Cumbre ASEAN de una rápida adopción de un código de conducta en el mar de China Meridional; acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado recientemente entre China y la ASEAN para agilizar las consultas sobre un código de conducta para las controversias en el mar de China Meridional; toma nota de la «Iniciativa de Paz del mar de China Meridional», orientada a alcanzar un consenso sobre un código de conducta y el establecimiento de un mecanismo que permita que todas las partes cooperen en la explotación conjunta de los recursos naturales y marinos de la región; apoya todas las acciones que permitan que el mar de China Meridional se convierta en un «mar de paz y cooperación»;

43.  Pide a la VP/AR que identifique los riesgos para la paz y la seguridad tanto en la región como a escala mundial en caso de que surjan conflictos armados en los mares de China Oriental y Meridional, de acuerdo con las prioridades fijadas en la Estrategia Europea de Seguridad Marítima, los riesgos que esto implicaría para la libertad y la seguridad de la navegación en la región y los riesgos allí existentes para intereses europeos específicos; considera que, dado que otros actores (especialmente Australia) tienen ya una presencia importante desde el punto de vista político en el Pacífico, la UE debe basarse en la cooperación bilateral y multilateral para contribuir de forma eficaz a la seguridad de la región;

44.  Insta al Gobierno de China a que utilice todos sus niveles de influencia para garantizar la estabilidad en la península de Corea y para inducir a Corea del Norte a volver a unas las conversaciones creíbles de desnuclearización y adoptar medidas concretas para desnuclearizarse; recuerda que China sigue siendo el principal aliado de Corea del Norte, por lo que alienta al Gobierno chino a que, junto con la comunidad internacional, desempeñe un papel constructivo a la hora de abordar con carácter de urgencia la grave situación de los derechos humanos en Corea del Norte, tratando asimismo la cuestión de los miles de refugiados de Corea del Norte que cruzan la frontera hacia China huyendo de las terribles condiciones de su país; insta al Gobierno chino a que, de conformidad con sus obligaciones como Estado parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, no les niegue su derecho a pedir asilo y no les obligue a regresar a Corea del Norte, sino que proteja sus derechos humanos fundamentales; pide a la UE que ejerza presión diplomática sobre el Gobierno chino a tal efecto, de conformidad con sus objetivos globales de no proliferación;

45.  Insta al Gobierno chino a que ejerza influencia sobre Pakistán para que se abstenga de seguir alimentando la inestabilidad en la región;

46.  Acoge con satisfacción la cooperación entre la UE y China en materia de seguridad y defensa, incluidas las operaciones contra la piratería en el golfo de Adén, y pide más esfuerzos combinados para abordar los problemas mundiales de seguridad y defensa, como el terrorismo;

47.  Atrae la atención de Pekín sobre el papel indispensable de los Estados Unidos y de la UE con respecto a los objetivos de modernización de China; le recuerda asimismo sus obligaciones y responsabilidades internacionales a la hora de contribuir a la paz y la seguridad mundial, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; lamenta, a este respecto, el hecho de que China, en asociación con Rusia, haya bloqueado continuamente las acciones de las Naciones Unidas en Siria, donde Bachar el Assad lleva más de cuatro años librando una guerra mortífera contra la población siria;

48.  Subraya la importancia de la confianza mutua y la cooperación entre China y la UE y los demás actores internacionales clave para hacer frente a los problemas de seguridad a escala mundial; espera que China ofrezca su apoyo a las iniciativas dirigidas por la UE y los EE.UU. destinadas a poner fin a las violaciones del Derecho internacional que provocan el conflicto en el este de Ucrania, y a restaurar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania tras la agresión de Rusia;

Situación de los derechos humanos

49.  Observa que existe una fuerte contradicción entre las aspiraciones oficiales de China con respecto a la universalidad de los derechos humanos y el empeoramiento de la situación de los derechos humanos; señala que la reciente degradación de la situación de los derechos humanos y las libertades en China se inició en 2013 y que se ha intensificado la represión ya existente contra la población, limitando aún más el espacio para la expresión y la defensa pacífica para la sociedad civil; manifiesta su preocupación por la detención, el enjuiciamiento y la condena de numerosos activistas defensores de los derechos civiles, defensores de los derechos humanos y críticos del Gobierno en China, y por el hecho de que más de 100 abogados y activistas defensores de los derechos humanos hayan sido detenidos o interrogados por la policía china; pide a las autoridades chinas que liberen a los detenidos y garanticen que puedan ejercer su profesión sin trabas;

50.  Cree que unas relaciones sólidas y permanentes entre la UE y China deben proporcionar una plataforma eficaz para un diálogo maduro, significativo y abierto sobre los derechos humanos basado en el respeto mutuo; cree asimismo que el 40.º aniversario de las relaciones UE-China en 2015 brinda una oportunidad real para lograr avances en este ámbito;

51.  Insta a la Unión Europea a que siga presionando para mejorar la situación de los derechos humanos en China cada vez que se celebren diálogos a cualquier nivel y a que incluya cláusulas de derechos humanos en todo tratado bilateral acordado con China;

52.  Acoge con satisfacción el 33.º Diálogo UE-China sobre derechos humanos de los días 8 y 9 de diciembre de 2014; señala que el diálogo, junto con la presión de otros socios internacionales, ha contribuido a algunas acciones concretas; recalca que la UE ha dejado claro en varias ocasiones que quería que el diálogo aportara mejoras más tangibles en la situación de los derechos humanos sobre el terreno;

53.  Recuerda que la universalidad de los derechos humanos ha sido siempre parte fundamental de los diálogos sobre derechos humanos entre la UE y China; advierte con preocupación que en la visión oficial china se cuestiona la universalidad sobre la base de diferencias culturales, lo que ha sido una fuente importante de diferencias conceptuales que han provocado la falta de entendimiento y la desconfianza en las relaciones UE-China, y ha limitado el avance en los diálogos sobre derechos humanos entre la UE y China; pide por tanto a los dirigentes chinos que reconsideren cómo abordan la cuestión y que respeten la universalidad de los derechos humanos conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos; insta además a que las instituciones de la UE colaboren con las autoridades chinas en sus diálogos para promover el respeto de la universalidad;

54.  Sigue estando muy preocupado por el hecho de que China sea actualmente el país en el que se llevan a cabo más ejecuciones y cada año siga aplicando en secreto la pena de muerte a miles de personas, sin tener en cuenta las normas mínimas internacionales sobre el uso de la pena de muerte; subraya una vez más que la abolición de la pena de muerte contribuye a la promoción de la dignidad humana y al progresivo desarrollo de los derechos humanos.

55.  Sigue preocupado por las persistentes y graves restricciones impuestas a la libertad de expresión, asociación, reunión y religión, así como a las actividades de las organizaciones de derechos humanos;

56.  Lamenta el trato a menudo discriminatorio de las minorías étnicas y religiosas en China;

57.  Critica el hecho de que, si bien en China la libertad de religión no es un derecho garantizado teóricamente por la constitución, en la práctica el Gobierno limita las prácticas religiosas a las organizaciones religiosas aprobadas y reconocidas oficialmente; apoya la resistencia de las iglesias chinas frente a la nueva estrategia del Gobierno de considerar «pecaminoso» el cristianismo; condena en particular la actual campaña contra cristianos en la provincia de Zhejiang, durante la cual docenas de iglesias fueron demolidas y más de 400 cruces retiradas en 2014; comparte la inquietud de las iglesias por otras provincias en las que existe una fuerte presencia cristiana; condena asimismo las campañas contra el budismo a través del enfoque de «educación patriótica» que incluye medidas para la gestión estatal de los monasterios budistas tibetanos; condena los programas de «educación jurídica» para monjes y monjas budistas; no puede comprender ni aceptar la prohibición de las imágenes del Dalai Lama en China; manifiesta su inquietud por que se abuse de la legislación penal china para perseguir a tibetanos y budistas, cuyas actividades religiosas se vinculan al «separatismo», y ve confirmada su preocupación por el hecho de que los monjes y las monjas representen alrededor del 44 % de la población de presos políticos en el Tíbet; lamenta el hecho de que el entorno para practicar el budismo en el Tíbet haya empeorado de forma significativa después de las protestas tibetanas de marzo de 2008, con la adopción por el Gobierno chino de un enfoque más generalizado de la «educación patriótica», incluyendo medidas para microgestionar los asuntos de los monasterios budistas tibetanos, por ejemplo a través de comités gestores no elegidos dentro de cada monasterio, programas de «educación jurídica» para monjes y monjas a fin de garantizar que «no participen en actividades para dividir la patria y perturbar el orden público» y la prohibición de las imágenes del Dalai Lama;

58.  Señala que el Presidente Xi ha formulado algunos compromisos para «promover de forma integral un gobierno del país conforme a la ley», junto con la lucha contra la corrupción; manifiesta, no obstante, su profunda preocupación por la reciente redada contra más de 200 abogados, en particular los que se centran en casos de derechos humanos, muchos de ellos acusados de «alterar el orden público» e intentar debilitar al Partido, afirmando las autoridades que estas medidas drásticas son de hecho una defensa del sistema jurídico de China; recalca que estas medidas contradicen la pretensión de las autoridades de fomentar el Estado de Derecho y debilitan cualquier esfuerzo emprendido para la reforma política;

59.  Recuerda que la visión oficial china sigue priorizando los derechos socioeconómicos por encima de los derechos civiles y políticos individuales, mientras que la visión europea considera fundamentales e igualmente importantes estos derechos, y que el desarrollo económico y los derechos humanos van de la mano, lo que refleja diferencias en las percepciones europea y china de los derechos humanos, visibles en las posiciones oficiales; destaca además que una protección integral de los derechos humanos es esencial para un crecimiento económico continuado en China e insta por consiguiente a las autoridades chinas a que garanticen el respeto de los derechos tanto socioeconómicos como civiles y políticos;

60.  Critica el entorno mediático sumamente restrictivo de China y el ámbito digital estrechamente vigilado donde se bloquea el contenido de sitios web extranjeros, entre ellos los europeos, y donde habitualmente se eliminan y censuran los contenidos nacionales considerados una amenaza política; protesta firmemente contra el elevado número de ciudadanos chinos encarcelados por infracciones relacionadas con la libertad de expresión, especialmente en internet;

61.  Expresa su profunda preocupación por que el Gobierno chino siga imponiendo políticas duras contra los tibetanos, rechazando especialmente la «Vía Intermedia» del Dalai Lama, que no aspira a la independencia ni a la separación, sino a una verdadera autonomía en el marco de la Constitución de la República Popular China; pide al Gobierno chino que restablezca el diálogo con los representantes tibetanos; protesta en contra de la marginalización de la cultura tibetana por parte del PCC e insta a las autoridades chinas a que respeten las libertades de expresión, asociación y religión del pueblo tibetano; lamenta el deterioro de la situación humanitaria en el Tíbet, que ha provocado un incremento de los casos de inmolación; observa con preocupación las medidas de criminalización recientemente aprobadas relativas a la inmolación, dirigidas a castigar a quienes presuntamente tengan relación con las personas que se inmolen; lamenta el reasentamiento forzoso de más de dos millones de nómadas y pastores tibetanos desde 2006 en las llamadas «Nuevas Aldeas Socialistas», pues se les priva de atención médica, educación y prosperidad; se manifiesta igualmente preocupado por el constante traslado de población china Han al Tíbet; expresa su preocupación por los casos de tortura, desaparición y detención arbitraria y la negativa a proporcionar asistencia médica a los presos, incluidos el monje Tenzin Delek Rinpoche y otros diez influyentes presos tibetanos; exige una investigación detallada de todos los casos de muerte en prisión; está profundamente preocupado por la degradación del medio ambiente del Tíbet; subraya que la meseta tibetana se está calentando con rapidez, lo que puede provocar el derretimiento de los glaciares del Tíbet, muchos de los cuales alimentan los mayores ríos de Asia;

62.  Insta a las empresas europeas que invierten en China a que respeten las normas laborales internacionales y se comprometan a ir más allá de los derechos laborales chinos si estos no cumplen las normas acordadas internacionalmente;

Relaciones entre ambas orillas del estrecho

63.  Considera que tanto China como Taiwán son socios económicos importantes de la UE en Asia y el Pacífico; aplaude toda mejora significativa de las relaciones entre ambas orillas del estrecho; pide la negociación de un acuerdo bilateral de inversión entre la UE y Taiwán, teniendo en cuenta que Taiwán es, a nivel regional, la mejor pasarela y el mejor trampolín hacia China para las empresas de la UE y que numerosos Estados —incluida la República Popular China— ya han celebrado (de facto) un acuerdo de este tipo con Taiwán;

64.  Toma nota de la no formulación de objeciones por parte del Gobierno chino a la participación de Taiwán en algunas organizaciones de las Naciones Unidas (OMS, OACI); expresa su preocupación por la reafirmación del Gobierno chino de la Ley Antisecesión de 2005 que permite el uso de medios militares en caso de una declaración de independencia de Taiwán; lamenta el hecho de que siga habiendo 1 500 misiles de largo alcance apuntando a Taiwán desde la China meridional; considera que una desmilitarización gradual de la región facilitaría en mayor medida el acercamiento de las partes; subraya que todas las controversias entre las dos orillas del estrecho deben solucionarse por medios pacíficos sobre la base del Derecho internacional; recalca que la reunión del 23 de mayo de 2015 en la isla de Kinmen entre altos funcionarios de ambas orillas del estrecho de Taiwán fue un paso alentador; señala que esta reunión fue la tercera reunión formal entre los jefes responsables de los asuntos entre las dos orillas del estrecho de China y Taiwán; apoya las iniciativas que desarrollan las relaciones entre ambas orillas del estrecho de una manera pacífica;

o
o   o

65.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, al SEAE, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos y en vías de adhesión, al Gobierno de la República Popular China, a la Asamblea Popular Nacional China, al Gobierno de Taiwán y a la Asamblea Legislativa (Yuan) de Taiwán.

(1) DO L 250 de 19.9.1985, p. 2.
(2) DO L 6 de 11.1.2000, p. 40.
(3) DO C 264 E de 13.9.2013, p. 33.
(4) DO C 239 E de 20.8.2013, p. 1.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0096.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0462.
(7) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0094.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0075.
(9) DO C 305 E de 14.12.2006, p. 219.
(10) DO C 67 E de 18.3.2010, p. 132.
(11) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0097.
(12) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0411.
(13) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0412.
(14) DO C 285 E de 21.10.2010, p. 80.
(15) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 185.
(16) DO C 349 E de 29.11.2013, p. 98.
(17) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0603.
(18) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0252.
(19) DO C 288 E de 25.11.2006, p. 59.
(20) DO C 157 E de 6.7.2006, p. 471.
(21) DO C 99 E de 3.4.2012, p. 118.
(22) DO C 131 E de 8.5.2013, p. 121.
(23) DO C 332 E de 15.11.2013, p. 185.


Preparación para la Cumbre Humanitaria Mundial: retos y oportunidades para la ayuda humanitaria
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2015, sobre la preparación para la Cumbre Humanitaria Mundial: retos y oportunidades para la ayuda humanitaria (2015/2051(INI))
P8_TA(2015)0459A8-0332/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 19 de diciembre de 1991, sobre el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas(1),

–  Vista la Agenda Transformativa del Comité Permanente entre Organismos (IASC) de las Naciones Unidas(2),

–  Vistos los Principios en materia de asociación de la Plataforma Humanitaria Mundial, de 12 de julio de 2007(3),

–  Vista la Resolución 64/290 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de julio de 2010, sobre el derecho a la educación en situaciones de emergencia(4) y las directrices pertinentes, incluidas las de la Unicef y la Unesco,

–  Vistas la Directrices del IASC de las Naciones Unidas para la Integración de las Intervenciones contra la Violencia por Razón de Género en Situaciones Humanitarias(5),

–  Visto el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptado por la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai (Japón)(6),

–  Vista la Resolución 69/313 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 27 de julio de 2015, por la que se establece la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo(7),

–  Vistos los debates con vistas a la preparación de la 32. ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se celebrará los días 8 a 10 de diciembre de 2015 en Ginebra,

–  Visto el informe de Global Humanitarian Assistance de 2015(8),

–  Visto el documento Global Humanitarian Overview, de junio de 2015(9),

–  Vistos los principios de la Iniciativa de buenas prácticas en materia de donaciones humanitarias (Good Humanitarian Donorship, GHD)(10),

–  Visto el Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Financiación Humanitaria,

–  Visto el Reglamento (CE) n.° 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria(11),

–  Vistos el Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria de 2007 (en lo sucesivo el «Consenso Europeo»), una declaración conjunta suscrita por la Comisión Europea, el Consejo, el Parlamento Europeo y los Estados miembros(12), y su plan de acción renovable,

–  Vistos el Reglamento (UE) n.° 375/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria («iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE»)(13), y el Informe anual sobre la implementación de la Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE en 2014(14),

–  Vista la Decisión n. º1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión(15),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Gender in Humanitarian Aid: Different Needs, Adapted Assistance» (SWD(2013)0290)(16),

–  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe anual sobre las políticas de ayuda humanitaria y de protección civil de la Unión Europea y su aplicación en 2014 (COM(2015)0406)(17),

–  Visto el informe anual de actividades de 2014 de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) de la Comisión(18),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 22 de junio de 2015, sobre principios comunes de la ayuda polivalente en efectivo para responder a las necesidades humanitarias(19),

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 sobre los derechos del niño y su Protocolo facultativo de 25 de mayo de 2000 relativo a la participación de niños en los conflictos armados, así como las Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados (actualizadas en 2008),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 26 de mayo de 2015, sobre una nueva asociación mundial para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible después de 2015(20),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 de mayo de 2013, sobre el planteamiento de la UE sobre la resiliencia(21),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 5 de junio de 2014, sobre el Marco de Acción de Hyogo posterior a 2015: gestionar los riesgos para lograr la resiliencia(22),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de diciembre de 2014, sobre una agenda transformadora para después de 2015(23),

–  Vista la Comunicación conjunta, de 9 de septiembre de 2015, titulada «Abordar la crisis de los refugiados en Europa: el papel de la acción exterior de la UE» (JOIN(2015)0040)(24),

–  Vistas las consultas globales, regionales y temáticas en preparación de la Cumbre Humanitaria Mundial(25),

–  Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2015, sobre la financiación para el desarrollo(26),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre la UE y el marco mundial para el desarrollo posterior a 2015(27),

–  Vistas sus Resoluciones, de 9 de julio de 2015, sobre la situación en Yemen(28), de 11 de junio de 2015, sobre la situación en Nepal tras los terremotos(29), de 30 de abril de 2015, sobre la situación del campo de refugiados de Yarmouk en Siria(30), de 12 de marzo de 2015, sobre Sudán del Sur, incluyendo los recientes secuestros de niños(31), de 12 de febrero de 2015, sobre la crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del Estado islámico(32), y, de 15 de enero de 2015, sobre la situación en Libia(33),

–  Vistas sus Resoluciones, de 10 de septiembre de 2015, sobre la migración y los refugiados en Europa(34), y, de 29 de abril de 2015, sobre las últimas tragedias en el Mediterráneo y las políticas de migración y asilo de la UE(35),

–  Visto el artículo 7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que reafirma que la UE «velará por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos»,

–  Visto el artículo 208 del TFUE, que establece que «la Unión tendrá en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo»,

–  Visto el artículo 214 del TFUE sobre las acciones de la Unión en el ámbito de la ayuda humanitaria,

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 2 de septiembre de 2015, titulada «Hacia la Cumbre Humanitaria Mundial: Cooperación mundial en favor de una acción humanitaria eficaz y basada en principios» (COM(2015)0419)(36), y el documento de trabajo que la acompaña (SWD(2015)0166)(37),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0332/2015),

A.  Considerando que, en un mundo muy frágil, nos enfrentamos a un aumento de la diversidad, la frecuencia y la intensidad de las catástrofes naturales y las hambrunas, así como a una escalada sin precedentes del número y la complejidad de los conflictos;

B.  Considerando que retos cada vez mayores, como la urbanización, el rápido crecimiento de la población, los cambios demográficos, la prevalencia y la mayor fuerza de las catástrofes naturales, la degradación medioambiental, la desertización, el cambio climático, los numerosos conflictos prolongados y simultáneos con incidencia regional, y la escasez de recursos, sumados a las consecuencias de la pobreza, la desigualdad, las migraciones, los desplazamientos y la fragilidad, han provocado un drástico aumento de la necesidad de respuestas humanitarias en todo el mundo;

C.  Considerando que el número de personas necesitadas ha aumentado más del doble desde 2004 hasta alcanzar más de 100 millones en 2015; que 250 millones de personas están afectadas por crisis humanitarias; que el número de desplazados forzosos ha alcanzado su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, casi 60 millones, de los que casi 40 millones son desplazados dentro de sus propios países; y que más de la mitad de los refugiados del mundo son niños;

D.  Considerando que, para 2050, 1 000 millones de personas podrían verse desplazadas debido al cambio climático, con más del 40 % de la población mundial viviendo en áreas con una fuerte presión sobre los recursos hídricos; que es probable que las pérdidas económicas derivadas de las catástrofes naturales aumenten drásticamente y superen los 300 000 millones de dólares de pérdidas anuales actuales;

E.  Considerando que durante los últimos ocho años, las crecientes necesidades y desafíos, la falta de continuidad en los compromisos y el aumento del coste de la asistencia humanitaria han contribuido a que el actual sistema humanitario haya alcanzado sus límites, lo que está obligando a una serie de organizaciones a suspender temporalmente la ayuda alimentaria y de vivienda y otras operaciones humanitarias fundamentales para la supervivencia;

F.  Considerando que los hospitales humanitarios son con frecuencia el blanco de ataques en los que se utilizan armas de destrucción masiva; que están aumentando las amenazas y los ataques contra el personal humanitario; que la seguridad del personal humanitario y de los heridos resulta muy a menudo amenazada; y que esos ataques constituyen una violación del Derecho internacional humanitario y un serio peligro para el futuro de la ayuda humanitaria;

G.  Considerando que los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, las normas esenciales del Derecho internacional humanitario y los derechos humanos recogidos en los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, deben estar en el centro de todas las acciones humanitarias; que se debe garantizar sin condiciones la protección de las personas desplazadas y debe prevalecer la independencia de la ayuda, es decir, que la ayuda esté libre de consideraciones políticas, económicas o de seguridad o de cualquier tipo de discriminación;

H.  Considerando que todas las partes en conflicto, incluidas las partes armadas estatales y no estatales, deben garantizar al personal humanitario el acceso que necesite para poder asistir a las poblaciones civiles vulnerables afectadas por conflictos;

I.  Considerando que las mujeres y los niños no solo son especialmente vulnerables y se ven desproporcionadamente expuestos al riesgo en las zonas donde se ha producido una catástrofe, tanto antes como después de las situaciones de emergencia, sino que también afrontan la explotación, la marginalización, las infecciones y la violencia sexual y de género utilizada como arma; que las mujeres y los niños se enfrentan a mayores riesgos como consecuencia del desplazamiento y el colapso de las estructuras de protección y ayuda habituales; que el Derecho internacional humanitario requiere que se proporcionen sin discriminación todos los cuidados médicos necesarios a las niñas y mujeres violadas durante las guerras; que la Organización Mundial de la Salud considera que los abortos practicados en condiciones de riesgo son una de las tres causas principales de mortalidad materna; y que la salud materna, la atención psicológica para las mujeres violadas y la educación y escolarización de los niños desplazados son los principales retos de los campos de refugiados;

J.  Considerando que el llamamiento humanitario común de 2015 alcanzó una cifra récord en la historia de las Naciones Unidas al ascender a casi 19 000 millones de euros; que, a pesar del récord de contribuciones de donantes alcanzado, solo se ha financiado una cuarta parte del llamamiento global, y que la UE ha experimentado dificultades para financiar los llamamientos humanitarios mundiales y las operaciones apoyadas por la DG ECHO; que ello refuerza la necesidad de contar con una financiación coordinada a nivel mundial, oportuna, predecible y flexible, ajustada a los diferentes contextos y apoyada por una nueva asociación entre los sectores público y privado para una preparación y unos métodos de distribución innovadores; que la UE ha experimentado dificultades para financiar los llamamientos humanitarios mundiales y las operaciones de ECHO; y que el compromiso renovado en favor del objetivo de ayuda del 0,7 % y el cumplimiento oportuno de las promesas son aún más importantes en un contexto como este;

K.  Considerando que la mayoría de las crisis humanitarias se deben a causas humanas; que el 80 % de la asistencia humanitaria internacional de la UE se concentra en crisis provocadas por el hombre que requieren soluciones esencialmente políticas y no solo humanitarias; que la pobreza y la vulnerabilidad ante las crisis están intrínsecamente relacionadas, lo que viene a confirmar la necesidad de abordar las causas subyacentes de las crisis, aumentar la resiliencia, reforzar la capacidad de adaptación a las catástrofes naturales y al cambio climático, y satisfacer las necesidades a largo plazo de las personas afectadas; que las consecuencias de las crisis humanitarias, como los retos que plantean los movimientos migratorios y los refugiados, serán incluso mayores a menos que se traten las causas profundas y exista una mejor vinculación entre la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo;

L.  Considerando que la ayuda humanitaria y el desarrollo están interconectados, especialmente a la luz de la necesidad de reforzar la resiliencia a las catástrofes mediante la mitigación de los riesgos y la protección frente a las crisis, como medio de vital importancia para reducir las necesidades humanitarias y combatir la falta de sanidad, higiene, educación, nutrición e incluso vivienda básica;

M.  Considerando que la coordinación internacional, regional y local, el intercambio de información y la programación, la recogida de datos y la realización de estudios de evaluación de manera conjunta ayudarán a mejorar la toma de decisiones, la eficiencia, la efectividad y la rendición de cuentas en la prestación de ayuda;

N.  Considerando que es necesario desarrollar una mayor confianza y cooperación entre los agentes del sector privado, las ONG, las autoridades locales, las organizaciones internacionales y los gobiernos; que los recursos empresariales, los conocimientos especializados, las cadenas de suministro, las capacidades de investigación y desarrollo, y la logística pueden servir para garantizar una preparación y una acción humanitaria más eficaces;

O.  Considerando que la financiación con cargo al capítulo de ayuda humanitaria de la UE, con 909 millones de euros en 2015, representa menos del 1 % del presupuesto total de la UE; que mejorar la conexión entre la ayuda de emergencia y la asistencia a largo plazo es una manera de reducir la discrepancia actual entre las necesidades humanitarias extraordinarias y los medios disponibles;

P.  Considerando que las ONG y las organizaciones internacionales, como Cruz Roja y las agencias de las Naciones Unidas, son en la actualidad los principales ejecutores de la ayuda humanitaria y proporcionan ayuda vital y protección a aproximadamente 120 millones de personas cada año;

Q.  Considerando que la prevención, la respuesta a escala nacional y las capacidades nacionales desempeñan un papel importante a la hora de cubrir las necesidades de la mejor forma y reducir la necesidad de ayuda internacional; que en 2015 solo se ha destinado el 2 % de la asistencia humanitaria internacional total a las ONG locales y nacionales de los países afectados, aunque, por lo general, su capacidad de respuesta, conocimiento de las necesidades y posibilidades de llegar a las personas afectadas es mejor que la de otros agentes; y que hay una creciente exigencia de que se garantice la rendición de cuentas ante las personas y comunidades afectadas por las crisis;

R.  Considerando que la ayuda humanitaria debe seguir basándose en las necesidades estimadas por los agentes humanitarios, y que los donantes deben abstenerse de utilizar la ayuda como una herramienta de gestión de crisis;

S.  Considerando que la respuesta humanitaria y los instrumentos utilizados deben basarse en las necesidades evaluadas conjuntamente y deben depender de los distintos contextos; que es esencial que se realicen todos los esfuerzos posibles para asegurar que se integren en la respuesta humanitaria el respeto de los derechos humanos y de las necesidades específicas de mujeres, niños, personas de edad avanzada, personas con discapacidad, minorías y pueblos indígenas y otros grupos vulnerables;

T.  Considerando que se anima a los agentes mundiales a incorporar las respuestas humanitarias en los mecanismos de seguimiento e información sobre derechos humanos;

U.  Considerando que la primera Cumbre Humanitaria Mundial (CHM), que se celebrará en Estambul los días 23 y 24 de mayo de 2016, debería desembocar en la remodelación de la arquitectura humanitaria para hacerla más incluyente, eficaz, transparente y realmente global, de manera que pueda responder a los incrementos previstos de las necesidades humanitarias en conexión con los retos actuales y futuros, tales como la seguridad alimentaria, el crecimiento demográfico, el cambio climático, la fragilidad, la seguridad de los trabajadores humanitarios, los desplazamientos forzosos y el desarrollo socioeconómico;

V.  Considerando que la CHM seguirá a distintas negociaciones intergubernamentales —sobre la reducción del riesgo de catástrofes naturales, la financiación para el desarrollo, el programa para el desarrollo sostenible después de 2015 y el cambio climático—, que configurarán los panoramas de desarrollo y humanitario de los próximos años, y será, por tanto, una oportunidad única, primordial y concreta para alinear los objetivos, los principios y las acciones, y para que el mundo aborde las necesidades de los más vulnerables y cimente su resiliencia de forma más coherente;

W.  Considerando que la UE, como principal donante, tiene la responsabilidad y el peso necesario para asumir un papel de liderazgo en la búsqueda de mejores e innovadoras formas de satisfacer las necesidades y aportar soluciones viables a largo plazo para millones de personas afectadas por conflictos y catástrofes;

X.  Considerando que la reciente escalada de los índices de desnutrición aguda general y el contagio regional e internacional de la inestabilidad política en los países clasificados dentro del nivel 3 han planteado nuevamente la necesidad de acelerar, en el seno de la CHM, la transformación del sistema humanitario y de atender mejor a las personas necesitadas;

De las consultas globales a la acción global

1.  Acoge con satisfacción la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas de convocar la primera Cumbre Humanitaria Mundial (CHM) multilateral y la disposición de Turquía a ser la anfitriona; pide a los Estados miembros que apoyen la CHM y lleguen a conclusiones firmes en el seno del Consejo, con compromisos específicos y áreas de acción prioritarias, al tiempo que persiguen la eficiencia operativa, normas comunes de calidad, una mejor coordinación y asociaciones con los donantes emergentes, sobre la base de una ayuda imparcial desde el punto de vista político, así como de una comprensión y aplicación comunes de los principios humanitarios de humanidad, neutralidad e imparcialidad, y del cumplimiento de las obligaciones en virtud del Derecho internacional humanitario;

2.  Acoge favorablemente la iniciativa de las Naciones Unidas de recabar información en todo el mundo para conjurar las catástrofes y los conflictos y decidir cómo salvar y proteger a más personas de los efectos de esas situaciones de crisis; celebra la organización de ocho consultas regionales que incluyeron también reuniones temáticas y una consulta mundial —con la participación de representantes gubernamentales, de la sociedad civil, ONG, redes de voluntarios, empresas y redes religiosas—, y también la iniciativa de las consultas en línea, así como la creación de un Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Financiación Humanitaria, copresidido por la UE;

3.  Subraya que hoy en día los enormes desafíos humanitarios requieren que se refuerce en la CHM un sistema humanitario más inclusivo, diverso y verdaderamente mundial, que reconozca al mismo tiempo la diversidad del sistema de respuesta humanitaria actual y las funciones complementarias de todos los actores; pide a la UE que promueva un consenso global en materia de acción humanitaria que reafirme los principios de la ayuda humanitaria y las obligaciones y derechos con arreglo al Derecho internacional humanitario, al tiempo que garantice respuestas en materia de protección que se centren en las personas y se basen en los derechos humanos, y que haga que los Gobiernos rindan cuentas de sus funciones y responsabilidades en el ámbito de la protección de los ciudadanos; señala a la atención los efectos negativos de la politización de la asistencia humanitaria, y recuerda que la defensa de los principios humanitarios básicos y el compromiso continuo en su favor son esenciales para garantizar un espacio humanitario en zonas de conflicto y catástrofes naturales;

4.  Hace hincapié en que para que el documento final de la CHM sea coherente debe incluir una hoja de ruta de cinco años para el desarrollo y la puesta en práctica de los compromisos políticos concretos contraídos, incluido un marco de seguimiento y responsabilización intergubernamental, una evaluación de las prácticas de las organizaciones de ayuda y un estudio de impacto que incluya la participación de las partes interesadas que corresponda;

5.  Pide a la CHM que vincule la agenda de desarrollo posterior a 2015, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Conferencia de las Naciones Unidas de 2015 sobre el Cambio Climático (COP21) para mejorar la coherencia de las políticas e instituciones a fin de crear una resiliencia a las catástrofes, y que pida un papel más activo a los agentes del desarrollo en la creación de esa resiliencia; solicita a los gobiernos donantes que elaboren un conjunto común de objetivos, prioridades e indicadores para sus políticas nacionales que vinculen esos marcos;

6.  Pide a la UE y a sus Estados miembros, como principales donantes y agentes operativos clave, que ejerzan un liderazgo con ejemplos activos; hace hincapié en que todas las acciones humanitarias de la UE deben guiarse por los principios de solidaridad, responsabilidad y rendición de cuentas, y estar destinadas a garantizar la protección tanto física como psicológica de las personas vulnerables; pide una solución global, amplia y a largo plazo para los millones de personas que huyen de las regiones en conflicto; toma nota de que, en la respuesta a la crisis actual en el seno de la UE, también están en juego el papel y la credibilidad de Europa en la escena humanitaria mundial;

7.  Pide a la CHM que se comprometa a adoptar un enfoque sistemático participativo y basado en los resultados, mediante el establecimiento de indicadores específicos y una metodología de trabajo, que los donantes y las agencias encargadas de la ejecución deberán reforzar y compartir, de modo que las personas afectadas participen en todo el ciclo de la acción humanitaria; solicita además a la CHM que trabaje en favor de la institucionalización y la mejora de la supervisión y evaluación del marco de responsabilidad de las Naciones Unidas ante las poblaciones afectadas;

8.  Subraya que la CHM es también una oportunidad para que todas las partes interesadas reflexionen sobre la vital necesidad de que haya una reforma de las Naciones Unidas encaminada hacia un sistema de coordinación inclusivo, transparente y eficaz, con un IASC más inclusivo y operativo, mejor colaboración con los interlocutores para mejorar la complementariedad y la plena ejecución del programa transformador, y para consolidar la arquitectura humanitaria multilateral para todas las crisis, mediante el establecimiento de un sistema fiable de evaluación de las necesidades que sirva de base para los llamamientos conjuntos —garantizándose un seguimiento financiero integral—, un sistema de comparación de costes entre las agencias y un mecanismo de supervisión y evaluación;

9.  Insiste en que sin medios completos y sustanciales esta acción global no tendrá éxito; subraya que para hacer frente a catástrofes y vulnerabilidades nuevas y crónicas es necesario evitar sistemas paralelos, ampliar la base de financiación, disponer de inversiones previsibles a largo plazo y cumplir la nueva agenda de desarrollo sostenible, principalmente promoviendo la evaluación, la planificación y la financiación conjuntas de los riesgos y las necesidades entre los agentes en el ámbito humanitario, del desarrollo y del cambio climático; subraya que se necesita una mayor complementariedad entre la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo a fin de abordar la efectividad y las carencias de financiación de la ayuda humanitaria, debiendo ir acompañada de una mayor financiación para la asistencia humanitaria y la ayuda al desarrollo; recuerda, a este respecto, el compromiso contraído hace tiempo a escala internacional de cumplir el objetivo del 0,7 % de la RNB;

10.  Insta a la UE, como mayor donante de ayuda humanitaria del mundo, a que en la CHM dé muestras de liderazgo y solicite unos métodos más flexibles para el suministro de la ayuda humanitaria, así como medidas coherentes y proactivas e instrumentos eficaces para prevenir las crisis; insta a la UE y a los demás donantes a que sean fieles a sus compromisos financieros y desarrollen vías para reducir el tiempo necesario para que los compromisos financieros se conviertan en realidades sobre el terreno; señala, además, la importancia de la información en materia de derechos humanos como mecanismo de alerta temprana de las crisis, y anima a la CHM a que tenga en cuenta ese aspecto en la transición de una cultura de reacción a una cultura de prevención;

Responder a las necesidades de las personas en situación de conflicto

11.  Pide a la UE que sitúe la protección en el centro de la acción humanitaria, en el marco de una respuesta basada en las necesidades, mediante la creación de un sistema de cumplimiento y su integración en la programación; hace hincapié en la necesidad de institucionalizar el papel de los responsables de la protección y de desarrollar enfoques estratégicos e integrados con fondos suficientes para las actividades de protección también en la primera fase de las situaciones de emergencia; insta a la UE a que se comprometa más firmemente en favor de un enfoque basado en los derechos humanos en la acción humanitaria, a fin de garantizar que se respeta la dignidad, al igual que las necesidades y los derechos, de los grupos vulnerables específicos, en especial las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, las personas portadoras del VIH, el colectivo LGBTI y las personas con discapacidad;

12.  Pide a la UE que promueva en la CHM un acuerdo integral sobre formas prácticas de consolidar el respeto y cumplimiento del Derecho internacional humanitario, el Derecho internacional de los derechos humanos y la legislación sobre refugiados, como la diseminación de las normas del Derecho internacional humanitario entre las administraciones regionales y nacionales, las fuerzas de seguridad, las autoridades locales y los líderes de las comunidades, y que apoye el papel de la Corte Penal Internacional para acabar con la impunidad por la violación del Derecho internacional humanitario y del Derecho internacional de los derechos humanos;

13.  Destaca la necesidad de ampliar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención de Kampala para proteger y asistir a las personas desplazadas en todo el mundo y también a las afectadas por el cambio climático, así como para protegerlas frente a otras formas de violencia, como la trata de seres humanos, la violencia de género y la violencia urbana y económica, puesto que pueden tener un temor bien fundado a ser perseguidas o correr el riesgo de sufrir daños graves; subraya que debe ofrecerse a los migrantes el mismo nivel de protección de sus derechos que el que se garantiza a todos los demás grupos en época de crisis; pide que se preste una atención particular a los grupos vulnerables, como los migrantes, los apátridas y los refugiados, a los que suele desatenderse en el debate sobre cuestiones humanitarias; pide una nueva generación de herramientas de protección de los derechos humanos para contribuir a la protección de esas personas;

14.  Subraya la necesidad de que se produzca un cambio fundamental en el apoyo que se presta a los refugiados y a los países y comunidades de acogida; apoya el informe resumido para la consulta global en el que se pide a la Cumbre que examine el «acuerdo global de acogida de refugiados» en el que se reconocen las contribuciones de los países de acogida, se disponen paquetes financieros sostenibles, previsibles y a largo plazo para ayudarles, se confiere autonomía a los refugiados dándoles acceso a las oportunidades de sustento, y se prevén unas condiciones más equitativas para su reasentamiento en terceros países;

15.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que trabajen para llegar a una interpretación común global y a la puesta en práctica de los principios humanitarios en preparación de la CHM, y que elaboren conjuntamente un código de conducta ampliamente participativo entre los actuales y los nuevos donantes a fin de compartir mejores prácticas, facilitar el acceso de las personas que necesitan asistencia y reforzar los compromisos existentes sobre buenas prácticas en materia de donación, como los que se recogen en los principios de las buenas prácticas en materia de donaciones humanitarias;

16.  Pide a la UE que defienda la inclusión de la transparencia y la responsabilidad como principios rectores en la declaración de la CHM, utilizando marcadores específicos y datos desglosados (esto es, por género y edad, con variables específicas para los niños) como base para diseñar y evaluar el programa, y fomentando una iniciativa en materia de normas estándar para la transparencia de la ayuda humanitaria internacional con el objetivo de garantizar un marco global de resultados de la rendición de cuentas para la evaluación de los progresos alcanzados;

17.  Subraya la necesidad de suministrar alimentos, agua, alojamiento, saneamiento y tratamiento médico, como derechos fundamentales de todo ser humano; manifiesta su profunda preocupación por el riesgo de epidemias asociado con las precarias condiciones sanitarias y el limitado acceso a agua potable segura, así como por la falta de acceso a medicamentos esenciales en las crisis humanitarias; pide a la UE que asuma un papel de liderazgo a la hora de garantizar un suministro adecuado de medicamentos esenciales y agua potable segura en el contexto de las crisis humanitarias;

18.  Pide a la Unión y a todos los actores internacionales que refuercen técnicas de ayuda humanitaria en los campos de refugiados, en particular mediante la disposición de laboratorios móviles en el marco de la lucha contra las epidemias contaminantes, la mejora de los métodos de distribución de la ayuda de emergencia —teniendo en cuenta a los grupos más vulnerables— y la mejora de la higiene y las infraestructuras sanitarias de emergencia;

19.  Subraya la necesidad de incluir la protección de los menores como parte integral de la respuesta humanitaria para evitar y responder al abuso, la negligencia, la explotación y la violencia ejercida contra los menores; hace hincapié en que, dado que los menores son los principales motores del cambio, es importante crear espacios adaptados a ellos como parte de la respuesta humanitaria;

20.  Destaca el papel central que desempeñan las mujeres en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto, teniendo en cuenta que son las primeras en intervenir en las crisis, manteniendo unidas a sus familias y comunidades; pide a los donantes y a los gobiernos que integren la igualdad de género en la programación humanitaria y respalden el empoderamiento de las mujeres y niñas;

21.  Insiste en que la prestación de ayuda humanitaria sea conforme al Derecho internacional humanitario, y que la ayuda humanitaria de la UE no debe estar sujeta a restricciones impuestas por otros donantes socios; manifiesta su preocupación y condena el uso continuado de la violación y de otras formas de violencia sexual y de género contra las mujeres y las niñas como arma de guerra en situaciones de emergencia humanitaria; destaca que es necesario hacer frente a esta violencia, y a sus consecuencias físicas y psicológicas; pide un compromiso mundial para que las mujeres y niñas estén a salvo desde el inicio de cada emergencia o crisis, atendiendo al riesgo de violencia sexual y de género, mediante la sensibilización, garantizando el enjuiciamiento de los autores de dicha violencia, y asegurando el acceso de mujeres y niñas a todos los servicios de salud sexual y genésica, incluido el aborto en condiciones de seguridad, en las crisis humanitarias, en lugar de perpetuar lo que equivale a un trato inhumano, tal como requiere el Derecho internacional humanitario y prevén la Convención de Ginebra y sus Protocolos adicionales;

22.  Considera que todo el personal que participa en la provisión de ayuda humanitaria, incluidos la policía y el ejército, debe recibir una formación adecuada sensible a las cuestiones de género, y que debe aplicarse un estricto código de conducta para impedir que abusen de su posición y garantizar el respeto de la igualdad de género;

23.  Exhorta a todos los actores humanitarios a que incorporen estrategias de prevención y mitigación de la violencia de género en todas sus intervenciones sectoriales, fomentando la identificación de nuevos instrumentos de financiación de la UE, y que, a este fin, evalúen las Directrices revisadas aplicables a las Intervenciones contra la Violencia por Razón de Género en Situaciones Humanitarias, elaboradas por el Grupo Temático Mundial sobre Protección; considera, asimismo, que los agentes humanitarios (incluida la UE) deben consultar a las niñas y los niños (especialmente a las adolescentes) en todas las fases de la prevención de catástrofes y de la actuación ante las mismas;

24.  Pide a las respectivas agencias humanitarias que refuercen su coordinación con el fin de identificar y proteger a las víctimas, y a las víctimas potenciales, de explotación y abusos sexuales;

25.  Reconoce el valor del enfoque global de la UE en la coordinación y la coherencia de su gran variedad de instrumentos de política exterior para invertir en soluciones políticas duraderas; señala a la atención la especificidad de la ayuda humanitaria, y subraya que es ineludible diferenciar la respuesta humanitaria de consideraciones políticas, de seguridad, de política exterior y de lucha contra el terrorismo mediante la adopción de medidas de seguridad; lamenta todo incumplimiento o inobservancia de los principios humanitarios fundamentales, dado que su uso indebido perjudica de manera significativa el suministro de la ayuda y la seguridad del personal humanitario; insiste en que las medidas para combatir el terrorismo no deben minar ni obstaculizar los esfuerzos humanitarios, e invita a la CHM a que aborde este tema de manera adecuada;

Eficacia humanitaria

26.  Condena que se frustren constantemente los intentos de prestar ayuda humanitaria y toda acción que vaya en contra de la obligación de ayudar a toda persona en peligro, y que viole el principio de no devolución aplicable a las poblaciones desplazadas por parte de cualquier actor, sea miembro o no de la UE; pide a los Gobiernos que asuman su responsabilidad principal de proteger y asistir a los civiles y que establezcan marcos jurídicos y políticos para facilitar el acceso humanitario y el suministro de ayuda humanitaria, de conformidad con el Derecho internacional humanitario; sugiere que estos marcos incluyan exenciones fiscales de carácter humanitario, reducciones del coste de transacción de los flujos de remesas y la simplificación de los trámites aduaneros; pide a los donantes, a los gobiernos de acogida y a los actores encargados de la ejecución que respeten la prestación de la ayuda y la asistencia humanitarias a través de todos las canales posibles, y que cumplan con sus responsabilidades de garantizar que llega a las personas que la necesitan, incluso en zonas remotas, una ayuda de calidad, oportuna y profesional;

27.  Manifiesta su profunda preocupación, en el contexto de una mayor protección a los agentes humanitarios, por los reiterados ataques contra los trabajadores humanitarios e infraestructuras, incluidos los hospitales; hace hincapié en que hay que trabajar más para mejorar su seguridad, protección y libertad de circulación de conformidad con el Derecho internacional; apoya la inclusión sistemática de cláusulas específicas que consoliden la rendición de cuentas con respecto a la protección de los trabajadores humanitarios en la legislación y planes de acción de donantes para todos los países, así como un seguimiento sistemático firme y la notificación de los ataques contra los trabajadores humanitarios;

28.  Apoya las recomendaciones de la Comisión para la elaboración de un cuadro global de eficacia;

29.  Destaca la necesidad de continuar el diálogo sobre las funciones y mandatos complementarios de los diferentes actores humanitarios; considera que debe hacerse una distinción clara entre actores civiles humanitarios y militares; considera que ha de darse prioridad a la respuesta civil humanitaria; pide a los participantes en la Cumbre Humanitaria Mundial (CHM) que exploren nuevos marcos para una mejor coordinación entre los actores, dado que dicho marco resulta clave para una respuesta humanitaria más eficiente, efectiva y apropiada; pone de relieve la necesidad de mejorar el análisis de las capacidades operativas locales, la evaluación conjunta de las necesidades y la responsabilidad de la acción humanitaria;

30.  Pide que se realicen importantes esfuerzos para garantizar de forma más eficaz el derecho a la educación en las situaciones de crisis humanitarias prolongadas, a través de la puesta a disposición de los recursos financieros y humanos necesarios, ya que la falta de educación pone en peligro el futuro de la infancia y el ulterior desarrollo de toda sociedad; destaca la importancia de la educación continua para salvaguardar valores comunes como la dignidad humana, la igualdad, la democracia y los derechos humanos;

31.  Dado el alarmante número de niños a los que se niega la enseñanza y las enormes potencialidades de esta para aumentar la resiliencia de las poblaciones, acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de incrementar la financiación destinada a la educación de los niños en las situaciones de emergencia humanitaria; pide al Consejo que respalde la propuesta de la Comisión de destinar a este fin el 4 % del presupuesto de la UE para ayuda humanitaria; considera que este aumento no debe conducir a una menor consideración de otras necesidades primarias;

32.  Manifiesta su preocupación por la educación y la escolaridad de los niños en los campos de refugiados y exhorta a la UE y a todos los actores internacionales a que mejoren las capacidades de escolarización en los campos de refugiados;

33.  Reconoce que la previsibilidad, la flexibilidad operativa y las contribuciones plurianuales son condiciones indispensables para un funcionamiento eficaz y efectivo de la prestación de ayuda; pide a la UE y a sus Estados miembros que den un nuevo impulso a los principios de la iniciativa de la Buena Donación Humanitaria (GHD en sus siglas en inglés, Good Humanitarian Donorship) en la Declaración de la CHM;

34.  Hace hincapié en que es necesaria una acción global para abordar el déficit de financiación; pide la creación de un fondo mundial para la ayuda humanitaria que apoye la participación e inclusión de los donantes que no forman parte del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) y reúna todos los mecanismos financieros, recursos nacionales y fondos mancomunados internacionales existentes (fondos de respuesta de emergencia de las Naciones Unidas, Fondo central de las Naciones Unidas para la acción en casos de emergencia, fondos fiduciarios, etc.) y que se complemente con pagos de financiación voluntaria por parte de los Gobiernos, el sector privado y las organizaciones regionales; sugieren que los pagos podrían utilizarse para suplir las carencias en las emergencias humanitarias de nivel 3, apoyar la prevención, proporcionar un paquete de medidas de protección social para la recuperación de los refugiados de larga duración o para hacer frente a situaciones de emergencia imprevistas, como la del ébola, entre otras cosas;

35.  Subraya la necesidad de que las instituciones financieras se comprometan plenamente y reformen su difuso enfoque de ventanilla de crédito, redefiniendo principalmente sus criterios de concesión de financiación en condiciones favorables, a fin de permitir una respuesta institucional más flexible ante situaciones frágiles y reflexionar más detenidamente sobre la capacidad nacional para aumentar los recursos nacionales;

36.  Insta a los Gobiernos, a los donantes y a su entorno propicio a que simplifiquen los requisitos administrativos para los socios encargados de la ejecución, mediante la reestructuración de los procedimientos y la elaboración de mejores prácticas administrativas, contractuales y de presentación de informes, garantizando al mismo tiempo la rendición de cuentas, y a que apoyen las iniciativas diseñadas para prestar ayuda continua a la consolidación de la capacidad y supervisión de los actores locales y al refuerzo de las estructuras de coordinación nacional;

37.  Pone de relieve que para preservar y garantizar mejor la vida y la dignidad de las poblaciones afectadas, las ONG locales han de tener acceso a financiación directa; insta a los Estados miembros y donantes a que aumenten sustancialmente la financiación directa para los actores humanitarios locales que tienen la capacidad, experiencia y competencia para actuar sobre el terreno, garantizando al mismo tiempo la rendición de cuentas;

38.  Pide a los participantes en la CHM que establezcan un nuevo acuerdo para colaborar con los Estados frágiles y para las crisis prolongadas, con programas sostenibles, planes de ejecución y financiación predecible para el desarrollo; subraya que la Agenda de Acción de Adís Abeba hace hincapié en la necesidad de invertir en sistemas de protección social y redes de seguridad para ampliar la magnitud de la respuesta de manera rápida y eficaz en contextos de fragilidad;

Reducción de la vulnerabilidad y gestión del riesgo

39.  Hace hincapié en la necesidad de adaptar el sistema de respuesta humanitaria a requisitos locales, nacionales y regionales, y de facultar para la participación a las poblaciones afectadas de manera regular, incluidas las mujeres de todas las edades, los niños y las personas con discapacidad, las minorías y las poblaciones indígenas, reconociendo su papel como agentes del cambio, asegurando, en la medida de lo posible, la contribución y consulta previa de esas poblaciones en la programación y la realización de la acción humanitaria;

40.  Subraya que la respuesta internacional debe basarse en las iniciativas y asociaciones locales o nacionales existentes en lugar de lanzarse a esfuerzos paralelos; insiste en la importancia de reforzar las capacidades locales y regionales de prestación de asistencia humanitaria y, en la medida de lo posible, de prever procesos inclusivos en los que se haga partícipes a las autoridades locales, la sociedad civil, el sector privado y las poblaciones afectadas en el proceso de planificación;

41.  Subraya la necesidad de un nuevo modelo global de complementariedad en la que basar la cooperación entre los actores humanitarios y de desarrollo, permitiéndoles crear sociedades cada vez más resistentes y autónomas, a partir de un análisis y de una programación en común; subraya que este modelo debe incluir, en primer lugar, estrategias de acceso para los actores del desarrollo que les permitan construir puentes sobre el terreno, en segundo lugar, modificadores de crisis en programas de desarrollo y, en tercer lugar, estrategias de salida en las respuestas humanitarias que permitan un enfoque más flexible, y debe incluir asimismo un mecanismo de financiación plurianual responsable y flexible para responder a las crisis prolongadas; subraya la importancia de cooperar con ONG y líderes de la sociedad civil locales para establecer estructuras permanentes en zonas sensibles a los conflictos;

42.  Pide a la Comisión que presente una iniciativa para vincular la ayuda humanitaria, la cooperación para el desarrollo y la resiliencia de manera más sistemática, de modo que la UE pueda ser más flexible y eficaz a la hora de responder a las crecientes necesidades, y para promover una reflexión sobre un vínculo mejor en la CHM; pide a la UE que aproveche la revisión intermedia del marco financiero plurianual actual para seguir mejorando los vínculos entre la ayuda humanitaria y para el desarrollo;

43.  Destaca la importancia de reducir el riesgo de catástrofes para aumentar la resiliencia en cuatro áreas prioritarias: 1) entender los riesgos de catástrofes; reforzar la gobernanza del riesgo para gestionar el riesgo de catástrofes; 3) invertir en la reducción del riesgo de catástrofes para aumentar la resiliencia, planes de contención y sistemas de alerta temprana; 4) mejorar la prevención de catástrofes para una respuesta eficaz y para «reconstruir mejor» en la fase de recuperación, rehabilitación y reconstrucción;

44.  Pide a los Estados miembros de la UE y a otros donantes que refuercen y desarrollen los marcos jurídicos nacionales para la acción humanitaria, así como para la reducción del riesgo y la gestión de catástrofes, sobre la base de las normas, leyes y principios aplicables a las acciones internacionales en caso de catástrofe; subraya que la prevención de catástrofes, la reducción del riesgo y la resiliencia deben incorporarse sistemáticamente a los planes de respuesta que deben proporcionar las administraciones, la industria y la sociedad civil locales, regionales y nacionales con el apoyo de financiación suficiente y una mayor innovación en materia de previsión y modelización del riesgo;

45.  Pide a la CHM que ponga especial énfasis en la cuestión del cambio climático y la acción humanitaria; considera que esto debe incluir la planificación de las consecuencias del cambio climático y un fortalecimiento de la resiliencia frente a las mismas, incluidos el desplazamiento y la migración inducidos por el cambio climático, en la elaboración de todas las políticas pertinentes a nivel regional y mundial; pide a la UE y a los Estados miembros, a este respecto, que continúen tomando decisiones políticas valientes para combatir el cambio climático;

Transformación a través de la innovación

46.  Subraya que la innovación debe obtenerse a partir de distintas fuentes y, en particular, de los conocimientos de las personas afectadas, de la sociedad civil y de las comunidades locales en la primera línea de respuesta; destaca la importancia de unas normas humanitarias mínimas para fomentar los servicios públicos esenciales, como la educación, la nutrición, la sanidad, el alojamiento, el agua y el saneamiento, a través de las respuestas humanitarias; opina que la colaboración sector público-sector privado y entre sectores —siempre que los sectores público y privado compartan valores y prioridades que compatibilicen los objetivos empresariales con los objetivos de desarrollo de la UE, y respeten las normas internacionales en materia de eficacia del desarrollo— puede ser un medio para mejorar la respuesta a las crecientes necesidades humanitarias; toma nota de que la ayuda en efectivo, si responde adecuadamente a los principios de eficacia de la ayuda, es un ejemplo eficaz de innovación en materia de ayuda humanitaria;

47.  Celebra las conclusiones del Consejo sobre principios comunes de la ayuda polivalente en efectivo para responder a las necesidades humanitarias; reconoce que, si bien en la actualidad solo un pequeño porcentaje de la ayuda humanitaria es en efectivo, el uso de ayuda en efectivo tiene un potencial significativo como modalidad innovadora, digna, segura, con perspectiva de género, flexible y rentable para cubrir las necesidades básicas de emergencia de los más vulnerables; pide a la UE y a los Estados miembros que promuevan los principios comunes y el uso de ayuda en efectivo no condicionada sobre la base del contexto y el análisis de las respuestas apoyando, al mismo tiempo, un mecanismo de supervisión en el periodo previo a la CHM;

48.  Pide a la UE que promueva y apoye una alianza de innovación humanitaria mundial para el desarrollo de enfoques éticos compartidos a escala mundial en consonancia con los principios humanitarios de las Naciones Unidas para la innovación y la tecnología en desarrollo y los principios humanitarios para garantizar que la inversión total en innovación humanitaria esté diseñada para mejorar los resultados para las poblaciones afectadas; pide la creación de fondos de innovación humanitaria a nivel regional y nacional;

49.  Reconoce que la innovación puede desempeñar un papel importante a la hora de responder a los nuevos retos y de mejorar los programas existentes, mediante la integración de nuevos avances en otros sectores a fin de diseñar, ampliar y desarrollar modelos que permitan avanzar en la superación de los retos humanitarios;

50.  Hace hincapié en el papel de las nuevas tecnologías y herramientas digitales innovadoras con respecto a la organización y entrega de ayuda humanitaria, en especial con respecto a la entrega y seguimiento de la ayuda, el control de catástrofes la distribución de información, la coordinación entre los donantes y la facilitación de las relaciones entre las agencias humanitarias y los Gobiernos locales, en particular en las zonas remotas y afectadas por catástrofes; destaca que África y, en especial, África Subsahariana, está experimentando actualmente una revolución digital móvil con un incremento de las suscripciones móviles (y uso de internet en móviles), lo que hace que estas herramientas y servicios sean cruciales para implantar sistemas de alerta temprana y para facilitar rápidamente información sobre temas de salud, zonas de peligro y contactos humanitarios;

51.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen —respetando al mismo tiempo los principios humanitarios y las normas éticas— la participación de las empresas, en especial de las pyme, mediante la elaboración de unas directrices empresariales para la acción y la promoción de plataformas de colaboración local y regional para lograr una participación estructurada, coordinada y sostenible de las empresas en las situaciones de emergencia; anima a los Estados miembros a que integren mejor a las empresas en sus respectivos planes nacionales de respuesta en casos de emergencia y mecanismos de rendición de cuentas;

52.  Pide a la UE que estudie y fomente las asociaciones con empresas de reciente creación y con empresas aseguradoras y tecnológicas, entre otras, con vistas a desarrollar herramientas de previsión y ejecución en situaciones de emergencia; subraya la necesidad de apoyar y seguir desarrollando la labor de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) para determinar los activos y las capacidades disponibles del sector privado a fin de aumentar la cooperación técnica en las medidas de respuesta en caso de catástrofe;

53.  Pide a la UE y a sus asociados humanitarios que, en el contexto de la CHM, aboguen por una mayor participación de los jóvenes en los procesos de prevención y recuperación y que promuevan los programas de voluntariado;

54.  Destaca el importante papel que puede desempeñar la iniciativa Voluntarios de la ayuda de la UE a la hora de llevar a la práctica las decisiones tomadas en la futura CHM y en el contexto de un Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria revisado; subraya que la experiencia de los voluntarios junto con la de otros activistas humanitarios puede desempeñar un papel vital a la hora de establecer mejores prácticas y herramientas de ejecución;

55.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que promuevan, en la CHM, el importante papel de la acción humanitaria, puesto que puede ser una forma eficaz de reforzar la protección y la innovación;

56.  Subraya que los compromisos asumidos en Estambul deben aplicarse a nivel de la UE y de sus Estados miembros; pide, por tanto, a la UE y a sus Estados miembros que diseñen junto con los actores humanitarios una agenda para la operacionalización de los resultados de la Cumbre después de Estambul; hace hincapié en la necesidad de garantizar una financiación predecible y oportuna de la ayuda humanitaria a través del presupuesto europeo, asegurando que los créditos de compromiso humanitario de la UE sean totalmente financiados de forma sistemática con una cantidad igual de créditos de pago;

57.  Pide un nuevo plan de acción coherente y sólido del Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria que garantice una respuesta humanitaria europea imparcial y eficaz, adaptada al contexto local y en función de la edad y el género, no discriminatoria y proporcional a la necesidades;

o
o   o

58.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión Europea / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como al Secretario General de las Naciones Unidas.

(1) http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/46/182.
(2) https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda.
(3) https://docs.unocha.org/sites/dms/ROWCA/Coordination/Principles_of_Partnership_GHP_July2007.pdf.
(4) http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/290.
(5) https://interagencystandingcommittee.org/files/guidelines-integrating-gender-based-violence-interventions-humanitarian-action.
(6) http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf.
(7) http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/313.
(8) http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2015/06/GHA-Report-2015_-Interactive_Online.pdf.
(9) https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/gho-status_report-final-web.pdf.
(10) http://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/principles-good-practice-of-ghd/principles-good-practice-ghd.html.
(11) DO L 163 de 2.7.1996, p. 1.
(12) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:ah0009.
(13) DO L 122 de 24.4.2014, p. 1.
(14) https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ES/1-2015-335-ES-F1-1.PDF.
(15) DO L 347 de 20.12.2013, p. 924.
(16) http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/Gender_SWD_2013.pdf.
(17) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ES/1-2015-406-ES-F1-1.PDF.
(18) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/echo_aar_2014.pdf.
(19) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9420-2015-INIT/es/pdf.
(20) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9241-2015-INIT/es/pdf.
(21) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9325-2013-INIT/es/pdf.
(22) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9884-2014-INIT/es/pdf.
(23) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/146311.pdf.
(24) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2015:0040:FIN:ES:PDF.
(25) https://www.worldhumanitariansummit.org/
(26) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0196.
(27) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0059.
(28) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0270.
(29) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0231.
(30) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0187.
(31) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0072.
(32) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0040.
(33) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0010.
(34) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0317.
(35) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0176.
(36) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=comnat:COM_2015_0419_FIN.
(37) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1441187290883&uri=SWD:2015:166:FIN.


Desarrollo de una industria europea sostenible de los metales básicos
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2015, sobre el desarrollo de una industria europea sostenible de los metales básicos (2014/2211(INI))
P8_TA(2015)0460A8-0309/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 147, 173, 174, 192 y 345,

–  Visto el Reglamento (CE) n.° 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea(1),

–  Visto el Reglamento (CE) n.° 597/2009 del Consejo, de 11 de junio de 2009, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea(2),

–  Vista la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética(3), por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE,

–   Vista la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación)(4),

–  Vista la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE(5),

–  Vista la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales(6), y en particular su artículo 1 y los considerandos correspondientes,

–  Vista la versión consolidada de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo(7), en su versión consolidada, y sus diferentes Reglamentos de ejecución,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de febrero de 2015, titulada «Paquete sobre la Unión de la energía» (COM(2015)0080),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, titulada «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica» (COM(2012)0582),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de mayo de 2014, titulada «Estrategia Europea de la Seguridad Energética» (COM(2014)0330),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, titulada «Plan de Acción para una Industria del Acero Competitiva y Sostenible en Europa» (COM(2013)0407), y los correspondientes registros de situación elaborados por el grupo de alto nivel,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2011, titulada «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)0112),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de enero de 2011, titulada «Una Europa que utilice eficazmente los recursos - Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia Europa 2020» (COM(2011)0021),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2014, sobre la reindustrialización de Europa para promover la competitividad y la sostenibilidad(8),

–  Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2012, sobre una hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050(9),

–  Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2014, sobre el sector del acero en la UE: protección de los trabajadores y la industria(10),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014 sobre el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030,

–  Visto el informe, de 10 de junio de 2013, encargado por la Comisión al Centro de Estudios Políticos Europeos, titulado «Assessment of cumulative cost impact for the steel industry» («Evaluación del impacto del coste acumulado para la industria siderúrgica»),

–  Visto el informe, de 31 de octubre de 2013, encargado por la Comisión al Centro de Estudios Políticos Europeos, titulado «Assessment of cumulative cost impact for the aluminium industry» («Evaluación del impacto del coste acumulado para el sector del aluminio»),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo al aprovechamiento del potencial de empleo del crecimiento ecológico (SWD(2012)0092),

–  Visto el Acuerdo sobre la OMC, también denominado «GATT de 1994», y en particular su artículo XX,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0309/2015),

A.  Considerando que los metales básicos comprenden:

   aceros comunes y especiales, aceros inoxidables, aceros de alta resistencia y superaleaciones,
   metales no ferrosos cuyo precio de referencia se determina en la Bolsa de Metales de Londres (LME), a saber, aluminio, cobre, estaño, níquel, plomo y zinc,
   metales de aleaciones, como cobalto, molibdeno, magnesio y titanio,
   tierras raras,

resultantes en su totalidad de un proceso de producción primario que combina la minería y la transformación metalúrgica por pirometalurgia o hidrometalurgia, obteniéndose la fuente de producción secundaria mediante un proceso de recuperación y reciclado;

B.  Considerando que el sector europeo del acero reviste una importancia histórica crucial para la integración europea y que representa la base del valor añadido industrial y de las cadenas de valor en Europa; que el sector de los metales básicos desempeña un papel destacado en el desarrollo de la economía en general, tanto desde el punto de vista tecnológico como en lo que se refiere a la superación de la escasez de suministro; que el sector del acero, en el que se han suprimido más de 40 millones de toneladas de capacidades de producción de acero desde 2008 y se han perdido más de 60 000 empleos directos y de 100 000 empleos indirectos, vive la crisis más grave de su historia en tiempos de paz, crisis que lleva a los sectores de la transformación industrial a depender en mayor medida de las importaciones de países terceros y que genera la pérdida de conocimientos industriales, lo que afecta directamente a millones de puestos de trabajo; que se estima que el exceso de capacidades global se sitúa entre 300 y 400 millones de toneladas, principalmente en China;

C.  Considerando que la industria de los metales básicos se enfrenta a una caída significativa de la demanda y a una fuerte competencia a escala mundial procedente, en particular, de terceros países que no cuentan con normas y disposiciones tan estrictas y rígidas como Europa;

D.  Considerando que los precios de la energía en Europa son más elevados que en otras economías como consecuencia, principalmente, de una integración insuficiente del mercado de la energía y del aumento de los impuestos, exacciones y costes de red, que limitan significativamente la competitividad de la industria europea de los metales básicos en el mercado mundial;

E.  Considerando que la industria europea de los metales básicos se enfrenta a una importante fuga de inversiones en dirección de terceros países impulsada, en particular, por unos precios de la energía y un coste del carbono comparativamente altos;

F.  Considerando que el cierre consecutivo de las diferentes plantas europeas de electrolisis que procesan metales como el aluminio, el cobre y el magnesio demuestra que en Europa se registra una fuerte desindustrialización en este sector, que no se debe a una disminución de la demanda europea, sino principalmente al aumento y la mayor volatilidad del precio de la electricidad en varios Estados miembros y las prácticas de dumping de terceros países;

G.  Considerando que la aleación de metales como el acero, el aluminio, el zinc, el titanio y el cobre (incluidas las láminas galvanizadas), que se definen en la presente Resolución como metales básicos, son fundamentales para la fabricación de componentes electrónicos, maquinaria, aparatos y vehículos de motor, así como en la construcción; que la industria de los metales básicos de la UE debe considerarse un activo estratégico para la competitividad europea, en particular para otros sectores industriales y para el desarrollo de las infraestructuras existentes y nuevas;

H.  Considerando que abordar la cuestión de la competitividad y el riesgo de las fugas de carbono debe tener carácter prioritario y que deben evitarse las medidas proteccionistas;

I.  Considerando que desde 2009 el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la UE registra un superávit creciente de las cuotas y de los créditos internacionales frente a las emisiones, lo que ha debilitado significativamente la señal de precios del carbono; que es probable que, en el futuro, el encarecimiento de los permisos de emisión del RCDE europeo provoque una crisis de competitividad; que, a menos que se realice un esfuerzo comparable a nivel internacional o nacional, en concreto mediante la introducción de un mercado del carbono como el de la UE, varios de los sectores y las instalaciones industriales de la UE perderán competitividad internacional, lo que en cierta medida puede dar lugar a fugas de carbono; que todavía sigue existiendo un potencial importante para realizar ahorros de energía en la industria de los metales básicos, que podría aprovecharse eficazmente a través de inversiones privadas y programas de apoyo para la modernización de las plantas;

J.  Considerando que la industria europea de los metales básicos se enfrenta a una carrera contra reloj para recuperar su competitividad a escala mundial y su capacidad para invertir en Europa y, de este modo, hacer frente a los desafíos sociales y ambientales que ha de superar sin dejar de ser la referencia mundial en materia de responsabilidad social y ambiental de sus operaciones; que el exceso de capacidad mundial, así como las subvenciones desleales y el dumping por parte de terceros países han agravado la presión sobre el mercado europeo de metales básicos; que la innovación de la producción tiene un efecto positivo sobre el crecimiento del empleo en todas las fases del ciclo comercial de las industrias; que, por otra parte, varias empresas han aplicado estrategias centradas en el rendimiento financiero a corto plazo en detrimento de la innovación, la inversión en I+D, el empleo y la renovación de competencias; que la participación de los trabajadores en la innovación y el diseño de la estrategia es la mejor garantía de éxito económico; que solo puede existir un comercio justo en el sector de los productos del acero si se respetan los derechos fundamentales de los trabajadores y se cumplen las normas ambientales;

K.  Considerando que, en una economía industrializada y eficiente en el uso de los recursos, el aprovechamiento de los metales secundarios (obtenidos mediante un proceso de recuperación y reciclaje) es algo ineludible y debe desarrollarse en el marco de una economía circular competitiva y sostenible, si bien no será en absoluto suficiente, ni por calidad ni por cantidad, para cubrir plenamente las necesidades de metales básicos de las economías europeas; que el balance comercial de la UE con respecto a los residuos es positivo y que deberían dedicarse más esfuerzos a incentivar el reciclado de residuos en Europa; que la industria de los metales básicos y sus materias primas y proveedores auxiliares deben recibir un trato global e integrado;

L.  Considerando que así sucede especialmente en la transición energética, dado que los metales básicos, como las tierras raras, constituyen el núcleo de las nuevas tecnologías necesarias para su consecución; que Europa sigue dependiendo en gran medida de las importaciones de los metales necesarios para la fabricación de los equipos de producción de energías renovables que ofrecen oportunidades reales para el sector, en concreto para superar posibles dificultades de suministro; que las inversiones en energías renovables y eficiencia energética son un importante motor para la inversión en productos industriales, incluidos el cobre, el aluminio y el acero; que una política europea ambiciosa en materia de energía renovable y ahorro energético podría impulsar la demanda futura de metales básicos en Europa y, en particular, brindar la oportunidad de producir productos de alto valor añadido; que existe una falta de responsabilidad medioambiental de las empresas y que determinadas instalaciones industriales violan flagrantemente la legislación europea y determinadas instalaciones abandonadas representan una amenaza para la salud humana y el medio ambiente; que unas normas medioambientales y unos principios en materia de economía circular deben ser fundamentales para las inversiones en desarrollo e innovación en el sector de la industria de los metales básicos en Europa; que la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 de la Comisión considera que la descarbonización del sector energético y la generalización de las fuentes de energía renovables resultan más baratas que seguir con las políticas actuales y que, con el paso del tiempo, el precio de la energía nuclear y de los combustibles fósiles seguirá aumentando, mientras que el coste de las energías renovables descenderá;

M.  Considerando que la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento sobre las recomendaciones a la Comisión Europea sobre las negociaciones de la Alianza Transatlántica de Comercio e Inversión (2014/2228(INI)) subrayaba la importancia de un capítulo sobre la energía, y hacía hincapié al mismo tiempo en la desventaja en la que se encuentran las industrias de alto consumo energético de la UE y en la necesidad de mantener su competitividad;

N.  Considerando que solo una ambiciosa política de innovación que despeje el camino al desarrollo de productos innovadores de alta calidad y con una elevada eficiencia energética (como los aceros altamente resistentes pero flexibles) y a nuevos procesos de producción permitirá a la UE hacer frente a una competencia global cada vez más acusada; que la industria manufacturera representa el 65 % del gasto en I+D de las empresas y que, por consiguiente, es esencial reforzar nuestra base industrial para mantener la experiencia y los conocimientos en la UE;

O.  Considerando que la industria de los metales básicos de la UE está dejando de ser competitiva, en parte debido a unas cargas reglamentarias y administrativas importantes;

P.  Considerando que el objetivo del «Paquete sobre la Unión de la energía» es la creación de un mercado de la energía seguro, sostenible, competitivo y abordable con vistas al refuerzo de la competitividad a escala mundial de la economía europea, reduciendo y armonizando los precios de la energía en Europa y entre Estados miembros;

Q.  Considerando que el reconocimiento del estatuto de economías de mercado a economías dirigidas u otras economías que no se basan en el mercado sin hacer referencia a su funcionamiento real socavaría los instrumentos de defensa comercial y tendría repercusiones graves en cuanto a la competitividad y al empleo en las industrias europeas de los metales básicos, al empeorar los efectos de la guerra de precios que lleva a cabo el mayor productor mundial de acero y de su conocido exceso de capacidad;

R.  Considerando que la investigación, el desarrollo y la innovación en este sector son fundamentales para la industria europea; que los cierres de plantas a menudo conllevan a una pérdida irreversible de tecnología y de conocimientos y una pérdida de competencias por parte de los trabajadores industriales;

La importancia de los metales básicos para la industria europea

1.  Destaca la importancia que reviste la industria de los metales básicos para toda una serie de sectores derivados, como el automóvil, la aeronáutica, la producción de energía, la construcción y los embalajes;

2.  Considera que Europa, que ya tiene una fuerte dependencia por lo que se refiere a las materias primas, no puede permitirse que surja una nueva dependencia con respecto a los metales básicos que repercutiría de forma muy negativa en los sectores derivados mencionados;

3.  Señala que, en el sector siderúrgico, la UE tiene déficit de capacidad de producción de aceros planos debido a los cierres masivos de los últimos años y a la reactivación de la demanda;

4.  Destaca que la demanda de metales no ferrosos, como el aluminio y el cobre, experimenta un aumento constante a pesar de la crisis;

La necesidad primordial de combatir el cambio climático y los precios elevados de la energía

5.  Destaca que el rediseño del actual sistema del RCDE es uno de los aspectos prioritarios para garantizar la competitividad de la industria de los metales básicos; toma nota de que la Comisión ha presentado propuestas que desembocarán en la reforma del RCDE para el cuarto período 2021-2030, y pide, en ese contexto, que los colegisladores se aseguren de que la reforma incluya la cuestión de la fuga de carbono y fomente la eficacia, la innovación industrial y la obtención del nivel óptimo de rendimiento que esta reforma debe garantizar y que, al mismo tiempo, se considere la posibilidad de utilizar, además del RCDE, otros instrumentos y estrategias innovadores para la reducción real de las emisiones; pide a la Comisión que, a la hora de revisar el RCDE, recompense a quienes obtienen mejores resultados dentro de la industria de alto consumo energético al producir con emisiones más bajas;

6.  Toma nota del establecimiento de la reserva de estabilidad del mercado en 2019, y está valorando las propuestas de la Comisión sobre la reforma estructural del RCDE para después de 2020, que se someterán a un examen específico e independiente en el Parlamento;

7.  Pide que las industrias de alto consumo de energía continúen desplegando esfuerzos para velar por el mejor reciclaje y el mayor grado de reducción posible de las emisiones de CO2 con el fin de garantizar la competitividad de esta industria en el futuro y el cumplimiento de los objetivos vinculantes de la UE establecidos en materia de reducción; subraya, en este sentido, que la competitividad industrial, la eficiencia en el empleo de los recursos y la reducción de las emisiones son objetivos complementarios entre sí dado que, si la producción europea tiende a ser hipocarbónica, la preservación de sus cuotas en los mercados europeo y mundial será un medio eficaz para contribuir a una reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen industrial; opina que ocurriría lo mismo en el caso de la producción de bienes importados que respeten normas en materia de eficiencia energética y emisiones equivalentes a las de los bienes producidos en la UE; destaca que las empresas de terceros países que forman parte de la cadena de valor también deben actuar en consonancia con los objetivos climáticos y energéticos de la UE y tener en cuenta, en particular, los avances en la eficiencia energética;

Los ajustes en frontera, una medida temporal y flexible de dimensión internacional acorde a la OMC

8.  Insiste en que, desde que se creó el Comité internacional de negociación que preparó el Convenio de Río en 1992, la Unión Europea intenta negociar con los terceros países un acuerdo internacional sobre los objetivos de protección frente al cambio climático, pero hasta el momento sus intentos han sido infructuosos, a pesar del carácter cada vez más urgente de la cuestión puesto de relieve por un consenso científico prácticamente unánime; pide que la UE siga desempeñando un papel de liderazgo y destaca la necesidad crucial de asegurar que en la Conferencia de París se alcance un acuerdo vinculante a escala mundial por el que todas las partes se comprometan a luchar eficazmente contra el peligroso cambio climático; hace hincapié en que estas negociaciones deben conducir a un acuerdo jurídicamente vinculante para todas las partes que incluya objetivos relacionados con el conjunto de la economía y que respete el objetivo acordado de limitar el calentamiento global a menos de 2°C; destaca que un acuerdo internacional global permitirá establecer unas condiciones de competencia equitativas para la industria y reducir el riesgo de fuga de carbono de la UE;

9.  Destaca que las medidas adoptadas a escala internacional en relación con el clima son la mejor receta para evitar la fuga de carbono; destaca que un acuerdo internacional ambicioso sobre la lucha contra el cambio climático que genere igualdad de condiciones para todos los países dispuestos a cooperar a escala multilateral y elaborar un régimen medioambiental coherente a escala mundial en materia de reducción de las emisiones sería la vía más adecuada para abordar las emisiones a escala mundial; hace hincapié en que un acuerdo de este tipo permitiría la creación de una situación de competencia leal para todos los productores de metales básicos y haría innecesaria la consideración de ajustes en frontera, siempre que su aplicación estuviese sujeta a una supervisión efectiva y a posibles ajustes necesarios; señala que un acuerdo internacional de estas características debe incluir necesariamente compromisos creíbles por parte de los países en los que se registran los mayores volúmenes de emisiones; señala asimismo, en este mismo contexto, la necesidad de cumplir las normas sociales y ambientales para garantizar la igualdad de condiciones de competencia;

10.  Señala que, teniendo en cuenta simultáneamente la importación y la exportación, el dispositivo de ajuste de carbono transfronterizo incorpora a la reglamentación europea un modelo de reducción de las emisiones que también engloba una orientación centrada en el consumo realizado dentro del territorio, y que este enfoque ascendente tiene la ventaja de haberse generalizado como solución universal dentro del respeto de la estimación soberana por cada Estado del nivel de ambición de su política del clima, para lo que se requiere una evaluación de impacto detallada de las consecuencias; pide a la Comisión que garantice que los futuros acuerdos de comercio incluyan disposiciones que mejoren claramente las oportunidades de exportación y de acceso al mercado para los productos europeos de metales básicos; reitera que la Comisión debería incluir la prohibición de las prácticas de distorsión en relación con las materias primas (doble indicación de precios, restricciones sobre las exportaciones) en los acuerdos de libre comercio regionales, bilaterales y multilaterales;

11.  Subraya que cualquier medida que afecte al comercio debe respetar los acuerdos de comercio internacional; sostiene que los objetivos de la política del clima en materia de preservación de la vida y la salud de los seres humanos, los animales y las plantas, como la conservación de unos recursos naturales limitados, si se aplican de manera no discriminatoria y no como una restricción encubierta, se corresponden con las excepciones contempladas en el artículo XX del Acuerdo GATT; indica que, habida cuenta de su carácter mundial, el cambio climático debe recibir atención jurídica; estima que ya se considera que una atmósfera hipocarbónica (aire puro), entendida como bien público mundial, es un recurso natural que puede llegar a agotarse, por lo que debería considerarse como un bien público; especifica, por otra parte, que no se pueden aplicar medidas de represalia como consecuencia de las medidas de ajuste de carbono en frontera sin infringir las normas del comercio internacional y sin riesgo de condena; recuerda que no se trata en ningún caso de proteger a la industria europea, sino de situarla en pie de igualdad con sus competidores extranjeros;

12.  Señala que sería deseable plantear una redistribución parcial de los ingresos obtenidos con las subastas en beneficio de iniciativas para la protección del medio ambiente y medidas para combatir el cambio climático, como el Fondo Verde previsto por los acuerdos de Cancún y otros instrumentos internacionales de financiación de la lucha contra el cambio climático;

13.  Observa que las normas acordadas respecto al cálculo del contenido de carbono y las emisiones del ciclo de vida de los productos contribuyen al aumento de la transparencia y pueden facilitar la promoción de una producción y un consumo sostenibles, también en la industria de los metales;

La compensación de las emisiones indirectas

14.  Lamenta que el sistema de compensación de los costes indirectos basado en ayudas estatales haya dado lugar a la aparición de una nueva fuente de competencia desleal en el mercado único de la UE entre los productores con un alto consumo eléctrico, algunos de los cuales disfrutan del apoyo financiero de sus poderes públicos respectivos; insta a que la compensación se armonice y, cuando esté justificado, se aplique a nivel europeo para garantizar la igualdad de condiciones con los competidores mundiales y entre productores europeos y asegurar una protección efectiva ante la fuga de carbono; señala que esto es especialmente cierto para los seis metales no férreos que se comercializan a precios determinados por la oferta y la demanda mundiales, que se fijan principalmente en la Bolsa de Londres; entiende, por tanto, que los productores de metales básicos se ven obligados a aceptar los precios y no pueden trasladar el incremento de los costes a sus clientes; concluye que es indispensable mantener las compensaciones actuales de las emisiones indirectas; hace referencia al acuerdo sobre el establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado, en el que se afirma lo siguiente: «A fin de alcanzar el objetivo de crear unas condiciones equitativas, esa revisión también debe considerar medidas armonizadas para compensar los costes indirectos a escala de la Unión»(11); remite, en este contexto, al Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado(12), así como a los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; pide a la Comisión Europea que revise la repercusión de distintos sistemas de apoyo al sector de la energía sobre los precios al por menor de la energía, que afectan indirectamente a la competitividad de las industrias de alto consumo energético de los Estados miembros;

15.  Considera que el impacto diferenciado del carbono en el precio de la electricidad atribuible a la combinación energética de cada proveedor es un factor de competitividad que responde, entre otros aspectos, a la opción que elija cada Estado soberano; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre la Unión Europea de la Energía; considera que un mercado interior de la energía que funcione correctamente, que brinde energía segura y sostenible y que garantice interconexiones adecuadas entre los Estados miembros contribuirá a reducir los precios de la energía para la industria y los consumidores europeos; considera que el RCDE es una medida armonizada de la UE para reducir las emisiones industriales y que, por lo tanto, deben abordarse sus efectos mediante un sistema armonizado;

Apoyo para invertir en la producción de metales con bajas emisiones de carbono

16.  Solicita encarecidamente que los derechos gratuitos para las instalaciones más eficientes de los sectores de la fuga de carbono se asignen en función de los programas de inversión en nuevos equipos, en I+D (incluida la captura, el almacenamiento (CAC) y el empleo del carbono) y en formación de los trabajadores, procediéndose a ello lo antes posible y, en cualquier caso, a partir de 2018 y durante la cuarta fase que abarca el período 2021-2030, con el fin de respetar normas estrictas en materia de protección climática y medioambiental y derechos laborales; insiste en la necesidad absoluta de invertir en investigación y desarrollo para que Europa siga siendo un polo de excelencia en la producción de metales básicos; recuerda que las industrias que invierten son las que mejor resisten a las crisis; pide que los ingresos procedentes de las subastas en el marco del RCDE se empleen para financiar la acción por el clima en el seno de la UE y en los países en desarrollo, incluidas las inversiones en proyectos de energías renovables y eficiencia energética en los sectores industriales; apoya los planes, inscritos en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, relativos al establecimiento de un instrumento (NER 400) para la captura y el almacenamiento de carbono, las energías renovables innovadoras y la innovación hipocarbónica en sectores industriales, según lo previsto en las Conclusiones del Consejo Europeo de 23 de octubre de 2014; propone que los proyectos piloto y de demostración sobre captura y almacenamiento de carbono formen parte de programas de financiación de las tecnologías hipocarbónicas promovidos por la Comisión a semejanza de NER 300 y del futuro NER 400, con una asunción de riesgo compartida entre el proveedor de financiación y el operador; recuerda la importancia de la inversión pública y, en el contexto europeo, de los fondos de Horizonte 2020, en la mejora de la eficiencia ambiental y energética de la industria de los metales básicos, incluido el logro del objetivo en materia de reducción de las emisiones de carbono en consonancia con los objetivos de la Estrategia Europa 2020; considera que la formación de los trabajadores en lo tocante a tecnologías y prácticas hipocarbónicas en la industria es una inversión estratégica que debería integrarse plenamente en los programas de financiación de la transición hacia una economía hipocarbónica que promueve la Comisión;

Contabilidad financiera y transparencia

17.  Propone que se dé publicidad a los derechos de emisiones de CO2 cuando se hagan públicas las cuentas anuales de las empresas, y que la Unión Europea favorezca la reanudación de los trabajos sobre una norma contable internacional al respecto;

18.  Subraya la importancia de la transparencia en el uso de los ingresos de las asignaciones por parte de los Estados miembros; remite, en este sentido, a la obligación de los Estados miembros de informar a la Comisión respecto al uso de los ingresos del RCDE; destaca que una mayor transparencia ayudaría a los ciudadanos a ver cómo usan las autoridades nacionales los ingresos del RCDE;

19.  Hace hincapié en que las instalaciones y las empresas deben respetar todos los requisitos jurídicos de responsabilidad social y notificación a fin de garantizar una aplicación homogénea y eficaz de la normativa medioambiental y velar por que las autoridades competentes y las partes interesadas, incluidos los representantes de los trabajadores y los de la sociedad civil y las comunidades locales, tengan acceso a toda la información pertinente; subraya el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, previsto en el Convenio de Aarhus y aplicado en el Derecho de la UE y nacional, incluida la Directiva 2003/87/CE; propone que toda instalación clasificada como sometida al RCDE facilite cada año información completa que incluya la lucha contra el cambio climático y el respeto de las Directivas europeas en materia de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, a la que deben poder acceder los representantes de los trabajadores y los representantes de la sociedad civil pertenecientes a las poblaciones cercanas a la instalación de que se trate;

La cuestión de los contratos de suministro de electricidad

20.  Hace hincapié en la importancia que tiene para la competitividad del sector europeo de los metales básicos la posibilidad de celebrar contratos a largo plazo en determinadas condiciones que deberá aclarar la Comisión, que deben ser compatibles con un rendimiento del capital por un período que no puede ser inferior a quince años en el caso de las industrias con una alta proporción de capital; recuerda la necesidad de que los industriales vean garantizadas sus inversiones mediante precios predecibles y un marco jurídico claro; subraya que debería darse preferencia a la estabilidad de los contratos a largo plazo de suministro de energía y no a las subastas anuales de electricidad; expresa su preocupación por la reglamentación del mercado que, en algunos Estados miembros, permite la existencia de una brecha estructural entre los precios de la electricidad y los costes de generación; pide a la Comisión que combata los beneficios inesperados de los oligopolios privados en el mercado de la energía;

21.  Expresa su preocupación por la reglamentación del mercado que permite la existencia de una brecha estructural entre los precios de la electricidad y los costes de generación;

Transferencia de competencias

22.  Pide que se organice la transferencia de competencias entre generaciones de trabajadores en todas las plantas que tienen pirámides de edad inapropiadas para todos los puestos de producción de alta cualificación; aboga por que se promuevan las competencias de los jóvenes trabajadores en la empresa mediante una política estructural de aprendizaje que garantice el desarrollo de las competencias colectivas de los trabajadores; hace hincapié en la importancia de las competencias y las cualificaciones de los trabajadores del sector de los metales básicos; pide unas políticas activas en materia de empleo e industria, que garanticen el desarrollo de los conocimientos y su reconocimiento como un activo importante de la industria europea de los metales básicos; pide que se tenga en cuenta el mantenimiento de los conocimientos industriales y de una mano de obra cualificada a la hora de evaluar la viabilidad de la producción en cualquier planta;

Suministro de materias primas

23.  Pide que se lleve a cabo una acción diplomática europea en relación con las materias primas metalúrgicas basada en asociaciones estratégicas para poner en común el valor añadido entre los países europeos y los países productores de materias primas con objeto de favorecer el desarrollo de puestos de trabajo cualificados en toda la cadena de valor; pide a la Comisión que cree un instrumento de análisis exhaustivo del mercado del acero que ofrezca información precisa sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda de acero en Europa y en el mundo, distinguiendo entre los componentes estructurales y cíclicos de la evolución de estos mercados; considera que el seguimiento de los mercados primario y secundario de los metales básicos puede ofrecer una valiosa contribución para la adopción de medidas correctivas y proactivas, que son inevitables debido a la naturaleza cíclica de estas industrias siderúrgicas; acoge con satisfacción el informe de la Red europea de competencias sobre las tierras raras (ERECON)(13); pide a la Comisión que prosiga su actuación en el marco de ERECON para desarrollar una cadena de suministro diversificada y sostenible por lo que respecta a las tierras raras en Europa y, en especial, que aplique las recomendaciones políticas y ofrezca apoyo para las soluciones de sustitución y un mayor reciclaje;

La defensa comercial europea en los metales básicos: más vale prevenir que curar de forma tardía

24.  Exhorta al Consejo a que concluya la revisión de los dos Reglamentos sobre instrumentos de defensa comercial a fin de racionalizar, reforzar y agilizar estos instrumentos, evitando que se vean debilitados; propone que se prevea una fase de investigación preliminar de una duración máxima de un mes para realizar un primer examen de las denuncias antidumping y antisubvenciones, pudiéndose elaborar, sobre la base de los primeros elementos, medidas preventivas de corrección que irían seguidas de una investigación exhaustiva; lamenta que la propuesta legislativa sobre la modernización de los instrumentos de defensa comercial se encuentre estancada en el Consejo, a pesar de que el Parlamento ha expresado su firme apoyo a medidas más estrictas frente a las importaciones desleales procedentes de terceros países; pide al Consejo que impulse rápidamente la modernización de los instrumentos de defensa comercial, que permitan finalmente dar una respuesta adecuada a las prácticas desleales y proteger el mercado europeo contra las prácticas de dumping, garantizando así condiciones de competencia equitativas y el aprovechamiento pleno de las oportunidades que ofrece la transición energética;

25.  Se impone el objetivo de lograr rápidos progresos en lo que respecta al reciclaje de las tierras raras y los metales críticos consumidos en la Unión;

26.  Subraya que los aceros inoxidables y el aluminio, al igual que todos los metales básicos, son objeto de una competencia a escala mundial; considera que urge que la Comisión, en sus análisis y comparaciones, tome como mercado geográfico de referencia el mercado mundial al definir los mercados geográficos pertinentes y no limite sus análisis al mercado interior exclusivamente; pide que las decisiones adoptadas por la DG de Competencia de la Comisión vayan precedidas de una evaluación de impacto sobre las capacidades de producción en la que se tengan en cuenta, entre otros, los equipos y los puestos de trabajo, y que las conclusiones de dicha evaluación se integren en la publicidad final que se haga a las partes interesadas; pide una revisión de la política de competencia y de las normas en materia de ayudas estatales a fin de facilitar la intervención pública, con el objetivo de mantener la cohesión social y regional, mejorar las normas medioambientales y solucionar los problemas relacionados con la salud pública; pide que se tenga en cuenta con antelación el impacto de toda decisión de la DG de Competencia sobre el empleo y que pueda dar lugar a una justificación objetiva o, en su caso, a una indemnización de los empleados afectados por las medidas destinadas a corregir los abusos de posiciones dominantes; pide una mayor implicación de los interlocutores sociales y, en especial, de las organizaciones de trabajadores y los sindicatos a escala nacional y europea para evitar las prácticas de dumping social en el sector y garantizar la creación de empleo de calidad;

27.  Es favorable a la creación de comités locales de información y concertación para la prevención de riesgos industriales que estén compuestos por todas las partes interesadas con competencias en materia de control y alerta; destaca la reconocida pericia de los representantes de los trabajadores en lo que respecta a las opciones estratégicas y la toma de decisiones de la empresa;

La función de los metales básicos en la economía circular

28.  Destaca, en este contexto, el impacto positivo de los metales secundarios, que contribuyen a reducir de modo significativo el aporte de energía y de materias primas; pide por lo tanto a la Comisión que facilite el desarrollo y el funcionamiento de los mercados de metales secundarios; fomenta la implantación de una economía circular en cada planta de producción de metales básicos con objeto de vincular el aprovechamiento de los subproductos y de los metales reciclados a fin de mejorar su competitividad; exige la implantación obligatoria de una economía circular en cada planta de producción de metales básicos con objeto de vincular el aprovechamiento de los subproductos y de los metales reciclados a fin de mejorar su competitividad; se impone el objetivo de lograr rápidos progresos en lo que respecta al reciclaje de las tierras raras y los metales críticos consumidos en la Unión; pide que se desarrollen vínculos sólidos entre el sector del reciclaje de los metales básicos y otras industrias para reforzar el tamaño y la resistencia de la base industrial, en particular en las regiones afectadas por la desindustrialización; destaca, en este contexto, el gran potencial de la sustitución de productos y materiales y el aumento de la utilización de chatarra en la producción de acero y aluminio, entre otros; destaca que la mayoría de los metales básicos puede reciclarse muchas veces con una fracción de la energía utilizada para la producción primaria; expresa su preocupación por el importante volumen de energía que pierde Europa como consecuencia de la exportación legal e ilegal de aluminio y cobre a países como China y la India, Estados que prohíben la exportación de aluminio; considera que unas rigurosas normas medioambientales y unos principios en materia de economía circular deben ser fundamentales para las inversiones en desarrollo e innovación en el sector de la industria de los metales básicos en Europa; pide a la Comisión que desarrolle medidas de incentivación económica para el reciclaje de metales, incluidas las materias primas fundamentales que en la actualidad no son rentables, como las tierras raras, que investigue cómo se puede apoyar a los mercados de materiales reciclados, por ejemplo, mediante certificados ecológicos expedidos en función de los materiales reciclados, requisitos en materia de diseño ecológico e incentivos fiscales, y que vele por que la política de cohesión y los presupuestos del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) también se utilicen para promover la eficiencia en el uso de los recursos y el reciclaje; considera que la legislación en materia de residuos debe mejorarse para sustentar el funcionamiento del mercado de la chatarra de la UE mediante, por ejemplo, una revisión de la Directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil y otras normas en materia de residuos; propone la adopción de medidas para establecer objetivos de recogida, reforzar la responsabilidad de los productores y ampliar el ámbito de aplicación de la legislación sobre el final de la vida útil, por ejemplo en relación con los camiones, autobuses y motocicletas; subraya la necesidad de profesionales cualificados y competentes para gestionar la transición hacia unos procesos de producción y unos productos más sostenibles, y pide que se desarrolle una estrategia europea de formación y educación para apoyar a las empresas, los institutos de investigación y los interlocutores sociales en sus esfuerzos por estudiar conjuntamente las necesidades en materia de competencias para lograr la sostenibilidad medioambiental;

o
o   o

29.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 343 de 22.12.2009, p. 51.
(2) DO L 188 de 18.7.2009, p. 93.
(3) DO L 315 de 14.11.2012, p. 1.
(4) DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.
(5) DO L 140 de 5.6.2009, p. 16.
(6) DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
(7) DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
(8) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0032.
(9) DO C 251 E de 31.8.2013, p. 75.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0104.
(11) Véase el considerando 9 de la Decisión (UE) 2015/1814 (DO L 264 de 9.10.2015, p. 1).
(12) DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.
(13) http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/erecon/index_en.htm


Situación en Hungría: seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de junio de 2015
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2015, sobre la situación en Hungría (2015/2935(RSP))
P8_TA(2015)0461RC-B8-1351/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE), en particular sus considerandos segundo y cuarto a séptimo,

–  Vistos, en particular, el artículo 2, el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, 6 y 7 del TUE y los artículos del TUE y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) relativos al respeto y la promoción y protección de los derechos fundamentales en la UE,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, proclamada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, que entró en vigor con el Tratado de Lisboa en diciembre de 2009,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

–  Vistas sus Resoluciones, de 10 de junio de 2015, sobre la situación en Hungría(1), de 3 de julio de 2013, sobre la situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría(2), de 16 de febrero de 2012, sobre los recientes acontecimientos políticos en Hungría(3) y de 10 de marzo de 2011, sobre la Ley de Medios de Comunicación húngara(4),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158),

–  Visto el primer diálogo anual del Consejo sobre el Estado de Derecho, mantenido el 17 de noviembre de 2015,

–  Vista la declaración realizada el 27 de noviembre de 2015 por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa tras su visita a Hungría,

–  Vista la Ley CXL de 2015 sobre inmigración masiva aprobada por el Parlamento húngaro,

–  Vista la Ley CXLII de 2015 sobre la protección eficaz de las fronteras húngaras y sobre la inmigración masiva, aprobada por el Parlamento húngaro,

–  Vista la Resolución 36/2015 del Parlamento húngaro sobre un mensaje a los dirigentes de la Unión Europea, aprobada el 22 de septiembre de 2015,

–  Vista la pregunta oral formulada a la Comisión en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre la situación en Hungría: seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de junio de 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  Vista la respuesta de la Comisión, de 5 de noviembre de 2015, a raíz de la Resolución del Parlamento de 10 de junio de 2015,

–  Vista la declaración realizada por la Comisión en el debate celebrado en sesión plenaria del Parlamento el 2 de diciembre de 2015 sobre la situación en Hungría,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, y que estos valores son universales y comunes a los Estados miembros (artículo 2 del TUE); que un claro riesgo de violación grave por un Estado miembro de los valores a que se refiere el artículo 2 del TUE pondría en marcha la aplicación del procedimiento del artículo 7;

B.  Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea forma parte del Derecho primario de la UE y prohíbe la discriminación por cualquier motivo, como el sexo, la raza, el color, los orígenes étnicos o sociales, las características genéticas, la lengua, la religión o las convicciones, las opiniones políticas o de cualquier otro tipo, la pertenencia a una minoría nacional, el patrimonio, el nacimiento, la discapacidad, la edad o la orientación sexual;

C.  Considerando que la manera en que se aplica el Estado de Derecho a escala nacional desempeña un papel clave a la hora de garantizar la confianza en los sistemas jurídicos y administrativos de los Estados miembros; que la intransigencia justificable de la UE en lo concerniente a valores como el respecto de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales resulta esencial para garantizar la credibilidad de la Unión tanto en su seno como en la escena internacional;

D.  Considerando que el derecho de asilo está garantizado, dentro del debido respeto de las normas de la Convención de Ginebra, de 28 de julio de 1951, y de su Protocolo, de 31 de enero de 1967, relativo al estatuto de los refugiados, y de conformidad con el TUE y el TFUE;

E.  Considerando que la eficiencia del gasto público y la protección de los intereses financieros de la UE deberían ser elementos esenciales de la política de la UE para aumentar la confianza de los ciudadanos garantizando que su dinero se gasta de forma adecuada, eficiente y eficaz;

F.  Considerando que recientes acontecimientos, e iniciativas y medidas tomadas en los últimos años en Hungría, han dado lugar a un grave deterioro sistémico de la situación del Estado de Derecho y los derechos fundamentales, en lo relativo, entre otras cosas, a la libertad de expresión, incluida la libertad de cátedra, los derechos humanos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, la libertad de reunión y asociación, las restricciones y obstrucciones de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, el derecho a la igualdad de trato, los derechos de las personas pertenecientes a minorías —incluidas la población romaní, los judíos y las personas LGBTI—, los derechos sociales el funcionamiento del sistema constitucional, la independencia del poder judicial y otras instituciones, así como a numerosas y preocupantes denuncias de corrupción y conflictos de intereses;

G.  Considerando que, en julio y septiembre de 2015, el Parlamento húngaro adoptó una serie de enmiendas relativas, en particular, a la ley en materia de asilo, el código penal, la ley de procedimiento penal, la ley de fronteras, la ley de la policía y la ley de defensa nacional; que la evaluación preliminar por parte de la Comisión reveló una serie de graves preocupaciones e interrogantes relativos a la compatibilidad con el acervo en materia de asilo y fronteras y con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; que el 6 de octubre de 2015 la Comisión envió un escrito administrativo al Gobierno de Hungría; que el Gobierno de Hungría respondió a dicho escrito; que el 10 de diciembre de 2015 la Comisión inició un procedimiento de infracción contra Hungría;

H.  Considerando que la Comisión no respondió a la solicitud del Parlamento de llevar a cabo un proceso de control pormenorizado de la situación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Hungría; que, en su declaración presentada en el debate celebrado en sesión plenaria del Parlamento Europeo el 2 de diciembre de 2015, la Comisión afirmó estar dispuesta a utilizar todos los medios a su disposición, incluidos los procedimientos de infracción, para asegurarse de que Hungría —y cualquier otro Estado miembro— cumpla sus obligaciones en virtud del Derecho de la UE y respete los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE; que la Comisión estima que, por lo que respecta a Hungría, en esta fase no se cumplen las condiciones para activar el marco para reforzar el Estado de Derecho;

1.  Reitera su posición expresada en su Resolución, de 10 de junio de 2015, sobre la situación en Hungría;

2.  Manifiesta su profunda preocupación por la serie de medidas legislativas adoptadas rápidamente en los últimos meses que han dificultado extraordinariamente el acceso a la protección internacional y han criminalizado de manera injustificada a los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo; destaca su preocupación por el respeto del principio de no devolución, el creciente recurso a la detención, incluso de menores, y el uso de una retórica xenófoba que vincula a los migrantes con problemas sociales o riesgos para la seguridad, especialmente en las campañas de comunicación del Gobierno y las consultas nacionales, haciendo con ello problemática la integración; insta al Gobierno húngaro a que retome los procedimientos normales y derogue las medidas de emergencia;

3.  Considera que todos los Estados miembros deben respetar plenamente el Derecho de la UE en sus prácticas legislativas y administrativas, y que toda la legislación debe reflejar los valores básicos europeos y ser conforme a los mismos, a saber, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

4.  Destaca que el Parlamento Europeo ha pedido repetidamente al Consejo que reaccione ante los preocupantes acontecimientos de Hungría; insta al Consejo de la Unión Europea y al Consejo Europeo a que celebren lo antes posible un debate y aprueben las conclusiones pertinentes sobre la situación en Hungría; opina que, al no considerar las preocupaciones manifestadas en varias ocasiones por la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo, o al no responder a estas de forma adecuada, el Consejo y la Comisión están menoscabando el principio de cooperación leal entre las instituciones, contemplado en el artículo 13, apartado 2, del TUE;

5.  Opina que Hungría representa una prueba para que la UE demuestre su capacidad y voluntad política de reaccionar ante las amenazas y las violaciones de sus propios valores fundamentales por un Estado miembro; lamenta que se hayan producido cambios similares en otros Estados miembros, y considera que la pasividad de la UE puede haber contribuido a estos fenómenos, que muestran señales inquietantes, similares a las observadas en Hungría, de que se está menoscabando el Estado de Derecho; cree que esto suscita graves preocupaciones en relación con la capacidad de la Unión para garantizar el respeto continuo de los criterios políticos de Copenhague tras la adhesión de un Estado miembro a la Unión;

6.  Recuerda la función de la Comisión, como garante de los Tratados, de garantizar que las legislaciones nacionales sean conformes con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; destaca la importancia de que los análisis y evaluaciones de la situación en los distintos Estados miembros realizados por la Comisión y el Parlamento se basen en hechos y sean equilibrados; pide al Gobierno húngaro y a la Comisión que colaboren estrechamente, con un espíritu cooperativo, en relación con cualquier problema que se plantee y que consideren que pueda requerir nuevos análisis o evaluaciones; observa con satisfacción la apertura del procedimiento de infracción contra Hungría en relación con el acervo relativo al asilo;

7.  Lamenta que el enfoque actual adoptado por la Comisión se centre principalmente en aspectos técnicos marginales de la legislación, pasando por alto tendencias y pautas de actuación y el efecto combinado de las medidas en el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; opina que, en la mayoría de los casos, los procedimientos de infracción, en particular, no han servido para producir cambios reales y abordar la situación con una perspectiva más amplia;

8.  Reitera su petición a la Comisión de que active la primera fase del marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho e inicie inmediatamente, en consecuencia, un proceso de control pormenorizado de la situación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Hungría, incluido en particular el impacto combinado de una serie de medidas y evaluando la aparición de una amenaza sistémica en ese Estado miembro que podría degenerar en un riesgo claro de violación grave en el sentido del artículo 7 del TUE;

9.  Pide a la Comisión que continúe todas las investigaciones y que haga pleno uso de todos los instrumentos legislativos existentes para garantizar la transparencia y el uso debido de los fondos de la UE en Hungría sobre la base de la legislación de la UE; toma nota de la decisión de la Comisión de 14 de julio de 2015 de suspender varios contratos en ocho programas de financiación de la UE debido al uso de una selección excesivamente restrictiva de criterios en los procedimientos de contratación pública en Hungría;

10.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al Presidente, el Gobierno y el Parlamento de Hungría, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0227.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0315.
(3) DO C 249 E de 30.8.2013, p. 27.
(4) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 154.

Aviso jurídico